AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DEL LAUDO RECLAMADO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 188/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIA: IVETH LÓPEZ VERGARA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en lo establecido en los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013 publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, toda vez que se suscita entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, además de que el asunto es del orden laboral, materia de la especialidad y competencia de esta Sala.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción II, en relación con el diverso 226, fracción II, de la Ley de Amparo, pues el denunciante -Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito-, es uno de los órganos, cuyo criterio contiende en esta contradicción de tesis, a saber, el adoptado en el juicio de amparo directo ********** del índice de dicho tribunal.
TERCERO.-Tema y criterios contendientes. El denunciante indicó que el problema jurídico a resolver es:
"... si un Tribunal Colegiado puede pronunciarse o no acerca de la validez de una notificación realizada en el juicio de origen, cuando el quejoso aduzca que la misma carece de valor para el efecto del cómputo del plazo para promover el juicio de amparo. ..."
I. El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al fallar el juicio de amparo directo **********, dictó el fallo de veintiuno de abril de dos mil dieciséis que, en lo que interesa, establece:
"SEGUNDO.-En sesión ordinaria de diez de marzo de dos mil dieciséis, el Pleno de este tribunal ordenó dar vista a la parte quejosa con la posible actualización de la casual (sic) de improcedencia derivada por el consentimiento tácito del acto reclamado, actualizándose con ello la causal contenida en el primer párrafo de la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. ...
"Ahora, de los argumentos vertidos por la parte quejosa al desahogar la vista otorgada en resolución de diez de marzo de dos mil dieciséis, se tiene que la quejosa alega que **********, no se encontraba autorizada para oír y recibir notificaciones, sino que únicamente se le autorizó en una promoción para el efecto de recibir copias simples o certificadas, sin que dicha autorización fuera extensiva a las demás etapas del proceso laboral, por lo que la notificación de doce de junio de dos mil quince, en la que se notificó el laudo reclamado a la persona referida resulta inexistente, además de que ello aunado a que el quince de junio de los citados mes y año se realizó la notificación de dicho laudo de manera personal, constancia que aduce, la autoridad responsable omitió agregar al expediente, además que la notificación tomada en cuenta carece de distintos elementos de validez.
"Sin embargo, contrario a lo que expone la quejosa, este Tribunal Colegiado, al estudiar la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo, no está facultado para analizar la legalidad de la notificación del laudo reclamado, pues la notificación es un acto procesal a cargo del tribunal de origen que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que existe presunción de validez, al ser ejecutado por un funcionario público en ejercicio de sus facultades, por lo que su documentación constituye un instrumento público que cuenta con una presunción iuris tantum por lo que hace fe a menos de que su contenido sea desvirtuado por prueba en contrario en recurso idóneo para ello.
"En ese sentido, al momento de estudiar la oportunidad de la presentación de la demanda constitucional, resulta imposible para este Tribunal Colegiado analizar las cuestiones relativas a la notificación del laudo reclamado, pues para ello existe un medio ordinario de defensa, es decir, el incidente de nulidad previsto en la legislación laboral, mismo que no es viable omitir y estudiar dichas violaciones en la vía unistancial (sic) constitucional.
"Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 5/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 461, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: ‘AMPARO DIRECTO MERCANTIL. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR, OFICIOSAMENTE, LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.’ (transcribe texto)
"Asimismo, en relación con la tesis anterior, se comparte el criterio aislado VII.2o.T.8 L (10a.), emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 3458, Libro 24, Tomo IV, noviembre de 2015, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD EN SU PRESENTACIÓN, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DEL LAUDO RECLAMADO.’ (transcribe texto)
"No es óbice para arribar a la anterior determinación el hecho de que la quejosa estime aplicables las tesis aisladas de rubros: ‘INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES. NO ES EXIGIBLE QUE SE HAGA VALER CONTRA LA PRACTICADA A QUIEN DEJÓ DE SER APODERADO DE LA PARTE QUE SE PRETENDIÓ NOTIFICAR Y EN LUGAR DISTINTO DEL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIRLAS, POR TANTO, NO ES APTA PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO.’ y ‘NOTIFICACIONES. LA AUTORIZACIÓN PARA OÍRLAS Y RECIBIRLAS ES DIFERENTE A LA QUE SE CONCEDE PARA RECIBIR PAGOS A NOMBRE DE OTRA PERSONA.’; ya que como se ha expuesto, cuando se promueve un amparo directo y en la demanda relativa se señala como acto reclamado el laudo del juicio de origen, los motivos de inconformidad planteados en torno a la notificación de aquella sentencia, no pueden ser materia de estudio en la ejecutoria de amparo emitida al efecto ya que, de conformidad con los artículos 170, 171 y 172 de la ley de la materia, en el juicio uniinstancial sólo puede analizarse la legalidad del fallo definitivo reclamado y de las violaciones cometidas durante la secuela del procedimiento, entre las cuales no encuadra la notificación del laudo que se alegue en los conceptos de violación o en la vista que se desahoga, porque ésta habría sido practicada con posterioridad al dictado de la resolución con que culminó la sustanciación procedimental del controvertido de origen; además, que tales criterios aislados no se comparten, ya que únicamente tienen como función orientar a los juzgadores al momento de resolver determinada controversia; sin embargo, no obligan a este Tribunal Colegiado a aplicarlos, puesto que únicamente la jurisprudencia que emana de un superior jerárquico es la que sí constreñirá a su aplicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 217 de la Ley de Amparo, que dice: (transcribe texto)
"En efecto, del artículo transcrito se advierte que las jurisprudencias emitidas por la superioridad, son las únicas que pueden obligar a este Tribunal Colegiado a seguir el criterio por ellas determinado, por lo que en el caso concreto, no se comparten los criterios aislados que la quejosa citó y, por ende, la notificación del laudo reclamado debe presumirse legal, pues, como ya se dijo, previo a la promoción del juicio constitucional debió agotar el incidente de nulidad de notificaciones, ya que es la vía idónea para nulificar dicha actuación.
"Por lo anteriormente considerado, los argumentos contenidos en el desahogo de la vista en análisis devienen ineficaces para desestimar la actualización de la casual de improcedencia en ella contenida.
"TERCERO.-Resulta innecesario transcribir el laudo reclamado, así como los conceptos de violación que en su contra se enderezan, en virtud de que, no serán objeto de estudio, pues, en el caso se advierte la actualización de una causal de improcedencia del juicio de derechos fundamentales, que obliga a sobreseer en el mismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo.
"En efecto, por disposición expresa del artículo 17 de la citada Ley de Amparo, el término para la interposición de una demanda de amparo es de quince días; el cual se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación hecha al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos.
"De las actuaciones remitidas por la responsable vía informe justificado, se advierte que el laudo reclamado de ocho de mayo de dos mil quince, se notificó a la quejosa de manera personal a través de su apoderada el doce de junio de dos mil quince, como se advierte de la foja 417 de autos que a continuación se inserta: (se reproduce)
"En la especie, la legislación aplicable es la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, que en su artículo 111 dispone lo siguiente: (se transcribe)
"Lo que significa, que tratándose de notificaciones personales, surten efectos el mismo día en que se efectúan.
"Por tanto, si como en el presente caso, la notificación a la quejosa se realizó el doce de junio de dos mil quince, dicha notificación surtió efectos el mismo día, lo que implica que el término de quince días previsto para la presentación de la demanda de amparo, comenzó a contar el día quince de junio de dos mil quince y feneció el tres de julio de la misma anualidad, atento a que los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de junio de dos mil quince, fueron sábados y domingos; sin que se advierta diverso día inhábil, ya que al consultar el artículo 30 de la ley que rige al asunto, así como el diverso 19 de la Ley de Amparo no se desprenden que hayan mediado días inhábiles diversos a los ya citados. En estas condiciones, si la demanda de amparo fue presentada ante la autoridad señalada como responsable hasta el seis de julio de dos mil quince, como se aprecia del sello estampado en el escrito mediante el cual presenta la aludida demanda (foja 3 reverso del cuaderno de amparo directo); hecho que además certificó la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, y no existir ninguna anotación o indicio que se hubiere presentado en diversa fecha, es inconcuso que su presentación resulta extemporánea. ...
"Luego, la falta de oportunidad en la presentación de la demanda, da lugar a que se actualice la causa de improcedencia contenida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: (se transcribe). ..."
II. El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al fallar el amparo directo **********, dictó la ejecutoria de seis de noviembre de dos mil quince que, en lo que interesa, establece:
"CUARTO.-La demanda de amparo fue presentada oportunamente; sin embargo, previamente a realizar el cómputo del plazo correspondiente, es necesario hacer algunas precisiones.
"En autos consta que el laudo reclamado fue notificado a **********, el veinticinco de junio de dos mil quince, por comparecencia de dicho profesionista ante las instalaciones de la autoridad, como puede verse en las siguientes imágenes: (inserta imágenes)
"Sin embargo, aunque a ********** sí le fue reconocido el carácter de apoderado legal de la demandada en la audiencia de cinco de febrero de dos mil catorce (foja 18 del expediente del juicio de origen), en autos consta que en la audiencia de trece de febrero de dos mil quince, al referido profesionista le fue revocada la representación otorgada por la parte demandada, nombrando como nueva representante a **********, como se puede ver enseguida: (transcribe texto)
"Escrito en el que consta la revocación del poder (foja 68 del expediente del juicio de origen): (lo transcribe)
"Mediante escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil quince, la nueva apoderada legal de la ahora quejosa, señaló como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en **********, autorizando para recibirlas a ********** y a **********, como se puede ver a continuación: (transcribe texto)
"La Junta acordó favorablemente el escrito, pero erróneamente indicó que se trataba de la parte actora, como se puede ver enseguida: (transcribe texto)
"Cabe mencionar que la parte actora señaló como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en **********, y las personas autorizadas para recibirlas eran ********** y **********, de conformidad con lo proveído por la responsable el quince de junio del año en curso, como puede verse enseguida: (transcribe texto)
"El catorce de julio de dos mil quince, la Junta responsable hizo una segunda notificación del laudo reclamado supuestamente a la parte actora, pero el domicilio en el que se realizó la notificación y la persona con la que se entendió, fueron los designados por la parte demandada, esto es, la diligencia se practicó en **********, a **********, como puede verse en las siguientes inserciones: (inserta imágenes)
"La quejosa, al promover el juicio de garantías, señaló que fue notificada el catorce de julio de dos mil quince, lo que debe tenerse por cierto, debido a que la notificación del laudo fue realizada en su domicilio ese día, de conformidad con las inserciones que anteceden, sin importar que en las actas se haya asentado que se notificaba a la parte actora, ya que eso es un evidente error, al igual que el dato asentado en la certificación realizada al calce de la demanda de amparo que señala que a la demandada se le notificó el laudo el veinticinco de junio del año en curso, pues tal como ha quedado asentado, el domicilio en el que se practicó la notificación en la primera fecha anotada al inicio de este párrafo fue en el de la demandada, además de que el actor para esa fecha tenía un domicilio procesal diverso, como ha quedado asentado en párrafos precedentes.
"De lo expuesto se deduce que la notificación realizada supuestamente a la parte demandada el veinticinco de junio de dos mil quince, no puede tomarse en cuenta para el cómputo del plazo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, porque al haberse realizado a una persona ajena a la controversia (por habérsele revocado previamente el poder de representación), y en las instalaciones de la Junta pero no en el domicilio que había sido señalado por la demandada para recibir notificaciones, debe considerarse que no se dirigió a la quejosa, por lo que, al carecer en lo absoluto de idoneidad para hacer de su conocimiento el laudo reclamado no puede surtir efectos. Por otra parte, el actuario de la responsable realizó la notificación en el domicilio de la parte demandada el catorce de julio posterior, como quedó asentado en párrafos precedentes, fecha en la que la ahora solicitante del amparo se ostenta como sabedora del acto reclamado, por lo que debe ser esta última notificación la que debe tomarse como punto de partida para determinar la oportunidad de la presentación de la demanda de garantías, al ser la que se realizó personalmente a la demandada, tal como se ordenó en el laudo reclamado.
"Es aplicable, en lo conducente, la tesis aislada III.2o.T.200 L, que este similar comparte, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que dice: ‘NOTIFICACIÓN INEXISTENTE DEL LAUDO. LO ES LA REALIZADA EN DOMICILIO DIVERSO Y CON PERSONA DESCONOCIDA POR NO SER EL INTERESADO O SU APODERADO, POR LO QUE PARA EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DEBE TOMARSE EN CUENTA LA CONFESIÓN DEL CONOCIMIENTO DE AQUÉL.’ (transcribe texto)
"En opinión de este tribunal, la parte demandada no estaba obligada a impugnar una notificación del laudo realizada a una tercera persona que acudió a las instalaciones de la Junta, cuando a ella se le notificó en su domicilio el acto reclamado y no existe constancia de que se hubiera enterado de aquella diversa notificación.
"Así, se reitera que la parte quejosa fue notificada del laudo reclamado el martes catorce de julio de dos mil quince (fojas 104 y 105 del expediente del juicio de origen); la notificación surtió sus efectos el mismo día, de conformidad con lo establecido por el artículo 747, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, por lo que el plazo de quince días previsto por el numeral 17 de la Ley de Amparo, para presentar la demanda de garantías, transcurrió del miércoles quince de julio al martes dieciocho de agosto, ambos meses de dos mil quince, descontándose los días ocho, nueve, quince y dieciséis de agosto, por haber sido sábados y domingos, inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, así como los días comprendidos del dieciocho de julio al dos de agosto del año en curso, por haber sido inhábiles para la responsable, de conformidad con la certificación realizada al calce de la demanda de garantías, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 178, fracción I, de la ley de la materia. La demanda fue presentada el martes once de agosto de dos mil quince, esto es, oportunamente. ..."
Derivado de lo anterior, redactó la tesis aislada siguiente:
"INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES. NO ES EXIGIBLE QUE SE HAGA VALER CONTRA LA PRACTICADA A QUIEN DEJÓ DE SER APODERADO DE LA PARTE QUE SE PRETENDIÓ NOTIFICAR Y EN LUGAR DISTINTO DEL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIRLAS, POR TANTO, NO ES APTA PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La notificación del laudo que puso fin al juicio laboral realizada a una persona ajena a la controversia, por habérsele revocado previamente la representación otorgada por alguna de las partes, y en las instalaciones de la autoridad responsable, debe ser considerada ineficaz, porque carece en lo absoluto de idoneidad para su fin; de ahí que no pueda imponerse a aquel a quien el actuario pretendió notificar impugnarla en la vía incidental, pues no se trata de una notificación viciada, sino legalmente inexistente. Por ende, no es apta para el cómputo del plazo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover el juicio constitucional."(1)
CUARTO.-Existencia de la contradicción de tesis. El objeto de resolución de una contradicción de tesis consiste en unificar criterios discrepantes a fin de procurar seguridad jurídica; por lo que, para determinar si existe o no una contradicción de tesis, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados, con el objeto de identificar si en algún aspecto de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones, si no necesariamente contradictorias, sí distintas y discrepantes. Al respecto, es de atenderse a la jurisprudencia 72/2010 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de dos mil diez, página siete, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
También debe observarse la tesis XLVII/2009 del Pleno de este Alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, julio de dos mil nueve, página sesenta y siete, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.-El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."
Conforme a los criterios aquí reproducidos, para que exista la contradicción de criterios, es necesario que los órganos involucrados en los asuntos materia de la denuncia hayan:
A. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
B. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.
Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, es decir, que, aun sin valorar elementos de hecho idénticos, los órganos jurisdiccionales contendientes estudien la misma cuestión jurídica -el sentido de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general-, y que, a partir de ésta, arriben a decisiones encontradas; sin que sea obstáculo que los criterios jurídicos sobre un mismo punto de derecho no provengan del examen de los mismos elementos de hecho, sobre todo cuando se trate de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos contendientes, pues lo relevante es que las posturas de decisión sean opuestas, salvo cuando la variación o diferencia fáctica sea relevante e incida de manera determinante en los criterios sostenidos.
Así, si las cuestiones fácticas, aun siendo parecidas, influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, porque no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los órganos en contienda, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse, al resolver la contradicción de tesis, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.
Además, es pertinente destacar que es innecesario que los criterios divergentes estén plasmados en tesis redactadas y publicadas en términos de los artículos 218 a 220 de la Ley de Amparo, porque basta que se encuentren en las consideraciones de los asuntos sometidos al conocimiento de cada órgano contendiente de que se trata, al tenor de la jurisprudencia 92/2000 de esta Segunda Sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página trescientos diecinueve, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY.-Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."
Ahora, procede determ
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26785-9cba4662/amparo-directo-en-materia-de-trabajo-los-tribunales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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