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MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LA DEFINICIÓN LEGAL DEL MATRIMONIO QUE CONTENGA LA PROCREACIÓN COMO FINALIDAD DE ÉSTE, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LAS NORMAS CIVILES QUE DEFINEN LA INSTITUCIÓN DEL MATRIMONIO COMO LA QUE SE CELEBRA ENTRE UN SOLO HOMBRE Y UNA SOLA MUJER, CONTIENEN UNA DISTINCIÓN CON BASE EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA. MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LAS NORMAS CIVILES QUE IMPIDEN ESTA POSIBILIDAD, PROVOCAN UNA DOBLE DISCRIMINACIÓN, AL PRIVAR A LAS PAREJAS HOMOSEXUALES DE LOS BENEFICIOS MATERIALES Y EXPRESIVOS QUE SE OBTIENEN CON DICHA INSTITUCIÓN. DERECHO A LA VIDA FAMILIAR DE LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 263/2014. · Registro digital (IUS): 26050
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-12-11
Promovente: —
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I , Pág. 110.

MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LA DEFINICIÓN LEGAL DEL MATRIMONIO QUE CONTENGA LA PROCREACIÓN COMO FINALIDAD DE ÉSTE, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.

MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LAS NORMAS CIVILES QUE DEFINEN LA INSTITUCIÓN DEL MATRIMONIO COMO LA QUE SE CELEBRA ENTRE UN SOLO HOMBRE Y UNA SOLA MUJER, CONTIENEN UNA DISTINCIÓN CON BASE EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA.

MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LAS NORMAS CIVILES QUE IMPIDEN ESTA POSIBILIDAD, PROVOCAN UNA DOBLE DISCRIMINACIÓN, AL PRIVAR A LAS PAREJAS HOMOSEXUALES DE LOS BENEFICIOS MATERIALES Y EXPRESIVOS QUE SE OBTIENEN CON DICHA INSTITUCIÓN.

AMPARO EN REVISIÓN 263/2014. 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. DISIDENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR, EN EL QUE ESTIMA QUE EN EL CASO NO EXISTIÓ ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN DE LA NORMA IMPUGNADA. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIA: ANA CAROLINA CIENFUEGOS POSADA.

III. Competencia

19. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece y 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece; toda vez que el recurso de revisión se interpuso en contra de la sentencia dictada en la audiencia constitucional por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, respecto del cual esta Primera Sala reasumió su competencia originaria.

IV. Oportunidad

20. El presente recurso de revisión fue interpuesto dentro del término que establece la ley de la materia. En efecto, de las constancias existentes se desprende, que la resolución impugnada se notificó legalmente a la parte recurrente el veintinueve de julio de dos mil trece, misma que surtió efectos el treinta del mes y año en cita.

21. Por lo que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, para la interposición del recurso de revisión, transcurrió del miércoles treinta y uno de julio al martes trece de agosto de dos mil trece, excluyéndose de dicho cómputo los días tres, cuatro, diez y once de agosto de dos mil trece, por ser sábados y domingos, respectivamente y, por tanto, inhábiles, en términos de lo dispuesto por el artículo 19 de la citada Ley de Amparo; en consecuencia, si el presente recurso se interpuso el ocho de agosto de dos mil trece, es inconcuso que se hizo valer oportunamente.

V. Consideraciones y fundamentos

22. A continuación se señalan las cuestiones necesarias para resolver el asunto.

23. Conceptos de violación. La parte quejosa en su demanda planteó, en esencia, lo siguiente:

a) Los quejosos argumentan que las porciones normativas de los artículos 40 y 165 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, violan su derecho fundamental a la protección del desarrollo y organización de la familia, al establecer, respectivamente, que tanto el matrimonio y el concubinato sólo pueden configurarse entre personas de sexo diferente, privando con ello a las parejas homosexuales de recibir la protección jurídica del Estado a su núcleo de familia, además de que se le da un trato diferenciado a situaciones que gozan del mismo estatus jurídico como lo son las familias homoparentales y las heteroparentales, pues al excluir a las primeras se les niega el acceso a una serie de derechos derivados del matrimonio o del concubinato.

Que el artículo 4o. constitucional establece el derecho fundamental a la protección del desarrollo y organización de la familia y la obligación de hacerlo cumplir corresponde al legislador ordinario, a través de la creación de las leyes necesarias para la protección de las familias, en sus diversas formas de integración, incluida la homoparental -como sucede en el caso-.

Que relacionado el citado derecho con la última parte del párrafo primero del artículo 1o. constitucional, se concluye que como pareja homosexual que constituyen una familia homoparental los quejosos, gozan no sólo del derecho a recibir la protección jurídica por parte del Estado, sino que, por extensión también son titulares de las garantías que la ley ha establecido para poder hacer efectivo aquel derecho fundamental.

b) Que las porciones normativas de los artículos 40 y 165 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, violan el derecho a la igualdad y no discriminación establecido en el artículo 1o. constitucional, al legitimar un tipo de uniones erótico afectivas, respecto de los heterosexuales, en detrimento de otras que se encuentran en un mismo estatus, en relación con los "homosexuales y lesbianas",(1) ya que los primeros cuentan con la institución jurídica del matrimonio que da publicidad y protección a dichas relaciones y los segundos no.

Que cuando el legislador se refiere en el artículo 40 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, al matrimonio como "una institución por medio de la cual se establece la unión voluntaria y jurídica de un hombre y una mujer" y se excluye de esa definición a las parejas homosexuales, se contraviene claramente la Carta Magna.

Que por ello, existe obligación por parte del legislador local para crear o adecuar las figuras jurídicas para brindar protección a las diversas formas de familia.

c) Que aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió el amparo en revisión ********** -que guarda identidad con el presente asunto-, abordando el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo como un derecho derivado del libre desarrollo de la personalidad y considerando que al impedírseles a las parejas homosexuales el acceso al matrimonio, además de discriminación había una injerencia arbitraria del Estado al limitarle los medios para desarrollar plenamente su plan de vida; los quejosos presentan otra forma de estudiar el tema para concluir en una declaratoria de inconstitucionalidad de las normas que se plantean en relación con el matrimonio entre personas del mismo sexo como una forma de protección al desarrollo y organización de la familia.

Es decir, que además de la violación al derecho al libre desarrollo de la personalidad, existe una omisión legislativa en relación con la obligación establecida en el artículo 4o. constitucional, dirigida al legislador ordinario, en el sentido de proteger el desarrollo y organización de todo tipo de familias, como la homoparental que conforman los quejosos.

Que el segundo párrafo del artículo 4o. constitucional establece un mandato expreso indirecto de legislar y al ser incumplido por el legislador ordinario se actualiza la figura de omisión legislativa relativa de una competencia de ejercicio obligatorio, pues el legislador local tiene la obligación de proteger a la familia.

d) Que la porciones normativas de los artículos impugnados vulneran el principio de igualdad y no discriminación de que debe gozar toda persona, de conformidad con el artículo 1o. constitucional, al mismo tiempo que se les priva del acceso a la protección familiar ordenada por el artículo 4o. constitucional, máxime que ambos derechos son fundamentales y reconocidos por diversos tratados suscritos y ratificados por el Estado Mexicano.

Que la citada discriminación se materializa en los artículos 40 y 165 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, al referirse al matrimonio como "una institución por medio de la cual se establece la unión voluntaria y jurídica de un hombre y una mujer" y al concubinato como "la unión de un hombre y una mujer", respectivamente, por lo que hacen una distinción implícita entre las parejas heterosexuales y las homosexuales; aunado a que dichos preceptos son excluyentes, pues dejan fuera de la hipótesis normativa a las parejas homosexuales negando su acceso a las figuras del matrimonio y del concubinato.

Que también los citados preceptos legales, reducen la posibilidad de acceso para que sólo las parejas heterosexuales puedan contraer matrimonio o configurar el concubinato y, en ese sentido, la discriminación materializada en aquellos artículos se basa en la preferencia sexual de las personas, ya que una pareja homosexual siempre estará conformada por personas con preferencia sexual hacia personas de su mismo sexo.

Que la discriminación por preferencia sexual es toda distinción, exclusión o restricción basada en las preferencias sexuales que tenga por efecto impedir el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

e) Que las parejas homosexuales cuentan con un derecho fundamental de recibir protección jurídica por parte del Estado cuando decidan formar una familia homoparental; en ese sentido, al contar todas las formas de familia con el mismo derecho a la protección del Estado, se entiende que la ley les confiere el mismo estatus de igualdad y, por ende, el legislador del Estado de Sinaloa se encuentra vinculado por el mandato constitucional previsto en el artículo 4o. de crear una garantía a la cual puedan acceder sin distinción cada una de las familias.

f) Que el legislador incurrió en una omisión legislativa al crear las figuras de matrimonio y de concubinato, a la cuales sólo pueden acceder las parejas heterosexuales, dejando fuera del orden jurídico a los homosexuales y, en virtud de tal omisión, los quejosos, como parejas homoparentales, resienten en su esfera jurídica una lesión, la cual permanece día con día mientras no se reestructure el sistema normativo local, privándoles de las garantías mediante las cuales pueden hacer efectivo el derecho fundamental de protección jurídica del Estado a su familia.

g) Que los quejosos, tanto de manera individual como integrantes de la familia homoparental que conforman, son titulares de los derechos fundamentales a la igualdad, a la no discriminación y al acceso a las figuras jurídicas que fungen como garantías de los propios derechos fundamentales.

h) Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado un precedente importante en el amparo en revisión **********, el cual es análogo al presente asunto, por lo que con las consideraciones de dicho amparo, queda perfectamente demostrada la discriminación en que incurren los artículos 40 y 165 del Código Familiar del Estado de Sinaloa.

i) Que la prohibición de que las parejas homosexuales accedan a la figura del matrimonio y al concubinato, sin más razón que la orientación o preferencia sexual, repercute de manera negativa en el libre desarrollo de la personalidad y se traduce en una injerencia arbitraria del Estado, por lo que se violan los artículos 2o., 11 y 28 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Que la norma jurídica está invadiendo espacios de la vida privada de las personas, a las que les corresponde únicamente decidir, sin que el legislador se encuentre legitimado para establecer directrices de conducta en ese rubro, pues el hecho de que alguien no contraiga matrimonio, que no lo haga aun viviendo en pareja, o que no lo haga con una persona de sexo distinto, como parte de su proyecto de vida, no implica que ese ser humano sea imperfecto; similar razonamiento aplica en caso de que no se desee tener hijos.

24. Sentencia recurrida. El secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, encargado del despacho, sobreseyó en el juicio, de acuerdo a lo siguiente:

a) Que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, contrario sensu, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior, al considerar que el artículo 40 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, es de carácter heteroaplicativo, ya que requiere forzosamente de un acto concreto de aplicación que afecte directamente la esfera jurídica de los gobernados, pues para actualizar el perjuicio a que hace referencia la ley de la materia, se necesita de un acto diverso que condicione su aplicación.

Que por ello, la prohibición que señalan los quejosos de poder contraer matrimonio entre personas del mismo sexo, no surge en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, en lo particular, que el oficial del Registro Civil, niegue el registro de ese acto jurídico.

Es decir, que para analizar la constitucionalidad del citado precepto legal, es necesario que los promoventes acrediten que era su voluntad contraer matrimonio ante el oficial del Registro Civil y que éste les hubiese negado ese derecho por ser personas del mismo sexo.

b) Que el artículo 165 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, al ser autoaplicativo requiere que los impetrantes acrediten que se encuentran en los supuestos de la norma, es decir, que justifiquen una relación de personas del mismo sexo, de manera permanente durante dos años o más, con exclusividad y que no se encuentren en matrimonio con otra persona.

Que no basta con que una ley o norma general sea considerada como autoaplicativa para que en automático se pueda impugnar por sus destinatarios, pues bastaría que se calificara con tal carácter para asumir indebidamente, que todos ellos tendrían interés jurídico para reclamarla por la vía de amparo.

Que en ese sentido, quienes se consideren agraviados deben acreditar, a través de los medios de convicción idóneos, que encuadran en la hipótesis normativa impugnada, en el caso concreto, que han tenido una relación en los términos señalados en ésta y que, por el desconocimiento de la norma por el hecho de ser personas del mismo sexo, han resentido afectación en su esfera jurídica.

Que los quejosos no acreditaron haberse encontrado en los supuestos de la norma.

25. Agravios. Como agravios la parte recurrente hizo valer los siguientes:

a) Que es incorrecta la consideración en la sentencia reclamada respecto del artículo 40 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, pues el mismo es de carácter autoaplicativo y no heteroaplicativo.

Que el legislador federal o local se encuentra sujeto al cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación, contenido en el artículo 1o. constitucional, así como en el artículo 1o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que al legislar en materia de matrimonio debió haber obedecido a dicho principio y no hacer distinción entre las personas en razón de su orientación sexual, ya que al definir a esa institución como un contrato que puede celebrarse únicamente entre un solo hombre y una sola mujer, implícitamente excluye a homosexuales de la posibilidad de celebrar ese acto jurídico.

Que sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas 1a. CV/2013 (10a.) y 1a. CII/2013 (10a.), de títulos y subtítulos: "MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. EL ARTÍCULO 143 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE OAXACA CONTIENE UNA EXCLUSIÓN IMPLÍCITA Y NO UNA OMISIÓN LEGISLATIVA." y "MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. EL ARTÍCULO 143 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE OAXACA VULNERA LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN."

Que no sólo se impugnó el artículo 40 del Código Familiar para el Estado de Sinaloa, por no permitir que los quejosos puedan contraer matrimonio, sino que también dicha prohibición implica una violación al principio de igualdad y no discriminación y en ese sentido, este derecho es violentado desde la entrada en vigor de dicho precepto tildado de inconstitucional, pues su sola redacción ya es excluyente y violatoria de derechos humanos.

Que resulta ilustrativa la tesis aislada 1a. XLVI/2012 (10a.), de título y subtítulo: "AMPARO DIRECTO CONTRA NORMAS GENERALES. LA EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL PARA SU IMPUGNACIÓN, CONSISTENTE EN LA EXISTENCIA DE UN ACTO DE APLICACIÓN CONCRETO DE LA DISPOSICIÓN NORMATIVA QUE SE TILDA DE INCONSTITUCIONAL, SE ACTUALIZA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SE ADUCE LA CONTRAVENCIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD O EQUIDAD TRIBUTARIA."

Que la esfera jurídica de las personas es vulnerada desde que se les trata de forma diferente con base en una de las categorías sospechosas a que se refieren los artículos 1o. constitucional y 1o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues los quejosos en su haber jurídico personal tienen derecho a no ser tratados de forma distinta o excluidos; por lo que cuando se actualiza esa distinción o exclusión se genera por sí mismo ese agravio y al mismo tiempo la responsabilidad del legislador al incumplir con su obligación de observar el principio de igualdad y no discriminación al momento de crear normas de aplicación general.

Que es autoaplicativo el artículo 40 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, ya que al haberse impugnado por la imposibilidad de contraer matrimonio y, porque ello, implica la violación al principio de igualdad y no discriminación, no se hace necesario un acto de aplicación, pues en automático se general tal vulneración y hace posible el análisis de constitucionalidad o convencionalidad de la norma.

b) Que aun cuando el Juez de Distrito reconoció la autoaplicabilidad del artículo 165 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, incorrectamente consideró que para el estudio de constitucionalidad debieron acreditarse los elementos normativos que permitieran concluir que los quejosos se encontraban en el supuesto de la norma y que, por ello, eran excluidos.

Que el citado artículo 165 se impugnó por violación al principio de igualdad y no discriminación, esto es que, por su sola redacción excluye y da un trato preferencial a las personas en razón de su orientación sexual, ya que como se señaló en la demanda de amparo, es imposible que tal como está definido el concubinato, éste pueda actualizarse en una pareja de dos personas del mismo sexo -dos hombres o dos mujeres-, pues para un homosexual encuadrar en el supuesto de un hombre y una mujer, implicaría la negación de su orientación sexual que forma parte primordial del libre desarrollo de su personalidad, así como de su dignidad como persona, ambos principios tutelados por el orden jurídico nacional e internacional en materia de derechos humanos.

c) Que es incorrecta la consideración de la sentencia reclamada de tener por improcedente el juicio de amparo en relación con la impugnación de los artículos 40 y 165 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, al no demostrar los quejosos el interés jurídico.

Lo anterior porque lo que realmente hicieron valer los quejosos en su demanda de garantías es un interés legítimo y colectivo, cuya naturaleza es distinta a la del interés jurídico.

Que de conformidad con la tesis 1a. XVIII/2013 (10a.), de título y subtítulo: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", el estudio de las causales de improcedencia, se debió apegar a los estándares y requisitos necesarios para acreditar el interés legítimo y no el jurídico.

Que cuando en la demanda de amparo se promueve con base en un interés legítimo y el Juez la analiza a la luz de los requisitos exigidos por el interés jurídico, se viola el principio de legalidad, pues la fundamentación y motivación es irregular al partir de una idea errónea de la causa de pedir en el juicio.

26. Estudio. Son fundados los agravios de los quejosos, en los que afirman, en esencia, que contrario a lo que considera el Juez de Distrito, se debió declarar procedente el amparo indirecto, pues tienen interés legítimo para impugnar los artículos 40 y 165 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, en la modalidad de normas autoaplicativas, sin necesidad de acreditar el acto de aplicación solicitado por el Juez de Distrito, a través de la negativa de una petición de los quejosos para celebrar matrimonio entre personas del mismo sexo, ni de demostrar que encuadran en la hipótesis normativa del concubinato.

27. Esta Sala el pasado veintitrés de abril de dos mil catorce, resolvió el amparo en revisión **********, por mayoría de cuatro votos, siendo ponente el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en el que analizó la constitucionalidad del artículo 143 del Código Civil del Estado de Oaxaca, que establece que el matrimonio es un contrato celebrado entre "un solo hombre y una sola mujer".

28. En la resolución que la Sala revisó en esa ocasión, el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo (vigente hasta el dos de abril de dos mil trece), en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la norma, al ser de naturaleza heteroaplicativa, para generar afectación a la parte quejosa requería de un acto de aplicación, el cual no fue acreditado; señaló el a quo, que los quejosos no demostraron que al tratar de celebrar el contrato de matrimonio, la autoridad correspondiente se hubiera negado a realizarlo en atención a su preferencia sexual.

29. Esta Sala, revocó el sobreseimiento decretado por el a quo, al estimar que los quejosos tienen interés legítimo para combatir la norma impugnada sin necesidad de acreditar acto de aplicación, toda vez que cuando la afectación a dicho interés se hace valer como el perjuicio asociado a la discriminación, la mera existencia de la ley causa esa afectación autoaplicativa; en consecuencia, dicha Sala se hizo cargo del estudio de los conceptos de violación a través de los cuales se combatió la constitucionalidad del artículo 143 del Código Civil para el Estado de Oaxaca, al ser violatorio del principio de igualdad y no discriminación.

30. Como se advierte del apartado V de este fallo, el presente caso es de contenido casi idéntico al precedente a que se ha hecho referencia en los anteriores párrafos, pues en éste se combaten los artículos 40 y 165 del Código Familiar del Estado de Sinaloa en las porciones que, respectivamente, establecen que, el matrimonio es una institución por medio de la cual se establece la unión voluntaria y jurídica de "un hombre y una mujer ...", y que "el concubinato es la unión de un hombre y una mujer quienes, libres de matrimonio ..."

31. La resolución que aquí se recurre, también sobreseyó en el juicio al considerar que, respecto al artículo 40 impugnado, no se acreditó acto de aplicación, no obstante que se reclamó como norma heteroaplicativa y, en relación con el artículo 165 reclamado, no se demostró que los quejosos se encontraran en los supuestos de dicha norma, la cual se estimó que fue controvertida como norma autoaplicativa; los agravios que combaten tal pronunciamiento, como se indicó en el párrafo 25, se dirigen a demostrar que los quejosos tienen interés legítimo para combatir los numerales impugnados, sin que sea necesario acreditar acto de aplicación alguno y, en los conceptos de violación, se plantearon argumentos a través de los cuales se pretende demostrar que las normas reclamadas son violatorias del derecho fundamental de igualdad y no discriminación.

32. En las condiciones señaladas, a continuación se retoman las consideraciones que en el citado amparo en revisión se sostuvieron en relación con la legislación del Estado de Oaxaca, pues resultan aplicables al caso que ahora se analiza.

33. Esta Primera Sala estima necesario abordar primeramente el concepto de interés legítimo, necesario para lograr la procedencia del juicio de amparo, introducido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, a partir de la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once. Al respecto, si bien ya existen criterios generales construidos en los precedentes de este Alto Tribunal que han ido delimitando su alcance, la interpretación del mismo es una tarea progresiva que impulsa a esta Suprema Corte a que, en el presente caso, revise una clasificación jurisprudencial derivada de la resolución de casos, cuyo centro gravitacional era el concepto de interés jurídico, a saber, las normas autoaplicativas y heteroaplicativas.

34. En efecto, la categoría conceptual que distingue ambos tipos de normas se ha utilizado para ordenar los efectos de las normas generales sobre la esfera de derechos de las personas; es decir, dicha distinción se estableció sobre la base del umbral de trascendencia de una norma a un derecho subjetivo (interés jurídico). Por tanto, se estableció que algunas normas generan perjuicio desde su entrada en vigor, mientras que otras requieren de un acto de aplicación.

35. Así pues, frente a la impugnación de los recurrentes en el presente caso, esta Primera Sala considera necesario abordar el tema de las condiciones de aplicación del concepto de interés legítimo en el amparo contra leyes, lo cual requiere una evaluación del esquema jurisprudencial construido para ordenar las posibilidades de afectación de las normas en las personas.

36. El desarrollo de las consideraciones de esta Primera Sala en este apartado se dividirá en los siguientes puntos: (a) se repasarán los criterios existentes sobre el concepto de interés legítimo; (b) se analizará el marco conceptual de las normas heteroaplicativas y las autoaplicativas; (c) se propondrá una adaptación conceptual de este criterio de clasificación al concepto de interés legítimo; y, (d) se analizará el caso concreto para determinar si los quejosos tienen interés legítimo para impugnar las leyes combatidas, para lo que se analizará la naturaleza particular de la afectación de la estigmatización generada por dos normas que transmiten un mensaje discriminatorio.

a) Interés legítimo

37. El artículo 107, fracción I, constitucional(2) establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos constitucionales y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o, en virtud de su especial situación frente al ordenamiento jurídico.

38. Dicha norma constitucional establece como presupuesto procesal de la acción constitucional que la parte actora sea titular de un derecho o interés jurídico, o bien, un interés legítimo. Dicho interés legítimo se vincula con la exigencia de alegar una violación a un derecho constitucional y resentir una afectación en la esfera jurídica, por la especial situación que el quejoso ocupa frente al ordenamiento jurídico.

39. Al respecto, esta Primera Sala se ha pronunciado sobre el significado constitucional del concepto de interés legítimo, al resolver el amparo en revisión **********, el cinco de septiembre de dos mil doce.(3) En dicha ocasión, esta Sala precisó que el interés legítimo se traduce en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple.

40. El interés legítimo abrió la gama de posibilidades para acudir al juicio de amparo, pues no se exige la acreditación, a cargo del quejoso, de la existencia de un derecho subjetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico o la necesidad de probar un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la concesión del amparo. Así, se concluyó que el interés legítimo es aquel interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso.

41. En el precedente citado también se diferenció al interés simple o jurídicamente irrelevante como aquel que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado y, por ende, éste no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. Al respecto, resulta aplicable la tesis de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE."(4)

42. Del anterior párrafo se desprende que el interés legítimo debe estar garantizado por un derecho objetivo (sin que necesariamente dé lugar a un derecho subjetivo) y debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra.(5)

43. Además, esta Primera Sala, en la contradicción de tesis ********** emitida el seis de marzo de dos mil trece,(6) estableció que el interés legítimo permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo -noción asociada clásicamente al interés jurídico. Así, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad, cuyo contenido normativo no está dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en la esfera jurídica de la persona, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. En este sentido, bien cabría hablar de un agravio personal e indirecto-(7) en oposición al agravio personal y directo exigido por el interés jurídico.

44. De lo anteriormente expuesto, esta Sala concluyó que los Jueces constitucionales deben considerar cuidadosamente las relaciones jurídicas en que se insertan las personas en cada caso, pues justamente, por la intensidad del intercambio de negocios jurídicos en un Estado constitucional de derecho, es necesario determinar individualmente las posibilidades de perju

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26050-a4b51d03/matrimonio-entre-personas-del-mismo-sexo-la-definicion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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