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PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA EN MATERIA FISCAL. SU CONTENIDO ESENCIAL. ALIMENTOS NO BÁSICOS CON UNA DENSIDAD CALÓRICA DE 275 KILOCALORÍAS O MAYOR POR CADA 100 GRAMOS. EL ARTÍCULO 2o., FRACCIÓN I, INCISO J), DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, AL GRAVAR COMO OBJETO DEL IMPUESTO A LAS BOTANAS DESCRITAS EN EL ARTÍCULO 3o., FRACCIÓN XXVI, DEL CITADO ORDENAMIENTO Y EN LA REGLA I.5.1.5 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. ALIMENTOS NO BÁSICOS CON UNA DENSIDAD CALÓRICA DE 275 KILOCALORÍAS O MAYOR POR CADA 100 GRAMOS. EL ARTÍCULO 2o., FRACCIÓN I, INCISO J), DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS QUE LOS GRAVA, AL PREVER EL OBJETO Y LA TASA DEL IMPUESTO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. IGUALDAD O EQUIDAD TRIBUTARIA. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS EN LOS QUE SE HAGA VALER LA VIOLACIÓN A DICHO PRINCIPIO, SON INOPERANTES SI NO SE PROPORCIONA UN TÉRMINO DE COMPARACIÓN IDÓNEO PARA DEMOSTRAR QUE LA NORMA IMPUGNADA OTORGA UN TRATO DIFERENCIADO. ALIMENTOS NO BÁSICOS CON UNA DENSIDAD CALÓRICA DE 275 KILOCALORÍAS O MAYOR POR CADA 100 GRAMOS. EL ARTÍCULO 2o., FRACCIÓN I, INCISO J), DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, AL ESTABLECER UNA CLÁUSULA HABILITANTE A FAVOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA DAR A CONOCER LOS ALIMENTOS DE CONSUMO BÁSICO QUE NO SERÁN OBJETO DEL TRIBUTO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALIMENTOS NO BÁSICOS CON UNA DENSIDAD CALÓRICA DE 275 KILOCALORÍAS O MAYOR POR CADA 100 GRAMOS. EL ARTÍCULO 2o., FRACCIÓN I, INCISO J), DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, ESTABLECE UN HECHO IMPONIBLE DE CONFIGURACIÓN SIMPLE. ALIMENTOS NO BÁSICOS CON UNA DENSIDAD CALÓRICA DE 275 KILOCALORÍAS O MAYOR POR CADA 100 GRAMOS. EL ARTÍCULO 2o., FRACCIÓN I, INCISO J), DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, QUE ESTABLECE LA TASA CON LA QUE SE GRAVAN, SUPERA EL TEST DE PROPORCIONALIDAD. ALIMENTOS NO BÁSICOS CON UNA DENSIDAD CALÓRICA DE 275 KILOCALORÍAS O MAYOR POR CADA 100 GRAMOS. EL ARTÍCULO 2o., FRACCIÓN I, INCISO J), DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, QUE LES OTORGA UN TRATO DISTINTO RESPECTO DE LOS ALIMENTOS BÁSICOS Y NO BÁSICOS QUE NO SE ENCUENTREN EN LA LISTA QUE ESTABLECE EL PROPIO PRECEPTO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. EXENCIÓN Y NO SUJECIÓN TRIBUTARIAS. SUS DIFERENCIAS. ALIMENTOS NO BÁSICOS CON UNA DENSIDAD CALÓRICA DE 275 KILOCALORÍAS O MAYOR POR CADA 100 GRAMOS. EL ARTÍCULO 2o., FRACCIÓN I, INCISO J), DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS QUE LOS GRAVA, AL PREVER LOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO DEL IMPUESTO, ES ACORDE CON LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD TRIBUTARIA Y DE SEGURIDAD JURÍDICA. ALIMENTOS NO BÁSICOS. EL ARTÍCULO CUARTO RELATIVO A LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, QUE ESTABLECE QUE EN CASO DE QUE LA ENAJENACIÓN DE AQUÉLLOS SE HAYA CELEBRADO CON ANTERIORIDAD A LA EMISIÓN DEL DECRETO QUE REFORMÓ DICHA LEY, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE DICIEMBRE DE 2013, ESTARÁ AFECTA AL PAGO DEL TRIBUTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN EL MOMENTO DE SU COBRO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA EN MATERIA FISCAL. SU CONTENIDO ESENCIAL. PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL ARTÍCULO CUARTO, FRACCIÓN I, RELATIVO A LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMÓ LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL ALUDIDO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE DICIEMBRE DE 2013, ES ACORDE AL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. LA ATRIBUCIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 2o., FRACCIÓN I, INCISO J), PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA EN SU VERTIENTE DE ESTABILIDAD NORMATIVA. TEST DE PROPORCIONALIDAD DE LAS LEYES FISCALES. LA INTENSIDAD DE SU CONTROL CONSTITUCIONAL Y SU APLICACIÓN, REQUIEREN DE UN MÍNIMO DE JUSTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN. ALIMENTOS NO BÁSICOS CON UNA DENSIDAD CALÓRICA DE 275 KILOCALORÍAS O MAYOR POR CADA 100 GRAMOS. EL ARTÍCULO 2o., FRACCIÓN I, INCISO J), DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS QUE LOS GRAVA, RESPETA EL DERECHO DE DESTINO DE LAS CONTRIBUCIONES. PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL HECHO DE QUE NO EXISTA CORRESPONDENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS RELACIONADOS CON EL TRIBUTO, EN RELACIÓN CON EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2o., FRACCIÓN I, INCISO J), DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO, NO LO HACE INCONSTITUCIONAL. TEST DE PROPORCIONALIDAD DE LAS LEYES FISCALES. LA INTENSIDAD DE SU CONTROL CONSTITUCIONAL Y SU APLICACIÓN, REQUIEREN DE UN MÍNIMO DE JUSTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN. IGUALDAD O EQUIDAD TRIBUTARIA. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS EN LOS QUE SE HAGA VALER LA VIOLACIÓN

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 441/2015. · Registro digital (IUS): 27377
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-10-06
Promovente: —
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo II, Pág. 656.

PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA EN MATERIA FISCAL. SU CONTENIDO ESENCIAL.

AMPARO EN REVISIÓN 441/2015. 5 DE OCTUBRE DE 2016. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN; VOTÓ EN CONTRA DE CONSIDERACIONES MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: JORGE JIMÉNEZ JIMÉNEZ.

Aspectos procesales

III. Competencia

34. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver los recursos de revisión principales, así como adhesivo.(26)

IV. Oportunidad y legitimación

35. Las revisiones principales de las quejosas,(27) del presidente de la República(28) y de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,(29) así como el adhesivo,(30) se interpusieron oportunamente y por parte legítima,(31) respectivamente.

V. Procedencia

36. Los recursos de revisión principales interpuestos tanto por las quejosas,(32) como por las autoridades responsables presidente de la República y Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,(33) así como la revisión adhesiva,(34) son procedentes.

VI. Cuestiones necesarias para resolver el asunto

37. A continuación, se hace referencia a los conceptos de violación, la sentencia recurrida y los agravios formulados en los recursos de revisión.

38. Demanda de amparo. Las quejosas formularon 12 conceptos de violación, en los que plantearon la inconstitucionalidad de las normas reclamadas; los argumentos respectivos se sintetizarán en el apartado de estudio correspondiente cuando sea necesario.

39. Sentencia recurrida. En las consideraciones de la sentencia recurrida, el Juez de Distrito auxiliar determinó lo que a continuación se señala, en lo que interesa para la resolución del presente asunto:

40. Considerando tercero. Determinó que son inexistentes los actos consistentes en la orden de expedición, discusión y aprobación del numeral 3.3 del capítulo 3 del decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa, atribuidos al presidente de la República, así como la discusión, aprobación y expedición de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, en cuanto a las reglas combatidas, que se atribuyó al jefe del Servicio de Administración Tributaria, por lo que respecto de tales actos consideró procedente sobreseer en el juicio de amparo.

41. Considerando quinto. Consideró fundada la causa de improcedencia planteada por los secretarios de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que únicamente se les reclamó el refrendo de los decretos impugnados, respectivamente, sin que se les atribuyera por vicios propios, por lo que carecen de la calidad de autoridades responsables.

42. Considerando sexto. Estimó infundadas las restantes causas de improcedencia planteadas, en específico, las siguientes:

43. I. Las Cámaras de Diputados y de Senadores, el presidente de la República y la agente del Ministerio Público Federal adscrita a ese juzgado hicieron valer las siguientes causales:

44. a) Ausencia de interés jurídico para reclamar los decretos impugnados, porque las quejosas no se ubican en el supuesto normativo (artículo 61, fracción XII).

45. b) Falta de perjuicio, por ser normas heteroaplicativas, por lo que la afectación se dará hasta el entero del primer pago mensual del impuesto o hasta la declaración fiscal anual [artículo 61, fracción XXIII, en relación con el inciso b) de la fracción I del artículo 107].

46. c) Omisión de formular conceptos de violación contra los artículos 1o. y 19, fracción VIII, de la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios (artículo 61, fracción XXXIII, en relación con el 108, fracción VIII).

47. d) No se demostró ubicarse en situación análoga, semejante, equiparable o idéntica a la establecida en el decreto que compila diversos beneficios fiscales reclamado, por lo que las quejosas están excluidas de observar sus efectos.

48. II. El jefe del Servicio de Administración Tributaria planteó las siguientes causales de improcedencia, respecto de las reglas I.5.1.2, I.5.1.3 y I.5.1.5 de la Resolución Miscelánea Fiscal:

49. a) Falta de interés jurídico para reclamarlas, porque no establecen obligación adicional alguna a los contribuyentes, pues sólo explican y detallan lo establecido en el artículo 2o., fracción I, inciso J), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (artículo 61, fracción XII).

50. b) No se pueden concretar los efectos de la concesión de amparo, porque las reglas reclamadas no imponen obligaciones a las quejosas (artículo 61, fracción XXII, en relación con el 77, fracción I).

51. c) Se reclama la emisión de las reglas, por existir un perjuicio económico y no jurídico (artículo 61, fracción XII).

52. d) Las reglas combatidas constituyen actos consumados de manera irreparable (artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo).

53. e) Omisión de agotar el principio de definitividad, pues contra de las reglas procede el juicio contencioso administrativo (artículo 61, fracción XX).

54. Asimismo, estableció que, de forma oficiosa, no se advirtieron más causas de improcedencia.

55. Considerando séptimo. Analizó los conceptos de violación en los que las quejosas planteó la violación relacionada con los fines extrafiscales por carecer de sustento para motivar las reformas; legalidad tributaria y seguridad jurídica; igualdad y equidad tributaria; proporcionalidad tributaria; irretroactividad de la ley; alimentación; libre concurrencia o competencia; libertades fundamentales del individuo; legalidad; desarrollo integral de las personas (derecho de seguridad económica, distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, y a tener sistemas impositivos adecuados y equitativos); protección de la honra y de la dignidad; igualdad; equidad tributaria y trato no discriminatorio; libre competencia y concurrencia; subordinación jerárquica y reserva de ley, en relación con el principio de legalidad; supremacía constitucional y principio pro homine; relacionados con los artículos 1o., 2o., fracción I, inciso J), 3o., fracciones XXV a XXXVI, 5o., 5o.-A, 10, 11, 14, 19, fracciones I, II, VI y VIII, y cuarto transitorio, fracción I, incisos a) y b), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; el numeral 3.3 del capítulo 3 del decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa, así como las reglas I.5.1.2, I.5.1.3 y I.5.1.5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2014, los cuales calificó de infundados e inoperantes; las consideraciones que manifestó para tal efecto se sintetizarán al realizar el estudio de fondo.

56. Considerando octavo. Estudió los argumentos en los que se planteó la violación al principio de proporcionalidad tributaria, respecto del artículo 4o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, mismos que calificó como fundados; de igual forma, las consideraciones expuestas para ello serán sintetizadas en el estudio de fondo.

57. Considerando noveno. Estableció que la concesión del amparo consiste en permitir a las quejosas efectuar el acreditamiento del tributo por la adquisición de los bienes previstos por el artículo 2o., fracción I, inciso J), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, así como el pagado en la importación respectiva, aun cuando se haya modificado su estado, forma o composición.

58. Por lo tanto, resolvió lo siguiente:

59. I) Sobreseyó en el juicio respecto del numeral 3.3 del capítulo 3 del decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa, en cuanto a la orden de expedición, discusión y aprobación atribuidas al presidente de la República, y el refrendo reclamado a los secretarios de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público; además, respecto del refrendo atribuido a dichos secretarios, por lo que hace al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos; se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, en concreto, respecto de los preceptos impugnados; asimismo, respecto de la discusión, aprobación y expedición de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, en cuanto a las reglas combatidas.

60. II) Negó el amparo respecto de los artículos 1o., 2o., fracción I, inciso J), 3o., fracciones XXV a XXXV, 5o., 5o.-A, 10, 11, 14, 19, fracciones I, II, VI y VIII, y cuarto transitorio, fracción I, incisos a) y b), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; y 3.3 del decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa, así como de las reglas I.5.1.2, I.5.1.3 y I.5.1.5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014.

61. III) Concedió el amparo respecto del artículo 4o., fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

62. Recurso de revisión principal de las quejosas. Formularon 13 agravios, los cuales consistieron, fundamentalmente, del primero al décimo segundo en controvertir las razones por las que se declararon infundados sus conceptos de violación y se les negó el amparo (temas de constitucionalidad), y en el décimo tercero expusieron que se dejaron de analizar diversos argumentos planteados en la demanda de amparo.

63. Revisión principal del presidente de la República. Esgrimió 5 agravios, en los cuales, en el primero, planteó que no se tomó en cuenta que respecto del artículo 4o., fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se actualiza una causa de improcedencia; en los agravios segundo al cuarto controvirtió las razones por las que se concedió el amparo (temas de constitucionalidad) y, en el quinto, expuso que se aplicó indebidamente una jurisprudencia de este Alto Tribunal.

64. Revisión principal de la Cámara de Diputados. Planteó un solo agravio, en el que formuló argumentos por los que combatió la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 4o., fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

65. Revisión adhesiva. Resulta innecesario referir los agravios formulados por el subprocurador fiscal federal de Amparos, por conducto del director general de Amparos, contra actos administrativos y en suplencia del director general de Amparos, contra Leyes, en representación del presidente de la República, dado el sentido de la presente ejecutoria.

VII. Estudio de fondo

66. Estudio de fondo. La metodología para el análisis de los agravios formulados implica que se examinen de diversa a la que fueron planteados. En primer lugar, se analizarán los agravios formulados en los recursos de revisión interpuestos por la Cámara de Diputados y el presidente de la República, relativos a la actualización de causales de improcedencia del juicio de amparo, en la medida que su estudio es de orden previo y preferente. Por analogía, resultan aplicables las tesis aisladas 2a. XLIII/96(35) y 2a. LXIV/2007,(36) y las jurisprudencias P./J. 69/97(37) y 2a./J. 153/2012 (10a.).(38)

67. Enseguida, se analizarán los agravios de las quejosas, de la Cámara de Diputados y del presidente de la República, referentes al fondo del asunto, tanto por lo que se refiere a la temática sobre la cual versó la concesión de amparo, como por lo que hace a los restantes temas, por lo cuales se negó la protección federal.

Causales de improcedencia

68. En una porción del agravio primero del recurso de revisión de la Cámara de Diputados y en el agravio segundo del presidente de la República, alegan, en esencia, que la quejosa carece de interés jurídico para impugnar las normas reclamadas.

69. La Cámara de Diputados alega que la jurisprudencia 2a./J. 129/2005,(39) con fundamento en la cual, el Juez de amparo concedió la tutela federal a las quejosas, no guarda relación alguna con ellas, pues no demostraron tener interés jurídico para reclamar su inconstitucionalidad.

70. Lo anterior, porque las quejosas sólo acreditaron ser importadoras de algunos de los bienes contenidos en el artículo 2o., fracción I, inciso J), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Ley del IEPS enseguida).

71. Además, contrario a lo que resolvió el Juez de Distrito, las quejosas no demostraron haber enajenado ninguno de los bienes contemplados en el referido artículo, por lo que es lógico inferir que dicha norma no les genera perjuicio alguno, al no estar situada dentro de su hipótesis legal.

72. Por tanto, si las quejosas no demostraron con alguno de los medios de prueba que permite la ley que se les haya prohibido acreditar algún bien enajenado (sic), al haber modificado su estado, forma o composición, es obvio que carece de interés jurídico y debe sobreseerse en el juicio, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo.

73. Por su parte, el Ejecutivo Federal aduce, en síntesis, que el Juez de amparo pasó por alto que las quejosas no señalan qué productos enajenan e ilegalmente concedió el amparo, sin previamente demostrar que el impuesto que pretenden acreditar es el que pagaron; ello porque resultaría incongruente permitir el acreditamiento del impuesto pagado por la adquisición de insumos para la producción de alimentos no considerados para el pago del impuesto, en atención a la naturaleza misma del bien y finalidad u objeto perseguido por el impuesto con cada tipo de bienes o servicios.

74. Lo anterior, en la medida en que las quejosas no especificaron cuál es la naturaleza del impuesto acreditable que consideran se les está prohibiendo acreditar y en relación a la enajenación del tipo de productos o bienes que generó el impuesto a cargo, lo que permitiría determinar si es procedente o no su reclamo.

75. Los agravios sintetizados resultan inoperantes e infundados.

76. Es inoperante el argumento de la Cámara de Diputados relativo a que no tiene relación con las quejosas la jurisprudencia 2a./J. 129/2005, en la que se basó el Juez de Distrito para concederle el amparo a las quejosas contra el artículo 4o., fracción II, de la Ley del IEPS. Asimismo, es inoperante el argumento del presidente de la República referente a que las quejosas debieron acreditar la naturaleza jurídica del impuesto acreditable.

77. Lo anterior, en razón de que la aplicabilidad o no de dicha jurisprudencia, al igual que la naturaleza del impuesto acreditable, involucra cuestiones que son propias del estudio de fondo del asunto, por lo que si giran bajo la premisa de evidenciar la inviabilidad del juicio de amparo deben desestimarse. A este respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 135/2001.(40)

78. Ello con independencia de que, al verificar las consideraciones del Juez de amparo para concederles la tutela federal a las quejosas, se examinarán tales argumentos.

79. Por otra parte, carece de razón tanto la Cámara de Diputados, como el presidente de la República, cuando esgrimen, respectivamente, que las quejosas no demostraron con ningún medio de prueba legal que se prohíba el acreditamiento del impuesto, al modificar el estado, forma o composición de alguno de los bienes considerados alimentos no básicos gravados por el impuesto, y que el Juez de amparo pasó por alto que no señalaron qué productos enajenan.

80. Lo infundado de sus planteamientos reside en que, de distinta forma a lo que alegan, las quejosas sí acreditaron con medio de prueba su interés jurídico para impugnar las normas reclamadas, así como el Juez de amparo no pasó por alto de qué forma acreditaron tal presupuesto procesal.

81. En efecto, el Juez de amparo tomó en consideración que la quejosa **********, allegó al juicio, entre otras instrumentales, la copia certificada de los pedimentos de importación ********** y **********, de 3 de enero de 2014, con los que acreditó la importación de chocolate relleno, en barra sin rellenar, en barra y galleta cubierta con chocolate; de igual forma, la impetrante de amparo **********, aportó como prueba, entre otras, el pedimento de importación **********, de 6 de enero de 2014, mediante la cual, acreditó la importación de coco en hojuelas, preparación de puré para papá, chocolate variedad, salsas preparadas, entre otros, documentales en las que aparece el pago del impuesto especial sobre producción y servicios.

82. Medios de convicción que el Juez de Distrito valoró en términos de los artículos 129, 133, 202, 203 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, para acreditar el pago del impuesto respectivo y, por ende, que las quejosas se situaban en los supuestos de los preceptos reclamados, así como su primer acto de aplicación, sin que fuera necesaria la presentación de la declaración anual, como lo afirmaban las autoridades recurrentes.

83. Además, señaló que las quejosas impugnaban el artículo cuarto transitorio del decreto reclamado como unidad normativa conjuntamente con los numerales 1o., 2o., fracción I, inciso J), 3o., fracciones XXV a XXXVI, 4o., 5o., 5o.-A, 10, 11, 14 y 19, fracciones I, II, VI y VII, de la Ley del IEPS.

84. En esa tesitura, se advierte que el Juez de amparo no pasó por alto, como lo afirman las autoridades recurrentes, cuáles son los productos que importan -no enajenan- las quejosas para poder impugnar los preceptos reclamados, por lo que no se actualiza la causal de improcedencia relativa a la falta de interés jurídico.

85. Por otra parte, en el agravio primero el Ejecutivo Federal alega, en lo fundamental, que la sentencia recurrida resulta ilegal, dado que el Juez de amparo no tomó en cuenta que se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto al artículo 4o., fracción II, de la Ley del IEPS, pues han cesado sus efectos.

86. Lo anterior, porque en el concepto de violación cuarto de la demanda de amparo de las quejosas se alegó la inconstitucionalidad del referido artículo 4o., fracción II, de la Ley del IEPS, por transgredir el principio de proporcionalidad tributaria, y el Juez de Distrito concedió el amparo para el efecto de que se les permitiera efectuar el acreditamiento en la adquisición de bienes a que se refiere el artículo 2o., fracción I, inciso J), del mismo ordenamiento impositivo.

87. Sin embargo, han cesado los efectos del artículo 4o., fracción II, aludido, dado que el 13 de marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF desde ahora), la primera resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014 (RFM enseguida), la cual permite el acreditamiento del impuesto, por lo que procede que se revoque la sentencia y se sobresea en el juicio, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo.

88. Entonces, si se les concedió el amparo a las quejosas, porque el artículo 4o., fracción II, de la Ley del IEPS, limita el derecho que tienen al acreditamiento, y resulta que mediante la regla I.5.2.12.(41) de la primera resolución de modificaciones de la RMF para 2014, se les permite ejercer dicho derecho al acreditamiento, dejó de producirse la afectación que les irrogaba en su esfera jurídica, por lo que resulta improcedente el juicio.

89. Así, la sentencia recurrida deviene ilegal, dado que los efectos para los cuales se concedió el amparo desnaturalizan el medio de control constitucional de leyes, toda vez que no se ordena restituir en el goce del derecho violado, consistente en que se permita el acreditamiento a las quejosas, el cual se autoriza mediante la regla de la RMF invocada.

90. El referido agravio es infundado.

91. De diversa forma a lo que alega el presidente de la República, en la especie, no se actualiza la causal de inviabilidad prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto al artículo 4o., fracción II, de la Ley del IEPS, ya que no han cesado sus efectos jurídicos.

92. Es cierto que la autoridad fiscal federal está facultada normativamente en términos de los artículos 14, fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria (Ley del SAT, en lo que sigue) y 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación (CFF, en adelante) para emitir reglas generales administrativas. Al respecto, es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 85/2013 (10a.).(42)

93. Empero, el hecho de que la autoridad fiscal pretenda subsanar irregularidades del legislador federal, como lo es la relativa a la limitante al acreditamiento, mediante la regla I.5.2.12. de la primera resolución de modificaciones de la RMF para 2014, no puede convalidar el posible vicio de inconstitucionalidad que contiene el artículo 4o., fracción II, de la Ley del IEPS, ya que el Juez de Distrito lo advirtió con base en la jurisprudencia 2a./J. 129/2005, además de que la citada ley constituye una norma jerárquicamente superior que rige y es vigente, y que sólo puede ser modificada, reformada o derogada, si se cumplen todos los requisitos previstos por el artículo 72 de la Constitución. Estas consideraciones encuentran fundamento en la tesis aislada 2a. IV/2004.(43) Asimismo, es aplicable la tesis aislada 1a. CXIII/2011.(44)

94. De esa forma y contrario a lo que alega la autoridad recurrente, no se desnaturaliza al juicio de amparo como medio de control constitucional de las leyes, porque los efectos del precepto combatido no dejan de tener efectos legales por el solo hecho de la emisión de la regla general mencionada, con independencia de que permitan el acreditamiento del impuesto, ya que no es posible dejar de tomar en cuenta que la emisión de la referida regla de la RFM para 2014 es susceptible de modificarse unilateralmente en cualquier momento por parte de la autoridad fiscal, lo cual, le acarrea un carácter de mutable o carente de fijeza.

95. Una vez superados los aspectos procesales de la acción de amparo, ahora es momento de examinar el fondo del asunto. Para tal efecto, debe precisarse que, conforme a la jurisprudencia P./J. 77/99,(45) el examen del derecho a la legalidad tributaria es previo a los demás de justicia fiscal, dado que, de no respetarse, no es factible proceder al análisis de la proporcionalidad y equidad de una contribución, cuyos elementos no están expresamente establecidos en una ley formal y material.

96. Así, en el estudio de fondo, en primer término, se analizarán los agravios tercero y décimo segundo, en los que se impugnan las consideraciones de la sentencia recurrida, al desestimar los conceptos de violación segundo, y décimo segundo, por los que se hizo valer la violación al principio de legalidad tributaria y seguridad jurídica, para después atender a los agravios relativos a cuestiones de competencia legislativa y ley privativa (noveno), irretroactividad de la ley (primero y concepto de violación quinto) fines extrafiscales (segundo), equidad tributaria (cuarto y décimo primero) y proporcionalidad tributaria (quinto) (primero en una parte de la Cámara de Diputados), derecho a la alimentación (sexto), libre concurrencia o competencia (séptimo) libertad de decisión (octavo), derecho al desarrollo integral (décimo); en el estudio de cada uno de los anteriores agravios, también se analizará, respectivamente, el relativo a omisiones respecto a dichos temas (décimo tercero).

Legalidad tributaria y seguridad jurídica

97. En el agravio segundo, en síntesis, aducen las quejosas recurrentes que la sentencia impugnada resulta ilegal, en razón de que, contrariamente a lo que se resolvió, los preceptos reclamados no señalan de manera clara cuáles son los alimentos cuya enajenación o importación será gravada.

98. Lo anterior, en la medida en que los artículos reclamados introducen conceptos confusos e indeterminables para determinar el objeto en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Ley del IEPS, en adelante).

99. Sin embargo, el Juez inferior perdió de vista lo expuesto, limitándose a señalar que los elementos del impuesto se encuentran previstos en la Ley del IEPS, pero no advirtió que el señalamiento general y sin precisión del objeto del impuesto, genera una falta de certeza jurídica, en relación a si determinado producto se encuentra o no gravado.

100. Ese hecho deja abierta la posibilidad de que sea la autoridad administrativa la que genere la configuración del objeto del impuesto, siendo imprevisible su causación, lo que resulta arbitrario, pues pueden encuadrar determinados alimentos en cualquiera de los supuestos señalados en el artículo 3o. de la Ley del IEPS; no obstante que los mismos no se encuentren expresamente previstos en la ley.

101. Para tal efecto, señalan las quejosas recurrentes que podría darse el caso de considerar botana cualquier producto por el simple hecho de estar elaborado con base en harinas, semillas, tubérculos, cereales, granos y frutas, de conformidad con el artículo 3o., fracción XXVI, de la Ley del IEPS, al señalar que cualquiera de dichos productos pueden estar fritos, horneados y explotados o tostados y adicionados con sal. Así, cualquiera de los productos mencionados se puede hornear o tostar y, con independencia de ello, la ley lo grava, pues el verbo rector es "poder" y no "estar".

102. Adicionalmente, la ilegalidad de la sentencia recurrida se advierte, porque el Juez de Distrito dejó de advertir que el legislador genera incertidumbre jurídica a los contribuyentes, al establecer el objeto del impuesto, pues por lo que se refiere al concepto "botanas", no obstante que se encuentra definido en el artículo 3o., fracción XXVI, de la Ley del IEPS, se reitera en la regla I.5.1.2. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014; sin embargo, el concepto que dicha regla establece va más allá del previsto legalmente, lo que confirma la falta de claridad de dicha disposición.

103. Incluso, la sentencia recurrida resulta ilegal, en atención a que el Juez Federal también dejó de advertir que las disposiciones impugnadas facultan a la autoridad administrativa para que emita una lista aclarando qué alimentos son a los que se refiere el legislador, la cual, no guarda estabilidad y puede ser modificada a su arbitrio.

104. También el Juez de amparo dejó de advertir que la falta de claridad en el objeto del impuesto llevaron a la autoridad administrativa no sólo a emitir la regla de la resolución miscelánea fiscal combatida, sino a emitir el "Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa", publicado en el DOF el 26 de diciembre de 2013, mediante el cual se otorga un estímulo a los importadores o enajenantes de chicles o gomas de mascar que no estén gravados por la Ley del IEPS, siendo que dichos productos no se encuentran definidos por el legislador como alimentos "no básicos".

105. Confirman la inseguridad jurídica que se produce que la misma autoridad administrativa no tiene certeza de qué sí y qué no está gravado por el impuesto, dado que, al emitir el citado decreto beneficiando a un producto que supuestamente está gravado por el artículo 2o., fracción I, inciso J), numeral 2, de la Ley del IEPS, cuando el citado producto que no está dentro de los conceptos a los que el legislador señala como "alimentos no básicos".

106. Por otra parte, alegan que es incorrecto lo señalado por el Juez de Distrito, en cuanto a que la atribución otorgada al Servicio de Administración Tributaria (SAT, enseguida) se encuentra regulada a la condición de que los alimentos considerados de consumo básico sean de tal importancia para la población, con la finalidad de no ocasionar un deterioro económico en el poder adquisitivo de los consumidores finales y, de forma particular, de los sectores vulnerables, incluso, áreas productivas del país. Al respecto, es aplicable la tesis aislada P. XXI/2003.(46)

107. Además, que las reglas de las resoluciones misceláneas fiscales pueden llegar a establecer obligaciones a los contribuyentes, lo que se robustece con el criterio de la tesis aislada P. LV/2004;(47) ello es ilegal, ya que resulta irrelevante si la atribución otorgada al SAT está regulada con la condición de establecer qué alimentos se consideran de consumo básico cuando sean de tal importancia para la población, con la finalidad de no ocasionar un deterioro económico en el poder adquisitivo de los consumidores finales, en virtud de que, con independencia de que el SAT llegue a realizar un análisis respecto de qué productos decide gravar y cuáles no, se le está autorizando fijar la base del impuesto, a través de un ordenamiento que no es la ley del impuesto establecido.

108. Asimismo, que la justificación de que existan cláusulas habilitantes, es que hay aspectos técnicos que sólo son conocidos por expertos a quienes corresponde especificarlas, pero en el caso no se cumple dicha justificación, ya que el experto al que se faculta para definir los alimentos "básicos" es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del SAT, y no a la Secretaría de Salud, lo cual resulta ilógico, ya que las características de los alimentos no son un tema fiscal.

109. Por ello, las tesis invocadas por el Juez Federal no resultan aplicables al caso, porque únicamente se refieren a cláusulas habilitantes y a que la resolución miscelánea fiscal puede llegar a establecer obligaciones a los contribuyentes, pero no establecen que, en virtud de las cláusulas habilitantes, la autoridad tributaria puede determinar los elementos del tributo, ni que dichos elementos puedan estar contenidos en la resolución miscelánea fiscal, ya que éstos deben contenerse forzosamente en la ley respectiva.

110. Además, que no hay alimentos más importantes para la població

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27377-07e1495d/principio-de-seguridad-juridica-en-materia-fiscal-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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