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Modo: Corpus Pro

DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR DESPIDO INJUSTIFICADO. PARA EL RECLAMO DE SU PAGO EN UN JUICIO LABORAL ES INAPLICABLE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 1107/2016. · Registro digital (IUS): 27299
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2017-08-18
Promovente:
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo IV, Pág. 2604.

AMPARO DIRECTO 1107/2016. 23 DE FEBRERO DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JUAN GUILLERMO SILVA RODRÍGUEZ. SECRETARIO: AQUILES CUAUHTÉMOC MIRANDA JUÁREZ.

Cuernavaca, Morelos. Acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, correspondiente a la sesión del veintitrés de febrero de dos mil diecisiete.

Vistos para resolver los autos del juicio de amparo directo número 1107/2016, y

RESULTANDO:

PRIMERO.-Por escrito presentado el trece de septiembre de dos mil dieciséis en la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, **********, por conducto de su apoderada, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el laudo dictado por dicha autoridad el veintidós de agosto del año en cita, en el expediente laboral **********, por considerarlo violatorio de los derechos humanos y las garantías que los protegen, contenidas en los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO.-Remitida la demanda y autos correspondientes, por acuerdo de presidencia de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis se admitió a trámite; acuerdo que se notificó a los terceros interesados al día siguiente -veintiocho- (f. 60), sin que éstos promovieran amparo adhesivo o formularan alegatos; el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito tampoco formuló pedimento; la secretaria de Acuerdos certificó que el presente asunto se encuentra relacionado con el diverso juicio de garantías **********; finalmente, mediante proveído de veintiocho de octubre último, se turnaron los autos al Magistrado Juan Guillermo Silva Rodríguez, para la formulación del proyecto de sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito es competente para resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 y 170 de la Ley de Amparo, y 37, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de un juicio de amparo directo promovido contra el laudo dictado por una Junta laboral que radica en el ámbito de la jurisdicción geográfica de este órgano colegiado.

SEGUNDO.-Oportunidad. La demanda se presentó en tiempo y forma el trece de septiembre de dos mil dieciséis, en términos del primer párrafo del artículo 17, en relación con el diverso 18 -primera hipótesis-, ambos de la Ley de Amparo, pues el laudo reclamado se notificó a la parte actora, aquí quejosa, el veintitrés de agosto anterior (f. 380 del expediente laboral); notificación que surtió efectos en esa misma fecha, según lo dispuesto en los artículos 747, fracción I y 749 de la Ley Federal del Trabajo,(1) de modo que el plazo de quince días previsto en el primero de los numerales invocados transcurrió del veinticuatro de agosto al trece de septiembre, descontando los días veintisiete y veintiocho de agosto, y tres, cuatro, diez y once de septiembre, por ser inhábiles, en términos del arábigo 19 del primer ordenamiento en cita.

TERCERO.-Existencia del acto reclamado. Se acredita con la constancia material del mismo, cuyo engrose obra en el expediente de origen (f. 358), y del cual se ordena agregar una copia certificada al presente toca, para debida constancia y consulta.

CUARTO.-Antecedentes.

I. La hoy quejosa ********** demandó a los aquí terceros interesados **********, **********, **********, y **********, el pago y cumplimiento de diversas prestaciones derivadas de la relación de trabajo que, dice, mantuvo con éstas a partir del dos de agosto de dos mil seis, en que ingresó a laborar como "asesora de ventas", primero para la empresa denominada **********, la cual fue sustituida por **********, y ésta a su vez pasó a formar parte del "**********", siendo rolada en todas las empresas demandadas, que son las que conforman dicho grupo, y con motivo del despido injustificado del que asegura haber sido objeto el ocho de abril de dos mil trece. (f. 1)

II. Las demandadas produjeron su contestación en los siguientes términos:

********** y **********, negaron lisa y llanamente la relación laboral.

**********, dijo haber sido patrón de la actora hasta el quince de abril de dos mil once, ya que el dieciséis siguiente fue sustituida por la empresa que se menciona en el siguiente párrafo.

**********, precisó que fue la única responsable de la relación de trabajo con la actora a partir del dieciséis de abril de dos mil once -con motivo de la sustitución patronal mencionada en el párrafo que antecede-, y en su defensa expuso que no la despidió, sino que ésta renunció voluntariamente y por escrito, el ocho de abril de dos mil trece, pagándole en esa misma fecha su finiquito; aclaró también que dicha actora tenía la categoría de "despachadora de tráfico". (f. 74)

En el escrito de contestación de demanda se dijo también que el "**********" no existe, sino que sólo se trata de un nombre comercial de persona diversa a las demandadas.

III. El quince de abril de dos mil catorce la Junta dictó un primer laudo, en el que absolvió a las demandadas de las prestaciones derivadas del despido y las demás accesorias, salvo de la entrega de las constancias de seguridad social, respecto de lo cual condenó únicamente a **********. (f. 190)

IV. Inconforme con dicha resolución, la actora promovió el amparo directo **********, del cual conoció este Tribunal Colegiado de Circuito,(2) que resolvió en el sentido de otorgarle la protección constitucional para el efecto de que la Junta responsable:

"...1. Deje insubsistente el laudo de quince de abril de dos mil catorce.

"2. Reponga el procedimiento, a fin de que:

"2.1. Provea sobre la admisión o desechamiento de la prueba pericial en documentoscopia y en materia de adición e intercalación en general, ofrecida por la quejosa y ordene su desahogo, conforme a lo expuesto en párrafos anteriores.

"2.2. Admita la prueba confesional para hechos propios y en razón de sus funciones, así como el interrogatorio libre, a cargo de **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********.

"2.3. Considere que la prueba de inspección no fue desahogada en la forma en que fue ofrecida y admitida, a fin de establecer la presunción ficta correspondiente; en tanto que el informe a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, debe ser debidamente desahogado, conforme a los lineamientos precisados en párrafos que anteceden.

"2.4. Que se pronuncie respecto del informe de autoridad que la actora ofreció a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, para acreditar que no existe sustitución patronal, pues fue omisa en admitirla o desecharla, según corresponda.

"2.5. Deje sin efectos el acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil trece, en el que declaró desierta la prueba testimonial a cargo de **********, pues la mutación (sic) no cumple con los requisitos previstos en el artículo 793 de la Ley Federal del Trabajo, debiendo desahogarla como confesional..." (f. 216)

V. Una vez acatada la referida ejecutoria, el veintidós de agosto de dos mil dieciséis la Junta responsable dictó el laudo materia del presente juicio de garantías, en el cual, por un lado, condenó a las empresas **********, **********, y **********, al pago y cumplimiento de las prestaciones derivadas del despido, así como de otras secundarias, absolviéndolas de las consistentes en la nulidad de cualquier documento firmado en blanco; los séptimos días; la entrega de la declaración anual del ISR; la entrega de la documentación a que se refieren los artículos 15 de la Ley del Seguro Social, 30 de la Ley del Infonavit y 67 del Código Fiscal de la Federación, y la entrega de la copia de la declaración del reparto de utilidades; por otro lado, absolvió a **********, de todas las prestaciones reclamadas. (f. 358)

QUINTO.-Análisis de los conceptos de violación(3) y motivos para otorgar el amparo.

1. La quejosa formula sus argumentos en torno a los siguientes temas específicos:

• La omisión de aplicar la Ley General de Víctimas.

• La inconstitucionalidad del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, que limita a doce meses los salarios caídos.

• La absolución de la demandada **********.

• La falta de precisión en la condena a la entrega de constancias de seguridad social.

• La absolución del pago de tiempo extraordinario.

1) En cuanto al primero aduce, en esencia, que en su demanda laboral solicitó a la Junta responsable aplicara en su beneficio la Ley General de Víctimas, particularmente a fin de que le fueran reparados de manera integral los daños y perjuicios que le ocasionó el despido del que fue objeto, y que provocó la violación de sus derechos humanos, pero que dicha autoridad guardó silencio sobre el tema durante todo el procedimiento, omitiendo resolver sobre la aplicación o no de la referida ley.

Añade que también solicitó en su demanda que el pago de los daños y perjuicios se obtuviera del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que regula la ley de que se trata, en caso de que el procedimiento se retardara, pues conforme a la citada norma, la autoridad responsable tenía la obligación de concluirlo en los plazos y términos legales, pero como no fue así, adquiere el carácter de víctima y, en consecuencia, el derecho a la reparación de los daños y perjuicios; que, sin embargo, la Junta omitió el análisis de dicho planteamiento, vulnerando sus derechos humanos, al no atender las peticiones que le fueron formuladas.

Son ineficaces los argumentos resumidos.

Antes de darles respuesta, es importante precisar que dichos planteamientos revelan la pretensión de la quejosa de obtener el pago de la reparación de los daños y perjuicios, así como el pago de los daños inmateriales, causados; los primeros por el retardo o la dilación del procedimiento laboral; es decir, por el actuar de la propia Junta responsable, y los segundos por el despido injustificado del que fue objeto, o sea, por una conducta atribuible a la empresa demandada (patrón), pero en ambos casos, mediante la aplicación de la Ley General de Víctimas.

Ello se corrobora porque una de las prestaciones reclamadas en su demanda laboral fue, precisamente: "...B) ...incluyendo los perjuicios morales y los daños causados a la dignidad del actor como consecuencia de la violación del derecho humano al trabajo, considerando las medidas de no repetición, para no volver a ser objeto de tal violación, esto es, se prevenga al demandado para que no se repita su conducta..." (f. 1 reverso); mientras que en un fragmento del propio escrito, correspondiente a los "hechos" entre otras cosas, expuso: "...Para el caso de declarar procedente la acción ejercitada, pedimos también que los daños y perjuicios que se le han causado y causarán, independientemente de los que deberá cubrir el patrón, igual se obtenga del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que regula la Ley General de Víctimas, para el caso de que el procedimiento se retarde o dilate, por encontrarse dentro del ámbito de su competencia y constituir una obligación tratar con dignidad y preferencia a la parte actora..." (f. 4)

Aclarado lo anterior, podemos determinar que no es dable acceder a las pretensiones de la quejosa.

Si bien es cierto que realizó ante la autoridad responsable las referidas peticiones e, incluso, vertió los argumentos que ahora reitera en su demanda de amparo sobre la aplicación de la Ley General de Víctimas, y que la Junta responsable no se pronunció al respecto.

Resulta que la Ley General de Víctimas, de la que pretende beneficiarse la quejosa, no es aplicable en el caso concreto, de acuerdo con las consideraciones siguientes.

El citado ordenamiento en su artículo 2(4) establece que el objeto de dicha ley es reconocer y garantizar los derechos de:

a) Las víctimas del delito, y

b) Las víctimas de violaciones a derechos humanos.

Esa dicotomía se corrobora con lo dispuesto en los diversos artículos 4,(5) párrafo primero, y 6,(6) fracción X, de la misma legislación, los cuales, en su parte conducente, rezan:

"Artículo 4. Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte..."

"Artículo 6. Para los efectos de esta ley, se entenderá por: ...

"(Reformada, D.O.F. 3 de enero de 2017)

"X. Hecho victimizante: Actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Éstos pueden estar tipificados como delitos o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México forme parte; ..."

"(El énfasis y subrayado son propios)

Ahora, en cuanto al primer elemento diferenciador (delito), pese a que se trata de un concepto ampliamente conocido, la propia ley que se analiza en su artículo 6, fracción VII, lo define como el: "Acto u omisión que sancionan las leyes penales".

En tanto que el segundo elemento, que es el que aquí nos interesa dado que, por lógica, la impetrante de garantías -parte actora en un juicio laboral-, no podría catalogarse como víctima de un delito, la ley en consulta lo conceptualiza como:

"Artículo 6. Para los efectos de esta ley, se entenderá por: ...

"(Reformada [N. de E. Reubicada antes fracción XIX], D.O.F. 3 de enero de 2017)

"XXI. Violación de derechos humanos: Todo acto u omisión que afecte los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales, cuando el agente sea servidor público en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas. También se considera violación de derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente por un servidor público, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de un servidor público."

Por la claridad en el texto de la citada porción normativa no hace falta acudir a algún otro método interpretativo distinto al gramatical para colegir que la violación de derechos humanos de la que resulta el carácter de víctima, cuyos derechos reconoce y garantiza la ley que nos ocupa, se encuentra vinculada estrechamente con la intervención de servidores o funcionarios públicos, ya sea de manera directa, es decir, que en el ejercicio de sus funciones o atribuciones afecten los derechos humanos de cualquier persona, o indirecta, esto es, mediante la instigación, autorización, aquiescencia o colaboración que presten a un particular, cuyos actos u omisiones afecten dichos derechos.

Luego, si en el caso concreto de lo que se duele el quejoso es del despido injustificado del que fue objeto por parte de la demandada, no existe ningún elemento, tanto en el juicio de origen como en el presente amparo, que permita, al menos, suponer que dicha empresa o el jefe de tráfico de la misma **********, a quien la actora atribuye la ejecución del despido, hubiesen estado ejerciendo funciones públicas al momento de despedir a la aquí disconforme, o que hayan actuado instigados o autorizados por un servidor público, o bien, con la aquiescencia o colaboración del mismo.

Entonces, resulta inconcuso que, al no encuadrar la hoy quejosa en ninguno de los dos supuestos con los cuales la Ley General de Víctimas identifica a las personas físicas sujetas a su protección (víctimas del delito y víctimas de violaciones a derechos humanos), la citada ley no le es aplicable en tratándose del despido injustificado, cuya presunción no fue desvirtuada en el juicio natural.

Cabe agregar que lo anterior de ningún modo implica que los trabajadores despedidos no sean compensados ante la conducta del patrón, pues al imponerse la obligación de pagar salarios caídos o vencidos en virtud de la existencia de un despido injustificado, ello constituye el pago de los daños y perjuicios que legalmente debe cubrir dicho patrón como una consecuencia ineludible de la responsabilidad en que incurre al despedir de manera injustificada a un trabajador.

De modo que la reparación del daño a que se refiere el quejoso no encuadra en la hipótesis prevista en la Ley General de Víctimas, sino que la Carta Magna y la legislación laboral establecen prestaciones como una consecuencia inmediata y directa del despido, particularmente el pago de la indemnización constitucional o los referidos salarios vencidos.

Por tanto, el hecho de que la Junta no se haya pronunciado en torno a los planteamientos que le formuló la actora sobre la Ley General de Víctimas, no le genera a ésta ningún perjuicio pues, como se ha explicado, dicha ley no es aplicable en el caso concreto.

Por otro lado, tampoco es dable considerar que la quejosa pueda obtener de la Junta responsable o de este Tribunal Colegiado de Circuito una determinación específica en el sentido de que se le paguen los daños y perjuicios que, dice, le ocasionó el retardo en la tramitación del procedimiento laboral, y que el monto correspondiente se obtenga del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que regula la propia Ley General de Víctimas.

Es así, en virtud de que si bien la citada ley establece, entre otras medidas de compensación, la reparación del daño moral sufrido por la víctima y el resarcimiento de los perjuicios ocasionados con motivo de la violación de derechos humanos,(7) también dispone que para acceder a dicha compensación a través de los recursos que brinda el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, se requiere el cumplimiento de ciertos requisitos, a saber:

a) Que la víctima de que se trate se encuentre inscrita en el Registro Nacional de Víctimas,(8) a efecto de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas realice una evaluación integral de su entorno familiar y social con el objeto de contar con los elementos suficientes para determinar las medidas de ayuda, asistencia, protección, reparación integral y, en su caso, la compensación.

b) Que dicha víctima realice la solicitud correspondiente ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.(9)

c) Que se tramite el procedimiento establecido en los artículos 144 a 150 de la Ley General de Víctimas, el cual concluye con la resolución administrativa del Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en la que determina la procedencia o improcedencia de la solicitud de acceso a los recursos que brinda el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

De lo anterior se colige que, independientemente de que este órgano jurisdiccional considera que la citada Ley General de Víctimas no es aplicable para la resolución de juicios en materia de trabajo, aun cuando la quejosa insistiera en su pretensión, el órgano competente para conocer y determinar sobre el pago de los daños y perjuicios que pretende, es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a que se refiere el artículo 25(10) del Reglamento de la Ley General de Víctimas en vigor, mediante el procedimiento previsto en los artículos 144 a 150 de la propia ley, que inicia con la solicitud del interesado y culmina con la resolución del Pleno de la referida comisión, conformado en términos del numeral 31(11) del reglamento en cita.

En ese sentido, ésta no es la vía pertinente para que la impetrante acceda, en su caso, al pago de los daños y perjuicios que solicitó ante la Junta responsable -por supuestas violaciones cometidas por la misma autoridad- y que reitera ante este Tribunal Colegiado de Circuito en su demanda de garantías, al pretender que se le aplique la Ley General de Víctimas y se le dé acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral regulado por el propio ordenamiento pues, se insiste, el procedimiento que debe seguirse es el previsto en la citada legislación, y el órgano competente para conocer del mismo es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Idéntico criterio al que aquí se desarrolla se sostuvo por parte de este Tribunal Colegiado de Circuito en las sesiones de catorce de diciembre de dos mil dieciséis y dos de febrero de dos mil diecisiete, al resolver los amparos directos ********** y **********, respectivamente.

2) Respecto de la inconstitucionalidad del artículo 48 de la Ley Federal de Trabajo la disconforme alega, en esencia, que al haber aplicado dicho precepto, la autoridad responsable vulneró sus derechos humanos, ya que sin verter argumento alguno, limitó a doce meses la condena al pago de los salarios caídos, siendo que el referido precepto, con motivo de la reforma que entró en vigor el uno de diciembre de dos mil doce, resulta inconstitucional e inconvencional, porque se olvida de las necesidades del trabajador -expone diversos argumentos por los que considera es inconstitucional el referido artículo-.

Que si bien existen criterios aislados en los que se interpreta que dicho precepto, no es violatorio de derechos humanos, los mismos también son inconstitucionales e inconvencionales.

Que en el caso concreto la actora demandó la reinstalación en su trabajo, no el pago de una indemnización, por lo que la Junta debió ocuparse de la estabilidad en el empleo, que es lo esencial en una relación de trabajo.

Añade que el citado artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, al limitar el pago de los salarios caídos, atenta contra la institución de la estabilidad en el empleo y contraviene el principio de cosa juzgada, referente al tiempo utilizado en el procedimiento como tiempo efectivo para efectos de antigüedad; por lo que no debió ser aplicado, ya que contraviene las bases impuestas en el numeral 123 de la Carta Magna.

Refiere también que la autoridad responsable transgredió los principios de legalidad y seguridad jurídica al aplicar dicho precepto (48), pues éste no es el que confiere la protección más amplia, sino que al actualizarse la hipótesis de la procedencia de la reinstalación, debió condenarse al pago de los salarios caídos en forma completa; es decir, incluyendo el tiempo que dure el conflicto.

Que, además, la determinación emitida por la Junta es contradictoria porque, por un lado, limita el pago de los salarios vencidos a doce meses y, por otro, condena al pago del aguinaldo y de la prima vacacional devengados desde la fecha del despido hasta el cumplimiento del laudo, porque la relación de trabajo debe entenderse continuada en los términos y condiciones pactados como si nunca se hubiera interrumpido.

Que, incluso, sí condenó a la reinstalación en los mismos términos y condiciones que regían la relación laboral, y dicha determinación colocaba a la condena en el ámbito de aplicación del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, antes de la reforma, pues con ésta, los términos y condiciones ya no son mejores -al limitarse el pago de los salarios vencidos-, entonces, dado que la condena a la reinstalación implica continuar con el vínculo de trabajo como si éste no se hubiera interrumpido, tuvo que haberse generado tal condición con todas las mejoras hasta terminar el conflicto.

Señala que el laudo reclamado también es incongruente, porque en la demanda laboral la hoy quejosa solicitó la inaplicabilidad de la reforma al citado artículo 48, en términos del precepto 133 constitucional, pero la Junta no hizo caso a dicha petición.

Reitera que el referido artículo 48, en su texto posterior a la reforma de noviembre de dos mil doce, es inconvencional e inconstitucional, y que la Junta responsable, con apego a los principios de control y correspondencia con los de justicia social, puede apartarse de los criterios jurisprudenciales cuando éstos contradicen la Constitución, como acontece con la tesis que la Segunda Sala del Más Alto Tribunal de la República emitió al resolver el amparo directo en revisión **********, y en el que sostiene que el precepto cuestionado no viola el artículo 123, apartado A, fracción XXII, constitucional, ni atenta contra los ordenamientos internacionales que protegen la estabilidad en el empleo.

Al respecto agrega, entre otras cosas, que la "soberanía judicial" es una extensión indebida del poder de los Jueces, pues no obstante resolver los litigios constitucionales, ello no quiere decir que tengan una autoridad superior para interpretar la Constitución.

Que la interpretación constituye una opción razonable y no debe ser suplantada por aquella que los Jueces hubieren preferido, ya que con esto pretenden atribuirse un poder que la Constitución no les otorga: "ser los únicos intérpretes constitucionales".

Redunda en que los ciudadanos no tienen por qué aceptar sin reparos las decisiones judiciales; es decir, permanecer como sujetos pasivos, pues son autores del derecho y así deben sentirse ante el involucramiento en cuestiones constitucionales, y que desconocer el papel de la gente, apoya tácitamente la supremacía constitucional.

Añade que el proceso judicial debe conducir a un proceso reflexivo de deliberación pública que sirva para corregir la parcialidad o suplir la generalidad de la ley y observar las debilidades, fracasos y rupturas del sistema judicial.

Por último, sugiere que este órgano se encuentra facultado por la Constitución, no sólo para interpretarla, sino para oponerse a criterios que toman en cuenta elementos que no forman parte de la misma, como acontece -afirma la quejosa- con el que constitucionalizó el artículo 48, reformado, de la ley laboral, por lo que -plantea- debe separarse del criterio del Más Alto Tribunal de la República.

Los argumentos resumidos, que se analizan de manera conjunta en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, son inoperantes, en virtud de que sobre el tema cuestionado existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En efecto, si ya existe pronunciamiento del Más Alto Tribunal del País en torno a la constitucionalidad del artículo cuestionado, cualquier análisis que se realice deviene ocioso, ya que no podría arribarse a un resultado distinto -como lo pretende la inconforme-, lo cual se traduce en un impedimento técnico que impide el estudio de los argumentos que plantea.

Esta premisa encuentra sustento en la tesis 1a./J. 14/97, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido reza:

"AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA.-Resulta innecesario realizar las consideraciones que sustenten la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado."(12)

La causa de pedir expuesta por la quejosa consiste, básicamente, en que el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce, al limitar a doce meses el pago de salarios vencidos en casos de despido injustificado en un juicio laboral, es violatorio de derechos humanos.

El citado precepto dispone:

"Artículo 48. El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a su elección, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de tres meses de salario, a razón del que corresponda a la fecha en que se realice el pago.

"Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un período máximo de doce meses, en términos de lo preceptuado en la última parte del párrafo anterior.

"Si al término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento al laudo, se pagarán también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de quince meses de salario, a razón del dos por ciento mensual, capitalizable al momento del pago. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable para el pago de otro tipo de indemnizaciones o prestaciones.

"En caso de muerte del trabajador, dejarán de computarse los salarios vencidos como parte del conflicto, a partir de la fecha del fallecimiento.

"Los abogados, litigantes o representantes que promuevan acciones, excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimiento de pruebas, recursos y, en general toda actuación en forma notoriamente improcedente, con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio laboral, se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces el salario mínimo general.

"Si la dilación es producto de omisiones o conductas irregulares de los servidores públicos, la sanción aplicable será la suspensión hasta por noventa días sin pago de salario y en caso de reincidencia la destitución del cargo, en los términos de las disposiciones aplicables. Además, en este último supuesto se dará vista al Ministerio Público para que investigue la posible comisión de delitos contra la administración de justicia."

La porción normativa en contra de la cual se dirigen los argumentos de inconformidad es la referente a que el pago de los salarios caídos no debe exceder del importe de doce meses.

Como ya se dijo, esa limitante plasmada por el legislador, que es la que se tilda de inconstitucional e inconvencional en este juicio de garantías, ha sido materia de estudio, interpretación y pronunciamiento por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 28/2016 (10a.), de título, subtítulo y texto siguientes:

"SALARIOS CAÍDOS. LA REFORMA AL ARTÍCULO 4

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27299-717f96dc/danos-y-perjuicios-causados-por-despido-injustificado-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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