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Modo: Corpus Pro

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO LABORAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO OPERE EN BENEFICIO DEL TRABAJADOR, NO VULNERA EL DERECHO HUMANO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 725/2014. · Registro digital (IUS): 26033
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-12-04
Promovente: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I , Pág. 320.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 725/2014. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE. 11 DE JUNIO DE 2014. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: MIGUEL ÁNGEL BURGUETE GARCÍA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; 11, fracción V, y 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además, conforme a lo previsto en los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que el recurso de revisión se interpuso contra una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo, resultando innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO.-Oportunidad y legitimación. El recurso se interpuso oportunamente, ya que la sentencia impugnada se notificó a la parte quejosa el miércoles veintidós de enero de dos mil catorce, como se aprecia en la foja 94 (noventa y cuatro); notificación que surtió efectos el día hábil siguiente, jueves veintitrés, por lo que el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del día hábil siguiente al en que surtió efectos la notificación, esto es, del viernes veinticuatro de enero al lunes diez de febrero, con exclusión de los días veinticinco y veintiséis de enero, y uno, dos, tres, cinco, ocho y nueve de febrero del año en curso, por haber sido inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el día tres conforme al Acuerdo General 18/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y el cinco de febrero fecha en que si bien fue día laborable, en el mismo no corrieron términos.

Entonces, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de febrero de dos mil catorce ante la Oficina de Correspondencia del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en Campeche, Campeche, como consta en la foja 2 (dos) del expediente, se concluye que la interposición se efectuó dentro del referido plazo legal de diez días hábiles.

Ahora bien, el Ayuntamiento inconforme se encuentra legitimado para recurrir, ya que es el quejoso en el juicio de amparo, y en la sentencia recurrida se negó el amparo solicitado.

Por su parte, el licenciado **********, quien se ostenta como apoderado del Ayuntamiento recurrente, tiene reconocida su personalidad en el cuaderno de amparo directo, como se aprecia en la foja 35 del expediente de amparo, por tanto, está legitimado para acudir en representación del quejoso a interponer el recurso de revisión propuesto.

TERCERO.-Antecedentes. Los elementos necesarios para la resolución del presente asunto, son los siguientes:

I. Antecedentes

a) **********, ********** y ********** demandaron del Ayuntamiento del Municipio de Campeche, la reinstalación en su fuente de trabajo, el pago de prestaciones accesorias, tales como jornada extraordinaria, días de descanso laborados y no pagados, prima dominical, aguinaldo y pago de cuotas a los institutos de salud y vivienda respectivos.

b) Tocó conocer de las demandas al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, quien, por acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil nueve, radicó el procedimiento ordinario, señalando fecha para la celebración de la audiencia de conciliación.

c) Mediante laudo de siete de junio de dos mil trece (fojas 239 a 275 del expediente laboral), determinó que los actores acreditaron parcialmente el ejercicio de su acción principal y accesorias, estableciendo condena al Ayuntamiento del Municipio de Campeche, al pago de las prestaciones siguientes:

1. Vacaciones, prima vacacional y aguinaldo;

2. Salarios caídos;

3. Aguinaldos;

4. Descansos obligatorios; y,

5. Horas extras;

Por otra parte, absolvió al Ayuntamiento demandado de la acción de reinstalación, porque ésta ya se había llevado a cabo con antelación y diversas prestaciones accesorias.

d) En contra de esa resolución, el Ayuntamiento del Municipio de Campeche promovió juicio de amparo directo **********, del cual conoció el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito; sin embargo, por acuerdo de once de noviembre de dos mil trece, se ordenó remitir el amparo de referencia al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, para que en apoyo del primero, dictara la sentencia correspondiente.

e) Por acuerdo de quince de noviembre de dos mil trece, la Magistrada presidenta del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, radicó el expediente con el número **********, y en sesión de veintinueve del propio mes y año, se dictó la sentencia correspondiente, en la que se negó el amparo solicitado.

f) Inconforme con la resolución del juicio de amparo, el Ayuntamiento del Municipio de Campeche interpuso el presente recurso de revisión, en el cual, alega la inconstitucionalidad del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, que le fuera aplicado en la referida sentencia de amparo.

II. Síntesis de conceptos de violación hechos valer por el quejoso en su demanda de amparo

• Primero. La autoridad responsable no resolvió correctamente y, en consecuencia, no se apegó a derecho, causando agravios al quejoso, ya que la autoridad responsable fue omisa en entrar al estudio de la relación y al carácter de trabajadores de confianza, de conformidad con los artículos tercero, sexto y séptimo, fracción IV, de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche.

• El laudo impugnado es violatorio de los artículos 14, 16, 17 y 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por resultar una resolución infundada, sin motivación y carente de sustento legal, porque restó valor probatorio a las pruebas ofrecidas por el quejoso con argumentos insostenibles.

• Segundo. El laudo reclamado le causa agravio al quejoso, porque en él la responsable fue omisa en entrar al estudio en relación con el carácter de confianza de los actores y para demostrar su aserto cita criterios de Tribunales Colegiados que se refieren a la procedencia de la acción, tratándose de acciones laborales.

• Tercero. Causan agravio al Ayuntamiento quejoso los considerandos V, VI, VII y VIII del laudo reclamado, ello porque al dar valor probatorio a testimonios parciales y que no reúnen los requisitos de convicción y credibilidad, además de que no son coincidentes y congruentes entre sí, porque aparte de éstos, no existe en el juicio ninguna otra prueba que permita presumir el despido alegado, y eso aunado a que los testimonios en cita no son idóneos, es claro que no se debió condenar al pago de salarios caídos.

• Respecto a las pruebas ofrecidas por el Ayuntamiento éstas fueron estudiadas en forma indebida y basándose en formulismos, además de que resultaron omisos en pronunciarse a qué tipo de presunción se refieren, lo que deja en estado de indefensión al quejoso.

• Cuarto. Ante la falta de congruencia del laudo, es claro que la responsable dejó de apreciar los hechos en conciencia, a buena fe guardada y, por tanto, no debió sujetarse a reglas o formulismos, como se lo imponen los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo y diversos criterios jurisprudenciales, por lo que consideró que, al no quedar demostrada la existencia del despido injustificado alegado, se debió absolver de todas las prestaciones demandadas.

• Quinto. El laudo por esta vía impugnado resultó ilegal, porque da un plazo de setenta y dos horas para dar cumplimiento al mismo, lo que resulta ilegal y no observa el contenido del artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la ley, que prevé que los laudos deberán ser cumplidos en un plazo de quince días, lo que ocasiona un perjuicio al Ayuntamiento quejoso en razón que, de llegar a ejecutarse el laudo, se ocasionaría un quebranto al patrimonio del Ayuntamiento.

III. Síntesis de la sentencia de amparo

• Estimó que los conceptos de violación resultan infundados y que no procede la suplencia de la queja deficiente en favor del Ayuntamiento quejoso por tener la calidad de patrón en el juicio de origen, para tal efecto citó la jurisprudencia de rubro: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE LA PARTE PATRONAL, IMPROCEDENCIA DE LA."

• Así, estimó infundados los argumentos del quejoso, en el sentido de que no se analizó la calidad de trabajadores de confianza, porque, contrario a lo aducido la responsable, sí estudió la procedencia de la acción, y del análisis de los cargos que los actores dijeron desempeñar para el Ayuntamiento demandado y que consistieron en actividades relacionadas con la atención al público, archivo de expedientes, recepción de solicitudes en las áreas de su adscripción, envío de información, etcétera, actividades que no fueron controvertidas por el Ayuntamiento demandado, ni desvirtuadas con medio probatorio alguno, pues las constancias que exhibió el actor son en copia fotostática simple que no generan un valor convictivo pleno.

• Continúa refiriendo que, atendiendo a que la calidad de confianza de un trabajador, no deriva de la denominación que se dé al mismo y tampoco de que los cargos estén incluidos en el artículo 7o. de la ley burocrática estatal, sino que está directamente vinculado con las actividades que desarrolla el gobernado, y al no demostrar el Ayuntamiento que los actores ejercían funciones de dirección, inspección, fiscalización o trabajos particulares o exclusivos de los titulares o funcionarios de la entidad pública demandada y dadas las funciones que desarrollaron, no fue posible determinar que éstos tenían la calidad de trabajadores de confianza, lo que condujo a declarar infundados los conceptos de violación propuestos.

• Respecto a la indebida valoración de la prueba testimonial ofrecida por los actores, con la finalidad de demostrar la existencia del despido injustificado, también fue calificado como infundado, en razón de que, contrario a lo señalado por el quejoso, el tribunal responsable no otorgó valor probatorio a la prueba testimonial a cargo de la testigo **********, y por lo que hace a los demás testigos, el tribunal consideró que éstos resultaron congruentes en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que constataron el despido del que fueron objeto los actores y justificaron la razón de su dicho.

• Del mismo modo calificó de infundado el concepto de violación en el que el quejoso impugnó la condena al pago de salarios caídos, dado que ya se había reinstalado a los actores en sus funciones, lo anterior, con base en que, al haber demostrado los actores la existencia de los alegados despidos injustificados, éstos tienen el derecho a recibir el pago de los salarios vencidos, al ser una consecuencia directa e inmediata de la acción principal intentada.

• Calificó como infundado el concepto de violación que sostenía que el laudo es contrario al contenido del artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo vigente, ello porque la ley aplicable, conforme al artículo décimo primero transitorio de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, los procedimientos iniciados bajo la vigencia de la ley anterior a noviembre de dos mil doce, se concluirían con dicha normatividad.

IV. Síntesis de los agravios hecho valer en la revisión

• Único. Señala el recurrente que el Tribunal Colegiado dejó de observar que existe una excepción derivada de lo previsto en el artículo 76 de la Ley de Amparo, que admite la procedencia de la suplencia de la deficiencia de la queja a favor del patrón, esto es, en el caso de que el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que estima el recurrente aconteció en el caso sujeto a análisis, aun cuando en la demanda no se hayan reclamado dichas leyes, razón por la que el Ayuntamiento señala como inconstitucional el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, el cual coarta el derecho humano del patrón a que se le conceda el beneficio de la suplencia de la deficiencia de la queja.

• Los integrantes del Tribunal Colegiado faltaron a la verdad sabida y buena fe guardada, porque le otorgan valor probatorio a testimonios parciales y que no reúnen los requisitos de convicción y credibilidad, además de que no son coincidentes y congruentes entre sí, además que de estos testimonios, no existe en el juicio ninguna otra prueba que permita presumir el despido alegado, y eso aunado a que los testimonios en cita no son idóneos, es claro que no se debió condenar al pago de salarios caídos.

• Sostiene que, al no suplir la deficiencia de la queja en beneficio del quejoso -patrón en el juicio laboral-, se violenta el nuevo bloque de protección constitucional y de los derechos humanos tutelados ahora en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuarto. Antes de abordar el estudio de los agravios hechos valer por los recurrentes, resulta necesario determinar si, en la especie, se satisfacen los requisitos de procedencia del recurso de revisión.

En primer lugar, es pertinente tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; y 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los cuales se transcriben a continuación:

(Reformado primer párrafo, D.O.F. 6 de junio de 2011)

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

(Reformada, D.O.F. 6 de junio de 2011)

"IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras."

"Artículo 81. Procede el recurso de revisión:

"...

"II. En amparo directo, en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdo generales del Pleno.

"La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras."

"Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:

"...

"III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando habiéndose impugnado la inconstitucionalidad de una ley federal, local, del Distrito Federal o de un tratado internacional, o cuando en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dichas sentencias decidan u omitan decidir sobre tales materias, debiendo limitarse en estos casos la materia del recurso a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales."

"Artículo 21. Corresponde conocer a las Salas:

"...

"III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito:

"a) Cuando habiéndose impugnado la constitucionalidad de un reglamento federal expedido por el presidente de la República, o de reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado o por el jefe del Distrito Federal, o en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en estas materias, se haya decidido o se omita decidir sobre la misma inconstitucionalidad o interpretación constitucional."

De lo dispuesto en los artículos transcritos se desprende lo siguiente:

1. Por regla general, las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, no admiten recurso alguno;

2. La excepción a la regla anterior, se da cuando habiéndose impugnado la inconstitucionalidad de una norma general (ley federal, local o del Distrito Federal, un tratado internacional, un reglamento expedido por el presidente de la República o reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado o por el jefe de Gobierno del Distrito Federal), o en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en estas materias, se haya decidido o se omita decidir sobre la materia de constitucionalidad; y,

3. La materia del recurso de revisión, en estos casos, se debe limitar, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras.

Entonces, para que sea procedente el recurso de revisión en este caso, necesariamente debe estarse dentro del supuesto expresado en el punto 2 (dos) precedente, ya que, de otra manera, el medio de defensa resulta improcedente, por quedar comprendido dentro de la regla general de las sentencias dictadas en amparo directo por los Tribunales Colegiados de Circuito.

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el Acuerdo 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, cuyo punto primero establece que para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, se requiere que se reúnan los supuestos siguientes:

a) Que en la sentencia recurrida se haya hecho pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una norma general (ley, tratado internacional o reglamento), o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional, o que, habiéndose planteado alguna de esas cuestiones, en la demanda de amparo se haya omitido su estudio.

b) Que el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia, a juicio de la Sala respectiva o del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En relación con el segundo de los requisitos antes mencionados, el propio punto segundo del acuerdo citado señala que, por regla general, se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado, no se hayan expresado agravios o cuando éstos sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, y no se advierta queja deficiente que suplir.

Los anteriores lineamientos se recogen en las jurisprudencias 2a./J. 64/2001(1) y 2a./J. 149/2007,(2) de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se identifican:

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA.-Los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción V, 86 y 93 de la Ley de Amparo, 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo 5/1999, del 21 de junio de 1999, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, permiten inferir que un recurso de esa naturaleza sólo será procedente si reúne los siguientes requisitos: I. Que se presente oportunamente; II. Que en la demanda se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal y en la sentencia se hubiera omitido su estudio o en ella se contenga alguno de esos pronunciamientos; y III. Que el problema de constitucionalidad referido entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva de la Suprema Corte; en el entendido de que un asunto será importante cuando de los conceptos de violación (o del planteamiento jurídico, si opera la suplencia de la queja deficiente) se advierta que los argumentos o derivaciones son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés; y será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en materia de constitucionalidad; por el contrario, deberá considerarse que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado, cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir y en los demás casos análogos a juicio de la referida Sala, lo que, conforme a la lógica del sistema, tendrá que justificarse debidamente."

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA.-Del artículo 107, fracción IX, de la Constitución Federal, y del Acuerdo 5/1999, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 94, séptimo párrafo, constitucional, así como de los artículos 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que al analizarse la procedencia del recurso de revisión en amparo directo debe verificarse, en principio: 1) la existencia de la firma en el escrito u oficio de expresión de agravios; 2) la oportunidad del recurso; 3) la legitimación procesal del promovente; 4) si existió en la sentencia un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución, o bien, si en dicha sentencia se omitió el estudio de las cuestiones mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo; y, 5) si conforme al acuerdo referido se reúne el requisito de importancia y trascendencia. Así, conforme a la técnica del amparo basta que no se reúna uno de ellos para que sea improcedente, en cuyo supuesto será innecesario estudiar si se cumplen los restantes."

Como se aprecia, esta Segunda Sala ha sustentado el criterio de que para que en un caso concreto sea procedente el recurso de revisión en amparo directo, es necesario que reúnan los siguientes requisitos: a) La existencia de la firma en el escrito de expresión de agravios; b) La oportunidad del recurso; c) La legitimación procesal del promovente; d) Si existió en la sentencia un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, o bien, si en dicha sentencia se omitió el estudio de las cuestiones mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo; e) Si conforme al Acuerdo Número 5/1999, se reúne el requisito de importancia y trascendencia; y, f) Cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir, y en los demás casos análogos a juicio de la referida Sala, lo que conforme a la lógica del sistema, tendrá que justificarse debidamente.

En la especie, el ocurso mediante el cual se interpuso el recurso a que este toca se refiere, aparece firmado por el apoderado legal del Ayuntamiento quejoso, además se presentó oportunamente; lo anterior conforme al examen que previamente se realizó al respecto.

Por otra parte, en la demanda de amparo, según se advierte de la síntesis de los conceptos de violación, el peticionario de amparo no planteó problema de constitucionalidad alguno.

Con lo dicho hasta este momento, es claro que en este punto, no se surten los requisitos de procedencia señalados líneas arriba, pues en la demanda de amparo no se plantearon cuestiones relacionadas con la constitucionalidad de normas, lo que no hace posible el estudio de los agravios esgrimidos en el recurso de revisión por parte del quejoso.

Ahora bien, de los agravios sustentados por el recurrente, se advierte que en ellos aparentemente plantea la presunta inconstitucionalidad del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que conviene hacer algunas precisiones.

El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintiséis de enero de dos mil doce, al resolver el recurso de reclamación 130/2011, sostuvo el criterio en el sentido de que es posible, excepcionalmente la impugnación de artículos de la Ley de Amparo en los recursos de revisión, tanto en el amparo indirecto, como en el directo.

Las consideraciones que interesan destacar, para el estudio del presente asunto, son del tenor siguiente:

"No obstante lo anterior, con motivo del texto vigente del artículo 1o. constitucional, debe reconocerse que ha sido removido, en parte, el obstáculo técnico para analizar en la revisión la constitucionalidad de las disposiciones que alberguen en las sentencias de los Jueces de Distrito, ya que si bien la posible oposición de tales disposiciones a la Norma Fundamental no podría plantearse en los agravios formulados en la segunda instancia, existe la posibilidad de que sí se analice tal problema cuando dichos Jueces oficiosamente ejerzan su facultad para declarar inconstitucional -y dejar de aplicar- algún precepto rector del acto reclamado por contravenir, en su concepto, alguno de los derechos humanos, o también cuando sin declararlo así, opten por su interpretación conforme a la Constitución Federal, supuestos en los cuales es obvio que la materia de la revisión necesariamente dará alojamiento a un análisis de tales temas al tenor de los agravios de la parte afectada.

"Fuera de estos casos, en principio, no hay ninguna posibilidad de introducir en la revisión por parte de los recurrentes el planteamiento relativo a la posible inconstitucionalidad de normas aplicadas en las sentencias de los Jueces de Distrito, cuando a través de ellas fundan y motivan sus resoluciones, porque la materia de tal medio de defensa se reduce a la determinación de si deben o no tomarse en cuenta dichas disposiciones para dirimir la controversia, sean o no constitucionales, quedando a salvo la facultad del órgano revisor de dejar de aplicarlas cuando, vía control difuso, adviertan que son contrarias a un derecho humano, también en términos del artículo 1o. constitucional, precepto que nuevamente permite oficiosamente declarar la inconstitucionalidad de cualquier norma invocada por aquellos juzgadores primarios, según lo determinó de manera implícita este Tribunal Pleno, al emitir la tesis aislada I/2011, de rubro y texto siguientes:

"‘CONTROL DIFUSO.-Con motivo de la entrada en vigor de los párrafos segundo y tercero del artículo 1o. constitucional modificados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, debe estimarse que han quedado sin efectos las tesis jurisprudenciales P./J. 73/99 y P./J. 74/99, de rubros: «CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.» y «CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.».’ [Décima Época. Núm. Registro IUS: 2000008. Instancia: Pleno. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 1, materia constitucional, tesis P. I/2011 (10a.), página 549]

"Esta atribución de los Tribunales de la Federación para controlar y dejar de aplicar normas que consideren contrarias a los derechos fundamentales, también les permite analizar la constitucionalidad de todo tipo de normas generales, incluidas las de la propia Ley de Amparo, ya sea que se hubiesen materializado en el procedimiento, en la resolución de la primera instancia, o que pudieran ser necesarias para resolver la revisión, pues el artículo 1o. de la Constitución Federal, no hace salvedad alguna, y antes bien, si la misión de este ordenamiento adjetivo es la de garantizar la eficacia de los derechos humanos, resulta imprescindible que los órganos jurisdiccionales a quienes corresponde aplicarlo vigilen que su contenido no los haga nugatorios en el ámbito procesal.

"De ahí que, en un primer plano, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirme la facultad exclusiva que históricamente ha tenido para declarar, en los casos que lo estime necesario, la contravención de algún precepto de la Ley de Amparo a la Constitución Federal, o para adoptar la interpretación que conforme a ese Máximo Ordenamiento deba dársele a alguno de los preceptos de esa ley, con el objeto de salvar su constitucionalidad mediante una lectura acorde con los derechos humanos.

"En un segundo plano, cuando un órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo actualice algún supuesto normativo de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26033-341c5d23/suplencia-de-la-queja-deficiente-en-el-juicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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