I. SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y RÉGIMEN TRANSITORIO PARA SU IMPLEMENTACIÓN (INVALIDEZ DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO). II. SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. EL EJERCICIO DE LA COMPETENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN, PREVIO A LA ENTRADA EN VIGOR DE LAS LEYES GENERALES RESPECTIVAS, VIOLA EL MODELO TRANSITORIO ESTABLECIDO POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (INVALIDEZ DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (INVALIDEZ DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. REVIVISCENCIA DE UNA LEY CON MOTIVO DE LA INVALIDEZ DE LA DIVERSA QUE LA ABROGA (INVALIDEZ DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO). VI. RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO. AL HABERSE DECLARADO LA INVALIDEZ DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 1 DE ABRIL DE 2016, DEBE CONTINUAR VIGENTE LA LEY ABROGADA MEDIANTE EL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDIÓ AQUÉLLA, HASTA EN TANTO EL LEGISLADOR LOCAL EXPIDA UNA NUEVA EN LOS TÉRMINOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 30/2016 Y SU ACUMULADA 31/2016. DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE QUERÉTARO Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 17 DE NOVIEMBRE DE 2016. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO Y RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, por el que se emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la que se resuelven las presentes acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (30/2016) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (31/2016), en contra de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial Estatal de primero de abril de dos mil dieciséis, así como de diversos artículos de la referida norma legal.
I. Trámite
1. Presentación de los escritos, autoridades (emisoras y promulgadoras) y normas impugnadas. Las presentes acciones de inconstitucionalidad se presentaron de la siguiente manera:
Ver manera
2. Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas impugnadas: Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Querétaro.
3. Normas generales impugnadas. En las acciones de inconstitucionalidad se impugnaron las siguientes normas generales:
Ver normas generales
4. Conceptos de invalidez. Los promoventes en sus conceptos de invalidez, manifestaron, en síntesis, que:
5. I. Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (acción 30/2016). Señala como artículos constitucionales violados, los siguientes: 1o., 14, 16, 73, fracción XXIX-V, 102, apartado B, y 133; así como diversos instrumentos internacionales y elabora tres conceptos de invalidez, los cuales se sintetizan a continuación:
6. Primer concepto de invalidez. Violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro viola los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, que consagran los principios de legalidad y seguridad jurídica, ya que la Legislatura Estatal se encontraba impedida para emitirla. La Legislatura Local no podía expedir la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, hasta en tanto el Congreso de la Unión expidiera la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que el veintisiete de mayo de dos mil quince se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas a la Constitución Federal en materia de combate a la corrupción, dentro de las cuales se establecieron las reglas que debían seguirse para la expedición de las leyes relativas a las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación.
7. El Congreso de la Unión contaba con el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del decreto de reforma constitucional, el cual inició su vigencia el veintiocho de mayo de dos mil quince, para aprobar la ley general relativa al establecimiento de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y el veintiocho de mayo de dos mil dieciséis venció el plazo.
8. En el artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional se estableció que las Legislaturas de los Estados, en el ámbito de sus respectivas competencias, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor de la ley general a que se refiere al artículo segundo transitorio de la reforma constitucional, deberían expedir sus leyes respectivas y realizar las adecuaciones, y en virtud de que dicha condición no se ha dado se debió acatar lo establecido en el artículo sexto transitorio, es decir, continuar aplicando la legislación en materia de responsabilidades que se encontraba vigente a la fecha de entrada en vigor del decreto, esto es, al veintiocho de mayo de dos mil quince.
9. Con lo anterior, se comprueba que no fue cumplida dicha obligación, al haberse aprobado el treinta y uno de enero de dos mil dieciséis, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, que abrogó la publicada el veintiséis de junio de dos mil nueve, se advierte la ilegalidad de la ley impugnada expedida el primero de abril de dos mil dieciséis, y el vicio del procedimiento legislativo de origen, por lo que resulta procedente que se declare su invalidez.
10. Segundo concepto de invalidez. Violación a los artículos 14, párrafo segundo, y 16, párrafo primero, de la Constitución Federal. El artículo 76 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro viola el derecho de presunción de inocencia reconocido en los artículos 14, párrafo segundo, y 16, párrafo primero, de la Constitución Federal. La ley impugnada da un trato de presunto responsable a quien se le sigue un procedimiento administrativo de responsabilidad, siendo el término correcto probable responsable, ya que corresponde al órgano interno de control demostrar que a quienes se les imputa una acción y omisión, sí son administrativamente responsables de la conducta infractora que se les atribuye, además de comprobar que indudablemente la realizaron. Cita en apoyo la tesis de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES."
11. Tercer concepto de invalidez. Violación a los artículos 102, apartado B, 14 y 16 de la Constitución Federal. Los artículos 41, fracciones XIX y XXI, 47, 48, fracción V, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 60, 62, 65, 67, 68, 71, 77, 92 y quinto transitorio de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, son inconstitucionales, porque vulneran los artículos 102, apartado B, 14 y 16 de la Constitución Federal, que consagran los principios de autonomía de gestión de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro y el principio de seguridad jurídica de los servidores públicos adscritos a dicho organismo.
12. Lo anterior, porque se dejó de observar el mecanismo de protección no jurisdiccional que el Constituyente Permanente estableció para la defensa y promoción de tales derechos, de conformidad con el artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal. Deber que se dejó de observar en los artículos 41, fracciones XIX y XXI, 47, 48, fracción V, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 60, 62, 65, 67, 68, 71, 77 y 92 de la ley impugnada, al establecer que corresponde a la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro realizar funciones que, en estricto sentido, le corresponden al órgano interno de control de la Defensoría de los Derechos Humanos de la entidad, en atención a su autonomía como órgano constitucional autónomo. Cita en apoyo las tesis de rubros: "ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS." y "ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS."
13. Los preceptos combatidos vulneran el principio de autonomía de gestión del organismo de derechos humanos local e incumplen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, pues al establecer la fracción XIX del artículo 41, que los servidores públicos tienen la obligación de presentar con oportunidad y veracidad su manifestación de bienes ante la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, se vulnera la autonomía de la Defensoría de los Derechos Humanos de la entidad, toda vez que resulta de explorado derecho que ésta, no guarda una relación de supra a subordinación con la Secretaría de la Contraloría, sino que los servidores públicos adscritos al organismo de derechos humanos tienen como único patrón a la defensoría, por lo que la manifestación que de sus bienes realicen sus servidores públicos, debe presentarse ante su propio órgano interno de control y no ante la Secretaría de la Contraloría, quien únicamente tiene competencia respecto de las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado y sus entidades paraestatales.
14. El título cuarto, capítulo primero, en sus diversos artículos 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 59 y 60 de la ley impugnada establece lo correspondiente al registro patrimonial de los servidores públicos, determinando que será la Secretaría de la Contraloría quien llevará el registro de la manifestación de bienes y de intereses de los servidores públicos obligados, incluyendo a los que se encuentren adscritos a los organismos constitucionales autónomos.
15. De igual manera se prevé que durante el mes de febrero, los titulares de los organismos constitucionales autónomos deben remitir a la Secretaría de la Contraloría los datos de los servidores públicos que tengan el carácter de sujetos obligados a presentar manifestación de bienes; que el padrón de servidores públicos obligados a presentar manifestación de bienes estará a cargo de la secretaría; que las manifestaciones de bienes por formato impreso serán recibidas por personal del Departamento de Responsabilidad y Situación Patrimonial, el cual forma parte de la estructura orgánica de la Secretaría de la Contraloría; que la declaración de intereses también deberá ser presentada ante la secretaría conjuntamente con la manifestación de bienes, situación que afecta la autonomía de la Defensoría de los Derechos Humanos, ya que como órgano constitucional autónomo, no está supeditado a poder público ni a sus dependencias, y por ende, todo lo relacionado con manifestación de bienes y de intereses, debe ser presentado ante su propio órgano interno de control, y en caso de que exista algún incumplimiento o irregularidad, sea éste quien al tener conocimiento de la misma a través de sus propios registros, inicie los procedimientos administrativos de responsabilidad procedentes.
16. El artículo 60, en su primer párrafo, menciona que los Poderes Judicial y Legislativo, así como los Ayuntamientos, actuarán, en lo conducente, respecto de sus servidores públicos, pero no contempla que también son los organismos constitucionales autónomos quienes deberán actuar en este mismo sentido respecto de sus servidores públicos. Sin embargo, el segundo párrafo de dicho artículo 60, vuelve a mencionar la independencia y autonomía de los entes públicos señalados en su párrafo primero, pues indica que será la mencionada secretaría quien hará del conocimiento de dichos órganos, el incumplimiento de sus servidores públicos respecto de su obligación de presentar su manifestación de bienes y/o intereses.
17. El artículo 62 contempla la presentación de quejas y denuncias contra servidores públicos, y en su último párrafo señala que el procedimiento contemplado será llevado a cabo también por los Poderes Legislativo y Judicial; sin embargo, no contempla a los organismos constitucionales autónomos, quienes por sus características propias, no dependen de la Secretaría de la Contraloría y, por tanto, dicho procedimiento debe llevarlo a través de su propio órgano interno de control.
18. De igual forma, el artículo 68 señala que las denuncias en contra de los servidores públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los Municipios, se presentarán ante los respectivos órganos internos de control, pero no menciona a los organismos constitucionales autónomos, quienes tienen dentro de su estructura orgánica a sus propios órganos internos de control.
19. Por su parte, el artículo 71 únicamente refiere que son competentes los órganos internos de control de los órganos constitucionales autónomos para conocer de procedimientos disciplinarios y resarcitorios, pero no establece que en todo caso también deben recibir, registrar y manejar el padrón de servidores públicos obligados a presentar manifestación de bienes, a fin de mantener la independencia y autonomía de los cuales han sido dotados constitucionalmente.
20. Se establece en el artículo 77, que las disposiciones y formalidades del título quinto de la ley impugnada, serán aplicables a los procedimientos administrativos seguidos ante los Poderes Judicial y Legislativo, así como a los instituidos por los Ayuntamientos, dejando nuevamente fuera a los que se instauren en contra de los servidores públicos adscritos a los organismos constitucionales autónomos, mismos que deberán ser tramitados por su propio órgano interno de control, pues derivado de la autonomía de la cual gozan constitucionalmente, tienen independencia en su estructura orgánica, lo cual implica que no tengan dependencia alguna de la Secretaría de la Contraloría o del Poder Ejecutivo del Estado.
21. El limitar las atribuciones conferidas a la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, como órgano constitucional autónomo, es igual que limitar los derechos fundamentales de las personas, ya que el ejercicio de dichas facultades es una garantía concedida a los gobernados para la protección de esos derechos.
22. De igual forma, se advierte una violación a la seguridad jurídica de los trabajadores adscritos a la Defensoría de los Derechos Humanos de la entidad, al provocar incertidumbre respecto al órgano ante el cual deben presentar su manifestación de bienes y, por ende, el ente público que llevará su registro patrimonial, y a la vez impide tener la certeza de cuál es el organismo o dependencia encargada de desahogar el procedimiento, en caso de que exista algún incumplimiento con respecto a la presentación de la manifestación de bienes o de conflicto de intereses, así como respecto al inicio y sustanciación del procedimiento administrativo de responsabilidad por la presentación de alguna queja o denuncia en su contra.
23. Por último, el artículo quinto transitorio de la ley impugnada, al establecer la obligación al titular del Poder Ejecutivo del Estado, de expedir el Código de Ética de los Servidores Públicos del Estado, viola la autonomía e independencia de los diversos Poderes del Estado, así como también la de los organismos constitucionales autónomos, pues si bien el artículo 22, fracción VII, de la Constitución Local faculta al gobernador del Estado para expedir decretos y acuerdos de carácter administrativo, para la eficaz prestación de los servidores públicos, éstos deben ser respecto de su ámbito de competencia, ya que así se encuentra acotado expresamente en la fracción II del mismo precepto, por lo que, en todo caso, podrá emitir únicamente el código de conducta de los servidores públicos del Poder Ejecutivo, mas no así, el aplicable al resto de los servidores públicos adscritos a los distintos poderes y organismos autónomos, los cuales, a su vez, podrán emitir el que corresponda conforme a su ámbito de aplicación.
24. II. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (acción 31/2016). Señala, como artículos constitucionales violados, el 16, 102, apartado B, 108, 109 y 113 del decreto de reforma constitucional publicado el veintisiete de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación; y elaboró un concepto de invalidez, que a continuación se sintetiza:
25. Único concepto de invalidez. Violación a los artículos 14, 16, 102, apartado B, 108, 109 y 113 de la Constitución Federal. Los artículos 5, fracción VII, 41, fracción XIX, 48, fracción V, 49, 50 y 51 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, son inconstitucionales, porque vulneran el principio de legalidad, la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos, las bases del sistema nacional anticorrupción y, en general, el sistema constitucional de responsabilidades de los servidores públicos, y de manera particular configuran una violación al sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos y la tutela de derechos humanos mediante ese sistema.
26. La inconstitucionalidad de los artículos impugnados resulta a la luz de una interpretación del vigente Texto Constitucional, específicamente, por la reforma publicada el veintisiete de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, por el que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción. En este sentido, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro resulta inconstitucional, por dos razones:
27. a) No se adecua a las bases del Sistema Nacional Anticorrupción previsto en los artículos 108, 109 y 113 de la Constitución Federal; y, b) Uno de los conflictos que se genera como vía de consecuencia de la inobservancia a la Constitución Federal, es una violación a la autonomía del organismo constitucional de protección de los derechos humanos de la entidad, es decir, se soslaya la no subordinación de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado, en su régimen interno de responsabilidades de servidores públicos, por eso se transgrede su autonomía constitucional, por la intromisión de instancias externas y ajenas en lo concerniente a la disciplina administrativa de sus servidores públicos.
28. El legislador local no observó el contenido del artículo 108 constitucional, que dispone que los servidores públicos deben cumplir con una serie de obligaciones de control y transparencia de la función pública desempeñada, como presentar su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes, pues reservó el registro correspondiente a la exclusividad del Ejecutivo Local, violando con ello la autonomía de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro. Tampoco observó el último párrafo del artículo 109 constitucional, que dispone que los entes públicos estatales contarán con órganos internos de control, pues excluyó del ejercicio de las atribuciones otorgadas por el referido artículo, a los organismos autónomos constitucionales, entre ellos, a la Defensoría de los Derechos Humanos. Y en vez de establecer bases de coordinación conforme a lo dispuesto en el artículo 113 constitucional, entre los poderes y órganos autónomos del Estado, concentra las atribuciones que correspondería a todos ellos como atribuciones exclusivas para el Ejecutivo Local, en materia de registro patrimonial y de declaración de intereses, así como en materia de responsabilidades administrativas, al excluir a los órganos autónomos constitucionales del Estado.
29. El artículo 5, fracción VII, considera como superior jerárquico para efectos de responsabilidades administrativas en la Defensoría de los Derechos Humanos, al consejo, lo cual atenta contra el principio de autonomía del organismo constitucional de protección de derechos humanos del Estado de Querétaro, en tanto que le son atribuidas al consejo de dicha defensoría una cualidad de titularidad de la misma, siendo que en el titular de la defensoría en el ámbito ejecutivo es su presidente, pues la función del consejo es ser un órgano de consulta y no un órgano de gobierno.
30. Además de que el referido precepto legal vulnera el artículo 14 constitucional, porque genera inseguridad jurídica en los procedimientos de responsabilidad administrativa, por la falta de definición de las autoridades competentes. No hay concordancia entre la ley de responsabilidades local y la Ley de Derechos Humanos del Estado, pues se permite la afectación de servidores públicos sin que exista claridad en el porqué, quién y cómo se podrá realizar un procedimiento en su contra, dejándolos indefensos en sus procedimientos. Lo que trastoca la autonomía de la defensoría promovente, pues una de las características es que fue dotada de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcance los fines para los que fue creada.
31. Por su parte, el artículo 41, fracción XIX, de la ley impugnada establece la obligación a los servidores públicos de la Defensoría de Derechos Humanos del Estado, de presentar su manifestación de bienes ante la Secretaría de la Contraloría, dependencia del Poder Ejecutivo Local, en vez de disponer que dicho control será llevado por la autoridad competente de dicho órgano constitucional autónomo. Por la misma razón, es inconstitucional el artículo 48, fracción V, que establece la obligación de presentar manifestación de bienes ante la referida autoridad estatal (incluyendo a los consejeros, quienes no tienen un puesto remunerado en términos del artículo 29 de la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado), en vez de remitirlas a los órganos internos respectivos.
32. El artículo 49 prevé que dichos sujetos obligados deberán remitir a la Secretaría de la Contraloría del Ejecutivo Local, los datos de los servidores públicos que tengan el carácter de sujetos obligados. Así, en el artículo 50 refiere que el padrón de servidores públicos estará a cargo de la mencionada secretaría; además, el diverso 51 refiere que la manifestación de bienes de los servidores deberán también presentar su declaración de intereses ante la citada secretaría. De tal modo, que el Poder Ejecutivo Local concentra las atribuciones y funciones en la materia de todos los servidores públicos del Estado, sin importar que se trate de servidores públicos de órganos autónomos, entre ellos, de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado, con lo que se invade su competencia en la materia.
33. Con ello se evade la competencia de dichos sujetos a presentar la declaración respectiva de conformidad a su ley, ante su propio órgano interno de control, y se faculta legalmente a una dependencia, que forma parte del Ejecutivo a fiscalizar y supervisar la actuación de los organismos constitucionales autónomos en la materia anticorrupción y de servidores públicos.
34. Admisión y trámite. Mediante proveído de dos de mayo de dos mil dieciséis, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 30/2016,(1) promovida por el presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro; y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro José Ramón Cossío Díaz. Asimismo, en auto de tres de mayo de dos mil dieciséis,(2) el citado presidente ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 31/2016, promovida por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, acordando su acumulación a la acción 30/2016.
35. Por acuerdo de tres de mayo de dos mil dieciséis, el Ministro instructor admitió las demandas de acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Querétaro, por ser quienes, respectivamente, emitieron y promulgaron las normas impugnadas para que rindieran sus informes.(3)
36. Informes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la entidad. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo señalaron, coincidentemente, en síntesis, lo siguiente:
• Es cierto que se promulgó, refrendó y publicó la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, en el Periódico Oficial de la entidad el primero de abril de dos mil dieciséis, conforme a los artículos 22, fracción I, 23 y 19, fracción VIII, de la Constitución Estatal.
• Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal, en virtud de la falta de legitimación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, para promover las acciones de inconstitucionalidad, pues las demandas que promueven dichos organismos no tienen como finalidad defender los derechos humanos de los gobernados, sino cuestiones relacionadas con la organización de las instituciones del Estado Mexicano y la protección de sus esferas de competencia, especialmente de la defensoría de los derechos humanos, y sólo de manera directa y muy superficial refieren aspectos relacionados con la violación a derechos humanos, desnaturalizando el objetivo que persigue este procedimiento. En todo caso, el único concepto de invalidez que sí aborda violaciones directas a los derechos humanos, es el segundo del escrito de demanda de la Defensoría de los Derechos Humanos, que toca el tema del debido proceso en su vertiente relativa a la presunción de inocencia, pues refiere que el artículo 76 de la ley impugnada, no respeta tales principios, pero fuera de eso, los demás tópicos que abordan sus escritos iniciales son de índole orgánico o institucional.
• Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia, por lo que hace a la demanda presentada por la Defensoría de los Derechos Humanos, ya que existe un medio de defensa legal que ese organismo debió haber agotado antes de ejercitar la acción de inconstitucionalidad. El artículo 29 de la Constitución Estatal establece que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y sus Salas son competentes para, entre otras cosas: a) resolver sobre la constitucionalidad de las leyes en el Estado; y, b) garantizar la supremacía y control de la referida Constitución, mediante la interpretación de la misma, formando y sistematizando precedentes en materia de control de esta Constitución. Los artículos 77 y 92 de la Ley de Justicia Constitucional del Estado de Querétaro establecen la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, las cuales, la Defensoría de los Derechos Humanos estuvo en posibilidad de agotar, ya que la mayoría de sus argumentos señala vulneración a su autonomía. Además de que dicha autonomía no deviene directamente de la Constitución Federal, sino de la Constitución Local.
• El motivo fundamental que impulsó al legislador estatal para emitir la norma impugnada, fue cumplir con el mandato constitucional, homologar el orden jurídico interno de la entidad a las exigencias que reclama la sociedad mexicana.
• Se difiere de las opiniones, criterios y puntos de vista de los promoventes, dado que las disposiciones impugnadas están apegadas a los lineamientos establecidos por el Constituyente Permanente y las convenciones internacionales en materia de protección a los derechos humanos.
• Es infundado e inoperante lo señalado por la Defensoría de los Derechos Humanos, en cuanto a que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro es inconstitucional, ya que el marco normativo que regula al Sistema Nacional Anticorrupción, así como al sistema de responsabilidades de los servidores públicos, parte de un conjunto de disposiciones jurídicas coordinadas que integran un sistema unificado de competencias concurrentes que también le reconocen atribuciones en la materia a las entidades federativas; pero, además, en este momento no existen motivos fundados y suficientes para considerar que la ley impugnada es inconstitucional, en virtud de que no existe parámetro de comparación que así permita revisarlo.
• Si a la fecha, el Congreso de la Unión no ha emitido la ley general, no existen elementos en este momento para determinar que la ley impugnada es inconstitucional, pues se desconocen los parámetros de regulación que establecerá el Congreso de la Unión, lo que nos permite considerar una duda razonable, pues ante la inexistencia de la ley general, la ley impugnada no puede ser inconstitucional por sí misma, sino que para llegar a esa conclusión es necesario realizar un análisis comparativo entre ambas disposiciones. Además, cabe la posibilidad que los temas que regula la ley impugnada sean acordes a los parámetros que al efecto se establecerán en la ley general.
• De conformidad con los artículos 113, in fine, cuarto y sexto transitorios del decreto de reforma constitucional, se reconoce competencia a las entidades federativas para establecer sistemas locales de anticorrupción con el objetivo de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.
• El artículo 76 no es inconstitucional, pues sigue los estándares fijados por la Primera Sala de la Suprema Corte, pues no establece que se presumirá su culpabilidad, ni que correrá a su cargo demostrar su inocencia, ni que será tratado como culpable hasta que se le demuestre lo contrario.
• Los artículos 41, fracciones XIX y XXI, 47, 48, fracción V, 49, 50 a 56, 59, 60, 62, 65, 67, 68, 71, 77, 92 y quinto transitorio de la ley impugnada, no vulneran la autonomía de la Defensoría de los Derechos Humanos, ya que si bien se faculta a la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado para revisar la manifestación de bienes, los datos personales, la declaración de intereses, e investigar actos de corrupción de todos los servidores públicos, incluidos los que pertenecen a la defensoría, ello responde a una razón constitucionalmente válida.
• Si bien la autonomía que la Constitución otorga a los organismos autónomos, les permite ser independientes en su actuar y conducirse en un plano de coordinación en relación con los tres Poderes, también lo es que dicha autonomía no es absoluta e ilimitada, ya que su existencia parte del ejercicio mismo de la soberanía nacional que se deposita en dichos Poderes.
• La forma en que se implementará el sistema anticorrupción en las entidades federativas, forma parte de la libertad de configuración normativa de los Congresos Locales, pues el Poder Constituyente sólo estableció la obligación de cumplir con tal mandato constitucional, pero no el que dicho sistema se acople a cierto modelo o guía, permitiéndole al legislador local prever el mecanismo más idóneo para cumplir tal finalidad.
• Lo que pretende la Defensoría de los Derechos Humanos es que, escudada en su autonomía de gestión, pueda libremente sancionar, vigilar y procesar a sus servidores públicos adscritos a su
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26946-954a3b8e/i-sistema-nacional-anticorrupcion-y-regimen-transitorio-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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