SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. EL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA EXIGENCIA DEL PAGO DE LA CUOTA DE REINGRESO O REINSCRIPCIÓN EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERTENECIENTE A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, TIENE LA NATURALEZA DE POSITIVO. SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA EL COBRO DE LA CUOTA DE REINGRESO O REINSCRIPCIÓN EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERTENECIENTE A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, PUES EL GOBERNADO NO TIENE EL DERECHO A LA GRATUIDAD EN ESE NIVEL EDUCATIVO.
SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. EL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA EXIGENCIA DEL PAGO DE LA CUOTA DE REINGRESO O REINSCRIPCIÓN EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERTENECIENTE A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, TIENE LA NATURALEZA DE POSITIVO.
SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA EL COBRO DE LA CUOTA DE REINGRESO O REINSCRIPCIÓN EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERTENECIENTE A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, PUES EL GOBERNADO NO TIENE EL DERECHO A LA GRATUIDAD EN ESE NIVEL EDUCATIVO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 29 DE AGOSTO DE 2017. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS SERGIO EDUARDO ALVARADO PUENTE, JOSÉ ELÍAS GALLEGOS BENÍTEZ Y JESÚS R. SANDOVAL PINZÓN. PONENTE: SERGIO EDUARDO ALVARADO PUENTE. ENCARGADO DEL ENGROSE: JESÚS R. SANDOVAL PINZÓN. SECRETARIO: JESÚS ROSALES IBARRA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en los Acuerdos Generales 8/2015 y 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en virtud de que se trata de la denuncia sobre la posible contradicción de tesis, en materia administrativa, entre las sustentadas por dos Tribunales Colegiados de este Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación del denunciante. La denuncia proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues en el caso fue realizada por la parte quejosa del juicio de amparo del que derivó incidente de suspensión en revisión 48/2016, tramitado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y cuyo criterio es confrontado con el del diverso Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo Circuito.
Por tanto, se estima actualizado el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos legales.
TERCERO.-Criterios contendientes. Ahora bien, previo a determinar la existencia o no de la materia a resolver, cabe precisar que la hipótesis central sobre la cual se denunció la contradicción de tesis consiste en determinar, si es procedente la suspensión en el juicio de amparo indirecto, en contra de la exigencia o requerimiento del pago de una cuota para reinscribirse en el nivel medio-superior (bachillerato) de una institución educativa perteneciente a la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Puntualizado lo anterior, es importante destacar que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el incidente de suspensión en revisión 240/2015, en sesión de dos de septiembre de dos mil quince, determinó lo siguiente:
"SÉPTIMO.-Estudio de los agravios. Son fundados los agravios expuestos por las autoridades recurrentes.
"Ahora bien, en el caso concreto, el quejoso **********, en representación de su menor hija **********, acudió al juicio de amparo a reclamar de las autoridades responsables, en esencia, la exigencia de una contraprestación monetaria para reinscribirse al tercer semestre del bachillerato técnico en turismo, en la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón, Unidad Monterrey I, de la Universidad Autónoma de Nuevo León; así como el Reglamento General sobre los Procedimientos de Admisión y Permanencia de los Estudiantes vigente, en cuyo artículo 34, fracción I, en el que se establece la exigencia de dicha contraprestación monetaria para la reinscripción y con el que presumiblemente se fundamentan los demás actos reclamados.
"Narró, bajo protesta de decir verdad, que el veintinueve de mayo de dos mil quince, tuvo conocimiento por medio del sistema electrónico denominado SIASE (Sistema Integral para la Administración de los Servicios Educativos), de la contraprestación exigida por las responsables por la cantidad total de $********** (********** 00/100 moneda nacional), de lo que señaló que se advertía de la boleta o ficha correspondiente, anexada a la demanda de amparo, de la que se desprende que el monto relativo es por los conceptos de ‘bono deportivo’, ‘cuota escolar’ e ‘inscripción reing bach’, con fecha límite de pago diez de junio de dos mil quince.
"En los conceptos de violación expresó, en lo que interesa, que las responsables transgreden el derecho humano y social a la educación media y superior gratuita, consagrado en el artículo 3o. constitucional (entre otros), por exigírsele una contraprestación monetaria para reinscribirse y recibir dicho servicio educativo y luego, pidió la suspensión de los actos reclamados para efecto de que se le ordenara a las responsables que le permitieran inscribirse según el procedimiento y plazo regular de cualquier estudiante al semestre agosto-diciembre de dos mil quince, y de manera gratuita.
"Finalmente, expuso que de no otorgársele se le dejaría en estado de indefensión y no podría continuar con su educación, por lo que se consumarían los actos reclamados y se le causaría un daño de imposible reparación, pues no cuenta con recursos para cubrir la cuota exigida; alegando que con ello se violentaba el derecho humano a la educación media superior consagrado en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el principio de igualdad, por rezagársele y dejársele en inferioridad frente a otros individuos; además de que la apariencia del buen derecho estaba a su favor, porque se le privaría del referido derecho fundamental, que es de exigencia efectiva e inmediata; aunado a que se cumplen los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, y no se actualiza el segundo párrafo del diverso 131.
"Al respecto, en la parte que interesa de la resolución recurrida, el a quo determinó que no era posible otorgar la medida cautelar para eximir el pago de la reinscripción, es decir, para que ésta se realice de manera gratuita, bajo la consideración de que ello implicaría una restitución definitiva en el goce del derecho violado, esto es, no preservaría la materia del juicio de amparo sino la extinguiría, lo cual no es acorde con los fines y la naturaleza de la suspensión.
"No obstante tal consideración, el Juez de Distrito señaló que en una nueva reflexión en cuanto al tema de la restricción de reinscribirse, por no cubrir las cuotas reclamadas, en el caso, sopesando que en lo que atañe a la educación media superior, ciertamente dicho nivel educativo es obligatorio y su impartición será gratuita, ello produce una apariencia del buen derecho en favor del peticionario para que no le sea restringido o vedado ese grado educativo; pues, en opinión del juzgador, no se advertía que con el otorgamiento de la medida cautelar se genere un perjuicio al interés social o contravenga disposiciones de orden público en un grado superior al perjuicio de difícil reparación que pudiera sufrir el solicitante.
"Como consecuencia de lo expuesto, el Juez concedió la suspensión definitiva para el único efecto de que las autoridades responsables, de ser el caso de que la promovente no cubra en tiempo y forma las cuotas que le son exigidas, no prohíban ni obstaculicen la reinscripción al semestre que le corresponde cursar; esto, en el entendido de que ello, de ninguna manera, lo exime de cumplir con todos y cada uno de los demás requisitos que se exijan para tal efecto; lo anterior, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la ejecutoria que se pronuncie en el juicio principal.
"En relación con la anterior determinación, las partes recurrentes se duelen esencialmente de que el auto impugnado se dictó en contravención de las normas que regulan la medida suspensional.
"Es pertinente precisar, que el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal establece que los actos reclamados pueden ser objeto de suspensión cuando la naturaleza del acto lo permita, como se ve de lo que en seguida se transcribe:
"‘Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"‘...
"‘X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.’
"Al respecto, es importante precisar que el acto reclamado de manera destacada, en esencia, consiste en la negativa de brindarle el derecho a la educación media superior de manera gratuita.
"En la parte que interesa, la quejosa solicitó la suspensión del acto reclamado, para el efecto de que se ordene a las responsables que le permitan inscribirse antes del diez de junio de dos mil quince, y según el procedimiento y plazo regular de cualquier estudiante al siguiente semestre agosto-diciembre 2015, y evidentemente de manera gratuita.
"En relación con lo anterior, es menester precisar que el objetivo de la suspensión en el juicio de amparo es mantener la situación jurídica del quejoso en el estado en que se encuentra a la fecha de la presentación de la demanda, para salvaguardar sus derechos y conservar la materia de una hipotética concesión de la protección constitucional; por lo que, concedida esa medida, sus efectos se traducen en la detención de los procedimientos encaminados a ejecutar los actos reclamados mientras se decide si resultan o no constitucionales; lo que explica por qué en la generalidad de los casos, la suspensión sólo procede contra actos positivos que implican una acción, una orden, una privación o una molestia, pues únicamente éstos son aptos de paralización; no así los negativos, que constituyen abstenciones, negativas simples o prohibiciones de las autoridades, a través de las cuales se rehúsan a hacer algo u omiten efectuar lo solicitado por los gobernados.
"De lo anterior es claro que la naturaleza del acto cuya suspensión solicita, al consistir básicamente en la negativa de las responsables a reinscribir a la quejosa gratuitamente al bachillerato técnico en turismo, en la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón, Unidad Monterrey I, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, corresponde a una negativa que no es susceptible de suspenderse mediante la medida cautelar que solicita, pues si el Juez Federal no advirtió el derecho o la posibilidad de contar con un interés legítimo, es claro que el acto reclamado, dada su naturaleza, no admite suspensión, porque, de hacerlo, se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar, los que sólo son propios de la sentencia que concede la protección constitucional.
"El anterior aserto tiene sustento en la tesis que se comparte, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, Segunda Parte, enero a junio de 1990, en la página 49, cuyos rubro y texto dicen:
"‘ACTOS NEGATIVOS, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE DE, EN EL AMPARO.-Los actos negativos, para efectos del juicio de garantías son aquellos en los que la autoridad responsable se rehúsa a hacer algo y contra ellos es improcedente conceder la suspensión.’
"La determinación del Juez Federal, como se establece en los agravios expresados por las recurrentes, no es correcta, pues de concederse la suspensión para el efecto de que se ordene a las responsables que permitan inscribir de manera ... sin el correspondiente pago de las cuotas reclamadas, sería tanto como dar efectos constitutivos de derechos, lo que no es propio de la medida cautelar en materia de amparo. De ahí que se conviene con los argumentos expuestos por las autoridades recurrentes, en el sentido de que lo procedente en el caso era negar la suspensión definitiva de los actos reclamados.
"Apoya las anteriores consideraciones, el criterio contenido en la tesis I.3o.C.25 K, que este tribunal comparte, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, marzo de 2002, página 1468, con número de registro: 187375, cuyos rubro y texto a continuación se transcriben:
"‘SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS.’ (se transcribe contenido)
"En apoyo de esta determinación, es aplicable también la jurisprudencia 1096, visible en la página 759 del Tomo VI, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
"‘ACTOS NEGATIVOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE.’ (se transcribe contenido)
"Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que contra los actos negativos no resulta procedente la suspensión, porque sería darle efectos restitutorios que corresponden a la sentencia que se dicte en el principal, dicho criterio se encuentra visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXVIII, página 1308, registro: 283501, que dice:
"‘ACTOS NEGATIVOS.’ (se transcribe contenido)
"Desde otro aspecto, para determinar si el acto es susceptible de suspenderse, conviene analizarlo también la luz de la violación alegada, a fin de corroborar lo que hasta aquí se ha concluido.
"El Juez de Distrito consideró que la parte quejosa solicitaba que se le permitiera de manera gratuita la reinscripción al semestre siguiente a cursar, estimando que del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advertía que la educación media superior es obligatoria y la educación que imparta el Estado debe ser gratuita; de lo que dedujo la apariencia de buen derecho con respecto al reclamo de la parte quejosa.
"Sin embargo, tales premisas son inaplicables al caso específico. Para evidenciar lo anterior, resulta necesario traer a la vista el texto del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en la parte que interesa, dispone lo siguiente:
"‘Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforma la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.
"‘La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.
"‘...
"‘VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas: determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso y promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere; ...’
"En el referido dispositivo constitucional efectivamente se consagra el derecho a la educación en México, así como sus fines y objetivos, y particularmente se destaca sobre las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. También prevé que la educación básica y la media superior serán obligatorias.
"Del artículo 13 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), se destacó lo siguiente:
"‘Artículo 13
"‘Derecho a la educación
"‘1. Toda persona tiene derecho a la educación.
"‘2. Los Estados Partes en el presente protocolo convienen en que la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz.
"‘3. Los Estados Partes en el presente protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación:
"‘a. La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;
"‘b. La enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita.
"‘c. La enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;
"‘d. Se deberá fomentar o intensificar, en la medida de lo posible, la educación básica para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria;
"‘e. Se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los minusválidos a fin de proporcionar una especial instrucción y formación a personas con impedimentos físicos o deficiencias mentales.
"‘4. Conforme con la legislación interna de los Estados partes, los padres tendrá derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a -sus hijos, siempre que ella se adecue a los principios enunciados precedentemente.
"‘5. Nada de lo dispuesto en este protocolo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, de acuerdo con la legislación interna de los Estados Partes.’
"De la porción del protocolo que quedó transcrita, se advierte que la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz y, especialmente, en lo relativo a la educación superior, señalando, además, que debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y por la implementación progresiva de la enseñanza gratuita.
"Del artículo 3o. constitucional, las instituciones autónomas de educación superior tendrán facultades para gobernarse a sí mismas, dentro de lo que evidentemente se encuentran las reglas de admisión o ingreso a los programas educativos que contemplen.
"Esta forma de normar la accesibilidad a los organismos mencionados, debe realizarse tomando como base la capacidad de cada persona, la cual debe ser medida por los medios que se estimen adecuados para tal efecto; de manera que tal autonomía ha sido interpretada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha señalado que, de una interpretación histórica del artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Federal, se desprendía que la autonomía universitaria no podía traducirse en una mera autonomía técnica para gestiones administrativas y financieras, como podrían ser el nombramiento de los funcionarios que fungieran como autoridades universitarias o la administración de su patrimonio; sino que, por el contrario, implicaba un autogobierno y autorregulación, por atender a la necesidad de lograr una eficacia en la prestación del servicio público de la educación, fundado en la libertad de enseñanza, sin que ello implique su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios delimitados por sus propios fines, traduciéndose la autonomía universitaria, en la capacidad de decisión de los universitarios, respecto de la normatividad de su organización y funcionamiento, la designación de sus órganos de gobierno, la selección de sus profesores y personal administrativo, incluso los que fungirán al frente de los aludidos órganos de gobierno, la admisión de estudiantes, la fijación de programas de estudio y la disposición de su patrimonio, facultades entre las cuales indudablemente se encuentran las de establecer sus órganos de gobierno que habrán de juzgar las conductas constitutivas de violación a las normas universitarias.
"En relación con lo anterior, el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León señala lo siguiente:
"‘Artículo 35. El patrimonio de la universidad lo constituyen los bienes y recursos que a continuación se enumeran:
"‘I. Los bienes muebles e inmuebles que actualmente son de su propiedad y los que en el futuro adquiera por cualquier título.
"‘II. Los legados y donaciones que se le hagan y los fideicomisos que en su favor se constituyan.
"‘III. Las utilidades, intereses, dividendos, rentas, esquilmos, productos y aprovechamientos de sus bienes muebles e inmuebles.
"‘IV. Los derechos y cuotas que por sus servicios recaude.
"‘V. Los subsidios y subvenciones ordinarias y extraordinarias que el Gobierno Federal, el del Estado y los de los Municipios le otorguen.’
"Del precepto transcrito se advierte que las cuotas forman parte del patrimonio de la universidad, lo que desde luego repercute en sus propios objetivos; de lo que se colige que la medida suspensional no es factible de concederse, ya que en caso de que la universidad dejara de recibir el pago de cuotas, se afectaría directamente en su patrimonio, lo cual tendría como consecuencia el recibir menos ingresos para solventar sus necesidades como institución de enseñanza media y superior.
"Ahora bien, las pretensiones de la parte quejosa, en cuanto a que se le preserve el derecho a recibir servicios de bachillerato, en la Universidad Autónoma de Nuevo León de manera gratuita, no encuentran sustento en los numerales en cita; de lo que deriva que la suspensión solicitada tiene como finalidad la constitución de un derecho que no se advierte como adquirido antes de la presentación de la demanda de amparo; por lo anterior, es fundado el argumento de las autoridades responsables en el sentido de que en el caso resulta improcedente conceder la medida cautelar, toda vez que al otorgarse, se materializan efectos restitutorios propios de la sentencia que atañe al fondo del juicio de amparo.
"En las relatadas consideraciones, es fundado el argumento por el cual las recurrentes se duelen del otorgamiento de la medida suspensional; pues con ésta se constituye de facto un derecho a recibir un servicio, bajo condiciones de gratuidad que no se encuentran reconocidas por el derecho objetivo.
"Apoya la anterior consideración, el criterio orientador de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la tesis 3a. XXXI/94, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, junio de 1994, página 248, con número de registro: 206613, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"‘UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS. NO EXISTE NORMA CONSTITUCIONAL QUE ESTABLEZCA EL DERECHO DE INSCRIBIRSE A ELLAS SIN PAGO ALGUNO.-Para que proceda el juicio de amparo es indispensable la demostración de que se tiene interés jurídico, por el que no puede entenderse cualquier interés de una persona o de un grupo, sino sólo aquel que se encuentra legítimamente protegido, o sea que está salvaguardado por una norma jurídica; conforme a estas ideas, si se impugna una ley de inconstitucional, debe existir como presupuesto previo para que el juicio proceda, que el derecho que se estima vulnerado por esa ley se encuentre salvaguardado por la propia Constitución. Ahora bien, si se reclama la ley orgánica de una universidad autónoma, en cuanto en algunos de sus preceptos se establecen cuotas de inscripción y colegiaturas, para que una persona pueda ingresar a ella y seguir los cursos correspondientes, sería indispensable que en el propio Texto Fundamental se garantizara el derecho de todo gobernado a realizar en forma gratuita estudios universitarios, lo que no ocurre en nuestro sistema jurídico, pues en ninguno de los preceptos constitucionales se establece esa prerrogativa. El artículo 3 que regula el sistema educativo nacional, en el texto anterior al vigente, coincidente en esencia del actual, prevenía en su fracción VII (actualmente IV), que toda la educación que imparta el Estado será gratuita, hipótesis diversa a la contemplada en la entonces fracción VIII (actualmente VII), que señalaba las bases de la educación en las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, respecto de las cuales determina, entre otras reglas, «que tendrán la facultad de gobernarse a sí mismas, establecerán sus planes y programas y administrarán su patrimonio», con lo que se advierte que resultan ajenas a la hipótesis de la fracción anterior, que se circunscribe a los establecimientos educativos que de modo directo maneja el Estado a través de la dependencia gubernamental que tiene esa función dentro de sus atribuciones. Por consiguiente, carecen de interés jurídico para promover el juicio de amparo en contra de una ley como la que se alude, las personas que se consideran afectadas porque estiman tener la prerrogativa constitucional de no debérseles cobrar ninguna cuota por las universidades autónomas.’
"En efecto, el criterio que antecede es aplicable para efectos de dilucidar sobre el interés suspensional. En el caso concreto, resultan orientadoras, por analogía, las consideraciones por las que se estima que para la demostración del interés jurídico en el juicio de amparo, no puede entenderse cualquier interés de una persona o de un grupo, sino sólo aquel que se encuentra legítimamente protegido.
"En ese sentido, para estimar si se encuentra acreditado, al menos de manera indiciaria el interés suspensional, resulta relevante dilucidar, en un asomo a las garantías y derechos humanos que se consideran violados, si efectivamente esa gratuidad que reclama la parte quejosa, respecto de los servicios que pretende de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se encuentra jurídicamente tutelada como una garantía constitucional.
"Empero, de los preceptos analizados no se desprende esa garantía de gratuidad como derecho fundamental exigible en relación con cualquier ente o persona.
"En efecto, el artículo 3o., párrafo primero, constitucional dice:
"‘Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.’
"Enseguida, la fracción IV del propio precepto indica:
"‘IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita; ...’
"Por su parte, el artículo 13 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala:
"‘Artículo 13
"‘Derecho a la educación
"‘1. Toda persona tiene derecho a la educación.
"‘2. Los Estados Partes en el presente protocolo convienen en que la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz.
"‘3. Los Estados Partes en el presente protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación:
"‘a. La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;
"‘b. La enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita.
"‘c. La enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;
"‘d. Se deberá fomentar o intensificar, en la medida de lo posible, la educación básica para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria;
"‘e. Se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27572-7b27b5ec/suspension-en-el-amparo-el-acto-reclamado-consistente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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