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Modo: Corpus Pro

JUICIOS MERCANTILES TRAMITADOS EN EL ESTADO DE JALISCO. EL ARTÍCULO 68 TER DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE LA ENTIDAD, QUE REGULA LA INTERVENCIÓN DE LOS AGENTES DE LA PROCURADURÍA SOCIAL CUANDO UNA DE LAS PARTES SEA UN ADULTO MAYOR, ES INAPLICABLE SUPLETORIAMENTE AL CÓDIGO DE COMERCIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 15/2015. · Registro digital (IUS): 26243
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2016-04-15
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Pág. 1664.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 15/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 24 DE NOVIEMBRE DE 2015. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS FRANCISCO JOSÉ DOMÍNGUEZ RAMÍREZ, GERARDO DOMÍNGUEZ, GUILLERMO DAVID VÁZQUEZ ORTIZ, FRANCISCO JAVIER VILLEGAS HERNÁNDEZ Y ENRIQUE DUEÑAS SARABIA. PONENTE: FRANCISCO JAVIER VILLEGAS HERNÁNDEZ. SECRETARIA: SELENE TADIA SUSA TORRES ANDRADE.

Zapopan, Jalisco. Acuerdo del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, correspondiente al día veinticuatro de noviembre de dos mil quince.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

1. Denuncia. Por oficio 169/2015, presentado ante la Oficialía de Partes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, el dos de julio de dos mil quince, en el domicilio oficial a esa data del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23(1) del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en la referida materia del propio circuito, denunció la posible contradicción de criterios suscitada entre su criterio y los sustentados por el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados de la misma materia y circuito, al resolver, en ese orden, el juicio de amparo directo 178/2015; el toca de revisión 37/2014, concerniente al juicio de amparo indirecto 1240/2013-IV, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Estado; y el juicio de amparo directo 827/2013, del que emergió la tesis aislada III.4o.C.7 C (10a.), de título y subtítulo: "JUICIO MERCANTIL. ES INAPLICABLE SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCULO 68 TER DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, EN SU SUSTANCIACIÓN, AL VERSAR LA CONTROVERSIA SOBRE DERECHOS PATRIMONIALES E INTERESES PARTICULARES."

2. Trámite. Mediante acuerdo de tres de julio siguiente, el Magistrado Enrique Dueñas Sarabia, presidente del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, admitió a trámite la aludida denuncia, ordenó registrarla con el número 15/2015, determinó que el posible punto de contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito consiste en determinar si el artículo 68 Ter del Código de Procedimientos Civiles del Estado es o no aplicable supletoriamente al Código de Comercio, al versar los juicios mercantiles sobre derechos patrimoniales e intereses particulares; solicitó a los presidentes de los Tribunales Colegiados Segundo y Cuarto, ambos en Materia Civil de este circuito, respectivamente, copia certificada de las ejecutorias que pronunciaron, así como su versión pública y oficial en disco óptico; asimismo, peticionó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que informaran si el criterio sustentado en los asuntos de los que derivó cada uno se encontraba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado; dispuso que se informara a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la tramitación de este asunto y que se diera vista a los Tribunales Colegiados en el ramo y circuito no contendientes, para su conocimiento; de igual forma, ordenó informar al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito que le correspondería conocer para elaborar el proyecto de la resolución del presente asunto.

La secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado de este circuito, en oficio 4861, suscrito el siete de julio siguiente, comunicó que su criterio se encontraba vigente y remitió copia certificada de la ejecutoria respectiva y de su versión pública y de la oficial en disco óptico; en tanto que el presidente del citado Primer Tribunal Colegiado de Circuito contendiente, mediante oficio 180/2015, informó que no se había apartado del criterio que sustentó; por último, el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito, en oficio 4160, hizo lo propio remitiendo copia certificada de la ejecutoria que recayó al amparo directo 827/2013 y envió las versiones pública y oficial de su fallo, en disco óptico, e informó que no se ha apartado del criterio materia de la contradicción de tesis.

3. En autos de nueve de julio y veintiuno de agosto, ambos de dos mil quince, el presidente del Pleno en Materia Civil de este circuito tuvo por recibidos los precitados oficios, las copias certificadas de las ejecutorias solicitadas que le fueron enviadas por el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados de la Materia y Circuito y los discos ópticos de sus versiones pública y oficial; además, los tuvo informando que no se habían apartado del criterio que sostuvieron al resolver los asuntos respectivos; asimismo, en diverso acuerdo de trece del aludido julio, tuvo al Tribunal Colegiado de Circuito denunciante informando lo propio. De igual forma, en diverso proveído de quince del propio julio, tuvo por recibido el oficio CCST-C-300-07-2015, suscrito por la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que hizo del conocimiento su solicitud al secretario general de Acuerdos del Alto Tribunal, para que informara si sobre el tema: "Determinar si el artículo 68 Ter del Código de Procedimientos Civiles del Estado, es o no aplicable supletoriamente al Código de Comercio, al versar los juicios mercantiles sobre derechos patrimoniales e intereses particulares.", existía o no alguna contradicción de tesis.

En diverso acuerdo de seis de agosto de dos mil quince, el presidente del Pleno en Materia Civil de este circuito tuvo por recibido el oficio CCST-X-193-08-2015, suscrito por la referida coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del cual, hizo del conocimiento que, mediante información recibida por la Secretaría General de Acuerdos del Alto Tribunal, no se advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis en la que el punto a dilucidar guardara relación con el tema de la presente.

4. Turno. En proveído de veintiuno de agosto posterior, se ordenó turnar los autos de la presente contradicción de tesis al Magistrado Francisco Javier Villegas Hernández, integrante del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

CONSIDERANDO:

5. Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) 226, fracción III,(3) de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) toda vez que se trata de una denuncia sobre posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito, competencia de este Pleno de Circuito.

6. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto en el artículo 227, fracción III,(5) de la Ley de Amparo, puesto que fue formulada por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, que fue el que resolvió uno de los asuntos que la suscitaron.

7. Posturas contendientes. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción de criterios, son las siguientes:

a) El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver en sesión de dieciocho de junio de dos mil quince, el juicio de amparo directo número 178/2015, formuló, en lo conducente, las consideraciones siguientes:

"13. Ahora bien, asiste razón al quejoso cuando aduce que la Sala responsable y su inferior omitieron dar intervención a la Procuraduría Social, no obstante de que él es una persona mayor de sesenta años.-14. Al respecto, cabe mencionar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1672/2014, en sesión celebrada el quince de abril de dos mil quince,(6) a través de votación mayoritaria, sustentó criterio en el que se interpretó precisamente el artículo 68 Ter del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco -cuya aplicación solicita el promovente-; y determinó, en lo que interesa, lo siguiente: ... 15. De la ejecutoria trasunta se pueden extraer las siguientes premisas que estableció el Alto Tribunal: Que el precepto legal examinado, artículo 68 Ter del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, debe ser interpretado en total congruencia con los derechos humanos previstos en la Constitución y tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano, no debe desvincularse de su origen conceptual, por ende, el precepto es una acción legislativa, cuyo efecto es revertir una marginación estructural hacia las personas de la tercera edad.-Que según la Ley Orgánica de la Procuraduría Social, esa dependencia es el órgano encargado de representar los intereses de la sociedad, cuyas facultades consisten en: a) la defensoría de oficio; b) la representación social; y, c) la prestación de servicios jurídicos asistenciales.-Acorde con la ley, el Juez tiene la obligación de dar intervención a la Procuraduría Social, el precepto examinado cumple la función de una garantía procedimental, cuya finalidad es garantizar la legalidad del procedimiento y salvaguardar los derechos de las personas de la tercera edad, por pertenecer a un grupo que, en función de sus características o necesidades, se encuentran en una posición social de desventaja o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad en relación con el disfrute de sus derechos humanos, por ende, los destinatarios de la ley son en definitiva los Jueces.-En tanto que los beneficiarios son los adultos mayores, y conforme a la ley especial, lo son, los que tengan sesenta años o más de edad, amén de que la disposición legal no establece modulación o excepción para dar intervención al agente social.-Que si bien se reconoce que no todas las personas mayores de sesenta años se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, es la dependencia pública especializada en otorgar los apoyos necesarios, la que definirá los alcances de su propia intervención, por consiguiente, no le corresponde al Juez decidirlo.-Se definieron los aspectos a considerar por la Procuraduría Social para regular si interviene o no y sus obligaciones como garante de legalidad e igualdad procesal de las partes.-Que esa intervención debe darse desde que el juzgador tiene conocimiento de que alguna de las partes es mayor de sesenta años.-Que la falta de intervención de esa dependencia pública, constituye una violación procesal, que amerita reponer el procedimiento.-16. En ese contexto, y atendiendo a la orientación de aplicar en el caso el principio pro personae y dar a ese precepto la interpretación más amplia que permita garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y no discriminación, es pertinente hacer las siguientes reflexiones.-17. El derecho a la igualdad y a la no discriminación se ha interpretado a partir de dos principios: el de igualdad ante la ley, y el de igualdad en la ley (se identifican como igualdad en sentido formal o de derecho). El primero obliga, por un lado, a que las normas jurídicas sean aplicadas de modo uniforme a todas las personas que se encuentren en una misma situación y, a su vez, a que los órganos materialmente jurisdiccionales no puedan modificar arbitrariamente sus decisiones en casos que compartan la misma litis, salvo cuando consideren que deben apartarse de sus precedentes, momento en el que deberán ofrecer una fundamentación y motivación razonable y suficiente. El segundo, opera frente a la autoridad materialmente legislativa y tiene como objetivo el control del contenido de la norma jurídica, a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio, principio que debe aplicar el órgano creador de normas(7).-18. De ahí que la igualdad jurídica no sólo tiene una faceta o dimensión formal o de derecho, sino también una de carácter sustantivo o de hecho, la cual, tiene como objetivo remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impiden a ciertas personas o grupos sociales gozar o ejercer de manera real y efectiva sus derechos humanos en condiciones de paridad con otro conjunto de personas o grupo social.-19. Estos grupos se definen por su existencia objetiva e identidad colectiva, así como por su situación de subordinación y poder político disminuido frente a otros grupos; así, aunque no existe una delimitación exhaustiva de tales grupos sociales relevantes para la aplicación de esta faceta del principio de igualdad, el artículo 1o., último párrafo, de la Constitución Federal,(8) ha establecido distintas categorías sospechosas (el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas) que sirven como punto de partida para su identificación, que a través del principio de igualdad garantiza que sólo se empleen esas categorías cuando exista una justificación muy robusta para ello(9).-20. Esas categorías de sujetos delimitados por cuestión de la edad, se regula en los artículos 4o. de la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado de Jalisco(10) y 3o., fracción I, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores,(11) que los identifica como aquel hombre o mujer que tenga sesenta años o más de edad, cuya situación de especial ubicación estructural reconocida en el entorno social, ha sido por instrumentos internacionales [como los previstos a guisa de ejemplo, en los artículos 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador),(12) 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,(13) 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales,(14) 11.1 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés),(15) 13 y 16 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,(16) 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará),(17) la Observación General 6o. del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,(18) y la recomendación general 27 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer](19).-21. La edad acorde a este marco normativo, es un factor detonante para su especial atención y, en el aspecto del acceso a la justicia, se reconoce obligación al Estado de asegurar a estas personas su acceso en condiciones de igualdad hacia con los demás sujetos, incluso, mediante ajustes de procedimientos adecuados a su edad.-22. En otro tema, la efectividad de esos convenios internacionales radica en que los propios Estados Parte actúen de buena fe y que, voluntariamente, acepten cumplir los compromisos adquiridos frente a la comunidad internacional, en el caso concreto, de la protección y/o defensa de los derechos humanos de sus gobernados.-23. Esta afirmación se conoce con el aforismo pacta sunt servanda -locución latina que se traduce como ‘lo pactado obliga’-, que expresa que toda convención debe cumplirse fielmente por las partes de acuerdo con lo estipulado, en términos de los artículos 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados(20) y 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos(21).-24. En el mismo sentido, acorde al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 4o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados, se advierte que tanto la Constitución como los referidos tratados internacionales son normas de la unidad del Estado Federal, que constituyen un bloque de regularidad, cuya observancia es obligatoria para todas las autoridades, por lo que resulta lógico y jurídico que dichos instrumentos internacionales, suscritos y ratificados por nuestro país, con énfasis prioritario para aquellos vinculados con derechos humanos, sean de observancia obligatoria para todas las autoridades del país, pues poca importancia tiene su reconocimiento, si su titular no puede ejercerlos de forma eficaz en el sistema de justicia para obtener la tutela de sus derechos humanos(22).-25. Ahora, ya en el caso concreto y de acuerdo a las constancias que integran el original del expediente natural,(23) se advierte, en lo que importa, que el cuatro de abril de dos mil once, se desahogó la prueba confesional a cargo del demandado ********** (aquí quejoso), donde se asentó: ... 26. Como se observa, por lo menos desde ese momento el Juez ordinario tuvo conocimiento que el promovente de garantías era adulto mayor, ya que se tuvo a **********, identificándose con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, de la cual se advierte que éste nació el siete de febrero de mil novecientos cuarenta y seis (obra copia fotostática de dicha credencial en los autos del juicio de origen),(24) porque a la fecha de esa diligencia contaba con sesenta y cinco años de edad cumplidos, incluso, así lo expresó el propio compareciente al Juez y secretario adscritos al juzgado en cuestión.-27. En ese sentido, por lo menos desde el desahogo de dicha diligencia, el Juez natural se enteró que en el juicio de origen se involucraban bienes y derechos de un adulto mayor, por consiguiente, el juzgador, como director del proceso, debió tomar las previsiones necesarias para bien dar a ese sujeto una especial atención por su condición de adulto mayor y entonces dar intervención al Estado para que a través de la Procuraduría Social, si considera su caso particular y determinara su intervención o no, en las distintas áreas en las que está facultada por la ley, sea que brindara defensoría de oficio o asesoría jurídica asistencial gratuita o como representante social, para garantizar la legalidad de todo procedimiento, ya que el caso involucra bienes y derechos de un adulto mayor (el quejoso fue demandado en la vía cambiaria directa, en reclamo del pago de un pagaré, intereses moratorios gastos y costas, y se le embargó precautoriamente un bien inmueble);(25) esas circunstancias hacían necesaria una mayor protección, para salvaguardar sus derechos humanos y garantizar la legalidad del procedimiento a la luz, se insiste, del principio pro personae en el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y no discriminación, aspecto que también pasó inadvertido por el tribunal de alzada.-28. Lo contrario implicaría conculcar en su perjuicio, entre otras disposiciones, lo dispuesto por los artículos 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ‘Protocolo de San Salvador’, conforme a los cuales, el Estado Mexicano se obligó a proteger los derechos de las personas consideradas adultos mayores (sesenta años o más de edad), para cuyo efecto emitió diversas disposiciones en legislaciones secundarias [entre otras, los preceptos legales 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., fracción II, inciso b) y 10, fracción II, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores,(26) 15, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Jalisco,(27) 32 de la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado de Jalisco,(28) 126, 132 y 232, fracción XVI, del Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco](29).-29. Por tanto, tales directrices deben ser aplicadas también en los procesos mercantiles en donde figuren como parte los adultos mayores, en virtud del compromiso asumido por el Estado Mexicano a la firma de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,(30) que obliga a los Jueces, como parte del aparato del Estado, a velar por que los efectos de sus disposiciones no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin(31).-30. No pasa inadvertido el hecho de que en la ejecutoria transcrita en el párrafo 14, que se toma como criterio orientador para la solución del caso, se hubiera interpretado el artículo 68 Ter del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, siendo que el juicio de origen es mercantil, toda vez que, con independencia de que dicho precepto sea o no aplicable al caso, y si se pudiera o no, siguiendo los criterios de supletoriedad de la norma, traerlo a colación, lo cierto es que la condición de adultos mayores implica una categoría que el constituyente distinguió como factor de discriminación y, por ende, de prohibición en la desigualdad de trato, por ende, poca importancia tiene si el Código de Comercio reconoce a las personas de la tercera edad como sujetos que pudieran encontrarse en condiciones de vulnerabilidad y desventaja para hacer valer de manera eficaz sus derechos fundamentales, o que no establezca la figura de la Procuraduría Social que garantice a los adultos mayores la legalidad en el proceso y el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y no discriminación, porque esos derechos fundamentales, al ser de mayor jerarquía, deben prevalecer, atendiendo al principio pro persona. ..."

b) Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, al resolver, en sesión de seis de marzo de dos mil catorce, el recurso de revisión número 37/2014, derivado del juicio de amparo indirecto número 1240/2013-IV, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Estado, sostuvo, en lo que interesa:

"... En cambio, le asiste razón al apoderado del recurrente, al sostener que el Juez de Distrito soslayó que la figura del procurador social que prevé el artículo 68 Ter del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, es inaplicable a los juicios mercantiles, por no ser una institución jurídica contemplada en el Código de Comercio, que ameritara ser suplida.-Así es, de las actuaciones del juicio natural, las cuales hacen fe plena, por tratarse de documentos públicos, de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia,(32) se observa que mediante demanda presentada el dos de abril de dos mil doce, Ricardo Santana García, a través de sus endosatarios en procuración, ejerció acción cambiaria directa en contra de Carlos Zambrano Belloc, con base en tres pagarés suscritos el siete de enero y siete de febrero de dos mil once, y el último el ocho de febrero de dos mil doce.-Asimismo, se observa que la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento tuvo verificativo el veintitrés de junio de dos mil doce (fojas 22 a 23 del cuaderno de pruebas); que en auto de dieciocho de enero de dos mil trece se declaró precluido el derecho del demandado para contestar la demanda (fojas 31 y 32 ibídem), y que el veintiséis de junio de ese año se dictó sentencia de remate (fojas 66 a 78 ídem), la cual se declaró firme, por falta de impugnación, el primero de noviembre del mismo año, por lo que se concedió un plazo a la parte demandada para que cumpliera en forma voluntaria la sentencia (fojas 88 y 89 ídem).-Mientras que de la demanda de amparo se observa que el quejoso se ostentó como tercero extraño al juicio natural, por equiparación, porque adujo violación al derecho de audiencia, en virtud de que señaló ser ilegal el emplazamiento que le fue verificado y, por no haberse dado intervención al procurador social que contempla el artículo 68 Ter del enjuiciamiento civil local, a pesar de la condición de adulto mayor que dijo tener.-En tanto que en el fallo que se combate a través del presente recurso de revisión, el Juez de Distrito estimó fundada la violación al procedimiento que el quejoso hizo consistir en la falta de intervención del procurador social previsto en el artículo 68 Ter del enjuiciamiento civil local, en virtud de la condición de adulto mayor que aquél demostró tener desde que fue emplazado en el juicio mercantil ejecutivo de origen, para lo cual, el a quo federal estimó aplicable al Código de Comercio en vigor, de manera supletoria, el indicado artículo 68 Ter contenido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, con base en lo dispuesto en el artículo 1,054 de la primera ley sustantiva invocada.-Ahora bien, como de los antecedentes narrados se advierte que el juicio natural es de naturaleza mercantil ejecutiva, es inconcuso que se rige por el Código de Comercio vigente en el momento en el que se promovió (abril de dos mil doce), cuya legislación, en lo que respecta a su supletoriedad, establece: ‘Artículo 1,054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y, en su defecto, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, la ley de procedimientos local respectiva.’.-Del texto transcrito se observa que el Código de Comercio en vigor prevé la supletoriedad de dos legislaciones adjetivas: el Código Federal de Procedimientos Civiles y el enjuiciamiento civil local; sin embargo, la aplicación del primero o del segundo ordenamiento no queda al arbitrio del juzgador, puesto que el legislador fue claro en establecer la condición expresa consistente en que sólo en caso de que el Código Federal de Procedimientos Civiles no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, entonces, será aplicable la ley adjetiva civil local.-De lo que se infiere que para que válidamente pueda acudirse al enjuiciamiento civil local, con el fin de suplir algún vacío de la ley mercantil en cita, el primer requisito que debe verificarse es que el Código Federal de Procedimientos Civiles contemple la institución procesal de que se trate, para después, si se supera tal requisito, verificar si la institución se encuentra deficientemente regulada en la indicada ley adjetiva civil federal, y sólo cubriéndose estos dos aspectos, podrá acudirse al enjuiciamiento civil local.-Dicho en otras palabras, de acuerdo con lo previsto en la última parte del artículo 1,054 del Código de Comercio en su texto actual, si el Código Federal de Procedimientos Civiles no prevé determinada figura jurídico-procesal, no podrá, válidamente, aplicarse en forma supletoria el enjuiciamiento civil local que sí la prevea, por ser un requisito sine qua non, que el Código Federal de Procedimientos Civiles no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, cuya premisa parte de la base de que sí se contemple la figura jurídica en la ley adjetiva civil federal, pero se haga de manera deficiente.-Por lo tanto, si en el caso a estudio el quejoso solicitó que se aplicara la figura jurídica del procurador social que contempla el artículo 68 Ter del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, cuya institución fue creada para intervenir en aquellos procedimientos en los que se afecte, o puedan afectarse, tanto la persona, como los bienes o derechos de los adultos mayores, entre otros sujetos de protección; sin embargo, el a quo federal perdió de vista que tal institución jurídica no se encuentra contemplada en el Código Federal de Procedimientos Civiles.-El artículo 68 Ter del Código de Procedimientos Civiles del Estado establece: ‘Artículo 68 Ter. Los agentes de la Procuraduría Social intervendrán en todos los juicios en los que: I. Se afecten los intereses sociales; II. Se afecte a la persona, bienes o derechos de menores, incapaces, adultos mayores o ausentes; y III. En todos los casos que dispusiere la ley.-La intervención del agente de la Procuraduría Social en juicio, lo faculta para recabar, ofrecer, desahogar, objetar pruebas; interponer y continuar recursos e incidentes, formular alegatos y en general solicitar al juzgador la realización de todos los actos procesales para la continuación del juicio; garantizar la legalidad del procedimiento y salvaguardar los derechos de sociedad, de los menores de edad, incapaces, adultos mayores y ausentes para lo cual podrá imponerse de los autos en la secretaría y podrá solicitar se le entreguen copias de los mismos.’.-Precepto legal del que se deduce que su objetivo es salvaguardar los derechos de los adultos mayores, para lo cual se otorga al representante social, la facultad de recabar, ofrecer, desahogar, objetar pruebas, interponer y continuar recursos e incidentes, así como el de formular alegatos y solicitar al juzgador la realización de todos los actos procesales.-Sin embargo, al no estar contemplada la institución del procurador social en el Código Federal de Procedimientos Civiles, como ya se dijo, ésta no puede aplicarse a los juicios mercantiles, como lo es el natural, por no cumplirse la condición que al respecto impone el artículo 1054 de dicha legislación sustantiva, en cuanto a que el Código Federal de Procedimientos ‘no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera’, para que proceda la aplicación supletoria del enjuiciamiento civil local.-En la inteligencia de que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internaci

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26243-ff5a58b1/juicios-mercantiles-tramitados-en-el-estado-de-jalisco · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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