I. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. LA OBLIGACIÓN DE ANEXAR EL INFORME DE AUSTERIDAD A SU ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS NO VULNERA SU AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA (ARTÍCULOS 3 Y 4 DE LA LEY DE AUSTERIDAD Y AHORRO DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS). II. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. LAS ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA RESPECTIVA PARA SANCIONAR EL INCUMPLIMIENTO Y PREMIAR EL ACATAMIENTO DE LAS NORMAS DE AUSTERIDAD Y AHORRO SE DIRIGEN ÚNICAMENTE A LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, NO A LOS ÓRGANOS DE AQUEL PODER (ARTÍCULOS 36 Y 37 DE LA LEY DE AUSTERIDAD Y AHORRO DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS). III. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. AUSENCIA DE OBLIGACIONES O PROHIBICIONES QUE SE TRADUZCAN EN ACTOS QUE TRANSGREDAN LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DE ESE PODER (ARTÍCULOS 4, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 21, 23 Y 30 DE LA LEY DE AUSTERIDAD Y AHORRO DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS). IV. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. SU AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA NO SE VULNERAN AL NO DEFINIR EL LEGISLADOR CADA PALABRA QUE UTILIZÓ, COMO SI SE TRATARA DE UN DICCIONARIO, CUANDO SON DE FÁCIL ENTENDIMIENTO Y COMPRENSIÓN (ARTÍCULOS 5 Y 11 DE LA LEY DE AUSTERIDAD Y AHORRO DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS). V. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. SU AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA NO SE VULNERAN AL NO PRECISARSE EN LA NORMA A QUÉ AUTORIDAD CORRESPONDE SU OBSERVANCIA, CUANDO SE DESPRENDA DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN CADA CASO (ARTÍCULOS 6, 8, 16, 27, 31, 34, 35 Y 36 DE LA LEY DE AUSTERIDAD Y AHORRO DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS). VI. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. SU AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA NO SE VULNERAN PORQUE LA NORMA NO CONTIENE CONCEPTOS IMPRECISOS NI CONFUSOS, QUE IMPOSIBILITEN SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULOS 5, 12, 20, 22, 23, 27 Y TRANSITORIO SEGUNDO, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AUSTERIDAD Y AHORRO DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS). VII. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. SU AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA NO SE VULNERAN AL OBLIGARLO A EFECTUAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS DISPOSICIONES, AUN CUANDO YA HAYA SIDO APROBADO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA ENTIDAD PARA EL MISMO AÑO (ARTÍCULO TRANSITORIO TERCERO DE LA LEY DE AUSTERIDAD Y AHORRO DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 8/2015. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. 23 DE MAYO DE 2016. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: MARÍA ESTELA FERRER MAC GREGOR POISOT.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintitrés de mayo de dos mil dieciséis.
VISTOS; para resolver el expediente de la controversia constitucional identificada al rubro; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Correos de Guadalajara, Jalisco, el veintiuno de enero de dos mil quince, recibido el día cinco de febrero siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Carlos Vega Pámanes, en su carácter de presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, promovió controversia constitucional en representación del Poder Judicial de esa entidad federativa, en la que señaló, como autoridades demandadas, al Poder Legislativo y al gobernador del Estado de Jalisco, y como acto cuya invalidez se solicita la expedición y promulgación del Decreto 25022/LX/14, publicado en el Periódico Oficial del Estado de veintidós de noviembre de dos mil catorce, por el que se expidió la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios.
SEGUNDO.-Antecedentes. En la demanda se narraron como antecedentes que el veintidós de noviembre de dos mil catorce se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el Decreto que contiene la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios, contra la que se promueve la controversia constitucional, por estimarse que transgrede diversos principios consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO.-Preceptos constitucionales señalados como violados y conceptos de invalidez. El poder actor señaló como violados los artículos 14, 16, 17 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y planteó, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:
• Primer concepto de invalidez
La Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios, al incluir en sus disposiciones al Poder Judicial de la entidad transgrede los numerales 14, 16, 17 y 116 de la Constitución Federal.
El citado artículo 116 consagra el principio de división de poderes a que se sujeta el poder público en los Estados. En el párrafo cuarto de su fracción II, dispone que corresponde a sus Legislaturas la aprobación anual del presupuesto de egresos, así como que las remuneraciones de los servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el numeral 127 de la Constitución Federal. Asimismo, el párrafo quinto de la fracción mencionada establece que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial Locales y los organismos autónomos deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones propuestas para sus servidores públicos, propuestas que deben observar el procedimiento que para la aprobación de los presupuestos de egresos de los Estados, establezcan las disposiciones constitucionales y legales aplicables.
Por su parte, la fracción III del artículo 116 de la Constitución Federal señala que el Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan sus Constituciones y que deberá garantizarse la independencia de los Magistrados y Jueces en sus funciones, además de establecerse las condiciones para su ingreso, formación y permanencia.
Dentro de los principios básicos para garantizar la independencia judicial se comprende la inmutabilidad salarial, o sea, la remuneración adecuada y no susceptible de disminución, el adecuado funcionamiento de la carrera judicial y la inamovilidad de los juzgadores, de suerte que la autonomía de la gestión presupuestal del Poder Judicial Local es condición necesaria para alcanzar dichos principios, máxime que tal autonomía se tutela, además, en el artículo 117 de la Constitución Federal.
Acorde con lo anterior, el artículo 14 de la Constitución del Estado de Jalisco consagra el principio de división de poderes, y su numeral 57, el principio de independencia de los Jueces y Magistrados en el ejercicio de sus funciones, además de establecer que percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable que no podrá disminuirse; que el Supremo Tribunal y el Tribunal de lo Administrativo elaborarán sus proyectos de presupuesto y el Consejo de la Judicatura lo hará para el resto del Poder Judicial, lo que en conjunto se remitirá al gobernador para que se incluya en el proyecto de presupuesto de egresos de la entidad, que una vez aprobado será ejercido con plena autonomía.
No obstante lo anterior, la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios permite al Ejecutivo Local ejercer control en las cuestiones presupuestarias en detrimento del Poder Judicial de la entidad y en clara transgresión al principio de división de poderes.
El ordenamiento impugnado regula funciones administrativas del Poder Judicial Local, pues establece la obligación de informar a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado "el monto ahorrado durante el ejercicio fiscal que corresponda del gasto operativo" (artículo 3) y, asimismo, prevé la intervención de dicha secretaría en la elaboración del presupuesto del Poder Judicial, además de facultarla para dirigir los recursos obtenidos por medio del ahorro a la inversión pública (artículo 4), con lo que contempla restricciones en la fijación, administración y ejercicio autónomo del presupuesto.
Así, la legislación combatida indebida y arbitrariamente impone al Poder Judicial Local restricciones no contempladas en la Constitución Federal ni en la local, lo que, además, se traduce en violación a los principios de legalidad y seguridad jurídica.
• Segundo concepto de invalidez
La Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios transgrede el principio de división de poderes, pues a través de sus disposiciones ordena actos que se traducen en intromisión, dependencia o subordinación en perjuicio del Poder Judicial Local, al ordenar a los sujetos a que se dirige, en su artículo 3, a remitir junto con el anteproyecto de presupuesto el informe respecto al monto de lo ahorrado en el ejercicio fiscal que corresponda al gasto operativo, a fin de que la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado contemple el ahorro en el paquete presupuestal para el siguiente ejercicio fiscal, lo que implica violación a la autonomía en la gestión presupuestal al permitirse a la dependencia del Gobierno Local incidir en la conformación y gestión del presupuesto del siguiente ejercicio fiscal.
La situación denunciada subordina al Poder Judicial, pues se pretende que se someta a lo decidido por el agente dominante sin opción de elegir otro curso de acción, ya que invariablemente debe existir el ahorro apuntado y la dependencia del Ejecutivo Local siempre deberá contemplar la proyección del ahorro, incluso para los sujetos que no pertenezcan al Ejecutivo Local.
Además, la disposición impugnada es un vehículo para convalidar la disminución del presupuesto del Poder Judicial, a pesar de la prohibición establecida por las Constituciones Federal y Local, sin que se exprese motivación reforzada, no obstante estar involucrada una categoría sospechosa desde el punto de vista constitucional, como lo es el principio de división de poderes.
La reducción presupuestal que se impone injustificadamente impide que se preserve la regularidad en el ejercicio de las atribuciones que competen al Poder Judicial Local, ya que difícilmente podrá sufragar y satisfacer el servicio público que se le encomienda.
Por su parte, el artículo 4 del ordenamiento impugnado autoriza a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado a dirigir los recursos que se obtengan a partir del ahorro y austeridad al capítulo de inversión pública, sin especificar a qué se refiere ese concepto ni si esa inversión generará beneficio específico al Poder Judicial del Estado, indefiniciones que generan violación a los principios contenidos en los artículos 14, 16 y 116 de la Constitución Federal.
Los artículos 5 y 11 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios establecen que es responsabilidad de los titulares de los sujetos obligados, entre los que se encuentra el Poder Judicial, promover medidas y acciones para eliminar trámites innecesarios, agilizar procesos internos y reducir costos de operación y administración, prohibiéndose la contratación de secretarios privados, salvo tratándose de dichos titulares.
Las normas son ambiguas, al no especificar quiénes son los titulares referidos, pues bien puede serlo sólo el representante del Poder Judicial o cada uno de los Magistrados y los consejeros de la Judicatura Estatal, lo que tiene relevancia, porque el ordenamiento impugnado establece sanciones para los servidores públicos adscritos a los sujetos obligados.
Es ambiguo el artículo 6 del ordenamiento combatido, pues establece que el ejercicio del gasto se sujetará a los montos autorizados en el presupuesto, sin precisar la autoridad que tiene encomendada la función de autorizar, precisamente, esos montos y sin precisar tampoco a qué montos se refiere, lo que podría llevar a entender que la atribución corresponde a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, lo que acarrea las violaciones constitucionales denunciadas.
El numeral 31 de la ley reclamada, no precisa la autoridad ante la que deben justificarse los motivos por los que no se planeó con tiempo la compra de boletos para viajes, a fin de asegurar la tarifa más económica, dejando latente la intromisión al Poder Judicial por parte de la mencionada secretaría.
También resultan ambiguos los artículos 8, 16, 27, 34, 35 y 36 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios, ya que no precisan quiénes son los servidores públicos responsables de actuar o de omitir actuar conforme a sus prescripciones, los encargados de tramitar el procedimiento por el incumplimiento a la ley y dictar la sanción aplicable, las conductas penadas y la sanción a imponer.
De igual manera resultan imprecisos los numerales 5, 12, 20, 22, 23, 27, 36 y transitorio segundo, fracción I, por contener conceptos indeterminados o previsiones que por su grado de confusión, provocan una verdadera imposibilidad de darles cumplimiento, tales como "mecanismos de control y seguimiento del ejercicio presupuestal", optimización de "estructuras orgánicas y ocupacionales de los sujetos obligados", "mínimo indispensable", "planes de modernización", "software abierto", tabulador de cuotas "que fije topes", "pago de acuerdo a los términos de la póliza", y reducción de "asignaciones presupuestales".
La incertidumbre provocada por la ambigüedad e imprecisiones de las normas, obstaculiza la preservación de la regularidad en el ejercicio de las atribuciones del Poder Judicial actor, provocándose su sometimiento a los otros poderes.
Por último, se destaca que la simple lectura de los artículos 4, 10 a 14, 17, 21, 23, 30, 36 y 37, en cuanto a las obligaciones y prohibiciones que contienen respecto a la determinación del presupuesto y la administración y ejercicio de los recursos, basta para desprender la situación de subordinación en que se coloca al Poder Judicial del Estado de Jalisco frente a los otros poderes, sin que al respecto se proporcione la motivación reforzada necesaria para este tipo de actos legislativos.
Mención especial merece el transitorio tercero de la normativa impugnada, que ordena a los sujetos obligados a determinar y aprobar las modificaciones presupuestales necesarias para acatarla dentro del plazo de ciento ochenta días naturales, lo que resulta imposible de cumplir, pues tal normativa inició su vigencia el primer día del año dos mil quince, en que el presupuesto de egresos para ese año ya estaba aprobado y sin que sea posible modificarlo, situación que transgrede los numerales 14 y 16 de la Constitución Federal.
CUARTO.-Admisión a trámite de la controversia constitucional. Por acuerdo de seis de febrero de dos mil quince, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 8/2015 y, por razón de turno, se designó como instructor al Ministro Alberto Pérez Dayán.
El Ministro instructor, mediante acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil quince, admitió a trámite la demanda; tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco, a los que ordenó emplazar para que formularan su contestación; y mandó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
QUINTO.-Contestación del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Este poder contestó la demanda en los siguientes términos:
• Es cierto que el Poder Legislativo del Estado de Jalisco aprobó el Decreto 25022/LX/14, por el que expidió la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios.
• Son infundados los conceptos de invalidez planteados por el Poder Judicial actor, ya que el mismo es parte integral del Estado de Jalisco y conforme al principio de división de poderes está sometido al imperio de la ley.
Las funciones de control de la actividad gubernamental encomendadas a los órganos legislativos no se oponen al principio de división de poderes, el que no implica que cierta función sea exclusiva de un determinado órgano, aislándolos recíprocamente, sino que se permite el control de unos sobre los otros para impedir la concentración del poder en las manos de uno solo y garantizar la regularidad del funcionamiento de los diferentes órganos; esto es, se limita el ejercicio de cada poder mediante el derecho para obligarlos a realizar únicamente la función que les es propia.
Entre las facultades de control se encuentran las que ejercen las Legislaturas, como órganos de representación, sobre la gestión administrativa, y el relativo a la actividad financiera de los órganos estatales.
Así, el ordenamiento impugnado no desconoce el principio de división de poderes, ni restringe la esfera de competencia y atribuciones del Poder Judicial de la entidad.
Los artículos 3 y 4, al establecer la obligación de informar el monto de lo ahorrado durante el ejercicio fiscal que corresponda al gasto operativo, no viola los principios constitucionales referidos, de conformidad con el criterio de la Suprema Corte en torno a que la división funcional de atribuciones que establece la Constitución Federal no opera de manera rígida sino flexible, ya que no supone una separación absoluta y determinante de funciones, sino que debe existir una coordinación que se traduzca en equilibrio de fuerzas y un control recíproco que garantice la unidad política del Estado.
Así, este control se contempla en los artículos 35, fracciones IV y XXV, y 35 Bis de la Constitución del Estado de Jalisco, que facultan al Congreso de la entidad para determinar los gastos para cada ejercicio fiscal conforme a los lineamientos que establezca la ley, además de llevar a cabo la fiscalización superior del desempeño y el cumplimiento de los planes y programas de los diferentes órganos, dependencias y entidades aplicando los principios rectores en la materia: legalidad, certeza, transparencia, racionalidad, austeridad, eficacia, eficiencia, honestidad, disciplina presupuestal, responsabilidad, objetividad, imparcialidad, proporcionalidad, anualidad, confiabilidad y orientación estratégica de los recursos públicos basada en la adecuada planeación para el desarrollo.
Conforme a los artículos 57 de la Constitución Local y 17 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, los órganos jurisdiccionales elaborarán sus propios presupuestos, que enviarán al Ejecutivo para que éste presente el proyecto de presupuesto, que tendrá ese carácter hasta que no sea aprobado por el Congreso de la entidad y, ocurrido ello, se debe ejercer con autonomía por cada uno de los poderes.
Se sigue de lo anterior, que la previsión contenida en la normativa impugnada en tono al informe de austeridad que especifique lo ahorrado en el ejercicio correspondiente al gasto operativo, encuentra sustento en los principios contenidos en la Constitución del Estado de Jalisco, referentes a la determinación del gasto público y el control de su ejercicio, en tanto el anteproyecto de presupuesto del Poder Judicial y el informe aludido se elaboran a partir de un marco de colaboración que no debe ser entendido como dependencia ni invasión de competencias, advirtiéndose que tampoco se traduce en disminución del presupuesto ejercido el año inmediato anterior actualizado con base en la cifra oficial de inflación, lo que tiene obligación de cuidar el Poder Legislativo, al aprobar el presupuesto de egresos, que podrá ejercer con plena autonomía el Poder Judicial.
Las normas impugnadas deben examinarse de forma armónica con los demás ordenamientos de la entidad, específicamente, la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, pues el propio Poder Judicial elabora su anteproyecto de presupuesto para incluirse en el paquete presupuestal del siguiente ejercicio, de suerte que tiene autonomía en su preparación, siendo obligación del Ejecutivo, en términos del artículo 15 del ordenamiento citado, a petición expresa de los otros poderes, el prestar la asesoría y apoyo técnico que requieren y, asimismo, conforme a su artículo 7, en el ámbito de sus competencias, podrán establecer los lineamientos que requieran para ser congruentes con lo establecido en la ley y con sus sistemas administrativos de presupuestación y de control de gasto.
Es inexacto que se limite la autonomía presupuestal del Poder Judicial para decidir el destino de lo ahorrado, pues en términos de los artículos 52 y 53 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público local, el ejercicio del gasto público estatal comprende el manejo y aplicación de los recursos, ajustándose a las partidas autorizadas, en respeto al numeral 126 de la Constitución Federal, en cuanto señala que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior.
• Por otro lado, es inexacto que el artículo 3 impugnado permita a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, determinar e incidir en la conformación y gestión del presupuesto del ejercicio fiscal subsiguiente al que corresponde. La norma sólo pretende unificar criterios de austeridad y ahorro para todos los poderes, organismos públicos autónomos e instituciones públicas, implementando anualmente un manejo razonable y eficiente de los recursos, de suerte que sólo se trata de una colaboración entre los sujetos obligados para hacer posible el cumplimiento de los principios relativos consagrados en el numeral 134 de la Constitución Federal.
El artículo 3 del ordenamiento impugnado remite a la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de la entidad, que en su artículo 5 precisa lo que se entiende por gasto público y refiere el capítulo de inversión pública, por lo que es inexacto que el primer numeral citado resulte ambiguo, al no precisar dicho capítulo.
Tampoco resultan ambiguos los artículos 5 y 11 impugnados, por no aclarar quiénes son los titulares de los sujetos obligados, ya que si éstos son los Poderes del Estado, los organismos autónomos y los Municipios, representados y presididos por su presidente o titular, resulta que tratándose del Poder Judicial a su presidente corresponde su representación, en términos del numeral 56 de la Constitución Local y, específicamente, la fracción X del artículo 34, le encomienda la elaboración anual del proyecto de presupuesto de egresos, por lo que no hay imprecisión respecto a la autoridad que tiene que autorizar los montos en el presupuesto de egresos, máxime que el dispositivo 7 del ordenamiento reclamado establece que los sujetos obligados elaborarán un programa de austeridad y ahorro, y un reglamento, en los que deberán plasmarse los límites y montos autorizados.
Así, no puede considerarse que exista ambigüedad en los artículos 8, 16, 27, 31, 34 y 36, en cuanto a las diferentes interrogantes que plantea el poder actor, a saber: ante quién deberá justificarse la compra de boletos para viajes que no correspondan a la tarifa más económica; quiénes serán los responsables del incumplimiento a la ley; quiénes deberán tramitar los procedimientos y dictar las sanciones que correspondan; cuáles son las conductas penadas y la sanción aplicable.
Para responder esos cuestionamientos, basta acudir a los artículos 8, párrafo segundo, del ordenamiento impugnado, 178 y 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la entidad.
• Tampoco son ambiguos e inexactos al grado de provocar sometimiento del Poder actor a los otros Poderes del Estado de Jalisco, los artículos 5, 12, 20, 22, 23, 27, 36 y segundo transitorio, fracción I, de la Ley de Austeridad y Ahorro de la entidad, ya que el artículo 2 de la misma precisa quiénes son los sujetos obligados, y respecto a los cuestionamientos consistentes en quiénes son las personas responsables de la aplicación de la ley al interior de los sujetos obligados; quiénes deberán sustanciar los procedimientos y qué penas corresponden exactamente a las conductas infractoras, resulta que las respuestas se encuentran en los numerales 2, 4, 5, 7, 8 y 34 a 37 del propio ordenamiento, sin que se viole el principio de certeza jurídica con motivo de las remisiones que hacen a otros ordenamientos legales, como lo es la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
• Resultan inoperantes los siguientes argumentos: a) el consistente en que los artículos 4, 10, 17, 21, 23, 30, 36 y 37 impugnados transgreden la autonomía de gestión presupuestal del poder actor, al obligarlo a someterse a la voluntad de los otros Poderes del Estado de Jalisco, colocándolo en situación de subordinación, al sujetarlo a determinar su presupuesto de ciertas maneras, además de administrar y ejercer los recursos de determinado modo; b) el que sostiene que la legislación de que se trata carece de la motivación reforzada necesaria en este tipo de actos legislativos; y, c) el relativo a la imposibilidad de acatar lo establecido en el transitorio tercero de la ley combatida, al no poderse modificar los rubros del presupuesto dada la obligación de ejercerlo tal como fue aprobado.
Ello, en virtud de que el actor esgrime meras afirmaciones sin fundamento y dogmáticas, en las que no confronta las disposiciones que menciona, respecto de las que se niega se le subordine frente a los otros poderes públicos, destacándose que en la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Local se contiene el procedimiento para la aprobación de modificaciones al presupuesto.
SEXTO.-Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. Este poder señaló que su participación en el acto impugnado se limitó a la promulgación y sanción del Decreto por el que se expidió la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios, con fundamento en los artículos 31, 32 y 50, fracción I, de la Constitución de la entidad.
SÉPTIMO.-Procurador general de la República. Este funcionario no formuló opinión en el presente asunto.
OCTAVO.-Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el tres de junio de dos mil quince se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del artículo 34 de la propia ley, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas y se puso el expediente en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiuno de mayo siguiente, ya que se trata de un conflicto entre el Poder Judicial y los Poderes Legislativo y Ejecutivo, todos del Estado de Jalisco.
SEGUNDO.-Oportunidad. Procede examinar si la demanda de controversia constitucional se presentó dentro del plazo legal, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente.
El poder actor impugna la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios, con motivo de su publicación en el Periódico Oficial de esa entidad el veintidós de noviembre de dos mil catorce.
El artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(1) establece que el plazo para la presentación de la demanda de controversia constitucional cuando se impugnen normas de carácter general es de treinta días contados a partir del día siguiente al de su publicación o al en que se produzca el primer acto de aplicación.
Por tanto, si el Decreto Número 25022/LX/14, por el que se expidió la ley impugnada se publicó el veintidós de noviembre de dos mil catorce, el plazo para la presentación de la demanda corrió del día lunes veinticuatro de noviembre de dicho año, día hábil siguiente al de la publicación, al miércoles veintiuno de enero de dos mil quince, ya que deben descontarse conforme a lo previsto por los artículos 2o.(2) y 3o.(3) de la ley reglamentaria de la materia, 159(4) y 163(5) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los días veintinueve y treinta de noviembre, seis, siete, trece y catorce de diciembre de dos mil catorce, tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de enero de dos mil quince, por ser sábados y domingos, respectivamente, así como del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, y el uno de enero de dos mil quince, por corresponder al segundo periodo vacacional.
Por tanto, si la demanda se depositó en la Oficina de Correos de Guadalajara, Jalisco, el veintiuno de enero de dos mil quince, según se desprende de los sellos asentados al reverso de la pieza postal certificada que obra a foja noventa y siete de autos, no hay duda que la demanda se promovió en forma oportuna, en términos de lo dispuesto por el artículo 8o. de la ley reglamentaria de la materia.(6)
TERCERO.-Legitimación activa. El Poder Judicial del Estado de Jalisco compareció al presente juicio por conducto del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, carácter que acreditó con copia certificada del acta de sesión plenaria extraordinaria solemne celebrada por los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el quince de diciembre de dos mil catorce,(7) sesión en la que el Magistrado mencionado fue electo como presidente del citado tribunal por el periodo comprendido del primero de enero de dos mil quince al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciséis, y como tal, tomó la protesta de ley correspondiente.
Ahora bien, el Poder Judicial del Estado de Jalisco, como uno de los órganos originarios en que se divide el ejercicio del poder público en la referida entidad federativa, en términos de lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 116 de la Constitución Federal,(8) se encuentra legitimado para promover controversia constitucional contra otro Poder del mismo Estado sobre la constitucionalidad de sus disposiciones generales, como lo es la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios que en esta vía se impugna. Ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 105, fracción I, inciso h), de la Ley Suprema.(9)
Por otro lado, de conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia,(10) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.
En el caso, si de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado de Jalisco,(11) la representación del Poder Judicial de la entidad recae expresamente en el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, es claro que el poder actor, al comparecer al presente juicio, por conducto del Magistrado Luis Carlos Vega Pámanes -quien como ya se indicó, suscribió la demanda ostentándose como presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y así lo acreditó- cumplió el requisito exigido por el mencionado numeral 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia.
Lo anterior, con independencia de que la legitimación procesal activa del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado para comparecer en esta vía, en representación del Poder Judicial de la entidad, pueda también derivar directamente de lo dispuesto en el artículo 34, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, que le otorga facultades para representar al citado Poder Judicial en los actos jurídicos y oficiales.(12)
CUARTO.-Legitimación pasiva. Tienen el carácter de autoridades demandadas en esta controversia constitucional, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Jalisco, el cual les fue reconocido así en el auto dictado por el Ministro instructor el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26630-6d3cffb5/i-poder-judicial-del-estado-de-jalisco-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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