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Modo: Corpus Pro

DETENCIÓN ILEGAL. SE CONFIGURA CUANDO NO SE REALIZA BAJO LOS SUPUESTOS DE FLAGRANCIA O CASO URGENTE, SINO EN CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN DE LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN PARA QUE EL INCULPADO ACUDA A DECLARAR DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y, CON BASE EN ELLA, POSTERIORMENTE ES CONSIGNADO ANTE EL JUEZ, SIN LA OPORTUNIDAD DE RETIRARSE LIBREMENTE DE LAS OFICINAS MINISTERIALES UNA VEZ CONCLUIDA ESA DILIGENCIA, POR LO QUE LAS PRUEBAS QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE HAYAN OBTENIDO A PARTIR DE AQUÉLLA DEBEN EXCLUIRSE POR CARECER DE VALOR PROBATORIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 637/2016. · Registro digital (IUS): 27505
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2017-12-01
Promovente:
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo III, Pág. 1744.

AMPARO DIRECTO 637/2016. 18 DE NOVIEMBRE DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: DARINEL DE JESÚS RODRÍGUEZ MORENO, SECRETARIO DE TRIBUNAL EN FUNCIONES DE MAGISTRADO. SECRETARIO: LUIS ALFREDO GÓMEZ CANCHOLA.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.-Los conceptos de violación son inatendibles en una parte y fundados en otra, aunque para ello se supla su deficiencia, conforme lo autoriza el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.

Procedencia de la suplencia de la queja deficiente.

En principio, cabe precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diferencias tratándose de la suplencia de la queja, advirtiendo que puede ser total ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios o relativa, cuando son insuficientes; esto es, cuando solamente hay una deficiente argumentación jurídica.

Además, el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo establece que la suplencia de los conceptos de violación o agravios en materia penal opera aun ante la ausencia de los mismos por parte del encausado. Esto es, la suplencia de la queja se trata de una facultad concedida al juzgador para subsanar en la sentencia el error u omisión en que hayan incurrido el sentenciado o su defensor, y opera en forma total porque, en este supuesto, se pretendió atemperar los tecnicismos del juicio de derechos, para dar relevancia a la verdad jurídica.

En congruencia con lo anterior, y con base en los principios constitucionales que rigen en materia penal, se concluye que para que proceda suplir la queja en dicha materia, basta que quien promueva el juicio de amparo tenga la calidad de acusado o defensor de éste, y la litis constitucional verse sobre cualquier cuestión relacionada con el proceso penal enderezado en su contra; por tanto, se suplen los conceptos de violación, con independencia de que le pueda o no resultar favorable a los peticionarios de amparo el estudio que emprenda este tribunal en relación con dicho tema.

Sustenta el argumento expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 26/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, marzo de 2008, página 242, registro digital: 170008, que dispone:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES A QUIEN SE SUPLE.-La figura de la suplencia de la queja prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, tanto en relación con el juicio de garantías como con los recursos en ella establecidos consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, que podrían resultar favorables, independientemente de que finalmente lo sean. Así, es incorrecto entender que sólo debe suplirse cuando ello favorezca a quien se le suple, pues para determinar si procede dicha figura tendría que examinarse previamente la cuestión relativa, lo que implicaría necesariamente haber realizado la suplencia. Por consiguiente, es suficiente que el análisis de un problema no propuesto pudiera resultar benéfico para que se deba suplir, realizando el estudio correspondiente."

Debe aclararse que el criterio en cita, no se opone a la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, pues el texto del artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada, contiene el mismo principio jurídico que el actual numeral 79, fracción III, inciso a), del cuerpo normativo referido en primer término.

Antecedentes de la resolución reclamada.

Para mejor comprensión del asunto, es oportuno destacar los antecedentes de la resolución reclamada, los cuales son los siguientes:

1. El veintisiete de junio de dos mil once, el fiscal del Ministerio Público investigador, titular del segundo turno de Justicia Indígena, con residencia en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, dio inicio a la averiguación previa **********, en contra de quien o quienes resultaran responsables, por el delito de homicidio. (fojas 1 y 2, tomo I, del testimonio de la causa 89/2011)

2. En acuerdo de veintiocho de junio de dos mil once, el agente del Ministerio Público investigador ordenó la búsqueda, localización y presentación de los inculpados (ahora quejosos), para el efecto de ser escuchados en declaración ministerial en relación con los hechos investigados, girando el oficio IN7A-M5/404/2011. (fojas 41 a 53 del tomo I del testimonio)

3. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio 843/CRZI/2011, de veintiocho de junio de dos mil once, los agentes de la policía especializada adscritos a la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena, pusieron a disposición en calidad de presentados a los inculpados, ahora quejosos ********** y **********. (foja 68 del testimonio)

4. Luego, en acuerdo de veintinueve de junio de dos mil once, el agente del Ministerio Público del conocimiento decretó la "legal" detención de los indiciados de referencia. (fojas 162 a 209 ídem)

5. Una vez desahogadas las respectivas diligencias dentro de la indagatoria, mediante oficio IN7A-M5/419/2011, de treinta de junio de dos mil once, la representación social ejerció acción penal con detenido, en contra de los aquí quejosos ********** y **********, como probables responsables en la comisión del delito de homicidio calificado, previsto en los artículos 160, 170, fracciones I, II y III, y 173, y sancionado en el artículo 163, en relación con el 9, 14, fracción I, 15, párrafo segundo y 19, fracciones II y V, todos los numerales del Código Penal para el Estado de Chiapas; injusto cometido en agravio de la persona que en vida respondía al nombre de **********, hechos ocurridos en el Municipio de Mitontic, Chiapas. (fojas 273 a la 334)

6. Correspondió conocer de la indagatoria al entonces Juez Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves del Distrito Judicial de San Cristóbal, con residencia en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, mismo que en auto de la misma fecha, radicó el asunto bajo la causa penal ********** y ratificó la detención de los ahora quejosos. (fojas 335 y 336)

7. A las once horas con treinta minutos del uno de julio de dos mil once, el Juez de la causa receptó la declaración preparatoria de **********, en la que manifestó que se considera inocente del delito que se le acusó y ratificó su declaración ministerial; a solicitud de su defensa, se amplió el plazo constitucional para resolver su situación jurídica. (fojas 343 y 344)

8. A las doce horas con quince minutos del uno de julio de dos mil once, el Juez de la causa receptó la declaración preparatoria de **********, en la que manifestó que se considera inocente del delito que se le acusó y ratificó su declaración ministerial; a solicitud de su defensa, se amplió el plazo constitucional para resolver su situación jurídica. (fojas 345 y 346)

9. Dentro del término constitucional ampliado, a las veintiuna horas con treinta y cinco minutos del seis de julio de dos mil once, el Juez de la causa decretó formal prisión en contra de los hoy disconformes, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de homicidio calificado, previsto por los artículos 160, 163, 170, fracciones II y III, incisos b), c) y d), y 173, en relación con los numerales 9, 10, 14, fracción I, 15, párrafo segundo y 19, fracciones II y V, todos del Código Penal del Estado de Chiapas; hechos ocurridos en el Paraje Bachén, Municipio de Mitontic, Chiapas, cometido en agravio de la persona que en vida respondía al nombre de **********. (fojas 350 a la 379)

10. En contra de esta determinación, los inculpados ********** y ********** promovieron juicio de amparo indirecto (fojas 464 a la 466), del que conoció el entonces Juzgado Sexto de Distrito en el Estado (actualmente Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado), con residencia en esta ciudad, con el expediente **********, que en sentencia constitucional de diez de febrero de dos mil doce, concedió la protección constitucional, para el efecto de que el Juez responsable dejara insubsistente el auto de formal prisión reclamado, ordenara la reposición del procedimiento, previo a culminar las respectivas diligencias de declaración preparatoria de los inculpados, a fin de que proveyera lo conducente respecto a las peticiones de los quejosos, consistentes en las pruebas de descargo ofrecidas; asimismo, cumpliera con las formalidades esenciales de la legislación procesal penal del Estado de Chiapas, y dejara subsistentes las pruebas que ya se hubieran desahogado posteriores al auto de término constitucional (fojas 505 a la 508); la cual causó ejecutoria en proveído de cinco de marzo siguiente. (foja 510)

11. Mediante escrito recibido el trece de marzo de dos mil doce, el quejoso ********** solicitó que se le tuviera por ofrecido y desahogado el testimonio de **********; asimismo, desistió del testimonio de ********** (foja 520), el cual ratificó en diligencia formal de esa misma fecha. (foja 522)

12. En cumplimiento a lo anterior, el nueve de marzo de dos mil doce, la Juez Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves del Distrito Judicial de San Cristóbal, con residencia en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, previo admitir y desahogar los testimonios solicitados que alcanzó dentro de la dilación constitucional, dictó una nueva resolución en la que decretó formal prisión en contra de los ahora quejosos ********** y **********, por el delito de homicidio calificado, previsto por los artículos 160, 163, 170, fracciones II y III, incisos b), c) y d), y 173, en relación con los numerales 9, 10, 14, fracción I, 15, párrafo segundo y 19, fracciones II y V, todos del Código Penal para el Estado de Chiapas; hechos ocurridos en el Paraje Bachén, Municipio de Mitontic, Chiapas, cometido en agravio de la persona que en vida respondía al nombre de ********** (fojas 525 a la 554); resolución con la que el Juez de Distrito tuvo por cumplido el fallo protector. (foja 562)

13. En proveído de veintitrés de mayo de dos mil catorce, se declaró agotada la instrucción (foja 761); y el diez de junio siguiente, se declaró cerrada la misma (foja 763); posteriormente, dentro del plazo concedido, se recibieron las conclusiones de la fiscal del Ministerio Público adscrita al juzgado de origen y de la defensa. (fojas 767 a la 800 y 803 a la 812)

14. El diez de octubre de dos mil catorce, se llevó a cabo la audiencia de derecho, con la asistencia de la traductora, de los inculpados, aquí quejosos, de su defensor público indígena y de la fiscal del Ministerio Público adscrita al juzgado de origen, en la que ratificaron sus respectivas conclusiones. (foja 827)

15. El tres de junio de dos mil quince, la Jueza instructora dictó sentencia condenatoria en contra de los hoy quejosos, en la que los declaró penalmente responsables del delito de homicidio calificado, previsto por los artículos 160 y 170, fracciones II y III, incisos b), c) y d), y 173 y sancionado en el numeral 163, en relación al 14, fracción I, 15, párrafo segundo y 19, fracciones II y V, del Código Penal para el Estado de Chiapas; cometido en agravio de la persona que en vida respondió al nombre de **********; hechos ocurridos en el Paraje Bachén del Municipio de Mitontic, Chiapas; le impuso una pena de veinticinco años de prisión a ********** y de dieciocho años nueve meses de prisión a **********; penas de prisión que deberían comenzar a contar a partir del veintiocho de junio de dos mil once, en que fueron detenidos con motivo de los hechos delictuosos que dieron origen a la causa penal; los condenó al pago de la reparación del daño, de manera solidaria y mancomunada; les negó los beneficios y sustitutivos de la pena de prisión; decretó la suspensión de sus derechos políticos y civiles, por el tiempo que dure la pena de prisión; y no ordenó su amonestación. (fojas 828 a la 901)

16. Inconformes con la anterior resolución, el defensor público indígena y los ahora quejosos interpusieron recurso de apelación (fojas 903 a la 916), del que correspondió conocer a la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, San Cristóbal, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, que registró con el toca penal **********, desahogándose la audiencia de vista con los tres Magistrados que la integran (fojas 21 y 22 del toca de apelación); y, en resolución de once de febrero de dos mil quince, confirmó el fallo recurrido. (fojas 24 a la 198)

Dicha determinación constituye el fallo que por esta vía se reclama.

Conceptos de violación vinculados con la ilegal detención.

Los quejosos señalan que no se actualiza la hipótesis de flagrancia, por cuanto que no fueron detenidos al momento en que se señala se cometió el ilícito a ellos atribuido, ya que de las constancias ministeriales, el deceso de la ahora occisa **********, se efectuó a las dos horas (tres horas del horario de verano) del veintisiete de junio de dos mil once, como lo refirieron ante la representación social, los testigos ********** y **********; en tanto que, su detención se llevó a cabo entre las diecisiete horas y diecisiete horas con treinta minutos del veintiocho de ese mes y año, como consta en las diligencias de ratificación del oficio de puesta a disposición realizada por los agentes aprehensores; en atención a que no se justificaba que la detención se haya llevado a cabo en flagrancia; como resultado de dicha actuación policial, el Ministerio Público les decretó la detención por caso urgente; sin embargo, dicha hipótesis no quedó debidamente acreditada en autos, porque el Ministerio Público no motivó su determinación para decir que se había realizado su detención por caso urgente, y de la misma forma aconteció con la ratificación de la misma, que determinó el Juez que conoció de la causa.

Asimismo, que si bien existe el acuerdo emitido por el Ministerio Público, en el que decreta la detención legal de los indiciados, ahora quejosos, ********** y **********; empero, se advierte que no se encuentra debidamente motivado, ya que no quedó justificado debidamente de acuerdo a las hipótesis siguientes que establece la ley:

a) Que el indiciado haya intervenido en la comisión de alguno de los delitos señalados por la ley como graves;

b) Que exista riesgo fundado de que puedan sustraerse a la acción de la justicia; y,

c) Que por razón de la hora, lugar o cualquiera otra circunstancia, no pueda el representante social ocurrir ante la autoridad judicial para solicitar la orden de aprehensión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 269 Bis A del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas, si bien se cumplió con el primero de los requisitos para la emisión de la orden de detención por caso urgente, pues el delito por el que fueron consignados fue el de homicidio calificado, pero el Ministerio Público no motivó las razones por las cuales lo llevaron a decretar en esos términos la detención; ello, debido a que no se advierte que existiera riesgo fundado de que pudieran sustraerse a la acción de la justicia, tampoco que por razón de la hora, lugar o cualquiera otra circunstancia, no pudo ocurrir ante la autoridad judicial para solicitar la orden de aprehensión correspondiente.

Que vulneraron flagrantemente lo estipulado en artículo 16 de la Constitución Federal, que señala, entre otras cosas, que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, lo cual, en la especie, no aconteció, por lo que se transgredió el numeral 398, fracción III, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas; por tanto, la ilicitud demostrada en la detención, al no advertirse acreditada la flagrancia y tampoco la urgencia, acarrea la invalidez de lo actuado, a partir de su detención.

Que los medios de prueba ofrecidos y desahogados durante la etapa de la integración de averiguación previa, no debieron ser considerados ni siquiera como pruebas indiciarias, ya que las actuaciones se encuentran en estricta vinculación con las violaciones indicadas, por lo cual, no tienen eficacia jurídica para ser tomadas en consideración en su contra; por ello, es de señalarse que las pruebas resultan ineficaces dentro del proceso.

Que las pruebas que no cumplen con los elementos dispuestos en la Norma Constitucional respectiva, y que resultan ilícitas, y que no debían ser objeto de valoración; por tanto, los mismos deben de excluirse, son los siguientes (sic):

a) El acuerdo de veintinueve de junio de dos mil once, emitido por el Ministerio Público, titular de la Mesa de Trámite Número Cinco, de la Fiscalía de Justicia Indígena, con el que decretó la detención ministerial por urgencia en su contra;

b) La fe ministerial de objetos puestos a disposición de veintiocho de junio de dos mil once;

c) La comparecencia de ********** y **********, de veintinueve de junio de dos mil once;

d) Los peritajes emitidos en los oficios 3867/2011 y 3868/2011, de veintiocho de junio de dos mil once, suscritos y ratificados por el perito químico adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado, relativos al análisis cualitativo de rodizonato de sodio, practicados a ********** y **********;

e) La declaración ministerial del inculpado ********** de veintinueve de junio de dos mil once;

f) La declaración ministerial del inculpado ********** de veintinueve de junio de dos mil once;

g) El peritaje remitido mediante oficio PGJE/DGSP/SSPJI/3908/2011, de veintinueve de junio de dos mil once, por **********, perito adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado, relativo a la posición de víctima-victimario.

h) Peritaje de balística identificativa, toma de placas fotográficas de un arma de fuego larga, al parecer, tipo rifle, marca Winhrlter, con culata de madera, cañón metálico color oscuro, con una cinta, al parecer, de tela color negra; un arma de fuego larga, tipo rifle, con culata de madera, siete cartuchos útiles color amarillo, con la letra "A" como leyenda en el culote y partes, al parecer, de un cerrojo de arma larga (rifle), emitido en oficios 3869, 3869, 3870, de veintinueve de junio de dos mil once, suscrito y ratificado por peritos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado;

i) Peritaje de balística identificativa, toma de placas fotográficas de un arma de fuego, y determinación si un cartucho percutido, color dorado con la leyenda la letra "A" en el culote, fue percutido por el arma de fuego larga, al parecer, tipo rifle, marca Winhrlter, con culata de madera, cañón metálico, color oscuro, con una cinta, al parecer, de tela color negra o, en su caso, por el arma de fuego larga, tipo rifle, con culata de madera, emitido en oficio número 3873 de veintinueve de junio de dos mil once, por peritos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado; y,

j) Peritaje de balística de dos balas útiles de color dorado, con la leyenda "A" en el culote, para determinar qué arma puede percutirlas, del casquillo de color dorado con la leyenda "A" en el culote y determinar qué arma percutió el casquillo, emitido en oficio 3894 de veintinueve de junio de dos mil once, peritos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Medios de prueba que carecen del valor probatorio que le otorgaron las autoridades responsables, vulnerando flagrantemente lo señalado en el artículo 16 constitucional, en relación con el artículo 270 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado.

Que de conformidad con lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo 16 constitucional, para que la detención en flagrancia pueda ser válida (es decir, guardar correspondencia formal y material con la normativa que rige el actuar de la policía), tiene que ceñirse al concepto constitucional de flagrancia como se encuentra delimitado, esto es, tiene que darse alguno de los siguientes supuestos:

I. La autoridad o un particular puede aprehender al aparente autor del delito si observa directamente que la acción se está cometiendo en ese preciso instante, esto es, en iter criminis.

II. La autoridad o un particular puede iniciar la persecución del aparente autor del delito, a fin de aprehenderlo si, mediante elementos objetivos, le es posible identificarlo y corroborar que, apenas en el momento inmediato anterior, se encontraba cometiendo el delito denunciado.

Que en el segundo supuesto, esto es, la urgencia, requiere que se trate del delito grave, exista riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia y el Ministerio Público no pueda ocurrir ante la autoridad judicial para solicitar la orden de aprehensión por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia.

Por ello, al ratificar una detención en la que no es necesario esperar una orden de aprehensión (flagrancia y caso urgente), debe estar a lo preceptuado por el numeral que se ha hecho referencia, pues otorga al gobernado la seguridad de que no será aprehendido a manos del Estado o de un particular por el solo hecho de que alguien lo haya señalado como delincuente, sin importar datos concretos que pudieran corroborar esa acusación.

Concluyen que, de acuerdo con lo establecido en el quinto párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal, artículo 126 bis del Código de Procedimientos Penales para el Estado y el artículo 212 de la ley adjetiva actual, cualquier persona puede detener al indiciado al momento en que esté cometiendo el delito, o inmediatamente después de haberlo cometido (con la salvedad de que debe entenderse por inmediatamente después, como ya se puntualizó); por tanto, se considera que en los casos en que se esté consumando algún ilícito dentro del domicilio y se actualiza la flagrancia, puede ser detenido el sujeto activo por cualquier persona o por elementos policiacos, siempre que se trate de un delito de resultado material, porque éstos pueden ser advertidos y causar daño a otros bienes jurídicos; la detención también es válida cuando el sujeto activo es detenido huyendo del lugar de los hechos o cuando es perseguido por la víctima o los testigos, siempre que no lo pierdan de vista.

Que al analizar en el presente caso si se cumplieron los requisitos que condicionan la validez constitucional de la detención de los enjuiciados ********** y **********, se advierte que el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, señala que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Que la afirmación del resolutor de que advierte flagrancia, no se encuentra demostrada en los términos que apunta; por ende, debió tomar en consideración que el Ministerio Público bien pudo recabar, en primer término, toda las pruebas necesarias para integrar la averiguación previa y tener elementos suficientes para inculpar a los ahora enjuiciados, y luego, ejercer la acción penal solicitando orden de aprehensión e, incluso, en lugar de decretar la retención, pudo dictar la libertad con las reservas de ley a que se refiere el artículo 134 Bis del Código de Procedimientos Penales para el Estado, en lo que lograba integrar la averiguación y solicitar la orden de aprehensión.

Que no es válido concebir que por la hora, distancia u otra circunstancia, la autoridad ministerial no haya acudido ante la autoridad judicial a solicitar el mandamiento aprehensorio, pues además de lo expuesto, también constituye un hecho notorio la cercanía de ese lugar agencia del Ministerio Público, al de la residencia del mencionado juzgado, lo que permitía a la autoridad ministerial acudir al tribunal competente a solicitar el mandamiento de aprehensión y regresar con la posible orden de aprehensión y ejecutarla.

Así, señalan que si no se está en los casos de excepción a que se refiere el artículo 16 constitucional y que se reiteran en los artículos 269 bis A y 271 del Código de Procedimientos Penales en la entidad, es decir, que la detención se haya ejecutado por caso urgente; es inconcuso que la detención de los quejosos contraviene el precepto constitucional primeramente señalado, pues desde el cumplimiento de la orden de presentación y localización, los ahora quejosos estuvieron privados de la libertad, y dicha privación se prolongó indebidamente al amparo de un acuerdo de detención por notaria urgencia, pese a que no se reunían los requisitos para su emisión, ni es factible detener para investigar.

Que es por esas circunstancias esa detención fue en contravención a las disposiciones del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos pues, en todo caso, era necesario que el órgano ministerial encargado de la investigación y persecución de los delitos, actuara conforme a las facultades que para tal efecto le corresponden exclusivamente conforme al artículo 21 de la Constitución Federal.

Contestación a los motivos de disenso y en suplencia de la queja.

De inicio, conviene destacar que resulta procedente analizar las violaciones procesales cometidas en la etapa de averiguación previa, porque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que en el amparo directo procede analizar como violaciones al procedimiento las cometidas en la averiguación previa, cuando afecten los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual no debía interpretarse limitativamente, en la medida en que la protección del derecho humano al debido proceso la conforman sistemáticamente diversos numerales constitucionales; esto es, que el respeto a ese derecho se vincula con la observación de los parámetros que la Constitución establece para todas las etapas procedimentales; pues el catálogo de derechos del detenido, previsto en el artículo 20, apartado A, fracciones I, V, VII y IX, constitucional, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se extiende a todos aquellos actos o diligencias realizados desde la averiguación previa, lo que permite ubicar posibles violaciones en cualquier diligencia de esa etapa; y que el artículo 16 de la Carta Magna establece algunas excepciones que implican la restricción a aquellos derechos, entre las cuales se encuentra la privación de la libertad personal, específicamente en las detenciones por flagrancia o caso urgente, derivadas de la existencia de elementos que permiten atribuir a una persona su probable responsabilidad en la comisión de un hecho calificado como delito por las leyes penales.

Sin embargo, para que dicha excepción sea constitucionalmente válida deben satisfacerse ciertas condiciones de legalidad, lo que implica que el órgano de control constitucional tiene la obligación de verificar si la detención prolongada por la policía, sin poner al detenido a disposición inmediata de la autoridad ministerial o sin cumplir los requisitos constitucionales que justifican la excepción por la flagrancia o el caso urgente, generó elementos de prueba que incumplen con los requisitos de formalidad constitucional que deban declararse ilícitos, o si las diligencias correspondientes se realizaron en condiciones que no permitieron al inculpado ejercer su derecho de defensa adecuada.

Es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 45/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXII, Tomo 1, julio de 2013, página 529, registro digital: 2004134, del título, subtítulo y texto siguientes:

"VIOLACIONES COMETIDAS EN LA DETENCIÓN DEL INCULPADO CON MOTIVO DE LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL (FLAGRANCIA O CASO URGENTE). ES FACTIBLE SU ANÁLISIS EN AMPARO DIRECTO CUANDO NO HAYAN SIDO ANALIZADAS PREVIAMENTE EN AMPARO INDIRECTO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 121/2009, sostuvo que en el amparo directo procede analizar como violaciones al procedimiento las cometidas en la averiguación previa cuando afecten los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual no debe interpretarse limitativamente, en la medida en que la protección del derecho humano al debido proceso la conforman sistemáticamente diversos numerales constitucionales, esto es, el respeto a este derecho se vincula con la observación de los parámetros que la Constitución establece para todas las etapas procedimentales. En ese sentido, el catálogo de derechos del detenido, previsto en el artículo 20, apartado A, fracciones I, V, VII y IX, constitucional, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se extiende a todos aquellos actos o diligencias realizados desde la averiguación previa, lo que permite ubicar posibles violaciones en cualquier diligencia de esta etapa. Ahora bien, el artículo 16 de la Carta Magna establece algunas excepciones que implican la restricción a aquellos derechos, entre las cuales se encuentra la privación de la libertad personal, específicamente en las detenciones por flagrancia o caso urgente, derivadas de la existencia de elementos que permiten atribuir a una persona su probable responsabilidad en la comisión de un hecho calificado como delito por las leyes penales; sin embargo, para que dicha excepción sea constitucionalmente válida deben satisfacerse ciertas condiciones de legalidad, lo que implica que el órgano de control constitucional tiene la obligación de verificar si la detención prolongada por la policía sin poner

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27505-ac6ff39d/detencion-ilegal-se-configura-cuando-no-se-realiza · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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