DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA AUTORIZACIÓN DE SALDO A FAVOR DE LOS CONTRIBUYENTES QUE NO COMPRENDA LOS INTERESES, NO CONSTITUYE UNA NEGATIVA IMPLÍCITA O TÁCITA DE SU PAGO QUE SE DEBA COMBATIR, PORQUE PARA ESE EFECTO SE REQUIERE QUE EXISTA UNA DETERMINACIÓN FUNDADA Y MOTIVADA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 22/2016. ENTRE LOS CRITERIOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO CUARTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. 23 DE AGOSTO DE 2016. MAYORÍA DE ONCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS: JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA, MARÍA ELENA ROSAS LÓPEZ, EMMA MARGARITA GUERRERO OSIO, EDWIN NOÉ GARCÍA BAEZA, FERNANDO ANDRÉS ORTIZ CRUZ, JOSÉ ANTONIO GARCÍA GUILLÉN, LUZ CUETO MARTÍNEZ, J. JESÚS GUTIÉRREZ LEGORRETA, LUZ MARÍA DÍAZ BARRIGA, EMMA GASPAR SANTANA Y MARTHA LLAMILE ORTIZ BRENA. DISIDENTES: MIGUEL DE JESÚS ALVARADO ESQUIVEL, JESÚS ANTONIO NAZAR SEVILLA, ALEJANDRO SERGIO GONZÁLEZ BERNABÉ, NEÓFITO LÓPEZ RAMOS, ÓSCAR FERNANDO HERNÁNDEZ BAUTISTA, CARLOS AMADO YÁÑEZ Y ARMANDO CRUZ ESPINOSA. PONENTE: LUZ CUETO MARTÍNEZ. SECRETARIO: LUIS RAMIRO MEDINA MONTERO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es legalmente competente para conocer y resolver de esta denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, facción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, pues la posible contradicción se suscitó entre criterios sustentados por un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y uno de un Centro Auxiliar que apoyó a uno en la materia y circuito mencionados.
Sirven de fundamento a la decisión anterior, la jurisprudencia 2a./J. 3/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la tesis PC.I.A. 1 K (10a.), de este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubros y textos siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AUXILIAR, EN APOYO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE AQUÉLLA EL PLENO DE ESE CIRCUITO Y, SI NO EXISTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares tienen jurisdicción en todo el territorio de la República Mexicana y, sin modificar su sede territorial, brindan apoyo a los Tribunales Colegiados de Circuito durante un determinado periodo, concluido el cual pueden auxiliar a otros, por lo que su competencia se modifica en razón del órgano jurisdiccional al que auxilie, así como de los expedientes y el lapso en el que brinden su apoyo. Ahora, aun cuando los tribunales auxiliares apoyan a órganos de distintos circuitos y cuentan con una competencia restringida, limitada al dictado de la sentencia, al prestar su ayuda a determinado Tribunal Colegiado de Circuito asumen la jurisdicción de éste, lo que implica que el auxiliar tenga que interpretar la normatividad estatal aplicable en dicho circuito. En ese sentido, ya que el Constituyente, el legislador ordinario y el Consejo de la Judicatura Federal establecieron una regla de competencia para decidir las contradicciones de tesis en las que participen Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, se considera que éstos pertenecen al Circuito del Tribunal Colegiado auxiliado; por tanto, si los Tribunales Colegiados contendientes corresponden a un mismo circuito y a una misma especialidad, el competente para conocer de las contradicciones de tesis que sustenten será el Pleno de Circuito de los Tribunales correspondientes, en el entendido de que si en el circuito de que se trate no existe integrado Pleno, en términos del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, abrogado por el diverso Acuerdo General 11/2014 del propio órgano, quien debe conocer de la contradicción es esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues debe asumir la competencia para conocer de las contradicciones de tesis en que se actualice el supuesto de referencia, a fin de resolver la cuestión planteada, porque así se otorga certeza jurídica para resolver los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados únicos en un circuito que fueron apoyados en el dictado de resoluciones por un Tribunal Colegiado Auxiliar que asumió su jurisdicción."(1)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y UN TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR QUE RESOLVIÓ EN APOYO DE OTRO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA RESOLVER EL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Cuando un Tribunal Colegiado Auxiliar resuelve en apoyo de un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con independencia de la región o residencia a la que pertenezca, debe considerarse que se trata de órganos jurisdiccionales de la misma especialidad y circuito, pues aunque en términos del artículo 6 del Acuerdo General 14/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados auxiliares no integrarán Plenos, no debe pasar por alto el hecho de que éstos fueron creados como órganos jurisdiccionales auxiliares encargados de brindar apoyo temporal únicamente en el dictado de las sentencias en los lugares con alta carga de trabajo por lo que se requiere que otro órgano jurisdiccional de la misma competencia y capacidad resuelva. Así la competencia para conocer de las contradicciones de tesis entre dichos tribunales se define en razón de que el órgano auxiliar resolvió en apoyo de un tribunal especializado integrante del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, por lo que tiene la misma naturaleza y, en consecuencia, la competencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito para resolverla se da en la medida en que la decisión del Tribunal Colegiado Auxiliar surte efectos jurídicos dentro del ámbito territorial del propio Pleno de Circuito."(2)
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues la formularon los Magistrados integrantes del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que es uno de los órganos jurisdiccionales que emitió uno de los criterios contendientes al resolver el juicio de amparo directo DA. 516/2014.
TERCERO.-Criterios contendientes. Para verificar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es necesario atender a las consideraciones emitidas por los órganos jurisdiccionales contendientes:
I. En sesión de veintisiete de agosto de dos mil quince, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el aludido juicio de amparo directo DA. 516/2014, sostuvo, en lo que aquí interesa, lo siguiente:
"SEXTO.-Antecedentes.
"1) **********, es una persona moral de las denominadas altamente exportadora (Altex), cuenta con aprobación del programa de maquila de exportación y es una empresa certificada por parte del Servicio de Administración Tributaria.
"2) El Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de noviembre de dos mil seis, prevé en su artículo 6o., fracción IX, lo siguiente:
"‘Artículo 6o. Las empresas con programa que cuenten con registro de empresa certificada, gozarán de los beneficios siguientes:
"‘...
"‘IX. Cuando exporten mercancías, tendrán derecho a la devolución del impuesto al valor agregado cuando obtengan saldo a favor en sus declaraciones, en un plazo que no excederá de cinco días hábiles, siempre que cumplan con lo establecido por el SAT, mediante reglas de carácter general en materia de comercio exterior.’
"3) Mediante solicitud presentada el día veintiséis de junio de dos mil ocho, la contribuyente solicitó la devolución del impuesto al valor agregado correspondiente al mes de mayo de dos mil ocho, por la cantidad de $**********.
"La devolución del saldo a favor se efectuó el diez de julio de dos mil ocho.
"4) Por considerar la contribuyente que el monto solicitado le fue devuelto después del plazo de cinco días previsto en el decreto antes referido, el día once de julio de dos mil trece, presentó solicitud de devolución por la cantidad de $**********, por concepto de remanente de saldo a favor del impuesto al valor agregado, correspondiente al mes de mayo de dos mil ocho.
"5) En respuesta a la solicitud antes reseñada, se emitió el oficio número **********, de ocho de octubre de dos mil trece, signado por la Administradora de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente ‘1’, de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria.
"Donde se resolvió, medularmente, que no era procedente la devolución de intereses pretendida, por haber prescrito el derecho de la contribuyente a solicitar las cantidades del periodo de mayo de dos mil ocho, y porque consintió la negativa de las cantidades no devueltas con anterioridad desde el diez de julio de dos mil ocho; es decir, no hizo valer los medios de defensa con los que contaba, en contra de la devolución del importe solicitado por concepto de saldo a favor.
"6) En desacuerdo con esa determinación, la contribuyente promovió juicio de nulidad del que tocó conocer a la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, donde se registró con el número de expediente **********, y fue resuelto mediante sentencia de treinta de abril de dos mil catorce (aclarada a través de resolución de cuatro de junio de la citada anualidad), en el sentido de reconocer la validez del acto impugnado.
"SÉPTIMO.-Medios de convicción ofrecidos por las partes.
"La actora (quejosa) ofreció las pruebas siguientes:
"1. Documental consistente en la copia certificada del instrumento notarial número **********, pasado ante la fe del notario público número 7 de Tonalá, Jalisco, para acreditar la representación de la actora.
"2. Documental consistente en la resolución contenida en el oficio designado identificado con el número **********, de fecha ocho de octubre de dos mil trece, notificada el nueve siguiente, emitida por la Administración Central de Fiscalizaciones a Empresas que consolidan fiscalmente, dependiente de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual resolvió que no es posible acceder a la solicitud de devolución en cantidad de $**********, por concepto del remanente del saldo a favor del impuesto al valor agregado vía IMMEX certificada convencional, correspondientes al mes de mayo de dos mil ocho, así como su respectiva constancia de notificación.
"3. Documental consistente en el acuse de recibo ‘Solicitud de devolución de impuestos federales’, mismo del cual se desprende que el doce de febrero de dos mil trece se presentó, y con fecha trece de febrero se ingresó ante la Administración Central de Fiscalización a Empresas que consolidan Fiscalmente de la Administración General de Grandes Contribuyentes, escrito de solicitud de devolución en cantidad de $**********, por concepto de remanente de saldo a favor del impuesto al valor agregado vía IMMEX certificada convencional, correspondiente al mes de mayo de dos mil ocho, misma que fue recibida por esa administración con el número de folio **********.
"4. Documental consistente en el oficio **********, de doce de abril de dos mil trece, emitido por la Subadministración de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente ‘5’, de la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, notificado el cuatro de julio de dos mil trece, mediante el cual tuvo por no presentada la solicitud de devolución controlada con el número **********.
"5. Expediente administrativo del que emanó la resolución impugnada.
"6. Presuncional legal y humana.
"7. Instrumental de actuaciones en todo lo que favoreciera a los intereses de la actora.
"La demandada, en el juicio natural, ofreció las pruebas siguientes:
"1. Documental pública consistente en copia certificada de la impresión de pantalla del sistema denominado cuenta única nacional con que cuenta la dependencia, para acreditar que la actora es una sociedad que tributa bajo el régimen de consolidación fiscal en su carácter de sociedad controladora y, por tanto, era competencia de esa autoridad.
"2. Documental pública consistente en el oficio número ********** (resolución impugnada).
"3. Instrumental de actuaciones consistentes en cada una de las constancias que obraban en el juicio.
"4. La presuncional de actuaciones en todo aquello que beneficiara los intereses de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria.
"El tres de enero de dos mil catorce, se admitió a trámite la demanda de nulidad y se tuvieron por ofrecidas y admitidas las pruebas señaladas en el capítulo de pruebas, y mediante acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil catorce, la Magistrada instructora tuvo por ofrecidas las pruebas contenidas en el capítulo correspondiente de la contestación de demanda.
"En congruencia con las constancias procesales apuntadas, debe decirse que este Tribunal Colegiado no advierte vulneración procesal que en suplencia de la queja deba ser reparada, en términos de lo previsto en los artículos 171 y 174 de la Ley de Amparo.
"OCTAVO.-Estudio.
"1) Delimitación de la materia de estudio
"Como punto de partida, conviene tener en cuenta que el presente asunto deriva de la presentación de una solicitud de devolución de saldo a favor por concepto de impuesto al valor agregado, correspondiente al mes de mayo de dos mil ocho.
"Esas solicitudes se efectuaron al amparo del ‘Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación’, publicado en el Diario Oficial de la Federación de uno de noviembre de dos mil seis, en cuyo artículo 6o., fracción IX, se establece que las empresas beneficiadas tendrán derecho a la devolución del impuesto al valor agregado cuando obtengan saldo a favor en sus declaraciones, en un plazo que no excederá de cinco días hábiles.
"Al estimar la contribuyente (hoy quejosa), que el monto solicitado se devolvió fuera del plazo de cinco días establecido en el decreto mencionado, en una solicitud posterior exigió el pago de los intereses producto de esa devolución tardía.
"Cabe resaltar que en el juicio de nulidad, la entonces actora (quejosa) expuso:
"‘... el fundamento de la procedencia de la devolución inmediata del saldo a favor declarado, se encuentra expresamente en la fracción IX del artículo 6 del Decreto aludido (Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera) ...
"‘... no escapa a esta parte actora el hecho de que el numeral en comento, no contiene como sanción expresa el pago de intereses cuando la devolución no se efectúa de manera inmediata respecto de los contribuyentes que cuenten con registro de «empresa certificada»; sin embargo, se afirma que tal consecuencia deriva del artículo 22-A del Código Fiscal de la Federación, ello toda vez que la devolución de impuestos solicitada no deja de tener esa naturaleza ...
"‘... la autoridad debió devolver la cantidad señalada (intereses), en virtud de así estipularlo el artículo 22-A, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, que señala:
"‘«Artículo 22-A.
"‘«...
"‘«La devolución se aplicará primero a intereses y, posteriormente, a las cantidades pagadas indebidamente ...».’
"De la transcripción que antecede se deduce que lo pretendido por la quejosa es el pago de los intereses generados por la devolución tardía de saldos a favor por concepto de impuesto al valor agregado, correspondiente al mes de mayo de dos mil ocho.
"Por ende, aun cuando la quejosa expresa en la demanda de amparo textualmente que: ‘... como fue demostrado, al realizarse la devolución fuera del plazo de cinco días establecido por el «Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación», la autoridad fiscal procedió a devolver las cantidades autorizadas, aplicando -como ha sido señalado- de manera primigenia a la devolución los intereses generados, razón por la cual se dejó de cubrir el saldo insoluto, quedando pendiente por enterar un remanente histórico del impuesto al valor agregado. Es por lo anterior que se afirma que la Sala responsable inobservó el último párrafo del artículo 22-A del Código Fiscal de la Federación, pues deja de advertir que los intereses efectivamente ya fueron enterados por la autoridad fiscal, al devolver de manera tardía los saldos a favor solicitados en devolución por mi representada ...’; lo cierto es que en la demanda de nulidad la entonces accionante no expresó ni afirmó que la autoridad hacendaria le hubiera devuelto las cantidades autorizadas -aplicando de manera primigenia a la devolución los intereses generados, en términos del artículo 22-A, sexto párrafo, del Código Fiscal de la Federación-.
"Más bien, de la lectura integral de su demanda de nulidad puede verse que el planteamiento de la entonces accionante fue que la autoridad hacendaria debía efectuar el pago de intereses, porque la autoridad hacendaria devolvió el saldo a favor por concepto de impuesto al valor agregado correspondiente al mes de mayo de dos mil ocho, fuera del plazo de cinco días contemplados en el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación.
"Teniendo en cuenta entonces que la pretensión de la promovente del amparo es el pago de intereses generados por una devolución tardía, procede ahora enumerar los planteamientos que -sobre esa base y conforme a lo planteado en la demanda de amparo- habrán de dilucidarse; es decir, si:
"a) ¿Existió consentimiento tácito o no por parte de la quejosa, al no haber interpuesto los medios de defensa procedentes en contra de la autorización del saldo a favor por concepto de impuesto al valor agregado, que desde el diez de julio de dos mil ocho le fue devuelto?
"b) ¿Es procedente o no el pago de intereses generados por la devolución efectuada fuera del plazo de cinco días previstos en el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación?
"c) ¿Es aplicable el plazo de prescripción previsto en el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, para solicitar la devolución de intereses?
"Aspectos que se abordarán a continuación:
"2) ¿Existió consentimiento tácito o no por parte de la quejosa, al no haber interpuesto los medios de defensa procedentes en contra de la autorización del saldo a favor por concepto de impuesto al valor agregado correspondiente al mes de mayo de dos mil ocho, que desde el diez de julio de esa anualidad le fue devuelto?
"A efecto de examinar tal planteamiento, se estima necesario referir que en el único concepto de violación, la peticionaria del amparo aduce que:
"• La Sala interpretó incorrectamente el artículo 22-A, sexto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el 146 de ese ordenamiento, porque la devolución fuera del plazo de cinco días hábiles a que alude el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, generó un pago de intereses por parte de la autoridad hacendaria.
"• No puede limitarse el derecho de los contribuyentes a solicitar la devolución del remanente de saldo a favor del impuesto al valor agregado, pues tal situación no se desprende expresamente del artículo 146 del Código Fiscal de la Federación.
"• La Sala efectuó una interpretación restrictiva de los artículos 22 y 22-A del Código Fiscal de la Federación, acotando un beneficio para los particulares, pues se le priva del derecho a solicitar en devolución las cantidades generadas por concepto de saldo a favor, dentro del plazo de cinco años previsto en el artículo 146 del citado código, y se le limita el beneficio que ostenta como sujeto del decreto aplicable, a fin de que le sean pagados los intereses por la inobservancia del plazo de cinco días aplicable al reintegro de los saldos a favor generados.
"• No obsta el hecho de no haber promovido medio de defensa alguno en contra del oficio por el que se autorizó la devolución parcial, porque la única limitante temporal que tiene la contribuyente es el plazo de prescripción de cinco años contenido en el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación.
"Los argumentos esgrimidos por la quejosa son esencialmente fundados, conforme a lo que enseguida se expone:
"Respecto del consentimiento generado por la omisión de interponer los medios de defensa procedentes en contra de una devolución que no satisface íntegramente la pretensión del contribuyente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1380/2014, determinó:
"‘42. Se procede al análisis del agravio sintetizado en el apartado VII.3., a través del cual, el quejoso argumenta que la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito carece de la debida fundamentación y motivación.
"‘El agravio resulta en parte infundado y, en otra, inoperante, como se indicará a continuación:
"‘Para sostener dicha conclusión, es necesario precisar lo que el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, vigente en dos mil doce, señala: (se transcribe)
"‘...
"‘El artículo transcrito establece que las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales.
"‘Asimismo, determina quiénes son los sujetos que pueden solicitar dichas devoluciones, los procedimientos que se deben seguir para obtener esa devolución; el procedimiento a seguir cuando se detecten errores en las solicitudes de devolución, el plazo que tiene la autoridad para hacer la devolución, en caso de ser procedente.
"‘Además, prevé la facultad de la autoridad fiscal, en los casos en que existan errores aritméticos en la determinación de la cantidad solicitada, a devolver las cantidades que correspondan, sin que sea necesaria la presentación de una declaración complementaria y que la cantidad a devolver puede ser menor a la solicitada por los contribuyentes, con motivo de la revisión efectuada por la autoridad a la documentación aportada; estableciéndose que la solicitud se considerará negada por la parte que no sea devuelta, salvo que se tratara de errores aritméticos o de forma, indicándose que las autoridades fiscales deberán fundar y motivar las causas que sustentan la negativa parcial o total de la devolución solicitada. Situación en la cual no se considera que las autoridades inician el ejercicio de sus facultades de comprobación.
"‘También señala el procedimiento a seguir cuando la autoridad inicie facultades de comprobación con motivo de una solicitud de devolución, y que en el supuesto de que sea procedente la devolución, ésta deberá ser actualizada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación; así como la manera en la cual determinará el monto actualizado y el plazo de la prescripción de la obligación para devolver las cantidades solicitadas.
"‘Finalmente, indica que la devolución podrá hacerse de oficio o a petición del interesado.
"‘Precisado lo anterior, esta Primera Sala estima que el agravio es infundado.
"‘Como lo determinó el órgano colegiado, el precepto que se considera inconstitucional no limita el número de ocasiones en las cuales el contribuyente puede solicitar un saldo a favor, siempre que se tenga un saldo a favor y que no se haya resuelto sobre la devolución total o parcial del mismo, de una manera definitiva, y que dicha solicitud se haga dentro del plazo establecido en dicho numeral. Tampoco establece que la omisión de combatir la porción no devuelta de la solicitud, mediante los medios de defensa correspondientes, lo limita a solicitar la devolución del mismo saldo y por el mismo periodo en una sola ocasión. Razonamientos que el órgano colegiado calificó de inatendibles, al basarse en una premisa falsa.
"‘En efecto, el párrafo séptimo del precepto analizado establece que, con motivo de la solicitud de devolución que presente el contribuyente, el fisco federal podrá, previa valoración de los documentos que se presenten al efecto, devolver total o parcialmente el saldo a favor, entendiéndose en este último caso que la porción no devuelta fue negada con motivo de la revisión efectuada por la autoridad a los referidos documentos. Incluso, el artículo prevé que la autoridad podrá negar, totalmente, la devolución siempre que funde y motive su decisión.
"‘De lo anterior se desprende que el particular puede solicitar el número de ocasiones que considere conveniente la devolución del saldo a favor que -estime- le corresponda, siempre que éste exista y la autoridad no se hubiere pronunciado al respecto.
"‘Conforme a lo anterior, contrario a lo argumentado por el recurrente, la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito se encuentra debidamente fundada y motivada, y fue emitida conforme a derecho, toda vez que la premisa de la cual partió es incorrecta, al no encontrarse en el texto de la ley.
"‘Si el contribuyente estaba inconforme con la devolución parcial del saldo, debía interponer y/o promover los medios de defensa pertinentes para demostrar que le correspondía la cantidad que le fue negada; ya que, al no haberlo hecho, se entiende que consintió la determinación de la autoridad y estaba conforme con el monto devuelto.
"‘Los artículos 117, fracción I, inciso b), 124, fracción IV, y 125 del Código Fiscal de la Federación, 14, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y 8o., fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establecen que procede el recurso de revocación, o bien, el juicio contencioso administrativo, en contra de las resoluciones que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales, y que tales resoluciones se entenderán consentidas en el supuesto de que no sean impugnadas por el interesado dentro de los plazos correspondientes mediante los enunciados medios de defensa.
"‘Conforme a lo antes señalado, la normatividad fiscal y administrativa observa los principios de tutela judicial efectiva y acceso a la justicia contemplados en la Constitución Federal, dado que, el acto de autoridad que afectó los intereses del contribuyente (como fue la devolución parcial del saldo a favor que solicitó) era combatible a través del recurso de revocación y el juicio de nulidad.
"‘Consecuentemente, si el aquí recurrente no lo hizo, entonces debe entenderse que su interés se satisfacía con la devolución del monto parcial, lo cual de modo alguno le impide continuar exigiendo a la autoridad fiscal la porción negada en futuras solicitudes de devolución, aun cuando con ello no lograría le fuera devuelta la cantidad negada desde la primera solicitud ni desvirtuar que consintió el acto de autoridad; pues, para ello, debió impugnar la resolución a través de los medios administrativos y jurisdiccionales previstos en las leyes de la materia.’ (énfasis añadido)
"Por otra parte, la propia Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver el amparo directo en revisión 2293/2011, razonó lo siguiente:
"‘En lo que interesa, los artículos 17-A, 22 y 22-B del Código Fiscal de la Federación vigente en el año de dos mil cinco, fecha en la cual se solicitaron y efectuaron las devoluciones parciales, señalaban lo siguiente:
"‘Del artículo impugnado se desprende que la autoridad sólo está obligada a emitir una resolución fundada y motivada en caso de negativa parcial o total a la solicitud de devolución realizada por el contribuyente.
"‘Asimismo, de la interpretación sistemática de dichos preceptos se desprende que la autoridad fiscal está obligada a pagar la devolución que proceda actualizada, conforme a lo previsto en el artículo 17-A. Por tanto, el depósito de las cantidades solicitadas sin la correspondiente actualización, no puede ser considerada una resolución plenamente favorable al contribuyente. De manera que se traduce en una negativa parcial.
"‘Máxime, si las solicitudes de devolución derivan de la concesión de un amparo al contribuyente, lo que se equipara a un pago de lo indebido.
"‘... no es válido justificar la omisión en la actualización de las cantidades, en que el contribuyente «no solicitó» la actualización, como se argumenta en la revisión adhesiva, puesto que, por una parte, los formatos emitidos por la autoridad fiscal no tienen un espacio para solicitar la actualización, tal como lo manifiesta la quejosa y se advierte de los autos, lo cual no puede ser una omisión atribuible al contribuyente, y por otra parte, la falta de una solicitud expresa no exime a la autoridad de cumplir con las obligaciones que le impone la ley.
"‘Lo anterior se considera así, ya que la actualización de las cantidades a cargo de la autoridad no es optativa. La ley no establece que la autoridad deberá actualizar las cantidades sólo en los casos en los que el contribuyente lo solicite, sino todo lo contrario, establece una obligación clara a la autoridad, y sin excepción alguna, de reintegrar al contribuyente los pagos de lo indebido debidamente actualizados, ya que sólo de esa manera se puede reintegrar de manera efectiva al contribuyente el pago hecho en exceso.
"‘En el mismo tenor, los
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26712-2eab26be/devolucion-de-impuesto-al-valor-agregado-la-autorizacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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