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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO AL NO ACREDITARSE QUE LOS ACTOS IMPUGNADOS CAUSEN ALGÚN PERJUICIO O SEAN SUSCEPTIBLES DE PRIVAR AL ACTOR DE ALGÚN BENEFICIO QUE LEGALMENTE LE CORRESPONDA Y, POR ENDE, RESULTAR EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN (ARTÍCULO 59 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL TENER CONOCIMIENTO CON ANTERIORIDAD EL ACTOR DE LOS ACTOS IMPUGNADOS (AUTORIZACIÓN Y ENTREGA DE RECURSOS ECONÓMICOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2014, RESPECTO DE LOS RAMOS 28 Y 33, FONDOS III Y IV, CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN AMATENGO, ESTADO DE OAXACA). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN (OMISIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA DE ENTREGAR LOS RECURSOS DE PARTICIPACIÓN FEDERAL AL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN AMATENGO, A PARTIR DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2014). IV. OMISIÓN EN EL PAGO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES A LAS QUE TIENE DERECHO UN MUNICIPIO. NO SE CONFIGURA SI SE ACREDITA LA RECEPCIÓN DE LOS PAGOS CORRESPONDIENTES (OMISIONES DE PAGO RECLAMADAS POR EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN AMATENGO AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 118/2014. · Registro digital (IUS): 27345
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-09-08
Promovente: MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN AMATENGO, ESTADO DE OAXACA.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I, Pág. 295.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 118/2014. MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN AMATENGO, ESTADO DE OAXACA. 29 DE JUNIO DE 2016. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. AUSENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIA: NATALIA REYES HEROLES SCHARRER.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintinueve de junio de dos mil dieciséis.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Por oficio presentado el dieciséis de diciembre de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Peres, quien se ostentó como Síndico del Municipio de San Agustín Amatengo, Estado de Oaxaca, promovió controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por conducto de la Secretaría de Finanzas y del Poder Legislativo de dicha entidad federativa, en la que solicitó la invalidez de los actos que más adelante se señalan:

a) La entrega inconstitucional que se le realizó al supuesto tesorero municipal C. José Ramírez, de los recursos económicos públicos federales y estatales por concepto de participaciones municipales respecto a los fondos (sic) 28 y 33, Fondos III y IV, y de los diversos programas que legalmente le corresponden al Municipio de San Agustín Amatengo, del periodo comprendido del uno de enero al veintisiete de junio de dos mil catorce, sin que haya contado con la anuencia o aprobación del Ayuntamiento de dicho Municipio.

b) La autorización de la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca para la indebida entrega de todos los recursos económicos públicos federales y estatales por concepto de participaciones municipales respecto de los fondos (sic) 28 y 33, Fondos III y IV, de los programas que corresponden al Municipio de San Agustín Amatengo, incluyendo los ajustes cuatrimestrales y el cálculo de las diferencias entre las cantidades pagadas en concepto de anticipos a cuenta, y las participaciones determinadas provisionalmente por la Federación en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal, del uno de enero al veintisiete de junio de dos mil catorce, recibidos y ejercidos ilegalmente por el supuesto tesorero municipal.

c) La devolución a la Tesorería Municipal de la cantidad de $1'091,992.20 (un millón noventa y un mil novecientos noventa y dos pesos 20/100 moneda nacional) correspondiente al Ramo 33, Fondo III, de Infraestructura Social Municipal; la cantidad de $335,428.80 (trescientos treinta y cinco mil cuatrocientos veintiocho pesos 80/100 moneda nacional) correspondientes al Ramo 33, Fondo IV, Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; y la cantidad de $984,000.00 (novecientos ochenta y cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional) correspondiente al Ramo 28. Los cuales hacen una suma total de $2'411,421.00 (dos millones cuatrocientos once mil cuatrocientos veintiún pesos 00/100 moneda nacional) más los intereses que se sigan generando durante la tramitación de la presente controversia constitucional.

Las cantidades antes precisadas, corresponden al periodo comprendido del uno de enero al veintisiete de junio de dos mil catorce, las cuales fueron entregadas indebidamente al C. José Ramírez, supuesto tesorero municipal.

d) La negativa por parte de la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca de pagar las participaciones municipales de los Ramos 28 y 33, Fondo III de Infraestructura Social Municipal y Fondo IV de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, desde el dos de noviembre de dos mil catorce, sin que se le haya notificado al Municipio anticipadamente y sin que se hayan cumplido las formalidades del procedimiento.

e) El inminente inicio del procedimiento de suspensión y desaparición del Ayuntamiento de San Agustín Amatengo, Estado de Oaxaca, sin que se haya notificado el procedimiento de suspensión provisional.

f) La falta de notificación de los actos anteriormente precisados.

SEGUNDO.-En la demanda, el Municipio actor señaló los siguientes antecedentes:

1. El siete de julio de dos mil trece se celebraron elecciones para elegir concejales al Ayuntamiento de San Agustín Amatengo, Estado de Oaxaca.

2. El once de julio de dos mil trece, el Consejo Municipal Electoral de San Agustín Amatengo, Oaxaca, dependiente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de dicha entidad federativa, expidió la constancia de mayoría a la planilla ganadora, así como la constancia de asignación de los concejales de representación proporcional en los términos siguientes:

Concejales propietarios:

1o. Leninguer Raymundo Carballido Morales

2o. Jorge Enrique Ramírez Rosario

3o. Elías Reyes Martínez

4o. Margarita Peres

5o. Florencio Antonio Martínez López

Concejales propietarios de representación proporcional:

1o. Alfredo Jiménez Ordaz

2o. Pedro Martínez Jiménez

Concejales suplentes:

1o. Adán Julio Jiménez García

2o. Juan Francisco García López

3o. Roberto Martínez Ramírez

4o. Ernestina García

5o. Eleucadio Martínez Reyes

Concejales suplentes de representación proporcional:

1o. Reynaldo Juárez Mota

2o. Juan Jiménez Jiménez.

3. El veintitrés de julio de dos mil trece, fue detenido el primer concejal Leninguer Raymundo Carballido Morales con base en diversas órdenes de aprehensión dictadas en su contra.

4. En virtud de lo anterior, el uno de enero de dos mil catorce, se celebró sesión solemne de cabildo para la instalación del Ayuntamiento Constitucional de San Agustín Amatengo, Estado de Oaxaca, donde los concejales Adán Julio Jiménez García, Pedro Martínez Jiménez, Margarita Peres y Teresa Mendoza Domínguez tomaron protesta de ley como concejales propietarios; asimismo, se dio cuenta de que Leninguer Raymundo Carballido Morales no podría rendir protesta de ley en virtud de estar privado de su libertad.

5. El cinco de febrero de dos mil catorce, los concejales del Ayuntamiento de San Agustín Amatengo, Estado de Oaxaca, antes mencionados, acudieron al Departamento de Acreditación y Registro a Autoridades Municipales de la Dirección de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca para realizar los trámites de acreditación; sin embargo, el personal de dicha oficina les notificó que no podría llevar a cabo las acreditaciones, debido a que ya habían acreditado y autorizado sellos oficiales como autoridades municipales de San Agustín Amatengo a Elías Reyes Martínez, con el carácter de síndico municipal; Florencio Antonio Martínez López como regidor de hacienda; Jorge Enrique Ramírez Rosario como regidor de obras, José Ramírez como tesorero municipal y Justino Martínez García como secretario municipal.

6. Luego de la insistencia para que se les expidieran las acreditaciones, el treinta y uno de marzo de dos mil catorce, el director de gobierno del Estado de Oaxaca informó que había revisado con detalle el expediente de San Agustín Amatengo y que definitivamente no podría acreditarlos, porque los otros concejales habían presentado diversas documentales públicas, las cuales a juicio de ese funcionario y de sus superiores jerárquicos, cumplían los requisitos para conservar las acreditaciones expedidas con anterioridad.

De igual forma, al presentarse con el Departamento de Participaciones Municipales, dependiente de la Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas, fueron informados de que aquélla había entregado los recursos federales al tesorero municipal acreditado.

7. En virtud de lo anterior, Margarita Peres y los diversos concejales promovieron juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, donde se radicó con el expediente JDC/33/2014, el cual fue resuelto el veintisiete de junio de dos mil catorce y confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral el once de septiembre de dos mil catorce en el expediente SUP/JDC-520/2014 y su acumulado SUP/JDC-1132/2014.

Los resolutivos de la sentencia en comento fueron, en síntesis, los siguientes:

(i) Se revocaron las actas de cabildo de uno de enero de dos mil catorce, emitidas por los actores y los terceros interesados, en relación con la instalación e integración del cabildo municipal y en consecuencia, se dejaron sin efectos los actos celebrados posteriormente por los supuestos cabildos.

(ii) Se revocaron las acreditaciones realizadas por la Secretaría General de Gobierno, así como la autorización de sellos otorgada a los terceros interesados;

(iii) Se vinculó al concejal Adán Julio Jiménez García para que en el plazo de tres días convocara a los concejales propietarios electos para que diera cumplimiento al artículo 36 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca;

(iv) Se conminó a los concejales propietarios electos del Ayuntamiento para que asistieran a la sesión de instalación del Ayuntamiento, en la fecha y hora señalada por el presidente municipal Adán Julio Jiménez García;

(v) Se apercibió a los concejales propietarios que en caso de incumplimiento, se daría vista a la Legislatura Estatal para que determinara lo procedente en relación con lo previsto por el numeral 61, fracción VIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.

8. Como se observa de lo anterior, uno de los nombramientos que se dejó sin efectos fue el de José Ramírez, quien fungió como tesorero municipal del periodo comprendido del uno de enero al veintisiete de junio de dos mil catorce, lapso en el que cobró a nombre del Ayuntamiento de San Miguel Amatengo los pagos por concepto de participaciones municipales de los Ramos 28 y 33, Fondo de Infraestructura Social Municipal y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, incluyendo los ajustes cuatrimestrales y el cálculo de las diferencias entre las cantidades pagadas en concepto de anticipos a cuenta y las determinadas provisionalmente por la Federación en términos de la Ley de Coordinación Fiscal.

9. Por auto de veinticinco de julio de dos mil catorce, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, acordó no tener por cumplida la sentencia de veintisiete de junio de dos mil catorce, dictada en el referido juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, bajo el número JDC/33/2014. En consecuencia, dicho Tribunal ordenó convocar nuevamente a sesión de instalación y protesta de ley al cabildo del Ayuntamiento de San Agustín Amatengo, lo cual fue realizado el ocho de agosto de dos mil catorce.

En esa fecha, mediante sesión extraordinaria de cabildo se ratificaron las comisiones de los concejales, secretaria y tesorero municipal de dicho Ayuntamiento, de la siguiente manera:

Presidente municipal: Adán Julio Jiménez García.

Síndico municipal: Margarita Peres.

Regidor de hacienda: Pedro Martínez Jiménez.

Regidor de obras: Alfredo Jiménez Ordaz.

Secretaria municipal: Juana Carmela Cruz Ramírez.

Tesorero municipal: Sergio Juárez Patricio.

10. Mediante acuerdo de catorce de noviembre de dos mil catorce, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, declaró válidamente instalado el Ayuntamiento de San Agustín Amatengo, Estado de Oaxaca, en relación con el acta de sesión solemne de instalación, efectuada el ocho de agosto de dos mil catorce.

11. Ante las circunstancias antes descritas, el Congreso del Estado de Oaxaca ha determinado iniciar el procedimiento de suspensión provisional del Ayuntamiento.

TERCERO.-Conceptos de invalidez. Se hicieron valer los conceptos de invalidez que se sintetizan a continuación:

a) La suspensión de pagos de los recursos económicos públicos federales y estatales por concepto de participaciones federales, y el inminente inicio del procedimiento de desaparición del Ayuntamiento, se tratan de actos encaminados a la aplicación del artículo 59 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, y del cual se solicita su invalidez por la falta de notificación del inminente procedimiento de suspensión provisional del Ayuntamiento.

En consecuencia, el inminente decreto que aprobará el inicio del procedimiento de desaparición del Ayuntamiento de San Agustín Amatengo, Estado de Oaxaca, y la declaración de la suspensión provisional de aquél y el nombramiento de un administrador; la suspensión de pago de los recursos económicos públicos municipales; y, particularmente, la indebida entrega de todos los recursos económicos federales y estatales que le corresponden al Municipio, no satisfacen las garantías de audiencia y legalidad tutelada en los artículos 14, 16 y 115, fracción I, tercer párrafo, de la Constitución.

Debe tomarse en consideración que tal determinación se dictó sin haber notificado al domicilio y mucho menos sin dar a conocer las bases que sirvieron para la instauración de dicho procedimiento.

En ese sentido, el acto combatido deja al Municipio en total estado de indefensión, al suspenderse la entrega de los recursos económicos públicos municipales.

Además, el inminente decreto conlleva en su expedición una clara violación al artículo 115 constitucional, porque la suspensión provisional está adminiculada a la suspensión del pago de las participaciones económicas; tomando en consideración que una vez que la Federación y los Estados acuerdan la transferencia de dichos recursos a un Municipio, si los primeros incumplen o retardan dicha transferencia, privan a los Municipios de la base material y económica necesaria para ejercer sus funciones constitucionales; en ese sentido, la falta de entrega de participaciones conlleva una afectación a su hacienda municipal y, con ello, a su autonomía.

Finalmente, que los actos y omisiones son violatorios de los principios de libre administración de la hacienda pública municipal y de integridad de los recursos municipales, toda vez que la responsable carece de facultades para retener los Fondos en mención.

CUARTO.-Artículos constitucionales que se aducen violados. Los preceptos 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO.-Admisión. Por acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil catorce, la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al segundo periodo de dos mil catorce(1) admitió a trámite la demanda de controversia constitucional, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, asignándole el número 118/2014 y determinaron que, una vez iniciado el primer periodo de sesiones correspondiente a dos mil quince, se proveería lo relativo al turno del asunto.

Asimismo, tuvo como demandados a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Oaxaca, no así al secretario de Finanzas, por ser un órgano subordinado al Poder Ejecutivo.

En ese sentido, ordenó el emplazamiento de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Oaxaca y ordenó dar vista al procurador general de la República con copia de la demanda.

SEXTO.-Turno. Por auto de dos de enero de dos mil quince, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó turnar el presente asunto a la Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas como instructora del procedimiento.

SÉPTIMO.-Contestaciones de la demanda.

1. Poder Legislativo del Estado de Oaxaca. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, ostentándose como representante legal de la propia Legislatura, al contestar la demanda señaló, en síntesis, lo siguiente:(2)

No es cierto que la Legislatura Estatal haya iniciado el procedimiento de suspensión y desaparición del Ayuntamiento de San Agustín Amatengo, en consecuencia, tampoco es cierto que aquélla haya decretado la suspensión provisional del Ayuntamiento de dicho Municipio.

Lo cierto, es que el nueve de octubre de dos mil catorce, ciudadanos del Municipio actor presentaron ante el Congreso del Estado demanda de desaparición del Ayuntamiento de San Agustín Amatengo, la cual fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación, asignándose el expediente 280, sin que a la fecha de la contestación se haya dictado algún acuerdo en dicho expediente. Por tanto, no se ha iniciado formalmente el procedimiento de suspensión y desaparición del Ayuntamiento actor.

2. Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil quince, Víctor Hugo Alejo Torres, quien se ostentó como consejero jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, contestó la demanda de controversia constitucional y manifestó lo siguiente:

En cuanto a la certeza de los actos impugnados señaló lo siguiente:

a) Señaló como falso que Adán Julio Jiménez García, Pedro Martínez Jiménez, Margarita Peres y Teresa Mendoza Domínguez hayan tomado protesta y se hayan instalado como Ayuntamiento, toda vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, al resolver el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC/33/2014, declaró la nulidad del acta de sesión solemne para la instalación y toma de protesta del Ayuntamiento de San Agustín Amatengo. Además, resulta falso que Teresa Mendoza Domínguez sea concejal propietaria del Ayuntamiento de San Agustín Amatengo, Oaxaca.

b) Es cierto que se acreditó a las personas que justificaron legalmente tener el carácter de autoridades municipales del citado Ayuntamiento de San Agustín Amatengo, Ejutla, Oaxaca.

c) Es cierto que se le informó a la ahora actora que la Secretaría de Finanzas, respetando las determinaciones adoptadas por el Ayuntamiento de San Agustín, Amatengo, había determinado entregar los recursos federales a través del tesorero municipal acreditado.

En este aspecto, la narración vertida por la síndica municipal conlleva la confesión expresa de que, desde el inicio de la administración el Municipio actor ya tenía conocimiento de que los recursos que le correspondían al Municipio de San Agustín Amatengo se estaban ministrando por conducto de José Ramírez, en su carácter de tesorero del Municipio.

d) Es cierto que una de las consecuencias de la sentencia dictada por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, en el expediente JDC/33/2014 fue sin dejar sin efectos la designación de José Ramírez en su carácter de tesorero municipal.

Sin embargo, dicho acto no afectó derecho constitucional alguno tutelado a favor del ente de gobierno municipal, porque de acuerdo al numeral 3 del artículo 5 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca, la presentación del medio de impugnación no produce efecto suspensivo sobre el acto o resolución impugnada.

Por tanto, el acto impugnado en la vía electoral, relativo a la expedición de credenciales de acreditación y registro de sellos oficiales no generó suspensión alguna y, por tanto, en el periodo en el que se utilizaron resultaron válidos, entre ellos, el empleado por José Ramírez, quien fungió como tesorero municipal del uno de enero al veintisiete de junio de dos mil catorce.

Suponiendo sin conceder que el acto de entregar los recursos hubiera causado afectación a la autonomía municipal, quien debió haber hecho valer alguna ilegalidad debió ser la persona que en ese periodo ostentaba el cargo de Síndico Municipal; sin embargo, en el periodo referido, Margarita Peres, hoy síndica municipal, figuraba solamente como una regidora más dentro del Ayuntamiento de San Agustín Amatengo, por tanto, no le asiste el derecho de reclamar a favor del Municipio el supuesto pago indebido.

En otro aspecto, invocó las siguientes causales de improcedencia:

e) Extemporaneidad de la demanda. La demanda fue presentada fuera del plazo de treinta días a que alude la fracción I del artículo 20 de la ley de la materia, respecto de los actos identificados con los incisos a), b), c) y d) que se reclaman en el escrito de demanda.

El plazo para reclamar la supuesta entrega indebida de recursos durante el periodo comprendido del uno de enero al veintisiete de junio se fue consumiendo conforme se fueron ministrando los recursos, por tanto, el plazo para la impugnación de tales actos en esta instancia había fenecido totalmente a la fecha de presentación de la demanda, tomando en consideración que la fecha más reciente de la entrega del último recurso que el Municipio alega fue entregado fue el treinta de junio de dos mil catorce (segunda quincena del mes de junio de dos mil catorce).

En ese sentido, el ente municipal tenía hasta el veintiocho de agosto de dos mil catorce para alegar la entrega indebida; sin embargo, al no hacerlo, se entiende que consintió los actos, máxime si el Ayuntamiento quedó instalado desde el ocho de agosto de dos mil catorce.

Lo anterior, aunado a que el Municipio manifestó expresamente que el cinco de febrero de dos mil catorce acudió al Departamento de Acreditación y Registro de la Secretaría General de Gobierno, donde le informaron que ya se encontraban acreditadas las autoridades municipales, entre ellos, el tesorero municipal, por tanto, desde esa fecha debe tenerse al impetrante teniendo conocimiento de la supuesta entrega indebida de recursos.

f) Inexistencia de actos. El Poder Ejecutivo señaló que no existe el acto identificado con el inciso d), donde el Municipio adujo que a partir del dos de diciembre de dos mil catorce se le ha negado el pago de las Participaciones Municipales de los Ramos 28 y 33, Fondos III y IV.

Lo anterior, porque la Secretaría de Finanzas ha ministrado al Municipio actor sus participaciones y aportaciones fiscales federales en estricto apego a los artículos 6o. y 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal y a la suspensión otorgada al Municipio actor.

Finalmente, con la finalidad de sustentar la invalidez de los actos impugnados, argumentó lo siguiente:

g) En caso de que se desestimaran las causales de improcedencia invocadas, considera que deben declararse infundadas las pretensiones hechas valer por el Municipio actor, ya que el Poder Ejecutivo ha respetado su autonomía, pues los recursos que correspondieron al ente de gobierno durante el periodo comprendido de la primera quincena de enero a la segunda quincena de dos mil catorce se ministraron normal y, oportunamente, a través de José Ramírez, en su carácter de tesorero municipal y autorizado por el Ayuntamiento durante dicho lapso.

Para sustentar lo expuesto, manifestó que el Municipio de San Agustín Amatengo está conformado por siete concejales propietarios. Asimismo, que fue un hecho notorio que Leninguer Raymundo Carballido Morales tenía libradas órdenes de aprehensión, y que posteriormente fue detenido y privado de su libertad antes de ejercer el cargo de presidente municipal.

Lo anterior, detonó un conflicto con los integrantes que habían sido electos al Ayuntamiento, formándose dos corrientes políticas:

1) Integrado por Jorge Enrique Ramírez Rosario, Elías Martínez y Florencio Antonio Martínez López, todos ellos concejales propietarios; y,

2) Integrado por Adán Julio Jiménez García, suplente del primer concejal electo al Ayuntamiento, Margarita Peres, concejal propietaria y Pedro Martínez Jiménez, concejal propietario por el principio de representación proporcional.

Si bien se tenía conocimiento de que el Ayuntamiento debía conformarse por siete concejales, únicamente se tenía conocimiento de que cinco propietarios y un suplente pretendían ejercer los respectivos cargos.

En ese sentido, al ser los integrantes del primer grupo quienes se acreditaron en principio ante la Secretaría de Gobierno del Estado de Oaxaca, a ellos se les ministraron los recursos a través del tesorero municipal que habían nombrado.

Lo anterior, porque de los documentos exhibidos por los dos grupos, el que acreditó estar ajustado a derecho fue el primer grupo, toda vez que iniciaron sesión en la hora señalada por la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y por ser tres concejales propietarios de la planilla ganadora.

Una vez reconocidas las autoridades del Ayuntamiento del primer grupo, Margarita Peres, quien en esta vía constitucional se ostenta como síndica municipal impugnó ante el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, la negativa de reconocer la sesión solemne de instalación y el acta de la primera sesión ordinaria, y de uno y dos de enero de dos mil catorce, celebrada por el segundo grupo, así como la negativa de expedirles las credenciales de acreditación y registro.

Tanto la autoridad ejecutiva como la jurisdiccional no consideraron válidos los actos de instalación del segundo grupo, es decir, que aquél no nació a la vida jurídica.

De lo anterior, concluyó el Poder Ejecutivo, la sesión instalada por el primer grupo fue un acto donde los concejales ejercieron sus derechos político electorales, lo que se corrobora con el fallo dictado por la autoridad judicial electoral.

En tal contexto, al ser la integración del primer grupo un acto eminentemente electoral, la impugnación ante el Tribunal Electoral no creó efecto suspensivo alguno en cuanto a los acuerdos y determinaciones adoptadas por el ente electoral.

Derivado de lo anterior, queda comprobado que no le asiste razón al Municipio actor, toda vez que durante el periodo de uno de enero al veintisiete de junio de dos mil catorce, la concejal que en esta instancia se ostenta como síndica municipal, no se encontraba instalada y mucho menos reconocida como integrante del Ayuntamiento, tan es así que fue hasta el ocho de agosto donde se tuvo por legalmente instalado el Ayuntamiento.

En ese sentido, la promovente alega una entrega indebida de recursos en un periodo de gestión para el que no fue electa. Además, no podría otorgarse razón a la síndica, porque de ordenarse la devolución de cantidades entregadas al Municipio actor de los recursos correspondientes al primer semestre de dos mil catorce atentaría contra el artículo 14 constitucional, al autorizar a una persona nombrada como tesorero municipal a ejercer recursos del Municipio de un periodo anterior al que fue autorizado, es decir, cuando no ostentaba cargo alguno.

OCTAVO.-Regularización del procedimiento. Por acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil quince, entre otras cuestiones, el Ministro presidente dio cuenta que en auto de diecisiete de diciembre de dos mil catorce, por el que se admitió a trámite la presente controversia constitucional, no se hizo pronunciamiento en torno a la impugnación del Municipio actor, respecto del artículo 59 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, atento a lo expresado en el apartado de conceptos de invalidez en el escrito inicial de demanda. En ese sentido, regularizó el procedimiento a fin de tener al citado numeral como norma impugnada en este asunto.

En mérito de lo anterior, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó emplazar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Oaxaca para que produjeran contestación en torno a dicho aspecto.

En ese sentido, requirió al Poder Legislativo para que remitiera a este Alto Tribunal los antecedentes de la norma impugnada y al Poder Ejecutivo para que enviara el ejemplar del periódico oficial en que se haya publicado la norma impugnada.

Por otro lado, requirió al Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, a fin de que remitiera a este Alto Tribunal copia certificada de todo lo actuado en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano JDC/33/2014; así como a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que remitiera copia certificada de la sentencia dictada en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-520/2014 y SUP-JDC-1132/2014, acumulados.

NOVENO.-Desahogos de la vista en cuanto al planteamiento de invalidez del artículo 59 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca. En cumplimiento al auto de veintiséis de febrero de dos mil quince, los Poderes Legislativo y Ejecutivo manifestaron esencialmente lo siguiente:

1. Poder Legislativo del Estado de Oaxaca.

a) En cuanto a la impugnación del artículo 59 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca con motivo de su publicación, la demanda es extemporánea, toda vez que la norma fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el treinta de noviembre de dos mil diez y la demanda se presentó el dieciséis de diciembre de dos mil catorce, por lo que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 21, fracción II, de la ley de la materia.

b) Por lo que hace a la impugnación del artículo 59 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, con motivo de su primer acto de aplicación, manifestó que si bien existe una demanda relativa a la suspensión provisional del Ayuntamiento, a la fecha no se ha dictado algún acuerdo en el expediente 280, por lo que no existe el acto de aplicación, por lo que debe sobreseerse en la controversia, con apoyo en el artículo 20, fracción III, de la ley de la materia.

2. Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

En similares términos a lo expuesto por la Legislatura Estatal, el Poder Ejecutivo sostuvo que de estimarse el carácter autoaplicativo del artículo 59 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, entonces la presentación de la demanda sería extemporánea, toda vez que el referido numeral fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad el treinta de noviembre de dos mil diez, sin que a la fecha se hubiera reformado.

Asimismo, que aun cuando se considerara el carácter heteroaplicativo de la norma impugnada, no se acreditó el primer acto de aplicación de ésta, por lo que debe sobreseerse en la controversia constitucional.

En adición a lo anterior, el Poder Ejecutivo estatal, también sostuvo que el Municipio actor debió comprobar fehacientement

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27345-ac5f4bc6/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-falta-de-interes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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