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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI EXISTE UN CONCEPTO DE INVALIDEZ ESPECÍFICO SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UN ARTÍCULO, DEBE TENERSE POR INCORPORADO A LA LITIS, AUN CUANDO NO SE HAYA SEÑALADO EXPRESAMENTE EN LA DEMANDA (ARTÍCULO 227 DE LA LEY ORGÁNICA Y DE PROCEDIMIENTOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL AYUNTAMIENTO ACTOR (ARTÍCULO 227 DE LA LEY ORGÁNICA Y DE PROCEDIMIENTOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS (OMISIÓN DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS DE PROPORCIONAR RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES IMPUESTAS POR LA LEY COMBATIDA). V. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. VALIDEZ DE LA MODIFICACIÓN DE LA PROPUESTA CONTENIDA EN LAS INICIATIVAS RESPECTIVAS CON MOTIVO DEL DICTAMEN ELABORADO POR LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN). VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LOS DICTÁMENES POR LAS COMISIONES RESPECTIVAS NO TRASCIENDE A LA VALIDEZ DE LA LEY POSTERIORMENTE APROBADA (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN). VII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. NO SE TORNA IRREGULAR CUANDO NO ES PÚBLICA LA SESIÓN EN LA QUE SE APRUEBA UNA LEY, SI ELLO OBEDECE A LA NECESIDAD DE RESGUARDAR LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN). VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. LA OMISIÓN DE DISTRIBUIR EL DICTAMEN RESPECTIVO CON, POR LO MENOS, VEINTICUATRO HORAS DE ANTICIPACIÓN, ASÍ COMO DE PUBLICARLO EN LA GACETA PARLAMENTARIA, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN SUSTANCIAL DE AQUÉL (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 41/2014. · Registro digital (IUS): 26479
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-08-12
Promovente: MUNICIPIO DE CHURINTZIO, ESTADO DE MICHOACÁN.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo I, Pág. 396.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 41/2014. MUNICIPIO DE CHURINTZIO, ESTADO DE MICHOACÁN. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS; EN SU AUSENCIA HIZO SUYO EL ASUNTO LA MINISTRA MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIO: ALFREDO VILLEDA AYALA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintinueve de septiembre de dos mil quince.

VISTOS; Y,

RESULTANDO

PRIMERO.-Por oficio recibido el catorce de abril de dos mil catorce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis Contreras Calderón y Verónica Arroyo Fernández, quienes se ostentaron como presidente municipal y síndico del Ayuntamiento del Municipio de Churintzio, Michoacán, respectivamente, promovieron controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Michoacán, demandando la invalidez de la Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo, publicada el veintiocho de febrero de dos mil catorce, en el Periódico Oficial del Gobierno de esa entidad.

SEGUNDO.-Como antecedentes de los actos cuya invalidez se demanda, el Municipio actor narró los siguientes:

"PRIMERO.-En sesión de Pleno de la Septuagésima Legislatura, del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, celebrada el día 13 (trece) de septiembre de dos mil siete, se dio lectura a la iniciativa de Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo, presentada por los diputados integrantes de la Comisión de Educación, turnándose para su estudio, análisis y dictamen a la misma comisión.

"SEGUNDO.-En sesión de Pleno de la Septuagésima Primera Legislatura, celebrada el día seis de octubre de dos mil nueve, se dio lectura a la iniciativa de Decreto que adiciona la fracción XXVI, al artículo 19 de la Ley Estatal de Educación, turnándose a la Comisión de Educación para su estudio, análisis y dictamen.

"TERCERO.-En sesión ordinaria de Pleno de la Septuagésima Primera Legislatura, de fecha veintidós de abril de dos mil diez, se dio lectura a la iniciativa de Decreto que reforma los artículos 126 al 129, de la Ley Estatal de Educación en materia ambiental (sic), turnada a la Comisión de Educación para su estudio, análisis y dictamen.

"CUARTO.-Con fecha diecisiete de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Septuagésima Primera Legislatura conoció de la primera lectura del dictamen con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo, elaborado por los diputados integrantes de la Comisión de Educación, devolviéndose dicho dictamen a la Comisión respectiva para profundizar en el estudio de la iniciativa en cuestión y, su posterior dictamen de segunda lectura y votación.

"QUINTO.-Derivado de las partes considerativas del dictamen que motiva la presente demanda, se aprecia que mediante acuerdo de fecha veintiuno de marzo de dos mil doce, la Comisión de Educación de la Septuagésima Segunda Legislatura acordó la prosecución del trámite legislativo del dictamen de primera lectura del proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo.

"El trámite legislativo anteriormente mencionado, no se encuentra previsto en la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, ni en los reglamentos o manuales legislativos, además de que tal acuerdo fue realizado sin informar a la Mesa Directiva, a la Junta de Coordinación Política, a la Conferencia para la programación de los trabajos legislativos y mucho menos al Pleno del Congreso.

"SEXTO.-Con fecha veintiséis de febrero del año dos mil trece, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el cual se reforman los artículos 3o., fracciones III, VII y VIII, y 73, fracción XXV; y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d), al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX, al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que al momento se haya presentado iniciativa que dé inicio formal al proceso legislativo para homologar y adecuar la Constitución Federal al marco normativo estatal -para reformar la Constitución Política del Estado de Michoacán y las leyes secundarias-.

"SÉPTIMO.-En fecha once de septiembre del año dos mil trece se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, los Decretos que expiden la Ley General del Servicio Profesional Docente, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Decreto que Reforma los artículos 2o., primer y tercer párrafos; 3o.; 6o.; 8o., primer párrafo y fracciones II y III; 10, fracciones I, III, VI y VII; 12, fracciones VI, X y XII; 13, fracciones IV, VII y VIII; 16, primer párrafo; 20, fracción II; 21; 29; 30, primer y segundo párrafos; 31; 32, primer párrafo; 33, fracciones IV, VI, IX y XV; 34, segundo párrafo; 41, quinto párrafo; 44, tercer párrafo; 48, segundo y cuarto párrafos; 56, segundo párrafo; 57, fracción I; 58, primer párrafo 59, segundo párrafo; 65, fracciones II, VI y VII; 67, fracciones III; 69, segundo párrafo y tercero en su inciso g); 70, primer párrafo; 71, primer párrafo; 72 y 75, fracciones XII, XV y XVI; se adicionan la fracción IV al artículo 8o.; las fracciones VIII, IX y X, y un último párrafo al artículo 10; las fracciones V y VI al artículo 11; un segundo párrafo a la fracción I, una fracción V Bis y una fracción XII Bis al artículo 12; las fracciones I Bis, II Bis, XI Bis, XII Bis, XII Ter, XII quáter y XII quintus al artículo 14; un segundo párrafo, recorriéndose en su orden los párrafos subsecuentes, al artículo 15; un artículo 24 Bis; un quinto párrafo al artículo 25; un artículo 28 Bis; las fracciones IV Bis, XVI y XVII al artículo 33; un segundo párrafo, recorriéndose el párrafo subsecuente, al artículo 42; un tercer párrafo, recorriéndose el párrafo subsecuente, al artículo 56; los párrafos quinto y sexto al artículo 58; las fracciones VIII, IX, X, XI y XII al artículo 65, y una fracción XVII al artículo 75, y se derogan la fracción IV del artículo 11; la fracción VII del artículo 12, y el último párrafo del artículo 75, de la Ley General de Educación. Sin que al momento se haya presentado iniciativa que dé inicio formal al proceso legislativo para homologar y adecuar la Constitución Federal al marco normativo estatal -para reformar la Constitución Política del Estado de Michoacán y las leyes secundarias-.

"OCTAVO.-Que el día veinticuatro de febrero de dos mil catorce fueron citados a reunión los integrantes de la Comisión de Educación de la Septuagésima Segunda Legislatura, para desahogar la reunión que se llevaría a cabo el día veintisiete de febrero de dos mil catorce a las 8:00 am bajo el orden del día previsto.

"Por los hechos conocidos posteriormente, se tiene conocimiento que en dicha reunión -sin estar agendado en el orden del día-, fue aprobado el Dictamen de la Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo, por dos de los tres diputados que integran la Comisión de Educación, los C.C. Salomón Fernando Rosales Reyes y Sarbelio Augusto Molina Vélez.

"Con respecto al diputado Sarbelio Augusto Molina Vélez, la página electrónica del Congreso del Estado, informa algunos de sus datos personales, se informa que es profesor de educación primaria, sus actividades político sindicales, además de los cargos que ostenta en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, como consejero nacional del sindicato y como secretario técnico de dicha organización gremial, sin precisar en la información desde cuando ostenta tales encargos, ni cuando culmina el periodo de los mismos, por lo que ante un interés directo en la ley que finalmente ha sido aprobada, representa un conflicto de interés directo entre las actividades que el legislador realiza en materia política educativa, las de carácter sindical en el gremio educativo y las que cumple como diputado e integrante de la comisión al participar y votar en el dictamen de una ley de educación siendo Juez y parte en el proceso legislativo, lo cual está prohibido por la Constitución y por la ley, a pesar de que la normativa parlamentaria prevé la excusa para conocer de los asuntos en los que exista interés directo como es el caso.

"NOVENO.-Que el día veintisiete de febrero de dos mil catorce, fueron convocados los diputados que integran la Septuagésima Segunda Legislatura a sesión del Pleno del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, bajo el siguiente: orden del día. (se transcribe)

"Una vez iniciada la sesión, al momento de someter a consideración de los diputados presentes la aprobación de la orden del día, el presidente de la Comisión de Educación, el diputado Salomón Fernando Rosales Reyes solicitó al presidente de la Mesa Directiva que sometiera al Pleno el integrar al orden del día de la sesión, la segunda lectura del dictamen de la Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo, para su discusión y aprobación.

"En el uso de la palabra, varios diputados cuestionaron el procedimiento, al señalar lo dispuesto en la Ley Orgánica en su artículo 247: (se transcribe)

"Toda vez que el dictamen correspondiente a la Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo, no fue distribuido a los diputados con 24 horas de anticipación y además de que tampoco había sido publicado en la Gaceta Parlamentaria. Es decir, los diputados una vez instalada la sesión no conocían -El proyecto de dictamen de la Ley de Educación- lo que se pretendía aprobar.

"El presidente del Congreso, el cual tiene la facultad para determinar los trámites legales que deben seguirse en las sesiones, se limitó a solicitar la lectura de la disposición siguiente:

"Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán. Artículo 227. (se transcribe)

"La cual es contradictoria con el artículo 247 anteriormente transcrito, y que además resulta contraria al principio de una democracia deliberativa, pues la falta de conocimiento oportuno de un documento que pretenda aprobarse en el Parlamento, violenta lo establecido en el artículo 8, fracción XII, de la Ley Orgánica, el cual se establece para que todos los legisladores cuenten con la información actualizada para que les permita realizar su labor y para que en el transcurso del debate legislativo, preparen con oportunidad los argumentos en pro o en contra del dictamen que se someta a su consideración, o en su caso contar con un tiempo prudente para presentar por escrito la correspondiente reserva a los artículos de una ley que consideren deban ser modificados de acuerdo a lo señalado en los artículos 250 y 251 de la normativa parlamentaria interna.

"Sin embargo y a pesar del cuestionamiento al procedimiento legislativo, que algunos legisladores realizaron en la sesión, fue aprobada por las dos terceras partes de los diputados presentes, la integración del proyecto de dictamen de la Ley de Educación para el Estado de Michoacán al orden del día de la sesión.

"Al momento de que en la sesión, se sometiera a consideración el punto correspondiente al dictamen de la Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo, los diputados Fidel Calderón Torreblanca, Erik Juárez Blanquet, Uriel López Paredes, Silvia Estrada Esquivel, Cristina Portillo Ayala, Reginaldo Sandoval Flores, Elías Ibarra Torres, Francisco Bolaños Carmona, Leonardo Guzmán Mares, José Eleazar Aparicio Tercero, Armando Hurtado Arévalo y Selene Vázquez Alatorre, de conformidad con lo establecido en los artículos 255 y 256 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso Estatal, fue presentada de manera oral y por escrito, moción suspensiva, la cual tenía por objeto suspender la discusión por al (sic) existir error en el procedimiento y reenviar el asunto a comisión.

"La moción señaló lo siguiente: (lo precisa)

"La moción suspensiva fue puesta a consideración del Pleno por el presidente del Congreso, la cual fue rechazada por la mayoría de los presentes, sin que ninguno de los legisladores razonara sobre la legalidad del procedimiento cuestionado.

"Finalmente, por mayoría, los legisladores aprobaron el Dictamen correspondiente a la Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo.

"Tal y como se demuestra en el Diario de Debates de la sesión del Congreso donde fue aprobada la ley que hoy se impugna, existió debate al momento de abordarse el punto, debate que fue centrado en relación al procedimiento con el que se había incluido en el orden del día y en la decisión del presidente del Congreso de cercar con la fuerza pública el Congreso del Estado, sin que existiera la oportunidad para que los legisladores deliberaran sobre el fondo o el contenido de la ley, porque los diputados NO CONOCIERON EL DICTAMEN con oportunidad suficiente, ¿Quién puede hablar de lo que no conoce? ¿Cómo argumentar a favor o en contra si a los legisladores no les fue entregado con anticipación a la sesión el dictamen legislativo? Si lo anterior por sí solo es una violación al procedimiento parlamentario, vulnerando el principio deliberativo y democrático que debe de (sic) cumplir en un debido proceso en el Congreso, se agrava más cuando encontramos que la Comisión de Educación, decidió dar trámite a un dictamen al que se le había dado lectura 1,168 mil ciento sesenta y ocho días atrás, el cual fue dictaminado en comisiones dos horas antes de la Sesión de Pleno, sin que estuviera agendado en el orden del día en las dos reuniones la de la Comisión y la del Pleno, además de que contenía adecuaciones y la homologación a la Constitución Federal y leyes federales aprobadas en el año 2013, sin que para ello se hayan presentado iniciativas de ley, lo anterior en su conjunto vulnera la esencia deliberativa y democrática del Parlamento, por lo cual no pueden (sic) considerarse válida la ley que es producto de las violaciones a principios constitucionales, pues además le impone atribuciones y facultades a los Ayuntamientos sin ser acompañados del presupuesto correspondiente, dañando así severamente la hacienda pública municipal, además de que a los Ayuntamientos no les fue requerida la opinión en el proceso de elaboración del dictamen por la comisión, tal y como se establece en el procedimiento reservado para su elaboración en la normativa parlamentaria.

"DÉCIMO.-Que la sesión de Pleno de la Septuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, fue realizada de manera privada, toda vez de que el presidente del Congreso ordenó impedir el acceso a los ciudadanos a la sesión, sin que el orden del día representara por los asuntos tratados la posibilidad de que la sesión no fuera pública.

"DÉCIMO PRIMERO.-El interés jurídico del Municipio que representamos para solicitar a nuestro Máximo Tribunal revise la constitucionalidad del procedimiento legislativo realizado por el Congreso del Estado de Michoacán, es porque la ley aprobada de manera oscura, establece facultades y atribuciones a los Ayuntamientos del Estado, que inician con la vigencia de la aprobación de la ley, sin que se haya previsto destinar recursos en el presupuesto para que los Ayuntamientos del Estado tengamos que cumplir con las obligaciones que la ley impone.

"Al respecto, se debió prever el cumplimiento del artículo 3o., fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que los Ayuntamientos de Michoacán contaran con las aportaciones que al efecto fijara el Congreso de la Unión, sin embargo la ley fue aprobada sin destinar recursos a los Municipios del Estado, obligándonos a apoyar con el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas públicas y demás proyectos de desarrollo educativo en el Municipio, sin que se hayan designado recursos para ello, erosionando la hacienda pública municipal.

"DÉCIMO SEGUNDO.-En el proceso legislativo que derivó en la aprobación de la Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo, nuestro Municipio nunca tuvo conocimiento del mismo, solamente tuvimos acceso a la primera lectura del dictamen de la ley hoy cuestionada, la cual como ya se señaló data del año 2010, por lo que la ley aprobada y publicada, no fue puesta a consideración de nuestro Municipio para ser analizada para que en su caso se hayan presentado observaciones a la misma, lo anterior de conformidad con la siguiente disposición de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado: Artículo 244." (se transcribe)

TERCERO.-El Municipio actor señaló como preceptos violados, los artículos 1o., 14, segundo párrafo; 16, primer párrafo; 115, fracciones II, III y IV, 120, 126, 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO.-Los conceptos de invalidez que hace valer el promovente son, en síntesis, los siguientes:

Violaciones al proceso de formación legislativa de la Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo.

El proceso legislativo del cual derivó la Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo, inobservó lo dispuesto tanto en la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, como en la Constitución de esa entidad. Lo anterior lo estima así por lo siguiente:

• La Comisión de Educación del Congreso de la entidad elaboró el dictamen de ley fuera de los plazos que señala el artículo 243 de la citada ley orgánica, que establece que las comisiones a las que se turnen las iniciativas deben rendir su dictamen al Congreso por escrito, dentro de los noventa días hábiles siguientes a su recepción, plazo que podrá prorrogarse hasta por noventa días más. Lo anterior, en virtud de que las iniciativas que sustentan la ley combatida se presentaron los días trece de septiembre de dos mil siete, seis de octubre de dos mil nueve y veintidós de abril de dos mil diez, y la Comisión de Educación del Congreso estatal elaboró el dictamen de primera lectura hasta el diecisiete de diciembre de dos mil diez y el de segunda lectura el veintisiete de febrero de dos mil catorce, para lo cual transcurrieron más de tres años, habiendo pasado tres Legislaturas.

• La Ley de Educación impugnada fue aprobada fuera de los plazos establecidos en la citada ley orgánica, ya que se aprobó un dictamen que fue elaborado por la Legislatura anterior, sin que obste para estimarlo así lo dispuesto por el artículo 240 de la propia ley orgánica, en el sentido de que las iniciativas que no fueren dictaminadas durante el ejercicio de la Legislatura en la que se presentaron serán objeto de archivo definitivo en la Legislatura siguiente "si ésta así lo determina", ya que este precepto se refiere a iniciativas y no a dictámenes. Además, conforme al artículo 33 de la misma ley, son atribuciones del presidente del Congreso cuidar que las comisiones cumplan oportunamente con sus encargos y formular excitativas a las comisiones que no hayan presentado dictamen en el plazo legal; de ahí que no es posible que pretenda darse continuidad a un proceso legislativo que no está tutelado por la ley.

• Aun cuando se estimara que los dictámenes de primera lectura tienen la misma suerte que las iniciativas, la comisión respectiva no debió exceder el plazo de noventa días para la elaboración del dictamen, lo que además generó que la aprobación de la ley impugnada se aprobara fuera del plazo legal correspondiente.

• Un dictamen de ley debe ser conocido por todos los legisladores de manera previa a las sesiones en que se vaya a discutir y aprobar tal disposición, tanto es así que las reformas constitucionales y las creaciones de leyes nuevas reciben dos lecturas en sesiones distintas, pues de lo contrario se reduciría a los Congresos a una oficialía de partes para que aprueben en automático los documentos que se presenten. En el caso, no se respetó el derecho de las minorías del Congreso de conocer el proyecto de dictamen elaborado por la comisión respectiva, de manera previa a la sesión de su aprobación.

• En la reunión de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, no se respetaron los principios de publicidad y al debido proceso legislativo, habida cuenta que el dictamen de segunda lectura de la Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo, fue aprobado en una reunión de comisión convocada para el día veintisiete de febrero de dos mil catorce, mismo día en que se verificó la sesión del Congreso que aprobó ese dictamen que, además, no estaba contemplado en la orden del día de dicha sesión, ya que este asunto no estaba agendado en el citatorio a los miembros de la comisión. Lo anterior, aduce la actora, conculca el artículo 61, fracción II, de la citada ley orgánica, que establece que las comisiones deberán sesionar ordinariamente por lo menos una vez, previo citatorio, con al menos cuarenta y ocho horas de anticipación, el cual deberá contener el orden del día y los documentos sobre los cuales versará la reunión. No obstante ello, la reunión de la comisión no fue convocada para tratar el dictamen correspondiente a la Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo, porque este punto lo incorporaron en la reunión dentro de los asuntos generales.

• La comisión dictaminadora analizó el expediente y elaboró el dictamen entre las ocho y las once horas del día veintisiete de febrero; de ahí que es claro que no existió tiempo suficiente para que todos los diputados con derecho a voz pudieran participar en la reunión de la comisión, tanto es así que sólo dos diputados, integrantes de la comisión, de todo el Congreso Estatal supieron que tal asunto se abordaría sin estar previamente agendado en la reunión de la comisión.

• El dictamen de segunda lectura fue presentado fuera de los plazos que la ley señala, lo que por sí solo constituye una irregularidad grave.

• Dos o tres de los integrantes de la comisión, en lugar de dar el trámite reservado por la ley para la presentación de dictámenes, lo presentaron ante el Pleno al momento de la aprobación de la orden del día, lo que hicieron notar varios diputados durante la sesión del Pleno; sin embargo, la mayoría impuso su inclusión.

• El proyecto de dictamen de segunda lectura no se distribuyó previamente a los diputados como señala el artículo 247 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso.

• Para la elaboración del proyecto de dictamen no se cumplió lo señalado en la fracción III del artículo 244 de la normativa parlamentaria, ya que nunca hubo observaciones de los Ayuntamientos del Estado, como se demuestra con el dictamen finalmente aprobado; además, de conformidad con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 244, los dictámenes deben presentarse a la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos.

• Se inobservó lo dispuesto en el artículo 246 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, en su segundo párrafo, en el sentido de que una vez verificada la primera lectura, el dictamen regresa a la comisión respectiva, la cual puede profundizar en el estudio de la iniciativa, lo cual en el caso no ocurrió en virtud de que la Comisión de Educación en lugar de profundizar sobre las iniciativas presentadas, el veintiuno de marzo de dos mil doce acordó "la prosecución del trámite legislativo del dictamen de primera lectura", y tomó en cuenta las reformas publicadas a la Constitución Federal el veintiséis de febrero de dos mil trece, así como las disposiciones legales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil trece.

• Se incumplió con lo dispuesto en los artículos 242, 243 y 244 de la citada ley orgánica que, respectivamente, señalan que los dictámenes no podrán debatirse sin antes haber pasado a comisiones; que no puede haber dictamen sin iniciativa, lo cual tampoco se respetó, y que los dictámenes deben contener los datos generales que identifiquen la iniciativa, así como la expresión pormenorizada de las consideraciones resultantes del análisis y estudio de la iniciativa, de los motivos que la sustenten, así como de la exposición de los argumentos que motiven los cambios, modificaciones o cualquier otra circunstancia que afecte los motivos y al texto de la iniciativa en los términos en que fue promovida, lo cual tampoco se cumple en el dictamen aprobado por el Pleno.

• El proceso legislativo no tomó en cuenta al Ayuntamiento actor, en cuanto ente público a pesar de lo dispuesto por el artículo 65 de la citada ley orgánica.

• En la sesión de Pleno, un operativo de seguridad impidió que fuera pública la sesión del Congreso estatal de veintisiete de febrero de dos mil catorce, lo que propició que se llevara a cabo de forma privada, a la que solamente accedieron los legisladores y el personal del Congreso, impidiendo la publicidad de la reunión. Asimismo, se impidió el uso de la palabra durante la sesión mencionada, ya que al momento del debate en el punto correspondiente a la discusión y aprobación del proyecto de dictamen de la Comisión de Educación, se impidió el uso de la palabra a varios diputados, entre ellos a la diputada Cristina Portillo Ayala, lo que violenta el principio de democracia deliberativa con el que deben conducirse los parlamentos.

Este Tribunal, en la acción de inconstitucionalidad 83/2009 promovida por los diputados integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, señaló que el órgano legislativo antes de ser un órgano decisorio, es un órgano deliberante, donde encuentran cauce de expresión las opiniones de todos los grupos, tanto mayoritarios como minoritarios, y que las reglas que disciplinan el procedimiento legislativo protegen el derecho de las minorías a influir y moldear en el transcurso de la deliberación pública, aquello que va a ser objeto de la votación final y, por tanto, otorga pleno sentido a su condición de representantes de los ciudadanos.

El procedimiento legislativo debe respetar el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, en condiciones de libertad e igualdad. El procedimiento deliberativo debe culminar con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas, pues tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones deben ser públicas.

De acuerdo con el precedente citado, para determinar si en un caso concreto las violaciones al procedimiento legislativo redundan en violación a los derechos de debido proceso y legalidad, contenidos en los artículos 14, segundo párrafo y 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, y provocan la invalidez de la norma emitida o si, por el contrario, no tienen relevancia invalidatoria, por no llegar a trastocar los atributos democráticos finales de la decisión, es necesario evaluar el cumplimiento de los siguientes estándares:

1. El procedimiento legislativo debe respetar el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, en condiciones de libertad e igualdad. En otras palabras, es necesario que se respeten los cauces que permitan tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias, expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública, lo cual otorga relevancia a las reglas de integración y quórum en el seno de las Cámaras, así como a las que regulan el objeto y desarrollo de los debates.

2. El procedimiento deliberativo debe culminar con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas.

3. Tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones deben ser públicas.

El cumplimiento de los anteriores criterios siempre debe evaluarse a la vista del procedimiento legislativo en su integridad, puesto que de lo que se trata, es precisamente de determinar si la existencia de ciertas irregularidades procedimentales impacta o no en la calidad democrática de la decisión final.

La actora también aduce que las violaciones al procedimiento pueden llegar a trascender al plano constitucional, pues en función de lo que haya sucedido, éstas pueden llegar a tener un potencial invalidante de la norma al final producida por el órgano legislativo.

Inconstitucionalidad del artículo 227 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán.

Se aduce que debe declararse la inconstitucionalidad de este precepto, en cuanto señala que el Pleno del Congreso del Estado a solicitud verbal de cualquier diputado y por acuerdo de las dos terceras partes de los diputados presentes, podrá incorporar cualquier asunto al orden del día de la sesión hasta antes de aprobarlo, y que en el caso de retiro de asuntos bastará el acuerdo de la mayoría simple.

Que este precepto se encuentra en contradicción con el artículo 247 de la propia ley, que señala que no podrá discutirse ningún dictamen de ley, decreto o propuesta de decreto, sin que previamente se haya distribuido el texto a los diputados, por lo menos con veinticuatro horas de anticipación y publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Asimismo, este precepto se encuentra en contradicción con el sistema jurídico que regula los procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán y por violación al principio de democracia deliberativa, pues el efecto de una ley no es el mismo que el de una propuesta de acuerdo o posicionamiento. Un dictamen de ley debe ser conocido por todos los legisladores de manera previa a las sesiones en que se vaya a discutir y aprobar tal disposición; por ello las reformas constitucionales y las creaciones de leyes nuevas reciben dos lecturas en sesiones distintas; además, si no se garantiza el debate debidamente informado de todos los legisladores, no sería necesario un Parlamento plural que permita escuchar a los diputados de todas las fuerzas políticas, en un debate que garantice una debida preparación de los argumentos a discutir en las sesiones.

Omisión de modificar el presupuesto para los Ayuntamientos y aprobar la Ley de Educación para el Estado de Michoacán.

La ley fue aprobada sin destinar recursos a los Municipios del Estado, obligando a éstos a apoyar con el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas públicas,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26479-618d47d3/i-controversia-constitucional-si-existe-un-concepto-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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