INTERÉS LEGÍTIMO. PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE EL QUEJOSO LO DEMUESTRE DE MANERA INDICIARIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 299/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 4 DE MAYO DE 2016. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. DISIDENTES: EDUARDO MEDINA MORA I. Y MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: NORMA PAOLA CERÓN FERNÁNDEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de esta denuncia de contradicción de tesis.(1)
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.(2)
TERCERO.-Ejecutorias contendientes. A fin de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, es pertinente tener en cuenta los aspectos relevantes de las ejecutorias denunciadas como contradictorias que, en síntesis, son los siguientes:
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, recurso de queja **********.
1. ********** y ********** promovieron juicio de amparo en el que señalaron como acto reclamado, la reubicación de vendedores ambulantes en el Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, a una calle en donde se encuentra su domicilio, alegando afectaciones en perjuicio de los habitantes de dicho lugar. Al efecto solicitaron la suspensión provisional de los actos reclamados.
2. Correspondió conocer del asunto al Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, quien registró el asunto bajo el expediente ********** y por acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil quince, negó la suspensión provisional solicitada por los quejosos.
3. En contra de esa determinación, mediante escrito presentado el veintiséis de agosto de dos mil quince en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, los quejosos interpusieron recurso de queja.
4. Por razón de turno, correspondió conocer del asunto al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, el cual, agotados los trámites de ley, dictó resolución interlocutoria el treinta y uno de agosto de dos mil quince, en la que determinó, en la parte que interesa a esta ejecutoria, lo siguiente:
"...No tienen razón estos últimos.
"El artículo 131 de la Ley de Amparo dispone: (se transcribe)
"La anterior transcripción pone de manifiesto que en el juicio de amparo, cuando se pida la suspensión provisional y, asimismo, se aduzca un interés legítimo (aspecto último que en la especie ocurre y de lo cual no existe punto de controversia), el Juez Federal podrá otorgar dicha suspensión, empero siempre y cuando el quejoso acredite o justifique plenamente dos hipótesis a saber:
"a) El daño inminente e irreparable que se le podría causar con la negativa de la suspensión, y
"b) El interés social que justifique la concesión de la medida suspensional.
"Esto es, tratándose de un interés legítimo el legislador exige una carga mayor que en un interés jurídico, pues lo condiciona a un acreditamiento específico a cargo de la parte quejosa.
"Ahora, de la resolución recurrida se advierte que el Juez Federal con apoyo en dicho numeral y así como en el interés legítimo que adujeron los quejosos, de manera fundada y motivadamente resolvió negar la suspensión provisional, al determinar que dichos inconformes no acreditaron plenamente el daño inminente e irreparable que pudieran causarle los actos reclamados y, sobre todo, con la negativa de la suspensión.
"Lo cual es correcto, en la medida de que el acreditamiento del daño inminente e irreparable que pudieran causarles los actos reclamados y, sobre todo, con la negativa de la suspensión, no es una cuestión que haya quedado al arbitrio del juzgador, sino que fue el propio legislador, que como se vio con la transcripción del artículo 131 de la Ley de Amparo, exige el referido acreditamiento pleno al momento de resolver sobre la citada medida suspensional, lo que en la especie no ocurrió y, es por ello que, se estima correcta la decisión de negar la medida suspensional solicitada.
"De ahí que no basta la referencia a los antecedentes que se aduzcan en la demanda de amparo y hacer presunciones de buena fe para conceder la medida suspensional, tratándose de una afectación al interés legítimo, sino que es carga probatoria de los quejosos.
"Carga probatoria que no se tiene por satisfecha con la sola exhibición de las escrituras de propiedad anexadas a la demanda de amparo, ni con las fotografías a que se hace mención en los agravios; pues en cuanto a lo primero, en todo caso demuestra el derecho subjetivo sobre el inmueble en favor de los quejosos, no así que el acceso a su inmueble, quedare impedido ante la instalación en días domingo del tianguis multicitado, puesto que no se observa de dichos documentos que el inmueble tenga sólo una puerta de acceso, ni que no podrían circular en vías alternas para llegar a su inmueble; y en cuanto a las fotografías, aun cuando los quejosos trazan la reubicación del tianguis, se observa que su inmueble está en esquina, observándose calles alternas, por lo que no es posible concluir que el acceso será imposible.
"Por otro lado, no es verdad que una vez materializada la reubicación de los vendedores ambulantes o tianguistas frente al inmueble de los quejosos, aquéllos adquirirán un derecho que no tienen y, consecuentemente, ya no podrán ser reubicados a otro lugar.
"Toda vez que de lograrse una sentencia favorable en el amparo, es evidente que dichos terceros interesados (vendedores ambulantes), tendrán que ser reubicados nuevamente a distinto lugar o bien dejarlos en el lugar donde actualmente se instalan, por lo que sí es factible restituir, en todo caso, a los quejosos en el derecho que estiman violado.
"Ahora es verdad que el Juez Federal no se refirió, ni tomó en cuenta el acreditamiento del interés social que justifique el otorgamiento de la medida suspensional; sin embargo, ello es irrelevante para el caso que nos ocupa, porque al no haberse acreditado el primer supuesto previsto por el comentado artículo 131 de la Ley de Amparo y según lo determinado por el Juez Federal, como es el inminente daño e irreparabilidad de los actos reclamados; es patente que a nada práctico conduciría el análisis del distinto supuesto, relativo al acreditamiento del interés social que justifique el otorgamiento de la medida suspensional.
"Además, independientemente de ello, tocaba a los quejosos acreditar legalmente el interés social que justificara que con el otorgamiento de la medida suspensional, se beneficiaría más a la colectividad, pues aunque se desconocen los motivos que dieron lugar a la reubicación de los vendedores ambulantes, lo cierto es que hasta el momento no se sabe si ello traerá mejores condiciones económicas para los habitantes del lugar al que serán reubicados.
"En las relatadas consideraciones, lo que procede es declarar infundado el presente recurso de queja, prevaleciendo la negativa de la medida suspensional que solicitaron los quejosos..."
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, recurso de queja **********.
1. ********** promovió juicio de amparo en el que reclamó del Ayuntamiento Republicano del Municipio de Guadalupe, Nuevo León y de otras autoridades, la licencia por tiempo indefinido otorgada a **********, el veinte de enero de dos mil doce, en su carácter de presidenta municipal del referido Municipio, alegando violación al derecho de representación pública y solicitando la suspensión del acto reclamado.
2. Por razón de turno, conoció del asunto el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa, con residencia en Monterrey, Nuevo León, quien registró el juicio bajo el expediente ********** y por acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil doce, negó la suspensión provisional solicitada.
3. En desacuerdo con lo anterior, mediante escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil doce en la Oficialía de Partes del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, con residencia en Monterrey, Nuevo León, la quejosa interpuso recurso de queja.
4. Por razón de turno, el asunto se remitió al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, el cual, seguida la secuela procesal correspondiente, dictó resolución el cinco de marzo de dos mil doce, en la que determinó, en la parte que interesa a esta resolución, lo siguiente:
"...Cuarto.-Estudio. Los conceptos de agravios son esencialmente eficaces para declarar fundada la presente queja, esto en razón a las siguientes consideraciones jurídicas y fácticas.
"Previo a dar las razones que sostiene la calificativa antes dada, es preciso apuntar que la litis en la presente, se centra en determinar dos aspectos medulares:
"1. Si el acto reclamado (licencia por tiempo indefinido otorgada el veinte de enero de dos mil doce, a la presidenta municipal de Guadalupe, **********), es un acto consumado como lo determinó el juzgador federal, o bien si por sus efectos es de los denominados ‘de tracto sucesivo’.
"2. Luego superado ese requisito natural, se escudriñara si se cumplen con los requisitos legales previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, los cuales son necesarios para conceder la suspensión provisional.
"...
"Una vez determinado que los actos reclamados si bien son consumados, sus efectos o ejecución se prolongan en el tiempo (de tracto sucesivo), es preciso analizar si se cumplen los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo (punto señalado como ‘2’), para resolver si procede o no conceder la medida suspensional.
"Dicho numeral dispone que la suspensión procederá siempre que se reúnan los siguientes requisitos: que la solicite el agraviado (fracción I); que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público (fracción II) y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto (fracción III).
"Ciertamente en el caso, la medida suspensional fue solicitada por la parte quejosa **********, con base en el interés legítimo facultado constitucionalmente.
"El principio de iniciativa de parte agraviada, previo a las reformas constitucionales del seis de junio de dos mil once (con vigencia a partir del cuatro de octubre posterior) implicaba la necesidad de que el gobernado probara que era titular de un derecho subjetivo que se estimaba violado con los actos reclamados.
"Sin embargo, con la reforma constitucional del precepto 107 constitucional, se amplió dicho principio de instancia de parte agraviada, pues se abarca ahora no sólo a las personas que dicen ser titulares de un derecho subjetivo, sino a aquellas que aducen tener un interés legítimo individual o colectivo.
"En efecto, en el caso se trata de interés legítimo porque, el mismo no requiere una afectación o menoscabo a un derecho subjetivo, sino que en sí, debe entenderse como una manifestación de un daño en la esfera jurídica tutelada por el ordenamiento legal, en sentido amplio.
"Es decir, en el caso, la recurrente aduce ser residente del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, y señala que el acto reclamado (otorgamiento de la licencia a la presidenta municipal de dicho Municipio por tiempo indefinido) afecta su esfera jurídica, pues su derecho de representación pública es transgredido.
"De ahí que se acredite presuntivamente el interés jurídico, pues la recurrente anexa a su recurso de queja, su credencial de elector (visible a foja 9 del expediente en que se actúa), de la cual se advierte que efectivamente reside en el Municipio de Guadalupe, concretamente en el siguiente domicilio: (se transcribe).
"Además, adjuntó un estado de cuenta de la institución bancaria denominada **********, donde se constata (foja 10 del expediente en que se actúa) que es el mismo domicilio citado.
"Así las cosas, si además como criterio orientador tenemos que en la exposición de motivos del proyecto de reforma de los artículos 94, 100, 103, 107 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a la iniciativa con proyecto de decreto se estableció: (se transcribe).
"Y posteriormente, en el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación; de Estudios Legislativos, Segunda a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, sesionado por el Pleno de la Cámara de Senadores, el cinco de octubre de dos mil once, se consideró sobre la misma legitimación procesal ampliada: (Se transcribe).
"Además, la doctrina ilustra la definición del interés en mención para el caso, con el siguiente criterio:
"Interés legítimo colectivo.
"Eduardo Ferrer Mac-Gregor como especies de los derechos o intereses supraindividuales, se encuentran los derechos o intereses difusos y colectivos.
"A través del interés legítimo se pretende proteger aquellos bienes que son indivisibles, como una suma de intereses individuales, respectivos a una colectividad, grupo o clase.
"Sin embargo, no hay que confundir los intereses difusos con los intereses colectivos, de ahí, que su principal distinción radica en que al hablar de intereses difusos se piensa en un conglomerado de individuos que tienen un interés de difícil o imposible determinación, mientras que el interés colectivo al abarcar grupos limitados o colectividades, su interés es fácilmente determinable.
"De ahí, que en el caso deba protegerse provisionalmente a través de la precautoria solicitada, ese interés supraindividual, pues el derecho de representación pública de los ciudadanos (derecho de la colectividad) y las obligaciones por parte del funcionario público que eligieron a través de su decisión los mismos individuos esta (sic) en cuestionamiento en la litis de amparo.
"Adicionalmente, de concederse la suspensión no se causaría perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, ya que no se sitúa en ninguno de los supuestos previstos en dicha fracción II, como lo son: (se transcribe).
"Por lo que hace a la fracción III del artículo 124 de la Ley de Amparo, ésta prevé como tercer requisito para la concesión de la medida cautelar que con la ejecución del acto, se causen a la parte quejosa, daños y perjuicios que sean de difícil reparación.
"Ahora bien, al referirse el numeral 124, fracción III, a la necesidad de que los daños o perjuicios que se causen con la ejecución del acto reclamado, sean difícilmente reparables, como requisito para que proceda la suspensión, no está considerando nada más la posibilidad de obtener esa reparación del acto, en sí mismo, ni tampoco toma en cuenta los perjuicios remotos que pueda ocasionar la negativa de suspensión, sino lo que ha de servir de norma, es que no haya dificultad grave para obtener, en su caso, la reparación de esos daños o perjuicios.
"Sirve de apoyo a lo expuesto, por las razones que la informan, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ‘SUSPENSIÓN. DAÑOS O PERJUICIOS DIFÍCILMENTE REPARABLES.’ (se transcribe).
"En ese sentido, se advierte que la recurrente manifiesta los siguientes argumentos para evidenciar dicha afectación:
"I. Existe una especial situación frente al orden jurídico, de ser representado por la persona que en atención a sus características personales se encargó de la administración del propio Municipio de la quejosa.
"II. En atención a la naturaleza de la materia del amparo, y toda vez que actualmente faltan aproximadamente nueve meses para la terminación del cargo de la ahora tercera perjudicada; la medida cautelar es la única manera de asegurar que subsista la materia del juicio y por ende se pueda decidir sobre, la inconstitucionalidad de lo aquí reclamado.
"III. Hay un interés público en que la Constitución Política sea cumplimentada (artículo 5o. constitucional), en otras palabras, que la obligación de desempeñar el cargo al cual fue elegida en atención a sus características personales es un mandato constitucionalmente vinculante.
"IV. El interés de la quejosa refleja el interés colectivo en que los cargos personalísimos impliquen una verdadera obligación.
"V. No obstante que ya se otorgó la licencia, la violación se prolonga sin interrupción es decir, ésta subsiste, ininterrumpidamente, mientras no se suspendan los efectos de la licencia y se ordene la continuación de la vigencia del numeral 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Atento a lo dispuesto en párrafos precedentes, resulta que, debe apreciarse la difícil reparación de los daños y perjuicios en función de la reparación del acto en sí mismo; esto es, en el otorgamiento de la licencia por tiempo indefinido a favor de **********, respecto a su cargo de presidenta Municipal de Ciudad Guadalupe, Nuevo León, en fecha veinte de enero de dos mil doce, que constituye el acto reclamado; pues la materia del amparo es definir la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho otorgamiento de licencia, por lo que, de no suspenderse los efectos de la misma, podría causarse un daño de difícil reparación al interés legítimo de la quejosa, pues las circunstancias fácticas jurídicas del caso podrían variar con el tiempo, o incluso desaparecer la materia de la litis, esto, sin dejar de apreciar que el interés particular de la tercero perjudicada se subordina al interés general.
"La afirmación antes dada, tiene sustento si se parte de una ponderación de intereses o principios, esto tomando en cuenta que el derecho de representación pública, implica una búsqueda y permanencia en el bienestar del orden social de la población, pues la sociedad está interesada en que la función pública se desempeñe por quienes son reconocidos al cargo y se excluya, a aquellas personas que no lo son.
"En consecuencia, ante la mínima presunción, debe atenderse al interés de la colectividad, sobre algún interés particular.
"Por último, también se evidencia en la presente, la apariencia del buen derecho por parte de la quejosa puesto que como lo aduce en sus agravios aquí transcritos, lo que se pretende es salvaguardar el derecho que tiene a ser representada por la funcionaria que fue nombrada presidenta municipal, de conformidad a la obligación consagrada en el precepto 5o. constitucional, de desempeñar el cargo público por elección popular.
"Finalmente, al quedar acreditado que se cumplen con los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo y existir la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, lo procedente es conceder la suspensión provisional para el efecto de que no se siga ejecutando la licencia por tiempo indefinido, concedida a favor de la tercera perjudicada, y así no queden irreparablemente consumados los actos que se reclaman, hasta en tanto se notifique a las responsables lo que en la suspensión definitiva se resuelva. Lo que es así, al estimarse la misma como una medida pertinente para la subsistencia de la materia del amparo, acorde al artículo 130 de la Ley de Amparo, y para evitar que se le causen daños de difícil reparación a la parte quejosa. Sin que exista base de momento para fijar algún requisito de efectividad para que surta efectos la suspensión, dado que si bien existe una tercero perjudicada, la efectividad de la medida no es susceptible de cuantificarse económicamente ante la especial situación que vive la quejosa frente al orden jurídico que estima trastocado en su perjuicio, derivado de su interés legítimo que constitucionalmente le asiste..."
Del referido asunto derivó la tesis aislada IV.3o.A.14 K (10a.), de rubro y texto siguientes:
"INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. BASTA CON QUE SE JUSTIFIQUE PRESUNTIVAMENTE PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Previo a las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, vigentes a partir del 4 de octubre siguiente, el principio de iniciativa de parte agraviada previsto en el artículo 107 constitucional, implicaba la necesidad de que el gobernado probara que era titular de un derecho subjetivo que estimaba violado con los actos reclamados; sin embargo, ahora, partiendo de la premisa de un marco protector más amplio de los derechos humanos, aquellas personas que aduzcan tener un interés legítimo pueden accionar una instancia, esgrimiendo un daño en su esfera jurídica tutelada por la ley y no así una afectación directa a un derecho subjetivo. Por tanto, el interés legítimo en la suspensión provisional en el amparo debe acreditarse de manera presuntiva y no plena, ya que esto último será materia del juicio principal."
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito recurso de queja **********.
1. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, ********** promovió juicio de amparo en contra del secretario y del director general del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a quienes reclamó el acuerdo, autorización, mandamiento, orden y/o resolución de construcción de un puente elevado, ubicado al frente del inmueble propiedad del quejoso, el cual, adujo, limitaba el acceso a dicho predio, solicitando la suspensión de los actos reclamados.
2. Correspondió conocer del asunto, por razón de turno, al Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, el cual admitió a trámite la demanda de amparo, la registró bajo el expediente **********, ordenó tramitar por duplicado el incidente de suspensión correspondiente y por acuerdo de cinco de junio de dos mil trece, resolvió negar la suspensión provisional solicitada.
3. En desacuerdo con lo anterior, mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes del juzgado del conocimiento, el quejoso, por conducto de su autorizado, interpuso recurso de queja.
4. El asunto se remitió al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, quien seguidos los trámites legales, dictó interlocutoria el once de junio de dos mil trece, en la que resolvió, en la parte que interesa, lo siguiente:
"...Quinto. Estudio de los agravios y solución del problema jurídico. Son fundados los argumentos de agravio planteados en el presente recurso de queja.
"En el único agravio la parte recurrente, expone en esencia que el auto recurrido resulta ilegal toda vez que el mismo se encuentra indebidamente fundado y motivado, ya que en el caso la suspensión se solicitó para el efecto de que se le otorgara un acceso adecuado a su inmueble que tiene autorizado un uso de suelo para un negocio de cristales, y que no se le limitara en forma alguna, con el fin de que pudiera ejercer plenamente sus derechos de propiedad y de comercio, mas no para el efecto de que se paralizara la obra pública; además dice que el a quo no efectúo un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la posible afectación al interés social; así como, que con las pruebas consistentes en las impresiones fotografías se advierte la dificultad de tránsito para un vehículo grande como lo es un tráiler, pues resulta imposible maniobrar con alguna carga extra que pretenda ingresarse o extraerse de dicho inmueble.
"Como se precisó en un principio, dicho agravio resulta fundado.
"...
"Expuesto lo anterior, se reitera que resultan fundados los argumentos a estudio, en razón de que este Tribunal Colegiado considera que, contrario a lo determinado por el Juez Federal, en el caso sí procede la concesión de la suspensión provisional de los actos reclamados, porque se reúnen los requisitos que prevén los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, como enseguida se verá.
"Para evidenciarlo, es importante señalar lo que disponen los siguientes preceptos legales.
"El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esa Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Además que cuando se trate de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.
"Por su parte el artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que el quejoso es parte en el juicio de amparo, y que tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de esa ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
"Ahora, el artículo 131, primer párrafo, de la mencionada ley establece que cuando el quejoso que solicita la suspensión, aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando éste acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento.
"Numerales de los que se advierte que en el juicio de amparo, la parte quejosa puede ser titular de un derecho o interés jurídico, o bien de un interés legítimo, siempre y cuando se aduzca una transgresión a los derechos reconocidos en la Constitución Federal, y con lo anterior se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Y que cuando dicha quejosa solicite la suspensión y señale tener un interés legítimo, el órgano jurisdiccional debe de concederla siempre y cuando aquélla acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, así como el interés social que la justifique.
"Por tanto, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 5o., fracción I, y 131 de la Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, debe concluirse que, cuando el quejoso aduzca en la demanda de amparo ser titular de un interés legítimo derivado de su especial situación frente al orden jurídico y solicite la suspensión de los actos reclamados con base en ese interés, debe acreditar cuando menos de manera presuntiva que los actos reclamados producen un daño inminente e irreparable a su pretensión, así como justificar el interés social en su otorgamiento, a fin de que el órgano jurisdiccional pueda tener por satisfecho el acreditamiento del interés legítimo para la obtención de la medida cautelar, es decir, el quejoso debe probar el interés legítimo presuntivo en la suspensión y no exigírsele un grado de prueba plena, pues el texto del artículo 131 citado, debe de interpretarse con apoyo en el principio pro personae, según lo dispuesto por el precepto 1o. de la Constitución, lo que conduce a establecer la interpretación más favorable a las personas de lo establecido en el mencionado artículo 131.
"Hechas las anteriores precisiones, ahora este órgano jurisdiccional procederá al análisis de los requisitos que establecen los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la medida cautelar solicitada.
"La jurisdicción ejercida tiene su apoyo en la jurisprudencia P./J. 10/2001 sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, que se aplica por analogía, y que señala: ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LA OMISIÓN DE FUNDAR Y MOTIVAR EL AUTO EN QUE SE RESUELVE, DEBE REPARARSE POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE ESTÁ FACULTADO PARA ELLO, AL RESOLVER EL RECURSO DE QUEJA.’ (transcribe).
"Criterio jurídico que se estima vigente y aplicable al presente caso, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en tanto que no se opone a sus disposiciones.
"En efecto, conforme al artículo 128 de la Ley de Amparo, con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, cuando se reúnan los siguientes requisitos:
"a) Que la solicite el agraviado.
"b) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.
"Y de acuerdo con el citado artículo 131, primer párrafo, del mismo ordenamiento legal, cuando la parte quejosa solicita la suspensión y señale un interés legítimo, debe de concederse cuando aquélla acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que la justifique.
"Pues bien, este órgano jurisdiccional considera que el primer requisito previsto en la fracción I del artículo 128 relacionado con el diverso 131 de la Ley de Amparo, se encuentra satisfecho, debido a que la medida suspensional fue expresamente solicitada por el quejoso en la demanda de amparo.
"Además, porque el referido quejoso justifica de manera presuntiva, su interés legítimo en el otorgamiento d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26345-e7d5c3c9/interes-legitimo-para-el-otorgamiento-de-la-suspension · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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