RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE VIALIDAD PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO DE INFRACCIÓN (BOLETA), ES INNECESARIO AGOTARLO PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO, AL PREVER LOS ARTÍCULOS 76 Y 80 DE SU REGLAMENTO UN PLAZO MAYOR QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 17 DE OCTUBRE DE 2017. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS LUIS MANUEL VILLA GUTIÉRREZ Y MARÍA LEONOR PACHECO FIGUEROA. DISIDENTE: JAIME RAÚL OROPEZA GARCÍA. PONENTE: LUIS MANUEL VILLA GUTIÉRREZ. SECRETARIA: ANGÉLICA DAYAMI AVILÉS PIGGEONOUNTT.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en atención a que los asuntos de los que deriva se emitieron por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Sexto Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia inicial de contradicción de tesis proviene de parte legítima, al ser el Magistrado Miguel Ángel Ramírez González, en su carácter de integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, quien la realiza, conforme a lo establecido en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
Así mismo, por lo que hace a la posterior denuncia de contradicción respecto del criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, respecto del mismo tema que dio lugar a la inicial, también fue realizada por parte legítima, en términos de la fracción y numeral en comento, al haberla hecho suya el Magistrado presidente del Pleno de que se trata, en su carácter de integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.
TERCERO.-Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. Las consideraciones que sustentan las ejecutorias pronunciadas en el recurso de queja Q. 4/2014 (resuelta en sesión de dos de abril de dos mil catorce), amparo en revisión R.A. 367/2014 (resuelta en sesión de diez de diciembre de dos mil catorce), amparo en revisión R.A. 417/2014 (resuelta en sesión de once de febrero de dos mil quince), recurso de queja Q. 217/2015 (resuelta en sesión de cuatro de febrero de dos mil dieciséis), y amparo en revisión R.A. 244/2016 (resuelta en sesión de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis), todos de su índice, que dieron origen a la jurisprudencia VI.1o.A. J/17 (10a.), de rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE VIALIDAD PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, 76 Y 80 DE SU REGLAMENTO. TRATÁNDOSE DE JUICIOS PROMOVIDOS CON POSTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA LEY DE AMPARO (3 DE ABRIL DE 2013), NO DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE, AL PREVER AQUELLOS ORDENAMIENTOS UN PLAZO MAYOR QUE EL QUE ESTABLECE LA LEY DE LA MATERIA PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL.", que más adelante se transcribe, en lo conducente, son las mismas que derivaron del primer precedente y que, en lo que interesa, es del tenor literal siguiente:
"TERCERO. El agravio hecho valer resulta fundado, aunque suplido en sus deficiencias, en términos del artículo 79, fracción VI, de la nueva Ley de Amparo, por las razones que a continuación se exponen.
"Previo al pronunciamiento correspondiente, cabe destacar que este asunto se tramita y resuelve conforme a las disposiciones de la nueva Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente al día siguiente, por haber iniciado el presente juicio el once de diciembre de dos mil trece (foja 2), es decir, ya durante la vigencia de la referida ley.
"Ahora bien, el artículo 79, fracción VI, de la nueva Ley de Amparo, que establece lo siguiente:
"‘Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: ...VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de esta ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada.’
"Asimismo, se estima preciso destacar, que el artículo 113 de la nueva Ley de Amparo, establece lo siguiente:
"‘Artículo 113. El Órgano Jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.’
"Del contenido del precepto legal transcrito, se deduce que las causas manifiestas e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismas, debiendo entender por ‘manifiesto’ lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por ‘indudable’, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es.
"Es decir, que sin ulterior comprobación surjan a la vista tales motivos haciendo inejercitable la acción de amparo, y que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, o sea, que si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el citado artículo, por lo que es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables a la parte quejosa.
"Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la tesis número LXXI/2002 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 448 y 449, Tomo XVI, julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:
"‘DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.-El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por manifiesto lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por «indudable», que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.’
"Debe puntualizarse, que si bien el criterio jurídico que informa la citada tesis, derivó de la interpretación del artículo 145 de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, también lo es que su contenido es sustancialmente similar al del numeral 113 de la nueva Ley de Amparo.
"El derogado artículo 145 disponía lo siguiente:
"‘Artículo 145. El Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado.’
"Cabe destacar que también la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que en el acuerdo inicial dictado en el juicio de amparo indirecto, no pueden realizarse estudios exhaustivos para justificar que una demanda de amparo debe desecharse, lo anterior, por no ser éste el momento idóneo para ello, en virtud de que un motivo de improcedencia no reúne las citadas características de ser evidente, claro y fehaciente, si para razonar su actualización se requiere de un análisis más profundo, pues en todo caso, éste es propio de la sentencia definitiva.
"Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia 54/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 929, Libro X, Tomo 2, julio de 2012, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:
"‘AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.-En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos.’
"Ahora bien, del mencionado artículo 79, fracción VI, de la nueva Ley de Amparo, anteriormente transcrito, se aprecia que establece la suplencia de la queja en otras materias, entre las que se encuentra la administrativa, cuando se advierte que se ha cometido en contra del quejoso una violación evidente de la ley, que es la que se advierte en forma clara y patente, que resulta obvia, que es innegable e indiscutible y que, por ello, para constatar su existencia no es necesario verter razonamientos y planteamientos cuestionables.
"Así lo sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número LV/89, aplicada por analogía en lo conducente, publicada en la página 123, Tomo IV, «julio-diciembre de 1989» Primera Parte, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es el siguiente:
"‘SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE ÚNICAMENTE ANTE UNA VIOLACIÓN MANIFIESTA DE LA LEY.-Para efectos de la suplencia de la queja deficiente, prevista en la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, que se refiere implícitamente a las materias civil y administrativa, debe establecerse que sólo procede ante una violación manifiesta de la ley, que es la que se advierte en forma clara y patente, que resulta obvia, que es innegable e indiscutible, y cuya existencia no puede derivarse de una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables.’
"La anterior jurisprudencia resulta aplicable al caso, en tanto que no se opone a lo que establece la Ley de Amparo en vigor. Esto, según lo dispuesto por el sexto transitorio del Decreto que expide la nueva Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que es del contenido siguiente:
"‘SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley.’
"Asimismo, la violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa, debe ser en el sentido que, ante la violación cometida en su perjuicio, ya no puede defenderse de ella.
"De ahí que si el Juzgador de amparo al dictar la sentencia en un asunto sometido a su consideración descubre una violación evidente de la ley en perjuicio de la parte quejosa o bien del recurrente, respecto de la cual ya no pueda defenderse, debe darle la razón por esa violación en concreto, no obstante que en su demanda de garantías o en su recurso, según el caso, nada haya argumentado, ya que sería contrario a la esencia del juicio de amparo, que el juzgador aun advirtiendo que se ha cometido una violación evidente de la ley en perjuicio del quejoso o del recurrente, que sólo por ignorancia no se ha combatido, se abstenga de analizar esa violación y dar razón a la parte inconforme.
"Sirve de apoyo a esta consideración, por compartirse, la jurisprudencia 49 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, aplicada por analogía, publicada en las páginas 15 y 16 de la Gaceta Número 86, febrero de 1995, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es el siguiente:
"‘SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA CONFORME AL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA EXIGENCIA CONSISTENTE EN QUE LA VIOLACIÓN MANIFIESTA HAYA DEJADO SIN DEFENSA AL QUEJOSO O PARTICULAR RECURRENTE.-El artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo señala lo siguiente: 'Artículo 76 bis. Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente: VI. En otras materias, cuando se advierte que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa'. De este precepto se desprende que la exigencia en él consignada en el sentido que para suplir la deficiencia de la queja cuando se advierta que ha habido una violación manifiesta de la ley, precisa que tal violación haya dejado sin defensa a la parte quejosa o al particular recurrente; no es el caso de interpretar esta última hipótesis en forma rigorista, como lo sería el que no haya podido defenderse el solicitante del amparo antes de acudir al juicio de garantías, sino que una interpretación correcta de esa expresión, atento al principio teleológico que rige la suplencia, debe ser en el sentido que, ante la violación cometida en su perjuicio, ya no puede defenderse de ella. Por consiguiente, si el juzgador al dictar la sentencia respecto de un asunto sometido a su consideración descubre una violación manifiesta de la ley en perjuicio de la parte quejosa o del particular recurrente de la cual ya no pueda defenderse, debe otorgarle el amparo por esa violación en concreto, no obstante que en su demanda de garantías o en su recurso, según el caso, nada haya argumentado. Una interpretación rigorista del precepto contravendría los postulados esenciales del juicio constitucional como institución protectora de las garantías individuales, ya que, sería contrario a su esencia que el juzgador aun advirtiendo que se ha cometido una violación manifiesta de la ley en perjuicio del quejoso o del particular recurrente, que sólo por ignorancia no se ha combatido, se encuentra impedido para formular un análisis de la constitucionalidad del acto reclamado y otorgar el amparo.’
"La anterior jurisprudencia resulta aplicable al caso, en tanto que no se opone a lo que establece la Ley de Amparo en vigor. Esto, según lo dispuesto por el sexto transitorio del Decreto que expide la nueva Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, antes transcrito.
"En la especie, este Tribunal Colegiado estima que la violación evidente en que incurrió el Juez de Distrito, que trascendió al resultado del fallo recurrido y dejó sin defensa a la parte quejosa, ahora recurrente, fue haber determinado que los preceptos que prevén el trámite del recurso de inconformidad que, a su juicio, debió agotar la parte impetrante, no establecen mayores requisitos para el otorgamiento de la suspensión, que los que exige la nueva Ley de Amparo, ya que al arribar a dicha conclusión el Juzgador soslayó la aplicación de los artículos 107, fracción IV, constitucional y, 61, fracción XX, primer párrafo, de la nueva Ley de Amparo.
"Consecuentemente, esa violación evidente trascendió al resultado del fallo recurrido.
"Previo al pronunciamiento respectivo, es importante destacar que la parte impetrante en su demanda de amparo reclamó de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, la emisión de la boleta de infracción número ********** captada a través de dispositivos tecnológicos (foja 3).
"En relación con dicho acto, el Juez de Distrito estimó que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la nueva Ley de Amparo, pues consideró que previamente al ejercicio de la acción constitucional, la parte quejosa debió impugnar dicho acto mediante el recurso de inconformidad previsto por los artículos 55 y 56 de la Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla, y 76 de su Reglamento; agregando el juzgador que este último precepto legal en su último párrafo prevé la suspensión del acto sin exigir mayores requisitos que para tal efecto señalan, entre otros, los artículos 128 y 130 de la nueva Ley de Amparo; por lo que al no haber impugnado el aludido acto mediante dicho medio de impugnación, el Juez Federal concluyó que la parte impetrante no observó el principio de definitividad y, en consecuencia, desechó por improcedente la demanda de garantías (fojas 24 a 30).
"La determinación que antecede no se ajusta a derecho, ya que al arribar a dicha conclusión, el Juez de Distrito incurrió en la aludida violación evidente de la ley que dejó en estado de indefensión a la ahora parte recurrente.
"En efecto, el a quo soslayó la circunstancia de que mediante Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, en vigor a los ciento veinte días de su publicación, de conformidad con su artículo primero transitorio, es decir, el cuatro de octubre de ese año, se reformó el mencionado artículo 107, fracción IV, constitucional, cuyo texto es el siguiente:
"‘Artículo 107. ...-IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.’
"El contenido de este precepto constitucional era de observancia obligatoria para el Juez de Distrito, al igual que los que a continuación se citarán, atento a que la demanda de amparo se presentó el once de diciembre de dos mil trece, esto es, en fecha posterior a la entrada en vigor de la citada reforma.
"Asimismo, los artículos 61, fracción XX, primer párrafo, 112 y 138, todos de la nueva Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, establecen lo siguiente:
"‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:-... XX. Contra actos de autoridades distintas de los Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.’
"‘Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite.-En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta ley deberá proveerse de inmediato.’
"‘Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente:-I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado;-II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y-III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes.’
"Ahora bien, de la resolución recurrida se aprecia que, el Juez de Distrito sostuvo que el artículo 76, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla no impone mayores requisitos para la concesión de la citada medida suspensional, por lo que estimó que previamente al ejercicio de la acción constitucional, la parte quejosa debió agotar el recurso de inconformidad previsto por los numerales 55 y 56 de la Ley de Vialidad antes referida (fojas 26 a 28); sin embargo, con esta determinación se incumple con el mandato previsto en el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal, y los preceptos antes mencionados de la nueva Ley de Amparo.
"Se afirma lo anterior, en virtud de que contra lo sostenido por el Juez Federal, el aludido Reglamento de la Ley de Vialidad sí prevé un requisito mayor, dado que establece un plazo superior que el que dispone la nueva Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional.
"Ello es así, en virtud de que el artículo 54 de la Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla, dispone lo siguiente:
"‘Artículo 54. En contra del acto administrativo de infracción procede la presentación del recurso de inconformidad, acorde con los preceptos señalados en el reglamento correspondiente.’
"Por su parte, el numeral 80 del Reglamento de la Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla, establece lo siguiente:
"‘Artículo 80. Dentro de un término de tres días hábiles contados a partir del día en que se reciba el escrito que contenga el recurso de inconformidad, el Director deberá dictar acuerdo sobre la admisión, prevención o desechamiento del recurso, la cual deberá notificarse personalmente al recurrente.-Si se admite el recurso, deberá señalar en el mismo acuerdo día y hora para celebración de una audiencia. Esta audiencia será única y se verificará dentro de los diez días hábiles siguientes a la admisión del recurso.’
"De la transcripción que antecede, se advierte que el artículo 54 de la citada Ley de Vialidad, establece el recurso administrativo de inconformidad en contra del acto administrativo de infracción, acorde con los preceptos señalados en el reglamento correspondiente.
"Por su parte, el diverso artículo 80 del Reglamento de dicha Ley de Vialidad, dispone que una vez interpuesto el mencionado recurso de inconformidad, el director de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla cuenta con tres días hábiles contados a partir del día en que se reciba el recurso para pronunciarse respecto de la admisión, prevención o desechamiento del recurso; mientras que del análisis efectuado a los artículos antes transcritos de la nueva Ley de Amparo, se desprende que al presentarse un escrito, dentro de las veinticuatro horas posteriores a la fecha de presentación de la demanda o en su caso a la fecha en que fue turnada, debe acordarse lo procedente en cuanto a su admisión o desechamiento, siendo éste el plazo en el que se debe proveer lo relativo a la suspensión provisional solicitada.
"De lo antes expuesto, se desprende que el plazo mencionado de tres días en el Reglamento de la Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla resulta superior al que establece la nueva Ley de Amparo, por lo que en el presente caso no se cumple con el mandato previsto en el vigente artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que se traduce en la actualización de una causa de excepción al principio de definitividad.
"Con base en lo anterior, debe decirse que en la especie sí se actualiza una hipótesis de excepción a la causal de improcedencia prevista en el propio artículo 61, fracción XX, de la nueva Ley de Amparo, en cuya parte conducente establece que el gobernado estará obligado a agotar el principio de definitividad previsto en la ley del acto ‘...siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley, y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional...’
"Circunstancia que implica que la parte quejosa no estaba obligada a acudir previamente a la instancia administrativa ordinaria prevista en los artículos 54 y 55 de la referida Ley de Vialidad.
"Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis 42 (10a.) «VI.1o.A. 42 A (10a.)» sustentada por este Órgano Colegiado, publicada en las páginas 2725 a 2727, Libro XIII, Tomo 4, octubre de 2012, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:
"‘RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 252 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA. TRATÁNDOSE DE JUICIOS DE AMPARO PROMOVIDOS CON POSTERIORIDAD A LA REFORMA DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN VIGOR A PARTIR DEL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE, NO DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE, AL PREVER DICHO ORDENAMIENTO LEGAL UN PLAZO MAYOR QUE EL QUE ESTABLECE LA LEY DE AMPARO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL.-En la jurisprudencia VI.1o.A. J/37, intitulada: «RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 252 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, AL NO EXIGIR DICHA LEY MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO.», este Tribunal Colegiado sostuvo que dado que los artículos 252, 260, 261 y 262 de la citada ley orgánica, no exigen mayores requisitos para conceder la suspensión de los actos impugnables mediante el recurso de inconformidad contemplado en el primero de sus preceptos, que los señalados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, el gobernado está obligado a agotar el principio de definitividad previamente a acudir al juicio constitucional; sin embargo, actualmente debe ponderarse que el artículo 107, fracción IV, constitucional, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, en vigor a partir del cuatro de octubre del mismo año, establece como excepción al principio de definitividad el que la ley del acto prevea un plazo mayor que el que dispone la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional. A
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27557-7489c941/recurso-de-inconformidad-previsto-en-el-articulo-54 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE VIALIDAD PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO DE INFRACCIÓN (BOLETA), ES INNECE (PC.VI.A. J/9 A (10a.))
- RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE VIALIDAD PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, 76 Y 80 DE SU REGLAMENTO. TRATÁNDOSE DE JUICIOS PROMOVIDOS CO (VI.1o.A. J/17 (10a.))
- RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 54 DE LA LEY DE VIALIDAD PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, 76 Y 80 DE SU REGLAMENTO. TRATÁNDOSE DE JUICIOS PROMOVIDOS CO (VI.1o.A.69 A (10a.))
- RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 252 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA. TRATÁNDOSE DE JUICIOS DE AMPARO PROMOVIDOS CON POSTERIORIDAD A LA REFORMA DE (VI.1o.A. J/3 A (11a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis