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Modo: Corpus Pro

VALOR AGREGADO. MOMENTO EN QUE EL IMPUESTO RELATIVO SE CONSIDERA "EFECTIVAMENTE PAGADO" PARA LA PROCEDENCIA DE SU ACREDITAMIENTO O DEVOLUCIÓN, EN FUNCIÓN DEL SUJETO QUE TIENE LA OBLIGACIÓN DE RETENERLO Y ENTERARLO.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 38/2016. · Registro digital (IUS): 26461
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2016-08-05
Promovente: ADMINISTRADORA DESCONCENTRADA JURÍDICA DE GUANAJUATO "3", UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADA DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DEL JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN T
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, Pág. 2473.

REVISIÓN ADMINISTRATIVA (LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO) 38/2016. ADMINISTRADORA DESCONCENTRADA JURÍDICA DE GUANAJUATO "3", UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADA DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DEL JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AUDITORÍA FISCAL DE CELAYA, GUANAJUATO. 26 DE MAYO DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ENRIQUE VILLANUEVA CHÁVEZ. SECRETARIO: JUAN CARLOS NAVA GARNICA.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.-Estudio del asunto. Los motivos de disenso son ineficaces los que, por razón de técnica jurídica, serán analizados en un orden distinto al propuesto.

En el caso, los antecedentes del juicio contencioso administrativo **********, son los siguientes:

1. ********** demandó ante la Sala Fiscal responsable la nulidad de la resolución contenida en el oficio número **********, de veintiséis de mayo de dos mil quince, emitido por la administradora local de Auditoría Fiscal de Celaya del Servicio de Administración Tributaria, en la que, por una parte, autorizó parcialmente la devolución solicitada y, por otra, la negó respecto del impuesto al valor agregado acreditado del proveedor **********, en cantidad de $********** (********** pesos con ********** centavos).

2. Seguido el juicio por sus trámites, la Sala dictó sentencia en la que interpretó los artículos 1o.-B y 5o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de los que desprendió que para que dicho tributo sea acreditable, debe haber sido efectivamente pagado en el mes de que se trate y que se consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones cuando se reciben en efectivo, en bienes o en servicios, o bien cuando el interés del acreedor esté satisfecho mediante alguna forma de extinción de las obligaciones que den lugar a las contraprestaciones. Asimismo, que cuando el precio pactado se pague mediante cheque, se consideran como efectivamente pagados, tanto el valor de la operación como el impuesto agregado trasladado en la fecha de su cobro o cuando los contribuyentes transmitan dichos cheques a un tercero.

Con base en lo anterior, la Sala consideró que los fundamentos que fueron plasmados por la autoridad demandada, no son acordes con los motivos por los cuales se le niega la devolución al contribuyente, toda vez que los preceptos legales en los que se apoyó la autoridad, sirven para calificar la devolución en relación con el pago efectuado efectivamente en el mes de que se trata; sin embargo, los motivos que tomó en consideración la autoridad demandada para negar la devolución solicitada, consisten en que las facturas exhibidas por la actora se encuentran inconsistentes al no haberse enterado a la autoridad fiscal el impuesto al valor agregado, cuya devolución se solicita. Por tanto, concluyó la Sala, no existe congruencia entre los motivos para negar la devolución parcial de la solicitud y lo decidido por la demandada.

Ahora, se procede al análisis de los motivos de agravios expuestos por la autoridad inconforme.

Son inoperantes los motivos de impugnación sintetizados en el punto 3 del considerando precedente, en los que la autoridad recurrente aduce que la Sala reconoció el derecho subjetivo a la devolución y, por ende, le ordenó la devolución respectiva, lo que es jurídicamente incorrecto, pues no contaba con los elementos necesarios para constatar el origen y procedencia de dicho saldo, que supuestamente tiene a favor la contribuyente.

Se afirma la inoperancia de esos motivos de desacuerdo, en tanto que la autoridad inconforme parte de una premisa falsa, ya que adversamente a lo que arguye, la Sala no reconoció en ningún momento el derecho subjetivo de la actora a la devolución del saldo, cuya devolución fue negada en la resolución impugnada, incluso, expresamente la Sala expuso la razón por la que no se pronunciaría respecto de ese tópico, ya que al respecto señaló: (foja 157 vuelta)

"Con relación a lo anterior, es menester precisar que esta Juzgadora no se pronuncia respecto del derecho subjetivo de la actora, consistente en la devolución solicitada ante la enjuiciada, puesto que al no haberse resuelto el trámite de devolución en la resolución impugnada, sino que la autoridad demandada determinó que no se contaba con elementos para ello, no existe materia respecto del pronunciamiento, puesto que la demandada no ha analizado los requisitos indispensables que deben cumplir los documentos con los que se acreditan las operaciones realizadas por la demandante; no obstante lo anterior, en caso de que la resolución que cumplimente el presente fallo no sea favorable a los intereses de la solicitante, se encontrará en aptitud de combatir dicha determinación por vicios propios y en relación con el derecho subjetivo a la devolución; empero, esta instancia no es el momento procesal oportuno para efectuar tal pronunciamiento, puesto que la devolución no ha sido negada aún por la autoridad demandada por requisitos de procedencia, sino por falta de elementos para verificar si los datos que manifiesta la actora son ciertos." (lo destacado no es de origen)

La transcripción anterior pone en evidencia la inoperancia de los motivos de disenso en estudio, pues como se observa, la Sala no se pronunció respecto del derecho subjetivo de la actora, consistente en la devolución del saldo que se negó devolver en la resolución impugnada, al estimar que no existe materia para emitir ese pronunciamiento, puesto que la demandada no ha analizado los requisitos indispensables que deben cumplir los documentos con los que se acreditan las operaciones realizadas por la demandante. De ahí lo inoperante de los agravios en estudio.

Ante la inoperancia de los motivos de agravio, no le beneficia a la autoridad impugnante la tesis de rubro: "DEVOLUCIÓN DE LO PAGADO INDEBIDAMENTE. CUANDO SE DEMANDA ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SU NEGATIVA. PARA UN PRONUNCIAMIENTO ÍNTEGRO LAS PARTES EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEBEN DEMOSTRAR FEHACIENTEMENTE SI EL PARTICULAR TIENE O NO DERECHO A LO SOLICITADO, POR LO QUE, DE REQUERIRSE UN ANÁLISIS CONTABLE COMPLEJO QUE INVOLUCRE CUESTIONES TÉCNICAS, SERÁ NECESARIO EL DESAHOGO DE LA PRUEBA IDÓNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005)."

En otro aspecto, resultan ineficaces los motivos de disenso que la autoridad impugnante plantea en su agravio 2, en los que aduce que la Sala Fiscal realizó una indebida interpretación de los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.

Que en el caso, no hay manera de comprobar la materialidad de las operaciones realizadas entre la actora y su proveedor, por tanto, no es el cumplimiento de los requisitos legales en las facturas lo que debe analizarse, pues éstas deben tenerse como un aspecto de comprobación, no exclusivo para determinar si es procedente el acreditamiento del impuesto al valor agregado.

Por tanto, aun con el cumplimiento de los requisitos que se exigen para la validez de los comprobantes fiscales y documentos, éstos solamente constituyen un medio para solicitar, en su caso, la acreditación o deducción respectiva, lo que está sujeto, además, a diversos elementos para su procedencia.

Las facturas no hacen procedente la devolución pretendida, pues dichos documentos, en el caso de que cumplan con los requisitos previstos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, sólo permiten que, una vez satisfechas tales exigencias, se verifiquen los demás elementos que exigen las leyes para favorecer la pretensión de devolución, dentro de los cuales se encuentran: que el impuesto corresponda a bienes, servicios o al uso y goce temporal de bienes, estrictamente indispensables para la realización de actividades distintas de la importación; que se haya trasladado expresamente al contribuyente y que conste por separado en los comprobantes; que haya sido efectivamente pagado en el mes de que se trate; y, en el caso de retención, que el impuesto sea enterado en los términos y plazos establecidos, entre otros.

En esa tesitura, la Sala Fiscal deja de considerar que si bien las facturas en principio pueden llegar a generar un indicio sobre la existencia de la operación que amparan, tal indicio puede robustecerse o desvanecerse, según los elementos probatorios que tiendan a demostrar la conexión, o bien, si tales elementos no existen.

Que la Sala Fiscal concluye erróneamente que la ley no obliga a los contribuyentes a que tengan que cerciorarse de que la persona que le expide el comprobante entere el impuesto al valor agregado y lo declare a la autoridad hacendaria.

Los reseñados motivos de disenso son ineficaces, dado que parten de una falsa postura, a saber, que la Sala declaró la nulidad de la resolución impugnada, bajo la consideración relativa a que bastaba el cumplimiento de los requisitos legales en las facturas para que la contribuyente tenga derecho a la devolución del saldo a favor, lo que derivaba del análisis de los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.

Tal afirmación es falsa, pues la Sala no realizó en su sentencia alguna consideración respecto del tópico que señala la recurrente y en contra del cual vierte argumentos para contradecirla, por lo cual sus argumentos resultan ineficaces.

En efecto, la declaración de nulidad de la resolución impugnada en el juicio contencioso, tuvo sustento en la interpretación que realizó la Sala de los artículos 1o.-B y 5o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de los que desprendió que para que dicho tributo sea acreditable debe haber sido efectivamente pagado en el mes de que se trate, y que se consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones cuando se reciben en efectivo, en bienes o en servicios, o bien, cuando el interés del acreedor esté satisfecho mediante alguna forma de extinción de las obligaciones que den lugar a las contraprestaciones. Asimismo, que cuando el precio pactado se pague mediante cheque, se consideran como efectivamente pagados tanto el valor de la operación como el impuesto al valor agregado trasladado en la fecha de su cobro o cuando los contribuyentes transmitan dichos cheques a un tercero.

De lo que concluyó la incongruencia entre la fundamentación y motivación de ese acto controvertido, específicamente porque en su criterio los fundamentos que fueron plasmados por la autoridad demandada, no son acordes con los motivos por los cuales se le niega la devolución al contribuyente, toda vez que los preceptos legales en los que se apoyó la autoridad sirven para calificar la devolución en relación con el pago efectuado efectivamente en el mes de que se trata; sin embargo, los motivos que tomó en consideración la autoridad demandada para negar la devolución solicitada, consisten en que los proveedores que expidieron las facturas aportadas por la actora, se encuentran inconsistentes al no haber enterado a la autoridad fiscal el impuesto al valor agregado, cuya devolución se solicita. Por tanto, concluyó la Sala, no existe congruencia entre los motivos para negar la devolución parcial de la solicitud y lo declarado por la demandada.

En ese sentido, la impugnante debió exponer agravios encaminados a evidenciar que, adversamente a lo sostenido por la Sala, la fundamentación que se citó en la resolución impugnada sustenta los motivos que expresó para negar parcialmente la devolución de saldo solicitada por la contribuyente, pero al no hacerlo así, es evidente que los agravios en estudio son ineficaces.

A mayor abundamiento, debe señalarse que es ineficaz lo aducido por la recurrente, en cuanto a que es un motivo jurídicamente aceptable para negar la devolución, el hecho de que los proveedores se encuentren omisos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, lo que rompe con el principio de simetría fiscal, considerando que lo que provoca el derecho a la devolución, es que el dinero respectivo ingrese a la Federación con motivo de una operación que causa el impuesto; de ahí que sea ajustado a derecho que al resolver sobre la procedencia del saldo a favor solicitado en devolución, la autoridad fiscal se cerciore de que las personas que expiden las facturas con las que se pretende amparar el impuesto al valor agregado acreditable, efectivamente lo hayan enterado.

Como cuestión previa, se destaca que el artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece cuáles son los hechos imponibles que dan lugar al pago de ese tributo.

Tal precepto es del tenor literal siguiente:

"Artículo 1o. Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:

"I. Enajenen bienes.

"II. Presten servicios independientes.

"III. Otorguen el uso o goce temporal de bienes.

"IV. Importen bienes o servicios.

"El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta ley, la tasa del 16%.

"El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores.

"El contribuyente trasladará dicho impuesto, en forma expresa y por separado, a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente, o reciban los servicios. Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto establecido en esta ley, inclusive cuando se retenga en los términos de los artículos 1o.-A o 3o., tercer párrafo de la misma.

"El contribuyente pagará en las oficinas autorizadas la diferencia entre el impuesto a su cargo y el que le hubieran trasladado o el que él hubiese pagado en la importación de bienes o servicios, siempre que sean acreditables en los términos de esta ley. En su caso, el contribuyente disminuirá del impuesto a su cargo, el impuesto que se le hubiere retenido.

"El traslado del impuesto a que se refiere este artículo no se considerará violatorio de precios o tarifas, incluyendo los oficiales."

De la transcripción anterior se desprende que tienen la obligación de cubrir ese impuesto, las personas físicas y jurídicas que en territorio nacional realicen los siguientes actos o actividades: (a) enajenar bienes; (b) prestar servicios independientes; (c) otorgar el uso y goce temporal de bienes; o, (d) importar bienes o servicios.

El precepto en estudio también establece, entre otras cosas, que el impuesto se calcula aplicando la tasa del dieciséis por ciento, así como la obligación de trasladarlo a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente, o reciban los servicios, y el lugar de su pago.

De ello se desprende que el impuesto al valor agregado es una contribución de naturaleza indirecta que grava el consumo o la prestación de servicios, siendo éste una manifestación meramente indicativa de la capacidad adquisitiva y, debido a la mecánica especial de dicho impuesto, el contribuyente directo o jurídico no resiente la carga fiscal, sino que la repercute a un tercero.

Debido a la funcionalidad propia de la contribución, puede decirse que en el impuesto al valor agregado existen dos tipos de sujetos claramente identificables y que intervienen en la operación, a saber: (a) un sujeto jurídico y (b) un sujeto económico.

El sujeto jurídico es el contribuyente "de derecho" quien, normativamente, se encuentra obligado a enterar el impuesto a la hacienda pública al llevar a cabo la enajenación del bien o servicio de que se trate, mientras que el sujeto económico es el consumidor o adquirente final del bien o servicio, a quien el sujeto jurídico traslada el impuesto, de tal suerte que es este último quien absorbe finalmente dicha carga económica, por la adición o repercusión que se hace del tributo al precio de venta.

En este contexto es que se da la aplicación del impuesto mencionado, resultando el sujeto jurídico quien normativamente tiene la obligación de enterar a la autoridad fiscal la contribución, al realizarse el supuesto de hecho; sin embargo, no resiente directamente la carga pecuniaria, sino que la traslada al sujeto económico del impuesto, quien generalmente es el consumidor final del bien o usuario del servicio, y quien efectivamente resiente o absorbe el impuesto al pagar el precio correspondiente.

Bien, precisados los hechos imponibles del tributo, la tasa aplicable y los sujetos que intervienen, es menester conocer las reglas generales previstas en los párrafos primero y segundo del artículo 1o.-B de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, relativas a cuándo se considera "efectivamente pagado" el tributo causado por alguno de esos hechos imponibles:

"Artículo 1o.-B. Para los efectos de esta ley se consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquéllas correspondan a anticipos, depósitos o a cualquier otro concepto sin importar el nombre con el que se les designe, o bien, cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones que den lugar a las contraprestaciones.

"Cuando el precio o contraprestación pactados por la enajenación de bienes, la prestación de servicios o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes se pague mediante cheque, se considera que el valor de la operación, así como el impuesto al valor agregado trasladado correspondiente, fueron efectivamente pagados en la fecha de cobro del mismo o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración."

De los párrafos transcritos se obtienen las reglas generales del momento en que se considera "efectivamente pagado" el tributo causado por alguno de los hechos imponibles, dependiendo del medio utilizado para cubrir el precio de la operación:

A) Si el precio o contraprestación pactada por la enajenación de bienes, la prestación de servicios, o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, se pagó (i) en efectivo, (ii) en bienes o (iii) en servicios, se considera que el valor de la operación, así como el impuesto al valor agregado trasladado correspondiente fueron efectivamente pagados en el momento en que se recibe el numerario, el bien o el servicio correspondiente.

B) Si el precio o contraprestación pactada por la enajenación de bienes, la prestación de servicios, o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, se pagó mediante cheque, se considera que el valor de la operación, así como el impuesto al valor agregado trasladado correspondiente, fueron efectivamente pagados en la fecha de cobro del título o cuando el contribuyente lo transmita a un tercero.

En el supuesto mencionado en el inciso A), pueden incluirse también los pagos realizados mediante transferencia bancaria electrónica, pues aunque no existe una entrega física de numerario o efectivo, lo relevante es que el precio o contraprestación pactada, queda a disposición del enajenante o prestador del servicio, en su cuenta bancaria.

Para justificar el aserto anterior, se tiene en cuenta que el artículo 2o., fracción V, inciso a), de la Ley de Sistemas de Pagos, define la orden de transferencia de la siguiente manera:

"Artículo 2o. Para efectos de esta ley, se entenderá por:

"...

"V. Orden de transferencia: en singular o plural,

"a) la instrucción incondicional dada por un participante, a través de un sistema de pagos, a otro participante en ese mismo sistema de pagos, para que ponga a disposición del beneficiario designado en dicha instrucción, una cantidad determinada en moneda nacional o extranjera..."

En el mismo sentido, la regla 1 de las Reglas del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, expedidas por el Banco de México, contenidas en la circular 17/2010 de ese organismo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de junio de dos mil diez, define la orden de transferencia como: "...la instrucción incondicional que un participante envíe a otro a través del SPEI en términos de estas reglas, para que por cuenta propia o de terceros pague una suma determinada en moneda nacional al beneficiario designado en dicha orden."

El propio ordenamiento, en la regla 5, segundo párrafo, define el momento en que una orden de transferencia se considera aceptada:

"5. Liquidación de órdenes de transferencia

"...

"Efectuada la liquidación de las órdenes de transferencia y una vez que el SPEI envíe a los participantes emisores y participantes receptores los avisos de liquidación respectivos, las mencionadas órdenes se considerarán órdenes de transferencia aceptadas para efectos de lo previsto en la referida Ley de Sistemas de Pagos y serán firmes, irrevocables, exigibles y oponibles frente a terceros."

Ahora bien, el artículo 5o., fracción III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado prevé como requisito para el acreditamiento del tributo trasladado, que éste haya sido efectivamente pagado en el mes de que se trate.

"Artículo 5o. Para que sea acreditable el impuesto al valor agregado deberán reunirse los siguientes requisitos:

"...

"III. Que el impuesto al valor agregado trasladado al contribuyente haya sido efectivamente pagado en el mes de que se trate." (énfasis añadido)

La interpretación sistemática del numeral transcrito y el diverso 1o.-B, primer párrafo, antes analizado, permite concluir que, contrariamente a lo aseverado por la autoridad recurrente, el impuesto al valor agregado trasladado se considera efectivamente pagado en el momento en que se paga en efectivo -sea físico o electrónico- el precio o contraprestación pactada por la enajenación de bienes, la prestación de servicios o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, puesto que en ese momento se entiende liquidada la operación, conjuntamente con el impuesto causado.

De tal suerte que no es exacto, como se aseveró en el pliego de agravios, que la sola circunstancia de que el proveedor de la contribuyente que solicitó la devolución presente inconsistencias en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, entonces implica que no se demostró la veracidad de tales operaciones; ello, pues la devolución no está supeditada a que el enajenante del bien o el prestador del servicio haya declarado y enterado ante la autoridad hacendaria el impuesto trasladado al consumidor final, ya que correspondía a dicho proveedor la declaración y entero del impuesto trasladado a la accionante.

En consecuencia, aun cuando el proveedor de la contribuyente que expidió los documentos que amparan las operaciones por las cuales se pagó el impuesto al valor agregado, presenten (sic) inconsistencias en el cumplimiento de sus obligaciones, tal circunstancia no es atribuible a la actora, sino, en todo caso, a la diversa contribuyente que expidió tales documentos; lo que coloca a la autoridad, si lo estima conveniente, en aptitud de ejercer el cobro del tributo en cuestión a esta última, a través de los mecanismos legales que estime conducentes, pero sin que por tal motivo deba perjudicar los derechos de quien sí acató los ordenamientos fiscales aplicables, o los condicione al pago de un tercero, como aconteció con la actora en el juicio de origen.

Sobre el particular, es ilustrativa la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado, que enseguida se reproduce:

"Décima Época

"Registro digital: 2010796

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Tesis: aislada

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Libro 26, Tomo IV, enero de 2016

"Materia: Administrativa

"Tesis: XVI.1o.A.71 A (10a.)

"Página: 3497

"VALOR AGREGADO. MOMENTO EN QUE EL IMPUESTO RELATIVO SE CONSIDERA ‘EFECTIVAMENTE PAGADO’ PARA LA PROCEDENCIA DE SU ACREDITAMIENTO O DEVOLUCIÓN, EN FUNCIÓN DEL SUJETO QUE TIENE LA OBLIGACIÓN DE RETENERLO Y ENTERARLO. El impuesto al valor agregado es una contribución indirecta que grava: a) la enajenación de bienes; b) la prestación de servicios independientes; c) el otorgamiento del uso y goce temporal de bienes; o, d) la importación de bienes o servicios, y debido a su mecánica especial, el contribuyente directo o jurídico no resiente la carga fiscal, sino que la repercute a un tercero. Así, el artículo 1o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado prevé un sistema especial de retención y entero del tributo, conforme al cual, en determinados casos, la obligación correspondiente no es a cargo del enajenante del bien o del prestador del servicio, sino del propio contribuyente que lo adquiere o recibe. Por otra parte, de los artículos 1o.-B y 5o., fracción III, de ese ordenamiento se sigue que la expresión ‘efectivamente pagado’, aplicable al impuesto referido como requisito para la procedencia de su acreditamiento o devolución se actualiza: a) en el momento en que el bien o el servicio correspondiente se paga en efectivo -sea en numerario o en electrónico-; b) en la fecha de cobro del cheque o cuando el contribuyente transmite ese título de crédito a un tercero; y, c) cuando se declara y entera ante la autoridad hacendaria. En consecuencia, el momento en que el impuesto se estima ‘efectivamente pagado’ depende del tipo de contribuyente, es decir, si el adquirente del bien o servicio es uno de los sujetos enumerados en las diversas fracciones del artículo 1o.-A aludido, entonces está obligado a retener el impuesto que se le trasladó por el hecho imponible, así como a declararlo y enterarlo ante la autoridad hacendaria, de modo que, en dicho supuesto, será hasta que se declare y entere el tributo, cuando podrá calificarse como ‘efectivamente pagado’, para los efectos del acreditamiento o devolución respectiva. Por el contrario, si la persona a la que se repercutió el impuesto al valor agregado no es un contribuyente de los establecidos en el último de los numerales mencionados, el tributo causado debe ser declarado y pagado por el enajenante o por el prestador del servicio, porque el adquirente del bien o del servicio debe cubrir el monto del impuesto en el mismo evento en que ocurre su traslado, con lo cual es posible considerar que desde ese momento se encuentra ‘efectivamente pagado’ el impuesto y, por tanto, su acreditamiento no está supeditado a que el enajenante del bien o el prestador del servicio haya declarado y enterado ante la autoridad hacendaria el impuesto que debe pagar el consumidor final.-Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito. «Publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de enero de 2016 a las 10:10 horas»"

De ahí que no beneficien a la recurrente las tesis que invoca, de rubros siguientes: "COMPROBANTES FISCALES. CONCEPTO, REQUISITOS Y FUNCIONES.", "COMPROBANTES FISCALES. EL CUMPLIMIENTO DE SUS REQUISITOS RESPECTIVOS NO IMPLICA QUE EN AUTOMÁTlCO PROCEDA LA DEVOLUCIÓN O ACREDITAMIENTO SOLICITADO CON BASE EN ELLOS.", "CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE. SUS ASPECTOS. EL ARTÍCULO 229 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ES EL QUE LO CONTIENE.", "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL." y "SENTENCIA. CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA."

Similares consideraciones respecto de este tópico sustentó este Tribunal Colegiado al resolver los recursos de revisión fiscal **********, ********** y **********, fallados en sesiones de tres de marzo los dos primeros, y diez de ese mes el tercero, todos de dos mil dieciséis.

En cuanto a lo que refiere la autoridad impugnante en parte del agravio 2, en el que solicita a este órgano colegiado, aplique el criterio sostenido en la ejecutoria de tres de diciembre de dos mil quince, emitida en el recurso de revisión fiscal **********, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, en el que se sostiene, entre otras cosas, que "no es el cumplimiento de los requisitos legales de las facturas lo que debe analizarse, sino que éstas deben tenerse como un aspecto de comprobación, no exclusivo, para tener procedente el acreditamiento del impuesto al valor agregado". Criterio que también se sustenta en la ejecutoria de veintiséis de febrero de dos mil quince, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, dentro del recurso de revisión fiscal **********.

Al respecto, debe señalarse que las consideraciones que en un sentido se contengan en las ejecutorias dictadas por otros Tribunales Colegiados, aun cuando versen sobre el mismo tópico planteado en el presente recurso, no resultan de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional.

No obstante, este Tribunal Colegiado, en cumplimiento al principio de exhaustividad, procede a analizar las ejecutorias que invoca la recurrente para verificar, en primer lugar, si tratan el mismo tópico que el que ha sido estudiado en la presente sentencia, luego de ser así y de no compartirlas, procedería la denuncia de contradicción de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Para ello, resulta necesario tener a la vista las ejecutorias que señala la impugnante, las cuales se encuentran en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por lo que en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, resultan ser un hecho notorio para este órgano jurisdiccional.

En efecto, la información que se desprende del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se invoca como un hecho notorio, pues las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación así lo constituyen, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

Lo anterior es así, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación; además de que el referido módulo de sentencias es de uso obligatorio para los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en términos del punto primero del Acuerdo General 29/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26461-c5197c74/valor-agregado-momento-en-que-el-impuesto-relativo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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