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REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LA DENUNCIA RELATIVA ES FUNDADA CONTRA RESOLUCIONES SUSTENTADAS EN PRECEPTOS DECLARADOS INCONSTITUCIONALES POR SENTENCIA FIRME, RESPECTO DEL QUEJOSO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2015. · Registro digital (IUS): 26086
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2016-01-15
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Enero de 2016, Tomo IV, Pág. 2543.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 11 DE NOVIEMBRE DE 2015. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ LUIS ARROYO ALCÁNTAR, JOSÉ MORALES CONTRERAS, GERARDO DÁVILA GAONA, BERNARDINO CARMONA LEÓN Y FERNANDO RODRÍGUEZ ESCÁRCEGA. PONENTE: JOSÉ MORALES CONTRERAS. SECRETARIA: GRICELDA GUADALUPE SÁNCHEZ GUZMÁN.

Acapulco, Guerrero. Acuerdo del Pleno del Vigésimo Primer Circuito, correspondiente al día once de noviembre de dos mil quince.

RESULTANDO:

PRIMERO.-Mediante escrito presentado el trece de mayo de dos mil quince, ********** denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, ambos con residencia en Acapulco, Guerrero, al resolver, el primero de ellos, el recurso de inconformidad ********** y, el segundo, el recurso de inconformidad **********.

SEGUNDO.-Por auto de veintinueve de mayo de dos mil quince, el Magistrado José Luis Arroyo Alcántar, presidente del Pleno del Vigésimo Primer Circuito, admitió a trámite la denuncia de contradicción entre los criterios sustentados por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, ambos con residencia en Acapulco, Guerrero, en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, 41 Bis, 41 Ter, fracción I y 41 Quáter 1, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 14, fracción VI, del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, por lo que asumió jurisdicción para conocer y resolver la contradicción de tesis en cuestión; previamente, por acuerdo de catorce de mayo citado, ordenó formar el expediente respectivo y registrar en el libro bajo el número **********.

TERCERO.-Por proveído de siete de julio de dos mil quince, el secretario de Acuerdos dio cuenta al Magistrado presidente del Pleno del Vigésimo Primer Circuito, con los oficios 6424 y 5737, del dos y once del mes y año citados, signados, respectivamente, por los secretarios del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este circuito, en el que informan que el criterio sustentado en el recurso de inconformidad 10/2014 aún se encuentra vigente. Así como la remisión del disco compacto que contiene el archivo digital de la referida ejecutoria dictada en el citado recurso de inconformidad.

CUARTO.-El dos de septiembre de dos mil quince, el secretario de Acuerdos del Pleno del Vigésimo Primer Circuito dio cuenta con el estado procesal que guardan los autos de la contradicción de tesis 4/2015; así como que la copia certificada de las resoluciones de las cuales se desprendieron los criterios, cuya contradicción fue denunciada por ********** y los órganos contendientes informaron que los criterios denunciados se encuentran vigentes.

Así también, con fundamento en los artículos 41 Quáter 1, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 13, fracciones VI y VII, 28 y 29 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, ordenó turnar para resolución el expediente de contradicción de tesis 4/2015, al Magistrado José Morales Contreras, en representación del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

QUINTO.-Finalmente, el tres de septiembre de dos mil quince, la Secretaría de Acuerdos del Tribunal del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, dio cuenta al Magistrado presidente con el oficio ********** y los autos relativos a la contradicción de tesis 4/2015, los cuales se tuvieron por recibidos de conformidad y se ordenó que fueran turnados para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente a los secretarios de tribunal de la ponencia a cargo del Magistrado José Morales Contreras, conforme al turno rotativo que se lleva en dicho tribunal.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-El Pleno del Vigésimo Primer Circuito es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, 41 Bis, 41 Ter, fracción I y 41 Quáter 1, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 14, fracción VI, del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en atención a que los asuntos de los que deriva el posible punto de contradicción son materia de la competencia del Pleno del Vigésimo Primer Circuito.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de la contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que fue realizada por **********, quien ostenta la calidad de autorizado de la parte quejosa dentro del juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en Acapulco, Guerrero.

TERCERO.-En primer lugar, es conveniente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados de Circuito que participan en esta contradicción de tesis expusieron en las ejecutorias de las que derivaron los criterios que el denunciante estimó divergentes.

Así, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al fallar el recurso de inconformidad **********, sostuvo, en lo conducente, lo que a continuación se transcribe:

Recurso de inconformidad **********:

"CUARTO.-El recurso de inconformidad planteado por la parte quejosa resulta procedente, toda vez que, a través de éste, se impugna la resolución de nueve de abril del año en curso, mediante la cual, el Juez del conocimiento declaró improcedente la denuncia de repetición del acto reclamado.

"Se sostiene tal apreciación, no obstante que el artículo 201, fracción III, de la ley de la materia, de manera expresa, señale que el recurso de inconformidad procede en contra de la resolución que ‘Declare sin materia o infundada’ la denuncia de repetición del acto reclamado; ello, en razón de que la determinación que decreta la improcedencia de esta denuncia es análoga a aquella que la declara infundada o sin materia.

"Precisado lo anterior, se tiene que, en los agravios que formula la inconforme, refiere que la resolución impugnada es ilegal, porque contrario a lo que consideró el Juez a quo, en el caso concreto no aplica la tesis de rubro: ‘REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LA DIFERENCIA DE DICHO INCIDENTE CON EL DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA RADICA EN QUE AQUÉL SÓLO PROCEDE SI EXISTE RESOLUCIÓN FIRME DEL JUZGADOR DE AMPARO QUE DECLARA CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR DE GARANTÍAS.’, en que se apoyó para declarar la improcedencia de la denuncia de repetición del acto reclamado.

"Que ello es así, porque la litis constitucional en donde se le concedió el amparo guarda relación con la inconstitucionalidad de leyes tributarias; en tanto que, en dicho criterio jurisprudencial se examinó una inconformidad relacionada con el amparo concedido por indebida notificación de unos oficios de prevención.

"Por eso, sostiene que, para la configuración de la repetición del acto reclamado en tratándose de amparo contra leyes, no es necesario que el acto que se estima repetitivo del acto declarado inconstitucional sobrevenga con posterioridad a que haya adquirido firmeza el auto que declara cumplida la ejecutoria.

"Son esencialmente fundados los motivos de disenso así planteados, los cuales se suplen en su deficiencia por tratarse de una cuestión de orden público y de interés general, porque la sociedad está interesada en que se respete el principio jurídico-procesal de ‘cosa juzgada’ y, por ende, la fuerza vinculatoria de las ejecutorias de amparo.

"Tiene puntual aplicación la jurisprudencia 2a./J. 16/2004, localizable con el número de registro IUS 181948, página 323, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, marzo de 2004, Novena Época, materia común, que textualmente dice:

"‘INCONFORMIDAD. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DEBE SUPLIR LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO EN AQUÉLLA SE INSISTE QUE EXISTIÓ REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO.-La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia 2a./J. 28/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 125, de rubro: «INCONFORMIDAD. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DEBE SUPLIR LA QUEJA DEFICIENTE Y EXAMINAR SI SE CUMPLIÓ O NO CON LA SENTENCIA.», que cuando se está en los casos de inconformidad relativa al acatamiento de un fallo constitucional, ese Alto Tribunal debe resolver, allegándose los elementos que estime convenientes, aunque el inconforme haya omitido expresar argumentos al respecto, suplir la deficiencia y analizar si se cumplió o no con la sentencia. Dicho criterio resulta aplicable por analogía cuando se trata de la determinación de la autoridad jurisdiccional en la que considera inexistente la repetición del acto reclamado, pues aun cuando ambos casos constituyen hipótesis diferentes, con base en el principio de que «donde existe la misma razón debe existir igual disposición», cabe tal aplicación, toda vez que en uno y otro supuestos lo que esencialmente se discute es el respeto a una ejecutoria de amparo, dado el carácter de orden público que tiene su cumplimiento, por no haberse acatado, o bien, por haberse emitido otro acto repetitivo del que fue declarado inconstitucional.’

"Para corroborar la premisa básica que orienta el sentido de esta determinación, es necesario tener en cuenta el argumento básico en que se apoya la resolución impugnada; para lo cual, enseguida se transcribe en la parte conducente:

"‘... PRIMERO.-Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de repetición del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el artículo 199 de la Ley de Amparo.-SEGUNDO.-Se estima inútil analizar la existencia del acto que se denuncia como repetitivo del reclamado en el juicio de garantías número 151/2013 del índice oficial de este juzgado, el cual fue objeto y materia de la sentencia que concedió el amparo a la quejosa ********** en su carácter de albacea de la sucesión testamentaria a bienes de **********, puesto que la repetición del acto reclamado tiene como condición esencial y, por ello, imprescindible, que la conducta de la autoridad que se estima repetitiva del acto declarado inconstitucional acontezca después de que el órgano jurisdiccional que conoció del juicio de amparo, mediante resolución firme declare cumplida la ejecutoria que concedió la protección de la justicia, es decir que esa determinación tenga plena firmeza; de manera tal, que como dicha condición en el caso específico no se encuentra satisfecha, es inconcuso que la referida denuncia de repetición del acto reclamado deviene improcedente y así debe declararse.-Este criterio, en lo conducente se orienta en la tesis identificada con el número I.7o.A. 122 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página mil trescientos ochenta y uno del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, correspondiente al mes de noviembre de dos mil ocho, cuyos rubro y contenido textualmente son como sigue: «REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LA DIFERENCIA DE DICHO INCIDENTE CON EL DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA RADICA EN QUE AQUÉL SÓLO PROCEDE SI EXISTE RESOLUCIÓN FIRME DEL JUZGADOR DE AMPARO QUE DECLARA CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR DE GARANTÍAS.» (se transcribe).-Por lo expuesto y fundado en el artículo 199 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO.-Se declara improcedente la denuncia de repetición del acto reclamado denunciada por ********** autorizado de la directa quejosa ********** en su carácter de albacea de la sucesión testamentaria a bienes de **********.-Notifíquese personalmente ...’ (fojas 637-640 del juicio de amparo)

"Como podrá apreciarse de la transcripción, el resolutor federal declaró improcedente la denuncia de repetición del acto reclamado, bajo el argumento de que ésta tiene como condición esencial y, por ello, imprescindible, que la conducta de la autoridad que se estima repetitiva del acto declarado inconstitucional acontezca después de que el órgano jurisdiccional que conoció del juicio de amparo, mediante resolución firme, declare cumplida la ejecutoria que concedió el amparo a la parte quejosa; de ahí que tal denuncia resulte improcedente, porque a la fecha en que se presentó aún no declaraba cumplido el fallo protector.

"Argumento que, como bien lo refiere el promovente, es contrario a la formalidad que rige al procedimiento de ejecución de sentencias en el juicio de garantías, dado que, en efecto, en tratándose de amparo contra leyes, no es necesario que la parte quejosa se espere hasta que el Juez de Distrito emita resolución firme en la que declare cumplida la ejecutoria; sobre todo, si el nuevo acto de aplicación de la ley que se declaró inconstitucional está totalmente desvinculado de dicho procedimiento de ejecución.

"Como ocurre en el caso concreto, porque el acto de aplicación de la ley, cuya inconstitucionalidad se declaró en la sentencia protectora y que se denunció como reiterativo, tuvo lugar con motivo del pago que realizó la quejosa respecto del impuesto predial para el ejercicio fiscal de dos mil catorce; mientras que el diverso acto de aplicación de dicha ley que se reclamó en el juicio de amparo y que dio origen a la emisión de la mencionada sentencia, se generó en relación con el pago que la propia impetrante llevó a cabo respecto del mismo impuesto, pero para el ejercicio fiscal de dos mil trece.

"En otras palabras, el nuevo acto de aplicación de la ley, cuya inconstitucionalidad se declaró en la sentencia de amparo y que se denunció como reiterativo, no guarda relación alguna con los actos que deben o debían llevar a cabo las autoridades responsables del ********** de **********, **********, para cumplir con la multicitada ejecutoria; de manera que el hecho de que en la fecha en que se presentó la denuncia de repetición del acto reclamado aún no se dictaba resolución firme que tuviera por cumplido el fallo protector, en nada incide ni afecta el trámite y resolución definitiva que recaiga a la mencionada denuncia.

"Se sostiene lo anterior, porque sobre el tema ya se pronunció, en la parte conducente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, y concluyó que la solicitud de insubsistencia de actos emitidos por la autoridad administrativa, cuya fecha sea posterior al día en que adquirió definitividad la protección constitucional concedida al quejoso contra una ley tributaria, debe tramitarse por cuerda separada, a través de la denuncia de repetición del acto reclamado, al ser la vía expresamente instituida para juzgar lo relativo a la reiteración de una conducta ya sentenciada en el juicio de garantías, en términos del artículo 108 de la Ley de Amparo abrogada (análogo al numeral 199 de la ley de la materia en vigor).

"Añadió que si el contribuyente, a pesar de haber obtenido el amparo en sentencia firme, continúa enterando la contribución relativa a través de su autoliquidación, la vía para obtener la devolución de las cantidades enteradas con posterioridad a la ejecutoria es la prevista en las leyes fiscales para recuperar el pago de lo indebido, y solamente ante la negativa ficta o expresa para hacerlo, tal proceder, equiparable a una reiteración de lo declarado inconstitucional en la ejecutoria, también podrá denunciarse como repetición del acto reclamado, al órgano jurisdiccional que conoció del juicio de amparo indirecto, a fin de que, en su caso, se conmine a las autoridades renuentes a respetar la sentencia ejecutoria.

"Que ello es así, porque en tratándose del sistema de recaudación de contribuciones a través del sistema de autoliquidación, no existe un acto imputable al fisco; de manera que, en principio, no habría autoridad alguna a la cual atribuirle la repetición del acto reclamado, a menos que, a la que le corresponda esa restitución, se resista a devolver lo indebidamente pagado; como ocurrió en el caso particular, si se toman en cuenta los siguientes elementos de convicción:

"Los argumentos torales que sustentan los efectos del fallo protector dictado en el juicio de garantías de donde deriva el presente recurso de inconformidad, en lo que interesa, son del siguiente tenor literal:

"‘... es evidente que en el decreto por el que se emitió la Ley de Hacienda Municipal Número 677, así como el Decreto Número 118, a través del cual se reformaron algunas de sus disposiciones, no se satisfizo uno de los requisitos para la formación válida del acto legislativo, como lo es el refrendo del secretario de Finanzas y Administración, de conformidad con el artículo 76 de la Constitución Local y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, lo que se traduce en una violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas por el artículo 16 constitucional.-Lo anterior se estima así, porque como se puede observar de lo reseñado con antelación, la Ley de Hacienda Municipal Número 677, prevé en sus artículos 1, 2, 7, 10 y 17, cuáles son los elementos esenciales del impuesto predial, esto es, el objeto, sujeto, base, tarifa y época de pago; por tanto -como lo señala la quejosa-, si la Ley Número 132 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil trece, en su artículo 2, dispone que «Artículo 2. Las contribuciones que se perciban serán las conceptuadas por esta ley de conformidad con el objeto, sujeto, base, cuota, tasa o tarifa y época de pago a que se refiere la Ley de Hacienda Municipal Número 677.», aun y cuando su numeral 8 regula la base y tasa para calcular el tributo de que se trata, lo que podría considerarse que trae aparejado que el vicio alegado respecto del artículo 10 de la Ley de Hacienda Municipal, Número 677 que también corresponde a dicho extremo, quedara subsanado; ello no acontecería por lo que ve a los restantes numerales en los que se regulan otros elementos esenciales del impuesto predial.-Entonces, puede afirmarse que el cobro que se le realizó a la quejosa por concepto de impuesto predial deviene inconstitucional, porque para realizar el cálculo del impuesto previsto en el aludido artículo 8 de la Ley Número 132 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil trece, necesariamente se apoyó en una legislación que presenta dicho vicio formal y, por ende, impide que los restantes elementos esenciales del tributo de que se trata puedan válidamente vincularla al cumplimiento de esa obligación tributaria.-En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado la jurisprudencia 2a./J. 95/2011, publicada en la página 759, Tomo XXXIV, julio de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente señala: «REFRENDO DE LOS DECRETOS PROMULGATORIOS DEL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. CORRESPONDE AL SECRETARIO DE GOBIERNO Y AL FUNCIONARIO DEL RAMO RELATIVO.» (se transcribe) ... Por lo expuesto, si el vicio formal destacado incide sobre la validez de las normas reclamadas, lo procedente es conceder a **********, en su carácter de albacea de la sucesión testamentaria a bienes de **********, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que en lo futuro no se le apliquen las disposiciones legales que se estiman inconstitucionales, única y exclusivamente en lo relativo al impuesto predial y para que la autoridad responsable **********, con sede en esta ciudad, devuelva el monto del pago realizado a través del recibo oficial con número de folio **********, por concepto de impuesto predial y sus accesorios realizado el veintidós de enero de dos mil trece, por la cantidad de**********.-Es ilustrativa sobre el particular, la tesis aislada I.15o.A.24 K, integrada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 2527, del Tomo XXVI, septiembre de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: «EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL. LOS VICIOS FORMALES TIENEN MAYOR ALCANCE QUE LOS VICIOS MATERIALES.» (se transcribe).-Asimismo, debe señalarse que a fin de restituir a la quejosa en el pleno goce de la garantía constitucional violada, la autoridad responsable indicada deberá devolver dicha cantidad actualizada hasta el momento en que realice el pago correspondiente.-Es aplicable por analogía la jurisprudencia 2a./J. 13/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 592, Tomo XXVII, febrero de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto rezan: «LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL).» (se transcribe).-Así como la jurisprudencia número P./J. 112/99 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página 19, Tomo X, noviembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dispone: «AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA.» (se transcribe).-Y el diverso criterio 2a. CXI/2004 emitido también por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 603, Tomo XXI, enero de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: «CONSTITUCIONALIDAD FORMAL. EL AMPARO CONCEDIDO POR ESTE ASPECTO TIENE EFECTOS LIMITADOS HACIA LOS ARTÍCULOS APLICADOS EN PERJUICIO DEL QUEJOSO, SIN ABARCAR A TODA LA LEY.» (se transcribe) ...’

"Como se puede ver, los argumentos torales que rigen el sentido de la sentencia ejecutoria dictada en el juicio de garantías, de donde deriva la presente inconformidad, fueron en el sentido de declarar la inconstitucionalidad de diversos preceptos de la Ley de Hacienda Municipal Número 677, en la parte relacionada con el impuesto predial para el ejercicio fiscal de dos mil trece; concretamente, los artículos 1, 2, 7, 10 y 17, porque éstos regulan los elementos esenciales de dicha contribución, como son: el objeto, sujeto, base, tarifa y época de pago.

"Lo anterior, porque así lo dispone de manera expresa el diverso numeral 2 de la Ley Número 132 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil trece, al señalar que: ‘... Las contribuciones que se perciban serán las conceptuadas por esta ley, de conformidad con el objeto, sujeto, base, cuota, tasa o tarifa y época de pago a que se refiere la Ley de Hacienda Municipal Número 677. ...’

"Además, en la propia argumentación se aclaró que los efectos del amparo concedido a la quejosa **********, en su carácter de albacea del de cujus ********** (ahora inconforme), consistían en protegerla contra la aplicación ‘presente y futura’ de los preceptos legales, cuya inconstitucionalidad se decretó; invocando al efecto la jurisprudencia P./J. 112/99, que se puede consultar con el número de registro IUS 192846, foja 19 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, Novena Época, materias constitucional-común, cuya literalidad es la siguiente:

"‘AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA.-El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 Bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro.’

"Ahora bien, según se reseñó en el considerando octavo que antecede, por escrito presentado el doce de marzo de dos mil catorce, **********, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, denunció la repetición del acto reclamado en contra de las autoridades municipales responsables **********, ambos del **********, a raíz de haberle cobrado a la quejosa **********, en su carácter de albacea del de cujus **********, el impuesto predial en relación con el ejercicio fiscal de dos mil catorce, respecto de diversos inmuebles.

"Que lo anterior se materializó en cada uno de los nueve recibos oficiales de pago de dicha contribución que adjuntó a la denuncia, identificados con los números de folios **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********.

"En la inteligencia de que, en cada uno de esos recibos aparece que la autoridad administrativa exactora le volvió a aplicar a la quejosa **********, en su carácter de albacea del de cujus ********** los artículos 1, 2 y 7 de la Ley de Hacienda Municipal Número 677, aunque para el ejercicio fiscal de dos mil catorce, los que se declararon inconstitucionales en la sentencia que le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de tales preceptos; con lo cual, se configuró la repetición del acto reclamado, toda vez que esos preceptos de la citada ley continúan vigentes, al no haber sufrido reforma alguna posterior a la fecha en que se declaró su inconstitucionalidad a favor de la mencionada quejosa.

"Sin que obste a lo anterior el hecho de que la repetición del acto reclamado se configuró a través de una autoliquidación (porque no está acreditado que las autoridades responsables hayan requerido a la quejosa el pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal de dos mil catorce), toda vez que el personal que desempeña el cargo de ‘cajeros’ y que reciben directamente el pago de las contribuciones municipales, están subordinados a las autoridades del **********, señaladas como responsables en el juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional a la quejosa en contra del impuesto de referencia.

"Ello, en atención a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26086-0f1d4882/repeticion-del-acto-reclamado-la-denuncia-relativa-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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