I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL –AHORA CIUDAD DE MÉXICO–). II. DERECHO HUMANO A LA DIGNIDAD. SU ALCANCE ESPECÍFICO (ARTÍCULOS 7, FRACCIÓN II, Y 9, FRACCIÓN LXIV, DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL –AHORA CIUDAD DE MÉXICO–). III. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. SU ALCANCE ESPECÍFICO (ARTÍCULOS 7, FRACCIÓN II, Y 9, FRACCIÓN LXIV, DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL –AHORA CIUDAD DE MÉXICO–). IV. IGUALDAD JURÍDICA. EN SU MODALIDAD SUSTANTIVA IMPONE A LAS AUTORIDADES DEL ESTADO ADOPTAR ACCIONES POSITIVAS PARA ALCANZAR LA IGUALDAD DE HECHO (ARTÍCULOS 7, FRACCIÓN II, Y 9, FRACCIÓN LXIV, DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL –AHORA CIUDAD DE MÉXICO–). V. DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SU ALCANCE ESPECÍFICO (ARTÍCULOS 7, FRACCIÓN II, Y 9, FRACCIÓN LXIV, DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL –AHORA CIUDAD DE MÉXICO–). VI. MODELO SOCIAL DE DISCAPACIDAD. SU ENFOQUE PREVÉ QUE ÉSTA SEA CONSIDERADA COMO UNA DESVENTAJA CAUSADA POR LAS BARRERAS DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL AL NO ATENDER ADECUADAMENTE A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL (ARTÍCULOS 7, FRACCIÓN II, Y 9, FRACCIÓN LXIV, DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL –AHORA CIUDAD DE MÉXICO–). VII. PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA AUSENCIA DE LOS CONCEPTOS DE "ACCESIBILIDAD" Y "PERSONAS CON MOVILIDAD LIMITADA" NO RESULTA DISCRIMINATORIO DE AQUÉLLAS (ARTÍCULOS 7, FRACCIÓN II, Y 9, FRACCIÓN LXIV, DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL –AHORA CIUDAD DE MÉXICO–). VIII. PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA AUSENCIA DE UN CONCEPTO PROPIO EN LA LEY RESPECTIVA NO CONSTITUYE UNA DEFICIENCIA NORMATIVA QUE PUEDA SER CATALOGADA COMO OMISIÓN LEGISLATIVA (ARTÍCULOS 7, FRACCIÓN II, Y 9, FRACCIÓN LXIV, DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL –AHORA CIUDAD DE MÉXICO–). IX. PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA PROHIBICIÓN PARA REEXPEDIR UNA LICENCIA O PERMISO PARA CONDUCIR UN VEHÍCULO MOTORIZADO DIRIGIDA ÚNICAMENTE A ÉSTAS, RESULTA INCONSTITUCIONAL, AUN CUANDO SE BUSQUE PROTEGER LA INTEGRIDAD DE AQUÉLLAS Y LA DEL RESTO DE LA POBLACIÓN, AL NO ATENDER A UN MODELO SOCIAL DE LA DISCAPACIDAD Y VIOLAR LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y DE LEGALIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL –AHORA CIUDAD DE MÉXICO–). X. LIBERTADES DE CIRCULACIÓN, DE EXPRESIÓN Y DE REUNIÓN. EN ARAS DE UNA SANA CONVIVENCIA EN EL USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE UNA CIUDAD, EL ESTADO TIENE LA CAPACIDAD PARA REGULAR E INCLUSO RESTRINGIR SU EJERCICIO (ARTÍCULOS 212, 213 Y 214 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL –AHORA CIUDAD DE MÉXICO–). XI. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SU ALCANCE ESPECÍFICO (ARTÍCULO 212 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL –AHORA CIUDAD DE MÉXICO–). XII. LIBERTAD DE ASOCIACIÓN. SU ALCANCE ESPECÍFICO (ARTÍCULO 212 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL -AHORA CIUDAD DE MÉXICO–). XIII. LIBERTAD DE REUNIÓN. SU ALCANCE ESPECÍFICO (ARTÍCULO 212 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL –AHORA CIUDAD DE MÉXICO–). XIV. LIBERTADES DE EXPRESIÓN, DE REUNIÓN Y DE CONCENTRACIÓN Y SU INTERDEPENDENCIA CON LOS DERECHOS HUMANOS DE NO DISCRIMINACIÓN, LEGALIDAD Y LIBRE CIRCULACIÓN (ARTÍCULO 212 DE LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL –AHORA CIUDAD DE MÉXICO–). XV. DERECHO HUMANO A LA NO DISCRIMINACIÓN. SU ALCANCE ESPECÍFICO (ARTÍCULO 212 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL –AHORA CIUDAD DE MÉXICO–). XVI. LIBERTADES DE CIRCULACIÓN, EXPRESIÓN Y DE REUNIÓN. EL REQUISITO DE AVISO PREVIO Y SUS CONSECUENCIAS, ANTE LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CONCENTRACIÓN HUMANA CUYA FINALIDAD SEA PERFECTAMENTE LÍCITA, EN VIRTUD DE QUE PUEDE PERTURBAR EL TRÁNSITO EN LAS VIALIDADES, LA PAZ Y TRANQUILIDAD DE LA CIUDAD, NO SON VIOLATORIAS DE ESOS DERECHOS HUMANOS (ARTÍCULO 212 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL –AHORA CIUDAD DE MÉXICO–). XVII. PROHIBICIÓN DEL USO DE VÍAS PRIMARIAS DE CIRCULACIÓN CONTINUA O "VÍAS PRIMARIAS DE ACCESO CONTROLADO" ANTE LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CONCENTRACIÓN HUMANA CUYA FINALIDAD SEA PERFECTAMENTE LÍCITA Y QUE PUEDA PERTURBAR EL TRÁNSITO EN LAS VIALIDADES, LA PAZ Y TRANQUILIDAD DE LA CIUDAD. NO ES VIOLATORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y REUNIÓN, YA QUE TAL PROHIBICIÓN NO ES ABSOLUTA NI CANCELA DISTINTOS CANALES DE COMUNICACIÓN DEL GRUPO DE QUE SE TRATE (ARTÍCULOS 213 Y 214 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL –AHORA CIUDAD DE MÉXICO–). XVIII. REGLAMENTO EN MATERIA DE USO DE VIALIDADES PARA CUALQUIER TIPO DE CONCENTRACIÓN HUMANA. LA HABILITACIÓN PARA SU EXPEDICIÓN NO VULNERA EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LA LEY (ARTÍCULO 214 DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL –AHORA CIUDAD DE MÉXICO–). XIX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS A LOS PODERES L
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 96/2014 Y SU ACUMULADA 97/2014. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 11 DE AGOSTO DE 2016. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al once de agosto de dos mil dieciséis, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelven las acciones de inconstitucionalidad 96/2014 y su acumulada 97/2014, promovidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de diversas disposiciones de la Ley de Movilidad del Distrito Federal.
I. Antecedentes y trámite de la demanda
1. Presentación de la demanda. El doce y trece de agosto de dos mil catorce, mediante escritos interpuestos, respectivamente, por los representantes de las referidas comisiones de derechos humanos en la oficina de certificación judicial y correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se promovieron dos acciones de inconstitucionalidad en contra de la aprobación, promulgación y publicación de varios preceptos de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, publicada el catorce de julio de dos mil catorce en el No. 1899 Bis de la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
2. La comisión del Distrito Federal impugnó los artículos 7, 9, 69, 213 y 214 y la comisión nacional el numeral 212, todos de la citada Ley de Movilidad(1). En estas disposiciones, por una parte, se establece que no se reexpediría permiso o licencia para conducir cuando la Secretaría de Seguridad Pública compruebe que el solicitante ha sido calificado de incapacidad mental o física que le impida manejar vehículos motorizados, cuya negativa puede ser superada con ciertos acondicionamientos; asimismo, se detallan definiciones en torno a quiénes son las personas con movilidad limitada, cuál es el criterio de accesibilidad de la ley y a quiénes se le otorgará prioridad del espacio vial y se beneficiará con la distribución de recursos presupuestales (aludiendo a las personas con discapacidad y con movilidad limitada); por otra parte, se prevén los requisitos para la realización de ciertos tipos de concentraciones humanas o manifestaciones en la ciudad, tales como los avisos de 48 horas previas a la realización de la misma y la prohibición de utilizar las vías primarias de circulación continua en determinadas circunstancias, así como las obligaciones y facultades de la referida secretaría al respecto, como el deber de tomar las medidas necesarias para evitar el bloqueo de las aludidas vías primarias de circulación.
3. En los escritos de demanda, indistintamente, se señalaron como normas transgredidas los artículos 1o., 6o., 7o., 9o., 11 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (de ahora en adelante la "Constitución Federal"); 2, 12, 19, 21, 22 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 13, 15, 16 y 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 5 y 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros.
4. Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez planteados por las comisiones de protección de derechos humanos son los que se sintetizan en los párrafos subsecuentes.
5. Demanda de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Tras detallarse los antecedentes que se estimaron pertinentes sobre la oportunidad de la acción, se expusieron los siguientes argumentos en dos conceptos de invalidez:
a) Primero. Los artículos 213 y 214 de la Ley de Movilidad deben declararse inválidos, pues no se adecuan a las limitaciones que establece la Constitución Federal en torno al derecho a la reunión. En principio, a diferencia de lo que mandata el citado artículo 213 que delimita que las manifestaciones o reuniones especificadas en esa disposición deberán llevarse a cabo en todas aquellas vialidades que no sean las vías primarias de circulación, se aduce que el Texto Constitucional jamás restringe los lugares para ejercer tal derecho; es decir, las normas impugnadas establecen una restricción a la libertad de reunión que no se encuentra prevista en la Constitución Federal.
b) En segundo lugar, valorando el contenido del artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se afirma que la propia disposición convencional acepta que pueda limitarse el derecho de reunión pacífica, pero únicamente cuando las restricciones se establezcan en ley y sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden público o para proteger la salud o moral pública o los derechos o libertades de los demás.
c) En ese tenor, se argumenta que los requisitos plasmados en el artículo 213 para ejercer las manifestaciones no superan tales lineamientos convencionales, ya que el legislador no señaló en ningún documento legislativo las razones imperiosas para establecer lugares específicos para la celebración de manifestaciones o concentraciones humanas. A juicio del promovente, el espacio público es un elemento de participación política y social que constituye un lugar óptimo para la celebración de reuniones.
d) En relación con lo anterior, se arguye entonces que al preverse de manera general en el artículo 213 que, las manifestaciones o concentraciones humanas no podrán llevarse a cabo en las "vías primarias de circulación continua", provoca un vacío legal e inseguridad jurídica. Desde su punto de vista, ni la norma reclamada ni los artículos 27 y 178 de la misma ley detallan con certeza y claridad cuáles son esas vías y permite a la Comisión de Clasificación de Vialidades la categorización o recategorización de esas vialidades, transgrediendo consecuentemente el mencionado artículo convencional al no preverse en una ley uno de los elementos de restricción del derecho a la reunión.
e) Se alega que los anteriores razonamientos de inconstitucionalidad resultan también aplicables al citado artículo 214, pues éste es el que le otorga materialmente a las autoridades la facultad para disolver manifestaciones en contra del artículo 9o. de la Constitución Federal, el cual prevé que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente.
f) Aunado a lo sintetizado en párrafos precedentes, en la propia demanda se señala que si se consideraran los artículos impugnados como constitucionales, deben interpretarse a la luz de lo expuesto en la Ley de Cultura Cívica, en atención al principio pro persona que consiste en que deberá preferirse aquella disposición que resulte más protectora a los derechos de las personas.
g) En ese sentido, se indica que la fracción II del artículo 25 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, supletoria de la Ley de Movilidad, regula que bloquear o estorbar el espacio público se encuentra justificado si es en ejercicio razonable de la manifestación de las ideas, de asociación o de reunión pacífica. Consecuentemente, se establece un nivel de protección de la manifestación de las ideas en la vía pública que no puede ser limitado bajo el argumento de "liberar la vía pública", lo que ocasiona que la Ley de Movilidad se deba interpretar considerando lo regulado en la Ley de Cultura Cívica, al ser una concepción y disposición más protectora.
h) Adicionalmente, se señala que aun cuando las disposiciones reclamadas son similares a las que se encontraban en la abrogada Ley de Transporte y Vialidad para el Distrito Federal, con vigencia anterior a la Ley de Movilidad, tales preceptos deben interpretarse de manera que no resulten lesivos a los derechos humanos.
i) Segundo. Los artículos 7, 9 y 69 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal contradicen el artículo 1o. constitucional y diversos tratados internacionales, cuyos objetivos son promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos a las personas con discapacidad; en particular, el preámbulo y los artículos 1 y 5 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que mandatan promover prácticas de inclusión social y adoptar medidas positivas para remover las barreras existentes en el entorno que afectan a este grupo y que le impiden el pleno goce de sus derechos y libertades.
j) Así, se argumenta que el artículo 69, fracción II, de la referida Ley de Movilidad, al establecer como una prohibición para reexpedir permiso o licencia para conducir que se compruebe la existencia de una discapacidad mental o física, incumple el deber del Estado de promover la inclusión social de los miembros de este grupo y no adopta las medidas pertinentes para que se puedan superar los obstáculos derivados de la discapacidad física o mental.
k) Adicionalmente, se dice que tal norma reclamada viola el derecho de las personas con discapacidad al reconocimiento de su personalidad jurídica, dignidad, igualdad y no discriminación, los cuales se encuentran reconocidos, entre otros, en los artículos 2, 5 y 12 de la recién citada convención; 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, I, punto 2, incisos a) y b), de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de las Personas con Discapacidad.
l) En primer lugar, porque la negativa a expedir el permiso o licencia lesiona la dignidad de las personas con discapacidad y supone desconocer en términos absolutos la posibilidad de que sean titulares y gocen de los mismos derechos y obligaciones.
m) En segundo lugar, toda vez que se origina una discriminación y afectación a la dignidad de las personas con discapacidad al preverse de plano la negativa de obtener un permiso o licencia para conducir automotores en un plano de paridad con otras personas. Además, en atención al principio de igualdad, el cual pertenece como la no discriminación al ius cogens, existía la obligación de que en la legislación secundaria impugnada se establecieran diferenciaciones objetivas y razonables a favor de las personas con discapacidad para combatir las prácticas discriminatorias como la negativa a otorgar permisos y licencias y se impusieran medidas positivas o diferencias normativas para el adecuado goce y ejercicio de sus derechos, tal como el de libre circulación.
n) En atención a estos razonamientos, se señaló que el artículo 9, fracción LXIV, de la Ley de Movilidad define incorrectamente a las personas con discapacidad motriz como personas con movilidad limitada, contraviniendo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que delimita los conceptos no sólo desde el ámbito médico, sino también desde el modelo social y de derechos humanos. Desde su perspectiva, esta definición invisibiliza al grupo y los pone en riesgo de vivir niveles de discriminación muy graves.
o) Por otra parte, se dice que tampoco el artículo 7, fracción II, de la Ley de Movilidad resulta acorde con las definiciones convencionales. La delimitación del concepto de "accesibilidad" en tal norma reclamada debió incluir los términos "al alcance de todos", "sin discriminación de condición", "costos accesibles" e "información clara y oportuna", a la luz de los estándares amplios que prevé el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en cumplimiento del artículo 1o. de la Constitución Federal.
p) Por último, en atención al argumento anterior, se transcribe el artículo 6 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal y se dice que si bien esta norma determina que la administración pública debe proporcionar los medios para que las personas con discapacidad puedan elegir de manera libre la forma de trasladarse a fin de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la ciudad, lo cierto es que ello no será factible porque no se garantizó que siempre tuvieran accesibilidad, a través de los sistemas de apoyo y ajustes necesarios que requieren, ni se previeron medidas para identificar y eliminar los obstáculos y barreras que obstruyen su accesibilidad; de tal manera que, se dice, las personas con discapacidad se verán impedidas para disfrutar en igualdad de condiciones con las demás personas tales beneficios de la ciudad.
6. Demanda de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Una vez que se explicaron los antecedentes de la ley reclamada y se hizo referencia a la oportunidad y a la legitimación, se argumentó lo que sigue en un único concepto de invalidez:
a) El artículo 212 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, al establecer que para la realización de manifestaciones públicas deberá darse un aviso a la Secretaría de Seguridad Pública con 48 horas de anticipación a la realización de la misma y que la propia secretaría tendrá la obligaciones de brindar las facilidades para la manifestación pública de grupos o individuos que den aviso, vulnera los derechos a la no discriminación, asociación, libertad de expresión, manifestación, así como los principios de legalidad, pro persona y no restricción de garantías.
b) En principio, se aduce que condicionar a la existencia de un aviso el otorgamiento por parte de la autoridad de facilidades para llevar a cabo la manifestación pública, tal como se regula en el primer párrafo del artículo impugnado, produce un criterio de exclusión al no tener tales facilidades los grupos que no efectúen el respectivo aviso. A su juicio, debería darse el mismo trato al margen de la existencia o no del aviso.
c) En relación con el mismo supuesto, se señala que en la propia norma reclamada no se prevé detalladamente el contenido o la implicación de tales "facilidades", lo que genera falta de certeza, vaguedad, imprecisión y discrecionalidad de la autoridad al momento de aplicarla.
d) Por su parte, en cuanto a la obligación de un aviso previo a la manifestación pública, se argumenta que produce una distinción entre los grupos a manifestarse (los que cumplen o no con el aviso) y se incurre en un acto de discriminación indirecta (impacto desproporcionado de normas que, aun cuando sean o parezcan ser neutrales, producen efectos negativos para ciertos grupos), citando las sentencias de la Corte Interamericana en el Caso Escher y otros vs. Brasil, el Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana y el Caso de la Masacre de Mapiripan vs. Colombia.
e) A decir del promovente, la obligación de dar un aviso condiciona injustificadamente el goce de derechos humanos, va más allá de su competencia jurídica en nombre del "bien público" y hace parte a la autoridad en el ejercicio de un derecho como la reunión y libertad de expresión, lo cual es innecesario desde el punto de vista constitucional.
f) En relación con los derechos de tránsito y libertad de expresión, se afirmó que la obligatoriedad de dar un aviso establece más limitaciones que las impuestas constitucionalmente a estos derechos y no se adecúa a los parámetros convencionales derivados de los artículos 22.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 12.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para analizar las restricciones de los derechos. Primero, porque ese requisito de aviso a la libre circulación y ejercicio de la expresión no encuentra a los lineamientos establecidos en la Constitución Federal, ordenamiento al que aluden las convenciones cuando se refieren que los derechos podrán ser objeto de restricciones previstas en "ley"; segundo, debido a que no se justifica tal requisito de aviso a la supuesta protección de la seguridad nacional, seguridad pública, orden público, moral o salud pública, ni son indispensables en una sociedad democrática y, tercero, toda vez que al hacerse "necesario" dicho aviso, interpone obstáculos, directos o indirectos, al goce y ejercicio de los derechos a pesar de que la reunión y manifestación de ideas sean lícitas.
g) Respecto sólo al derecho humano a la libertad de expresión, se estima que el requisito de aviso constituye una medida preventiva, calificada como previa censura, que se encuentra prohibida convencionalmente y la cual no es aceptada por la Corte Interamericana, en atención al Caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile y el Caso Fontevecchia y D'Amico vs. Argentina.
h) Es decir, la obligatoriedad de dar aviso a la autoridad tiene alcances de convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa, ya que se basa en la medida inversamente proporcional del aviso al otorgamiento de facilidades para la manifestación pública, sin que éste sea un motivo suficiente que justifique el pedimento. En todo caso, desde la obligatoriedad de garantizar la libertad de expresión, las facilidades para el ejercicio de los derechos deben de brindarse indistintamente al aviso otorgado a la autoridad.
i) En ese tenor, se considera que el requisito de aviso, concebido a su vez como censura previa, transgrede el artículo 1o. constitucional y el principio pro persona y, además, no supera un análisis de proporcionalidad en sentido amplio: no cumple con una finalidad constitucionalmente legítima (el aviso es una práctica que se opone al desarrollo de una sociedad democrática), trastoca los principios de interdependencia, indivisibilidad y progresividad y tampoco es idóneo ni proporcional para el respeto y protección de los derechos humanos en conflicto.
j) En consecuencia, solicita se declare la invalidez tanto del primero como del segundo del artículo objetado, al sufrir ambos de los mismos defectos de inconstitucionalidad.
7. Admisión y trámite. Recibida la primera de las acciones de inconstitucionalidad promovida por la comisión del Distrito Federal, mediante acuerdo de trece de agosto de dos mil catorce, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por interpuesta la demanda y la registró bajo el número de expediente 96/2014, designando como instructor del asunto al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Posteriormente, por acuerdo de esa misma fecha, el presidente de la Corte dio cuenta del escrito de demanda presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, asignándole el número 97/2014 y ordenando acumularlo a la acción de inconstitucionalidad presentada por comisión local de derechos humanos, al haberse impugnado en ambas la Ley de Movilidad del Distrito Federal.
8. Hecho lo anterior, por acuerdo de catorce de agosto del mismo año, el Ministro instructor admitió a trámite las referidas acciones de inconstitucionalidad y dio vista a la Asamblea Legislativa y al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que rindieran su informe dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación del citado acuerdo y, a su vez, requirió dar vista al procurador general de la República para la formulación del pedimento correspondiente.
9. Informe del Ejecutivo. El cinco de septiembre de dos mil catorce, el director general de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, en representación del jefe de Gobierno, rindió informe en el que expuso, en síntesis, lo siguiente:
a) La promulgación y publicación del decreto impugnado se hizo en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, base segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución Federal y 48, 49 y 67, fracción II, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
b) Los artículos 212 y 213 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal cumplen con los requisitos y parámetros de los artículos 6o., 7o. y 9o. de la Constitución Federal y los artículos 13 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en lo relativo a los derechos de manifestación de ideas, libertad de expresión y libertad de reunión; mismos que constituyen los presupuestos para la construcción de una racionalidad discursiva y la consecución de una democracia representativa basada en la deliberación pública.
c) Como todos los derechos, los de expresión, manifestación de ideas y reunión, no son absolutos o ilimitados, sino que admiten limitaciones o restricciones. En ese tenor, el artículo 17, fracción III, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal dispone que los habitantes de la ciudad tienen derecho a utilizar los bienes de uso común conforme a su naturaleza y destino, los cuales están definidos en los artículos 19 y 20 de la Ley del Régimen Patrimonial y de Servicios Públicos y en el numeral 9, incisos CIII y CIV, de la Ley de Movilidad, como las vías terrestres de comunicación que no sean federales o de particulares (vía pública o vialidad), las plazas, calles, avenidas, mercados, hospitales, etcétera.
d) Asimismo, los artículos 18 y 19 del referido estatuto disponen que son obligaciones de sus habitantes respetar la Constitución y demás leyes, así como utilizar las vías y espacios públicos conforme a su naturaleza y destino y ejercer sus derechos sin perturbar el orden y la tranquilidad públicos ni afectar la continuidad del desarrollo normal de las actividades de los demás habitantes, derechos que se ejercerán de conformidad con lo previsto en la propia Constitución, leyes y reglamentos que determinen las medidas para garantizar el orden público, la tranquilidad social, la seguridad ciudadana y la preservación del medio ambiente.
e) Por ende, armonizando el ejercicio de los referidos derechos humanos con sus restricciones y los derechos de los demás, se argumenta que las normas reclamadas superan un análisis de constitucionalidad. En el dictamen por el que se abroga la Ley de Transporte y Vialidad y se crea la Ley de Movilidad, la Comisión de Movilidad, Transporte y Vialidad de la Asamblea Legislativa expuso los fundamentos y motivos necesarios, los cuales culminaron con la votación del decreto en el Pleno el treinta de abril de dos mil catorce, en cuya sesión se puede advertir que la intención del Poder Legislativo consistió en establecer un marco normativo que sustituyera el modelo de transporte y vialidad por el paradigma de movilidad, con el fin de impulsar un desarrollo con equidad, inclusión y justicia social.
f) Consecuentemente, para el Poder Ejecutivo, si el espacio público es un elemento de participación política y social que constituye un lugar óptimo para la celebración de reuniones y el ejercicio de los derechos que sustentan el sistema de movilidad, también es cierto que el ejercicio de tales derechos debe tener lugar de forma acorde con el resto de los derechos.
g) El no permitir que se hagan manifestaciones, desfiles, caravanas, peregrinaciones u otro tipo de concentraciones humanas en ciertos lugares tiene como propósito armonizar los derechos de todas las personas que habitan o visitan la Ciudad de México. Además, el que se permita disolver tales manifestaciones o concentraciones con fundamento en el artículo 214 reclamado, en todo caso se hace directamente a partir de lo previsto en el artículo 9o. de la Constitución Federal y en atención a la normatividad aplicable a la que se refiere el propio artículo, que son los artículos 25 a 27 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad y 25, fracciones II y III, de la Ley de Cultura Cívica, ambas del Distrito Federal.
h) Por su parte, el artículo 69, fracción II, primer párrafo, impugnado de la Ley de Movilidad cumple con los requisitos constitucional, ya que de ninguna manera las limitaciones temporales para reexpedir un permiso o licencia a personas con incapacidad mental o física implica la generación de "discriminación por motivos de discapacidad"; por el contrario, la norma tiende a buscar un "ajuste razonable" para garantizar a las personas con discapacidad el pleno goce o ejercicio de sus derechos en un plano de igualdad.
i) La norma cuestionada tuvo presente lo previsto en los artículos 1 y 2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, aunado a ello, se destaca que como un ejemplo de esa intención de respetar y proteger los derechos de este grupo, existe en el Distrito Federal un procedimiento para dar de "alta vehículos para personas con discapacidad".
j) En relación con la petición de inconstitucionalidad del artículo 9, fracción LXIV, de la Ley de Movilidad, se argumenta que la inclusión de un concepto de personas con movilidad limitada busca su aplicación sólo en el marco de la ley y no se advierte de qué manera podría resultar discriminatoria dicha conceptualización, al tener como único propósito generar condiciones para que la administración pública proporcione los medios necesarios para que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse y acceder a los bienes y servicios, para que en la materia pública se considere el nivel de vulnerabilidad de los usuarios y para otorgar prioridad en la utilización del espacio vial y valorar la distribución de recursos de acuerdo con la jerarquía de movilidad en la que se da prioridad a los peatones, personas con discapacidad y personas con movilidad limitada.
k) Por lo que hace a la objeción del artículo 7, fracción II, de la Ley de Movilidad, se dice que debe declararse infundado, toda vez que en esa norma no se propuso un concepto de accesibilidad, sino se creó un principio mucho más amplio que un concepto, el cual se armoniza y resulta acorde con el contenido del artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
l) Respecto al artículo 212 de la Ley de Movilidad y la objeción a la necesidad de dar un aviso previo a la manifestación o concentración, se argumenta que el intercambio de ideas y reivindicaciones sociales supone el ejercicio de derechos conexos, tales como el de reunión y manifestación, pero también el de libre circulación.
m) En ese sentido, se afirma que los propios artículos 13, 15 y 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos permiten la regulación del espacio público a partir, por ejemplo, de un aviso. Este requisito no tiene como objeto prohibir la reunión o manifestación; más bien, busca que las autoridades tomen las medidas conducentes a fin de facilitar el ejercicio de los derechos sin entorpecer de manera significativa el desarrollo normal de las actividades del resto de la comunidad. Como apoyo a este argumento, se cita el Caso Auli Kivenmaa vs. Finland, en el que el Comité de Derechos Humanos de la ONU sostuvo que el requisito de notificación a la policía para realizar una manifestación no es incompatible con el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
n) La importancia otorgada tanto a la libertad de expresión como a la libertad de reunión no los vuelve en derechos absolutos. Como a su vez lo establece el artículo 15 de la citada Convención Americana y la propia Constitución Federal, los derechos humanos admiten limitaciones y se debe buscar su interpretación y aplicación en un justo punto de equilibrio con otros valores, atendiendo a las circunstancias de cada caso en concreto.
o) Adicionalmente, se destaca que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su "Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas", expresamente reconoció que el requisito de notificación previa a la policía no es incompatible con el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
10. Informe del Poder Legislativo. El nueve de septiembre de dos mil catorce, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal rindió dos escritos de informe en representación de ese poder, en los que argumentó, tras emitir consideraciones en cuanto a los antecedentes y la oportunidad, lo que se detalla en seguida:
a) En relación con el primer concepto de invalidez de la demanda de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se afirma que los artículos 213 y 214 resultan acordes a los artículos 1o. y 9o. de la Constitución Federal y a lo dispuesto en varios tratados internacionales. Tras explicar que todos los derechos humanos admiten limitaciones y restricciones y detallar los lineamientos constitucionales y convencionales ideados por esta Suprema Corte para validar una restricción, se dijo que las normas reclamadas tienen como objetivo precisamente la protección del orden público, principio reconocido como uno de los límites constitucionalmente válidos del derecho de manifestación y de reunión.
b) Dicho en otras palabras, el que se señale en las normas objetadas que las manifestaciones o concentraciones humanas de diverso tipo no pueden llevarse a cabo en vías primarias de circulación continua, en realidad es la consecución de la protección de ese orden público, restricción que es proporcional, necesaria e idónea, ya que no veda el derecho de manifestarse, pues aquellos que quieran ejercer tal derecho lo podrán hacer en los espacios que no afecten, en medida de lo posible, al resto de la sociedad. El ejercicio de los derechos de manifestación y reunión no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos en contra del beneficio de toda la sociedad.
c) Además, es una delimitación que busca armonizar el derecho de reunión con el libre tránsito en las vías primarias, así como garantizar el orden público al otorgar facilidades a los manifestantes para que la Secretaría de Seguridad Pública guíe sus rutas, proteja su integridad e intereses, disminuya los índices de contaminación atmosférica y fortalezca el sector económico y turístico de la capital evitando la utilización de avenidas y lugares de notable importancia nacional.
d) Al respecto, se explicó que las vías primarias de circulación continua son vías esenciales para la movilidad de toda la sociedad que encuentran su definición concreta en los artículos 178 a 180 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, por lo que no es certero afirmar que la autoridad goza de un margen arbitrario para decidir cuáles son esas vías y que, por ello, la restricción al ejercicio de los derechos no se encuentra en una ley.
e) E
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27216-6f19144c/i-accion-de-inconstitucionalidad-lineamientos-minimos-requeridos-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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