I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL DECRETO APROBADO POR LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE VERACRUZ EN EL QUE SE DETERMINAN LOS LÍMITES TERRITORIALES DE LOS MUNICIPIOS DE CHINAMECA Y OTEAPAN, EN TANTO CREA UNA SITUACIÓN JURÍDICA PARTICULAR Y CONCRETA, TIENE LA NATURALEZA DE ACTO PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA IMPUGNARLO EN AQUELLA VÍA (DECRETO NÚMERO 600 DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2015, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO LOCAL EL 1 DE ENERO DE 2016). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN ACATAMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN EL ASPECTO EN QUE SE DEVOLVIÓ PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD DEMANDADA (DECRETO NÚMERO 600 DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2015, EN EL QUE SE DETERMINAN LOS LÍMITES TERRITORIALES DE LOS MUNICIPIOS DE CHINAMECA Y OTEAPAN, ESTADO DE VERACRUZ, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO LOCAL EL 1 DE ENERO DE 2016). III. CONFLICTO DE LÍMITES TERRITORIALES. EL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ AL FIJAR NUEVOS LÍMITES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CHINAMECA Y OTEAPAN, DEBE CUMPLIR CON LOS DERECHOS DE CORRECTA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, AUDIENCIA, DEBIDO PROCESO Y CERTEZA JURÍDICA (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 600 DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2015, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO LOCAL EL 1 DE ENERO DE 2016).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 11/2016. MUNICIPIO DE CHINAMECA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 16 DE NOVIEMBRE DE 2016. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Presentación de la demanda. Mediante oficio recibido el veintinueve de enero de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Marcos Morales Patraca, ostentándose como síndico único municipal y apoderado legal del Municipio de Chinameca, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, promovió controversia constitucional, en la que demandó la invalidez del acto que más adelante se precisa, emitido por las autoridades que a continuación se señalan:(1)
Autoridades demandadas:
• El Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de dicho Estado.
• El Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, representado por el gobernador constitucional.
• El presidente de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
• El presidente de la Comisión Permanente de Límites Territoriales Intermunicipales de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
• El procurador general de la República.
Acto cuya invalidez se demanda: El Decreto 600, de seis de noviembre de dos mil quince, publicado el primero de enero de dos mil dieciséis, bajo el número Ext. 002, tomo CXCIII, folio 002, de la Gaceta Oficial del Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
SEGUNDO.-Antecedentes. De los antecedentes del caso narrados en la demanda se desprende, en síntesis, lo siguiente:
El dieciocho de mayo de dos mil cuatro ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el síndico del Municipio de Oteapan, Veracruz, promovió controversia constitucional número 60/2004, solicitando la invalidez del Decreto 537, en el que se establecían los límites entre el Municipio actor y Oteapan. Seguido el procedimiento, de trámite, el diez de noviembre de dos mil cuatro, la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó sobreseer en la controversia constitucional, al razonar que la demanda fue notoriamente extemporánea.
Posteriormente, el dieciocho de febrero de dos mil diez, el Municipio de Chinameca promovió controversia constitucional número 11/2010, ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que solicitó la invalidez del Decreto 591 -que establecía los límites entre el Municipio de Oteapan y Chinameca-, dicha controversia fue resuelta por la Primera Sala de este Alto Tribunal el veintinueve de septiembre de dos mil diez, en la que se declaró la invalidez del decreto por advertirse que se afectó durante la elaboración del mismo, la garantía de audiencia del Municipio actor.
En sesión extraordinaria celebrada el ocho de octubre de dos mil trece, la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado aprobó el Decreto 878. El mismo nuevamente fue objeto de impugnación a través de la controversia constitucional número 109/2013, ante este Alto Tribunal. El veintiuno de enero de dos mil quince, se resolvió declarar la invalidez del Decreto 878, al observarse que no se cumplieron las formalidades del procedimiento legislativo, por lo que se ordenó al Poder Legislativo del Estado de Veracruz reponer el procedimiento legislativo relativo a la fijación de los límites territoriales de dichos Municipios. Ello, para el efecto de que se sometiera nuevamente a la aprobación del Pleno el dictamen con proyecto de decreto de cuatro de octubre de dos mil trece, emitido por la Comisión Permanente de Límites Territoriales Intermunicipales, u otro que, en su caso, se ordenará elaborar, a fin de que, con plenitud de jurisdicción, emitiera la resolución que pone fin al procedimiento respectivo.
En tal virtud, la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en cumplimiento a lo resuelto en la controversia constitucional 109/2013, emitió el Decreto 600, de seis de noviembre de dos mil quince, publicado el primero de enero de dos mil dieciséis, en el que se fijaron los límites territoriales de los Municipios de Oteapan y Chinameca, dicho decreto se impugna en la presente controversia constitucional.
TERCERO.-Conceptos de invalidez. De la lectura integral de la demanda se desprende que el Municipio actor hizo valer, tanto en el apartado relativo a los antecedentes del caso, como en el referente a los conceptos de invalidez, esencialmente, los siguientes argumentos:
1. Mediante Decreto 591, emitido y aprobado por la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz (que abrogó el Decreto 537), se señaló que el predio controvertido era parte integrante de la ampliación del ejido de Oteapan.
2. No conforme con lo anterior, el dieciocho de febrero de dos mil diez, el Municipio de Chinameca promovió controversia constitucional ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que le correspondió el número 11/2010, en la que solicitó la invalidez del Decreto 591. Dicha controversia fue resuelta por la Primera Sala de este Alto Tribunal el veintinueve de septiembre de dos mil diez, en el que declaró la invalidez del citado decreto.
3. No obstante, es necesario señalar que, previamente, se había promovido juicio de amparo en contra del Decreto 537. El mismo fue resuelto por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, el veintidós de mayo siguiente, en el sentido de negar y sobreseer en el juicio de garantías. En revisión se confirmó la sentencia recurrida al estimarse improcedente. No conforme, el dieciocho de mayo de dos mil cuatro, el Municipio de Oteapan promovió controversia constitucional ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que le correspondió el número 60/2004, en la que solicitó la invalidez del Decreto 537, la misma fue sobreseída. Consecuentemente, el Municipio de Chinameca promovió controversia constitucional 11/2010, solicitando la invalidez del Decreto 591, al estimarse que se violaron en su perjuicio diversos principios constitucionales, entre los que señaló, se violentó su garantía de audiencia al no ser notificado.
4. Se argumentó que el Decreto 591 carece de diversos comentarios emanados de la doctrina constitucional del doctor en derecho Ignacio Burgoa. Comentarios que, a juicio del Municipio de Chinameca, son aplicables al presente asunto.
5. Se advirtió que el veintinueve de septiembre de dos mil diez, esta Primera Sala resolvió la controversia constitucional 11/2010, declarando la invalidez del Decreto 591 impugnado. En dicha sentencia se requirió al Congreso Estatal actuar de conformidad con los lineamientos fijados en el considerando séptimo del referido fallo.(2) El nueve de julio de dos mil trece, el Poder Legislativo del Estado de Veracruz emitió un dictamen con proyecto de decreto en el que, con base en las constancias que integran el expediente CPLI/01/2011, sustanciado para dirimir el conflicto limítrofe, se proponía: "i) el límite territorial del Municipio de Oteapan; y, ii) que las comunidades que se encuentran fuera del polígono descrito en el referido dictamen y cuyos antecedentes corresponden al predio de Tonalapan, pertenecen al Municipio de Chinameca, lo que éste considera fue favorable a sus intereses.". Dicho dictamen fue puesto a consideración del Pleno del Congreso Estatal para su aprobación. Sin embargo, en la sesión extraordinaria celebrada el dieciséis de julio de dos mil trece, el Pleno del Congreso del Estado tuvo por no aprobado el dictamen, lo que, a juicio del Municipio actor, fue un acto que no fue fundado ni motivado y restándole la importancia que merecía el problema del conflicto territorial. Dicha conducta violó las garantías de audiencia, de legalidad, de seguridad jurídica la exacta aplicación de la ley, así como el debido proceso, que previenen los artículos 14, 16 y 115 constitucionales.
El mencionado dictamen con proyecto de decreto fue enviado a este Alto Tribunal por el Congreso Estatal, informando el cumplimiento dado a la sentencia dictada en la controversia constitucional 11/2010. Asimismo, se informó de la decisión de no aprobarlo y de dejar las cosas en el estado en que se encontraban, es decir, sin resolver en definitiva los límites territoriales.
En virtud de lo anterior, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación dio vista al Municipio de Chinameca, Veracruz, para que manifestara lo que a sus intereses conviniera, en relación con el cumplimiento dado a la sentencia, por lo que -al desahogar la vista- el citado Municipio solicitó a este Alto Tribunal que requiriera al Congreso Estatal para que diera cumplimiento a la sentencia y fijara en definitiva los límites territoriales de los Municipios de Chinameca y Oteapan.
Continúa diciendo el Municipio actor que, en virtud de que este Alto Tribunal requirió al Congreso Local dar cumplimiento a la referida sentencia, el cuatro de octubre de dos mil trece, la Comisión Permanente de Límites Territoriales Intermunicipales de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, en su sesión permanente, emitió tres dictámenes con proyecto de decreto, los cuales puso a consideración del Congreso Local, para resolver en definitiva los límites territoriales entre los Municipios de Chinameca y Oteapan. Sin embargo, el proyecto de dictamen de dieciséis de julio de dos mil trece, fue calificado por el actor como ilegal, porque a su juicio, no tomó en cuenta el procedimiento realizado por la Comisión Permanente de Límites Territoriales Intermunicipales, que obra en el expediente CPLI/01/2011, que fue regulado por el Decreto 279, para dirimir dichos conflictos, por el contrario tomó en cuenta otros elementos como la diligencia de inspección del Decreto 591, de diecisiete de diciembre del año dos mil nueve que, de acuerdo con el actor, nada tiene que ver en el caso que nos ocupa, si se toma en consideración que desde su punto de vista es letra muerta, jurídicamente hablando, en virtud de que el decreto de marras se encuentra invalidado en la controversia constitucional 11/2010.
6. Se afirmó que el Decreto 878, fue impugnado a través de la controversia constitucional 109/2013, ante este Alto Tribunal. El veintiuno de enero de dos mil quince se resolvió de fondo y forma declarar la invalidez del Decreto 878, de ocho de octubre de dos mil trece, emitido por el Congreso del Estado de Veracruz, tomando en cuenta su publicación en la Gaceta Legislativa se realizó el mismo día en que se celebró la sesión. Es decir, en la que se aprobó la primera alternativa de propuesta en el dictamen con proyecto de decreto, emitido por la Comisión Permanente de Límites Territoriales Intermunicipales -lo que genera incertidumbre respecto a si la voluntad de los legisladores expresada en la votación se vio influenciada por dicha circunstancia-, así como la trascendencia de la decisión que debe adoptar para resolver en definitiva el conflicto limítrofe entre los Municipios de Oteapan y Chinameca, se ordenó al Poder Legislativo del Estado de Veracruz reponer el procedimiento legislativo relativo a la fijación de los límites territoriales de dichos Municipios, para el efecto de que sometiera nuevamente a la aprobación del Pleno el dictamen con proyecto de decreto de cuatro de octubre de dos mil trece, emitido por la Comisión Permanente de Límites Territoriales Intermunicipales, u otro que, en su caso, se ordenara elaborar, a fin de que, con plenitud de jurisdicción, emitiera la resolución que pone fin al procedimiento respectivo.
7. Para dirimir el conflicto territorial entre los Municipios de Chinameca y Oteapan, Veracruz, el trece y catorce de marzo de dos mil trece, se desahogó la prueba de inspección ocular, a través del cual, se procedió al caminamiento y reconocimiento de las medidas y colindancias del predio controvertido.
8. Se subrayó que del desahogo de las pruebas realizadas el trece y catorce de marzo del año dos mil trece, la LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz, se transgredió la garantía de audiencia, de legalidad, de seguridad jurídica, de exacta aplicación de la ley, así como las violaciones al debido proceso, dado que las mismas fueron erróneamente tomadas en cuenta para elaborar tres alternativas de dictámenes.
9. Se señaló que la LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz, conoció del procedimiento sobre el problema de límites territoriales de los Municipios de Chinameca y Oteapan, y sin el menor respeto a su investidura, como legisladores del Estado de Veracruz, y sin el debido conocimiento de los límites territoriales de Chinameca y Oteapan, aprobaron un dictamen que se aduce es ilegal y que violenta la garantía de audiencia, de legalidad, de seguridad jurídica y la exacta aplicación de la ley.
10. Se afirmó que la LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz, en la primera sesión ordinaria de seis de noviembre de dos mil quince, emitió el Decreto 600, donde se señaló que de forma irresponsable y fraudulenta se fijaron los límites territoriales de ambos Municipios, violentando el Decreto 279, que fue creado para dirimir, precisamente, dicho conflicto territorial, toda vez que repitieron los vértices y coordenadas señaladas en la diligencia de inspección, que fueron tomadas del Decreto 591, que corresponde a la dotación ejidal, que le fue otorgada al Municipio de Oteapan, Veracruz, para la ampliación de su ejido, que fue declarado inválido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
11. Se señaló que es lamentable que los legisladores del Congreso del Estado de Veracruz ignoraran que la dotación que le fue otorgada al Municipio de Oteapan para la ampliación de su ejido, aun cuando fueron tomadas de la hacienda Tonalapan, perteneciente a la propiedad de Chinameca, afectó parte del territorio del Municipio de dicha entidad municipal. Asimismo, se señaló que la cuestionada dotación de ninguna manera significa que esas tierras correspondan al Municipio de Oteapan, ya que es de explorado derecho que, tratándose de dotaciones ejidales están pueden afectar un territorio, no sólo de dos Municipios, sino de un Estado y otro, por consiguiente, dicha dotación, jamás pudo afectar la propiedad de un Municipio y mucho menos su límite territorial y la propiedad del Municipio de Oteapan. De igual modo, se manifestó que en el decreto cuestionado, no se tomó en cuenta que dicha dotación aunque afecte al Municipio de Chinameca, no podrían pasar a ser propiedad de Oteapan, dado que de ninguna manera las tierras ejidales le fueron dotadas al Municipio de Oteapan, toda vez que jamás crearon un núcleo de población, porque las tierras le fueron otorgadas con el objeto de servir para cultivo del campo, por lo que si la pretensión del legislador fue la de establecer un núcleo de población debió hacer la solicitud correspondiente.
12. Se afirmó que el legislador, a través del cuestionado decreto, determinó de forma ilegal despojar al Municipio de Chinameca de su territorio violentando sus garantías de audiencia y de legalidad. Del mismo modo, se señaló que se violó flagrantemente el procedimiento del Decreto 279, que fue creado para dirimir el conflicto de los límites territoriales de los Municipios de Oteapan y Chinameca, en virtud de que se ignora y se pasa por alto todo lo actuado en el expediente CPLI/01/2011, y en especial la diligencia de inspección.
13. Se señaló que el Decreto 600, de seis de noviembre del año dos mil quince, no fue fundado y motivado por la Comisión Permanente de Límites Territoriales Intermunicipales de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, y mucho menos estudiado, siendo una pena que aprueben un dictamen de proyecto sin conocimiento de la causa, que generó la emisión de dicho decreto, toda vez que dichos legisladores desconocen completamente el problema limítrofe entre los Municipios de Oteapan y Chinameca.
14. Se argumentó que la actitud de los diputados pone en peligro la estabilidad social del Municipio de Chinameca, Veracruz, no sólo en el ámbito gubernamental, sino en las finanzas de dicho Municipio, así como de los actos de gobierno, y en todos los ámbitos del desarrollo de la vida cotidiana de los habitantes de Chinameca, Veracruz, llegándose a estimar que ello podía detonar conflictos sociales que podrían poner en peligro la tranquilidad de Chinameca, Veracruz, por haber tomado una decisión irresponsable.
15. Se argumentó que el Decreto 600, cuya invalidez se demanda, no fue motivado, fundado o estudiado debidamente, sino que irresponsablemente transcriben el Decreto 591, que fue invalidado, por este Alto Tribunal en la controversia constitucional 11/2010. Por tanto, dicho órgano legislativo jamás respetó sustantivamente el derecho de Chinameca, Veracruz, a defenderse ni tampoco le dio ninguna posibilidad de intervenir en forma activa dentro del procedimiento, por lo que tales señalamientos soportaron la decisión en la que se decretó la invalidez del Decreto 591, del que nació el Decreto 600, de seis de noviembre de dos mil quince. Con todo lo anterior, se aduce, se violentaron las garantías de audiencia, de legalidad, de seguridad jurídica, de exacta aplicación de la ley, así como la violación al debido proceso, consagradas en los artículos 14, 16 y 115 de la Norma Fundamental.
Asimismo, se afirmó afectación a diversos preceptos constitucionales, por las siguientes consideraciones:
A) Se aduce que se violenta el artículo 14 constitucional, por los siguientes argumentos jurídicos:
I. No se respetó la garantía de previa audiencia, como principio rector del derecho de defensa del gobernado, en la emisión del decreto. Se aduce violación a las formalidades esenciales del procedimiento al afirmarse que el Congreso del Estado de Veracruz, en la exposición y análisis del Decreto 600, de seis de noviembre de dos mil quince, no sólo fue omiso en guardar el Pacto Federal, sino que es tendencioso, poco profesional y agresivo a la garantía constitucional del debido proceso, al dejar ver un beneficio en favor del Municipio de Oteapan con serio agravio y menoscabo del patrimonio territorial de Chinameca.
II. Se cuestiona la emisión y votación del Decreto 600, al no respetarse las formalidades esenciales del procedimiento y dado que se emitió el dictamen sin haber llamado al Municipio de Chinameca.
III. Se afirma que el citado decreto agravia al Municipio de Chinameca, Veracruz, dado que se fundamenta en pruebas documentales, utilizadas y conceptuadas exprofeso, donde les concedió pleno valor, sin tomar en cuenta que son documentos que fueron invalidados en el Decreto 591, y además de ser documentos que acreditan la afectación ejidal los cuales no son susceptibles de modificar el territorio de la entidad municipal de Chinameca.
IV. Se señala que el Municipio de Oteapan, Veracruz, únicamente es legítima propietaria de 463 hectáreas que acreditó, a través de la escritura pública número 91, de veintinueve de julio del año mil ochocientos noventa, terrenos que fueron desincorporados del predio Tonalapan del Municipio de Chinameca, Veracruz, y que quedó debidamente probado, con la inspección ocular, reconocimiento o caminamiento, realizado por la Dirección Jurídica del Congreso del Estado de Veracruz, así como personal de INEGI y los Municipios involucrados, los días trece y catorce de marzo de dos mil trece.
V. Se aprobó un decreto sin fundamentación y motivación, por lo que con su actitud detonó con toda claridad la premura y rapidez con que actuaron dichos legisladores para aprobar el Decreto 600, que hoy se reclama su invalidez. El Congreso Local trató de darle una formalidad legal a un acto que se encuentra invalidado, precisamente, por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la controversia constitucional número 11/2010. Asimismo, se afirmó que se emitió un decreto violatorio de la garantía de audiencia, afectando parte del territorio del Municipio de Chinameca y, contrario a derecho, no se da cumplimiento a la sentencia emitida en la controversia constitucional número 109/2013, tal como fue ordenada en los puntos resolutivos de la misma. Por el contrario, hace efectivo el Decreto 591, que fue totalmente invalidado -de fondo y forma-, estableciendo los vértices y coordenadas que ya fueron tomadas de la inspección o caminamiento del propio Decreto 591.
B) El Decreto 600 vulnera el artículo 16 constitucional, al emitirse el Decreto 600, de seis de noviembre de dos mil quince, pues la garantía de legalidad, a que este precepto se refiere, condiciona a que todo acto de molestia debe estar debidamente fundado y motivado, es decir, con la existencia de una norma legal, que atribuya a favor de la autoridad, de manera nítida, la facultad para actuar en determinado sentido y, asimismo, mediante el despliegue de la actuación de esa misma autoridad, en la forma precisa y exacta, en lo que disponga la ley acciones que no se aprecian en el citado dictamen.
C) Se violentó el artículo 115 de la Carta Magna, vinculado con el artículo 68 de la Constitución Local del Estado de Veracruz, que se traduce en un ataque de dichas instituciones fundamentales del federalismo, dado que al ser violentadas las garantías de audiencia, legalidad, seguridad jurídica, la exacta aplicación de la ley, por violaciones al debido proceso, de manera flagrante, con la emisión del acto de autoridad.
CUARTO.-Artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señalados como violados. Los artículos 14, 16, 27 y 115.
QUINTO.-Trámite de la controversia. Por acuerdo de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 11/2016.
Asimismo, ordenó turnar el expediente al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, como instructor del procedimiento, de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.
SEXTO.-Admisión de la demanda. Por acuerdo de dos de febrero de dos mil dieciséis,(3) en su calidad de Ministro instructor, admitió a trámite la demanda y ordenó emplazar a las autoridades demandadas, reconociendo como tales a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que formularan su respectiva contestación. Asimismo, no tuvo como autoridades demandadas al presidente de la mesa directiva y de la Comisión Permanente de Límites Territoriales Intermunicipales, ni a la procuradora general de la República, dado que los primeros son órganos internos o subordinados al propio Congreso del Estado; y la segunda es parte autónoma en la controversia constitucional. Asimismo, se tuvo como tercero interesado al Municipio de Oteapan, Veracruz.
Por otra parte, ordenó emplazar a los Poderes Legislativo y Ejecutivo Locales para que presenten su contestación dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación. De igual forma, se requirió a las referidas autoridades para que, al momento de realizar su contestación, envíen a este Alto Tribunal copia certificada de todas las documentales relacionadas con los antecedentes del decreto legislativo impugnado, y que incluya las documentales que menciona el Municipio actor en su demanda y que le fueron solicitadas.
Finalmente, en el referido auto, el Ministro instructor mandó dar vista al Municipio de Oteapan, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, a la procuradora general de la República, para que expresara lo que a su representación correspondiera, ordenando, además, requerir al Poder Legislativo demandado, para que al rendir su contestación, enviara a este Alto Tribunal copias certificadas de los antecedentes del proceso legislativo impugnado, incluyendo todos los documentos que menciona el promovente en su demanda.
SÉPTIMO.-Contestación de la demanda por parte del Poder Legislativo. En síntesis, manifestó lo siguiente:(4)
7.1. Causal de sobreseimiento
Derivado de la demanda planteada por el Municipio de Chinameca, Veracruz, se actualizan los extremos del artículo 19, fracción IV, de la Ley Reglamentaria del Artículo 105, Fracciones I y II, que a la letra dice: "IV. Contra normas generales o actos que hubieren sido materia de una ejecutoria dictada en otra controversia, o cuando las resoluciones dictadas con motivo de su ejecución, siempre que exista identidad de partes, normas generales o actos y conceptos de invalidez, en los casos a que se refiere el artículo 105, fracción I, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ..."
Se precisa que se actualiza la causal de sobreseimiento que señala: a) contra normas o actos materia de una ejecutoria dictada en otra controversia constitucional, dicha situación se subsume en el asunto que nos ocupa, pues no debe pasar inadvertido para esta Suprema Corte que el acto o norma que impugna Chinameca, es el Decreto 600, de seis de noviembre de dos mil quince, emitido por la LXIII Legislatura; sin embargo, dicho decreto fue votado y aprobado para dar cumplimiento a la resolución de veintiuno de enero de dos mil quince, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro del juicio de controversia constitucional número 109/2013 de su propio índice.
Por lo que hace al segundo elemento de la causal de improcedencia hecha valer, se señaló que el inciso b), relativo a la identidad de las partes, en la presente controversia es igual a la diversa 109/2013. En concreto, la parte demandada es el Municipio de Chinameca, Veracruz, y dicha demanda está entablada en contra del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, el Poder Ejecutivo, presidente de la Comisión Permanente y el procurador general de la República, y con el carácter de tercero interesado, el Municipio de Oteapan, Veracruz; del mismo modo, se puede observar que en la demanda de controversia constitucional que dio origen al presente juicio, las partes actoras, demandadas e interesadas son las mismas, en este contexto existe identidad de las partes.
Respecto al tercero de los elementos relativos al inciso c), identidad de normas generales o actos, si bien dentro de la controversia constitucional 109/2013, y dentro de la presente se impugnan diversos decretos, esto es, en la primera, se impugna el Decreto 878, de ocho de octubre de dos mil trece; y en la presente, el Decreto 600, de seis de noviembre de dos mil quince, como se puede apreciar, ambos decretos resuelven mediante los mismos vértices el conflicto de límites territoriales entre Oteapan y Chinameca, Veracruz, atendiendo a la libertad de jurisdicción que en todo momento esta Suprema Corte ha otorgado a esta entidad legislativa; en ese sentido, los dos decretos resuelven la misma situación, establecen los mismos límites territoriales atendiendo a las resoluciones que dotan a esta entidad de libertad de jurisdicción.
Por cuanto hace al último de los elementos relativos al inciso d), identidad de conceptos de invalidez, tal como se puede observar el Municipio de Chinameca, Veracruz, el veinte de noviembre de dos mil trece, y la que hizo valer el veintinueve de enero de dos mil dieciséis, existe identidad en los conceptos de invalidez que hace valer el Municipio de Chinameca, Veracruz, en contra del Decreto 878, y en contra del Decreto 600. En dichas demandas de amparo, el primer concepto de invalidez que hace valer el Municipio de Chinameca, en ese proceso de controversia constitucional, es idéntico a aquel que se expresa en la demanda de veinte de noviembre de dos mil trece, pues en los mismos se plantea la violación al artículo 14 constitucional federal. En el segundo concepto de invalidez que hace valer el Municipio actor, de igual forma ya fue analizado en la controversia constitucional 109/2013, pues, como se puede advertir, hay identidad del artículo constitucional que refiere el Municipio que se agravia en su perjuicio, e incluso existe identidad en el texto planteado por el Municipio quejoso. Respecto al tercer concepto de violación, en el mismo se repite la causa de pedir, incluso existe identidad de las jurisprudencias abordadas por el Municipio de Chinameca, Veracruz, en ese contexto se han acreditado todos y cada uno de los extremos del artículo 20, fracción II, en relación con el diverso 19, fracción IV, de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional, Fracciones I y II, razón por la cual, al momento de resolver el presente juicio de controversia constitucional debe ser sobreseído.
7.2. Contestación a los hechos
Por lo anterior ad cautelam, se dio contestación a los hechos en que el Municipio demandante funda la controversia constitucional. En síntesis, se señaló lo siguiente:
1. En cuanto al primer hecho se afirmó que es cierto, dado que el Congreso emitió los decretos que cita el actor; sin embargo, se señaló que es falso que se hayan violado las garantías procesales del Ayuntamiento.
2. Sobre el segundo hecho, se dijo que no se afirma ni se niega, por no ser hecho propio de la Legislatura, toda vez que no fue quien impuso los juicios de garantías y la controversia constitucional, que menciona la parte actora. Por tanto, se dejó la carga de la prueba a la parte actora, pues lo único que sí emitió, fue el Decreto 537 aludido.
3. En cuanto al tercer hecho, se negó y se añadió que la Legislatura emit
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27037-4065824d/i-controversia-constitucional-el-decreto-aprobado-por-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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