RENTA. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA LA REGLA I.3.12.1 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2009 Y LA I.3.10.5 VIGENTE EN 2011, 2012 Y 2013, QUE REMITEN AL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO PARA EFECTUAR EL CÁLCULO DE LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE AL RETIRO DE LOS RECURSOS CONTENIDOS EN LAS SUBCUENTAS DE RETIRO A MANERA DE INGRESO ESPORÁDICO. RENTA. LA REGLA I.3.12.1 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2009 Y LA I.3.10.5 VIGENTE EN 2011, 2012 Y 2013, QUE REMITEN AL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO PARA EFECTUAR EL CÁLCULO DE LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE AL RETIRO DE LOS RECURSOS CONTENIDOS EN LAS SUBCUENTAS DE RETIRO A MANERA DE INGRESO ESPORÁDICO, VIOLAN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA EN SU VERTIENTE DE RESERVA DE LEY Y SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA. RENTA. LOS ARGUMENTOS DE INEQUIDAD O DESIGUALDAD DEL ARTÍCULO 112 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, BASADOS EN LA PREMISA DE QUE EXCLUYE DE SU MECÁNICA A LOS INGRESOS PROVENIENTES DE LAS SUBCUENTAS DE RETIRO, SON INOPERANTES (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013). RENTA. LOS ARTÍCULOS 112 Y 170, EN RELACIÓN CON EL 109, FRACCIÓN X, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL REGULAR SUPUESTOS DE GRAVAMEN SOBRE UNA MANIFESTACIÓN DE RIQUEZA, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA SE PREVEA COMO PRESTACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, NO VIOLAN LOS DERECHOS A UNA VIDA DIGNA, A LA SEGURIDAD SOCIAL, AL MÍNIMO VITAL Y A LA PROPIEDAD PRIVADA, EN EL CONTEXTO DEL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD Y NO REGRESIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013).
RENTA. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA LA REGLA I.3.12.1 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2009 Y LA I.3.10.5 VIGENTE EN 2011, 2012 Y 2013, QUE REMITEN AL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO PARA EFECTUAR EL CÁLCULO DE LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE AL RETIRO DE LOS RECURSOS CONTENIDOS EN LAS SUBCUENTAS DE RETIRO A MANERA DE INGRESO ESPORÁDICO.
RENTA. LA REGLA I.3.12.1 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2009 Y LA I.3.10.5 VIGENTE EN 2011, 2012 Y 2013, QUE REMITEN AL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO PARA EFECTUAR EL CÁLCULO DE LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE AL RETIRO DE LOS RECURSOS CONTENIDOS EN LAS SUBCUENTAS DE RETIRO A MANERA DE INGRESO ESPORÁDICO, VIOLAN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA EN SU VERTIENTE DE RESERVA DE LEY Y SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA.
RENTA. LOS ARGUMENTOS DE INEQUIDAD O DESIGUALDAD DEL ARTÍCULO 112 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, BASADOS EN LA PREMISA DE QUE EXCLUYE DE SU MECÁNICA A LOS INGRESOS PROVENIENTES DE LAS SUBCUENTAS DE RETIRO, SON INOPERANTES (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013).
RENTA. LOS ARTÍCULOS 112 Y 170, EN RELACIÓN CON EL 109, FRACCIÓN X, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL REGULAR SUPUESTOS DE GRAVAMEN SOBRE UNA MANIFESTACIÓN DE RIQUEZA, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA SE PREVEA COMO PRESTACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, NO VIOLAN LOS DERECHOS A UNA VIDA DIGNA, A LA SEGURIDAD SOCIAL, AL MÍNIMO VITAL Y A LA PROPIEDAD PRIVADA, EN EL CONTEXTO DEL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD Y NO REGRESIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013).
AMPARO EN REVISIÓN 950/2015. 24 DE AGOSTO DE 2016. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIO: FANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión.(1)
SEGUNDO.-Oportunidad. No es necesario verificar la oportunidad de los recursos de revisión principal y adhesivo, debido a que el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se ocupó de ello.(2)
TERCERO.-Legitimación. Ante la omisión de pronunciamiento en relación con ese presupuesto procesal, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación precisa que, tanto el recurso de revisión principal,(3) como el adhesivo,(4) fueron interpuestos por persona legitimada para ello.
CUARTO.-Antecedentes y cuestiones necesarias para resolver. Para un mejor conocimiento del asunto que nos ocupa, conviene tener presente los siguientes antecedentes.
1. En los hechos 1 y 2 de la demanda, la quejosa señala que laboró y cotizó ********** días para el Instituto Mexicano del Seguro Social, y que reunió los requisitos para jubilarse, por lo que actualmente disfruta de una jubilación por cesantía en edad avanzada.
2. En el hecho 3 de dicha demanda, la quejosa manifiesta que conforme al artículo décimo tercero transitorio de la Ley del Seguro Social vigente a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y siete, y al artículo segundo (sic) del decreto por el cual se reforma el artículo noveno transitorio de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de diciembre de dos mil dos, solicitó a la administradora de fondos para el retiro que administraba su subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (retiro IMSS 1997), denominada **********, la entrega en una sola exhibición de los recursos existentes en la misma.
3. En el hecho 4 de la demanda, la quejosa menciona que en el mes de agosto de dos mil trece, ********** le entregó en una sola exhibición la cantidad de $********** (********** pesos **********/100 M.N.), así como la "CONSTANCIA DE PAGOS Y RETENCIONES DEL ISR, IVA E IEPS", correspondiente al periodo "mes inicial 08 mes final 08 ejercicio 2013", por la cantidad de $********** (********** pesos **********/100 M.N.), por concepto de impuesto sobre la renta.
4. En el hecho 5 del escrito inicial de amparo, la quejosa señala que mediante diverso ocurso presentado el veintiocho de noviembre de dos mil catorce, solicitó a **********, le informara el marco jurídico y mecánica para determinar el saldo señalado en la constancia de pagos y retenciones correspondiente al mes de agosto de dos mil trece.
5. Finalmente, en el hecho 6 de la demanda, la quejosa señala que a la petición precisada en el punto anterior, le recayó el escrito de fecha ocho de diciembre de dos mil catorce, firmado por el subdirector de Servicios al Cliente de la mencionada Afore, a través del cual informó que la retención del impuesto sobre la renta tenía fundamento en los artículos 109, fracción X, y 170, párrafo tercero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como en la regla I.3.10.5. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013 y detalló el cálculo efectuado.
Precisado lo anterior, a continuación se sintetizarán los conceptos de violación, los razonamientos de la sentencia recurrida dictada por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, los agravios formulados en su contra por la quejosa recurrente, los planteamientos contenidos en la revisión adhesiva, así como las consideraciones expuestas por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Conceptos de violación. La quejosa hizo valer los que enseguida se sintetizan:
• Primero. Violación al derecho humano a una vida digna. El mecanismo de retención del impuesto sobre la renta que se aplica a los recursos provenientes de la subcuenta de retiro, viola el referido derecho humano, porque al afectar considerablemente dichos fondos, provoca que disminuya la capacidad de vivir el retiro dignamente. Cabe destacar que la retención de mérito, bajo la figura de un ingreso esporádico, desconoce la verdadera naturaleza de los recursos respectivos, los cuales derivan de una relación laboral y se generaron durante los años en que el trabajador prestó un servicio personal subordinado.
• Segundo. Violación al derecho humano de seguridad social. El sistema impositivo previsto en los preceptos reclamados, viola el citado derecho humano contenido en el artículo 123 constitucional, porque desvirtúa la naturaleza de los recursos que provienen de la subcuenta de retiro. Esto es, al desconocer que se trata de una prestación de naturaleza laboral, el gravamen impide el acceso pleno a los derechos establecidos en la seguridad social, los cuales se ven disminuidos al retener una parte considerable del monto que se obtiene al retirar los recursos aludidos. No se debe pasar por alto que la finalidad de la subcuenta de retiro fue que al momento del retiro de la vida laboral, el trabajador contara con recursos suficientes para obtener medios de subsistencia que le garantizaran bienestar personal y familiar, en el entendido de que las personas que deben retirar los fondos de la subcuenta de retiro, no podrán obtener otros recursos para procurarse los satisfactores básicos.
• Tercero. Violación al derecho humano de propiedad privada. El sistema impositivo por el que se gravan los recursos contenidos en las subcuentas de retiro SAR 92 y RCV 97, viola el citado derecho fundamental, porque restringe el derecho a disponer y gozar plenamente de un bien propiedad de la quejosa sin que exista justificación para ello (utilidad pública o interés social). No debe perderse de vista que los recursos contenidos en la subcuenta de retiro se fueron construyendo a lo largo de su vida laboral, por lo que forman parte de su patrimonio individual y familiar, el cual no debe ser afectado.
• Cuarto. Violación a los principios de progresividad y no regresividad. El mecanismo de retención del impuesto sobre la renta al momento de obtener los recursos contenidos en la subcuenta de retiro, viola los citados principios, porque lejos de generar una mayor salvaguarda a los derechos humanos de la quejosa, la disminuye, en tanto provoca una menor posibilidad de tener una vida digna después del retiro o de acceder a la seguridad social en esa etapa. En ese sentido, los actos reclamados impiden que el disfrute de los derechos humanos sea mayor y mejor cada día y, por el contrario, provocan que los logros adquiridos se vean disminuidos.
• Quinto. Violación al derecho al mínimo vital. El sistema tributario que grava los recursos contenidos en la subcuenta de retiro, viola el referido derecho como proyección del principio de proporcionalidad tributaria, porque al desconocer la naturaleza de los recursos ahí contenidos como una prestación de seguridad social, provoca que el impuesto recaiga sobre un ingreso que no aumenta la capacidad contributiva, sino que sólo tiene la finalidad de garantizar las necesidades básicas de subsistencia de una persona al concluir su vida laboral, a efecto de lograr una vida digna en lo individual y en lo familiar.
Conforme al esquema impositivo reclamado, los recursos contenidos en la subcuenta de retiro, al retirarse en una sola exhibición, se gravan como ingresos esporádicos, es decir, como ingresos eventuales generados en el ejercicio en que se obtienen, como si ello hubiese ocurrido en un solo momento; sin embargo, dichos recursos se generaron durante todo el tiempo en que el trabajador estuvo en activo y en tanto se realizaron las aportaciones respectivas, por lo cual, su naturaleza se asimila a la del salario, de manera que se trata de un ingreso derivado de la relación laboral, concretamente, su terminación, el cual tiene como finalidad garantizar la satisfacción de las necesidades primarias de las personas una vez concluida su vida laboral, sin que por ello se vea incrementada su capacidad contributiva.
• Sexto. Violación al principio de legalidad tributaria. Los preceptos reclamados violan el citado principio, porque omiten establecer cómo es que los recursos contenidos en la subcuenta de retiro y sus rendimientos, se convierten en objeto del impuesto (ingresos acumulables), además de que tampoco establecen la forma en que deberá determinarse la base y la tasa o tarifa conforme a las cuales deberá pagarse el impuesto, por lo que, al no establecerse en una ley el régimen impositivo aplicable a los recursos mencionados, se deja en incertidumbre a los gobernados.
En ese sentido, la regla I.3.10.5. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, al establecer que dichos recursos deberán gravarse conforme al capítulo IX del título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, concretamente en términos del artículo 170 de dicha ley, también resulta violatoria del principio de legalidad tributaria, porque determina el régimen impositivo que corresponderá a los recursos mencionados y, por ende, los elementos del tributo, siendo que una disposición de carácter administrativo no puede prever tales elementos, los cuales sólo deben contenerse en una ley en sentido formal y material. Por ello es que la regla miscelánea rebasa por mucho lo establecido en la ley.
• Séptimo. Violación al principio de igualdad y su especie de equidad tributaria. El artículo 112 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es contrario a los citados principios, porque al regular el tratamiento fiscal que corresponde a las personas que obtienen ingresos como consecuencia de la terminación de la relación laboral (primas de antigüedad, indemnizaciones y otras), injustificadamente deja de contemplar a aquellas que disponen en una sola exhibición de los recursos provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social, o en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que dicha exclusión constituye un acto discriminatorio, no obstante que ambos grupos sociales son vulnerables y ambos tipos de ingresos tienen la misma naturaleza.
• Octavo. Violación a los principios de seguridad jurídica y legalidad tributaria en su vertiente de reserva de ley y subordinación jerárquica. El sistema tributario que grava los recursos contenidos en la subcuenta de retiro, viola los citados principios, porque la tasa aplicable no se establece en el texto de la ley. En efecto, el artículo 109, fracción X, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se limita a señalar que por el excedente al monto exento equivalente a noventa veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, por cada año de contribución a la subcuenta, se pagará el impuesto en términos del título IV de la citada ley; sin embargo, ello genera incertidumbre, ya que el referido título se conforma de nueve capítulos distintos que regulan diversos regímenes fiscales en los que pueden tributar las personas físicas. Por tanto, el hecho de que en la ley no se especifique la tasa aplicable, permite la arbitrariedad de la autoridad administrativa, pues será ésta la que establezca dicho elemento esencial del tributo, lo cual contraviene el principio de reserva de ley, al incidir de forma directa en la forma en que los gobernados deberán contribuir al gasto público.
La situación de referencia en efecto ocurrió, porque para subsanar la omisión señalada, la autoridad administrativa emitió la regla I.3.10.5. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, a través de la cual determina que el monto de los ingresos gravados provenientes de la subcuenta de retiro, una vez aplicada la exención prevista en el artículo 109, fracción X, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se sujetará a lo dispuesto en el capítulo IX del título IV de dicha ley, por lo que las administradoras que lo entreguen, deberán efectuar sobre dicho monto la retención a que se refiere el artículo 170 de la misma ley, lo cual significa que deberán retener como pago provisional la cantidad que resulte de aplicar la tasa del 20% sobre el monto gravado sin deducción alguna. Con lo anterior, se demuestra que es la regla miscelánea y no la ley, la que establece la tasa de impuesto, en clara contravención al principio de legalidad tributaria.
En ese sentido, la regla I.3.10.5. reclamada, también viola el principio de subordinación jerárquica previsto en el artículo 89, fracción I, constitucional, porque va más allá de lo que establece la Ley del Impuesto sobre la Renta.
• De acuerdo con lo anterior, se concluye que en el caso del retiro en una sola exhibición de los recursos contenidos en la subcuenta de retiro, el impuesto mensual se debe determinar conforme al artículo 112 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Sentencia recurrida. El Juez de Distrito del conocimiento determinó sobreseer en el juicio y negar el amparo bajo las siguientes consideraciones medulares:
• En el considerando segundo se fijaron como actos reclamados, los siguientes:
a) La discusión, aprobación, expedición y promulgación de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente para el ejercicio fiscal de dos mil trece, en específico, sus artículos 112 y 170, con motivo de su primer acto de aplicación;
b) La expedición de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil doce, específicamente, su regla I.3.10.5; y,
c) La aplicación de los citados preceptos, mediante el informe de dos (sic) de diciembre de dos mil catorce, emitido por **********, a nombre de la hoy quejosa.
• En el considerando tercero se tuvieron como ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas competencias.
• En el considerando cuarto se analizaron las causas de improcedencia de la siguiente manera:
Se estimó fundada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto atribuido a **********, toda vez que dicha sociedad no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues al actuar como auxiliar de la administración pública federal, se limitó a retener el impuesto sobre la renta en aplicación de los preceptos que se tildan de inconstitucionales.
Por tanto, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la ley en cita, se sobreseyó en el juicio respecto del acto reclamado a la referida persona moral.
Se declaró infundada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que hicieron valer la Cámara de Senadores y el presidente de la República, porque la quejosa acreditó el primer acto de aplicación de los preceptos reclamados, lo cual quedó demostrado a través de la constancia de pagos y retenciones del ISR, IVA e IEPS, correspondiente al mes de agosto de dos mil trece, en relación con el escrito de dos (sic) de diciembre de dos mil catorce, a través del cual, ********** proporcionó a la quejosa un informe en torno al impuesto retenido.
Finalmente, se desestimó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que invocó el jefe del Servicio de Administración Tributaria, porque aun cuando la regla I.3.10.5. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, se publicó el veintiocho de diciembre de dos mil doce, por ese solo hecho no se consumó de modo irreparable, ya que, en caso de concederse el amparo en su contra, el efecto consistiría en desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa su aplicación, lo cual demuestra que se podría reparar la violación en su caso advertida.
Al no existir diversa causa de improcedencia invocada por las partes o que se advirtieran de oficio, se anunció el estudio de fondo del asunto.
• En el considerando quinto se analizaron los conceptos de violación, y al respecto se expusieron las siguientes consideraciones:
Principios de legalidad tributaria y seguridad jurídica; reserva de ley y subordinación jerárquica. Son infundados los argumentos respectivos.
De una interpretación sistemática de los artículos 109, fracción X, 112, 166 y 170 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y la regla I.3.10.5, de la Resolución Miscelánea, es posible establecer con certeza el hecho imponible (obtención de ingresos consistentes en los fondos [capital y rendimientos] de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, prevista en la Ley del Seguro Social), el sujeto obligado (pensionado o sujeto que recibe los citados ingresos), la base gravable (la diferencia resultante de restar a los fondos señalados, un monto equivalente a noventa veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente por cada año de servicio o de contribución), la tasa (20%) y la época de pago del tributo impugnado (a los quince días siguientes de la fecha en que se obtuvo el ingreso, mediante declaración provisional). Lo anterior, tomando en cuenta que, si bien los recursos aludidos estaban a nombre de la quejosa en una cuenta individual, sólo podían considerarse parte de su patrimonio hasta que se retiraran. Por tanto, en la ley se contienen los elementos del tributo.
En torno a la regla I.3.10.5. de la Resolución Miscelánea Fiscal, debe señalarse que sólo detalla los documentos idóneos para acreditar los años de servicio o cotización, aclarando que cuando no se actualicen los supuestos de separación, no es aplicable la exención, porque no se tiene certeza de los años de servicio o cotización. Por tanto, se trata de un criterio de interpretación o un complemento operativo y técnico que no regula o introduce ningún elemento esencial del tributo, por lo que no subsana omisión alguna ni va más allá de la ley.
Derecho al mínimo vital. Son infundados los conceptos de violación.
Las normas reclamadas gravan una fuente de ahorro que refleja capacidad contributiva, en la medida en que los fondos de la subcuenta de retiro se gravan sólo por el excedente a noventa veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente por cada año de servicio o de contribución, de manera que ese monto exento constituye un mínimo de subsistencia que servirá como punto de partida para la imposición, respetando el patrimonio protegido a efecto de atender las exigencias humanas más elementales, lo cual implica excluir las cantidades o conceptos que razonablemente no se pueden integrar a la mecánica del impuesto. Lo anterior, en el entendido de que los fondos de la subcuenta de retiro sólo implican un ahorro extra para la quejosa, ya que además cuenta con el pago periódico de su pensión.
Principio de no regresividad, derecho a una vida digna y a la seguridad social. Son infundados los argumentos relativos.
En los planteamientos de la quejosa se señala que se transgrede la dignidad humana y la seguridad social, pero lo cierto es que esos derechos se encuentran vinculados con el derecho al mínimo vital, de manera que se trata de manifestaciones que son parte integrante de diversos conceptos de violación que ya fueron analizados.
En lo que respecta al principio de no regresividad, el sistema impositivo impugnado de ninguna manera desconoce el derecho a la seguridad social de la quejosa o su derecho a una vida digna, pues solamente la obliga a contribuir al gasto público en la medida en que sus ingresos excedan el umbral de exención previsto en el artículo 109, fracción X, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de manera que no resulta regresivo.
Principio de equidad tributaria. Son infundados los conceptos de violación.
El artículo 112 de la Ley del Impuesto sobre la Renta pormenoriza el método para calcular el impuesto anual cuando se obtengan ingresos por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación. Conforme al artículo 170 de dicha ley, los contribuyentes que obtengan en forma esporádica ingresos, cubrirán como pago provisional a cuenta del impuesto anual, el monto que resulte de aplicar la tasa del 20% sobre el ingreso percibido, sin deducción alguna. De lo anterior se advierte que no existe desigualdad de trato, pues ambos sujetos se encuentran en igualdad ante la misma ley tributaria, por lo que reciben un trato idéntico en lo concerniente a la hipótesis de causación, acumulación de ingresos o plazos de pago. Además, la ley trata igual a los iguales, pues todos los que obtengan ingresos esporádicos derivados de la entrega del saldo de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, pagarán el impuesto relativo, quedando exentos todos aquellos cuyo ingreso sea inferior a noventa veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente por cada año de servicio o de contribución.
Derecho a la propiedad privada, en relación con el principio de proporcionalidad tributaria. Son infundados los argumentos de inconstitucionalidad.
La obligación tributaria contenida en los preceptos reclamados atiende a una real capacidad contributiva del gobernado. En efecto, se sustenta en una base gravable que permite calcular con certeza la potencialidad contributiva de los sujetos pasivos, toda vez que se establece un límite de ingreso exento (artículo 109, fracción X), lo cual guarda relación con dicha capacidad de los causantes, pues permite que aquellos que obtengan un ingreso superior al límite señalado, tributen en forma cualitativamente superior a aquellos que cuentan con ingresos medianos o reducidos. En ese sentido, en tanto la base (excedente del monto exento), guarda correspondencia con el hecho generador (obtención de ingresos provenientes de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez), se observa que la obligación tributaria se determina en función de una capacidad económica real.
Con base en las consideraciones señaladas, se negó el amparo solicitado.
Agravios. Inconforme con la determinación anterior, la quejosa interpuso recurso de revisión, en el cual argumenta lo siguiente:
• Primero. La sentencia recurrida resulta ilegal, en tanto determinó sobreseer en el juicio respecto de los actos atribuidos a **********, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo; sin embargo, la citada persona moral sí tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, por lo que no se debió sobreseer en relación con los actos reclamados que se le atribuyeron.
• Segundo. La sentencia recurrida carece de exhaustividad y congruencia, en cuanto a la alegada transgresión al principio de legalidad tributaria que se hizo valer en el sexto concepto de violación, toda vez que el Juez de Distrito en ninguna parte de la sentencia se pronunció respecto de lo realmente argumentado, pues se limitó a señalar que se establecen los elementos esenciales de la contribución, pero su análisis se realizó en torno al artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y no en relación con el artículo 170 de dicha ley, junto con la regla I.3.10.5. reclamada.
El problema a dilucidar lo constituye el relativo a que los artículos reclamados violan el principio de legalidad tributaria, al no establecer el momento en el cual, las aportaciones que se efectúan a la subcuenta de retiro y los rendimientos generados, se convierten en ingresos acumulables del trabajador susceptibles de gravarse con el impuesto sobre la renta, es decir, no establecen el objeto, base, tasa o tarifa que habrá de aplicarse para determinarlo, tomando en cuenta que el artículo 109, fracción X, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no remite a alguna otra disposición jurídica para calcular el importe del impuesto retenido.
Cabe señalar que el Juez a quo reconoce tácitamente que la norma no establece cuándo las aportaciones se vuelven ingresos acumulables, y que esto se sobreentiende del artículo 170 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; sin embargo, los elementos del tributo deben estar precisados en la ley, por lo que no pueden inferirse o sobreentenderse.
Además, el juzgador debió analizar el artículo 170 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para observar que se refiere a los ingresos obtenidos de forma esporádica, es decir, los contemplados en el capítulo IX, denominado "De los demás ingresos que obtengan las personas físicas". En ese sentido, debió considerar que los recursos acumulados en las subcuentas de retiro son el resultado de aportaciones de seguridad social que han sido percibidas durante todo el tiempo que se encuentre el trabajador sujeto a una relación laboral, producto del desempeño de un trabajo subordinado, los cuales se deben ubicar en el título IV, capítulo I, denominado "De los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado"
No es óbice a lo anterior, que la regla I.3.10.5, reclamada señale que la mecánica de retención del impuesto sobre la renta se sujetará a lo dispuesto por el capítulo IX (artículo 170 de la Ley del Impuesto sobre la Renta), pues el sistema impositivo aplicable al retiro en una sola exhibición de las aportaciones y rendimientos existentes en las subcuentas de retiro, debe estar previsto en la ley y no en una regla de carácter general.
• Tercero. La sentencia recurrida carece de exhaustividad y congruencia en cuanto a la alegada violación a los principios de progresividad y no regresividad. En efecto, se señala que los argumentos hechos valer son infundados, porque hacen referencia al derecho de tener una vida digna y acceso a la seguridad social, siendo que tales cuestiones se encuentran vinculadas con otros argumentos en que se planteó violación al derecho al mínimo vital, y éste ya había sido analizado, aunado a que la quejosa fue omisa en indicar de qué forma el Estado Mexicano cometió un retroceso en torno a los derechos humanos señalados y que haya perdido o desconocido con motivo de la aplicación de los preceptos reclamados. Asimismo, se señala en la sentencia recurrida, que no se restringe el derecho a una vida digna, pues sólo se obliga a contribuir al gasto público en la medida en que los ingresos obtenidos excedan el monto exento previsto en el artículo 109, fracción X, de la ley reclamada.
Las anteriores consideraciones resultan incorrectas, porque en la demanda de amparo se señaló que las normas combatidas violan los principios de progresividad y no regresividad, al disminuir la posibilidad de tener una vida digna y acceso a la seguridad social, una vez culminada la vida laboral de la quejosa, bajo el argumento de que el sistema impositivo por el que se gravan los recursos que se obtienen de las subcuentas de retiro, resulta regresivo al desconocer o modificar la naturaleza de los ahorros generados por la hoy quejosa en la subcuenta de retiro al momento de su disposición, esto es, que se trata de una prestación de seguridad social percibida como consecuencia de la terminación de la relación laboral, la cual se genera a lo largo de la vida laboral del trabajador para satisfacer los requerimientos para una vida digna al momento del retiro. Así, se desconoce o modifica dicha naturaleza de los ingresos percibidos, al aplicarles el tratamiento fiscal para ingresos esporádicos conforme al capítulo IX "De los demás ingresos que obtengan las personas físicas".
En consecuencia, en la sentencia recurrida no se analizó que el sistema impositivo impugnado atenta contra los principios de progresividad y no regresividad, al limitar y no expandir la protección de derechos que se han reconocido a favor de los gobernados en lo que se refiere a la seguridad social y la vida digna al momento del retiro.
• Cuarto. La sentencia recurrida hace un deficiente e ilegal análisis del quinto concepto de violación, en el cual, se argumentó transgresión al derecho al mínimo vital, en tanto se resuelve que las normas reclamadas gravan una fuente de ahorro reveladora de capacidad contributiva de los gobernados, lo cual refleja que se tienen los recursos materiales necesarios para subsistir digna y autónomamente.
Sin embargo, esas consideraciones no son coherentes con lo argumentado, porque en la demanda se sostuvo la violac
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26768-7c62c4da/renta-efectos-del-amparo-concedido-contra-la-regla · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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