DERECHO A LA EDUCACIÓN BÁSICA. SU CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS. DERECHO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA SUPERIOR. EL ESTADO MEXICANO TIENE LA OBLIGACIÓN DE IMPLANTAR PROGRESIVAMENTE SU GRATUIDAD. DERECHO A LA EDUCACIÓN. SU CONFIGURACIÓN MÍNIMA ES LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 3o. CONSTITUCIONAL. DERECHO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. SU CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS. DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA. TIENE UNA DIMENSIÓN SUBJETIVA COMO DERECHO INDIVIDUAL Y UNA DIMENSIÓN SOCIAL O INSTITUCIONAL, POR SU CONEXIÓN CON LA AUTONOMÍA PERSONAL Y EL FUNCIONAMIENTO DE UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA. DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACIÓN. SU REFERENTE NORMATIVO EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. EDUCACIÓN. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL INDISPENSABLE PARA LA FORMACIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y EL FUNCIONAMIENTO DE UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA, ASÍ COMO PARA LA REALIZACIÓN DE OTROS VALORES CONSTITUCIONALES. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. LA PROHIBICIÓN QUE TIENEN LAS AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO DE ADOPTAR MEDIDAS REGRESIVAS NO ES ABSOLUTA, PUES EXCEPCIONALMENTE ÉSTAS SON ADMISIBLES SI SE JUSTIFICAN PLENAMENTE. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU CONCEPTO Y EXIGENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. ES APLICABLE A TODOS LOS DERECHOS HUMANOS Y NO SÓLO A LOS LLAMADOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. CONSTITUYE UNA GARANTÍA INSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR, POR LO QUE NO PUEDE SER UTILIZADA PARA RESTRINGIRLO.
AMPARO EN REVISIÓN 306/2016. 8 DE MARZO DE 2017. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. DISIDENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: ZAMIR ANDRÉS FAJARDO MORALES.
III. Consideraciones
20. Competencia. Esta Primera Sala tiene competencia legal para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Ley de Amparo; 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 86 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y puntos cuarto y décimo cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, emitido el trece de mayo de dos mil trece, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno de este Alto Tribunal conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito. Lo anterior, toda vez que del recurso de revisión en que se actúa, se advierte la subsistencia de una cuestión constitucional que fue motivo de estudio del Juzgado de Distrito que conoció del amparo indirecto respectivo y sobre el que este Alto Tribunal determinó reasumir su competencia.
21. Cabe señalar que en el caso no se justifica la competencia del Tribunal Pleno para conocer de este asunto, en términos del punto segundo, fracción III, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que su resolución no reviste un interés excepcional, pues, en principio, está focalizado al orden jurídico local del Estado de Michoacán, sin que ello obste para que el asunto pueda ser relevante para la fijación de criterios jurídicos que solucionen posibles casos futuros.
22. Oportunidad. El recurso de revisión fue presentado dentro del plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, en atención a lo siguiente:
23. La resolución recurrida se notificó por oficio a las autoridades responsables recurrentes, en términos de lo señalado por el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, el veintiuno de noviembre de dos mil catorce.(21) En esa misma fecha surtió efectos la notificación, acorde a lo señalado por el artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo.
24. El plazo de diez días para promover el recurso de revisión, transcurrió del veinticuatro de noviembre al cinco de diciembre de dos mil catorce, debiéndose descontar los días veintinueve y treinta de noviembre por ser inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. En tal virtud, si el recurso de revisión fue interpuesto el tres de diciembre de dos mil catorce, su presentación fue oportuna.
25. Legitimación. El rector y presidente del Consejo Universitario, así como el tesorero, ambos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, interpusieron recurso de revisión.
26. En consecuencia, si la sentencia que recayó en el juicio de amparo indirecto número **********, concedió el amparo al quejoso en contra de los actos reclamados de esas autoridades, entonces tienen legitimación procesal para combatirla, conforme al artículo 87 de la Ley de Amparo.
27. Esto es, se tiene al Consejo Universitario interponiendo, por conducto de sus delegados designados por el rector de la universidad que lo representa, recurso de revisión en contra de la concesión del amparo otorgada respecto del acuerdo emitido el veintinueve de agosto de dos mil trece.
28. La universidad interpone recurso de revisión, por conducto de su delegado, respecto de la concesión del amparo otorgada por cuanto hace a la emisión del oficio de fecha veintiuno de febrero de dos mil catorce, el cual, se estima, fue impugnado como acto de aplicación de la norma general combatida, esto es, del acuerdo del Consejo Universitario del veintinueve de agosto de dos mil trece.
29. Ello también es aplicable en lo que se refiere al rector de la universidad, por cuanto hace a la orden que dio al tesorero de la universidad para emitir el oficio referido en el párrafo anterior, en términos del propio acuerdo emitido por el Consejo Universitario.
30. Destaca que no obra constancia en el presente expediente, de que el Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo hubiera también interpuesto recurso de revisión.
31. La parte quejosa tampoco interpuso recurso de revisión.
32. Al ser los aspectos de legitimidad y personalidad cuestiones de orden público y de estudio oficioso para este órgano revisor, conviene abundar sobre el por qué se considera que en el caso sí es correcto tener al Consejo Universitario interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo que combate el acuerdo que dictó.
33. Debe partirse del hecho de que, en efecto, como se refiere en el informe justificado respectivo, en términos del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,(22) el Consejo Universitario, como autoridad máxima del gobierno de la universidad, es presidido por el rector, quien, a su vez, en términos del diverso artículo 20,(23) es representante legal de la universidad y, por consecuencia, de su autoridad máxima.
34. Por tanto, el rector puede representar legalmente al Consejo Universitario y, a su vez, en términos del artículo 9o. de la Ley de Amparo, podía designar delegados para que le representaran en el juicio, e incluso, para que interpusieran recursos como el que nos ocupa.
35. Ello, no obstante que el artículo 22(24) de la ley citada no otorga atribución expresa al rector para representar al Consejo Universitario, pues en términos de los artículos 8, 9 y 20, se puede llegar a la conclusión apuntada.
36. Ante ello, y sin que exista mayor cuestionamiento respecto de la legitimación de las autoridades responsables que interponen el recurso de revisión, se les reconoce la legitimación correspondiente.
IV. Estudio
37. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. Para efecto de establecer los puntos sobre los que versará el estudio del asunto, es conveniente destacar, en primer término, los argumentos formulados en la demanda de amparo, las consideraciones de la sentencia recurrida y los agravios que se hacen valer en el recurso.
38. Conceptos de violación. El quejoso en su demanda de amparo argumentó, en síntesis, lo siguiente:
a) El acto que se reclama de las autoridades identificadas como responsables, en particular del C. Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo y del H. Congreso de Michoacán de Ocampo, es la omisión por no haber considerado en el proyecto de presupuesto de egresos estatal del ejercicio fiscal 2014, una partida suficiente que cubriera la parte relativa, en específico, de las cuotas de inscripción de los alumnos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para dicho periodo; sin que obste el artículo tercero transitorio del decreto de reforma constitucional, que señala que las obligaciones derivadas de éste serán cumplidas "de manera gradual progresiva, inicialmente la gratuidad implicará el pago de inscripción en las instituciones públicas de media superior (sic), y superior hasta el grado de licenciatura, otros servicios como exámenes, cursos, certificados, credenciales, cartas de pasantía, titulación y constancias, se otorgarán de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria del Estado" (sic), porque el cobro de cuotas no depende de la disponibilidad presupuestal.
b) Porque los actos reclamados violan el principio de progresividad, previsto en el artículo 2.1. del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los artículos 13.2.c). del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 13.3.c. del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; porque dicho principio prescribe aumentar el alcance y tutela de los derechos, y prohíbe adoptar medidas regresivas, como en el caso, las reclamadas, mediante las cuales pretende violarse su derecho a la educación pública superior gratuita reconocido en el artículo 138 de la Constitución Local.
39. Conviene precisar que el quejoso solicitó la suspensión del acto reclamado para el efecto de que se le permitiera inscribirse en el siguiente ciclo escolar sin realizar pago alguno, en tanto se tramitaba y resolvía el juicio de amparo, para lo cual, se abrió el incidente de suspensión respectivo.(25)
40. Consideraciones de la sentencia recurrida. La Jueza Novena de Distrito en el Estado de Michoacán, consideró fundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso y le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, considerando, principalmente:
"El artículo 138 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, precisa que todo individuo tiene derecho a recibir educación; que el Estado (sentido lato) y sus Municipios están obligados a impartir educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior; y que toda educación que el Estado imparta será gratuita.
"Dicha disposición debe ser interpretada de conformidad con los valores y principios que postula la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente, en su artículo 3o., pues se advierte que el Poder Reformador del Estado de Michoacán, consideró pertinente ampliar las garantías que protegen el derecho humano a la educación reconocido por la Constitución Federal.
"Así, además de los principios fundamentales que rigen la educación en México, entre ellos la gratuidad, en el Estado de Michoacán se hizo extensiva, en una primera etapa, a las cuotas de inscripción en el sistema universitario hasta el nivel licenciatura, tal como se desprende del artículo tercero transitorio del decreto de reformas publicado en el Periódico Oficial del Estado el seis de agosto de dos mil diez.
"Derivado de lo anterior, el derecho humano de acceso a la educación reconocido tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como por la propia del Estado de Michoacán establece varias garantías a la vez positivas y negativas, que se traducen en el deber jurídico a cargo del Estado (sentido lato), de cumplir con las obligaciones correlativas que la ley impone; entre ellas, impartir educación en todos los niveles desde el básico hasta el superior y de manera gratuita.
"Gratuidad que se encuentra limitada prima facie, a las cuotas de inscripción en las distintas escuelas y facultades del sistema universitario que como servicio público presta el organismo público descentralizado por servicio denominado Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el cual, en cuanto partícipe de la estructura organizacional del Estado de Michoacán, tiene el deber jurídico de respetar el derecho de todo ciudadano a recibir educación incluso superior en nivel superior (sic) de manera gratuita.
"El párrafo tercero del artículo 1o. constitucional dispone que la obligación de todas las autoridades del Estado Mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, debe realizarse a la luz de los principios que, por su rango constitucional no pueden ser soslayados, los cuales son: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
"La progresividad se traduce en la obligación del Estado de procurar todos los medios posibles para su satisfacción en cada momento histórico y la prohibición de cualquier retroceso o involución de esta tarea.
"Luego, si de manera previa el Ejecutivo del Estado y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo celebraron un convenio a efecto de garantizar la gratuidad implementada en el artículo 138 de la Constitución del Estado, mediante la transferencia de los recursos económicos para cubrir los costos de la inscripción de todos los alumnos de nivel medio superior y superior de dicha universidad; entonces, el principio de progresividad impide que se retroceda en el goce del derecho humano de gratuidad en la educación reconocido por la Constitución Estatal, a menos que se justificara plena y exhaustivamente tal necesidad.
"La actividad que desarrolla la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en cuanto organismo descentralizado por servicio, no se considera una actividad ajena al Estado; por el contrario, la descentralización administrativa es una forma de organización que posibilita el cumplimiento de las atribuciones propias del Estado de mejor manera.
"En México no existe propiamente una división de poderes sino de funciones, ello, porque el Supremo Poder de la Unión es uno solo, único e indivisible, y se ejerce a través de las funciones del Estado; funciones que pueden ser analizadas desde dos puntos vista: el formal y el material.
"El criterio material para la clasificación de los actos de autoridad, atiende exclusivamente al contenido del acto, sin importar su origen o proceso de creación. En este sentido, la función administrativa puede definirse como la manifestación de la voluntad del Estado, por la cual crea, modifica, transfiere o extingue situaciones jurídicas concretas y particulares, para satisfacer con ello una necesidad de carácter colectivo.
"Desde la óptica de la división de funciones (no de poderes), es fácil comprender los ‘temperamentos constitucionales’ y la existencia de los organismos constitucionales autónomos.
"En este orden, la Administración Pública Estatal es centralizada (integrada por gubernatura del Estado, las secretarías de Estado y la Consejería Jurídica) y paraestatal (compuesta por los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, etcétera).
"La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado establece las bases de organización de ambas ramas de la administración. El artículo 46 de dicha ley orgánica regula la organización, funcionamiento y control de las entidades paraestatales de la Administración Pública Estatal, así como las relaciones del Ejecutivo o de sus dependencias con dichas entidades (en cuanto unidades auxiliares de la Administración Pública Federal).
"Las dependencias y entidades de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal deben conducir sus actividades en forma programada, con base en las políticas establecidas por el gobernador para el logro de los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo estatal, conforme a lo dispuesto por el artículo 7o. de la ley orgánica.
"En este contexto, se advierte como premisa legal que son entidades paraestatales las que con tal carácter se determinan en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, entre ellas, los organismos descentralizados, luego, si la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en su artículo 1o., establece que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es una institución de servicio, descentralizada del Estado, dicha universidad forma parte del Estado y aunque no exista una dependencia directa del gobernador, forma parte del Poder Ejecutivo. Por lo que no tiene la razón el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, al afirmar que la casa de estudios no pertenece al Poder Ejecutivo.
"Tampoco se conviene con el rector cuando afirma que la pretendida autonomía, en cuanto a personalidad y patrimonio, genera un ente distinto y ajeno al Estado, pues el patrimonio de la universidad, de cualquier forma que se obtenga, sigue siendo público y está destinado a la consecución de los fines que legalmente fueron consignados en la ley.
"En esta virtud, dado que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en cuanto organismo descentralizado, forma parte del Estado (Poder Ejecutivo), los artículos 137 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo,(26) sí le son aplicables.
"Adicionalmente, cabe recordar que en materia de derechos humanos, los compromisos que adquiere un Estado en particular, pueden ser comprometidos no sólo por el Poder Ejecutivo, sino por cualquier autoridad pública o gubernamental, de índole nacional, regional o local, lo que incluye desde luego, a los organismos públicos descentralizados.
"Los organismos descentralizados se encuentran bajo el control y vigilancia del Ejecutivo, a través de las Secretarías de Estado respectivas, por lo que existe una dependencia indirecta respecto de aquél.
"Así, con independencia de que las relaciones entre el titular del Ejecutivo Federal, las dependencias centralizadas y las entidades de la Administración Pública Paraestatal se den de manera directa o indirecta, inmediata o mediata, respectivamente, lo cierto es que tanto dependencias como entidades realizan funciones públicas en el ámbito administrativo con miras a cumplir con los objetivos que les corresponden en el marco de las leyes, los planes y programas del desarrollo que compete ejecutar, en el Estado de Michoacán, al gobernador.
"Dado que los organismos descentralizados sí forman parte del Poder Ejecutivo -en sentido amplio-, el que se ubiquen, organizacionalmente, fuera de la Administración Pública Centralizada, no implica que queden excluidos de la Administración Pública Estatal; y, por ende, del liderazgo y control que sobre ellos ejerce el titular del Poder Ejecutivo, ya que en todo momento se encuentran dentro de su ámbito de actuación en la esfera administrativa, aun cuando dicha intervención la realice mediata e indirectamente, pues a fin de cuentas el Ejecutivo conserva los poderes suficientes para mantener la unidad administrativa como lo es la fiscalización y la sanción de los funcionarios que ejercen el servicio público.
"Tampoco es óbice, el hecho de que los organismos descentralizados tengan personalidad jurídica y patrimonio propio, gocen de autonomía jurídica aun tratándose de las universidades que se regulan por sus propias leyes; ello es así, porque tales atributos no inciden en la circunstancia de que dichas entidades, de una manera u otra, se encuentran vinculadas y relacionadas con la Administración Pública Estatal, a través de los controles y vigilancia respectivos; de manera que tales aspectos no son aptos para sostener que los organismos descentralizados se ubican fuera de la estructura estatal, aunque, en efecto, los atributos de referencia sí puedan tomarse en consideración para justificaresquemas jurídicos específicos, máxime si es la propia Constitución General la que estableció una autonomía especial tratándose de las universidades que son creadas por un acto formal y materialmente legislativo.
"Aun cuando es verdad que la garantía institucional de la autonomía otorga facultades extraordinarias, en relación con el resto de los organismos descentralizados incluso por sector, tales como la competencia normativa, ejecutiva, de fiscalización y supervisión incluso para-judiciales, ello no significa que las universidades autónomas queden excluidas de la estructura del Estado.
"El atributo de la autonomía sólo le otorga facultades de autogobierno a la universidad, tanto en lo que se refiere a la elección de las autoridades, como la facultad de reglamentar hacia el interior su actividad; sin embargo, dicho atributo no la disgrega del Estado, ni la excluye del cumplimiento de las demás leyes como cualquier otro organismo.
"De lo anterior se sigue que la autonomía universitaria -que sólo puede otorgarse por un acto formal y materialmente legislativo-, queda sujeta a lo dispuesto en la Constitución General de la República y en las leyes respectivas, en los términos y condiciones en que desarrollarán los servicios educativos que decidan prestar, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrarán su patrimonio; por tanto, la capacidad de decisión que conlleva esa autonomía está supeditada a los principios constitucionales que rigen la actuación de cualquier órgano del Estado, y en el ámbito de las actividades específicas para las cuales les es conferida, único en el que puede desarrollarse aquélla.
"La autonomía universitaria no abstrae a las universidades del cumplimiento de la ley, ni del control judicial que el Poder Judicial de la Federación debe ejercer, ya que autonomía no es sinónimo de anarquía.
"En este contexto, la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, fue expedida por el Congreso del Estado de Michoacán, en tanto que la reforma de los artículos 137 y 138 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, se efectuó por un órgano superior al Congreso del Estado, esto es, por el Poder Reformador, el cual, por su configuración tiene mayores facultades que el Congreso, incluso modificar el régimen de la propia universidad, desaparecerla o transformarla parcial o totalmente.
"Sirve como criterio orientador, la Observación General No. 3 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, en lo atinente a la obligación de los Estados parte de tomar las medidas necesarias ‘hasta el máximo de los recursos de que disponga’ para garantizar los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, inclusive la Educación.
"En la especie, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, no aportó ninguna prueba que demuestre que realizó alguna gestión para conservar la gratuidad en las inscripciones de los alumnos de educación media superior y superior.
"No se contrapone a lo anterior, el hecho de que el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establezca la gratuidad como una garantía que protege el derecho humano a la educación, limitándolo hasta la media básica, sin aludir a la educación universitaria, pues como ya se estableció en el caso, el artículo 138 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, al formar parte del sistema constitucional mexicano, debe ser aplicado, por establecer mayor protección pero, sobre todo, porque no contraviene ninguno de los principios establecidos en el citado artículo 3o., por el contrario, amplía la protección mínima en él consignada.
"El hecho de que el artículo 3o. constitucional y el 143 de la Constitución Local consignen como atribución de las universidades autónomas la facultad de administrar su patrimonio (el concepto de patrimonio propio), en el contexto utilizado por los preceptos de la constricción (sic) general y la local, no significa que las universidades autónomas puedan hacer con el patrimonio lo que sea, sino que el quehacer consignado en sus objetivos sea sufragado de la mejor manera posible, otorgándoles, por tanto, libertad de administrar el patrimonio, con las limitantes previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado y sus leyes secundarias.
"Independientemente de la forma que se haya utilizado para cumplir con las obligaciones que el artículo 138 de la Constitución Política del Estado de Michoacán impuso, la autonomía universitaria no significa abstracción ni de la estructura estatal, ni de las posibilidad de fiscalizar los recursos que en cuanto públicos, se encuentran sujetos a los principios que rigen su ejercicio; además, el hecho de que se hubiese implementado la gratuidad en la Universidad Michoacana, revela una práctica que, por virtud del principio de progresividad, no puede dejar de verificarse a menos que la universidad justifique fehacientemente que ya no existen las condiciones necesarias para ello, sin que en el presente caso se hayan aportado pruebas para tal efecto.
"Respecto de la alegada colisión entre el derecho particular del quejoso, y el derecho general de la educación, mismo al que está destinado a brindar la institución educativa, el juzgador concluye que dicha colisión debe desestimarse, porque independientemente de que obra en autos el acto del consejo universitario, en que se hace alusión a los problemas financieros de la casa de estudios, lo cierto es que tal documento es insuficiente para poder apreciar si la involución en el cobro de cuotas satisface los principios constitucionales; es decir, no existe en autos un dictamen pericial del estado que guardan las finanzas de la universidad; tampoco obran los comprobantes con los que se justifique que los recursos que ha recibido dicho organismo público descentralizado, han sido canalizados con la debida eficiencia para hacer frente a las obligaciones vinculadas con el respeto a los derechos humanos, aspectos que debieron ser demostrados por parte de la universidad.
"Virtud de lo anterior, en autos se acredita que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a partir del ciclo escolar dos mil catorce, cobrará las cuotas de inscripción autorizadas por el acuerdo del Consejo Universitario, para aquellos alumnos que, como el quejoso, cursen la educación en sus niveles medio superior y superior, lo que desconoce una de las garantías consagradas por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Michoacán, que protege el derecho humano de acceso a la educación."
41. Agravios. En lo esencial, las autoridades recurrentes sustentan como conceptos de agravio la siguiente premisa:
"Al decretar que la Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso, la Juez viola en perjuicio de la Universidad Michoacana, los artículos 1o. y 3o., fracción VII, 103, fracción I, y 107, fracciones I, II, y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1o. y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo del (sic), relacionado este último precepto con el artículo 9o. de la Ley General de Educación, así como el artículo 3o. (sic) transitorio del Decreto Número 213, emitido por el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, con fecha 6 de agosto del año 2010 (dos mil diez), mediante el cual, se reforman y adicionan los artículos 138 y 139 de la mencionada Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, así como los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, todos los preceptos legales invocados por la inexacta aplicación que de los mismos hace la a quo, en el fallo que se combate, como se demostrará a lo largo de la presente exposición."
42. Luego de exponer sus consideraciones legales generales sobre las temáticas implicadas en el presente asunto, las autoridades responsables plantean las siguientes:
"Consideraciones legales de fondo del asunto en concreto.
"Es conveniente entrar al estudio en forma muy concreta y sencilla del caso que nos ocupa, a partir de la siguiente exposición de hechos:
"La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es una institución de servicio, descentralizada del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propios dotada de AUTONOMÍA, dedicada a la educación media superior y superior en sus diversos niveles y modalidades, la investigación científica, la difusión de la cultura y la extensión universitaria, y según lo dispone su ley orgánica goza de autonomía, entre otras, para elegir y remover libremente a sus autoridades, aprobar su estatuto y sus reglamentos, incluyendo los de ingreso, permanencia y egreso de sus alumnos, así como celebrar convenios que contribuyan al desarrollo de sus objetivos, preservar, incrementar y administrar su patrimonio con los fines que se propone y las demás atribuciones que su ley orgánica le confiere.
"La universidad requiere AUTONOMÍA, para poder cumplir la misión que motiva su creación, que es la educación, la investigación científica, la difusión de la cultura y la extensión universitaria, y para ello la única garantía es, precisamente, la AUTONOMÍA.
"La barbarie, la violencia, las ambiciones del poder que se manifiestan en el abuso del poder público y en el populismo político, así como el fanatismo ideológico, la demagogia, las inmoralidades y otras patologías sociales, asechan siempre el quehacer de la universidad pública, por ello, es necesario que el Estado defienda y garantice la AUTONOMÍA de las universidades públicas y que le garantice el derecho a defenderse, que debe tener la universidad, pues sólo así podrán participar con éxito en la solución de las carencias sociales, políticas y económicas.
"Muchos entes sociales, políticos o jurídicos son amorfos, las universidades públicas autónomas no son amorfas, pues tienen forma definida, que las hacen reales, concretas, precisas, congruentes, útiles, esperanzadoras, realistas, son un medio de justicia económica y social, son centros de convergencia del pensamiento universal, son base de las conciencias críticas, son incluyentes, son garantes de la legalidad, del desarrollo y la transformación del medio y de la sociedad, por ello, es conveniente reflexionar lo que todos los universitarios sabemos, por lo que de la universidad hemos recibido.
"Para mejor darnos a entender, nos permitimos señalar los siguientes puntos y muy respetuosamente solicitamos considerarlos al fallar el recurso de revisión que intentamos por este medio:
"Primero. La educación en el individuo es un proceso de enseñanza-aprendizaje, que tiene por objeto instruirlo en la ciencia, la tecnología, el arte, la cultura, el conocimiento y la razón al individuo, tomando en cuenta sus capacidades físicas e intelectuales, para aprovecharlas y desarrollarlas, a fin de incorporarlo al ritmo de la sociedad universal, para que contribuya en la solución de los problemas de la propia sociedad, con su voluntad, inteligencia y capacidades, a fin de que la sociedad evolucione a planos superiores de bienestar social. Por eso las universidades públicas son indispensables y su autonomía debe ser siempre la esencia de su existencia.
"Segundo. El Estado es un ente jurídico, creado por la necesidad del bienestar social, es por ello, que el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27385-99cbf591/derecho-a-la-educacion-basica-su-contenido-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- DERECHO A LA EDUCACIÓN. EL ACCESO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES DEBE DARSE BAJO CONDICIONES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN. LIBERTAD DE ENSEÑANZA (AMPARO EN REVISIÓN)
- MENORES DE EDAD CON TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD (TDAH). FORMA EN QUE LAS AUTORIDADES ESCOLARES DEBEN PROMOVER SU DERECHO A LA EDUCACIÓN, PARA LOGRAR SU INC (AMPARO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- DERECHO A LA EDUCACIÓN. SU CONFIGURACIÓN MÍNIMA ES LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 3o. CONSTITUCIONAL. (1a./J. 79/2017 (10a.))
- DERECHO A LA EDUCACIÓN. SU CONFIGURACIÓN MÍNIMA ES LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 3o. CONSTITUCIONAL. (1a. CCLXXXV/2016 (10a.))
- DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACIÓN. SU REFERENTE NORMATIVO EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. (1a. CCLXXXIV/2016 (10a.))
- DERECHO A LA EDUCACIÓN. ES UNA ESTRUCTURA JURÍDICA COMPLEJA QUE SE CONFORMA CON LAS DIVERSAS OBLIGACIONES IMPUESTAS TANTO EN LA CONSTITUCIÓN, COMO EN LOS DIVERSOS INSTRUMENTOS INTE (1a. CLXVIII/2015 (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis