Corpus
Modo: Corpus Pro

CONCURSO MERCANTIL. PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE VISITA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/2017. · Registro digital (IUS): 27535
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2017-12-15
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo II, Pág. 1277.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 24 DE OCTUBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE TRECE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS, ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO, PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO, LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ, WALTER ARELLANO HOBELSBERGER, ISMAEL HERNÁNDEZ FLORES, FERNANDO ALBERTO CASASOLA MENDOZA, ABRAHAM SERGIO MARCOS VALDÉS, J. JESÚS PÉREZ GRIMALDI, QUIEN ASISTIÓ EN SUSTITUCIÓN DEL MAGISTRADO VÍCTOR HUGO DÍAZ ARELLANO, FERNANDO RANGEL RAMÍREZ, QUIEN ASISTIÓ EN SUSTITUCIÓN DE LA MAGISTRADA IRMA RODRÍGUEZ FRANCO, DANIEL HORACIO ESCUDERO CONTRERAS, BENITO ALVA ZENTENO Y GONZALO HERNÁNDEZ CERVANTES. AUSENTE: GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ. PONENTE: ABRAHAM SERGIO MARCOS VALDÉS. SECRETARIA: MÍRIAM MARCELA PUNZO BRAVO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia.

El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer de la denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis, 41 Ter, fracción I, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque se refiere a la posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito.

SEGUNDO.-Legitimación.

La denuncia proviene de parte legítima, al haberse formulado por un Magistrado integrante de un Tribunal Colegiado de este Circuito, de conformidad con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que el tribunal que integra emitió uno de los criterios contendientes.

TERCERO.-Posturas de los Tribunales de Circuito.

I. El Segundo Tribunal conoció de los siguientes juicios de amparo en revisión: 6/2017, promovido por **********, por conducto de su apoderado, **********, en el que reclamó la sentencia de uno de marzo de dos mil dieciséis, pronunciada por el Juez Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del proveído de uno de marzo de dos mil dieciséis, dictado en el concurso mercantil **********; y 118/2017, promovido por **********, por conducto de su apoderado, **********, en el cual reclamó la sentencia de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra de los proveídos de catorce de marzo, cinco y quince de abril, todos de dos mil dieciséis, emitidos por el Juez Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en los autos del concurso mercantil número **********.

Las consideraciones que sustentaron ambas resoluciones, en su orden y en lo conducente, son las siguientes:

"QUINTO.-La recurrente sostiene esencialmente en sus agravios que se infringieron en su perjuicio los artículos 61, fracción XXIII, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, porque el Juez de Distrito realizó un estudio ilegal de las constancias que integran el juicio natural, pues de las mismas no sólo se advierte que el acto reclamado es de imposible reparación, sino además es inconstitucional, lo que ameritaba no sólo la procedencia del juicio de garantías sino la concesión del amparo.

"Manifiesta la hoy inconforme, que el Juez de Distrito no fijó de manera correcta el alcance del acto reclamado, pues contrariamente a lo que consideró dicho juzgador, la resolución impugnada sí es de imposible reparación, pues representa una orden directa para que se ponga a disposición del visitador la contabilidad de la quejosa que ‘por mandato sustantivo tiene derecho a conservar en estricta confidencialidad’.

"Señala la quejosa, que de la resolución reclamada se desprende que la impetrante está obligada a permitir que el visitador analice sus documentos consistentes en ‘libros de contabilidad, registros y estados financieros de la empresa, relacionados con el objeto de la visita, así como cualquier otro documento’, como lo establece el artículo 31 de la Ley de Concursos Mercantiles, por lo que se confirma que el acto reclamado sí es de imposible reparación.

"En sustento a lo anterior, la recurrente cita el criterio de rubro:

"‘PRUEBA PERICIAL CONTABLE OFRECIDA POR LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO SOBRE LA CONTABILIDAD DE ÉSTE. CONTRA EL AUTO QUE LA ADMITE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO SIN NECESIDAD DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO QUE PROCEDE EN SU CONTRA SE TRAMITA CONJUNTAMENTE CON LA SENTENCIA DEFINITIVA (CÓDIGO DE COMERCIO REFORMADO POR DECRETOS DE 17 DE ABRIL Y 30 DE DICIEMBRE DE 2008).’

"Tales motivos de inconformidad resultan infundados.

"Lo anterior es así, porque este Tribunal Colegiado estima que es correcta la consideración del Juez de Distrito respecto a que la resolución que constituye el acto reclamado en el amparo indirecto que nos ocupa, no es (sic) imposible reparación, como se verá a continuación:

"En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que sirvieron de sustento al Juez Quinto de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito, para desechar la demanda de amparo promovida por la recurrente, establecen lo siguiente:

"‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

"‘...

"‘XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.’

"‘Artículo 107. El amparo indirecto procede:

"‘...

"‘V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.’

"De la interpretación de los citados preceptos, deriva que el juicio de amparo indirecto que se hace valer contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, procede únicamente cuando los efectos de tales actos sean de imposible reparación, es decir, cuando con su ejecución se afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano se parte.

"Al respecto debe precisarse que, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en sesión de veintidós de mayo de dos mil catorce, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la jurisprudencia temática P./J. 37/2014 (10a.),1 (sic) en la que sostuvo que la actual Ley de Amparo ofrece precisión acerca de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación a partir de la reforma a la Ley de Amparo de fecha tres de abril del año dos mil tres.

"El criterio relativo es del rubro y texto siguientes:

"‘PERSONALIDAD EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).-Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden «... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;» puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables. Necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho. y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos «que afecten materialmente derechos», lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos «derechos» afectados materialmente revistan la categoría de derechos «sustantivos» expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de «imposible reparación», no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto «... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo»; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan él los actos irreparables es la afectación que producen a «derechos sustantivos», y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza «material» de la lesión que producen expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios.’

"De la citada jurisprudencia temática deriva, que la actual Ley de Amparo, en su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que, por dichos actos se entienden ‘... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano se parte’ disposición con la que el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, al establecer que para que un acto pueda ser calificado como irreparable, necesita producir una afectación material a derechos sustantivos, lo que no ocurre con aquellos que únicamente puedan producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; es decir, deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, es decir, aquellos que no afecten materialmente derechos sustantivos.

"En el presente caso, el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto que nos ocupa, consiste en la resolución de nueve de mayo de dos mil dieciséis, emitida por la Juez Sexto de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito, en el concurso mercantil **********, mediante la cual declaró infundado el recurso de revocación interpuesto por **********, hoy recurrente, contra el auto de uno de marzo de dos mil dieciséis, en el que se acordó entre otras cuestiones, lo siguiente: ‘por así corresponder al estado procesal de autos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, 31, 34, 35, 36 y 37 de la Ley de Concursos Mercantiles, se despacha orden de visita a la demandada **********, con efectos de mandamiento en forma para que permita su realización, visita de verificación que tendrá por objeto que el visitador designado en autos dictamine si la comerciante incurrió en los supuestos previstos en el artículo 10 de la Ley de la materia.’

"Al respecto es de estimarse que el puntualizado acto reclamado no tiene sobre la promovente del amparo o sus cosas una ejecución de imposible reparación, que afecte materialmente sus derechos sustantivos, condición necesaria para que proceda el juicio de amparo indirecto en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo.

"Lo anterior es así, pues la orden de visita no constituye un acto de autoridad que, por su propia naturaleza tenga como objetivo privar de sus derechos definitivamente al comerciante, sino que, por sus características, dicha orden y la visita como tal, comparten la naturaleza de una medida cautelar, tan es así que, no requieren el cumplimiento de la garantía de previa audiencia.

"En efecto, la visita de verificación establecida por los artículos 29 al 41 de la Ley de Concursos Mercantiles tiene las características propias de una medida cautelar, pues es un acto previo a la declaración del concurso mercantil, que tiene por objeto, precisamente, determinar si el comerciante se encuentra dentro de los supuestos establecidos por el artículo 10 de la Ley de Concursos Mercantiles para hacer, en su caso, la correspondiente declaratoria. Así, la referida visita no constituye un fin en sí misma, por lo cual resulta ser accesoria del procedimiento concursal, debido a lo cual no puede considerarse como un acto privativo además de que no rige para ellos la garantía de previa audiencia.

"Así, en la visita de verificación sólo se permite que el visitador, que actúa como un auxiliar del juzgador, tenga acceso a los libros de contabilidad, registros y estados financieros de la empresa relacionados con el objeto de la visita, la cual tiene el propósito de determinar si se actualizan los supuestos de procedencia de la declaración de concurso mercantil. Esto significa que el visitador debe restringir su actuación únicamente al análisis de los documentos antes mencionados y no de otros ajenos al objeto de esa diligencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de la ley concursal, quedando prohibido para dicho auxiliar llevarse los documentos y la contabilidad; en la inteligencia de que una vez finalizada la visita de verificación, el visitador no podrá volver a tener acceso a los documentos analizados.

"De esta manera se garantiza la confidencialidad de la información, pues sólo se analizan los datos estrictamente necesarios para determinar si se dan los supuestos del concurso mercantil y serán éstos los que se hagan constar en el acta circunstanciada que debe levantar y en el dictamen correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 36 y 40 de la Ley de Concursos Mercantiles.

"Además, el derecho a la intimidad o privacidad de la información financiera y contable del comerciante no es ilimitado y absoluto, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 16, permite el examen de los papeles y posesiones de los gobernados (libros, registros, comprobantes, cartas, cuentas y documentos, etcétera) previa orden de la autoridad competente debidamente fundada y motivada.

"Esto es, la intimidad o privacidad de la información del comerciante no es irrestricta y, por tanto, cuando el caso lo justifique, como ocurre en la especie, la autoridad judicial puede ordenar a la comerciante el acceso al visitador del concurso mercantil a sus documentos, sin que lo anterior suponga afectación a la privacidad del comerciante, ni vulnere sus derechos sustantivos, ello es así, atendiendo el interés superior que implica la quiebra de una empresa y sus posibles consecuencias, además de que, la información que se revisa por parte de los visitadores es la estrictamente necesaria para determinar si se está en alguno de los supuestos del artículo 10 de la Ley de Concursos Mercantiles y no alguna otra ajena a ese propósito.

"Aunado a lo anterior debe señalarse que el propósito de emitir una orden de visita, la cual es un acto previo a la declaración de concurso mercantil, es precisamente para que el juzgador se allegue de mayores elementos para resolver si, en el caso planteado, se actualizan los supuestos para declarar al comerciante demandado o solicitante en estado de concurso.

"En las relatadas condiciones, si como ya se ha precisado, la orden y visita de verificación no afectan ningún derecho sustantivo del comerciante y, en el presente caso, el acto reclamado consiste en la resolución de nueve de mayo de dos mil dieciséis, emitida por la Juez Sexto de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito, mediante la cual declaró infundado el recurso de revocación interpuesto por **********, hoy recurrente, contra el auto de uno de marzo de dos mil dieciséis, en el que la referida Juez despachó orden de visita de verificación a la citada empresa, resulta evidente que la resolución reclamada, no vulnera derecho sustantivo alguno y, por tanto, no es un acto de imposible reparación, condición necesaria para que proceda el juicio de amparo indirecto en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, por ende, resultó acertadamente la determinación del Juez Quinto de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito, al sobreseer en el juicio de amparo indirecto que nos ocupa, de ahí lo infundado de los agravios que se examinan.

"Todo lo antes expuesto ha sido sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las ejecutorias que dieron origen a la tesis 1a. CLXVII/2005, visible en la página 717, Tomo XXIII, enero de 2006, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"‘CONCURSOS MERCANTILES. LA VISITA DE VERIFICACIÓN QUE PREVÉN LOS ARTÍCULOS 29 A 41 DE LA LEY RELATIVA, NO VIOLA EL DERECHO A LA PRIVACIDAD DEL COMERCIANTE.-La referida visita de verificación no viola el derecho a la privacidad de los comerciantes sujetos a este procedimiento, pues la intimidad o privacidad de la información financiera y contable del comerciante no está garantizada en términos absolutos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni por las leyes secundarias -como el Código de Comercio-, pues incluso el artículo 16 constitucional permite el examen de los papeles y posesiones de los gobernados previa orden de la autoridad competente debidamente fundada y motivada. Asimismo, el Código de Comercio establece en el artículo 43 in fine, que en los casos de quiebra (ahora llamado concurso mercantil) sí puede decretarse la entrega o reconocimiento general de los libros, registros, comprobantes, cartas, cuentas y documentos de los comerciantes; de ahí que al no ser absoluta la intimidad o privacidad de la información de éstos, cuando se justifique debe permitirse el acceso a la información confidencial correspondiente, como sucede en el caso de los concursos mercantiles, en donde ésta supuesta invasión a la privacidad del comerciante no vulnera derecho sustantivo alguno, por el interés superior que implica la quiebra de una empresa y sus posibles consecuencias. Además, la información revisada por los visitadores es la estrictamente necesaria para determinar si el comerciante se ubica en alguno de los supuestos del artículo 10 de la Ley de Concursos Mercantiles, y no alguna otra ajena a ese propósito, aunado a que el visitador no puede llevarse los documentos y la contabilidad, y una vez finalizada la visita no podrá volver a tener acceso a los documentos analizados.’

"No es óbice a lo antes expuesto el criterio en el que se pretende apoyar la recurrente de rubro: ‘PRUEBA PERICIAL CONTABLE OFRECIDA POR LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO SOBRE LA CONTABILIDAD DE ÉSTE. CONTRA EL AUTO QUE LA ADMITE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO SIN NECESIDAD DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO QUE PROCEDE EN SU CONTRA SE TRAMITA CONJUNTAMENTE CON LA SENTENCIA DEFINITIVA (CÓDIGO DE COMERCIO REFORMADO POR DECRETOS DE 17 DE ABRIL Y 30 DE DICIEMBRE DE 2008).’, pues dicha tesis se refiere a la prueba pericial contable y en el caso concreto, el acto reclamado lo constituye la resolución que confirmó el auto mediante el cual se ordenó la visita de verificación en el concurso mercantil **********, acto que como ya se ha precisado en párrafos precedentes, nuestro Máximo Tribunal ya determinó que no vulnera derecho sustantivo alguno. ..."

"QUINTO.-La recurrente sostiene esencialmente en sus agravios que se infringieron en su perjuicio los artículos 61, fracción XXIII, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, porque el Juez de Distrito realizó un estudio ilegal de las constancias que integran el juicio natural, pues de las mismas no sólo se advierte que el acto reclamado es de imposible reparación sino además es inconstitucional, lo que ameritaba no sólo la procedencia del juicio de garantías sino la concesión del amparo.

"Manifiesta la hoy inconforme, que el Juez de Distrito no fijó de manera correcta el alcance del acto reclamado, pues contrariamente a lo que consideró dicho juzgador, la resolución impugnada sí es de imposible reparación, pues constituye una orden directa para que se ponga a disposición del visitador la contabilidad de la quejosa que ‘por mandato sustantivo tiene derecho a conservar en estricta confidencialidad.’

"Señala la quejosa, que de la resolución reclamada se desprende que la impetrante está obligada a permitir que el visitador analice sus documentos consistentes en ‘libros de contabilidad, registros y estados financieros de la empresa, relacionados con el objeto de la visita, así como cualquier otro documento’, como lo establece el artículo 31 de la Ley de Concursos Mercantiles, por lo que se confirma que el acto reclamado sí es de imposible reparación.

"En sustento a lo anterior, la recurrente cita los criterios de rubros siguientes:

"‘PRUEBA PERICIAL CONTABLE OFRECIDA POR LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO SOBRE LA CONTABILIDAD DE ÉSTE. CONTRA EL AUTO QUE LA ADMITE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO SIN NECESIDAD DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO QUE PROCEDE EN SU CONTRA SE TRAMITA CONJUNTAMENTE CON LA SENTENCIA DEFINITIVA (CÓDIGO DE COMERCIO REFORMADO POR DECRETOS DE 17 DE ABRIL Y 30 DE DICIEMBRE DE 2008).’

"‘ADMISIÓN DE PRUEBA PERICIAL CONTABLE EN LOS LIBROS DE UNA DE LAS PARTES, DEBE AGOTARSE EL RECURSO ORDINARIO CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS «EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES PROCEDENTE EN CONTRA DEL AUTO QUE ADMITE LA PRUEBA PERICIAL CONTABLE EN LOS LIBROS DE UNA DE LAS PARTES EN UN JUICIO DE CONTROVERSIA DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO [(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL].»).’

"Tales motivos de inconformidad resultan infundados.

"Lo anterior es así, porque este Tribunal Colegiado estima que es correcta la consideración del Juez de Distrito respecto a que la resolución que constituye el acto reclamado en el amparo indirecto que nos ocupa, no es (sic) imposible reparación, como se verá a continuación:

"En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que sirvieron de sustento al Juez Quinto de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito, para desechar la demanda de amparo promovida por la recurrente, establecen lo siguiente:

"‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

"‘...

"‘XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.’

"‘Artículo 107. El amparo indirecto procede:

"‘...

"‘V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano se parte.’

"De la interpretación de los citados preceptos, deriva que el juicio de amparo indirecto que se hace valer contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, procede únicamente cuando los efectos de tales actos sean de imposible reparación, es decir, cuando con su ejecución se afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano se parte.

"Al respecto debe precisarse que, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en sesión de veintidós de mayo de dos mil catorce, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integró la jurisprudencia temática P./J. 37/2014 (10a.),1 (sic) en la que sostuvo que la actual Ley de Amparo ofrece precisión acerca de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación a partir de la reforma a la Ley de Amparo de fecha tres (sic) de abril del año dos mil tres.

"El criterio relativo es del rubro y texto siguientes:

"‘PERSONALIDAD EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).-Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden «... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte»; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables. Necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho. y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos «que afecten materialmente derechos», lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos «derechos» afectados materialmente revistan la categoría de derechos «sustantivos» expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de «imposible reparación», no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto «... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo»; concepción que hoy resulta incompat

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27535-211a98c2/concurso-mercantil-procedencia-del-amparo-indirecto-contra-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.