ESTÍMULOS FISCALES. AL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO, FRACCIÓN I, DEL DECRETO QUE COMPILA DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES Y ESTABLECE MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2014, NO LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. ESTÍMULOS FISCALES. EL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO, FRACCIÓN I, DEL DECRETO QUE COMPILA DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES Y ESTABLECE MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2014, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD JURÍDICA.
ESTÍMULOS FISCALES. AL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO, FRACCIÓN I, DEL DECRETO QUE COMPILA DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES Y ESTABLECE MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2014, NO LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.
ESTÍMULOS FISCALES. EL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO, FRACCIÓN I, DEL DECRETO QUE COMPILA DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES Y ESTABLECE MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2014, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD JURÍDICA.
AMPARO EN REVISIÓN 761/2015. 8 DE MARZO DE 2017. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: MONSERRAT CID CABELLO, DOLORES RUEDA AGUILAR Y VÍCTOR MANUEL ROCHA MERCADO.
IV. Competencia
18. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Ley de Amparo vigente; 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 47, en relación con los diversos 14 a 17, todos ellos del Reglamento Interior de este Alto Tribunal; y conforme a lo previsto en el Acuerdo General Plenario Número 5/2013, punto tercero, en relación con el segundo, fracción III, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el cual se cuestionó la constitucionalidad de la Ley del Impuesto al Valor Agregado por lo que hace a las disposiciones que regulan la mecánica de tributación de dicho impuesto, con motivo de la expedición del Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de diciembre de dos mil trece, en particular, la fracción I de su artículo séptimo transitorio.
19. Cabe señalar que en el caso, no se justifica la competencia del Tribunal Pleno para conocer del presente asunto, en virtud de lo acordado por este Alto Tribunal en sesión privada de trece de junio de dos mil dieciséis.
V. Procedencia
20. El recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa es procedente, en virtud de que se interpone contra una sentencia dictada por un Juez de Distrito en un juicio de amparo en el cual se cuestionó la constitucionalidad de la fracción I del artículo séptimo transitorio del Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de diciembre de dos mil trece, en relación con los artículos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado reclamados. De modo que se surten los extremos del punto tercero, en relación con el segundo, fracción III, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013.
VI. Oportunidad
21. Resulta innecesario analizar la oportunidad con la que fue interpuesto el recurso de revisión, en virtud de que el Tribunal Colegiado que previno en el conocimiento del asunto ya se hizo cargo de tal aspecto, concluyendo que fue presentado de manera oportuna.(24)
VII. Cuestiones necesarias para resolver el asunto
22. A continuación se sintetizarán los conceptos de violación, la sentencia recurrida, los agravios hechos valer en el recurso de revisión, así como la resolución del Tribunal Colegiado que previno en el conocimiento del asunto.
23. Demanda de amparo. En su primer concepto de violación, la quejosa alegó que la fracción I del artículo séptimo transitorio del Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa vigente a partir del uno de enero de dos mil catorce, y en vía de consecuencia, los artículos 1o., 3o., 4o. y 5o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en vigor a partir de la fecha antes indicada, son inconstitucionales porque transgreden los principios de equidad y proporcionalidad tributarios contenidos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal, así como las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales.
24. Sostuvo que lo anterior era así, ya que a partir de la entrada en vigor de la fracción I del artículo séptimo transitorio del decreto impugnado, toda la mecánica del impuesto al valor agregado se volvió inconstitucional, en particular, el artículo 1o. que establece los elementos esenciales de dicha contribución, toda vez que genera una distinción arbitraria e inequitativa entre los contribuyentes de dicho impuesto al tomar en cuenta un elemento ajeno a la naturaleza del mismo, como lo son los ingresos de una persona.
25. Bajo esta premisa, señaló que derivado de la expedición del artículo séptimo transitorio, fracción I, del decreto reclamado, se le otorga un tratamiento desigual por cuanto hace a la mecánica de tributación del impuesto al valor agregado, en relación con el establecimiento de un régimen especial de tributación que dispone exclusivamente para las personas físicas que tributen conforme al régimen de incorporación fiscal previsto en el título IV, capítulo II, sección II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo que vulnera en su perjuicio, no sólo el principio de equidad tributaria, sino que incide directamente en los elementos esenciales del impuesto al valor agregado.
26. Al respecto, refirió que el criterio diferenciador que originó la creación del régimen especial de tributación establecido en el artículo séptimo transitorio del decreto reclamado, atendió exclusivamente a las circunstancias especiales que conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta tienen las personas físicas que tributan en el régimen de incorporación fiscal, y que en última instancia, atendió primordialmente al monto de los ingresos que dichas personas hayan percibido en el ejercicio inmediato anterior, lo que no tiene cabida desde la perspectiva del impuesto al valor agregado, ya que al ser un impuesto indirecto, no se debe atender al monto de los ingresos del contribuyente, por lo que dicho elemento no puede justificar la distinción evidenciada en los términos apuntados.
27. La quejosa destacó que se genera una inequidad en el pago del impuesto al valor agregado para el resto de los contribuyentes, pues encontrándose en el mismo supuesto de causación, no pueden hacerse acreedores al beneficio establecido en el decreto reclamado, sin que exista para ello, razón alguna que justifique un trato discriminatorio. Apuntó que lo anterior se hacía valer sin perjuicio de que las personas que tributan bajo el régimen de incorporación fiscal obtengan sus ingresos por la realización de actividades que no requieran título profesional, o que las efectúen con el público en general, ya que tales condiciones también resultaban ajenas al supuesto de causación del impuesto de referencia, aunado al hecho de que su actualización no es privativa de algún sector de contribuyentes.
28. En ese orden de ideas, argumentó que la fracción I del artículo séptimo transitorio del decreto reclamado es inconstitucional porque crea un régimen especial de tributación del impuesto al valor agregado, consistente en que ciertos contribuyentes, dependiendo de su nivel de ingresos, aplican un estímulo fiscal por la cantidad equivalente al cien por ciento (100%), el cual será acreditable contra el mismo impuesto a pagar por sus actividades, en lugar de hacerlo en los términos generales que establece la ley de la materia, esto es, tomando como base el valor de actos o actividades por los que se tenga que pagar el impuesto al valor agregado y aplicando sobre dicha base la tasa del dieciséis por ciento (16%), lo que trae como consecuencia que se ven afectados los elementos esenciales de la contribución de mérito contenidos en el artículo 1o. de la ley de la materia, a tal grado, que lo torna inconstitucional.
29. En este contexto, la quejosa afirmó que el impuesto al valor agregado nace como un impuesto que va dirigido a gravar el consumo dada su naturaleza de impuesto indirecto, lo que se traduce en que para su cálculo se atiende al valor de los actos o actividades gravados y sobre los mismos, se aplica la tasa correspondiente, por lo que el monto o precio de los bienes o servicios adquiridos es lo que determina indirectamente la capacidad contributiva del gobernado; de ahí que dicho impuesto impacta en mayor medida a quien más gasta, lo cual, destacó, atiende al principio de proporcionalidad tributaria consagrado en la fracción IV del artículo 31 constitucional.
30. Así, la promovente alegó que cuando los elementos esenciales del impuesto al valor agregado se ven modificados por la creación de alguna norma tributaria que remite a un artículo de un ordenamiento legal, ello puede acarrear la inconstitucionalidad del mismo si a través de dicha nueva disposición, se deja de atender a los principios consagrados en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, tal como acontece en el caso concreto.
31. Por otra parte, en su segundo concepto de violación, la quejosa alegó que el artículo séptimo transitorio, fracción I, del Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa vigente a partir del uno de enero de dos mil catorce, y en vía de consecuencia, los artículos 1o., 3o., 4o. y 5o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en vigor a partir de la fecha antes indicada, son inconstitucionales por considerar que transgreden los principios de competitividad y desarrollo económico contenidos en los artículos 25, 26 y 28 de la Constitución Federal, así como las garantías de legalidad y seguridad jurídica tuteladas, respectivamente, en los artículos 14 y 16 constitucionales.
32. La promovente aseveró que ello era así, puesto que la concesión otorgada a aquellas personas que tributan en el régimen de incorporación fiscal de conformidad con lo previsto en el título IV, capítulo II, sección II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, relativa a no trasladar cantidad alguna del impuesto al valor agregado a los adquirientes de sus bienes o receptores de sus servicios, permite que sus costos comerciales se vean disminuidos exponencialmente respecto de ella, lo cual le resta competitividad dentro del mercado y obstaculiza su desarrollo económico.
33. Al respecto, expuso que dada la naturaleza del impuesto al valor agregado de ser un impuesto indirecto, la carga tributaria relativa recae sobre el consumidor al serle trasladado. De ahí que si en términos de lo dispuesto en la porción normativa reclamada del decreto de que se trata, los contribuyentes que tributen bajo el régimen de incorporación fiscal no trasladarán cantidad alguna por concepto del impuesto referido a los adquirentes de sus bienes o servicios, es inconcuso que se permite que sus costos comerciales se vean disminuidos exponencialmente, lo que implica una ventaja comercial respecto de aquellos contribuyentes que, como ella, no se encuentran ubicados dentro del régimen especial citado, lo que transgrede los principios consagrados en los artículos 25 y 26 de la Constitución Federal, conforme a los cuales, el Estado se encuentra obligado a alentar y apoyar la competitividad y el fomento del crecimiento económico de los gobernados, bajo los criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad.
34. Sobre estas premisas, la quejosa puntualizó que si en términos del artículo 25 de la Constitución Federal, por competitividad se entiende la capacidad de un contribuyente de mantener sistemáticamente ventajas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico, ello bajo las condiciones que el Estado le proveyó bajo un criterio de equidad social, según su dicho, es claro que ello se incumple por las normas reclamadas, ya que permiten que determinados contribuyentes se encuentren en condiciones de ofrecer bienes y productos a un menor costo que el resto de éstos, quienes en relación con los beneficiados, se colocan en una desventaja comercial y económica.
35. En este contexto, adujo que la ventaja competitiva de referencia, conlleva una posición de monopolio parcial en el sentido de que sólo aquellos que se encuentren ubicados dentro del régimen de incorporación fiscal, podrán disponer de ella, otorgándoles de facto un poder sustancial sobre el mercado, lo cual infringe sus derechos fundamentales.
36. Por tanto, sostuvo que la exención del impuesto al valor agregado para las personas físicas que tributen bajo el régimen de incorporación fiscal otorgado por la porción normativa reclamada del decreto de que se trata, origina que el Estado fomente prácticas monopólicas disminuyendo e impidiendo la competencia nacional, dejando de observar lo dispuesto en el artículo 8o. de la Ley Federal de Competencia Económica, en relación con el artículo 28 de la Constitución Federal, máxime si se considera que el tratamiento especial otorgado a los contribuyentes que se ubican dentro del régimen de tributación referido, obedece a un elemento que no tiene relación con los supuestos de causación del impuesto al valor agregado, como lo es el monto de los ingresos de las personas.
37. Finalmente, en la última parte de su demanda de amparo, la quejosa solicitó al Juez de Distrito que conociera del asunto, el ejercicio del control de la constitucionalidad y convencionalidad ex officio de las normas reclamadas. Asimismo, precisó que la eventual concesión de amparo que pudiera determinarse en el caso concreto, no debería ser para el efecto de incluirla en el régimen de incorporación fiscal, sino para desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria consistente en el pago y esquema de tributación del impuesto al valor agregado, al encontrarse viciado a partir de la entrada en vigor del artículo séptimo transitorio del decreto reclamado.
38. Sentencia recurrida. En principio, el Juez de Distrito precisó los actos reclamados y las autoridades responsables.(25) Acto seguido, se pronunció en relación con la certeza de los actos reclamados, siendo que todas las autoridades responsables los aceptaron en los términos en que se les atribuyó.
39. Posteriormente, el Juez Federal advirtió de oficio, actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el diverso 17, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en razón de que la demanda relativa fue presentada de manera extemporánea, pues el acto destacado impugnado en el juicio, esto es, la fracción I del artículo séptimo transitorio del Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa vigente a partir del uno de enero de dos mil catorce, sólo podía reclamarse como norma autoaplicativa y, por ello, debió presentarse dentro del plazo de treinta días que prevé el segundo de los numerales antes citados.
40. Consideró que ello era así, ya que de una interpretación lógica del artículo de referencia se deducía que el mismo se individualiza en la esfera jurídica de aquellos contribuyentes personas físicas que realicen actos o actividades con el público en general y que además, opten por tributar en el régimen de incorporación fiscal, los cuales a su vez podrán optar por aplicar como estímulo fiscal, la cantidad equivalente al 100% (cien por ciento) del impuesto al valor agregado que deban pagar. En este contexto, señaló que si la quejosa no tenía el carácter de contribuyente persona física por estar constituida como persona moral, el artículo reclamado de mérito le causó un perjuicio directo y personal desde su entrada en vigor, al no ubicarse en la hipótesis normativa impugnada.
41. Aunado a lo anterior, estimó que, por las circunstancias particulares de la quejosa frente a la norma transitoria impugnada, únicamente podía combatirla desde su entrada en vigor, esto es, que no había posibilidad de que la controvirtiera con base en algún acto de aplicación, porque el hecho de que quedara excluida de los sujetos destinatarios de la misma constituía en sí mismo, una imposibilidad material de que se le aplicara, tomando en cuenta que su inconformidad estribaba en la falta de aplicación en su esfera jurídica del beneficio fiscal relativo que se establece para las personas físicas en los términos antes apuntados.
42. En ese sentido, concluyó que la declaración del pago provisional del impuesto al valor agregado que la quejosa señaló como primer acto de aplicación de la norma transitoria impugnada, no era de tal carácter, sino en todo caso, un hecho revelador de que no era sujeto de dicha disposición en tanto que no pudo, al efectuar dicho pago, aplicar el beneficio fiscal correspondiente por no ubicarse en el supuesto legal relativo.
43. Por tales motivos, el Juez de Distrito determinó sobreseer en el juicio, al estimar actualizada la causal de improcedencia antes referida, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo.
44. Recurso de revisión. En su único agravio, la recurrente alegó, sustancialmente, que contrario a lo resuelto por el Juez de Distrito, la norma transitoria impugnada era de carácter heteroaplicativa, pues el primer acto de aplicación se materializó cuando presentó su declaración correspondiente por no estar en el supuesto de excepción.
45. Al respecto, sostuvo que el Juez Federal pasó por alto que en virtud del mecanismo de tributación del impuesto al valor agregado, éste se calcula y entera de manera mensual, siendo precisamente a partir de ese momento en que se pueden materializar las afectaciones generadas con motivo de la aplicación del artículo transitorio reclamado en relación con el mecanismo de tributación al cual se ve constreñida, por lo que, es hasta ese momento cuando el contribuyente conoce con certeza el impuesto causado durante el mes de que se trate, así como aquel que pudiera acreditarse con motivo del impuesto de referencia que se hubiese pagado durante ese periodo, sin perjuicio de que fuera objeto o no del régimen especial de tributación que establece la disposición transitoria impugnada, pues la mecánica aplicable es la misma para ambos supuestos, esto es, beneficiarios del estímulo fiscal relativo contra el resto de los contribuyentes.
46. En ese tenor, afirmó que de acuerdo a la naturaleza de la norma transitoria impugnada, era indispensable acreditar la aplicación de la mecánica de tributación del impuesto al valor agregado, lo que se materializó al momento en que presentó la declaración correspondiente al mes de enero de dos mil catorce, pues fue cuando se vio imposibilitada para acceder al beneficio fiscal respectivo.
47. Recurso de revisión adhesiva. En virtud de que el Tribunal Colegiado que previno en el conocimiento del asunto ya se pronunció sobre el mismo, resulta innecesario sintetizar los agravios respectivos.
48. Resolución del Tribunal Colegiado. El órgano colegiado revocó la sentencia recurrida, motivo por el cual, previo estudio y desestimación de las causales de improcedencia hechas valer por las autoridades responsables en el juicio de amparo, así como por el presidente de la República en la revisión adhesiva, declaró infundada esta última y determinó carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, por lo que reservó jurisdicción a este Alto Tribunal para el análisis del tema de constitucionalidad de leyes subsistente.
VIII. Consideraciones y fundamentos
49. Problemática jurídica a resolver. En atención a que el Tribunal Colegiado que previamente conoció del presente recurso de revisión, revocó la sentencia recurrida, esta Primera Sala, con fundamento en la fracción V del artículo 93 de la Ley de Amparo, procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer, tendentes a demostrar la inconstitucionalidad de la fracción I del artículo séptimo transitorio del Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa vigente a partir del uno de enero de dos mil catorce, y en vía de consecuencia, de los artículos 1o., 3o., 4o. y 5o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en vigor a partir de la fecha antes indicada, por estimarse violatorios de los principios de proporcionalidad y equidad tributarios, así como el de competitividad y desarrollo económico, los cuales se estudiaran en el mismo orden en el que fueron propuestos. De ahí que las preguntas a responder son las siguientes:
• ¿El artículo séptimo transitorio, fracción I, del Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa vigente a partir del uno de enero de dos mil catorce, así como los preceptos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado impugnados, transgreden el principio de igualdad jurídica?
• ¿El artículo séptimo transitorio, fracción I, del Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa vigente a partir del uno de enero de dos mil catorce, así como los preceptos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado impugnados, son violatorios de los principios de competitividad y desarrollo económico?
50. Primera cuestión: ¿El artículo séptimo transitorio, fracción I, del Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa vigente a partir del uno de enero de dos mil catorce, así como los preceptos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado impugnados, transgreden el principio de igualdad jurídica?
51. La quejosa alegó, sustancialmente, en su primer concepto de violación -sintetizado en los párrafos 23 a 30 de esta ejecutoria-, que la fracción I del artículo séptimo transitorio del Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa vigente a partir del uno de enero de dos mil catorce, y en vía de consecuencia, los artículos 1o., 3o., 4o. y 5o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en vigor a partir de la fecha antes indicada, son inconstitucionales, porque transgreden los principios de equidad y proporcionalidad tributarios contenidos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal, así como las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales.
52. Sostuvo que lo anterior era así, ya que a partir de la entrada en vigor de la fracción I del artículo séptimo transitorio del decreto impugnado, toda la mecánica del impuesto al valor agregado se volvió inconstitucional, en particular, el artículo 1o. que establece los elementos esenciales de dicha contribución, toda vez que genera una distinción arbitraria e inequitativa entre los contribuyentes de dicho impuesto al tomar en cuenta un elemento ajeno a la naturaleza del mismo, como lo son los ingresos de una persona.
53. Bajo esta premisa, señaló que derivado de la expedición del artículo séptimo transitorio, fracción I, del decreto reclamado, se le otorga un tratamiento desigual por cuanto hace a la mecánica de tributación del impuesto al valor agregado, en relación con el establecimiento de un régimen especial de tributación que dispone exclusivamente para las personas físicas que tributen conforme al régimen de incorporación fiscal previsto en el título IV, capítulo II, sección II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo que vulnera en su perjuicio, no sólo el principio de equidad tributaria, sino que incide directamente en los elementos esenciales del impuesto al valor agregado.
54. Al respecto, refirió que el criterio diferenciador que originó la creación del régimen especial de tributación establecido en el artículo séptimo transitorio del decreto reclamado, atendió exclusivamente a las circunstancias especiales que conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta tienen las personas físicas que tributan en el régimen de incorporación fiscal, y que en última instancia, atendió primordialmente al monto de los ingresos que dichas personas hayan percibido en el ejercicio inmediato anterior, lo que no tiene cabida desde la perspectiva del impuesto al valor agregado, ya que al ser un impuesto indirecto, no se debe atender al monto de los ingresos del contribuyente, por lo que dicho elemento no puede justificar la distinción evidenciada en los términos apuntados.
55. En este contexto, la promovente manifestó que cuando los elementos esenciales del impuesto al valor agregado se ven modificados por la creación de alguna norma tributaria que remite a un artículo de un ordenamiento legal, ello puede acarrear la inconstitucionalidad del mismo si a través de dicha nueva disposición, se deja de atender a los principios consagrados en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, tal como acontece en el caso concreto.
56. Para dar respuesta a los anteriores argumentos, en principio, es necesario delimitar que la quejosa planteó la inconstitucionalidad de la fracción I del artículo séptimo transitorio del "Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa" y de forma destacada, los artículos 1o., 3o., 4o. y 5o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigentes al momento de presentar la demanda de amparo; sin embargo, los referidos preceptos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado no los reclamó por vicios propios, sino por considerar que con la entrada en vigor del referido decreto se tornó inconstitucional la mecánica de tributación del impuesto referido, en particular, los preceptos que contemplan la obligación del entero de dicha contribución.
57. En ese sentido, en primer lugar, cabe apuntar algunas precisiones en torno a los elementos esenciales del impuesto al valor agregado, los cuales se describen a continuación:
A) Sujetos: las personas físicas y morales que en el territorio nacional, realicen los actos o actividades que son objeto de dicha ley (primer párrafo del artículo 1o.(26) de la ley de la materia).
B) Objeto: Lo constituyen las actividades que se prevén en el artículo 1o.(27) de la ley de la materia, consistentes en la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, y la importación de bienes o servicios.
C) Base: La constituye el valor que la misma ley señala para las cuatro clases de actos o actividades que grava, en términos de lo previsto en el segundo párrafo de la ley de la materia.
D) Tasa: La tasa general aplicable será del 16% (párrafo segundo del artículo 1o. de la ley de la materia).(28) Asimismo, existe la tasa del 0% que se aplica en los casos señalados en el artículo 2-A(29) de la misma ley.
E) Época de pago: Los contribuyentes del impuesto de referencia lo calcularán por cada mes de calendario y efectuarán su pago, por regla general, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas a más tardar el día diecisiete del mes siguiente al que corresponda el pago, de conformidad con lo previsto en el artículo 5-D(30) de la ley de la materia. Lo anterior, con las siguientes excepciones:
i) Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es decir los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, durante el periodo que permanezcan en dicho régimen deberán calcular el impuesto al valor agregado de forma bimestral por los periodos comprendidos de enero y febrero; marzo y abril; mayo y junio; julio y agosto; septiembre y octubre, y noviembre y diciembre de cada año y efectuar el pago del impuesto a más tardar el día 17 del mes siguiente al bimestre que corresponda, mediante declaración que presentarán a través de los sistemas que disponga el Servicio de Administración Tributaria en su página de Internet, excepto en el caso de importaciones de bienes (artículo 5-E)(31)
ii) Los contribuyentes personas físicas que únicamente obtengan ingresos por el otorgamiento del uso o goce temporal de inmuebles, cuyo monto mensual no exceda de diez salarios mínimos generales del área geográfica del Distrito Federal, elevados al mes, que ejerzan la opción a que se refiere el artículo 116 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de efectuar los pagos provisionales de forma trimestral para efectos de dicho impuesto, deberán calcular el impuesto al valor agregado de forma trimestral por los periodos comprendidos de enero, febrero y marzo; abril, mayo y junio; julio, agosto y septiembre, y octubre, noviembre y diciembre, de cada año, y efectuar el pago del impuesto mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes siguiente al trimestre al que corresponda el pago (artículo 5-F)(32)
iii) Los contribuyentes que enajenen un bien o presten un servicio en forma accidental, por los que se deba pagar impuesto en los términos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, lo pagarán mediante declaración que presentará en las oficinas autorizadas, dentro de los 15 días siguientes a aquel en el que obtenga la contraprestación, sin que contra dicho pago se acepte acreditamiento (artículo 33)(33)
58. Asimismo, cabe destacar dos factores indispensables en la determinación del impuesto al valor agregado, que son el traslado y acreditamiento, los cuales si bien no forman parte de los elementos esenciales de dicho tributo, lo cierto es que inciden directamente en la mecánica de tributación de dicha contribución.
59. Así, en términos de lo previsto en el tercer párrafo del artículo 1o.(34) de la ley correspondiente, el contribuyente trasladará dicho impuesto, en forma expresa y por separado, a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente o reciban los servicios. En este contexto, el precepto dispone que se entenderá por traslado del impuesto
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27321-8ee3b4da/estimulos-fiscales-al-articulo-septimo-transitorio-fraccion-i · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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