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Modo: Corpus Pro

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DENOMINADO AGUA DE HERMOSILLO. TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE PAGO DE ADEUDOS Y/O AVISOS DE COBRO, DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2016. · Registro digital (IUS): 26965
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2017-02-24
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo II, Pág. 1419.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO. 30 DE NOVIEMBRE DE 2016. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ARTURO CASTAÑEDA BONFIL, EVARISTO CORIA MARTÍNEZ, MARIO PEDROZA CARBAJAL, MARIO TORAYA, FEDERICO RODRÍGUEZ CELIS Y ALBA LORENIA GALAVIZ RAMÍREZ. PONENTE: ALBA LORENIA GALAVIZ RAMÍREZ. SECRETARIO: JUAN CARLOS MARRUFO FLORES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Pleno del Quinto Circuito es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, y décimo primero transitorio, párrafos segundo y tercero de la Ley de Amparo; 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 28 y 29 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que fue realizada por el Magistrado Óscar Javier Sánchez Martínez, presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con base en lo determinado por sus integrantes, al resolver el amparo en revisión administrativo número **********.

TERCERO.-Criterios contendientes. Para determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 225 de la Ley de Amparo, es necesario tener presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido de que debe considerarse que existe contradicción de tesis cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales o que se adviertan elementos secundarios diferentes en el origen de las ejecutorias.

De la misma manera, ha establecido que por "tesis", debe entenderse el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; de ahí que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, expresando los razonamientos lógicos-jurídicos necesarios para sustentar sus respectivas decisiones, con independencia de que las cuestiones fácticas que rodean esos puntos de derecho no sean exactamente iguales.

Lo anterior encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia P./J. 72/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) aplicable con base en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que se lee bajo el rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." (énfasis añadido)

En ese orden de ideas, a fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron.

Así, en la ejecutoria emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, en materia administrativa, textualmente estableció:

"SÉPTIMO.-A manera de antecedentes, se destaca que el acto reclamado que fue objeto de la concesión del amparo por parte del Juez recurrido (identificado como inciso b en la sentencia de amparo), es la orden de pago emitida por el Organismo Operador de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y disposición de Aguas Residuales, del Municipio de Hermosillo, Sonora, sobre un supuesto adeudo de ********** pesos, moneda nacional.

"En los agravios formulados por la parte recurrente, se aduce, en síntesis, que la resolución combatida viola, por inexacta aplicación, los artículos 61, fracciones XVIII y XX, y 62, ambos de la Ley de Amparo, así como las tesis jurisprudencial P./J. 92/2012(2) y aislada 1a. CXXXIX/2014 (10a.),(3) cuyos rubros, respectivamente, citan: ‘AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL SERVICIO MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ADHESIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES NO CORRESPONDE A LA DE SUPRA A SUBORDINACIÓN QUE EXISTE ENTRE UNA AUTORIDAD Y UN GOBERNADO, SINO A UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN VOLUNTARIA ENTRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y EL PARTICULAR.’ y ‘AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. ES PROCEDENTE CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO INAPLICA UNA JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.’

"Lo anterior, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que cuando la prestación del servicio de agua potable se lleva a cabo mediante la celebración de un contrato administrativo de suministro y adhesión entre particulares y un organismo público descentralizado, la relación jurídica que se entabla entre dichas partes es de coordinación voluntaria y de correspondencia entre el interés del prestador de agua y el particular.

"Por ello, refiere la parte inconforme, si en el caso, la protección constitucional se otorgó respecto de un aviso-recibo derivado de un contrato de prestación de servicio de agua potable, es claro que la relación que existe entre el gobernado y la autoridad responsable es de coordinación y no de supra-subordinación, requisito necesario para establecer la procedencia del juicio de amparo.

"Tales agravios son, esencialmente, fundados.

"En efecto, como afirma la parte recurrente, en el caso, a estudio se actualiza una causa de improcedencia, a saber, la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I, y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo, así como el diverso 103, fracción I, de la Constitución Federal.

"Para mayor claridad, enseguida se transcribe el contenido de tales preceptos:

"‘Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:

"‘I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.’

"‘Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:

"‘...

"‘II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.

"‘Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.’

"‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

"‘...

"‘XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.’

"‘Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite.

"‘Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.’

"De la interpretación sistemática de dichos preceptos legales, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no provengan de autoridad y que tiene carácter o calidad de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; estableciéndose también que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes de autoridad y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.

"En consecuencia, los elementos necesarios para la conformación de un acto emitido por una autoridad para efectos del juicio de amparo, son los siguientes:

"1) Que quien lo emite tenga características de órgano público.

"2) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar.

"3) Que sea emitido o realizado unilateralmente afectando la esfera de derechos de los gobernados.

"Acorde con lo anterior, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, excluye, por regla general, los actos de particulares (cuando no realicen actos equivalentes a los de autoridad en los términos mencionados), sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste resulta improcedente; por lo que debe atenderse a la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, subordinación y supraordinación.

"La primera clasificación corresponde a las entabladas entre particulares (que no actúan con sustento en una norma general, en forma unilateral y coercitiva) y para dirimir las controversias que surgen de ellas se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de éstas, se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral.

"Su nota distintiva consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que impongan coactivamente las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley; las partes están en el mismo nivel; en las relaciones de coordinación existe bilateralidad.

"La segunda de dichas clasificaciones (supra a subordinación) son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos.

"Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante.

"En relación con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la jurisprudencia 2a./J. 164/2011,(4) de rubro y texto siguientes:

"‘AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.-Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.’

"Este criterio aun cuando fue emitido de la interpretación del (sic) 11 de la Ley de Amparo abrogada, resulta aplicable por su sentido, en virtud de que interpreta las notas distintivas de la autoridad para los efectos del amparo, sin que se contravenga al artículo 5o., fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente, en términos de lo establecido en el sexto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en virtud del cual se expidió este último ordenamiento.

"En el caso, como se refirió al inicio de este considerando, el acto reclamado que se analiza en este apartado, es la orden de pago de un supuesto adeudo de ********** pesos, moneda nacional, emitida por la autoridad responsable denominada Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Disposición de Aguas Residuales, con residencia en esta ciudad, que se materializó con la emisión del recibo de pago donde se hizo el cobro del servicio de agua potable al quejoso.

"Ahora bien, debe decirse que para que los usuarios puedan gozar del servicio de agua deben celebrar con dicho organismo un contrato administrativo de prestación de servicios y suministro de agua, en el que se estipulan las obligaciones y contraprestaciones entre las partes, donde el prestador de servicios y el beneficiario adquieren derechos y obligaciones recíprocos.

"En ese sentido, el recibo que aportó la autoridad responsable denominada Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Disposición de Aguas Residuales, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, se materializó el acto reclamado consistente en la orden de pago de un supuesto adeudo de ********** pesos, moneda nacional, que deriva del servicio de suministro que tiene contratado con el citado organismo operador municipal, prueba, precisamente, la existencia de dicho contrato y, por tanto, evidencia que la relación jurídica existente entre el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, y el usuario del servicio, no corresponde a la existente entre una autoridad y un gobernado, sino a la colaboración voluntaria y de correspondencia entre el interés del prestador del servicio de agua y el particular.

"Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que cuando la prestación del servicio de agua potable se lleva a cabo mediante la celebración de un contrato administrativo de suministro y de adhesión entre los particulares y un organismo público descentralizado, la relación jurídica que se entabla entre dichas partes es de la coordinación voluntaria y de correspondencia entre el interés del prestador del servicio de agua y el particular.

"Criterio que se sustentó en la jurisprudencia P./J. 92/2001,(5) sustentada por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, cuyos rubro y texto son:

"‘AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL SERVICIO MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ADHESIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES NO CORRESPONDE A LA DE SUPRA A SUBORDINACIÓN QUE EXISTE ENTRE UNA AUTORIDAD Y UN GOBERNADO, SINO A UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN VOLUNTARIA ENTRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y EL PARTICULAR.-Al constituir el suministro de agua potable la prestación de un servicio público por el Estado como medio para la realización de un fin, que es el interés general y que se lleva a cabo mediante la celebración de un contrato administrativo de adhesión, en el que se estipulan las obligaciones y contraprestaciones entre las partes, donde el prestador de servicios y el beneficiario adquieren derechos y obligaciones recíprocos, bajo condiciones que fija el proveedor, la relación jurídica existente entre el prestador y el usuario del servicio no corresponde a la que supone la garantía consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, a la existente entre una autoridad y un gobernado, sino a la de coordinación voluntaria y de correspondencia entre el interés del prestador del servicio de suministro de agua y el particular, y aun cuando la prestación del mencionado servicio público está sujeta a una contraprestación, consistente en el pago de una cantidad de dinero proporcional al servicio recibido, cuando aquél no se cubre, dará lugar a que el prestador del mismo ejerza la facultad legal de suspenderlo, acto que, al ser consecuencia del incumplimiento, no exige que deba cumplirse con la garantía de legalidad a que se refiere el artículo 16 de la propia Constitución Federal, pues la suspensión del servicio no es un acto de autoridad que deba estar fundado y motivado, sino que resulta del ejercicio de una facultad que se ejerce cuando se surte el incumplimiento del contrato. En estas condiciones, resulta inconcuso que el ejercicio de la facultad del prestador de servicios para suspender el suministro de agua potable a los usuarios, previo apercibimiento en los casos de falta de pago, o cuando se comprueben derivaciones no autorizadas o un uso distinto al convenido, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, no implica que se prive al usuario de la vida, de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, pues lo que acontece es una consecuencia lógica y jurídica del incumplimiento de un contrato de suministro de agua; de ahí que el prestador del servicio no tenga que acudir a los tribunales para exigir el cumplimiento del contrato, ya que, por regla general, en este tipo de relaciones jurídicas de adhesión se establece que si no se cubre el pago por el servicio, éste se suspenderá, previa oportunidad de cumplimiento de pago por el usuario, cuando se le aperciba de que se encuentra en los casos de suspensión. Además, si bien la falta de pago o la desviación, o uso indebido del agua, traen como consecuencia la suspensión del servicio, ello no se puede equiparar a la hipótesis de hacerse justicia por propia mano o de ejercer violencia para reclamar un derecho, prohibida en el numeral 17 de la Carta Magna, toda vez que dicha suspensión deriva del incumplimiento del contrato de suministro y adhesión y encuentra su fundamento en la ley relativa a la que esté sujeto.’

"Luego, si el único acto cuya existencia se estimó acreditada en el juicio es, precisamente, la orden de pago de un supuesto adeudo de ********** pesos, moneda nacional, materializada con la emisión del recibo expedido la autoridad responsable denominada Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Disposición de Aguas Residuales, con residencia en esta ciudad, es conclusión obligada determinar actualizada la causa de improcedencia invocada a inicios de este considerando, atinentes a que no se puede considerar como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos de la fracción II, artículo 5o. de la ley de la materia, pues la relación que existe entre el gobernado y dicho organismo es de coordinación y no de supra a subordinación, requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, tal como se estableció en la jurisprudencia transcrita.

"Lo anterior se ve corroborado por el hecho de que en el caso a estudio, no se reclamó un acto que constituya un crédito fiscal, en el cual, la autoridad referida sí podría tener el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo.

"En efecto, del contenido de los artículos 75 B, fracción VI, y 169, ambos de la Ley de Agua de Sonora, se advierte que los organismos operadores tienen la facultad de determinar créditos fiscales y exigir su cobro, inclusive por la vía económico-coactiva, tal como se advierte de su contenido:

"‘Artículo 75. Los organismos operadores municipales, para la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, tendrán las atribuciones siguientes:

"‘...

"‘B. En materia comercial:

"‘...

"‘VI. Determinar créditos fiscales, recargos y demás accesorios legales en términos de la legislación aplicable y exigir su cobro, inclusive por la vía económico-coactiva, de conformidad con lo dispuesto por esta ley.’

"‘Artículo 169. Los adeudos a cargo de los usuarios y a favor de los organismos operadores o, en su defecto, al prestador del servicio, exclusivamente para efectos de cobro, conforme a la presente ley, tendrán el carácter de créditos fiscales, para cuya recuperación la autoridad responsable solicitará en los términos de ley, a las autoridades correspondientes, el ejercicio del procedimiento económico-coactivo señalado en el Código Fiscal aplicable al caso.’

"De dichos preceptos se desprende que para que un acto administrativo tenga la naturaleza de crédito fiscal, es necesario que en el acto reclamado se establezca un adeudo en cantidad líquida que derive de un procedimiento fiscalizador instaurado por una autoridad, que se determine la existencia de una obligación fiscal y se establezca un plazo perentorio para que el actor cubra dicho adeudo con el apercibimiento que de no hacerlo se hará efectivo a través del procedimiento administrativo de ejecución.

"En el caso a estudio, como ya se dijo, se aprecia que el recibo de pago reclamado no constituye un crédito fiscal, en virtud de que, si bien contiene una cantidad total a pagar y también establece fecha de vencimiento y consumo en metro cúbico, lo cierto es que ello no lo convierte en una resolución determinante de un crédito fiscal, ya que no se trata de un acto administrativo que establezca un adeudo en cantidad líquida que derive de un procedimiento fiscalizador instaurado por una autoridad, no se determina la existencia de una obligación fiscal ni se establece un plazo perentorio para cubrir dicho adeudo con apercibimiento que de no hacerlo se hará efectivo a través del procedimiento administrativo de ejecución.

"Motivos por los que, como ya se dijo, en el caso a estudio, no se trata de un acto de autoridad.

"Lo expuesto impone determinar que en la materia de la revisión, se revoque la sentencia impugnada y se sobresea en el juicio respecto del acto consistente en la orden de pago de un supuesto adeudo de ********** pesos, moneda nacional, materializada con la emisión del recibo expedido por la autoridad responsable denominada Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Disposición de Aguas Residuales, con residencia en esta ciudad.

"No obsta a lo anterior, que la actual ley de la materia prevea ahora la posibilidad de promover el amparo contra particulares, pues en el caso lo que hace improcedente el juicio, es el tipo de relación que guarda con la parte quejosa, la cual, como se ha dicho con toda amplitud, se da en un plano de igualdad a un nivel de coordinación.

"Resta señalar que aun cuando en esta ejecutoria se determinó la actualización de una causa de improcedencia, ello fue en atención a que la inconforme planteó su existencia en agravios, lo cual implica que no se está en el supuesto previsto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, que establece la obligación de dar vista al quejoso con el proyecto, para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga, pues ello ocurre cuando la causa de improcedencia sea advertida de oficio, lo que, se reitera, no aconteció en la especie."

Las consideraciones textuales de la diversa ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, en materia administrativa, son:

"SEXTO.-Estudio. Son parcialmente fundados los agravios.

"El quejoso aduce que le causa agravio el considerando cuarto, al violarse por inexacta aplicación el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 5o., fracción II, así como el numeral 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo.

"Señala que para tratar de sustentar la resolución combatida, el Juez de Distrito invocó diversas disposiciones de la Ley de Agua del Estado de Sonora, pero que la responsable nunca fundamentó los actos reclamados en el precitado ordenamiento y, por ende, el ahora inconforme no tuvo oportunidad de defenderse en contra del mismo.

"Aduce que dicho acto era desconocido, y toda vez que desea combatir la constitucionalidad de la Ley de Agua del Estado de Sonora, solicita que, en ejercicio de las atribuciones que el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo confiere a este tribunal, ordene la reposición del procedimiento, a fin de que el recurrente esté en condiciones de señalar como reclamado dicho cuerpo normativo, ya que ni siquiera la nueva Ley de Amparo prevé la posibilidad de suplir la deficiencia de los informes justificados, a no ser que la jurisprudencia así lo haya definido.

"También reclama que la sentencia combatida viola el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que no señala cuál es el fundamento legal en el que se apoya, para citar una ley que la responsable nunca dijo que le sirviera de apoyo para emitir el acto reclamado.

"Asimismo, señala que para decretar el sobreseimiento en el juicio, se adujo que el emisor de los actos reclamados, Organismo Operador Municipal Agua de Hermosillo, no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, invocándose lo establecido en la acción de inconstitucionalidad 9/2000, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 92/2001, en el sentido de que la prestación del servicio de agua potable se lleva a cabo mediante la celebración de un contrato administrativo de suministro y de adhesión entre los particulares y un organismo público centralizado, y que la relación jurídica entre éstos, era de coordinación voluntaria y de correspondencia entre el prestador del servicio del vital líquido y el particular.

"Afirma que no es verídico que la relación jurídica entre el quejoso y el citado organismo sea de coordinación voluntaria, ya que el particular se somete a las condiciones que fija el prestador del servicio que pretendidamente derivan de la ley, sin posibilidad de negociación, aspecto éste que no es característico de los contratos entre particulares en un plano de igualdad, de manera que en el caso concreto, el contrato correspondiente no emerge de un plano de igualdad, máxime si se considera que el referido organismo operador es el único que presta el servicio de agua potable y alcantarillado y, por tanto, el usuario debe someterse por completo a las disposiciones que dicten las autoridades en los contratos, pues de lo contrario, no podría obtener el aludido servicio público que obviamente es de primera necesidad.

"Aduce que suponiendo que se tratara de un contrato administrativo de adhesión el que se celebra entre los particulares y el Organismo Operador Municipal

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26965-0c5581e0/organismo-operador-municipal-denominado-agua-de-hermosillo-tiene · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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