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Modo: Corpus Pro

AMPARO DIRECTO. DEBE NEGARSE LA PROTECCIÓN SOLICITADA Y NO SOBRESEER EN EL JUICIO, SI DE LA DEMANDA NO SE ADVIERTE CONCEPTO DE VIOLACIÓN DESTINADO A IMPUGNAR POR VICIOS PROPIOS EL LAUDO RECLAMADO, SI LA ILICITUD DE ÉSTE SE HIZO DEPENDER DE LA ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 1780/2015. · Registro digital (IUS): 27539
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2017-12-15
Promovente:
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo III, Pág. 2051.

AMPARO DIRECTO 1780/2015. 28 DE ABRIL DE 2016. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: HÉCTOR PÉREZ PÉREZ. PONENTE: JUAN MANUEL VEGA TAPIA. SECRETARIO: JUAN CARLOS GARCÍA CAMPOS.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Antes de abordar el estudio de los conceptos de violación, se narran los antecedentes relevantes del caso.

********** demandó de ********** y **********, la reinstalación en el puesto que desempeñaba antes del despido injustificado del que dijo ser objeto, así como las prestaciones accesorias y autónomas de tal reclamo.

Tales codemandados no acudieron al juicio, por lo que en audiencia de diez de abril de dos mil catorce se les tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido su derecho para ofrecer pruebas. (fojas 206 a 213)

Previo a la emisión del laudo, mediante escrito recibido ante la responsable el catorce de agosto de dos mil catorce, la codemandada física **********, se apersonó al juicio y señaló domicilio para oír y recibir notificaciones. (foja 269)

Seguido que fue el procedimiento en todas sus etapas, el doce de noviembre de dos mil catorce, la Junta responsable dictó el laudo que ahora se impugna en el que condenó a todos los codemandados a reinstalar a la actora en el puesto que desempeñaba antes del injustificado despido del que fue objeto, así como a las prestaciones que procedían y dependían de la acción principal, incluyendo las autónomas. (fojas 302 a 311)

En contra de ese laudo, la codemandada física ********** presentó demanda de amparo directo ante la Junta responsable, la que una vez seguido los trámites previstos en la Ley de Amparo, fue turnada a este Tribunal Colegiado de Circuito, en cuyo acuerdo admisorio se le asignó el número de amparo directo DT. 964/2015, cuyo Pleno, en sesión ordinaria de veintitrés de octubre de dos mil quince, determinó que este tribunal era legalmente incompetente para conocer de esa demanda, atento a que del análisis integral del escrito de demanda, se apreciaba que la quejosa impugnaba, como acto destacado, el indebido emplazamiento al juicio laboral, ostentándose como tercera extraña, por lo que se ordenó remitir los autos al Juez Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, dado el conocimiento previo de actos emanados del expediente laboral **********, en el que fue emitido el laudo que ahora se analiza. (fojas 80 a 94 del expediente de amparo)

Mediante proveído de seis de noviembre de dos mil quince, el Juez Cuarto de Distrito referido aceptó la competencia planteada; empero, desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, al estimar que la quejosa no tenía el carácter de tercera extraña al juicio, pues de autos del expediente laboral se advertía que había comparecido al juicio laboral antes del dictado del laudo, por conducto de su apoderado; de ahí que el acto reclamado consistente en el emplazamiento y todo lo actuado en el juicio laboral, no podía analizarse. (fojas 96 a 102 del expediente de amparo)

En el mismo proveído, el Juez Cuarto de Distrito referido se declaró legalmente incompetente para conocer lo relativo al laudo de doce de noviembre de dos mil catorce, emitido por la Junta responsable en el expediente laboral **********, por lo que remitió la demanda a este Tribunal Colegiado de Circuito. Mediante acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil quince, el Juez de Distrito decretó que el proveído citado había quedado firme, al no haber sido impugnado. (fojas 123 y 124 del expediente de amparo)

Tanto los autos del juicio de amparo indirecto 2161/2015, como el expediente laboral **********, se recibieron en este Tribunal Colegiado de Circuito el veintitrés de noviembre de dos mil quince, y mediante acuerdo de veinticuatro siguiente se admitió la demanda. (fojas 126 a 128 del expediente de amparo)

En los argumentos contenidos en su único concepto de violación, la quejosa arguye lo siguiente:

Que la responsable violó en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que no analizó de manera oficiosa la legalidad de la notificación y del emplazamiento al juicio, a fin de verificar que se hayan cumplido eficazmente las formalidades que prevé la ley para esos actos.

Que de haberlo hecho, tanto ella como el resto de los codemandados no hubieran incurrido en rebeldía al contestar la demanda, siendo que tales diligencias de emplazamiento no reunieron los requisitos previstos en los artículos 739 a 752 de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el treinta de noviembre de dos mil doce.

Que ello es así, porque las diligencias de notificación y emplazamiento de diez y catorce de enero de dos mil catorce carecen de los elementos previstos en los artículos arriba citados, pues entre otras circunstancias, la actuaria no describe, con claridad y precisión, la placa metálica que tuvo a la vista cuando se constituyó en el domicilio que era supuestamente de los codemandados, así como tampoco describe la morfología del domicilio, ya que sólo señala que se constituyó en el tercer piso, sin que tampoco describiera con precisión a las personas que supuestamente laboran en el lugar en que se constituyó, ya que sólo señala que la atendió una persona que dijo llamarse **********, sin identificarla plenamente.

Lo anterior lleva a evidenciar que tales diligencias de notificación y emplazamiento carecen de medios de convicción en el sentido de que efectivamente la fedataria se constituyó en el lugar que dijo y que fue atendida por la persona que refirió, ni menos que les haya corrido traslado a los codemandados con las copias de la demanda presentada por la actora, lo que la dejó en total estado de indefensión, al no tener la oportunidad de comparecer de manera oportuna al juicio y dar contestación a la demanda, así como ofrecer pruebas.

Que derivado de lo anterior, el laudo dictado por la responsable es violatorio de lo previsto en el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, atento a que todo laudo debe estar fundado y motivado en la ley, y en los principios de derecho pues, como se dijo, en el mismo no se analizó lo relativo a la legalidad del emplazamiento.

Para evidenciar la inoperancia de los conceptos de violación expuestos por la quejosa, es preciso citar los criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del tema.

En la jurisprudencia P./J. 18/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 78, junio de 1994, página 16, se interpretó que las irregularidades en el emplazamiento son reclamables en amparo indirecto, siempre que el quejoso se ostente como persona extraña al juicio por equiparación; jurisprudencia de los siguientes rubro y texto:

"EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN.-Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, lo que le ocasionó el desconocimiento total del juicio, se le equiparará a una persona extraña a juicio, por lo que el conocimiento del amparo en estos supuestos, compete a un Juez de Distrito y no a los Tribunales Colegiados, de conformidad con la disposición expresa contenida en la fracción VII del artículo 107 constitucional, y el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo; pero, además de que el texto de las disposiciones constitucional y legal indicadas, bastaría para sostener lo anterior, dada la primacía que establece el artículo 133 de la propia Constitución, existen otras razones accesorias, pero no por ello menos importantes, que fundan la misma conclusión, y que son las que enseguida se citan: El quejoso, por medio del amparo indirecto, tiene la posibilidad de aportar ante el Juez de Distrito, en la audiencia constitucional, las pruebas necesarias para demostrar la falta de emplazamiento o que el llamamiento que se le hizo al juicio, se realizó en forma distinta de la prevenida por la ley. En cambio, en el amparo directo, el quejoso se encontraría en la imposibilidad de rendir tales pruebas, pues le estaría vedado, por disposición expresa del artículo 190 de la Ley de Amparo que establece que las sentencias sólo comprenderán las cuestiones legales propuestas en la demanda de garantías, lo que significa que, dada la naturaleza del juicio de amparo directo, las pruebas que se rindan en el mismo, únicamente pueden consistir en las constancias del expediente formado por la autoridad responsable, por lo que si la cuestión planteada se tramitara a través del expresado juicio de amparo directo, el quejoso no tendría oportunidad de aportar pruebas para acreditar la irregularidad del emplazamiento. Si bien es cierto que en la fracción I del artículo 159 de la Ley de Amparo establece como violación reclamable en amparo directo, el hecho de que al quejoso no se le cite a juicio o se le cite en forma distinta a la prevista por la ley, también es verdad que tal disposición no es posible aplicarla cuando el quejoso es persona extraña a juicio, por equiparación, ya que de aplicarse ese dispositivo legal se dejaría al peticionario de garantías en estado de indefensión porque no se le daría oportunidad de comprobar la violación alegada. Además, cuando el quejoso ocurre como persona extraña al juicio, a pesar de que él sea el demandado, se da la procedencia del juicio de amparo indirecto, supuesto que la violación principal cometida en su contra, la constituye precisamente esa falta de citación que lo hace desconocedor y, por ende, extraño al juicio seguido en su contra, y de prosperar la acción constitucional se invalidarían todas las actuaciones posteriores. A mayor abundamiento, si lo reclamado es la falta de emplazamiento, ya sea porque materialmente no existió esa actuación o porque la efectuada presente defectos tales que impidieron a la parte demandada el conocimiento del juicio seguido en su contra, hace suponer que en estos casos no se llegó a formar la relación procesal y, por ende, no se ataca intrínsecamente la sentencia o el laudo, sino el no haber sido oído y vencido en juicio. Consecuentemente, de conformidad con lo antes expuesto es el amparo indirecto el procedente contra actos reclamados consistentes en todo lo actuado en un juicio, en el que el quejoso asegura que no fue emplazado, por equiparse (sic) a una persona extraña al juicio, y prevenirlo así los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo."(1)

En la diversa jurisprudencia P./J. 70/2010, igualmente emitida por el Pleno del Tribunal Constitucional del País, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 9, se interpretó que cuando el quejoso se ostenta como tercero extraño al juicio, podrá impugnar en amparo indirecto, simultáneamente, tanto el emplazamiento al juicio así como el laudo emitido en el procedimiento; sin embargo, si el Juez de Distrito estima que el quejoso no es extraño al juicio, por haberse enterado de la existencia del procedimiento, negará el amparo por lo que ve al emplazamiento y, una vez que adquiera firmeza tal determinación, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para que se analice la ilegalidad del laudo impugnado; jurisprudencia que tiene el rubro y texto siguientes:

"EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005).-Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio laboral o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que podrá impugnar su ilegalidad o ausencia a través del amparo, el cual compete conocer a un Juez de Distrito, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, y podrá reclamar simultáneamente el laudo como acto destacado. Así, una vez que se ha decidido la legalidad del emplazamiento reclamado, para determinar la consecuencia legal correspondiente en relación con los conceptos de violación en contra de las sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se deben diferenciar dos supuestos: a) que carezcan de definitividad; o b) que se trate de resoluciones definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. En el primer supuesto, el Juez de Distrito deberá declarar inoperantes los conceptos de violación aducidos en contra de dicho acto, dado el impedimento técnico para su análisis al no haberse agotado el principio de definitividad, pues, al advertir que el quejoso no es extraño al procedimiento, la falta o indebida defensa que tuvo durante éste sólo le es imputable a él; de ahí que al determinarse la legalidad del emplazamiento, debe considerarse que el peticionario de garantías estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio. En el segundo supuesto, al tratarse de una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal del trabajo, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley Suprema, sí pueden ser susceptibles de análisis los conceptos relativos al laudo, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual el Juez de Distrito deberá negar el amparo por cuanto hace al emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre el laudo, deberá escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. Lo anterior, en el entendido de que al estar en presencia de una ‘jurisdicción escalonada’, el trámite de la competencia está supeditado a la firmeza de la determinación tocante al emplazamiento y que el trámite inicial de la demanda como amparo indirecto, no implica la posibilidad de ofrecer nuevos medios de prueba en relación con el laudo, ya que la materia se circunscribe a los actos competencia del Juez de Distrito, de manera que, en todo caso, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá ceñirse a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, apreciando el laudo tal como aparezca probado ante la responsable. Finalmente, es importante precisar que la declaratoria de incompetencia del Juez de Distrito y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito no prejuzga sobre la procedencia del amparo respecto del laudo, incluyendo el cómputo para la oportunidad de la demanda; pues, al ser la competencia de análisis previo y preferente, corresponderá al Tribunal Colegiado su estudio por ser competente para pronunciarse sobre este aspecto."(2)

En el caso, quedó evidenciado que el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto 2161/2015, desechó de plano la demanda de amparo que presentó la quejosa, en la que se ostentó como tercera extraña, impugnando, por ende, el emplazamiento al juicio laboral, como acto destacado, y como acto secundario y dependiente de la ilegalidad de tal emplazamiento, el laudo, sin que este desechamiento haya sido combatido por la quejosa, lo que se traduce en que quedó firme la determinación de que la quejosa no es tercera extraña al juicio, así como que el emplazamiento es legal.

Con motivo de esto último, se consideran inatendibles los conceptos de violación que la quejosa expone en su escrito de demanda, relativos a combatir la ilegalidad del emplazamiento al juicio laboral pues, como se dijo, el Juez de Distrito desechó la demanda de amparo, al aducir que la quejosa no era tercera extraña y, por ende, adquirió firmeza procesal lo relativo a la legalidad del emplazamiento.

También se consideran inoperantes los argumentos tendentes a evidenciar la ilegalidad del laudo impugnado por la quejosa, pues de la lectura del escrito de demanda, no se advierte que aquélla lo haya impugnado por vicios propios, sino como acto secundario, en vía de consecuencia y que su legalidad dependía de la calificación que se hiciera del emplazamiento, el que, como se vio, quedó incólume, al haberse desechado la demanda de amparo indirecto en la que lo impugnaba de ilegal.

Ello es así, porque de la lectura del escrito de demanda únicamente se advierten argumentos tendentes a evidenciar la ilegalidad del emplazamiento y, por vía de consecuencia, la quejosa argumenta que, al ser ilegal el emplazamiento, también es ilegal el laudo; sin embargo, no construye argumentos tendentes a evidenciar la ilegalidad, por vicios propios, del laudo.

Cierto, del análisis del escrito de demanda, únicamente se observan las siguientes líneas en las que tilda de ilegal el laudo, pero como se verá, esa conclusión se hace derivar de la calificativa de ilegalidad del emplazamiento aludido; conceptos que han quedado transcritos de manera integral en las páginas treinta y cuatro a cuarenta y nueve de la presente ejecutoria. (fojas 25 a 42)

"Primer concepto de violación:

"...

"En el presente asunto se violan las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica y del debido proceso, así como los derechos humanos protegidos por nuestra Carta Magna y el artículo 1o. de la nueva Ley de Amparo de la quejosa (sic), ello es así, en razón de que los argumentos de tipo lógico y jurídicos expresados por la Junta Especial No. 9 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal del conocimiento, en el laudo que hoy se combate, son erróneos e ilegales por cuanto a la forma de haber valorado las constancias de autos que le sirvieron de pruebas para dictar la resolución que constituye el acto reclamado, dado que se alejó de los principios de valoración a verdad sabida, apreciando los hechos en conciencia, de claridad, precisión, congruencia, de la lógica y de la experiencia, de estudio particular y global de las pruebas, así como del sano y buen criterio que deben imperar en toda resolución que pone fin a un juicio, esto se deriva del análisis realizado por dicha Junta Especial específicamente en los considerandos de la resolución referida, lo que se afirma en razón de los siguientes argumentos.

"...

"Ahora bien, entrando en materia, en primer lugar, es de destacarse que en toda resolución, de cualquier materia, sobre todo cuando la parte demandada se constituye en rebeldía por no haber contestado la demanda y no haber ofrecido en juicio pruebas de su parte, la autoridad competente y jurisdiccional debe analizar de oficio la legalidad de la notificación y emplazamiento para verificar que se hayan cumplido eficazmente las formalidades de ley de la diligencia de emplazamiento a juicio...

"...así las cosas, la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje responsable, tenía la obligación de haber estudiado de oficio la forma en que se había realizado la diligencia de notificación y emplazamiento a juicio a la demandada, hoy quejosa, así como a los demás codemandados, para verificar si se habían cumplido debidamente las formalidades legales del emplazamiento a juicio, si bien, en el laudo de mérito la autoridad responsable señala que los demandados no comparecieron a las etapas de demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas, por lo que se les tuvo por perdido su derecho, también lo es que del contenido del laudo combatido no se desprende ningún razonamiento de la autoridad responsable donde aborde este aspecto y verifique la legalidad de dicho emplazamiento, lo cual ya es una violación a las garantías y derechos fundamentales de mi mandante y al debido proceso.

"...

"En el presente caso en la diligencia de notificación y emplazamiento a juicio de mi representada, hoy quejosa, existen las siguientes violaciones a las formalidades.

"...por ello, en el expediente de mérito al no existir constancia tanto del citatorio como de la cédula o del instructivo de notificación, la notificación y emplazamiento a juicio deviene en ilegal y, por tanto, el juicio debe ser nulo de pleno derecho.

"Por otra parte, tanto de la razón actuarial de fecha 10 de enero de 2014 realizada para el citatorio, como de la razón actuarial de fecha 14 de enero de 2014, realizada para la notificación y emplazamiento a juicio, se desprenden las siguientes imprecisiones que constituyen violaciones al debido proceso.

"...

"Así las cosas, podemos afirmar con sustento que en el presente caso el laudo impugnado dictado por la autoridad responsable, también es violatorio del artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo por cuanto a que todo laudo debe ser fundada (sic) en ley y en los principios generales del derecho, en la especie los preceptos jurídicos y principios de derecho en que se funda la responsable son inaplicables e, incluso, dicho sustento es violado con el sentido del propio laudo dado que no se revisó la legalidad del emplazamiento a juicio y, por ello, se dejó en estado de indefensión a mi mandante.

"Por otro lado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, fracción VI y 172, fracción I, de la nueva Ley de Amparo, se solicita de esta autoridad colegiada en materia de amparo, se sirva suplir la posible deficiencia de mis conceptos de violación en razón de que se ha violado la ley en la forma antes narrada y esgrida (sic) lo que ha ocasionado que mi representada haya quedado en estado de indefensión en el juicio de origen; asimismo, en la especie se ha violado el procedimiento en perjuicio de la defensa de mi representada, el cual es de orden público, dado que la citación a juicio mediante el emplazamiento aquí impugnado no se ha realizado conforme a derecho, por ello, dicho emplazamiento debe ser declarado nulo así como todo lo actuado en el juicio de origen incluido el laudo dictado y, como consecuencia, reponerse todo el procedimiento.

"Por lo anterior, la resolución que hoy se combate viola las garantías ya citadas con antelación por las razones ya expuestas y, en ese sentido, son actos de autoridad que se traducen en violaciones a los artículos 14 y 16 de la Constitución, ya que constituyen actos de privación de los derechos de fondo y procesales de la quejosa, donde además no se han cumplido las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, mismos que ya han sido citadas ampliamente en esta demanda de garantías, asimismo, se traducen en actos de molestia en la persona y en la familia de la quejosa **********, dado el acto de mandamiento escrito, es decir, el laudo que hoy se combate, así como todo el procedimiento del juicio de origen incluyendo el emplazamiento a juicio, de la autoridad competente, en este caso la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje responsable no funda, ni motiva adecuadamente la causa legal del procedimiento, esto como ya se dijo desde el emplazamiento, esto en la forma y términos ya expuestos en los argumentos de estos conceptos de violación, por ende, se debe conceder a mi representada el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad antes mencionada y por las razones ya precisadas en forma y términos pedidos en esta demanda de garantías. ..."

Como se constató, de la revisión del escrito de demanda se advierte que la quejosa no combatió el laudo emitido por la responsable por vicios propios, sino como acto secundario y en vía de consecuencia del emplazamiento, esto es, la legalidad del laudo la hizo depender de la calificación de ilegalidad del tal emplazamiento; de ahí que este Tribunal Colegiado de Circuito está facultado para pronunciarse en torno a la ilegalidad que del mismo se alega por la quejosa, en términos del artículo 170, fracción I,(3) de la Ley de Amparo.

No pasa inadvertido que en una parte de sus conceptos de violación, la quejosa solicita la aplicación en su beneficio de la suplencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción VI,(4) de la Ley de Amparo; sin embargo, por estar en un juicio laboral y ser patrón, esta figura procesal no le aplica; de ahí que la fracción V(5) del mismo artículo 79 de la Ley de Amparo prevea que la suplencia sólo es en favor de los trabajadores.

Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 158/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, Tomo I, diciembre de 2015, página 359 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de diciembre de 2015 a las 10:30 horas», de título, subtítulo y texto siguientes:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO LABORAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO OPERE EN BENEFICIO DEL TRABAJADOR, NO VULNERA EL DERECHO HUMANO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. El artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, sustituido por el numeral 79, fracción V, de ley de la materia en vigor al día siguiente, al prever expresamente que la suplencia de la queja deficiente en materia laboral procede sólo a favor del trabajador, es producto de los procesos históricos de reforma constitucional y legal, cuya distinción de trato, en relación con el patrón, radica en que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos, derivado de que: a) el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo regulan la relación laboral como un derecho de clases; b) el patrón tiene mayores posibilidades económicas, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados y, al tener la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio; y, c) la protección a bienes elementales tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral; motivo por el cual se le liberó de la obligación de ser experto en tecnicismos jurídicos, lo que contribuyó, por un lado, a que no se obstaculizara la impartición de justicia y, por otro, a la salvaguarda de los derechos fundamentales consagrados en el referido artículo 123 de la Carta Magna. En esas condiciones, la Segunda Sala reitera el criterio de la jurisprudencia 2a./J. 42/97 (*), en el sentido de que es improcedente la suplencia de la queja deficiente a favor del patrón, inclusive bajo el contexto constitucional sobre derechos humanos imperante en el país, y en consecuencia, la circunstancia de que sólo opere en beneficio del trabajador, no vulnera el de igualdad y no discriminación, porque la distinción de trato en referencia con el trabajador está plenamente justificada y, por lo mismo, resulta proporcional, es decir, sí guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, ya que tal diferenciación constituye una acción positiva que tiene por objeto medular compensar la situación desventajosa en que históricamente se ha encontrado la clase trabajadora frente a la patronal."

Así, al no haberse acreditado la ilegalidad del laudo impugnado, se niega el amparo solicitado de la Justicia Federal.

Por lo expuesto y fundado y, con apoyo, además, en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 73, 185, 186, 188, 189 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, contra el acto de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, consistente en el laudo de doce de noviembre de dos mil catorce, dictado en el juicio laboral **********, seguido por **********, en contra de la ahora quejosa y otros.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución; vuelvan los autos a su lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este tribunal y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por mayoría de votos, con las modificaciones y adiciones, lo resolvió el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, integrado por los Magistrados, presidente Juan Alfonso Patiño Chávez, Héctor Pérez Pérez, quien emite voto en contra y Juan Manuel Vega Tapia, siendo relator el último de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

________________

1. Contradicción de tesis 21/90. Registro digital: 205455. Jurisprudencia citada con apoyo en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo.

2. Solicitud de modificación de jurisprudencia 6/2007-PL. Registro digital: 164073. Jurisprudencia citada con apoyo en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo. Nota: La tesis P./J. 121/2005 citada, aparece publicada con el rubro: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, DEBE CONSIDERAR INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN ENDEREZADOS CONTRA EL LAUDO, Y NO REMITIR LA DEMANDA A UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PARA QUE CONOZCA DE ELLOS." en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, octubre de 2005, página 6.

3. "Artículo 170. El juicio de amparo directo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27539-419079d1/amparo-directo-debe-negarse-la-proteccion-solicitada-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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