Corpus
Modo: Corpus Pro

JUICIO DE NULIDAD DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO. ES IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 139 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA ESA ENTIDAD FEDERATIVA, CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA SEPARACIÓN DE UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA POR NO HABER APROBADO LOS EXÁMENES DE CONFIANZA. JUICIO DE NULIDAD DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO. PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA SEPARACIÓN DEFINITIVA DE UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA POR NO HABER APROBADO LOS EXÁMENES DE CONFIANZA, DEBE APLICARSE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA ESA ENTIDAD FEDERATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2017. · Registro digital (IUS): 27417
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2017-10-27
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo III, Pág. 1631.

JUICIO DE NULIDAD DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO. ES IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 139 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA ESA ENTIDAD FEDERATIVA, CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA SEPARACIÓN DE UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA POR NO HABER APROBADO LOS EXÁMENES DE CONFIANZA.

JUICIO DE NULIDAD DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO. PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA SEPARACIÓN DEFINITIVA DE UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA POR NO HABER APROBADO LOS EXÁMENES DE CONFIANZA, DEBE APLICARSE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA ESA ENTIDAD FEDERATIVA.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 30 DE JUNIO DE 2017. UNANIMIDAD DE SIETE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JUAN JOSÉ ROSALES SÁNCHEZ, RENÉ OLVERA GAMBOA, FILEMÓN HARO SOLÍS, ELÍAS H. BANDA AGUILAR, MARCOS GARCÍA JOSÉ, ÓSCAR NARANJO AHUMADA Y JUAN MANUEL ROCHÍN GUEVARA. PONENTE: ELÍAS H. BANDA AGUILAR. SECRETARIO: SERGIO NAVARRO GUTIÉRREZ HERMOSILLO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia legal. Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el numeral 9 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de mayo de dos mil catorce, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios sostenidos por Tribunales Colegiados especializados en Materia Administrativa que pertenecen a este Tercer Circuito.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo preceptuado en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en tanto que fue hecha por los Magistrados integrantes del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo **********, que constituye uno de los criterios contendientes.

TERCERO.-Criterios contendientes. Para estar en aptitud de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, es preciso tener en cuenta los antecedentes y las consideraciones de los asuntos que al caso importan.

En primer lugar, se hará alusión a las ejecutorias dictadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en los amparos directos **********, **********, ********** y **********.

• Amparo directo **********.

Antecedentes.

1. **********, ostentando haber tenido el cargo de policía adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, promovió juicio contencioso administrativo, en donde demandó lo siguiente:

"a)... la nulidad lisa y llana del procedimiento especial de separación número **********... b)... las violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento durante la sustanciación del procedimiento especial de separación número **********... c) la prescripción de las facultades para encausarme como lo hacen en autos del procedimiento especial de separación número **********... d) la sentencia definitiva de fecha 3 (tres) de marzo de 2014 (dos mil catorce), dictada en autos del procedimiento especial de separación número **********... e)... las violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento cometidas en sentencia definitiva de fecha 3 (tres) de marzo de 2014 (dos mil catorce)... f) al (textual) caducidad de la instancia que operó ipso iure en autos del procedimiento especial de separación número **********... g)... la notificación practicada el pasado 26 (veintiséis) de marzo de 2014 (dos mil catorce)... h)... la inminente ejecución de la sentencia definitiva de fecha 3 (tres) de marzo de 2014 (dos mil catorce)... i) la cancelación del procedimiento especial de separación número **********, así como de la sanción consistente en la separación definitiva del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. k) el pago de todas y cada una de las prestaciones, derechos, emolumentos e indemnizaciones que conforme a derecho corresponden... l) el pago de la PRIMA DE ANTIGÜEDAD."

2. La Primera Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, formó el expediente **********, y por auto de veinte de mayo de dos mil catorce, desechó de plano la demanda, con apoyo en los artículos 29, fracción IX y 41, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en relación con el numeral 139 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, al considerar que este último precepto y los arábigos 1, 57 y 129 de ese mismo ordenamiento, establecen que no procede recurso o juicio ordinario alguno contra la determinación de separación respecto de los elementos operativos de las instituciones de seguridad pública del Estado o sus Municipios.

3. Contra esa determinación, el actor interpuso recurso de reclamación, del que correspondió conocer al Pleno del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, bajo expediente pleno **********, en donde, a través de la resolución emitida el veintitrés de septiembre de dos mil catorce, decidió confirmar el acuerdo impugnado, argumentando, en lo que aquí interesa, que aun cuando el ordinal 67, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, establece que son competentes ese Tribunal y sus Salas, para conocer de los actos de autoridades estatales y municipales, relativos a la relación administrativa que tienen con sus cuerpos de seguridad pública; sin embargo, lo cierto es que dicho tribunal no puede conocer de las pretensiones del demandante, porque provienen del incumplimiento de los requisitos de permanencia en el servicio; por lo cual, según el artículo 139, en relación con el 141, ambos de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, el inconforme tiene obligación de hacer la impugnación respectiva a través del juicio de amparo, al ser improcedente cualquier recurso o juicio ordinario contra las resoluciones dictadas ante ese tipo de incumplimiento de requisitos de permanencia por parte de los elementos integrantes de las instituciones de seguridad pública, lo que incluso se hizo de su conocimiento en el propositivo tercero del acto administrativo, en donde se le informa que no procede recurso o juicio ordinario alguno y los fundamentos en que se basa esa aseveración.

Así, de los antecedentes narrados se obtiene que, la responsable funda la improcedencia del juicio de nulidad, de manera destacada, en la interpretación y aplicación del numeral 139 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco.

Consideraciones de la sentencia. En el amparo directo **********, a través del cual se cuestionó la legalidad de la resolución mencionada en último lugar dentro de los antecedentes narrados con antelación, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Tercer Circuito, otorgó la protección constitucional, en lo que interesa, bajo las consideraciones que a continuación se transcriben:

"SEXTO.-Los conceptos de violación hechos valer, suplidos en su deficiencia, al advertirse que en contra de la quejosa ha habido una violación manifiesta de la ley que la deja en estado de indefensión, de conformidad con lo dispuesto por la fracción VI del artículo 79 de la Ley de Amparo, son fundados.

"Lo anterior, con arreglo a lo establecido en la tesis 1a. LXXIII/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, con número de registro digital: 2008557, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, febrero de 2015, Tomo II, página 1417 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de febrero de 2015 a las 9:30 horas», de rubro y texto siguientes:

"‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO). Del precepto citado deriva que la suplencia de la queja deficiente operará en las materias civil y administrativa cuando el tribunal de amparo advierta que ha habido contra el quejoso o recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa, por afectar sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al pronunciarse sobre el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, de redacción similar al 79 de la vigente, estimó que la frase «lo haya dejado sin defensa» no debe interpretarse literalmente, sino que debe entenderse en el sentido de que la autoridad responsable infringió determinadas normas, de forma que afectó sustancialmente al quejoso en su defensa. Asimismo, sostuvo que una «violación manifiesta de la ley» es la que se advierte obvia, que es innegable e indiscutible, y cuya existencia no puede derivarse de una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables. Por otra parte, esta Primera Sala sostuvo que por «violación manifiesta de la ley que deje sin defensa», se entiende aquella actuación que haga notoria e indiscutible la vulneración a los derechos del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirecta, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas, y que rigen el acto reclamado; de ahí que dicha interpretación es aplicable al artículo 79 de la Ley de Amparo, ya que no se le opone, sino que es concordante. Conforme a lo anterior, los tribunales de amparo sólo están obligados a suplir la queja deficiente en las materias civil y administrativa cuando adviertan una violación evidente, esto es, clara, innegable, que afecte sustancialmente al quejoso en su defensa.’

"Previamente al estudio del presente asunto, es importante clarificar que, en términos del artículo 175, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en este juicio únicamente se estudiarán los conceptos de violación atinentes a la legalidad del acto reclamado, mas no lo relativo a la inconstitucionalidad del artículo 139 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco. Lo anterior, atendiendo al principio de mayor beneficio para el quejoso.

"Lo anterior, conforme a lo establecido en la jurisprudencia P./J. 3/2005 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, con número de registro IUS 179367, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, febrero de dos mil cinco, página cinco, de rubro y texto siguientes:

"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.-De acuerdo con la técnica para resolver los juicios de amparo directo del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, con independencia de la materia de que se trate, el estudio de los conceptos de violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio, pudiéndose omitir el de aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren lo ya alcanzado por el quejoso, inclusive los que se refieren a constitucionalidad de leyes. Por tanto, deberá quedar al prudente arbitrio del órgano de control constitucional determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de violación, atendiendo a la consecuencia que para el quejoso tuviera el que se declararan fundados. Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de amparo se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que originen un mayor beneficio jurídico para el gobernado, afectado con un acto de autoridad que al final deberá ser declarado inconstitucional.’

"Sentado lo anterior, respecto de las violaciones aducidas por el quejoso, como ya se dijo, se advierte una violación manifiesta de la ley por parte de la autoridad responsable.

"Así es, el Pleno del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, en la resolución que puso fin al juicio, dictada el veintitrés de septiembre de dos mil catorce en el recurso de reclamación, la cual constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional, declaró infundados los agravios manifestados por el actor, al considerar acertada la determinación de la Primera Sala de ese Tribunal, al estimar que: ‘...no puede conocer de su pretensión, al derivar ésta del incumplimiento de los requisitos de permanencia en el servicio como se colige de la resolución previamente mencionada, con fundamento en la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, por tanto, conforme a lo previsto por su artículo 139, en relación con su diverso 141, que dispone categóricamente, que en caso de inconformarse el elemento operativo por la resolución que emita el órgano interno de la institución de seguridad tendrá que recurrir directamente ante el juicio constitucional al no proceder recurso o juicio ordinario en contra de las resoluciones dictadas por el incumplimiento de los requisitos de permanencia de los integrantes de las instituciones de seguridad pública;...’

"Empero, si la autoridad responsable basó su determinación en lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, dicho precepto fue aplicado de manera indebida e inexacta.

"Lo anterior es así, pues resulta incorrecto que la Sala Unitaria y el Pleno del Tribunal de lo Administrativo, pretendan determinar la competencia de los asuntos que se instauren ante dicho órgano, fundándola en el artículo 139 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública referida, cuando la propia legislación que rige al juicio contencioso administrativo, prevé la procedencia de los asuntos relativos a los cuerpos de seguridad pública.

"En efecto, la Ley del Sistema de Seguridad Pública referida NO determina la procedencia de los asuntos relativos a los cuerpos de seguridad pública; sino que, la procedencia para dichos asuntos, se encuentra contenida en la Ley de Justicia Administrativa y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambas del Estado de Jalisco.

"Cierto, el artículo 67, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, establece la procedencia de los asuntos instituidos en contra de los actos de las autoridades estatales y municipales, relativos a los cuerpos de seguridad pública. Dicho precepto, en lo conducente dice:

"‘Artículo 67. El Pleno del Tribunal de lo Administrativo conocerá de los asuntos en que se dé trámite a recursos de apelación, reclamación y los que se deriven de la aplicación de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y de los Municipios. Las Salas del primer partido judicial del Estado, las Regionales y las Auxiliares del Tribunal de lo Administrativo, conocerán de los juicios que se instauren en contra de:

"‘...

"‘IX. LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES, RELATIVOS A LA RELACIÓN ADMINISTRATIVA CON SUS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.’ -lo resaltado es de este Colegiado-.

"Incluso, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco determina, en su artículo 76, la forma en que habrá de restituirse a los elementos de los cuerpos de seguridad pública del Estado y sus Municipios, en caso de declararse la nulidad de los actos o resolución reclamados y, al efecto dice:

"‘Artículo 76. La sentencia que declare la nulidad de un acto o resolución tendrá por objeto nulificar las consecuencias de éste y, en su caso, restituir al particular en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de que hubiere ocurrido el acto o resolución impugnada cuando el acto fuere de carácter positivo; y cuando fuere de carácter negativo, tendrá el efecto de obligar a la autoridad responsable a que subsane las omisiones en que hubiere incurrido.

"‘...

"‘Las sentencias que se emiten en el caso de elementos de los cuerpos de seguridad pública del Estado o sus Municipios, que hayan sido cesados o removidos de su cargo, por ningún motivo procederá su instalación o reinstitución y, en su caso, sólo procederá la indemnización constitucional, si resultó inocente su reinstalación será a juicio del patrón.’

"En cambio, la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en el apartado titulado ‘De la separación’ -artículos 129 a 141-, establece que la separación del servicio por incumplimiento a los requisitos de permanencia de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, traerá como consecuencia, el cese del nombramiento; asimismo, se establece la instauración de un procedimiento de separación iniciado de oficio por parte de la institución de seguridad pública.

"Igualmente, se instituye que dicho procedimiento se hará del conocimiento del elemento policial incoado, el cual tendrá oportunidad de alegar, probar y defenderse en la audiencia de pruebas y alegatos correspondiente y, concluido lo anterior, se procederá al dictado de la resolución respectiva.

"Ahora bien, el artículo 139 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública referida, dispone que: ‘No procederá recurso o juicio ordinario contra las resoluciones que dicte la instancia correspondiente.’; empero, contrario a lo establecido por el Pleno del Tribunal de lo Administrativo, dicha determinación no arguye que se prohíba la procedencia al juicio administrativo, sino que, la improcedencia del recurso o juicio ordinario es ante la propia autoridad que emitió el acto.

"Es decir, la improcedencia que prevé dicho precepto legal debe entenderse, única y exclusivamente a la propia instancia policial, que se rige por la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, en virtud de que el legislador local no previó instancia alguna contra las determinaciones dictadas en los procedimientos de separación; mas no la improcedencia del juicio de nulidad que se tramita ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco.

"Por tanto, toda vez que el juicio de amparo es un instrumento a través del cual puede vigilarse la exacta aplicación de una ley secundaria; es por lo que resulta pertinente establecer, que el Pleno del Tribunal de lo Administrativo aplicó de una manera inadecuada la Ley del Sistema de Seguridad Pública, pues como ya se vio, el artículo 139 no delimita la procedencia del juicio ante dicho tribunal, sino que impide la procedencia de recurso o juicio ordinario alguno, ante la propia autoridad emisora del acto.

"Finalmente, respecto de la facultad de control de constitucionalidad y convencionalidad ex officio a cargo de las autoridades judiciales del país, que alegó el quejoso, se estima que de un análisis se advirtió que, no hubo un problema de constitucionalidad o convencionalidad, sino que únicamente debían dilucidarse cuestiones de legalidad. Toda vez que, la autoridad responsable, aplicó inadecuadamente una ley secundaria, para determinar la procedencia del juicio administrativo.

"Lo anterior, encuentra sustento en la tesis I.2o.C.3 K (10a.), que se comparte, visible en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, febrero de 2014, Tomo III, página 2353 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 21 de febrero de 2014 a las 10:32 horas», que a la letra dice:

"‘DERECHOS HUMANOS. EL EJERCICIO DE LA FACULTAD DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO A CARGO DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES DEL PAÍS, NO SIGNIFICA QUE ÉSTAS DEBAN REALIZAR LA INTERPRETACIÓN CONFORME O LA DESAPLICACIÓN DE LA LEY SECUNDARIA, SI LA RESOLUCIÓN DEL ASUNTO SE CONSTRIÑE A DILUCIDAR CUESTIONES DE MERA LEGALIDAD.-De los artículos 1o. y 133, última parte, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de su interpretación realizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se colige que los Jueces del país están obligados a ejercer de oficio el control de constitucionalidad y convencionalidad en materia de derechos humanos. La facultad referida, no significa que la autoridad judicial deba concluir con la interpretación conforme o la desaplicación de la ley, si del análisis del asunto se advierte que en realidad no existe un problema de constitucionalidad o convencionalidad, esto es, que la disposición inferior aplicable no pugna con las normas de derechos humanos establecidas en la Constitución Federal o en los instrumentos internacionales, sino que sólo deben dilucidarse cuestiones de mera legalidad, como en el caso, en que una de las partes en un juicio afirme que le asiste un derecho de conformidad con la ley secundaria y éste se le haya negado por la propia autoridad responsable con fundamento en la mencionada norma inferior, PUES EN ESE SUPUESTO, LA RESOLUCIÓN DEL ASUNTO SE REDUCE A DETERMINAR LA DISPOSICIÓN ESPECÍFICAMENTE APLICABLE Y/O A FIJAR SU INTERPRETACIÓN LEGAL, SIN QUE SEA MATERIA DE CONFLICTO LA POSIBLE CONTRADICCIÓN CON ALGÚN DERECHO HUMANO PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN O EN UN INSTRUMENTO INTERNACIONAL, ni esa contraposición se desprenda del estudio correspondiente.’ -lo resaltado es de este Colegiado-

"Corolario de lo expuesto, ante lo fundado de los conceptos de violación en examen, lo procedente en el presente asunto es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitados por **********, en contra de la resolución definitiva de veintitrés de septiembre de dos mil catorce, emitida en el expediente pleno **********; para efecto de que el Pleno del Tribunal de lo Administrativo responsable:

"a). Deje insubsistente la resolución recaída al recurso de reclamación de veintitrés de septiembre de dos mil catorce.

"b). Emita otra, en la que, prescindiendo de las consideraciones, fundamentos y motivos que en esta ejecutoria se consideraron incorrectos, revoque el auto materia de impugnación para que la Sala Unitaria, en caso de no existir diversa causa de improcedencia, proceda admitir a trámite la demanda de nulidad respectiva.

"La concesión del amparo hace innecesario examinar el resto de los argumentos de los restantes conceptos de violación, porque el quejoso no obtendría mayor beneficio que el ya alcanzado.

"Apoya el criterio referido, la jurisprudencia sustentada por la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página setenta y dos del Semanario Judicial de la Federación, Tomo (sic) 175-180, cuarta parte, Séptima Época, que dice:

"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.-Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la justicia federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja.’

Finalmente, con relación al pedimento que formula la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en el sentido de que se declaren inoperantes los conceptos de violación, dígasele que los mismos fueron sustancialmente fundados, de acuerdo a las consideraciones acabadas de exponer.

"Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:

"ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra el acto que reclamó del Pleno del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, que hizo consistir en la resolución de veintitrés de septiembre de dos mil catorce, dictada en el expediente pleno **********, en los términos y para los efectos a que se contrae la parte final del último de los considerandos de la presente ejecutoria."

Como se ve, el mencionado órgano jurisdiccional, estableció:

- Que en el caso procede suplir la queja deficiente, con base en lo dispuesto por el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, por advertir la existencia de una violación manifiesta a la ley que afecta las defensas del peticionario de garantías.

- Que sólo analizaría los conceptos de violación vinculados con temas de legalidad del acto reclamado y no aquellos donde se plantea la inconstitucionalidad del numeral 139 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, al advertir que se alegan cuestiones que pueden conllevar un mayor beneficio para el quejoso.

- Que en el caso ahí analizado, se hizo una indebida o inexacta aplicación del aludido precepto legal.

- Que esa manifestación se justifica en que, a juicio de dicho cuerpo colegiado, la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, no determina la procedencia de los asuntos relativos a los cuerpos de seguridad pública, pues esa temática se contempla en la Ley de Justicia Administrativa y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambas de la misma entidad federativa.

- Que a esa conclusión arriba, porque el arábigo 67, fracción IX, de la ley orgánica en cita, estatuye la procedencia de asuntos instituidos contra los actos de autoridades estatales y municipales, relativos a los cuerpos de seguridad pública e incluso el ordinal 76 de la invocada ley de justicia administrativa, prevé la forma en que habrá de restituir a los elementos de los cuerpos policiales, en caso de que sea declarada la nulidad de los actos o resoluciones controvertidas.

- Que, en cambio, la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, dentro de los artículos 129 a 141, sólo señala la posibilidad de separar a un elemento del servicio por incumplimiento a los requisitos de permanencia, así como la forma en que deberá instaurarse el procedimiento respectivo, en donde se le dará la posibilidad de alegar, probar y defenderse.

- Que aun cuando el numeral 139 de la mencionada Ley del Sistema de Seguridad Pública local expresamente dispone que "No procederá recurso o juicio ordinario contra las resoluciones que dicte la instancia correspondiente", eso no significa que se encuentre prohibida la procedencia del juicio administrativo, sino que debe interpretarse en el sentido de que "el recurso o juicio ordinario es ante la propia autoridad que emitió el acto".

- Que la improcedencia prevista en dicha disposición legal "debe entenderse única y exclusivamente a la propia instancia policial, que se rige por la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, en virtud de que el legislador local no previó instancia alguna contra las determinaciones dictadas en los procedimientos de separación; mas no la improcedencia del juicio de nulidad que se tramita ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco".

- Que el juicio de amparo, es un instrumento por medio del cual, puede vigilarse la exacta aplicación de la norma secundaria; y, bajo ese esquema, concluye señalando que el Pleno del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, aplicó de manera inadecuada o inexacta el arábigo 139 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, ya que no delimita la procedencia del juicio de nulidad, sino sólo impide la procedencia de recurso o juicio ordinario alguno, pero ante la propia autoridad emisora del acto.

En similares términos, se pronunció el propio Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver los amparos directos **********, ********** y **********, donde reiteró el mismo criterio sobre la norma donde se establece la procedencia del juicio de nulidad, así como la interpretación o alcance del artículo 139 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, que considera fue indebida o inexactamente aplicado por parte del Pleno del Tribunal de lo Administrativo en cita.

A continuación, se hará referencia al asunto resuelto por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en donde se ordena denunciar la contradicción de criterios.

• Amparo directo **********.

Antecedentes.

1. **********, ostentando haber ocupado el cargo de oficial de policía adscrito a la entonces Dirección General de Seguridad Pública de Guadalajara, Jalisco (ahora Secretaría de Seguridad Ciudadana), promovió juicio contencioso administrativo, en donde impugnó:

"a) La nulidad lisa y llana del auto de avocamiento de fecha 24 (veinticuatro) de octubre de 2014 (dos mil catorce), dictado en autos del procedimiento administrativo número ********** instaurado en mi contra.

"b) Las violaciones cometidas en mi prejuicio a las formalidades esenciales del procedimiento, durante la instauración e integración del procedimiento administrativo número **********.

"c) La nulidad lisa y llana del procedimiento administrativo número **********, instaurado en mi contra.

"d) La nulidad lisa y llana de la sanción de la resolución definitiva de fecha 14 (catorce) de agosto de 2015 (dos mil quince), dictada en autos del procedimiento administrativo número **********.

"e) La nulidad lisa y llana de la sanción administrativa que se me impuso por resolución de 14 (catorce) de agosto de 2015 (dos mil quince), en autos del procedimiento administrativo número **********, consistente en la terminación d (sic) la relación jurídica entre el suscrito y el Municipio de Guadalajara, Jalisco.

"f) La cancelación tanto del procedimiento administrativo número **********, así como de la sanción qu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27417-9cd1b584/juicio-de-nulidad-de-la-competencia-del-tribunal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.