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DECRETO QUE COMPILA DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES Y ESTABLECE MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013. SU ARTÍCULO 3.3 ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA IGUALDAD. DIGNIDAD HUMANA. LAS PERSONAS MORALES NO GOZAN DE ESE DERECHO. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS SOBRE BEBIDAS SABORIZADAS CON AZÚCAR AGREGADA. EL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTÁ FACULTADO PARA ESTABLECERLO. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS SOBRE BEBIDAS SABORIZADAS CON AZÚCAR AGREGADA. ES ACORDE CON LOS DERECHOS DE LIBRE COMPETENCIA Y CONCURRENCIA. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS SOBRE BEBIDAS SABORIZADAS CON AZÚCAR AGREGADA. ES COMPATIBLE CON EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS SOBRE BEBIDAS SABORIZADAS CON AZÚCAR AGREGADA. ES COMPATIBLE CON LOS DERECHOS DE LIBRE ELECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y A LA ALIMENTACIÓN. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS SOBRE BEBIDAS SABORIZADAS CON AZÚCAR AGREGADA. SU FIN EXTRAFISCAL CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD DE LA MEDIDA IMPOSITIVA. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS SOBRE BEBIDAS SABORIZADAS CON AZÚCAR AGREGADA Y DE ALIMENTOS CON ALTA DENSIDAD CALÓRICA. SU ACREDITAMIENTO A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL ARTÍCULO 2o., FRACCIÓN I, INCISO G), DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014. SU REGLA I.5.1.6 ES ACORDE CON LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY, SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA, LEGALIDAD TRIBUTARIA Y SEGURIDAD JURÍDICA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1040/2015. · Registro digital (IUS): 27173
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-06-16
Promovente: YOLI DE ACAPULCO, S.A. DE C.V.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, Pág. 626.

DECRETO QUE COMPILA DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES Y ESTABLECE MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013. SU ARTÍCULO 3.3 ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA IGUALDAD.

DIGNIDAD HUMANA. LAS PERSONAS MORALES NO GOZAN DE ESE DERECHO.

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS SOBRE BEBIDAS SABORIZADAS CON AZÚCAR AGREGADA. EL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTÁ FACULTADO PARA ESTABLECERLO.

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS SOBRE BEBIDAS SABORIZADAS CON AZÚCAR AGREGADA. ES ACORDE CON LOS DERECHOS DE LIBRE COMPETENCIA Y CONCURRENCIA.

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS SOBRE BEBIDAS SABORIZADAS CON AZÚCAR AGREGADA. ES COMPATIBLE CON EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS SOBRE BEBIDAS SABORIZADAS CON AZÚCAR AGREGADA. ES COMPATIBLE CON LOS DERECHOS DE LIBRE ELECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y A LA ALIMENTACIÓN.

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS SOBRE BEBIDAS SABORIZADAS CON AZÚCAR AGREGADA. SU FIN EXTRAFISCAL CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD DE LA MEDIDA IMPOSITIVA.

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS SOBRE BEBIDAS SABORIZADAS CON AZÚCAR AGREGADA Y DE ALIMENTOS CON ALTA DENSIDAD CALÓRICA. SU ACREDITAMIENTO A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL ARTÍCULO 2o., FRACCIÓN I, INCISO G), DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.

RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014. SU REGLA I.5.1.6 ES ACORDE CON LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY, SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA, LEGALIDAD TRIBUTARIA Y SEGURIDAD JURÍDICA.

AMPARO EN REVISIÓN 1040/2015. YOLI DE ACAPULCO, S.A. DE C.V. 22 DE FEBRERO DE 2017. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I.; VOTÓ EN CONTRA DE CONSIDERACIONES MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: OCTAVIO JOEL FLORES DÍAZ.

CONSIDERANDO:

25. PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver los recursos de revisión principal y adhesivos.(2)

26. SEGUNDO.-Oportunidad. En la especie no se verifica la oportunidad de los recursos, dado que el Tribunal Colegiado ya lo hizo.(3)

27. TERCERO.-Legitimación. El recurso de revisión principal fue hecho valer por parte legítima, pues se trata de José Ramón Orendain Urrutia, autorizado de la empresa Yoli de Acapulco, Sociedad Anónima de Capital Variable, personalidad que le fue reconocida en auto admisorio de la demanda de veinticuatro de enero de dos mil catorce, por el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.(4)

28. Por otra parte, la revisión adhesiva fue interpuesta por parte legítima a través de Jesús Manuel Esquivel Pérez, delegado de la autoridad responsable presidente de la República, personalidad que le fue reconocida mediante auto de veinticuatro de febrero de dos mil catorce.(5)

29. CUARTO.-Antecedentes. Para mejor desarrollo del asunto conviene citar los antecedentes principales, que son los siguientes:

30. a) Por escrito recibido el veintidós de enero de dos mil catorce en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, José Antonio López Flores, representante legal de Yoli de Acapulco, Sociedad Anónima de Capital Variable, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que han quedado precisados al inicio de la presente sentencia.

31. b) Mediante proveído de veinticuatro de enero de dos mil catorce, el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, a quien correspondió conocer del asunto, ordenó su registro con el número 55/2014, admitió a trámite la demanda, en acuerdo de dieciocho de marzo siguiente se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio por razón de territorio, puesto que el domicilio de la quejosa se encuentra en Acapulco, Guerrero, por lo que con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, ordenó remitir los autos al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esa ciudad de Acapulco de Juárez, en turno.

32. c) Con motivo de lo anterior, en acuerdo de cuatro de abril de dos mil catorce, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero aceptó la competencia declinada, registró el expediente con el número 386/2014, y el treinta y uno de octubre siguiente dictó sentencia, con los puntos resolutivos siguientes:

"PRIMERO.-Se sobresee en el presente juicio de amparo, en relación al artículo cuarto transitorio del decreto por el que se reforma la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de dos mil trece, por los motivos expuestos en el considerando sexto del presente fallo.

"SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Yoli de Acapulco, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de los actos reclamados a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión y al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en los artículos 2o., fracción I, inciso G); 3o., fracciones XVIII, XIX y XX; y 7o., además de los diversos 4o., 5o., 8o., fracción I, inciso f), 10, 11, 13, fracción VII, 14 y 19, fracciones I, II, VI, VIII, X, XI y XXIII, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, así como respecto del artículo 5 del Reglamento de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; y del artículo 3.3. del Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de diciembre de dos mil trece, de conformidad con lo expuesto en el último considerando de este fallo.

"Notifíquese; ..."

33. d) Inconforme con dicha sentencia, la empresa quejosa a través de su autorizado interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, el que por auto de presidencia de veintisiete de febrero de dos mil quince lo admitió a trámite y registró con el número RA. 61/2015.

34. e) Mediante proveído de veintitrés de marzo de dos mil quince, el tribunal del conocimiento tuvo a Jesús Manuel Esquivel Pérez, en su calidad de delegado del presidente de la República, interponiendo revisión adhesiva.

35. f) Mediante sentencia de veinte de agosto de dos mil quince, resolvió lo siguiente:

"PRIMERO.-Se modifica la sentencia recurrida.

"SEGUNDO.-Se deja a salvo la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del juicio de amparo indirecto 386/2014 del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, para lo que tenga a bien determinar en relación con los recursos de revisión materia del presente asunto, en cuanto al fondo de la inconstitucionalidad planteada.

"Notifíquese; ..."

36. El Tribunal Colegiado estimó modificar la sentencia recurrida, en el sentido de levantar el sobreseimiento decretado en relación con el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se reforma la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, e incluirlo nuevamente en la litis del asunto.

37. QUINTO.-Conceptos de violación

Primero

Fin extrafiscal

38. La empresa quejosa aduce violación a los artículos 1o., 25, 29 y 31 constitucionales; y 1, 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

39. Luego de transcribir y explicar esos artículos, señala que el Estado Mexicano incumplió con su obligación de respetar los derechos y libertades, al omitir adoptar las providencias a nivel interno por la vía legislativa para lograr que los gobernados gocen de los derechos económicos, sociales, educativos, científicos y culturales, dado que las disposiciones reclamadas no tiene justificación ni cumplen con el fin extrafiscal por el cual fueron creadas (combatir sobrepeso y obesidad).

40. Si la intención hubiera sido combatir el sobrepeso y la obesidad de la población mexicana, sería lógico pensar que todo lo recaudado con motivo de esta contribución sería para combatir esos padecimientos; sin embargo, ello no es así.

41. Se expone que se pretendió motivar la disposición reclamada señalando que ésta pretende lograr ciertos fines extrafiscales a partir de las consideraciones siguientes:

42. - La imposición de medidas que persigan fines extrafiscales a través de leyes de carácter tributario no pueden desconocer libertades y derechos fundamentales previstos en los artículos 1o. y 25 de la Carta Magna.

43. - La legitimación de un fin extrafiscal debe estar debidamente fundada, motivada y justificada.

44. - Que el fin extrafiscal no justifica violación alguna a los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

45. - Que la medida impuesta en las leyes reclamadas no es el medio idóneo para lograr el fin extrafiscal.

46. También aduce que de la iniciativa de reforma, el Ejecutivo señaló textualmente lo siguiente: "En el propio Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se señala que dado su papel como causa de enfermedad, la obesidad aumenta la demanda por servicios de salud y afecta el desarrollo económico y social de la población, de tal forma que de acuerdo con estimaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el costo de la obesidad fue de 67,000 millones de pesos en 2008, y en caso de actuar, el costo que implicaría en el futuro será mayor a la inversión requerida hoy para implementar políticas que hagan frente a esta problemática. De acuerdo con información de la ENSANUT 2012, de no aplicar intervenciones preventivas o de control costo-efectivas sobre la obesidad y sus comorbilidades, los costos podrán ascender para 2017 a 101,000 millones de pesos."

47. Que es incongruente que se pretenda combatir el sobrepeso y la obesidad cuyo costo asciende a $67'000'000,000, con un presupuesto menor de $326'120,136; lo que refleja que el fin extrafiscal no se alcanzará, pues ni el 10% del costo directo estimado se cubrirá.

48. Que el impuesto de que se trata es inequitativo y desproporcional, porque dejó de tomar en cuenta en forma proporcional el grado del "daño" que supuestamente provocan las bebidas saborizadas con azúcar añadida, para que así se estableciera ese gravamen a través de la tasa progresiva teniendo como base el perjuicio a la salud.

49. Luego de exponer los temas relativos a las causas económicas, sociales y culturales del sobrepeso, al balance energético, al sedentarismo, a la alimentación correcta; señala que, contrario a la justificación de la iniciativa de reforma, la ganancia de peso no es provocada por el consumo excesivo de azúcar sino por esos factores aludidos, no existe prueba que demuestre la relación causal entre el consumo de bebidas saborizadas y el sobrepeso, y la obesidad se refiere, ya que no representa evidencia sólida para respaldar las razones de la reforma; máxime si se considera, por un lado, que el legislador confundió los polisacáridos por azúcar; por otro, que las bebidas de acuerdo a su composición son de baja densidad energética por su contenido de humedad. De ahí que asegure la impetrante que el impuesto sea desproporcional e inequitativo.

50. Que para estimar que el gravamen tiene fin extrafiscal debería tener tasa progresiva determinada con base en el grado de perjuicio a la salud que pueden provocar a la población, como sería que entre más propensa sea la bebida en incidir en el aumento del sobrepeso y de la obesidad, el tratamiento fiscal debería ser más gravoso; sin embargo, las consideraciones a efecto de justificar el gravamen son del todo gratuitas e infundadas, en virtud de que carecen de sustento técnico, científico y bibliográfico.

51. Que a pesar de que el concepto de calorías vacías tuviera algún sustento, no podría aplicarse al azúcar ni a las bebidas azucaradas. Existen bebidas que a pesar de ser consideradas alimentos por su valor nutrimental y por contener macro o micronutrimentos estarían gravados por considerarse productos con calorías vacías, por lo que su consumo generaría deficiencias nutrimentales, ejemplos de ellas, según la quejosa, son las siguientes:

52. - Bebidas a base de té aportan antioxidantes provenientes del contenido de extractos de té.

53. - Agua mineral saborizada, aporta beneficios funcionales derivados de su contenido a base de minerales naturales como el bicarbonato de calcio y magnesio, lo que contribuye a mejorar la hidratación y digestión.

54. - Los néctares, bebidas de verduras y legumbres, y alimentos líquidos de soya, contienen cantidades apreciables de nutrimentos biodisponibles.

55. Que es incongruente el impuesto reclamado ya que grava bebidas consideradas alimentos que contienen vitaminas, minerales y antioxidantes, lo cual, señala la quejosa, no tiene lógica si se atiende a la iniciativa de reformas en la que se dijo que sólo gravaría productos líquidos azucarados que no aporten nutrimentos y que tienen aporte energético significativo, lo que no sucede con los productos enlistados.

56. También expone que por concepto de impuesto sobre las bebidas saborizadas con azúcar añadida el Estado percibirá $12'455'000,000, que junto con lo recaudado por concepto de impuesto por alimentos no básicos con alta densidad calórica en cantidad de $5,600'000,000, da el total de $18'055'000,000, de lo cual se destinará $326'120,136, a combatir el sobrepeso o la obesidad, que representa ni el 3% de todo lo recaudado, lo cual no cumplirá el fin extrafiscal con el que fue creada la norma, porque no cubre las posibles intervenciones preventivas o de control costo-efectivas de la obesidad que ascenderá para 2017 a $101,000'000,000.

57. También expone que el aumento de un peso por litro en los productos de que se tratan aumentará de precio la canasta básica rural a $28.60, que representa aumento porcentual de 0.39%; mientras que la urbana a $40.32 pesos, que representa el aumento porcentual de 0.57%.

Segundo

Equidad tributaria

58. La quejosa señala que, de acuerdo con el artículo 2o., fracción I, inciso G), de la Ley «del Impuesto» Especial sobre Producción y Servicios, estarán obligados a pagar este gravamen los que enajenen o importen bebidas saborizadas, concentrados, polvos o jarabes.

59. Por su parte, del artículo 3o., fracción XVIII, del mismo ordenamiento, se entiende por bebidas saborizadas las que no son alcohólicas elaboradas por la disolución en agua de cualquier tipo de azúcares y que pueden incluir ingredientes adicionales o no, de jugo, pulpa o néctar, de frutas o de verduras o de legumbres, de sus concentrados o extractos y otros aditivos para alimentos y que puedan estar o no carbonatadas.

60. Mientras que la fracción XX dispone que por concentrados, polvos y jarabes, esencia o extractos de sabores, se entenderá aquellos que permitan obtener bebidas saborizadas, a los productos con o sin endulcolorantes o saboreadores, naturales, artificiales o sintéticos, adicionados o no, de jugo, pulpa o néctar, de frutas o de verduras o de legumbres y otros aditivos para alimentos.

61. Que la reforma que se combate establece un gravamen a la enajenación de ese tipo de bebidas, lo cual implica trato desigual e inequitativo para ese tipo de contribuyentes frente a lo que enajenan cereales, helados, salsas y frutas que son productos con características similares dado que contiene azúcar; por ello, afirma la quejosa, si lo que se pretende a través de esa reforma es desincentivar el consumo de aquellos productos, es evidente que al no gravarse la totalidad de los mismos surge el trato diferenciado aludido.

62. Sin que el estado físico de los productos analizados (líquido o sólido) tenga relevancia con el trato inequitativo que se reclama, pues similares diferencias de trato se han dado a productos destinados a la alimentación que ha sido declarado inconstitucional.

63. Señala la quejosa, que con el fin de hacer más evidente la inequidad destacada aduce que la bebida soborizada de un litro que cuesta diez pesos sumándole el impuesto su costo se elevará a once pesos de conformidad con las disposiciones reclamadas; mientras que un alimento básico con alta densidad calórica que cuesta diez pesos, el impuesto que se le aplique será de 8%, siendo el precio final de $10.8 pesos, cuando no obstante que ambos productos tienen azúcar y persiguen el mismo fin extrafiscal.

64. En efecto, señala, conforme al artículo 2o., fracción I, incisos G) y J), de la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios, la enajenación o importación de bebidas saborizadas, concentrados, polvos y jarabes se encuentra gravada con una cuota fija; mientras que la enajenación o importación de alimentos no básicos con una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos se grava con la tasa del 8%, lo que hace evidente que se está en presencia de un tributo inequitativo.

65. En ese sentido, si ambos productos se encuentran gravados, al ser considerados como causa del problema de sobrepeso y obesidad, implica que se encuentren en un plano de igualdad al ser motores de ese problema de salud.

66. Otra violación al principio de equidad tributaria consiste en que a la enajenación de bebidas saborizadas en restaurantes, bares y otros lugares en donde se proporcionen servicios de alimentos y bebidas, se exentó del pago del impuesto combatido; porque el hecho de que esas bebidas se pongan a disposición del público para su consumo en un restaurante no les quita o disminuye sus características.

67. La parte quejosa manifestó que se viola ese principio porque, a su decir, la cuota fija de $1.00 por litro de bebida saborizada marca la diferencia tributaria entre los contribuyentes en relación con el objeto del impuesto y el hecho imponible del mismo.

68. Continúa alegando que la cuota fija no establece un procedimiento con el que grave gradualmente a los contribuyentes considerando el nivel de azúcar o densidad calórica que se encuentren añadida a los productos; de ahí que la cuota fija no sea el medio idóneo para conseguir los fines perseguidos por la misma, puesto que se debió establecer tasa o cuota progresiva que mida el azúcar añadida de las bebidas.

69. También señala que ese impuesto surge como medida emergente para rescatar a la población del padecimiento de la obesidad y sobrepeso en la cual está inmersa, y si bien esa dolencia no sólo se origina por los alimentos o las bebidas que en dado caso la población pueda consumir sino en conjunción con otros factores, como causas económicas, sociales, culturales, tales como dieta incorrecta y poca actividad física (sedentarismo), no debe perderse de vista que en muchas de las ocasiones ese padecimiento se sustenta en el exceso en el consumo de alimentos o bebidas que tienen demasiada grasa, azúcar o sodio, que por lo regular son los alimentos y bebidas de alto índice calórico cuyo consumo habitual a la postre resulta nocivo para la salud.

Tercero

Proporcionalidad

70. Que el artículo 2o., fracción I, inciso G), en relación con el diverso 3o., fracciones XVIII y XIX, ambos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, conculca en su perjuicio la garantía de proporcionalidad tributaria, porque:

71. 1. La tasa del impuesto debió ser progresiva, porque para cumplir con el fin extrafiscal se debió establecer un impuesto que tomara como parámetro de medición la cantidad de azúcar añadida a la bebida, para que la tasa se incrementara a medida que las calorías aumentaran.

72. 2. La cuota fija establecida no grava a las bebidas saborizadas con azúcar añadida en presentaciones menores a un litro.

73. Para respetar el principio de proporcionalidad debe existir congruencia entre el objeto y la base del tributo, en específico y los actos como son la enajenación, importación y prestación del servicio relacionados con los bienes gravados, así como en los elementos que sirven para determinar su base y el fin para el que fue creado (combatir sobrepeso y obesidad).

74. a) La parte quejosa manifestó que se viola ese principio porque, a su decir, la cuota fija de $1.00 por litro de bebida saborizada no atiende a la verdadera capacidad económica de los contribuyentes en relación con el objeto del impuesto y el hecho imponible del mismo.

75. b) Continúa alegando que la cuota fija no establece un procedimiento con el que grave gradualmente a los contribuyentes considerando el nivel de azúcar o densidad calórica que se encuentren añadida a los productos; de ahí que la cuota fija no sea el medio idóneo para conseguir los fines perseguidos por la misma, puesto que se debió establecer tasa o cuota progresiva que mida el azúcar añadida de las bebidas.

76. c) Que la cuota fija se aplica en la misma proporción a todos los contribuyentes que importen o enajenen dichas bebidas saborizadas, esto es, que la imposición de la cuota fija tiene como consecuencia que todos los contribuyentes paguen de igual forma el impuesto aludido, lo que origina que no contribuya más el que más tiene, como lo exige dicho principio.

77. Que todo impuesto afecta directa o indirectamente la capacidad contributiva personal o real del deudor fiscal, para que el impuesto no sea un acto indebido ni esté sujeto a arbitrariedades es necesario que sea proporcional y equitativo, con lo cual queda limitada la soberanía del Poder Legislativo para cargas fiscales.

78. Que la fuente de toda imposición es el conjunto de bienes que constituyen el patrimonio del contribuyente y de los provenientes de productos de rendimientos del capital, del trabajo o de la unión de relación de uno y de otro. El límite constitucional a la facultad del legislador para decretar un impuesto, a fin de que éste sea proporcional y equitativo, es no acabar la fuente de la imposición fiscal, porque ello equivaldría a aniquilarse a sí mismo junto con el sistema económico de un país que debe estar percatado de que la peor política financiera que puede adoptarse contra la sociedad moderna, es la existencia de un Estado con escasos recursos económicos para la satisfacción de su gasto público.

79. Que el ideal de justicia que debe cumplir la legislación fiscal es acercarse lo más que pueda a la real capacidad contributiva con independencia de la naturaleza del impuesto, por medio de sus elementos cuantitativos como la base imponible entendida como la magnitud dineraria que resulta de la medición o valoración del hecho imponible y la tasa o tarifa imponible que es el coeficiente, cifra o porcentaje que se aplica a la base liquidable para obtener como resultado la cuota tributaria, ya que con ellos se podrá medir si esta última atendió o no a la verdadera capacidad contributiva del contribuyente conforme las jurisprudencias: P./J. 109/99 "CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS." y P./J. 10/2003 "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES."

Cuarto

Libre competencia y concurrencia

80. Que al gravar con la cuota de $1.00 por litro la enajenación y/o importación de bebidas saborizadas con azúcar disuelta en agua, proporciona ventaja indebida a favor de los comercializadores de bebidas que tienen añadida igual o mayor cantidad de azúcar disuelta en leche al no estar gravados estos productos, impidiendo con ello el ejercicio libre de comercio, concurrencia y competencia entre los comerciantes.

81. Luego de señalar el concepto de los derechos de libre comercio, concurrencia o competencia de mercado, la quejosa aduce que el impuesto de que se trata provoca ventajas competitivas a favor de una o varias personas en perjuicio del consumidor final, contraviniendo con ello lo dispuesto en el artículo 28 constitucional, que establece la obligación para las autoridades de garantizar la libre competencia y evitar fenómenos de ventaja comercial.

82. La libre concurrencia es entendida como la posibilidad del consumidor de poder optar entre diversas mercancías y elegir, en su caso, un producto o mercancía sustituta en distinto mercado sin que varíe el costo de su adquisición, siendo el mercado el objeto de regulación por el Estado en el que participan intereses que trascienden a la esfera privada y libertad económica para elegir quién vende, adquiere, fija el precio, la venta y la compra de lo producido.

Quinto

Alimentación

83. Luego de indicar el alcance del derecho a la alimentación, conforme a lo establecido por la observación general 12 de la Organización de las Naciones Unidas, los artículos 4o. constitucional, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 34 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, 12 del Protocolo de San Salvador, 2 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; aduce que el derecho a la alimentación es incluyente, no excluyente, abarcando no sólo alimentos que proporcionen calorías o elementos nutritivos esenciales considerados como básicos, sino cualquier otro alimento incluyendo a las bebidas que proporcionen nutrientes como serían los azúcares, con independencia de las calorías que aporten.

84. También señala que los instrumentos internacionales imponen las obligaciones de respetar, proteger y realizar el derecho a la alimentación; lo que no se respeta cuando el Estado adopta legislaciones o políticas incompatibles con ellas.

85. Que el derecho a la alimentación adecuada no se limita a que el Estado se cerciore de que su población tenga alimentos mínimos para evitar el hambre, sino que se extiende a todos los aspectos de la alimentación, específicamente a la obligación de crear mecanismos que garanticen no sólo que las personas tengan recursos económicos y accesibilidad a los alimentos a precios accesibles, sino velar por los intereses de los productores de tales alimentos fomentando el acceso que no sea discriminatorio a los mercados e impedir las prácticas contrarias a la competencia en los mercados.

86. De esta manera, el Estado debe evitar el establecimiento de medidas económicas impositivas a productores o importadores de alimentos sólidos o líquidos que no hagan competir en el mercado en condiciones de igualdad a efecto de que puedan comercializar los productos a costos accesibles y comparables que permitan a la sociedad mexicana tener acceso a los mismos y disfrutar el derecho a la alimentación adecuada.

Sexto

Libre concurrencia

87. Que al gravar con la cuota de $1.00 por litro la enajenación y/o importación de bebidas saborizadas con azúcar disuelta en agua, proporciona ventaja indebida a favor de los comercializadores de bebidas que tienen añadida igual o mayor cantidad de azúcar disuelta en leche al no estar gravados estos productos, impidiendo con ello el ejercicio libre de comercio, concurrencia y competencia entre los comerciantes.

88. Luego de señalar el concepto de los derechos de libre comercio, concurrencia o competencia de mercado, la quejosa aduce que el impuesto de que se trata provoca ventajas competitivas a favor de una o varias personas en perjuicio del consumidor final, contraviniendo con ello lo dispuesto en el artículo 28 constitucional, que establece la obligación para las autoridades de garantizar la libre competencia y evitar fenómenos de ventaja comercial.

89. La libre concurrencia es entendida como la posibilidad del consumidor de poder optar entre diversas mercancías y elegir, en su caso, un producto o mercancía sustituta en distinto mercado, sin que varíe el costo de su adquisición, siendo el mercado el objeto de regulación por el Estado en el que participan intereses que trascienden a la esfera privada y libertad económica para elegir quién vende, adquiere y fija el precio.

Libre elección de los consumidores

90. La quejosa afirma violación a ese derecho, por lo siguiente:

91. Que los numerales reclamados coartan el derecho de los consumidores de libre elección y comercio a efecto de que puedan elegir o determinar aquellos productos que por su precio, calidad y condiciones de acceso sean de su preferencia, y que ello también se traduce en violación a los derechos de libre concurrencia y competencia.

92. Que es evidente que a los comercializadores de las bebidas que tienen añadida igual o mayor cantidad de azúcar disuelta en leche, se les otorgó trato fiscal diverso y, consecuentemente, coarta el derecho de libre elección del consumidor final al obstaculizar su elección a un producto diverso a aquélla por el hecho de encontrarse a menor precio aun cuando aporten los mismos nutrientes al organismo.

93. Que de esta forma, el sobreprecio cobrado en los productos al consumidor final afecta indirectamente el consumo y competitividad en el mercado al encarecerlos y obstaculiza el ejercicio de la libertad de elección del consumidor, quien será quien finalmente pague el impuesto a través de ese sobreprecio, circunstancia que inhibe la libre concurrencia y competencia en el mercado.

94. Que el establecimiento del gravamen a determinada parte de la industria, incrementa el precio de sus productos provocando diferenciación de precios tratándose del mismo producto en atención a las estructuras de costos de los vendedores y las eficiencias que se pueden lograr en la cadena de distribución, lo cual claramente es contrario a la libre competencia y concurrencia porque las distorsiona y repercute negativamente impidiendo disponer de dichos bienes a precios más bajos.

95. Que la exclusión del gravamen para determinados agentes económicos del mercado de venta y/o importación de bebidas que tiene azúcar añadida disuelta en leche, sucederá igual que con la norma 29, que algunos agentes dominen el mercado debido a la sustitución de producto.

Séptimo

Violación al

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27173-8898c676/decreto-que-compila-diversos-beneficios-fiscales-y-establece · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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