Corpus
Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LAS VIOLACIONES PROCESALES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL CUAL DERIVARON LAS NORMAS IMPUGNADAS DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO PORQUE PUEDEN TENER UN EFECTO DE INVALIDACIÓN TOTAL SOBRE LA NORMA IMPUGNADA, QUE HAGA INNECESARIO EL ESTUDIO DE ÉSTAS (PROCESO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL 1 DE JULIO DE 2015, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE DEBIDO PROCESO, LEGALIDAD, SEGURIDAD JURÍDICA, DEMOCRACIA REPRESENTATIVA Y DELIBERACIÓN PARLAMENTARIA. III. PROCEDIMIENTO DE REFORMAS LEGALES. SUPUESTO EN EL QUE LA INOBSERVANCIA A LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO NO ACTUALIZA SU VIOLACIÓN CON POTENCIAL INVALIDANTE (VALIDEZ DEL DECRETO QUE DIO ORIGEN AL CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL 1 DE JULIO DE 2015). IV. NORMAS EN MATERIA ELECTORAL. APROBACIÓN FUERA DEL PLAZO PREVISTO EN EL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS (PROCESO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE). V. COALICIONES. INCOMPETENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA REGULARLAS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 Y 90 DEL CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VI. PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES. LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS CARECEN DE FACULTADES PARA EMITIR NORMAS SOBRE SU CONSTITUCIÓN Y REGISTRO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 38 Y 39 DEL CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VII. PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES. LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS ESTÁN FACULTADOS PARA RECONOCERLES DERECHOS ADICIONALES A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, SIEMPRE QUE NO SE CONTRAVENGAN LAS BASES CONSTITUCIONALES NI LAS DE LAS LEYES GENERALES (ARTÍCULO 40 DEL CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VIII. PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES. LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS ESTÁN FACULTADOS PARA ESTABLECER LAS CAUSAS QUE IMPIDAN A UNA PERSONA SER SU REPRESENTANTE ANTE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES (ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IX. SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL. SU REGULACIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 101, FRACCIÓN VI, INCISO E), Y PÁRRAFO ÚLTIMO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "EL INGRESO, EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEL PERSONAL DIRECTIVO Y TÉCNICO DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO SE REGIRÁN POR EL ESTATUTO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL, HASTA EN TANTO NO SEA APROBADO EL ESTATUTO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL.", 113, FRACCIÓN VI, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL, ASÍ COMO" Y "CAPACITACIÓN ELECTORAL", 116, PÁRRAFO PRIMERO, Y 123 DEL CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ASÍ COMO DEL ARTÍCULO TRANSITORIO DÉCIMO PRIMERO DEL DECRETO POR EL QUE FUE EXPEDIDO DICHO ORDENAMIENTO, Y DESESTIMACIÓN DE LA INVALIDEZ DEL ARTÍCULO TRANSITORIO DÉCIMO DEL CITADO DECRETO]. X. PADRÓN ELECTORAL Y LISTA NOMINAL. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA ELABORARLOS, ACTUALIZARLOS Y VIGILARLOS, TRATÁNDOSE TANTO DE PROCESOS ELECTORALES FEDERALES COMO LOCALES (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 162, 165, 166 Y 167 DEL CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XI. FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LOS PROCESOS FEDERALES Y LOCALES. ES EXCLUSIVA RESPECTO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES PARA DIPUTADOS FEDERALES, ASÍ COMO DE LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS NACIONALES, SIN COMPRENDER A LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES (ARTÍCULOS 29, FRACCIONES VI Y VII, 30, 31, 32, 108, FRACCIÓN X, Y 122 DEL CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XII. FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y CAMPAÑAS DE CANDIDATOS. EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PUEDE DELEGAR ESTA ATRIBUCIÓN A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES (ARTÍCULO 35 DEL CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). XIII. ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES. SU UNIDAD DE FISCALIZACIÓN SÓLO TIENE COMPETENCIA PARA FISCALIZAR A LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES, ASÍ COMO PARA ASUMIR LAS FACULTADES QUE, EN SU CASO, LES DELEGUE EL INSTITUTO NACION

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 50/2015 Y SUS ACUMULADAS 55/2015, 56/2015 Y 58/2015. · Registro digital (IUS): 26355
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-06-10
Promovente: PARTIDOS POLÍTICOS MOVIMIENTO CIUDADANO, ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MORENA.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo I, Pág. 33.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 50/2015 Y SUS ACUMULADAS 55/2015, 56/2015 Y 58/2015. PARTIDOS POLÍTICOS MOVIMIENTO CIUDADANO, ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MORENA. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: FABIANA ESTRADA TENA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diez de noviembre de dos mil quince.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Presentación de escritos iniciales, normas impugnadas y autoridades emisora y promulgadora de la norma. Por escritos presentados en las fechas y por los partidos políticos precisados a continuación, se promovieron las siguientes acciones de inconstitucionalidad en contra del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y del decreto por el que fue expedido de primero de julio de dos mil quince:

Ver acciones de inconstitucionalidad promovidas

Se precisaron como autoridades emisoras y promulgadoras de las normas impugnadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Veracruz.

Adicionalmente, Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional señalaron, como autoridad demandada, a la directora de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, respecto de la cual, mediante acuerdos de diecisiete y veintinueve de julio de dos mil quince, se consideró innecesario requerir el informe correspondiente, pues, de conformidad con los artículos 61, fracción II, y 64, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo existe obligación legal de pedir dicho informe a los órganos Legislativo y Ejecutivo que hayan emitido y promulgado las normas.

El Partido Acción Nacional también señaló como autoridades demandadas al secretario general de Gobierno del Estado de Veracruz y al Instituto Electoral Veracruzano, sin que en el auto de admisión se haya proveído nada respecto a ellos.

SEGUNDO.-Preceptos constitucionales que se estiman vulnerados. Los accionantes señalan como violados los artículos siguientes:

Ver artículos

TERCERO.-Conceptos de invalidez. Los promoventes hicieron valer los conceptos de invalidez que a continuación se sintetizan:

I. En la acción de inconstitucionalidad 50/2015, el Partido Movimiento Ciudadano señaló que:

1) El Congreso Local vulneró los derechos a votar y a ser votado, y, como consecuencia, el derecho de acceso al poder público previsto en los artículos 9o., 35, fracciones II y III, y 41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución General, y en los artículos 4, párrafo segundo, y 15, fracciones I y II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; y los principios de supremacía constitucional y de seguridad jurídica, al aprobar el Código Electoral de Veracruz hasta el treinta de junio de dos mil quince. Es decir, un año después a la fecha establecida en el artículo tercero transitorio del decreto por el que se expide la Ley General de Partidos Políticos, por lo que incurrió en omisión legislativa.

2) En la aprobación del Código Electoral de Veracruz se vulneraron los artículos 2, 20, 35, fracciones III y IV, de la Constitución Política del Estado de Veracruz; 19, 20, 22, fracciones I, II y III, 24, fracciones III y VIII, 26, fracciones II y V, y 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz; y 2, fracción III, 4, 11, 26, 29, 31, fracciones V y XIII, 96, fracción II, 97, fracción IV, y 122 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, los cuales regulan el procedimiento legislativo, por lo que se vulneran las garantías de legalidad y las premisas políticas de la democracia liberal representativa previstas en los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 39, 40 y 41 de la Constitución General.

En efecto, en lo general se votó el dictamen con proyecto de Código Electoral sin una integración correcta de la mesa directiva, pues únicamente se encontraba la presidenta, quien antes de someter el decreto a votación, debió cumplir con lo establecido en el artículo 20 de la ley orgánica y los artículos 29 y 31, fracción V, del reglamento; toda vez que los artículos 19 y 22 de la ley orgánica señalan que la mesa directiva se integrará con un presidente, un vicepresidente y un secretario, la cual conducirá las sesiones conforme a los principios de libertad, imparcialidad y objetividad, y tiene la facultad de garantizar el adecuado desarrollo de los debates, votaciones y deliberaciones del Pleno, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y la ley.

El Código Electoral se aprobó mediante treinta y cuatro votos a favor, cero votos en contra y un voto en abstención, con la ausencia de quince diputados (entre ellos el vicepresidente y la secretaria de la mesa directiva), sin tomar en cuenta la solicitud reiterada de moción suspensiva de los diputados de minoría para examinar el dictamen, por lo que se vulnera el derecho a deliberar y discutir las iniciativas de ley y el derecho de participación política, pues no existía fundamento para tratar dicha iniciativa de forma urgente y tampoco era de obvia resolución.

En este sentido, no se observó el principio de legalidad previsto en la Constitución General y en la Constitución Local, ya que aun cuando el Congreso Local posee facultades para legislar, lo cierto es que debe sujetarse a los requisitos establecidos en el marco jurídico aplicable. Además, se quebrantó el derecho de las minorías legislativas de libertad e igualdad y la dimensión deliberativa de la democracia, al imponer la mayoría parlamentaria la aprobación del dictamen, violando el procedimiento legislativo y las garantías de debido proceso y legalidad.

3) Los artículos 108, fracción XLIV, y 114, párrafos 2 al 5, del Código Electoral de Veracruz, son contrarios a los artículos 41, base V, apartado A, párrafos primero y noveno, y 116, fracción IV, de la Constitución General, al prever que el secretario ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano será nombrado por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso Local.

En el artículo 41, base V, apartado A, párrafo noveno, de la Constitución General, el Constituyente Permanente dotó de autonomía plena al Instituto Nacional Electoral para nombrar a su secretario ejecutivo. Para el promovente, tal medida debe interpretarse de manera extensiva para los organismos electorales locales por idoneidad, proporcionalidad y razonabilidad, pues uno de los principales objetivos de la reforma constitucional de dos mil catorce, fue evitar la intervención excesiva de los Gobiernos Estatales en los organismos electorales.

Sin embargo, el artículo 114, párrafos 2 al 5, del Código Electoral de Veracruz contempla que el Congreso Local designará al secretario ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, lo cual, es contrario al espíritu de la reforma constitucional y al artículo 41 de la Constitución General, incluyendo los principios rectores del derecho electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; los cuales son aplicables a los organismos electorales locales, de conformidad con el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución General. En tales circunstancias, no existe certeza que el secretario ejecutivo actúe de conformidad con los principios electorales mencionados. Igualmente, el artículo impugnado lesiona el principio de seguridad jurídica, dado que no existe sustento constitucional alguno para que el Congreso Local se arrogue dicha facultad.

4) Los artículos 155, párrafos 1 y 3, y 290, párrafo tercero, del Código Electoral de Veracruz establecen medidas que no son idóneas, proporcionales y razonables.

Las fechas límite para el registro de representantes de partidos políticos y candidatos independientes ante el Instituto Electoral Veracruzano son un requisito de carácter formal que no es definitivo para alguna etapa del proceso electoral. El incumplimiento del registro no afecta a terceros, al debido desarrollo del proceso electoral, ni al interés general, sino únicamente a quien no lo haya hecho, por lo que resulta excesivo que no se le permita a un representante integrarse al órgano electoral después de la fecha límite para el registro. Además, impedir el registro posterior a la fecha señalada es una pena excesiva que transgrede el artículo 22 constitucional.

Asimismo, los artículos impugnados vulneran el derecho de los partidos políticos y de los candidatos ciudadanos a tener representantes ante las autoridades administrativas electorales previsto en el artículo 41 de la Constitución General, al impedirles contar con los elementos necesarios para llevar a cabo sus actividades durante el proceso electoral e imponiéndoles una restricción ajena al fin legítimo de participación ciudadana. Dicho derecho no es meramente instrumental, sino que tiene como fin la vigilancia efectiva del desarrollo del proceso electoral y de las decisiones que pueden afectar la esfera jurídica del partido o candidato independiente, por lo que, al no permitir participar a los representantes en los consejos electorales se les deja en estado de indefensión.

Si bien, el Constituyente Permanente en el artículo 41 constitucional, delegó a las Legislaturas Locales un amplio margen para regular la participación de los partidos políticos nacionales en los procesos electorales, también estableció ciertos derechos de los partidos políticos nacionales, que no están condicionados a normas operativas o instrumentales. En este sentido, se pronunció la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-REC-52/2015, donde consideró a las medidas de la autoridad electoral que tengan como consecuencia la privación de la representación partidista ante los órganos electorales como excesivas y contrarias a los principios constitucionales consagrados, principalmente, en el artículo 41 de la Constitución General.

Por otro lado, el artículo 155, párrafo tercero, del Código Electoral de Veracruz, es inconstitucional, por las mismas razones, al prever la pérdida de representación de los partidos políticos ante el Instituto Electoral Veracruzano por tres faltas consecutivas injustificadas a las sesiones del consejo de dicho instituto.

La consecuencia contemplada es ajena al propósito de la disposición constitucional, consistente en la integración plural e incluyente de las autoridades administrativas electorales y la participación ciudadana a través de los partidos políticos en la toma de decisiones por las autoridades electorales. Por el contrario, ésta provoca un daño mayor al proceso electoral, pues en vez de reparar las consecuencias de la omisión, genera la imposibilidad de que los órganos se integren debidamente, por lo que no resulta ser una medida idónea. En este sentido, se pronunció la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción plurinominal en el expediente SM-RAP-03/2015, en donde decretó la inaplicación del artículo 90, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuyo contenido es igual al del artículo impugnado, por considerarlo contrario a los artículos 1o. y 41, base I, de la Constitución General.

5) Los artículos 173, párrafo A, fracción IV, párrafo B, fracción XIII, y párrafos segundo y tercero, y 278, párrafo primero, fracción II, inciso j), y párrafos segundo y tercero, del Código Electoral de Veracruz transgreden los artículos constitucionales 1o., pues no maximizan los derechos fundamentales; 13, dado que convierten al Instituto Electoral Local en un tribunal especial; 14, párrafo tercero, ya que imponen como penas el negar el registro o declarar la inelegibilidad de alguno de los candidatos; 16, párrafo primero, al introducir el requisito subjetivo de "buena fama pública"; 20, apartado B, fracción I, al ignorar la presunción de inocencia; 22, párrafo primero, pues configura una pena inusitada; 35, fracción II, ya que coarta el derecho a ser votado; 41, fracción V, apartado A, párrafo primero y 116, fracción IV, inciso b), dado que vulnera los principios rectores en materia electoral.

Las disposiciones impugnadas implican una regresión en la vida democrática, pues la participación política de un ciudadano dependerá de su "buena fama pública", por lo que se decidirá de forma subjetiva y discrecional quién puede ser candidato. Además, éstas son contrarias al principio pro persona contenido en el artículo 1o. constitucional y al principio de certeza jurídica en materia electoral.

De igual manera, los preceptos impugnados vulneran el artículo 23, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues el requisito de acreditar la "buena fama" y la posibilidad de ponerla en entre dicho por terceros no encuentran entre las restricciones limitativas que prevé.

Si bien los derechos políticos son derechos de ejercicio, por lo que para acceder a ellos es necesario cumplir con requisitos previos, éstos no deben ser excesivos, ni deben establecer una selección artificial de quienes pueden ejercerlos. Incluso, suponiendo que dicho requisito de buena fama tenga el propósito de evitar que personas no honorables accedan a cargos de elección popular, tal circunstancia es excesiva e inconstitucional, al tratarse de una pena inusitada y desproporcional, que puede utilizarse como instrumento de censura previa por conveniencia política y atentar contra la democracia.

6) El artículo 233 del Código Electoral de Veracruz omite establecer los supuestos y las reglas por las que los consejeros distritales o municipales deban realizar un nuevo escrutinio y cómputo total o parcial, lo cual resulta contrario a los artículos 41, 116 y 133 de la Constitución General, en virtud de que no contempla los supuestos previstos en el artículo 311, numeral 1, inciso d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El artículo impugnado vulnera el artículo 116, fracción IV, inciso l), de la Constitución General, en la que se mandata a los Congresos Locales que señalen los supuestos específicos y establezcan las reglas para realizar el recuento total o parcial de la votación en sede administrativa y jurisdiccional. Además, el Congreso Local inobserva el mandato dispuesto en el artículo tercero transitorio de la Ley General de Partidos Políticos, el cual señala que las Legislaturas Locales tendrán que realizar las reformas correspondientes ajustándolas a las disposiciones constitucionales federales. Para cumplir con dicho mandato constitucional, el legislador debió precisar con claridad en qué casos procede el recuento parcial y el total, quiénes se encuentran legitimados para solicitar tales recuentos, qué requisitos se deben seguir para llevarlos a cabo, cómo se desahogarán y qué efectos tendrán.

7) Los artículos 267, cuarto párrafo, fracciones I y II, y 269 del Código Electoral de Veracruz vulneran el derecho a ser votado de los candidatos independientes, pues aumentan los requisitos para obtener dicha candidatura: por un lado, deben obtener la cédula de respaldo de cuando menos el 3% de la lista nominal de electores, cuando la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales sólo establece el 1%; y, por otro, reduce el plazo para obtener dichas cédulas a 30 días; mientras que la ley general prevé un plazo de 60 días. Lo anterior, se traduce en una reglamentación excesiva que no cumple con los principios de proporcionalidad, razonabilidad, idoneidad y necesidad.

Así, al violentarse el derecho a ser votado, a su vez, se transgrede en perjuicio de los ciudadanos el principio de supremacía constitucional y jerarquía normativa dispuesto en el artículo 133 constitucional. El Congreso Local debió acatar, de conformidad con el artículo 133 de la Constitución General, los artículos 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, XX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales otorgan la libertad política de ser votado a toda persona que aspire a ocupar un cargo de elección popular.

Asimismo, los artículos impugnados vulneran el artículo 1o. constitucional, de conformidad con el criterio jurisprudencial siguiente: "IGUALDAD. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE SE HAGAN VALER RESPECTO A LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO PUEDEN ENTENDERSE SI NO ES EN RELACIÓN DIRECTA CON LAS LIBERTADES QUE ÉSTA CONSAGRA."

Por otro lado, el Congreso Local no otorga igualdad de derechos y oportunidades a los candidatos independientes que pretendan postularse para un cargo de elección popular, pese al reconocimiento constitucional de la figura, violentando con ello la dignidad, la interpretación pro persona, el derecho al mínimo vital y las obligaciones generales de las autoridades de tutela de los derechos humanos previstas en el artículo 1o. constitucional de los candidatos independientes.

II. En la acción de inconstitucionalidad 55/2015, el Partido Acción Nacional señaló que:

1) La aprobación del Código Electoral de Veracruz vulnera los principios de debido proceso, legalidad, seguridad jurídica, de democracia representativa y deliberación parlamentaria previstos en los artículos 14, 16, 39 y 40 de la Constitución General, toda vez que el trámite y procedimiento legislativo que dio origen a la norma impugnada transgrede la normatividad vigente que regula el actuar del Poder Legislativo Local.

El diecinueve de junio del dos mil quince, el gobernador del Estado de Veracruz envió al Congreso Local la iniciativa de "Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave", la cual se presentó ante el Pleno el veinticuatro del mismo mes y año, y se turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Organización Política y Procesos Electorales, las cuales presentaron en un tiempo record, el treinta de junio del mismo año, el dictamen con proyecto de decreto.

Durante la sesión en que se aprobó el decreto de proyecto de Código Electoral de Veracruz, se vulneraron las artículos 19, 20 párrafo segundo, 22, 23, 24, 25 y 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y los artículos 1, 2, último párrafo, 5, 31, fracciones V y VIII, 36, 84, 93, 96, 120 y 122 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo de dicha entidad.

El dictamen fue modificado en un momento del procedimiento legislativo inoportuno. La modificación no fue turnada para su estudio y análisis, lo cual imposibilitó a la minoría realizar el análisis exhaustivo del mismo previo a su aprobación.

Asimismo, durante el desarrollo de la sesión no existía el orden que debe imperar en el recinto legislativo y hubo una petición expresa de varios diputados de suspender la sesión. Lo pertinente era que la presidencia de la mesa directiva decretara un receso para restablecer el orden o suspendiera la sesión, con fundamento en el artículo 31 del reglamento mencionado; sin embargo, no lo hizo. Por lo anterior, la secretaria y el vicepresidente de la mesa directiva abandonaron el salón de sesiones, lo que ocasionó que se afectara el procedimiento legislativo, dado que sin poder hacerlo, la presidenta ejerció las funciones del vicepresidente y la secretaria de la mesa directiva.

En efecto, la presidenta pidió tomar nota del registro de oradores y se informara a la presidencia sobre el mismo, lo cual no pudo realizarse, toda vez que la secretaria ya no se encontraba en el salón. Al advertir lo anterior, la presidenta asumió que no había diputados que quisieran hacer uso de la voz, por lo que procedió a la apertura del sistema electrónico para la votación nominal en lo general del dictamen, el cual se aprobó por 34 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

El artículo 31, fracción V, del reglamento establece que es obligación del presidente de la mesa directiva informar al Pleno de la ausencia o retiro del salón de sesiones del vicepresidente o del secretario y proceder conforme a las reglas de suplencia de integrantes de la mesa directiva, previstas en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Veracruz. De igual forma, el artículo 26, fracción II, de la ley orgánica señala que la secretaria tiene la atribución de comprobar el quórum de las sesiones del Pleno, realizar el cómputo y registro de las votaciones y dar a conocer el resultado de éstas.

La mesa directiva debe conformarse de manera colegiada, de conformidad con los artículos 19 y 22 de la ley orgánica. Asimismo, el artículo 5 del reglamento citado establece que el Pleno contará con la conducción colegiada por la mesa directiva de los trabajos legislativos. En este sentido, no se sustituyó a los integrantes de la mesa directiva en el momento de la votación, por lo que la presidenta se condujo de una manera ilegal.

2) El partido promovente sostiene que los artículos 38, 39, 40 y 41 del Código Electoral de Veracruz vulneran los artículos 41, fracción I, 73, fracción XXIX-U, y 124 de la Constitución General, y el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional, de diez de febrero de dos mil catorce, al expedir normas relativas a los partidos políticos que corresponden al Congreso de la Unión.

El ejercicio del Congreso Local está acotado a lo previsto por los artículos 73, fracción XXIX-U, y 124 de la Constitución General, y el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce, pues corresponde al Congreso de la Unión expedir la Ley General de Partidos Políticos, donde distribuya competencias entre los distintos niveles de gobierno y regule los aspectos siguientes en materia de partidos políticos: a) las normas, plazos y requisitos para su registro legal y su intervención en los procesos electorales federales y locales; b) los derechos y obligaciones de sus militantes y la garantía de acceso a los órganos imparciales de justicia interpartidaria; c) los lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos, la postulación de sus candidatos y, en general, la conducción de sus actividades de forma democrática, así como la transparencia en el uso de los recursos; d) los contenidos mínimos de sus documentos básicos; e) los procedimientos y las sanciones aplicables al incumplimiento de sus obligaciones; y, f) el sistema de participación electoral de los partidos políticos a través de la figura de las coaliciones.

La Ley General de Partidos Políticos es de observancia en todo el territorio nacional y regula tanto a los partidos políticos nacionales como locales. En este sentido, las Legislaturas Locales únicamente deben prever lo necesario para ejecutar lo ya establecido en dicha ley general o regular lo que les fue expresamente reservado en los artículos 8 y 9 de dicho ordenamiento.

Por tanto, si en ésta se estableció que a los organismos políticos electorales locales sólo les corresponde reconocer los derechos y acceso a las prerrogativas de los partidos políticos en cada entidad, registrar a los partidos políticos locales y verificar la adecuada integración de los órganos legislativos locales, es claro que el Congreso Local no estaba facultado para legislar en materia de los requisitos que deben reunirse para constituir un partido político, el procedimiento a seguir y la forma en que debe actuar el organismo público local para elaborar el proyecto de dictamen.

En efecto, el legislador local estableció en el artículo 38 del Código Electoral local los requisitos que deben acreditarse para constituir un partido político, la forma en que debe llevarse a cabo la asamblea constitutiva y los efectos jurídicos que tendrán las solicitudes que no reúnan los requisitos. En las fracciones III y IV de dicho artículo, se establecieron mayores requisitos que los previstos en el artículo 13 de la Ley General de Partidos Políticos, dado que exige que la organización de ciudadanos que pretendan constituirse como partido político cuenten con un registro de asociación política por al menos un año y que hayan participado al menos en un proceso electoral. Asimismo, en el inciso b) de dicho artículo impugnado establece el procedimiento a seguir, y en el artículo 39 del mismo ordenamiento señala otros requisitos que no eran competencia del Congreso Local.

De igual manera, el Congreso Local amplió, en el artículo 41 del Código Electoral local, los supuestos por los que un sujeto no puede ser representante de un partido político ante los organismos electorales previstos en el artículo 24 de la Ley General de Partidos Políticos.

3) El artículo 69, último párrafo, del Código Electoral de Veracruz vulnera los artículos 14 y 116, fracción IV, incisos b) y h), de la Constitución General, específicamente los principios de certeza y seguridad jurídica, al omitir señalar el plazo de duración de la campaña para diputados cuando se elijan conjuntamente con la elección de gobernador.

El artículo impugnado únicamente establece un plazo de sesenta días para la campaña de gobernador, y de treinta días cuando se elijan diputados locales o Ayuntamientos, por lo que no existe certeza jurídica respecto a la duración de las campañas electorales de los diputados locales cuando éstas concurran con las de gobernador. El tiempo de campaña no puede quedar a la interpretación, sino que debe constar expresamente.

4) El artículo 70, fracción V, del Código Electoral de Veracruz viola los artículos 1o., 6o., 7o. y 41, base tercera, apartado c), de la Constitución General, al establecer una limitación mayor a la libertad de expresión a las previstas en la Constitución.

La reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce maximizó la tutela de la libertad de expresión. En ésta se reformó el artículo 41, base III, apartado C, de la Constitución General, protegiendo únicamente a las personas frente a la propaganda política o electoral que las calumnie, mas no así, a las instituciones y partidos políticos de expresiones que los denigren. En este sentido, el Congreso Local no puede obligar a los partidos políticos a abstenerse en su propaganda política o electoral de cualquier expresión que denigre a las instituciones públicas y a los partidos políticos, y sancionar su incumplimiento en términos del artículo 315, fracción IV, del mismo código, con medidas que pueden ir desde la amonestación pública hasta la cancelación del registro al partido político.

Los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, por lo que la libertad de expresión de éstos cobra una relevancia especial, pues brindan información a los ciudadanos que participen en la vida democrática.

Tampoco puede ignorarse lo sostenido por la Suprema Corte en las acciones de inconstitucionalidad 61/2008 «y sus acumuladas 62/2008, 63/2008, 64/2008 y 65/2008» y 45/2006 y su acumulada «46/2006», donde se enfatizó que el ejercicio de la libertad de expresión no sólo tiene una dimensión individual, sino social, pues implica también un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno y se apuntó a la necesidad de que las medidas restrictivas se sometan a un test estricto de proporcionalidad.

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la libertad de expresión protege no sólo las informaciones o ideas que son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población.(1)

Así, el artículo impugnado constituye una restricción que, además, no soporta un test de proporcionalidad o de mínima razonabilidad, no existe en la Constitución una finalidad imperiosa que justifique excluir de la propaganda político electoral de los partidos políticos las expresiones que denigren a las instituciones y a los partidos políticos. En primer lugar, dicha restricción fue suprimida mediante reforma constitucional. En segundo lugar, la medida no tiene cabida en los límites a la libertad de expresión previstos en el artículo 6o. constitucional, que prevé los ataques a la moral, a la vida privada o los derechos de terceros, que se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

En efecto, la restricción mencionada no ataca per se ninguna de las cuestiones anteriormente mencionadas, para determinar si vulnera alguna de éstas, es necesario analizar los supuestos en concreto, lo cual, no justifica su restricción de inicio, y sí constituye una censura política. Un criterio idéntico sostuvo la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 35/2014 y sus acumuladas «74/2014, 76/2014 y 83/2014». En este orden de ideas, al no superar la primera grada del escrutinio estricto, deberá declararse inconstitucional, específicamente, en lo referente a "expresiones que denigren a las instituciones o a los partidos políticos".

5) El artículo 288, fracción IX, del Código Electoral de Veracruz viola los artículos 1o., 6o., 7o. y 41, base tercera, apartado c), de la Constitución General, establece una limitación mayor a la libertad de expresión que las previstas en la Constitución.

No existe en la Constitución una finalidad imperiosa que justifique excluir de la propaganda político electoral de los candidatos independientes las expresiones que denigren a las instituciones y a los partidos políticos, como se expuso en el concepto de invalidez anterior.

Asimismo, atendiendo al principio pro persona, si para los partidos políticos la restricción mencionada a la libertad de expresión es inconstitucional, con mayor razón lo es en el caso de un candidato independiente, pues dicho principio maximiza su vigencia.

6) Los artículos 315, fracción IV, y 319, fracción XII, del Código Electora

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26355-dc6c1a9e/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.