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Modo: Corpus Pro

DERECHOS HUMANOS. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO DE PROMOVERLOS, RESPETARLOS, PROTEGERLOS Y GARANTIZARLOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SÓLO SE ACTUALIZA EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, POR LO QUE CARECE DE ATRIBUCIONES PARA PRONUNCIARSE RESPECTO DE VIOLACIONES A LOS QUE NO FORMEN PARTE DE LA LITIS CONSTITUCIONAL

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 58/2015. · Registro digital (IUS): 26815
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y CUARTO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUALMENTE SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉ
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo I, Pág. 5.

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CONTRADICCIÓN DE TESIS 58/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y CUARTO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUALMENTE SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 26 DE ABRIL DE 2016. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: GUILLERMO PABLO LÓPEZ ANDRADE.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiséis de abril de dos mil dieciséis.

VISTOS; para resolver los autos del expediente de contradicción de tesis 58/2015; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.-Denuncia. Mediante envío con número de folio electrónico 3881/2015, remitido a través del MINTERSCJN, registrado con el número 4523-MINTER, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se canalizó la versión electrónica digitalizada del original del oficio administrativo 53/2015, de veintitrés de febrero de dos mil quince, suscrito por el Juez Segundo de Distrito Auxiliar de la Cuarta Región, José Ezequiel Santos Álvarez, en el que se denuncia una posible contradicción de tesis, entre el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver los juicios de amparo directo ********** y **********, así como los juicios de amparo en revisión **********, ********** y **********, y el sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, actual Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver los amparos en revisión **********, **********, **********, ********** y **********.

2. SEGUNDO.-Trámite de la denuncia. Por acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil quince, el presidente de esta Suprema Corte admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis, ordenó formar y registrar el expediente con el número 58/2015, y ordenó el envío de los autos para su estudio al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

3. TERCERO.-Avocamiento. En cumplimiento al proveído de admisión, los Tribunales Colegiados Tercero del Vigésimo Séptimo Circuito y Segundo en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito remitieron la versión digitalizada del original de las ejecutorias emitidas en los amparos directos en revisión ********** y **********, de los amparos en revisión **********, ********** y **********, y en los amparos en revisión **********, **********, **********, ********** y ********** de sus índices, respectivamente, e informaron que el criterio sostenido en dichos asuntos continúa vigente.

4. CUARTO.-Integración del asunto. Por acuerdo de catorce de abril de dos mil quince, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por cumplido el requerimiento a los Tribunales Colegiados Tercero del Vigésimo Séptimo Circuito y Segundo en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito (anteriormente Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito), contenido en el proveído de veintiséis de febrero de dos mil quince, y por integrada la presente contradicción de tesis.

5. En dicho proveído, también se ordenó remitir este expediente a la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, designado ponente en el presente asunto.

CONSIDERANDO:

6. PRIMERO.-Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de distinto Circuito, que pertenece a la materia común y que reviste características de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional.

7. SEGUNDO.-Legitimación. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en virtud de que fue formulada por el licenciado José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción II del artículo 226 de la referida ley.

8. TERCERO.-Delimitación del estudio. La contradicción de tesis objeto de esta resolución, se planteó por el Juez denunciante, en los términos siguientes:

"... el día seis de febrero de dos mil quince, se publicó en el Semanario Judicial de la Federación, la jurisprudencia por reiteración VII.4o.P.T. J/5 (10a.), sustentada por el entonces Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Segundo Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro digital: 2008378, que establece:

"‘Décima Época

"‘Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"‘Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"‘Materia: común

"‘Jurisprudencia

"‘Tesis: VII.4o.P.T. J/5 (10a.)

"‘Número de registro: 2008378

"‘Reiteración

"‘SENTENCIAS DE AMPARO. CONFORME AL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA CONDENAR, EN ABSTRACTO, A QUIENES NO FIGURARON COMO AUTORIDADES RESPONSABLES, A EMPRENDER DETERMINADAS ACCIONES CON EL FIN DE PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR DERECHOS HUMANOS, DE QUIEN NO ES EL QUEJOSO.’

"Por otra parte, con fecha veinte de febrero de dos mil quince, se publicó en el Semanario Judicial de la Federación la tesis número XXVII.3o. J/20 (10a.), sustentada por Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro digital 2008518, que dispone:

"‘Décima Época

"‘Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"‘Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"‘Materias: constitucional

"‘Jurisprudencia

"‘Tesis: XXVII.3o. J/20 (10a.)

"‘Número de registro: 2008518

"‘Reiteración

"‘DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS. SI DEL ANÁLISIS DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO DE AMPARO, SE ADVIERTE QUE POR ACTOS DIVERSOS AL RECLAMADO, AQUÉLLOS SE VULNERARON EN PERJUICIO DEL TERCERO INTERESADO O DE UNA PERSONA AJENA A LA LITIS CONSTITUCIONAL, LOS ÓRGANOS DE AMPARO, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN, ESTÁN FACULTADOS PARA DAR VISTA CON LOS HECHOS A LAS AUTORIDADES QUE DIRECTAMENTE, DE ACUERDO A SU COMPETENCIA, TENGAN LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR, PROTEGER, GARANTIZAR O PROMOVER EL DERECHO QUE SE ESTIMÓ VIOLADO.’

"Por lo anterior, el suscrito considera que entre los citados criterios existe contradicción y se estima indispensable que en la Sala que usted preside, se diluciden los siguientes puntos y determinen, si:

"• Primeramente, si el Juez de Distrito puede actuar oficiosamente cuando advierta violaciones a derechos humanos.

"• Si con esa actuación se atiende a lo establecido en el artículo 1o. de la Constitución Federal, para respetar, proteger, garantizar o promover los derechos humanos.

"• Si esa protección va dirigida a aquella de las partes tercero interesada a la litis constitucional por diversos actos reclamados.

"• Si aun cuando no sea solicitada la protección por actos violatorios de derechos humanos por el quejoso y/o el tercero interesado, el Juez de Distrito puede atender a esas violaciones.

"En este orden de ideas y dado el considerable número de asuntos que se presentan con esta problemática, por seguridad jurídica, resulta indispensable que el Máximo Tribunal del País fije el criterio obligatorio al respecto."

9. Como se advierte, la denuncia de contradicción de tesis, se plantea en torno a criterios emitidos por los tribunales contendientes, que se contienen en las tesis de jurisprudencia VII.4o.P.T. J/5 (10a.) y XXVII.3o. J/20 (10a.); sin embargo, atendiendo a las preguntas formuladas por el Juez denunciante, así como a la importancia y trascendencia del asunto, se hace necesario tomar en cuenta lo señalado en cada una de las ejecutorias que dieron lugar a las tesis de jurisprudencia referidas, pues sólo así será posible concluir, si en el caso existe o no contradicción y, en su caso, qué criterio debe prevalecer.

10. Lo anterior, máxime que, como se apreciará más adelante en el cuerpo de esta resolución, si bien del rubro y texto de la tesis de jurisprudencia XXVII.3o. J/20 (10a.), adoptada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, se advierte el criterio de que los órganos de amparo están facultados para "dar vista" a las autoridades competentes cuando aprecien la vulneración de los derechos humanos y de sus garantías, lo cierto es que en las ejecutorias que dan lugar a dicho criterio, se da a la "vista" que nos ocupa, una naturaleza que va más allá de sólo denunciar o informar a una o más autoridades competentes de la posible violación a los derechos humanos.

11. Esto es, en los expedientes que dieron lugar a la tesis de jurisprudencia citada, las "vistas", más allá de una simple sugerencia, orientación o recomendación, se constituyen en una confirmación jurídica de la existencia de una violación a los derechos humanos y en una condena que, según el caso, de manera abstracta o incluso concreta, ordena directa o indirectamente a una o más autoridades, parte o no del juicio, a emprender determinadas acciones con el fin de promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos, de quien no necesariamente es el quejoso. Luego entonces, es indispensable analizar el contenido y alcances de cada ejecutoria emitida.

12. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de este Alto Tribunal, y que este Pleno comparte, de rubros: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. CUANDO UNA DE LAS TESIS CONTENDIENTES ES CONFUSA O INCOMPLETA DEBE ATENDERSE A LA EJECUTORIA RESPECTIVA."(1) y "CONTRADICCIÓN DE TESIS. CUANDO ES CONFUSA O INCOMPLETA LA TESIS REDACTADA, DEBE ATENDERSE A LA EJECUTORIA RESPECTIVA."(2)

13. Así, el análisis de la contradicción de tesis que nos ocupa, debe realizarse tomando en cuenta tanto lo previsto en las tesis de jurisprudencia denunciadas como contradictorias, como lo asentado en cada una de las ejecutorias que las motivaron.

14. A la vez, el estudio que se realice sobre el criterio que deba prevalecer, requiere considerar la posibilidad de precisar el alcance correcto que deba tener, en su caso, la tesis prevaleciente, y la posibilidad de que, se analicen otros temas o puntos jurídicos que permitan acabar con la inseguridad jurídica que puede provocar la discrepancia de criterios entre órganos jurisdiccionales.

15. A lo expuesto, sirven de apoyo las tesis aisladas sustentadas por la Segunda Sala, cuyo contenido comparte este Pleno, de rubros: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL TEMA DE LA PROBABLE DIVERGENCIA DE CRITERIOS, PRECISADO EN LA DENUNCIA RELATIVA, NO VINCULA AL TRIBUNAL EN PLENO O A LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA QUE SU ANÁLISIS SE LIMITE A ESE PUNTO JURÍDICO ESPECÍFICO."(3) y "JURISPRUDENCIA POR CONTRADICCIÓN. SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE SOSTUVO EL CRITERIO QUE DEBE PREVALECER, LE DIO UN ALCANCE INDEBIDO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DEBE CORREGIRLO, ESTABLECIENDO, CON EL MISMO VALOR, LA TESIS CORRESPONDIENTE."(4)

16. Luego entonces, con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar en los siguientes apartados, las tesis adoptadas, así como las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus respectivas resoluciones los Tribunales Colegiados, ahora contendientes.

17. CUARTO.-Postura del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito (anteriormente Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito).

18. 4.1. Tesis de jurisprudencia VII.4o.P.T. J/5 (10a.).

19. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito (anteriormente Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito) adoptó, por reiteración, la tesis de rubro y texto siguientes:

"SENTENCIAS DE AMPARO. CONFORME AL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA CONDENAR, EN ABSTRACTO, A QUIENES NO FIGURARON COMO AUTORIDADES RESPONSABLES, A EMPRENDER DETERMINADAS ACCIONES CON EL FIN DE PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR DERECHOS HUMANOS, DE QUIEN NO ES EL QUEJOSO. Conforme a las reglas y principios básicos establecidos para el dictado de las sentencias de amparo, contenidos en los artículos 73, párrafo primero, y 77, fracciones I y II, párrafo primero, de la ley de la materia, la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por efecto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea negativo, el efecto será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste le exija. En este contexto, si la sentencia de amparo dictada por el Juez de Distrito se ocupa de cuestiones ajenas a la controversia, al grado de ‘ordenar’ (condenar), en abstracto, a autoridades que no figuraron como responsables ni participaron en la emisión o ejecución del acto reclamado, a emprender acciones con el fin de promover, respetar, proteger y garantizar algún derecho humano, por ejemplo, establecer cursos, programas de capacitación, sistematización de prácticas, lineamientos a seguir, necesarios para garantizar el derecho humano al disfrute del más alto nivel de vida posible, que nadie impugnó y, por ende, que no se traducen en amparar al quejoso, dicha resolución es contraria a las reglas y principios básicos que rigen su dictado y desnaturaliza el juicio constitucional, cuyo fin es protegerlo de actos de autoridad que violen sus derechos humanos, en términos de los artículos 103 y 107 constitucionales, pues con ello se introducen condenas permanentes en abstracto, ajenas por completo a la litis constitucional y que, en su caso, podría afectar a una persona o personas distintas del quejoso, quienes no instaron la acción de amparo. Lo anterior, no conlleva pasar por alto el artículo 1o. de la Constitución Federal que obliga a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, pues tal obligación debe cumplirse en el ámbito competencial de cada autoridad y en los términos que establezca la ley, de lo que se colige que, ni siquiera so pretexto de ejercer un control de convencionalidad, atento al mencionado principio de progresividad, está permitido apartarse de los principios que rigen en el dictado de las sentencias de amparo, por estar fuera de sus atribuciones y competencia. En consecuencia, el Juez de Distrito carece de legitimación para realizar esa clase de condenas en abstracto y sin ningún proceso de regularidad constitucional, ya que tal actuación es incongruente con la litis constitucional y desnaturaliza el fin último del juicio de amparo; de ahí que ese tipo de determinaciones, por más bien intencionadas que pudieren ser, únicamente pueden constituir una mera orientación, no vinculante, al no poderse exigir su cumplimiento obligatorio en la vía de apremio constitucional."(5)

20. Los juicios de amparo que dieron lugar al criterio anterior, son los siguientes:

21. 4.2. Amparo en revisión 137/2013.

22. Origen: ********** demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de Pacho Viejo, Veracruz, del Juez Tercero de Primera Instancia de Pacho Viejo, Veracruz, del Juez Primero Menor del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, del Juez Tercero Menor del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, del coordinador de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de Xalapa, Veracruz, como autoridades ordenadoras, y del procurador general de Justicia del Gobierno del Estado de Veracruz, del director general de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Veracruz, del titular de la Agencia Veracruzana de Investigaciones de Xalapa, Veracruz, del comandante de agentes de la Agencia Veracruzana de Investigaciones de Xalapa, Veracruz, del subprocurador Regional de Justicia de la Zona Centro en Xalapa, del director general de la Policía Ministerial del Estado, y del coordinador regional de la Policía Ministerial de la Zona Centro Xalapa, como autoridades ejecutoras.

23. El quejoso señaló, como actos reclamados, la orden de aprehensión decretada en su persona, la consignación que se hubiese efectuado de la averiguación previa que se hubiera instaurado en su contra ante un Juez competente, así como la ejecución correspondiente, consistente en que el quejoso fuese aprendido y privado de su libertad.

24. El Juez Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, admitió a trámite la demanda; sustanció el juicio de garantías, celebró la audiencia constitucional y envió los autos para que diverso Juez Federal en su auxilio, pronunciara la resolución correspondiente.

25. El veintiséis de abril de dos mil trece, el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, dictó sentencia, la cual concluyó con los siguientes puntos resolutivos:

"PRIMERO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra el acto reclamado al Juez Primero de Primera Instancia, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, consistente en la orden de aprehensión de **********, dictada en su contra, dentro de la causa penal **********, de su índice, así como su ejecución, lo anterior con base en los motivos expuestos en el considerando quinto de la presente resolución.

"SEGUNDO.-Se ordena girar el respectivo oficio al secretario de Salud del Estado de Veracruz, autoridad no responsable, pero como parte del Estado Mexicano, cumpla con lo establecido en las leyes y tratados internacionales en materia de protección del derecho a la salud, en términos del último considerando de este fallo.

"TERCERO.-Se ordena girar el respectivo oficio al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y Consejo de la Judicatura del Estado, autoridades no responsables, pero como parte del Estado Mexicano, cumpla con lo establecido en las leyes y tratados internacionales en materia de protección del derecho a la salud, en términos del considerando sexto de este fallo.

"CUARTO.-Se ordena girar el respectivo oficio a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por ser órgano coadyuvante del Estado Mexicano, para que en el ámbito de sus funciones vigile el cumplimiento de las medidas de reparación y no repetición adoptadas en esta resolución."

26. Contra tal determinación, los Magistrados presidente y presidente interino del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ambos del Estado de Veracruz, autoridades no responsables vinculadas, interpusieron por separado recurso de revisión.

27. Criterio: En lo que interesa al tema, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito (anteriormente Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito), al resolver el recurso de revisión, sostuvo lo siguiente:

"DÉCIMO.-Los agravios hechos valer por ambos recurrentes son sustancialmente fundados.

"En aras de delimitar la litis en el presente recurso, se estima pertinente señalar que únicamente es materia de esta instancia, la parte del fallo donde el Juez de Distrito estableció determinadas obligaciones de hacer contra el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Veracruz, sin haber sido autoridades responsables en el caso, sino por corresponderle la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, y por ser el máximo órgano jurisdiccional respectivamente, consistentes en:

"a) Establecer los estándares internacionales y los precisados en la Carta Fundamental del País, dentro del ámbito de sus facultades, un proceso con el fin de sistematizar una serie de prácticas, pasos o lineamientos a seguir, necesarios para garantizar el derecho humano al disfrute del más alto nivel posible de salud. Lo anterior, para reunir las condiciones mínimas indispensables cuando las víctimas se encuentren en un proceso de impartición de justicia.

"b) Implementar programas y cursos permanentes de capacitación, para garantizar con mayor cuidado y responsabilidad las medidas o cuidados especiales orientados en garantizar la salud de todo ser humano, así como el disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente.

"De igual modo, decretó por el a quo, que las autoridades aquí recurrentes deberán prestar especial atención a las necesidades y a los derechos de dichas personas (víctimas), tomando en consideración su condición particular de vulnerabilidad, para no seguir vulnerando sus derechos humanos en relación con su derecho a la salud.

"Todo lo anterior derivado de que, en apreciación del Juez de Distrito, la autoridad responsable omitió hacer un control difuso de la Constitución en materia de derechos humanos, para así poder emitir pronunciamiento respecto de si, en el caso específico, se transgredió algún derecho humano de la víctima (menor de edad), así como de los padres del menor de edad que resultaron ofendidos por el delito, con el proceder de los médicos que lo atendieron en el Hospital Civil Luis F. Nachón, de esta ciudad, ello en términos de lo dispuesto por los artículos 4o. constitucional, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Observación General Número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, en relación con el dispositivo 1o. de la Carta Fundamental, que en su conjunto obligan al Estado Mexicano a la protección del derecho a la salud al más alto nivel mediante una serie de estándares jurídicos de gran relevancia, que incluye no sólo la obligación estatal de respetar, sino la de proteger, cumplir y favorecer, lo cual implica -apuntó el Juez Federal- que los Estados deben adoptar medidas para impedir que los particulares frustren el disfrute de ese derecho por parte de todos y, en particular, velar porque terceros no limiten el acceso de las personas a la información y servicios relacionados con la salud.

"Tal determinación fue adoptada como ‘medida de no repetición’ de acciones u omisiones que puedan transgredir derechos humanos de las víctimas dentro de los procesos penales, civiles o de cualquier otra materia en que participaran las víctimas.

"Antes de continuar, es de precisar que al margen de todo lo anterior, el Juez Federal otorgó el amparo al indiciado **********, contra la orden de aprehensión que le libró el Juez de Primera Instancia con sede en Pacho Viejo, Veracruz, como presunto responsable del delito de incumplimiento del deber legal, al haber advertido que adolecía de deficiencias formales; la cual hizo extensiva hacia las autoridades policiacas responsables ejecutoras.

"Continuando con la materia de la revisión, las autoridades recurrentes argumentan en forma coincidente en sus respectivos agravios, que la parte recurrida de la sentencia le irroga agravios, ya que rebasó la litis en el juicio constitucional, cuyo acto reclamado consistió en una orden de aprehensión emitida contra el peticionario de amparo por su probable responsabilidad en la comisión del delito de incumplimiento de un deber legal, pero que introduce a la víctima sin que exista fundamento para vincularlas al cumplimiento.

"Afirman que, si bien el derecho humano a la salud se encuentra establecido en tratados internacionales y la normatividad local; sin embargo, en el caso no tenía vinculación alguna con la demanda de amparo promovida por el quejoso; que en el caso, no existió instancia del sujeto pasivo del proceso penal -un menor de edad- o de sus representantes, para reclamar que las autoridades ministerial y judicial hayan quebrantado o menoscabado sus derechos humanos, en términos de lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, y el numeral 107, fracción I, de la Norma Suprema, conforme al cual, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada que, de entenderlo de otro modo, implicaría que un fallo federal se hiciera extensivo al análisis de derechos de terceros que no han demostrado interés jurídico en el asunto.

"En el segundo agravio, las recurrentes señalan que, al margen de que en la sentencia impugnada se abordaron aspectos que no eran parte de la litis constitucional, durante toda la secuela procedimental del juicio de garantías, no se les otorgó la calidad de partes, a fin de comparecer y justificar la constitucionalidad del acto.

"Que no debió ser objeto de condena sin antes haberle otorgado su derecho a comparecer y, en su caso, acreditar su irrestricto respeto a los derechos humanos; añaden que si bien es innegable que las autoridades responsables están obligadas a cumplir con las resoluciones federales que conceden la protección constitucional y, de igual forma, por imperativo legal también se encuentran obligados los superiores jerárquicos y aun autoridades diversas, aunque no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero que en razón de sus funciones, deben tener intervención en su cumplimiento; sin embargo, tal actuación se constriñe en su participación en el puntual cumplimiento de la ejecutoria federal, pero no para obligarlas a realizar actividades que no tienen estrecha vinculación con el ámbito toral del juicio de garantías y donde no tuvieron intervención alguna.

"Afirman que el resolutor pretende no excederse en el ámbito de aplicabilidad del juicio de amparo, con apoyo en la jurisprudencia de rubro: ‘AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO.’; la cual estima inaplicable, porque en apreciación de las recurrentes, no tiene el alcance para vincularlas en la sentencia amparadora, pues incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha iniciado la Décima Época en materia jurisprudencial, para sentar las bases de interpretación concernientes a la reforma constitucional en materia de derechos humanos.

"Asiste razón a las autoridades inconformes pues, en principio, debe decirse que, efectivamente, la litis en el juicio de garantías se circunscribió a determinar la legalidad o ilegalidad de la orden de aprehensión reclamada por el quejoso, que es el inculpado, respecto de la cual, el juzgador de amparo concedió la protección constitucional al estimar que adolecía de vicios formales (carencia de la debida fundamentación y motivación).

"De ahí que, lo determinado en el considerando sexto del fallo, atinente a las obligaciones impuestas, al Consejo de la Judicatura y al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, rebasa los límites de la controversia constitucional.

"Importa destacar que en la resolución del juicio de garantías, el acto reclamado debe apreciarse tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, de conformidad con lo establecido por el numeral 78 de la abrogada Ley de Amparo (aplicable en este caso, dada la fecha de presentación del ocurso constitucional), sin admitirse pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada.

"También se debe enfatizar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido principios básicos que deben ser observados por los operadores jurídicos, al emitir las sentencias de amparo, ello en aras de resolver coherentemente todas las cuestiones planteadas en el juicio, salvo cuando esto sea innecesario.

"Así se señaló en la tesis 2a. XXVIII/2000, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 235, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: ‘SENTENCIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS BÁSICOS QUE DEBEN OBSERVAR LOS JUECES Y MAGISTRADOS PARA RESOLVER COHERENTEMENTE TODAS LAS CUESTIONES PLANTEADAS EN JUICIO, SALVO LOS CASOS EN QUE ELLO RESULTE INNECESARIO. ...’

"En esta tesitura, en las sentencias de amparo no es válido introducir cuestiones vinculantes, que importen obligaciones de hacer o no hacer o de dar que no fueron dilucidadas en el juicio constitucional como lo argumentan las autoridades recurrentes, tanto más, si se toma en consideración que los aspectos por los cuales se obligó al Consejo de la Judicatura Local, en su caso beneficiarían a la parte tercera perjudicada, pero no al promovente del juicio constitucional.

"Además de lo anterior, es fundado el motivo de disenso en el cual se señala que la sentencia en su parte recurrida vulnera el principio de instancia de parte agraviada, pues, efectivamente, en los términos en que se está obligando a las aquí inconformes al fallo protector, se colige que es para salvaguardar el derecho humano al disfrute del más alto nivel posible de salud, pero en favor del ofendido del delito y sus representantes, quien no guarda relación directa con el efecto del amparo sobre el acto reclamado, de modo tal que en este aspecto, también se transgrede el principio de relatividad en las sent

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26815-e59f35e1/derechos-humanos-la-obligacion-del-organo-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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