NEGATIVA FICTA. EL SOLO ACTO DE ENTREGA DE FACTURAS POR EL PROVEEDOR A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, PREVIA ENTREGA DEL BIEN O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO, POR SÍ MISMO, NO CONSTITUYE UNA PETICIÓN QUE SEA SUSCEPTIBLE DE CONFIGURAR AQUELLA FIGURA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CUERNAVACA, MORELOS Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 14 DE DICIEMBRE DE 2015. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JUAN BONILLA PIZANO, JORGE HÉCTOR CORTÉS ORTIZ, HUGO GÓMEZ ÁVILA Y TOMÁS GÓMEZ VERÓNICA. IMPEDIDO: JAIME CRISANTO RAMOS CARREÓN. PONENTE: HUGO GÓMEZ ÁVILA. SECRETARIO: JOSÉ LUIS VÁZQUEZ LÓPEZ.
Zapopan, Jalisco, Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, correspondiente al día catorce de diciembre de dos mil quince.
VISTOS; para resolver el expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis identificada al rubro; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante el oficio **********, presentado el uno de septiembre de dos mil quince ante el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, por conducto de su presidente, denunció la posible contradicción de criterios entre ese tribunal, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, y el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Cuernavaca, Morelos, al resolver los juicios de amparo directo **********, ********** y ********** (auxiliar **********), respectivamente. El último en apoyo del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito; asimismo, el órgano jurisdiccional denunciante remitió copia certificada de la ejecutoria correspondiente.
SEGUNDO.—Trámite del asunto. En auto de catorce de dos de septiembre de dos mil quince, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, admitió a trámite la denuncia y ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente denuncia de contradicción de tesis con el número **********.
En el citado proveído se indicó que los criterios contendientes referidos por el tribunal denunciante, son los siguientes:
El criterio derivado de la ejecutoria del amparo directo **********, de fecha once de junio de dos mil quince, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por unanimidad de votos, en lo que interesa, se desprende que se consideró que la falta del pago derivado de las facturas presentadas por la parte quejosa para cobro ante la autoridad demandada con motivo de un contrato administrativo, no trae como consecuencia jurídica la configuración de una resolución de negativa ficta, dado que para considerar que se produce esa ficción legal, debe elevarse una petición expresa ante la autoridad, a efecto de entablar una relación de supra a subordinación, que vincule al gobernado con su respuesta, lo que no acontece con la sola presentación de las facturas para su cobro; asimismo, precisó, que en ese caso la obligación de pago se encontró regulada en el contrato mismo y en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que no existió un estado de incertidumbre o vacío legal que debió ser colmado en relación con las obligaciones contractuales de la autoridad administrativa y, en esa medida, señaló que la figura jurídica de la negativa ficta sólo puede actualizarse respecto de cuestiones no previstas en el contrato administrativo o reguladas expresamente en la ley, y que por ello requieren de una petición o instancia y una respuesta de la autoridad.
Los criterios que a juicio del Tribunal Colegiado denunciante sostuvieron lo contrario, emanan de las ejecutorias del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, así como el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Cuernavaca, Morelos, en el expediente auxiliar de amparo directo **********, derivado del diverso **********, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
En el mencionado auto de admisión se solicitó a los presidentes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Cuernavaca, Morelos, remitieran copia certificada de los juicios de amparo directo ********** y ********** (**********) contendientes, que informaran si el criterio sustentado en los asuntos referidos se encontraban vigentes o, en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados.
TERCERO.—Por acuerdo de presidencia del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de ocho de septiembre de dos mil quince, se tuvo por recibido el oficio **********, signado por la secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual, remitía copia certificada de todo lo actuado en el juicio de amparo directo **********, de su índice, y hacía del conocimiento del Pleno que el criterio sustentado en ese asunto se encontraba vigente.
Por acuerdo de dieciséis de septiembre de dos mil quince, se tuvo por recibido el oficio **********, signado por la secretaria de Acuerdos del Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Cuernavaca, Morelos, mediante el cual, remitía copia certificada y disco óptico de la ejecutoria dictada en el expediente auxiliar ********** (no **********, como se indicó) derivado del juicio de amparo directo **********, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y hacía del conocimiento de este Pleno que el criterio sustentado en ese asunto se encontraba vigente.
En este último proveído se ordenó turnar los autos de esta contradicción de tesis **********, al Magistrado Hugo Gómez Ávila, adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. El Pleno en Materia Administrativa es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios sustentados por dos Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito y un Tribunal Colegiado de Circuito Auxiliar, en apoyo de diverso Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del propio Tercer Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que emitió el criterio contendiente derivado de la sentencia dictada en el juicio de amparo directo **********.
TERCERO.—Criterios contendientes. El contenido de las ejecutorias que participan en la contradicción de tesis, en lo que interesa, es el siguiente:
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver, por unanimidad de votos el juicio de amparo directo **********, en sesión de veinte de enero de dos mil quince, estableció:
"IV. La resolución reclamada, en lo conducente, dice:
"‘… la resolución impugnada en el presente juicio la constituye la resolución negativa ficta recaída a las solicitudes de pago de las estimaciones por suministro, presentadas ante la **********, S.A. de C.V., los días 27 de septiembre de 2011 y 28 de noviembre 2012, por las cantidades de ********** y **********, respectivamente, derivadas del contrato de suministro y colocación de herrería para la remodelación y equipamiento del domo **********, en Guadalajara, Jalisco, número **********; sin embargo, se advierte que las solicitudes de pago que dieron lugar a la configuración de la resolución negativa ficta que pretende impugnar la parte actora, son las propias facturas presentadas para pago ante la autoridad demandada, de las cuales se desprende que la persona nombrada como representante legal de la entidad demandada acusó recibo de las mismas, estampando su firma y la fecha en que ello aconteció.’
"…
"VI. Son sustancialmente fundados los conceptos de violación que han quedado transcritos.
"…
"… en términos del artículo 14, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (transcrito en los conceptos de violación en estudio), a las Salas Fiscales les corresponde conocer de los juicios promovidos contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos en materia administrativa sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública federal.
"En esos casos, los fundamentos de los actos administrativos los constituyen, además de la normatividad respectiva, las cláusulas o disposiciones que el contratista y el Estado pactaron en el contrato para regular aspectos esenciales del negocio, como son, el objeto material, precio, fecha de entrega de la obra, origen de los recursos, origen y forma de pago, ajuste de costos, entre otros, los cuales determinan la actuación de las partes en la relación jurídica contractual y, por tanto, a ellos debe atenderse principalmente para resolver cualquier problemática planteada. Es aplicable, por las razones que la informan, la tesis que se comparte y que invoca la quejosa bajo el rubro: ‘CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS DE UNA RESOLUCIÓN RECAÍDA A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DERIVADO DE UN ACTO DE ESA NATURALEZA, LO CONSTITUYEN LA NORMATIVIDAD RESPECTIVA, EL CLAUSULADO Y LOS HECHOS QUE LA MOTIVARON.’
"Consecuentemente, para dilucidar si se configuró o no una resolución negativa ficta, en una relación derivada de un contrato de adquisiciones celebrado con una entidad de la administración pública federal, es necesario tomar en cuenta no sólo la normatividad aplicable, sino sobre todo, el clausulado pactado en el contrato en cuestión, puesto que este último elemento es el que da origen a la relación contractual entre la entidad estatal y el particular, determinando las obligaciones y derechos que hay a cargo de cada parte.
"En la especie, ciertamente nos encontramos ante una relación derivada de un contrato de adquisiciones celebrado con una entidad de la administración pública federal, pues el contrato de que se trata (de suministro y colocación de herrería para la remodelación y equipamiento del domo **********, en Guadalajara, Jalisco –fojas 34 a 47 del expediente de nulidad–), lo asignó a la actora, una empresa de participación estatal mayoritaria (lo que no discute ninguna de las partes), conforme a lo establecido por el artículo 134 constitucional, mediante procedimiento de adjudicación directa, como consta en la declaración I.8. de dicho contrato.
"Ahora bien, en la cláusula cuarta de dicho contrato, se pactó la forma y lugar de pago, de la siguiente manera:
"‘Cuarta. Forma y lugar de pago. Las partes convienen que el monto señalado en la cláusula tercera del presente instrumento jurídico, se pague de la siguiente forma: «la entidad» realizará diversos pagos a «el proveedor», mismos que podrán ser efectuados de conformidad con el avance en el suministro objeto de este contrato.—Los pagos se realizarán en la caja de **********, dentro de los 20 (veinte) días naturales contados a partir de la entrega de la factura respectiva, previa prestación de los suministros en los términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la oficinas de **********, con la siguiente documentación: I. Factura que deberá cumplir con los requisitos fiscales establecidos por las leyes de la materia, con desglose del IVA y los requisitos de **********.—II. Acta entrega recepción debidamente requisitada.’ (fojas 37 y 38 id)
"Luego, si se convino en que los pagos los realizaría la entidad demandada, dentro de los veinte días naturales contados a partir de la entrega de la factura respectiva, es claro, entonces, que el solo acto de presentar las facturas ante la entidad en cuestión, implica una comunicación natural y propia entre las partes, que conlleva la petición de pago de las contraprestaciones, ya que esa forma de comunicación, es la derivada de los términos del contrato, y ante su falta de resolución, es que pueda configurarse la ficción jurídica de la negativa ficta, al ser la respuesta a la solicitud de pago, un acto de naturaleza constitutiva sobre el cumplimiento de un contrato administrativo de adquisiciones y, por tanto, de tal negativa ficta, debe conocer la Sala responsable, al tratarse la negativa de pago, de una resolución unilateral y definitiva de la entidad demandada. Tiene aplicación, por las razones que la informan, la tesis que invoca la quejosa, misma que se comparte y que dice: ‘NEGATIVA FICTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. OPERA ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE EMITIR UNA RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE PAGO DERIVADA DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EN EL PLAZO DE CUATRO MESES, AL SER UN ACTO DE NATURALEZA CONSTITUTIVA (TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 12 DE JUNIO DE 2008).’ (transcribe texto). Asimismo, por las razones que la informan, es aplicable y se comparte, la diversa tesis que reza: ‘TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, INCLUYENDO LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON SUS PRESTACIONES.’ (transcribe texto)
"Al no advertirlo así, es evidente que el tribunal responsable vulneró en perjuicio de la quejosa, las garantías de legalidad y seguridad jurídica, consagradas en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, lo que obliga a conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Sala Fiscal deje insubsistente el proveído reclamado, prosiguiendo el juicio de nulidad y, en su oportunidad, resuelva como en derecho corresponda la instancia que se le planteó, claro está, absteniéndose de sobreseer con base en los motivos que ya se estimaron desacertados."
El Sexto Tribunal Colegiado de Circuito Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Cuernavaca, Morelos, al resolver, por unanimidad de votos, el juicio de amparo directo ********** (auxiliar **********), en sesión de doce de marzo de dos mil quince, consideró:
"La autoridad responsable fundó la sentencia reclamada en las consideraciones siguientes:
"…
"La empresa actora compareció a demandar, de manera específica: 1. La negativa ficta que operó ante la omisión de la entidad demandada de dar respuesta a las solicitudes de pago de las estimaciones por suministro, mismas que se hicieron formalmente el día 27 de noviembre de 2012, concernientes al contrato de suministro número **********.—2. Como consecuencia de lo anterior, se reclama: a. El incumplimiento a la obligación derivada del artículo (sic) 51, primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 89 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y la cláusula cuarta del contrato de suministro número **********, consistente en el pago de las estimaciones 1 y 2 (finiquito), por la cantidad de ********** pesos, y ********** pesos, respectivamente, que en total suman la cantidad total de ********** pesos (monto original total del contrato), dentro de los 20 días naturales siguientes a partir de la entrega de la factura respectiva y de la prestación de los suministros correspondientes.—b. El pago de los gastos financieros a los que se refiere el artículo 51, segundo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sobre las cantidades no pagadas e identificadas en el inciso anterior, y computados desde la fecha de la constitución de la mora y hasta el momento en que se haga el pago total de las mismas (sic folios 1 y 2 de autos).
"…
"SEXTO.—Estudio. Antes de analizar los conceptos de violación, se precisan algunos antecedentes de la resolución reclamada.
"…
"… en términos del artículo 14, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, corresponde a las Salas Fiscales conocer de los juicios promovidos contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos en materia administrativa sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública federal, como se aprecia de la siguiente transcripción: (lo transcribe)
"En esos casos, como lo afirma la parte quejosa, los fundamentos de los actos administrativos los constituyen, además de la normatividad respectiva, las cláusulas o disposiciones que el contratista y el Estado pactaron en el contrato para regular aspectos esenciales del negocio, como son, el objeto material, precio, fecha de entrega de la obra, origen de los recursos, origen y forma de pago, ajuste de costos, entre otros, los cuales determinan la actuación de las partes en la relación jurídica contractual y, por tanto, a ellos debe atenderse principalmente para resolver cualquier problemática planteada.
"Es aplicable, por las razones que la informan, la tesis VI.3o.A.24 A (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que se comparte e invoca la quejosa, que dice: (señala datos de identificación)
"‘CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS DE UNA RESOLUCIÓN RECAÍDA A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DERIVADO DE UN ACTO DE ESA NATURALEZA, LO CONSTITUYEN LA NORMATIVIDAD RESPECTIVA, EL CLAUSULADO Y LOS HECHOS QUE LA MOTIVARON.’ (transcribe texto)
"Consecuentemente, como lo aduce la peticionaria del amparo, para dilucidar si se configuró o no una resolución negativa ficta, en una relación derivada de un contrato de adquisiciones celebrado con una entidad de la administración pública federal, es necesario tomar en cuenta no sólo la normatividad aplicable, sino sobre todo, el clausulado pactado en el contrato en cuestión, puesto que este último elemento es el que da origen a la relación contractual entre la entidad estatal y el particular, determinando las obligaciones y derechos que existen a cargo de cada parte.
"En la especie, la relación de las partes deriva del contrato de suministro de estructuras y concreto para la construcción del **********, en el Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, celebrado entre la empresa de participación estatal mayoritaria **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, y la actora (fojas 32 a 46 del expediente de nulidad), el cual se asignó a la accionante mediante procedimiento de adjudicación directa, acorde con lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Federal, 3, fracción III, 26, fracción III, 40 y 41, fracción XII, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 71 de su reglamento, como consta en la declaración I.8. de dicho contrato, que dice:
"‘I.8. El presente contrato se asigna conforme a lo establecido por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el procedimiento de adjudicación directa de acuerdo a lo previsto en los artículos 3, fracción III, 26, fracción III, 40 y 41, fracción XII, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 71 de su reglamento.’ (foja 33 del juicio de nulidad)
"Ahora bien, en la cláusula cuarta del contrato referido, se pactó la forma y lugar de pago, de la siguiente manera:
"‘Cuarta. Forma y lugar de pago. Las partes convienen que el monto señalado en la cláusula tercera del presente instrumento jurídico, se pague de la siguiente forma: «la entidad» realizará diversos pagos a «el proveedor», mismos que podrán ser efectuados de conformidad con el avance en el suministro objeto de este contrato.—Los pagos se realizarán en la caja de **********, S.A. de C.V., dentro de los 20 (veinte) días naturales contados a partir de la entrega de la factura respectiva, previa prestación de los suministros en los términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicio del Sector Público, en la oficinas de **********, S.A. de C.V., con la siguiente documentación: I. Factura que deberá cumplir con los requisitos fiscales establecidos por las leyes de la materia, con desglose del IVA y los requisitos de **********, S.A. de C.V.—II. Acta entrega recepción debidamente requisitada …’ (fojas 35 y 36 del expediente de nulidad).
"Luego, si se convino en que los pagos los realizaría la entidad demandada, dentro de los veinte días naturales contados a partir de la entrega de la factura respectiva, es claro, entonces, que, como lo sostiene la quejosa, el solo acto de presentar las facturas ante la entidad en cuestión, implica una comunicación natural y propia entre las partes, que conlleva la petición de pago de las contraprestaciones, ya que esa forma de comunicación, es la derivada de los términos del contrato, y ante su falta de resolución, es que pueda configurarse la ficción jurídica de la negativa ficta, al ser la respuesta a la solicitud de pago, un acto de naturaleza constitutiva sobre el cumplimiento de un contrato administrativo de adquisiciones y, por tanto, de tal negativa ficta, debe conocer la Sala responsable, al tratarse la negativa de pago, de una resolución unilateral y definitiva de la entidad demandada.
"Sustenta la anterior determinación, por las razones que la informan, la tesis III.2o.T.Aux.42 A, del Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Guadalajara, Jalisco, que se comparte e invoca la quejosa, que dice: (transcribe datos de identificación)
"‘NEGATIVA FICTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. OPERA ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE EMITIR UNA RESOLUCIÓN A LA SOLICITUD DE PAGO DERIVADA DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EN EL PLAZO DE CUATRO MESES, AL SER UN ACTO DE NATURALEZA CONSTITUTIVA (TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 12 DE JUNIO DE 2008).’ (transcribe texto)
"Al no advertirlo así, es evidente que la Sala responsable vulneró en perjuicio de la quejosa, las garantías de legalidad y seguridad jurídica, consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.
"En las relatadas consideraciones, al resultar fundados los conceptos de violación analizados, lo que procede es conceder el amparo para los efectos siguientes:
"1. La autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada.
"2. Emita otra en la que deje de considerar que la actora no controvirtió la legalidad del acuerdo que desechó la demanda de nulidad.
"3. Analice el primer agravio expuesto por la actora en el recurso de reclamación, examinando si la autoridad demandada se encuentra o no realizando actos en representación de la administración pública federal y, en caso de estimar que sí lo hace, prescinda de estimar que no se configuró la resolución de negativa ficta y resuelva conforme a derecho corresponda."
El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver, por unanimidad de votos, el juicio de amparo directo **********, en sesión de once de junio de dos mil quince, sostuvo:
"**********, en su carácter de representante legal de la persona moral **********, mediante escrito presentado el uno de julio de dos mil catorce en la Oficialía de Partes Común para las Salas Regionales de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en Guadalajara, Jalisco, demandó la nulidad de lo siguiente:
"I. Autoridades demandadas y resoluciones que se impugnan: 1. La empresa de participación estatal mayoritaria, **********: 1. La negativa ficta que operó ante la omisión de la entidad demandada de dar respuesta a las solicitudes de pago de las estimaciones por suministro, mismas que se hicieron formalmente los días 27 de septiembre de 2011 (estimación 2) y 28 de noviembre de 2012 (estimación 3 finiquito), concernientes al contrato de suministro número **********.—Cabe señalar que al estarse impugnando una negativa ficta, solicito desde este momento se me conceda el plazo de 20 días hábiles que señala el artículo 17, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a efectos de poder aplicar la presente demanda una vez que se me haya notificado el acuerdo recaído a la contestación.—2. Como consecuencia de lo anterior, se reclama: a. El cumplimiento a la obligación derivada del artículo (sic) 51, primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 89 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y la cláusula cuarta del contrato de suministro número **********, consistente en el pago de las estimaciones 2 y 3 (finiquito), por la cantidad de ********** pesos y ********** pesos, respectivamente, que en total suman la cantidad de ********** pesos, dentro de los 20 días naturales siguientes a partir de la entrega de la factura respectiva y de la prestación de los suministros correspondientes.—b. El pago de los gastos financieros a los que se refiere el artículo 51, segundo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sobre las cantidades no pagadas e identificadas en el inciso anterior y computados desde la fecha de la constitución de la mora y hasta el momento en que se haga el pago total de las mismas; reservándome el derecho a determinar la cuantía en la etapa de ejecución correspondiente, toda vez que dicha etapa constituye el momento procesal oportuno para su cuantificación.
"…
"SEXTO.—Estudio del asunto.
"…
"… es importante destacar que en materia administrativa, las solicitudes o peticiones que formulen los particulares ante las autoridades administrativas, deben promoverse en términos del artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que señala:
"‘Artículo 15. La administración pública federal no podrá exigir más formalidades que las expresamente previstas en la ley.
"‘Las promociones deberán hacerse por escrito en el que se precisará el nombre, denominación o razón social de quién o quiénes promuevan, en su caso de su representante legal, domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas, la petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, el órgano administrativo a que se dirigen y lugar y fecha de su emisión. El escrito deberá estar firmado por el interesado o su representante legal, a menos que no sepa o no pueda firmar, caso en el cual, se imprimirá su huella digital.
"‘El promovente deberá adjuntar a su escrito los documentos que acrediten su personalidad, así como los que en cada caso sean requeridos en los ordenamientos respectivos.’
"Del precepto legal transcrito, se desprende que las peticiones elevadas ante la autoridad administrativa deben cumplir con ciertas formalidades, como son que el escrito respectivo, donde se formula la petición, contenga el nombre, denominación o razón social del promovente, de ser el caso, de su representante legal, el domicilio para recibir notificaciones, así como los autorizados para recibirlas, en qué consiste la solicitud formulada, los hechos o razones que dan motivo a la petición, el órgano administrativo al que se dirigen, así como el lugar y fecha de su emisión, la firma del interesado o su representante legal; lo anterior, aunado a que el promovente deberá acompañar a dicho escrito, el documento con el cual acredite su personalidad, así como cualquier otro que establezcan los ordenamientos aplicables.
"Ahora bien, el diverso artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en el cual se contempla la figura de negativa y de la afirmativa ficta en materia administrativa, establece lo siguiente:
"‘Artículo 17. Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver; igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo.
"‘En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmada en sentido negativo.’
"Del precepto legal transcrito, se desprenden los siguientes postulados:
"a) Toda petición elevada ante las autoridades administrativas, por regla general, debe ser resuelta en un plazo no mayor a tres meses, salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca un plazo diverso.
"b) Al tratarse de una r
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26217-457a152f/negativa-ficta-el-solo-acto-de-entrega-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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