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Modo: Corpus Pro

IMPUESTOS. EL DERECHO DEL CONTRIBUYENTE A SU DEVOLUCIÓN O DEDUCCIÓN CUANDO LA SOLICITE CON BASE EN COMPROBANTES FISCALES EXPEDIDOS POR TERCEROS, NO PUEDE HACERSE DEPENDER DEL CUMPLIMIENTO DE ÉSTOS A SUS OBLIGACIONES FISCALES [APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 87/2013 (10a.) (*)].

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2015. · Registro digital (IUS): 26003
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2015-11-27
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II , Pág. 1930.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS PEDRO FERNANDO REYES COLÍN, DANIEL CABELLO GONZÁLEZ, SANTIAGO GALLARDO LERMA Y RENÉ SILVA DE LOS SANTOS. DISIDENTES: MARCO ANTONIO ARROYO MONTERO Y MIGUEL NEGRETE GARCÍA. PONENTE: MARCO ANTONIO ARROYO MONTERO. ENCARGADO DEL ENGROSE: PEDRO FERNANDO REYES COLÍN. SECRETARIA: SUSANA GARCÍA MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-El Pleno de este circuito es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince. Ya que el presente asunto versa sobre la posible contradicción de tesis entre las sustentadas por dos Tribunales Colegiados de Circuito que resolvieron los asuntos, cuyos criterios se denuncian.

SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por la apoderada legal de la parte actora que promovió los juicios de nulidad donde se dictaron las sentencias que fueron recurridas por el administrador local jurídico de Torreón, unidad administrativa encargada de la defensa de la autoridad demandada, en las revisiones fiscales que antes quedaron destacadas, quien está facultada para ello, con fundamento en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

TERCERO.-El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, al resolver la revisión fiscal número **********, en sesión de once de diciembre de dos mil catorce, determinó lo siguiente:

"QUINTO.-Las alegaciones del primer concepto de agravio hecho valer, unas son infundadas, en tanto que otra es fundada y suficiente para revocar la sentencia que se revisa, haciendo innecesario el estudio de las restantes.

"En el primer agravio, la autoridad inconforme hace valer una incongruencia, ya que sostiene que la Sala omitió analizar el argumento esgrimido en el oficio de contestación relativo a que no podía surtir efecto fiscal un comprobante de compra o de pago que no obstante contar con la información a que se refieren los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, no satisfaga los requisitos de legalidad a que se refiere el numeral 27 de ese ordenamiento legal, que obliga al contribuyente a presentar los avisos de inscripción, cambio de domicilio y suspensión de actividades ante el Registro Federal de Contribuyentes, ya que a través de dicha información se puede tener la certeza de que el documento con el que se pretende llevar a cabo la deducción o acreditamiento, que dan lugar a la devolución de un saldo a favor, no es apócrifo, es decir, que efectivamente ampara la realización de un acto de naturaleza mercantil y, por otro lado, que el fisco ha percibido, en su momento, el pago de un tributo cuya devolución se solicita, por lo que si el comprobante (factura) que exhibe para sustentar ese derecho presenta irregularidades en torno a la no inscripción, suspensión de actividades o no localización de proveedores o prestadores de servicios ante el Registro Federal de Contribuyentes como acontece en el caso que nos ocupa, es patente que el fisco federal, como tercero a dichas operaciones, sólo puede devolver el tributo pagado en exceso si se justifica legalmente la razón de ello, lo que no sucede en la especie, precisamente, porque para efectos de la devolución solicitada, las operaciones comerciales carecen de eficacia legal, pues la contribuyente **********, proveedor que expidió las facturas, no se encontraba localizado en su domicilio fiscal, sin que al efecto hubiera presentado aviso de cambio de domicilio ante el Registro Federal de Contribuyentes, así como el no haber realizado la declaración por el mes de enero de 2013.

"Las anteriores alegaciones son infundadas, toda vez que en el considerando tercero de la sentencia reclamada la Sala estableció lo siguiente: (se transcribe).

"De la anterior transcripción se colige que la Sala Fiscal estimó que la negativa a la devolución no se ajustó a derecho, pues como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 535/2012, el hecho de que la contribuyente que haya expedido los comprobantes fiscales no se encuentre localizable, no tiene como consecuencia que esos comprobantes sean nulos o carezcan de valor probatorio, porque esa sanción no se encuentra prevista en los artículos 27, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.

"Que así lo estimó el Alto Tribunal, ya que del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación se desprenden los requisitos formales que deben satisfacer los comprobantes fiscales, en relación con los cuales, en términos del diverso artículo 29, el adquirente de bienes o el usuario de servicios tiene la obligación de verificar que el comprobante respectivo los contenga en su totalidad.

"Asimismo, la juzgadora sostuvo que en relación con los datos a que se refiere la fracción I del citado artículo 29-A, relativos al nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien expide el comprobante, se impone al usuario del documento la obligación de cerciorarse de que dichos datos sean correctos; ello, en virtud de que de tal deber deriva la procedencia de la deducción o el acreditamiento del tributo que, en su caso, corresponda.

"Que, por tanto, dicho cercioramiento únicamente vincula al contribuyente a favor de quien se expide el comprobante, a verificar el dato relativo a la clave del Registro Federal de Contribuyentes que se contenga impreso en el documento; es decir, la exigencia legal a su cargo no comprende la comprobación del debido cumplimiento de los deberes fiscales a cargo del emisor del documento, pues su obligación se restringe, a la revisión de la información comprendida en la factura, nota de remisión o comprobante fiscal de caja registradora; esto es, que el nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien expida el documento se contengan correctamente impresos en el documento.

"Además, la Sala estimó que la simple imposibilidad de notificar a un contribuyente en su carácter de tercero, alguna orden de revisión para corroborar sus operaciones con la parte actora, no es motivo suficiente ni justificable para llegar a concluir que las operaciones que amparan los comprobantes que expidieron, no se realizaron; de ahí que la resolución impugnada resulte ilegal.

"Por otra parte, la Sala consideró que no era dable atribuir a la actora, el hecho de que la contribuyente **********, no haya enterado al fisco federal cantidad alguna por concepto de impuesto al valor agregado por el periodo de enero de dos mil trece; ya que no es posible que sea la misma actora quien asuma facultades de autoridad que obligue a terceros a que cumplan con sus obligaciones fiscales, pues la demandante no tiene autoridad ni forma jurídica de obligar a dicho tercero, quien le trasladó el impuesto, a que cumpla con sus obligaciones, por lo que es ilegal que la autoridad le exija al contribuyente, para la procedencia de la devolución, que el proveedor entere al fisco federal el importe recaudado de impuesto al valor agregado, cuando no depende de la contribuyente hoy actora, esto es, que no puede atribuirse a la actora la circunstancia de que su proveedor no haya enterado el importe recaudado del impuesto al valor agregado en las declaraciones respectivas, pues ello es una obligación del proveedor; además de que la actora desconoce las razones por las cuales no se efectuó ese entero, como pudiera haber sido que por ese periodo, enero de dos mil trece, el impuesto al valor agregado acreditable del proveedor hubiera sido igual al causado, o cualquier otra circunstancia que no es atribuible a la demandante; de ahí que, estimó la juzgadora, que resultaba ineficaz lo argumentado por la autoridad en ese sentido al contestar la demanda.

"Que el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, no establece para la procedencia de la devolución, las razones que expresa la autoridad, de ahí que la autoridad fiscal debe devolver los saldos a favor que tengan los contribuyentes, sin exigir para que se dé trámite a la solicitud de devolución y se conceda la misma, en caso de que el saldo a favor esté relacionado con impuesto trasladado por las personas que lo efectuaron, a que estas últimas hayan enterado en la declaración respectiva el impuesto recaudado, por no estar previsto ese requisito en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, lo anterior es así, pues el saldo a favor deriva de la situación particular del contribuyente frente a las leyes fiscales específicas, en consecuencia una resolución en donde se niegue la devolución del saldo a favor solicitado, porque los terceros o el mismo contribuyente hayan presentado la declaración en ceros de un determinado mes, no es obstáculo para que se acrediten con otros medios dichas operaciones y proceda la devolución.

"Por tanto, la Sala concluyó que la autoridad no se ajustó a derecho al rechazar el impuesto al valor acreditable derivado de las facturas expedidas por el proveedor **********, por las razones expuestas en la resolución impugnada.

"Que no era óbice a lo anterior, lo expuesto por la autoridad demandada en el capítulo del oficio de contestación en el sentido de que no violentó la jurisprudencia de rubro: ‘COMPROBANTES FISCALES. SU VALOR PROBATORIO CUANDO EL CONTRIBUYENTE QUE LOS EXPIDIÓ NO SE ENCUENTRA LOCALIZABLE.’, pues lo cierto es que dicha jurisprudencia señala expresamente que los contribuyentes no se encuentran obligados a verificar que sus proveedores se encuentren localizables y si bien es cierto que la misma no limita las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, quienes pueden requerir la información necesaria y, en su caso, no acceder a la pretensión del contribuyente de ejercer su derecho de deducción o acreditamiento, lo cierto es que en la especie la autoridad no acreditó haber ejercido ninguna facultad de comprobación, a fin de verificar la procedencia de la devolución, independientemente de que los proveedores no hubieran sido localizados, pues esa circunstancia no implica que la autoridad se encuentre impedida para ejercer las facultades de comprobación que estime necesarias a fin de determinar si los comprobantes exhibidos por un contribuyente amparan la transacción realizada.

"En este contexto, al sostener la Sala que el hecho de que la contribuyente que expidió los comprobantes fiscales no se encuentre localizable, no tenía como consecuencia que esos comprobantes resultaran nulos o carecieran de valor probatorio, porque esa sanción no se encuentra prevista en los artículos 27, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.

"Así como que la imposibilidad de notificar a un contribuyente en su carácter de tercero, alguna orden de revisión para corroborar sus operaciones con la parte actora, no era motivo suficiente ni justificable para concluir que las operaciones que amparan los comprobantes que expidieron, no se realizaron.

"Pone de manifiesto que la juzgadora atendió el argumento hecho valer (por) la demandada, relativo a que no podrá surtir ningún efecto fiscal un comprobante de compra o de pago que, no obstante contener la información a que se refieren los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, no satisfaga los requisitos de legalidad a que se refiere el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, que obliga al contribuyente a presentar los diversos avisos de inscripción, cambio de domicilio y suspensión de actividades ante el Registro Federal de Contribuyentes.

"Por tanto, resulta inconcuso que la Sala a quo en el fallo materia de revisión, observó la premisa consignada en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, acorde a la cual las sentencias del Tribunal Fiscal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, para lo cual examinarán en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación.

"Tiene aplicación al caso, en lo conducente y sustancial, la tesis clave VIII.1o. J/31, sustentada por este propio órgano colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, junio de 2009, página 1025, que literalmente dice:

"‘SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. LA OMISIÓN DE ANALIZAR EN ELLAS LOS ARGUMENTOS DE LA AUTORIDAD EN SU CONTESTACIÓN A LA DEMANDA VIOLA EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.-De la interpretación del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se concluye que dicho precepto prevé el principio de congruencia que rige a las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al disponer que éstas se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, para lo cual se examinarán en su conjunto los agravios y las causales de ilegalidad, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación; por tanto, si la Sala Fiscal al dictar su fallo toma en cuenta exclusivamente los conceptos de anulación, sin considerar los argumentos vertidos por la autoridad en su contestación a la demanda, viola el citado principio.’

"Por otra parte, quienes aquí resuelven estiman que lo considerado por la Sala a quo en cuanto a la no localización de la contribuyente que expidió los comprobantes fiscales, aisladamente considerada, es acorde a lo sostenido por el Alto Tribunal del País, ya que en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 535/2012, se estableció lo siguiente:

"‘QUINTO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que se sustenta en esta resolución, por las razones que a continuación se exponen:

"‘Los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, vigentes en el ejercicio fiscal de dos mil nueve, en la parte conducente, son del tenor siguiente:

"‘...

"‘Del artículo 29-A, antes transcrito, se desprenden los requisitos formales que deben satisfacer los comprobantes fiscales, en relación con los cuales, en términos del segundo párrafo del diverso artículo 29, el adquirente de bienes o el usuario de servicios tiene la obligación de verificar que el comprobante respectivo los contenga en su totalidad.

"‘Asimismo, y por cuanto hace a los datos a que se refiere la fracción I del citado artículo 29-A, relativos al nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien expide el comprobante, se impone al usuario del documento la obligación de cerciorarse de que dichos datos sean los correctos; ello, en virtud de que de tal deber deriva la procedencia de la deducción o el acreditamiento del tributo que, en su caso, corresponda.

"‘Dicho cercioramiento únicamente vincula al contribuyente a favor de quien se expide el comprobante a verificar que el nombre, denominación o razón social del vendedor de los bienes o prestador de servicios coincide con el dato relativo a la clave del Registro Federal de Contribuyentes que se contenga impresa en el documento, es decir, la exigencia legal a su cargo no comprende la comprobación del debido cumplimiento de los deberes fiscales a cargo del emisor del documento, pues su obligación se restringe a la revisión de la información comprendida en la factura, nota de remisión o comprobante fiscal de caja registradora.

"‘Robustece lo anterior el contenido del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, mismo que, en la parte que interesa, establece lo siguiente:

"‘...

"‘Atendiendo al contenido del artículo anterior, se desprende que el contribuyente que expide comprobantes fiscales está obligado a presentar los avisos siguientes:

"‘1. Cambio de denominación o razón social;

"‘2. Cambio de domicilio fiscal;

"‘3. Aumento o disminución de obligaciones, suspensión o reanudación de actividades;

"‘4. Liquidación;

"‘5. Apertura de sucesión;

"‘6. Cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes; y,

"‘7. De apertura o cierre de establecimientos o de locales que se utilicen como base fija para la prestación de servicios personales independientes.

"‘No obstante lo anterior, es de concluirse que el hecho de que el contribuyente que expide comprobantes fiscales no haya dado aviso a la autoridad fiscal respecto a su cambio de domicilio, no trae como consecuencia necesaria que dicho comprobante sea nulo o carezca de valor probatorio, pues dicha omisión, aisladamente considerada, no da lugar a la referida sanción, porque no se encuentra prevista en esos términos en los artículos 27, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. Se dice lo anterior, en razón de que las normas de restricción o las que imponen sanciones a los particulares tienen que estar expresamente reguladas, para así cumplir con el derecho de seguridad jurídica.

"‘En efecto, la autoridad fiscal no puede negar la procedencia de la solicitud del contribuyente, exclusivamente por el hecho de que quien haya expedido comprobantes fiscales no haya dado aviso a la autoridad fiscal respecto a su cambio de domicilio, sin perjuicio de que existan otras razones por las que no se acceda a su pretensión.

"‘De no optar por esta apreciación de las normas, implicaría sancionar al contribuyente por la oscuridad que presenta la norma, cuestión que implica necesariamente vedar la posibilidad al actor de que se inconforme respecto de una actuación de una autoridad administrativa que considera ilegal.

"‘Cabe destacar que la conclusión anterior no restringe las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, pues de considerar que los comprobantes fiscales exhibidos por un contribuyente no amparan la transacción realizada, pueden requerir toda la información atendiendo a dicha transacción en particular y, en su caso, no acceder a la pretensión del contribuyente atendiendo a las situaciones fácticas de cada asunto.

"‘Por otra parte, el derecho de los contribuyentes no puede estar sujeto al cumplimiento de obligaciones formales que no le son imputables, por lo que no hay razón para que en contra del principio de capacidad contributiva se sancione al contribuyente de forma tan desproporcional o se le prive de un beneficio fiscal.

"‘No se deben interpretar los requisitos exigidos por ley para el ejercicio del derecho de deducción o acreditamiento, de forma que lo hagan imposible o excesivamente oneroso, como sería el exigirle que asuma facultades de verificación del cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes que el Código Fiscal de la Federación le atribuye expresamente a las autoridades fiscales. "‘Finalmente, la coincidencia del domicilio fiscal contenido en el comprobante, y del que tiene conocimiento el Registro Federal de Contribuyentes, es fruto del cumplimiento de una obligación a cargo de quien expide el comprobante, por lo que el hecho de que no coincidan no puede afectar a quienes lo reciben.

"‘No pasa desapercibido para esta Segunda Sala el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 161/2005, de rubro: «SALDOS A FAVOR. PROCEDENCIA DE SU DEVOLUCIÓN.». En la que se sostiene, fundamentalmente, que no podrá surtir ningún efecto fiscal un comprobante de compra o de pago que, no obstante contener la información a que se refieren los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, no satisfaga los requisitos de legalidad a que se refiere el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, que obliga al contribuyente a presentar los diversos avisos de inscripción, cambio de domicilio y suspensión de actividades ante el Registro Federal de Contribuyentes; ello, atendiendo a que sólo a través del control de dicha información se puede, por un lado, tener la certeza de que el documento con el que se pretende llevar a cabo la deducción o acreditamiento, que dan lugar a la devolución de un saldo a favor, no es apócrifo, es decir, que efectivamente ampara la realización de un acto de naturaleza mercantil y, por otro lado, que el fisco ha percibido, en su momento, el pago de un tributo, cuya devolución se solicita.

"‘Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema nos lleva a apartarnos del contenido de dicho criterio y reiterar que el hecho de que la autoridad fiscal haya negado la solicitud realizada por el contribuyente basándose únicamente en el argumento de que quien expide comprobantes fiscales no haya dado aviso a la autoridad fiscal respecto a su cambio de domicilio, no trae como consecuencia que dicho comprobante sea nulo o carezca de valor probatorio, pues dicha sanción no se encuentra prevista en el contenido de los artículos 27, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; se dice lo anterior, en razón de que las normas de restricción o las que imponen sanciones a los particulares tienen que estar expresamente reguladas, para así cumplir con el derecho de seguridad jurídica.’

"Las anteriores consideraciones dieron origen a la jurisprudencia clave 2a. /J. 87/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Tomo 1, julio de 2013, materia administrativa, página 717, que dice:

"‘COMPROBANTES FISCALES. SU VALOR PROBATORIO CUANDO EL CONTRIBUYENTE QUE LOS EXPIDIÓ NO SE ENCUENTRA LOCALIZABLE [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 161/2005 (*)].-Una nueva reflexión lleva a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a apartarse del criterio contenido en la tesis referida y a considerar que el hecho de que el contribuyente que expide comprobantes fiscales no haya dado aviso a la autoridad fiscal respecto a su cambio de domicilio y, por ende, no se encuentre localizable, no trae como consecuencia necesaria que éstos sean nulos o carezcan de valor probatorio, pues dicha omisión, aisladamente considerada, no da lugar a la referida sanción, por no encontrarse prevista en esos términos en los artículos 27, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. Lo anterior es así, en razón de que las normas de restricción o las que imponen sanciones a los particulares deben estar expresamente reguladas para cumplir con el derecho a la seguridad jurídica. Cabe destacar que la conclusión anterior no restringe las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, pues de considerar que los comprobantes exhibidos por un contribuyente no amparan la transacción realizada, pueden requerir la información necesaria y, en su caso, no acceder a la pretensión del contribuyente de ejercer su derecho de deducción o acreditamiento, sin perjuicio de que existan otras razones por las que no se deba acceder a aquélla.’

"En este contexto, resultan infundadas las alegaciones hechas valer por la recurrente, relativas a que la Sala valoró incorrectamente el acta de verificación practicada el veintitrés de enero de dos mil trece, en donde se puede observar que el domicilio del proveedor que expidió las facturas no cumple con lo establecido en los artículos 10 y 27 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que de los hechos circunstanciados en la referida acta se aprecia que se informó al personal adscrito a la Administración Local de Recaudación de Torreón, que se desconocía la actividad y ubicación de la persona moral buscada, es decir, que el supuesto proveedor no se ubicó en lo dispuesto en los referidos numerales 10 y 27 del Código Fiscal de la Federación, ya que la contribuyente jamás demostró que el domicilio fiscal del supuesto proveedor es donde se encuentra el principal asiento o local de su administración, circunstancia ésta, dice el recurrente, fue soslayada por la a quo.

"En efecto, se afirma que las anteriores alegaciones son infundadas, ya que tal y como se advierte de la ejecutoria transcrita, la imposibilidad de notificar al contribuyente que expidió las facturas, al no localizarlo en el domicilio fiscal contenido en el comprobante y del que tiene conocimiento el Registro Federal de Contribuyentes, es fruto del incumplimiento de una obligación a cargo de quien expide ese comprobante, por lo que el hecho de que no coincidan, no puede afectar a quien lo recibe.

"Por otra parte, la autoridad inconforme sostiene en el inciso B) del primer concepto de agravio, que la sentencia es violatoria de los artículos 217 de la Ley de Amparo y 50 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que la Sala partió de una indebida interpretación de lo dispuesto en la jurisprudencia emitida por contradicción de tesis número 535/2012, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘COMPROBANTES FISCALES. SU VALOR PROBATORIO CUANDO EL CONTRIBUYENTE QUE LOS EXPIDIÓ NO SE ENCUENTRA LOCALIZABLE [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 161/2005 (*)].’

"Que la Sala de manera inexacta estimó que el hecho de que la contribuyente que expidió los comprobantes fiscales no se encontrara localizable, no traía como consecuencia que esos comprobantes resultaran nulos o carecieran de valor probatorio, porque esa sanción no se encuentra prevista en los artículos 27, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; sin embargo, la juzgadora perdió de vista que la no localización del supuesto proveedor no fue el único motivo para negar la devolución, sino que este dato se adminiculó con el hecho de que el supuesto proveedor no enteró el impuesto que supuestamente retuvo a la contribuyente; de ahí que concatenando estos dos datos, se tiene que, contrario a lo aducido por la a quo se no (sic) cumple con lo dispuesto en la jurisprudencia de mérito; máxime que se aportó a juicio la declaración en donde se refleja esta circunstancia.

"Bajo ese contexto, dice la inconforme, al interpretarse indebidamente dicho criterio, la Sala pasó por alto que para constreñir al fisco federal a hacer la devolución del saldo a favor demandado, no basta con que a dicha contribuyente se le hayan efectuado las retenciones respectivas, sino que es necesario además, que su proveedor las hubiere enterado al fisco federal.

"Las anteriores alegaciones son fundadas, toda vez que basta remitirse a la ejecutoria de la jurisprudencia en comento, transcrita en párrafos precedentes, para advertir que el Alto Tribunal estableció que:

"‘... el hecho de que el contribuyente que expide comprobantes fiscales no haya dado aviso a la autoridad fiscal respecto a su cambio de domicilio, no trae como consecuencia necesaria que dicho comprobante sea nulo o carezca de valor probatorio, pues dicha omisión, aisladamente considerada, no da lugar a la referida sanción, porque no se encuentra prevista en esos términos en los artículos 27, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. Se dice lo anterior, en razón de que las normas de restricción o las que imponen sanciones a los particulares tienen que estar expresamente reguladas, para así cumplir con el derecho de seguridad jurídica.’

"Del texto transcrito se obtiene que el Alto Tribunal del País estimó que la no localización de la contribuyente que expidió el comprobante fiscal, aisladamente considerada, no daba lugar a la nulidad del comprobante fiscal expedido por la empresa no localizada; sin embargo, tal y como acertadamente lo sostiene la autoridad enjuiciada, en el caso fueron dos los motivos por los cuales la autoridad demeritó el valor de las facturas expedidas por la empresa **********, que fueron la no localización de la sociedad y que el hecho de que el referido proveedor no enteró al fisco federal la cantidad de $1'092,482.00 (un millón noventa y dos mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), que presuntamente fue trasladada a la promovente de la devolución, tal y como se advierte de la resolución impugnada en el juicio de nulidad que establece: (se insertan imágenes).

"De manera que si, en el caso, la autoridad consideró improcedente la solicitud de devolución por la no localización de la contribuyente que expidió el comprobante fiscal y por no haber enterado dicha contribuyente al fisco federal el impuesto retenido que fue solicitado en devolución, cuestión ésta que constituye un presupuesto lógico para que pudiera ser devuelto, por lo que es evidente que no se está dentro del supuesto de excepción para no determinar la nulidad de los comprobantes fiscales señalada en la jurisprudencia de rubro: ‘COMPROBANTES FISCALES. SU VALOR PROBATORIO CUANDO EL CONTRIBUYENTE QUE LOS EXPIDIÓ NO SE ENCUENTRA LOCALIZABLE [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 161/2005 (*)].’; pues en la misma se establece que ... el hecho de que el contribuyente que expide comprobantes fiscales no haya dado aviso a la autoridad fiscal respecto a su cambio de domicilio y, por ende, no se encuentre localizable, no trae como consecuencia necesaria que éstos sean nulos o carezcan de valor probatorio, pues dicha omisión, aisladamente considerada, no da lugar a la referida sanción.

"De ahí que la misma resulta inaplicable y no se deba reconocer la legalidad de los comprobantes fiscales expedidos por la empresa que no fue localizada, porque además és

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26003-c2694b61/impuestos-el-derecho-del-contribuyente-a-su-devolucion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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