PETRÓLEOS MEXICANOS. LA NEGATIVA A PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ESCUELAS "ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL", NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD NI ES EQUIPARABLE A ÉSTE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.
AMPARO EN REVISIÓN 237/2015. 3 DE DICIEMBRE DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: VÍCTOR MANUEL ESTRADA JUNGO. SECRETARIO: PEDRO HERMIDA PÉREZ.
CONSIDERANDO:
SEXTO.-Los agravios son infundados.
Es infundado el agravio en el cual se alega una violación procesal, que se hizo consistir en la omisión de la Juez Federal de requerir a las autoridades responsables las documentales precisadas en los incisos de a) a d) de ese apartado, por ser necesarias para tener una perspectiva más amplia del acto reclamado y resolver con mayores elementos, pues de haberlas analizado habría llegado al convencimiento de que Petróleos Mexicanos, desde mil novecientos ochenta y uno a la fecha, ha utilizado diferentes pretextos para intentar deshacerse de la obligación que tiene con las escuelas "Artículo 123" de su propiedad; incluso, luego de la reforma educativa de mil novecientos noventa y tres, mediante la cual se descentralizó la educación y pasó a ser competencia de cada una de las entidades federativas, dicho organismo intentó donar las escuelas al Estado y, como consecuencia de ello, empezó a prorrogar el servicio médico hasta en tanto se terminara de formalizar la citada donación.
Ciertamente, el artículo 121 de la Ley de Amparo dispone que los funcionarios y autoridades tienen la obligación de expedir, oportunamente, las copias o documentos que les soliciten las partes para que puedan rendirlos como pruebas en la audiencia constitucional.
También señala que cuando aquéllas no cumplan con esa obligación, la parte interesada, una vez que acredite haber hecho la petición, con la copia del escrito a través del cual la realizó, en el que conste el sello de recepción correspondiente o, en su caso, con la constancia fehaciente de que las autoridades o funcionarios de mérito se negaron a recibirla, puede solicitar al Juez de Distrito que las requiera y, en caso de que sean renuentes, podrá hacer uso de los medios de apremio correspondientes.
De los autos se observa que la recurrente, mediante escrito de catorce de noviembre de dos mil catorce, solicitó a la Juez de Distrito exigiera a la autoridad responsable la exhibición de diversas constancias que previamente le había requerido a dicha autoridad en el escrito de veintitrés de octubre de ese año, y que a la primera de las fechas referidas no le habían sido entregadas.
Por acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil catorce, la Juez Federal acordó favorablemente el escrito referido y requirió al director corporativo de Administración de Petróleos Mexicanos para que le remitiera las constancias mencionadas por la parte quejosa:
"1. Copia certificada de la solicitud presentada ante la Secretaría de Educación Pública para que se le otorgara la autorización de crear las escuelas ‘Artículo 123’ de Salamanca, Guanajuato...
"2. Copia certificada de la autorización que la Secretaría de Educación Pública otorgara para la creación de las escuelas ‘Artículo 123’ de Salamanca, Guanajuato...
"3. Copia certificada del memorándum No. 1/PCV-1642/87, de 19 de noviembre de 1987, suscrito por el Lic. Pedto (sic) Cabrera Vázquez, coordinador ejecutivo y dirigido al Dr. Raúl Fuentes Aguilar, gerente de Servicios Médicos.
"4. Copia certificada del Of. Circular No. 23-SCPL-781/98, de 19 de junio de 1998, suscrito por Julio Pindter González.
"5. Copia certificada del Of. Circular No. 1/GMD-812/97, de 24 de junio de 1997.
"6. Copia certificada de todos y cada uno de los oficios o circulares mediante los cuales se dan las instrucciones para que se continúe otorgando el servicio médico a los maestros que imparten clases en las escuelas ‘Artículo 123’ propiedad de Pemex.
"7. Copia certificada del Of. No. DCA-SRHRL-GARH-23-2012, de 16 de enero de 2012, suscrito por el Ing. Tomás Luna García en su calidad de gerente de Administración de Recursos Humanos.
"8. Informe y/o constancia de la fecha en que las escuelas ‘Artículo 123’ de Salamanca, Guanajuato inició sus actividades.
"9. Copia certificada de la documentación que soporte la propiedad de Pemex del inmueble y edificio que ocupa las escuelas ‘Artículo 123’ de Salamanca, Guanajuato."
En cumplimiento a esa prevención, el delegado de la autoridad responsable, por escrito de dos de enero de dos mil quince, remitió la documentación solicitada en los puntos 3 a 7 y se manifestó respecto de la restante.
Así, la Juez Federal, mediante acuerdo de cinco de enero siguiente, se pronunció sobre el requerimiento desahogado parcialmente por la autoridad responsable y, además, acordó lo siguiente:
"Por otra parte, como lo solicita la autoridad oficiante, se requiere a la quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, indique a cuál escuela pertenece de las que se ubican en Salamanca, Guanajuato, pues ese dato es necesario para que la responsable se encuentre en posibilidad de aportar las documentales señaladas en el punto nueve del escrito de petición signado por la aquí promovente del amparo.
"Una vez que transcurra el término otorgado, se proveerá lo conducente respecto a la prórroga por el término de diez días que pide la responsable.
"De igual manera, dése vista a la quejosa, por el término de tres días, con las manifestaciones de la autoridad oficiante en cuanto a la falta de idoneidad de las documentales solicitadas descritas en los puntos 1 a 5 y 7 a 9, del escrito de veintitrés de octubre de dos mil catorce, a efecto de que manifieste a este juzgado los hechos que pretende acreditar con la exhibición de las mismas.
"Se apercibe a la solicitante del amparo, que de no realizar manifestación alguna en el plazo otorgado, se le tendrá por desinteresada en el ofrecimiento de las documentales a que se refiere el párrafo que antecede, así como de las diversas que pidió en el punto nueve del mencionado escrito de veintitrés de octubre de dos mil catorce."
Luego, ante el incumplimiento de la quejosa a la prevención realizada en los términos transcritos, la Juez Federal, por proveído de diecinueve de enero de dos mil quince, la tuvo por desinteresada de las documentales solicitadas, que se transcribieron en los puntos del uno al cinco y del siete al nueve, del escrito de veintitrés de octubre de dos mil catorce.
De lo anterior se observa que la autoridad responsable -en cumplimiento a la prevención que la Juez Federal le realizó con motivo de la solicitud formulada por la quejosa-, aportó al juicio algunos de los documentos cuya omisión de requerirlos le atribuyó al juzgador en el agravio marcado con el número 1: memorándum de diecinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, circulares 1/GMD-812/97 y 23-SCPL-781/98, oficios 23/GCPC-GMG/0397/2005, 23/GCPC-GMG/4283/2005, 23/GCPC/GMG-4990/20005 y del DCA-553/2007 de siete de junio de dos mil siete hasta el DCA-4430/2013 de cinco de diciembre de dos mil trece.
Por cuanto a los restantes que señala en su motivo de inconformidad: comunicado de veintiocho de junio de mil novecientos ochenta y cinco, circulares 23/UEPC/710/99 y 23/UEPC/772/2000, así como oficios 6/GMD-1214/2001, 23/UEPC/DAMLBSZ/3380/02, 23/GCPC/JLG/3357/03, 23/GCPC/JLG/3957/03, 23/GCPC/GMG/4784/2004, 23/GCPC/GMG-6400/2004; cabe precisar que de los autos no hay constancia que la recurrente los haya solicitado a las autoridades responsables; tampoco se aprecia que haya hecho alguna petición en ese sentido a la Juez de Distrito.
Por tanto, como la quejosa no hizo tal petición, ni demostró que previamente hubiera solicitado la expedición de copias a las autoridades responsables, no procedía que la Juez, oficiosamente, las allegara al expediente, pues esa carga le corresponde a la interesada; lo anterior, al margen de que en otros juicios de amparo promovidos por diversas personas contra las mismas autoridades, a petición de parte, la Juez solicitó la documentación que menciona, toda vez que cada juicio guarda autonomía e independencia respecto de otros.
No obstante lo anterior, del juicio de amparo se observa que la actora adjuntó a su escrito de demanda el comunicado de veintiocho de junio de mil novecientos ochenta y cinco, mientras que a su escrito de alegatos anexó las circulares 23/UEPC/710/99 y 23/UEPC/772/2000, así como los oficios 6/GMD-1214/2001, 23/UEPC/DAMLBSZ/3380/02, 23/GCPC/JLG/3357/03, 23/GCPC/JLG/3957/03, 23/GCPC/GMG/4784/2004, 23/GCPC/GMG-6400/2004 referidos, cuya omisión de requerirle a la autoridad responsable, reclama de la Juez de Distrito.
Documentales que, adversamente a lo esgrimido por la promovente del amparo, la resolutora analizó en la sentencia impugnada en el sentido de que: a solicitud de la parte quejosa se requirieron diversas constancias a la autoridad responsable, director corporativo de Administración de Petróleos Mexicanos, con las cuales acreditó la solicitud y autorización para la creación de las escuelas "Artículo 123" en Salamanca, así como el hecho de que durante varios años se dieron instrucciones para que se continuara otorgando el servicio médico a los maestros que imparten clases en esas escuelas; pero, con ellas no desvirtúa la relación laboral existente entre la trabajadora quejosa y el patrón Petróleos Mexicanos.
En otro aspecto, son inoperantes los agravios sintetizados en los puntos 2, 3 y 8, en los que la recurrente aduce que:
a) La Juez omitió analizar en la sentencia las disposiciones legales citadas en la demanda de amparo, relativas a la obligación constitucional que tiene Petróleos Mexicanos de otorgar el servicio médico que reclama, dado que esa obligación se reglamentó desde la Ley Federal del Trabajo de mil novecientos treinta y uno, en el artículo 111, fracción VIII; luego, se plasmó en la Ley Orgánica de la Educación Pública de mil novecientos cuarenta, en los numerales 16 a 21, en cuyos preceptos se previeron puntualmente las obligaciones patronales, en tanto que en el capítulo IX, relativo a las escuelas primarias "Artículo 123", del Reglamento de la Ley Orgánica de la Educación Pública de mil novecientos cincuenta y siete, se señalaron los requisitos para solicitar la autorización para crear ese tipo de escuelas.
-La reforma educativa de mil novecientos setenta y siete impulsó el fortalecimiento de esas escuelas, por lo que se modificó la Ley Federal de Educación de mil novecientos setenta y tres, para prever en los numerales 57 a 59, que su sostenimiento comprende la obligación patronal de proporcionar las aportaciones para la remuneración del personal y las prestaciones que dispongan las leyes y reglamentos, que no serán inferiores a las que otorgue la Federación en igualdad de circunstancias.
-La actual reforma a la Ley Federal del Trabajo contempla, en la fracción XII del artículo 132, la obligación de los patrones de establecer las referidas escuelas; mientras que en la reforma educativa de dos mil trece, la Ley General de Educación, en el precepto 23 estatuye el mismo texto que la Ley Federal de Educación: "El sostenimiento de dichas escuelas comprende la obligación patronal de proporcionar las aportaciones para la remuneración del personal y las prestaciones que dispongan las leyes y reglamentos, que no serán inferiores a las que otorgue la autoridad educativa local en igualdad de circunstancias."
-Conforme al criterio de la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el artículo 123 constitucional no se pretende arrojar a los particulares las cargas que exclusivamente le corresponden al Estado, como es la educación primaria, sino que la intención del Constituyente, contenida en la fracción XII de ese numeral, es que los patrones que establezcan alguna industria alejada de los centros de población, sostengan económicamente a esas escuelas para los hijos de sus trabajadores, por lo que deben pagar a los profesores y proporcionar los útiles y el material escolar necesario para su funcionamiento.
b) En el acuerdo entre Petróleos Mexicanos y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de mil novecientos ochenta y siete, intervinieron dos partes, por tanto, para revocarlo se requiere que las dos estén de acuerdo, lo que no ha sucedido, por ende, siguen vigentes las obligaciones a cargo de la paraestatal, relativas a la prestación del servicio médico y al suministro de medicinas.
-De acuerdo con la Ley General de Educación, el patrón tiene la obligación, además de entregar el dinero necesario para pagar a los profesores, de otorgar a éstos las prestaciones legales que les correspondan; por tanto, no se trata de un acuerdo de voluntades, sino de una obligación legal.
-La intención del legislador al crear este tipo de escuelas, fue la de regularlas, ya que en la práctica el patrón daba instrucción a los hijos de sus trabajadores; de ahí que en el artículo 123 constitucional se incluyó como un derecho laboral y una obligación patronal la de crear y sostener las escuelas de su propiedad, cuyos educadores serán dirigidos y dependerán administrativamente de la Secretaría de Educación Pública.
-Estas escuelas son sui géneris, ya que tienen rasgos de educación privada, en cuanto a que sólo atienden a hijos de los trabajadores de la empresa que la sostiene, empero, constituyen un derecho laboral y nacen previa autorización del gobierno, a través de la Secretaría de Educación Pública; sin embargo, la relación de trabajo sólo se da entre el profesor y la Secretaría de Educación Pública, tan es así que ésta puede reubicarlo en cualquier otro centro de educación pública.
c) Le causa agravio que la Juez de Distrito no haya analizado que la orden de dejar sin efecto el acuerdo entre el Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado y Petróleos Mexicanos de mil novecientos ochenta y siete, carece de motivación, pues formalmente no se le ha notificado la causa por la cual se procedió a ejecutar el acto que se reclama, ni el resultado del trámite que se realizó para revocar el mencionado acuerdo.
La inoperancia de los agravios puede surgir por diversas razones. Una de sus modalidades radica en la repetición de los argumentos vertidos en los conceptos de violación.
Si bien una mera repetición o, incluso, un abundamiento en las razones referidas en los conceptos de violación, pueden originar la inoperancia, para que ello esté justificado, es menester que con dicha repetición o abundamiento no se impugnen las consideraciones de la sentencia de la Juez de Distrito que les dio respuesta, porque puede darse el caso de que la quejosa insista en sus razones, pero las presente de tal modo que supongan una genuina contradicción de los argumentos del fallo.
Otra modalidad se presenta cuando el Juez de Distrito sobresee en un juicio y los agravios se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación. En este supuesto, el sentido del fallo no sólo libera al juzgador de abordar tal estudio, sino que lo imposibilita para realizarlo, de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo.
En razón de lo anterior, los argumentos relativos a que Petróleos Mexicanos tiene la obligación constitucional, legal y contractual de proporcionar las aportaciones para la remuneración del personal y las prestaciones que dispongan las leyes y reglamentos (de servicio médico y suministro de medicinas) en las escuelas denominadas "Artículo 123", constituyen argumentos que tienden a abundar sobre lo expuesto en los conceptos de violación.
No obstante, como la Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo con base en que consideró que dicho organismo no tiene el carácter de autoridad para efectos del amparo, porque la relación jurídica que lo une con el personal adscrito a las escuelas denominadas "Artículo 123" es de tipo laboral y, por tanto, de coordinación, la cual comparte con la Secretaría de Educación Pública, como patrón solidario, por beneficiarse de los servicios de esos trabajadores, el análisis de fondo relativo a la obligación constitucional, legal y contractual no fue analizada por la juzgadora federal; de ahí la inoperancia de esos agravios.
Por lo que atañe a los diversos agravios que se hacen valer, en cuanto a que: a) la mencionada obligación patronal de brindar servicio médico y medicamentos a los empleados adscritos a las escuelas "Artículo 123" también se prevé en los acuerdos entre Petróleos Mexicanos y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con vigencia a partir del uno de enero de mil novecientos ochenta y cinco y uno de enero de mil novecientos ochenta y siete, y b) le causa agravio que la Juez de Distrito no haya analizado la orden de dejar sin efecto el segundo de los acuerdos señalados, y la falta de notificación de su revocación, son inoperantes.
La inoperancia de tales argumentos radica en que se refieren al fondo del asunto, toda vez que tienden a demostrar que el personal adscrito a las escuelas "Artículo 123", también conocidas como "Pemex-Artículo 123", tienen derecho a que el organismo les otorgue el servicio médico y los medicamentos que proporciona en sus hospitales y que, con motivo de ese derecho, se les debió notificar la orden de dejar sin efecto el convenio que lo prevé; sin embargo, como la Juez de Distrito determinó sobreseer en el juicio de amparo, precisamente por estimar que los actos reclamados de dicho organismo no provienen de una autoridad para efectos del amparo, ello originó que no examinara los referidos planteamientos.
Por otra parte, resultan infundados los argumentos sintetizados en los puntos del 4 al 8, en los que se controvierte lo considerado por la Juez de Distrito, en el sentido de que las autoridades señaladas como responsables (director corporativo de Administración, subdirector de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, así como el jefe y director del Hospital Regional Salamanca, todos de Petróleos Mexicanos, organismo descentralizado del Gobierno Federal), no tienen el carácter de autoridades para los efectos del juicio de amparo, en virtud de que la relación de la paraestatal y el personal adscrito a las escuelas denominadas "Artículo 123", establecidas en diversos centros de trabajo de la empresa, es de coordinación y no de supra a subordinación, en virtud de que al negar el servicio médico y suministro de medicinas, actuó en un plano de igualdad, derivado de la relación de tipo laboral que unió a la quejosa con la paraestatal.
Primeramente, es de señalarse que el tema relativo al tipo de relación que existe entre Petróleos Mexicanos y el personal adscrito a las escuelas "Artículo 123", ya fue analizado por este Tribunal Colegiado, al resolver los amparos en revisión 74/2014 y 65/2015, en sesiones de siete de agosto de dos mil catorce y siete de mayo de dos mil quince.
Como se sostuvo en esas ejecutorias, y se reitera en este asunto, el referido organismo no tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que si bien en la nueva Ley de Amparo se precisó que en algunos casos los particulares pueden actuar de forma equivalente a las autoridades y que, en tales supuestos, también podrían ser señalados como responsables, razón por la cual, el término "actos de autoridad", hace referencia no sólo a los emitidos por órganos formales del Estado, sino también a los provenientes de particulares que actúan con facultades de imperio; de ahí que dicho órgano descentralizado en el presente caso no cuenta con tales características.
Para sustentar esa decisión, como lo apuntó la Juez Federal, es necesario atender al criterio que al respecto emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al definir que el concepto "autoridad" para efectos del juicio de amparo, en cuanto a que debe entenderse como el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado.
De donde resulta que la autoridad -entendida como organismo público o particular-, es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública su fuente.
Ahora, cabe precisar que un ente que se encuentra en una relación de coordinación no puede considerarse autoridad, porque de acuerdo con la teoría general del derecho, ese vínculo se entabla entre particulares o entre entes de gobierno, en el cual actúan en un mismo plano de igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia entre sí, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas.
Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral; y la nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, ya que ambas actúan en el mismo nivel y existe bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación.
En tanto que las relaciones de supra a subordinación, son las que existen entre dos entes que actúan en planos diferentes, pues uno de ellos actúa superior al otro, en beneficio del orden público y del interés social, las cuales sólo se dan entre gobernantes y gobernados.
Aunque existen casos en los cuales los particulares, que no son propiamente entidades estatales, sí desempeñan una atribución equiparable a éstas y se colocan en un ámbito de superioridad respecto de otros particulares, en virtud de atribuciones especiales que les confiere la ley, por lo que también en estos casos surgen relaciones de supra a subordinación, las que se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destacan, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional es el juicio de amparo.
Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal reconoce una serie de derechos fundamentales, como limitaciones al actuar del gobernante y particular con atribuciones de autoridad, ya que el órgano del Estado o el particular al que se le otorgan las mismas funciones impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales.
Por ello, como lo precisó la Juez Federal, las notas que distinguen a una autoridad (en sentido amplio, incluyendo a los órganos gubernamentales y particulares que actúan en auxilio del Estado) para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes:
a) La existencia de un ente de hecho o de derecho, que establece una relación de supra a subordinación con un particular.
b) Esa relación tiene su nacimiento en la ley que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad.
c) Con motivo de esa relación, emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular.
d) Para emitir esos actos, no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado.
Así, para definir el concepto de autoridad responsable (formal y materialmente, incluyendo a los particulares), debe atenderse a las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior, ya sea que se trate de una autoridad formal o de un particular que goce de las mismas atribuciones.
Este criterio lo sostuvo el Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada 2a. CCIV/2001, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", publicada en la página 39, Tomo XIV, noviembre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
En el caso no se da ese supuesto, pues como lo consideró la resolutora, conforme a lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción XII, párrafo tercero, de la Constitución Federal, en relación con los diversos 132, fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo, 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 23 de la Ley General de Educación, los patrones se encuentran obligados a establecer las escuelas a que se refiere el primero de dichos preceptos, y a proporcionar las instalaciones adecuadas para ello.
Dichos preceptos literalmente expresan:
Constitución General de la República
"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.
"El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
"A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:
"...
"XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones.
"Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del gobierno federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los recursos del fondo nacional de la vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas.
"Las negociaciones a que se refiere el párrafo primero de esta fracción, situadas fuera de las poblaciones, están obligadas a establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad."
Ley Federal del Trabajo
"Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:
"...
"XII. Establecer y sostener las escuelas ‘Artículo 123 Constitucional’, de conformidad con lo que dispongan las leyes y la Secretaría de Educación Pública; ..."
Ley Orgánica de la Administración Público Federal.
"Artículo 38. A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
"I. Organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales, incorporadas o reconocidas;
"a) La enseñanza preescolar, primaria, secundaria y normal, urbana, semiurbana y rural.
"b) La enseñanza que se imparta en las escuelas, a que se refiere la fracción XII del artículo 123 constitucional.
"c) La enseñanza técnica, industrial, comercial y de artes y oficios, incluida la educación que se imparta a los adultos.
"d) La enseñanza agrícola, con la cooperación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
"e) La enseñanza superior y profesional.
"f) La enseñanza deportiva y militar, y la cultura física en general;
"II. Organizar y desarrollar la educación artística que se imparta en las escuelas e institutos oficiales, incorporados o reconocidos para la enseñanza y difusión de las bellas artes y de las artes populares;
"III. Crear y mantener las escuelas oficiales en el Distrito Federal, excluidas las que dependen de otras dependencias;
"IV. Crear y mantener, en su caso, escuelas de todas clases que funcionen en la República, dependientes de la Federación, exceptuadas las que por la ley estén adscritas a otras dependencias del Gobierno Federal;
"V. Vigilar que se observen y cumplan las disposiciones relacionadas con la educación preescolar, primaria, secundaria, técnica y normal, establecidas en la Constitución y prescribir las normas a que debe ajustarse la incorporación de las escuelas particulares al sistema educativo nacional;
"VI. Ejercer la supervisión y vigilancia que proceda en los planteles que impartan educación en la República, conforme a lo prescrito por el artículo 3o. constitucional;
"VII. Organizar, administrar y enriquecer sistemáticamente las bibliotecas generales o especializadas que sostenga la propia secretaría o que formen parte de sus dependencias;
"VIII. Promover la creación de institutos de investigación científica y técnica, y el establecimiento de laboratorios, observatorios, planetarios y demás centros que requiera el desarrollo de la educación primaria, secundaria, normal, técnica y superior; orientar, en coordinación con las dependencias competentes del gobierno federal y con las entidades públicas y privadas el desarrollo de la investigación científica y tecnológica;
"IX. Patrocinar la realización de congresos, asambleas y reuniones, eventos, competencias y concursos de carácter científico, técnico, cultural, educativo;
"X. Fomentar las relaciones de orden cultural con los países extranjeros, con la colaboración de la Secretaría de Relaciones Exteriores;
"XI. Mantener al corriente el escalafón del magisterio y el seguro del maestro, y crear un sistema de compensaciones y estímulos para el profesorado; atendiendo a las directrices que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el sistema general de administración y desarrollo de personal;
"XII. Organizar, controlar y mantener al corriente el registro de la propiedad literaria y artística;
"XIII. Otorgar becas para que los estudiantes de nacionalidad mexicana puedan r
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26254-a4bbacb6/petroleos-mexicanos-la-negativa-a-proporcionar-atencion-medica · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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