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Modo: Corpus Pro

I. HACIENDA MUNICIPAL. LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ES UNA POTESTAD TRIBUTARIA COMPARTIDA ENTRE LOS MUNICIPIOS Y LOS ESTADOS. II. LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES. LA PROPUESTA HECHA POR LOS MUNICIPIOS A LAS LEGISLATURAS LOCALES PARA SU ELABORACIÓN GOZA DE VINCULATORIEDAD DIALÉCTICA. III. HACIENDA MUNICIPAL. EL PRINCIPIO DE MOTIVACIÓN OBJETIVA Y RAZONABLE CONSTITUYE UN LÍMITE A LA LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN TRIBUTARIA POR PARTE DEL LEGISLADOR Y UNA CONCRECIÓN DE LA FACULTAD DE INICIATIVA EN MATERIA DE INGRESOS RECONOCIDA A LOS MUNICIPIOS. IV. LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES. GRADOS DE DISTANCIAMIENTO FRENTE A LA PROPUESTA ENVIADA POR LOS MUNICIPIOS. V. HACIENDA MUNICIPAL. LA OMISIÓN DE LA LEGISLATURA LOCAL DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN PARA MODIFICAR LA INICIATIVA PRESENTADA POR UN MUNICIPIO SOBRE LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VI. LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES. DISTANCIAMIENTO DEL CONGRESO DEL ESTADO RESPECTO DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR UN MUNICIPIO (DECRETO NÚMERO 189, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS VALORES UNITARIOS DE SUELO, QUE SERVIRÁN DE BASE PARA EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISIETE). VII. LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES. SI EL MUNICIPIO NO EXPRESA ARGUMENTOS PARA JUSTIFICAR EL INCREMENTO DE LOS VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENE SU PROPUESTA, EL GRADO SUSTANCIAL DE MOTIVACIÓN EXIGIDA AL CONGRESO LOCAL PARA DISTANCIARSE DE ÉSTA PUEDE SER EL DE AUSENCIA DE MOTIVACIÓN (DECRETO NÚMERO 189, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS VALORES UNITARIOS DE SUELO, QUE SERVIRÁN DE BASE PARA EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISIETE). VIII. LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES. SI EL CONGRESO LOCAL REDUCE LOS VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN PROPUESTOS POR EL MUNICIPIO, SIN OBSERVACIÓN O DISCUSIÓN ALGUNA, INCUMPLE CON SU OBLIGACIÓN DE JUSTIFICAR EN FORMA OBJETIVA Y RAZONABLE LA REDUCCIÓN RELATIVA (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 190, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS VALORES UNITARIOS DE SUELO PARA LOS NUEVOS FRACCIONAMIENTOS, URBANIZACIONES O DESARROLLOS EN RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISIETE). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA MODIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE VALORES UNITARIOS DE SUELO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISIETE PRESENTADA POR EL MUNICIPIO ACTOR AL CONGRESO DEL ESTADO (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 190, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS VALORES UNITARIOS DE SUELO PARA LOS NUEVOS FRACCIONAMIENTOS, URBANIZACIONES O DESARROLLOS EN RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISIETE).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 95/2017. · Registro digital (IUS): 27623
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2018-02-16
Promovente: MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 51, Febrero de 2018, Tomo I, Pág. 345.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 95/2017. MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 28 DE NOVIEMBRE DE 2017. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO Y RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete por el que se emite la siguiente:

SENTENCIA:

Mediante la que se resuelve la presente controversia constitucional 95/2017, promovida por el Municipio de San Pedro Garza García del Estado de Nuevo León, por conducto de Mauricio Fernández Garza y María Diamantina Alcalá Fernández, quienes se ostentaron como presidente y síndica segunda municipales, respectivamente, en la que demandaron la invalidez de los siguientes actos emitidos por los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la entidad:(1)

a) El análisis y resolución de las propuestas hechas por el Municipio actor al Congreso Local respecto de la asignación y actualización de valores unitarios del suelo que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal dos mil diecisiete.

b) La discusión, dictamen, aprobación, refrendo, sanción, promulgación y publicación de los Decretos Legislativos Números "189" y "190", expedidos por el Congreso Local y publicados en el Periódico Oficial del Estado, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, relativos a la aprobación de los valores unitarios del suelo, así como para los nuevos fraccionamientos o urbanizaciones o desarrollos en régimen de propiedad en condominio del Municipio actor, para ser aplicados durante el ejercicio fiscal dos mil diecisiete; y,

c) La omisión del Congreso Local, por conducto del presidente de la Comisión de Hacienda y Desarrollo Municipal, de ejercer la facultad prevista en el artículo 50, inciso a), del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado para requerir al Municipio actor o a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, cualquier instrucción, documento, aclaración o explicación que resultara conveniente para el correcto y adecuado despacho de las propuestas formuladas por el propio Municipio actor, en fecha veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, respecto a la asignación y actualización de valores unitarios del suelo para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el Municipio.

Reclama todas las consecuencias directas o indirectas, mediatas o inmediatas que de hecho o por derecho deriven o resulten de las normas y actos cuya invalidez se reclaman.

I. Antecedentes

1. De las constancias de autos, se advierten como antecedentes del caso los siguientes:

2. En el mes de junio de dos mil dieciséis, el Municipio actor celebró sendos contratos de prestación de servicios con Colegio Mexicano de Valuación de Nuevo León, Asociación Civil y Colegio de Valuadores de Nuevo León, Asociación Civil, con el objeto de que llevaran a cabo un estudio de valores unitarios del suelo (valor por metro cuadrado de terreno) de los inmuebles localizados en las colonias o en las zonas que conforman el territorio del Municipio.

3. El veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, la Junta Municipal Catastral de San Pedro Garza García celebró su novena sesión extraordinaria, donde sus integrantes (bajo una desafortunada concepción de su función legal) determinaron "aprobar" los valores unitarios por metro cuadrado de suelo para los predios del Municipio actor que aplicarían para el ejercicio dos mil diecisiete. La citada Junta Municipal dejó de analizar el estudio de valores unitarios del suelo elaborado por las asociaciones civiles respecto de los inmuebles localizados en las colonias o las zonas que conforman el territorio del Municipio.

4. El secretario de Finanzas y tesorero municipal del Municipio actor, mediante oficio número SFT-0535/2016, de catorce de octubre de dos mil dieciséis, sometió a la consideración de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Municipio actor la propuesta de valores unitarios de suelo que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria en el Municipio, a partir del primero de enero de dos mil diecisiete. Las propuestas se fundamentaron en los resultados del estudio que realizaron los colegios de valuación antes referidos.

5. En oficio número SFT-0536/2016, de catorce de octubre de dos mil dieciséis, el secretario de Finanzas y tesorero municipal del Municipio actor sometió a consideración de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Municipio, la propuesta de valores unitarios del suelo por metro cuadrado de suelo determinados y aprobados por la Junta Municipal Catastral de San Pedro Garza García, a los nuevos fraccionamientos o urbanizaciones o desarrollos en regímenes de propiedad en condominio, que servirían de base para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria en el Municipio actor, a partir del día primero de enero de dos mil diecisiete.

6. En sesión de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis los integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio del Municipio actor, aprobaron los dictámenes números CHPM 15-18/041/2016/DI y CHPM 15-18/042/2016/DI, por medio de los cuales dictaminaron proponer al Pleno del Ayuntamiento, como primer punto de acuerdo, la aprobación de la propuesta formulada por el secretario de Finanzas y tesorero municipal, respecto a los valores unitarios del suelo que servirían de base para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria en el Municipio, a partir del primero de enero de dos mil diecisiete y como segundo punto de acuerdo, autorizar la presentación al Congreso Local para su consideración, la propuesta aprobada en los términos del referido dictamen, respecto a dichos valores unitarios del suelo, conforme a los motivos y fundamentos expuestos en el propio dictamen.

7. Los dictámenes antes referidos, se sometieron a consideración del Ayuntamiento durante la vigésima octava sesión extraordinaria de veinte de octubre de dos mil dieciséis, donde fueron aprobados por unanimidad y se autorizó su presentación al Congreso Local. Este órgano legislativo no valoró que el dictamen número CHPM 15-18/041/2016/DI, se fundamentó en los resultados de estudio que realizaron los colegios de valuación sobre la propiedad inmobiliaria.

8. Por oficio número SA-373/2016, de fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, se remitió al Congreso Local copia certificada del acta de Cabildo de la vigésima octava sesión extraordinaria de veinte de octubre del mismo año, junto con todos y cada uno de los documentos que integran el estudio de valores unitarios del suelo (valor por metro cuadrado de terreno), un disco compacto (CD), así como el acta número 09/2016, relativa a la novena sesión extraordinaria de la Junta Municipal Catastral de San Pedro Garza García de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis.

9. Según consta en el acta número 154, de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, el Congreso Local aprobó sin dar lectura íntegra ni analizar y discutir los dictámenes formulados por la Comisión Quinta de Hacienda y Desarrollo Municipal del propio Congreso Local, respecto de los expedientes números 10348/LXXIV y 10349/LXXIV, relativo a la iniciativa formulada por el Municipio actor, respecto a los valores del suelo que servirían de base para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria en el Municipio actor, a partir del día primero de enero de dos mil diecisiete.

10. El treinta de diciembre de dos mil dieciséis, se publicaron los Decretos Legislativos Números 189 y 190, expedidos por el Congreso Local, relativos a la aprobación de los valores unitarios del suelo del Municipio de San Pedro Garza García, así como para los nuevos fraccionamientos o urbanizaciones o desarrollos en régimen de propiedad en condominio del Municipio, aprobándolos por importes distintos a los de la propuesta municipal, sin que justificara de forma objetiva y razonable la decisión de apartarse de dicha propuesta.

11. Conceptos de invalidez. En su oficio de demanda, el Municipio actor señaló como conceptos de invalidez, en síntesis, los siguientes:

12. Primer concepto de invalidez. Falta de fundamentación y motivación. El análisis y resolución de las propuestas del Municipio actor y los Decretos "189" y "190" impugnados son violatorios de los artículos 14, 16, párrafo primero, 31, fracción IV, 39, 40, 41, párrafo primero, 49, 115, primer párrafo y fracciones I, párrafo primero, IV, 128, 133 y 136 de la Constitución Federal, en relación con los artículos 118 y 119 de la Constitución Local en virtud de que por medio de tales actos impugnados el Congreso Local, desestimó en forma arbitraria la propuesta hecha por el Municipio actor, respecto a la actualización de valores unitarios del suelo que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete.

13. Del análisis comparativo de los decretos impugnados, se advierte que la Legislatura Local, decidió apartarse de la propuesta hecha por el Municipio actor respecto de los valores unitarios de suelo aplicables para el Municipio en el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, sin que la Legislatura Local justificara en forma objetiva y razonable tal decisión.

14. Al analizar el acta número 154, correspondiente a la sesión ordinaria del Congreso Local de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, se puede advertir que el Congreso Local aprobó en sus términos los dictámenes formulados por la Comisión Quinta de Hacienda y Desarrollo municipal del Congreso Local, respecto a los expedientes número 10348/LXXIV y 10349/LXXIV, que corresponden al trámite de las iniciativas formuladas por el Municipio en torno a las propuestas de actualización de los valores de suelo que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria en el Municipio actor, a partir del día primero de enero de dos mil diecisiete. Sin embargo, el Pleno del Congreso Local omitió dar lectura íntegra, analizar y discutir los dictámenes formulados por la Comisión del Congreso Local.

15. El Congreso Local no explicó de forma razonable y objetiva la causa por la cual tales valores unitarios del suelo no se equipararían al valor del mercado, tal y como le fue propuesto por el Municipio actor.

16. La omisión del Congreso Local de considerar si los valores unitarios de suelo que se propusieron por el Municipio se ajustaban o no a los valores del mercado, infringe los principios constitucionales del artículo 115, párrafo primero y fracciones I, párrafo primero y IV, de la Constitución Federal, en relación con lo dispuesto en el artículo quinto transitorio del Decreto por el que se reformó y adicionó ese precepto constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, además de vulnerar la hacienda pública municipal, los mandatos constitucionales de certeza y seguridad jurídica, así como de proporcionalidad y equidad en materia de imposición de tributos, en cuanto el órgano demandado, desatiende el principal factor económico que puede revelar en forma objetiva la capacidad contributiva de los sujetos pasivos de dicha clase de contribuciones.

17. El Congreso Local dejó de advertir que la propuesta de actualización formulada por el Municipio actor, corresponde a los valores de mercado, conforme a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria.

18. El Congreso Local aprobó en sus términos las propuestas de actualización de los valores unitarios del suelo que formularon los Ayuntamientos de los demás Municipios que integran el área metropolitana de la ciudad de Monterrey, Nuevo León; al Ayuntamiento de San Pedro Garza García le fue negado ese mismo trato y, con ello, los beneficios que representan para la hacienda pública municipal el que los valores unitarios del suelo correspondan efectivamente a los valores del mercado y no a valores inferiores a este parámetro.

19. No pasa inadvertido que el dictamen elaborado por la comisión del Congreso Local, respecto al expediente número 10348/LXXIV, en el capítulo de consideraciones, los miembros de esa comisión de trabajo legislativo reconocieron que los valores unitarios deben corresponder o ser equiparables a los valores del mercado, sin embargo, dado que existía una discrepancia entre los valores unitarios propuestos por el Municipio actor y la opinión de la Junta Municipal Catastral, consideraron conveniente resolver la aprobación de la actualización de valores unitarios del suelo en los términos en que se aprobó por la Junta Municipal Catastral.

20. La consideración de la Comisión y del Congreso Local es arbitraria e inconstitucional, ya que esa consideración en realidad constituye un pretexto para soslayar los principios bajo los cuales se articulan las acciones y relaciones de los Municipios y las Legislaturas Estatales en el ejercicio compartido de la potestad tributaria, ya que le dio preeminencia a la opinión de la Junta Municipal Catastral frente a la propuesta del Municipio actor, lo que constituye una falta de respeto hacia la función constitucional del Municipio y una falta de congruencia entre la propuesta y lo aprobado por el Congreso Local, sin que exista una causa razonable ni objetiva para apartarse de dicha propuesta y de los principios y los fines que inspiran y derivan de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal.

21. Con lo anterior, el Congreso Local ignoró los artículos 2, 6, 18 y 20 de la Ley del Catastro del Estado de Nuevo León y 9, fracción I, del Reglamento de la propia Ley del Catastro, porque las Juntas Municipales Catastrales solamente desempeñan la función de un órgano auxiliar de apoyo y consulta hacia el interior de la estructura de gobierno municipal (no constituye un órgano de apoyo ni de consulta al servicio de la Legislatura Estatal), no de decisión, por ser únicamente los Ayuntamientos los órganos de gobierno que desde el punto de vista legal y constitucional, se encuentran políticamente legitimados y jurídicamente facultados para decidir los términos en que se formulará la propuesta de valores unitarios del suelo al Congreso Local para su aprobación conforme a los principios constitucionales aplicables.

22. Además, el órgano legislativo ignoró que la Junta Municipal Catastral de San Pedro Garza García al desahogar su novena sesión extraordinaria, no expresó la opinión que le corresponde al Municipio, sino que determinó aprobar los valores unitarios por metro cuadrado de suelo para los predios del Municipio actor que aplicaron para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, decisión que no corresponde a la función que la ley del catastro le asigna.

23. Por su parte, la Junta Municipal Catastral dejó de estudiar y analizar el estudio de valores unitarios de suelo elaborado por los colegios valuadores contratados por el Municipio actor, lo que torna inexcusable la omisión del Congreso Local de considerar si los valores unitarios del suelo propuestos por el Municipio actor se ajustaban o no a los valores del mercado.

24. Causa agravio la consideración legislativa en el sentido de que el Municipio actor no haya realizado una argumentación fundada y motivada del porqué incrementó la propuesta de valores unitarios presentados a la Legislatura Local, porque ello es arbitrario y carente de razonabilidad y objetividad, la suposición de que el Municipio tenía la carga u obligación de argumentar el porqué del incremento o la diferencia de la propuesta de valores unitarios propuestos a esa Legislatura, respecto de aquellos valores unitarios catastrales que fueron aprobados por la Junta Municipal Catastral.

25. Las Juntas Municipales Catastrales como órganos auxiliares de apoyo y consulta de las tesorerías municipales, se encuentran vinculados a los artículos 18, 19, 19 Bis de la Ley del Catastro del Estado de Nuevo León y 13, fracción I, 17, 18 y 19 del reglamento de dicha ley. Es decir los Municipios como las Juntas Municipales Catastrales, se encuentran obligados a verificar que los valores unitarios del suelo sean equiparables a los valores reales del mercado y en función del cumplimiento de esa regla, ejercer las funciones que les competen.

26. No existe ninguna disposición legal o constitucional que obligue al Municipio a descalificar o desacreditar la opinión de la Junta Municipal Catastral o que imponga a dicho órgano de gobierno y de decisión la carga y obligación de argumentar fundada y motivadamente el porqué del incremento o la diferencia de su propuesta de valores unitarios del suelo a la Legislatura Local, por lo que es injustificado que se utilice el incumplimiento de tales obligaciones como pretexto o reproche para no conceder lo solicitado o no pronunciarse sobre si la propuesta hecha por el Municipio actor se ajusta o no a los principios y reglas aplicables.

27. De conformidad con el artículo 18 de la Ley del Catastro del Estado de Nuevo León los valores unitarios de suelo y los valores unitarios de las construcciones que apruebe el Congreso del Estado, mediante el decreto correspondiente, serán los equiparables al valor del mercado.

28. En el dictamen municipal CHPM 15-18/041/2016/DI, se precisó que si bien se ponderó la opinión de la Junta Municipal Catastral finalmente se estimó que debía prevalecer el principio y la regla de que los valores unitarios del suelo y de construcción debían ser equiparables a los del valor del mercado.

29. Por ello, contrario a lo señalado en el dictamen elaborado por la Comisión legislativa y finalmente aprobado por el Congreso Local respecto al expediente 10348/LXXIV, el Municipio actor sí realizó una argumentación fundada y motivada del porqué del incremento a la propuesta de valores unitarios presentados a la Legislatura Local, porque si bien ponderó la opinión de la Junta Municipal Catastral, finalmente estimó que debía prevalecer el principio y la regla de que los valores unitarios del suelo y construcción debían ser equiparables a los del valor del mercado, conforme al estudio elaborado por los colegios valuadores.

30. Causa agravio la consideración del dictamen y del Congreso Local, respecto a que la Junta Municipal Catastral del Municipio, goza de la presunción de haber realizado todos los procedimientos de evaluación necesarios para llegar a una determinación, tomando en cuenta elementos indicativos que se prevén en los artículos 17 y 18 del Reglamento de la Ley del Catastro del Estado de Nuevo León, porque no se encuentra apoyada en ningún análisis de todas y cada una de las constancias que fueron allegadas al Congreso Local por el Municipio actor mediante el oficio SA-373/2016, de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis.

31. Lo anterior, porque el Congreso Local no revisó si la Junta Municipal Catastral, cumplió su función de auxiliar al gobierno municipal en la apreciación del valor real del mercado del metro cuadrado de superficie en las distintas zonas del territorio del Municipio actor. De haberse revisado por el Congreso Local, éste se habría percatado que en el acta número 09/2016, de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis no se emitió una opinión sobre el estudio de valores unitarios de suelo (valor por metro cuadrado de terreno) elaborado por los colegios valuadores, respecto de los inmuebles localizados en las colonias o las zonas que conforman el territorio del Municipio actor.

32. Asimismo, el Congreso Local se habría percatado de que la Junta Municipal Catastral asumió funciones que no le corresponden, al aprobar los valores unitarios del suelo aplicables al cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el Municipio actor, ya que esa atribución le corresponde de manera compartida a los Ayuntamientos y a las Legislaturas Locales.

33. De igual manera, el Congreso Local de haber actuado de manera objetiva y razonable, habría podido advertir que la Junta Municipal Catastral incumplió con la exigencia de que los valores unitarios del suelo deban equipararse a los valores reales del mercado, por lo que resulta injustificado que la Legislatura Local haya soslayado el análisis del estudio de valores unitarios del suelo (valor por metro cuadrado de terreno), elaborado por los colegios valuadores.

34. Segundo concepto de invalidez. La omisión del Congreso Local de ejercer la facultad prevista en el artículo 50, inciso a), del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado para requerir al Municipio actor cualquier instrucción, documento, aclaración o explicación que resultara conveniente para el correcto y adecuado despacho de la propuesta formulada por el propio Ayuntamiento, respecto de la actualización de valores unitarios del suelo, vulnera los artículos 14, 16, párrafo primero, 31, fracción IV, 39, 40, 41, párrafo primero, 49, 115, primer párrafo y fracciones I, párrafo primero, IV, 128, 133 y 136 de la Constitución Federal, en relación con los artículos 118 y 119 de la Constitución Local, porque el Congreso Local dejó de ejercer los principios que rigen las relaciones de coordinación en la materia de la potestad tributaria.

35. El presidente de la comisión del órgano legislativo, ante la discrepancia detectada entre la Junta Municipal Catastral y el Municipio actor pudo y debió ejercer la prerrogativa artículo 50, inciso a), del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado; a fin de despachar la propuesta de actualización de los valores unitarios del suelo para resolver justa y adecuadamente la propuesta formulada por el Municipio actor. La facultad para solicitar la documentación necesaria tiene como finalidad servir como un instrumento para resolver los asuntos que competen a las Comisiones legislativas y su ejercicio depende de las circunstancias de cada caso en particular, cuando requiera información adicional para conocer con mayor exactitud el contexto que rodea un asunto en especial.

36. Condiciones que se encontraban reunidas en el caso y por ello antes de apartarse de la propuesta formulada por el Municipio actor debió ejercer la facultad que le concede el citado artículo 50, inciso a) y no dictaminar que ante la discrepancia advertida, era dable considerar apropiado acoger los valores unitarios del suelo que fueron aprobados por la Junta Municipal Catastral.

37. No hay duda de que el Congreso Local, al expedir los decretos legislativos impugnados actuó de forma arbitraria, bajo criterios subjetivos e irrazonables y por tanto los decretos resultan contrarios a los principios de certeza y seguridad jurídica, de proporcionalidad y equidad tributaria, de democracia representativa, de federalismo, de división de poderes, de articulación de órdenes de gobierno estatal y municipal, de autonomía municipal y de supremacía constitucional.

38. Artículos constitucionales señalados como violados. El Municipio actor señaló como violados los artículos 14, 16, párrafo primero, 31, fracción IV, 39, 40, 41, párrafo primero, 49, 115, primer párrafo y fracciones I, párrafo primero, IV, 116, párrafo primero, 128, 133 y 136 de la Constitución Federal, así como los artículos 118 y 119 de la Constitución Local.

II. Trámite de la controversia constitucional

39. Admisión y trámite. El presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional y lo turnó al Ministro José Ramón Cossío Díaz para que fungiera como instructor, de acuerdo con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.(2)

40. El Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional,(3) tuvo por presentados a los promoventes, presidente y síndica segunda del Municipio actor; y como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Nuevo León, emplazándolas para que formularan su contestación; finalmente, dio vista a la Procuraduría General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

41. Contestación a la demanda. El Poder Ejecutivo de la entidad demandado, en su contestación señaló, en síntesis, que:

a) Es cierto que el treinta de diciembre de dos mil dieciséis fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado los Decretos Legislativos Números 189 y 190, expedidos por el Congreso Local, relativos a la aprobación de los valores unitarios del suelo del Municipio actor, así como para los nuevos fraccionamientos o urbanizaciones o desarrollos en régimen de propiedad en condominio de esta misma municipalidad para ser aplicados durante el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete. Respecto del resto de los hechos ni los afirma ni los niega por no ser propios.

b) La participación del Ejecutivo Local, se limitó a la sanción y promulgación de los decretos impugnados, así como a ordenar su publicación y en la demanda, no se expone cuestionamiento alguno en torno a ello, sino como consecuencia de los decretos impugnados, por lo que no se manifiesta en relación con los conceptos e invalidez y estará atento a la secuela procedimental y respetará lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

42. Contestación del Poder Legislativo del Estado. Este Poder al rendir su contestación de demanda señaló, en síntesis, lo siguiente:

a) Causa de improcedencia. Se debe declarar el sobreseimiento, respecto del procedimiento legislativo del cual derivaron los decretos impugnados, ya que en la especie se actualiza la causal de sobreseimiento, establecida en el artículo 20, fracción II, en relación con el artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, ya que las etapas que integran el procedimiento legislativo forman parte de un procedimiento y no constituyen una resolución definitiva. Cita en apoyo la tesis de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE IMPUGNAN LOS DICTÁMENES DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS, YA QUE CONSTITUYEN ACTOS QUE FORMAN PARTE DE UN PROCEDIMIENTO Y NO RESOLUCIONES DEFINITIVAS QUE PONGAN FIN A UN ASUNTO."

b) Es cierto el acto atribuido al Congreso Local consistente en haber remitido a través de la Oficialía de Partes del Poder Legislativo copia certificada del acta de Cabildo de la vigésima octava sesión extraordinaria de veinte de octubre de dos mil dieciséis y demás documentales que se acompañaron a la misma. Asimismo, es parcialmente cierto en cuanto a la aprobación de los expedientes legislativos 10348/LXXIV y 10349/LXXIV; y son ciertos los actos consistentes en la publicación de los decretos legislativos impugnados, relativos a la aprobación de los valores unitarios del suelo del Municipio actor, así como para los nuevos fraccionamientos o urbanizaciones o desarrollos en régimen de propiedad en condominio de dicha municipalidad.

c) Son infundados los argumentos del primer concepto de invalidez. El Congreso Local en la emisión de los decretos impugnados cumplió con las formalidades del procedimiento legislativo, aplicables al proceso de aprobación de valores unitarios del suelo, pues acató los artículos 63, fracción X, de la Constitución Local, 20 de la Ley del Catastro de Nuevo León, 65, fracciones I y II, 66, 70, fracción XX, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Local y 37, 39, 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la entidad.

d) No existe dispositivo constitucional que exija a los legisladores aprobar o rechazar las iniciativas en los términos planteados por sus promoventes, sin la posibilidad de modificar durante el procedimiento legislativo la propuesta originalmente planteada y aprobar la norma jurídica correspondiente en forma distinta a la contenida en la iniciativa. Por el contrario, los artículos 47, inciso c), 90, 109, 114, 132 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Estado establecen la posibilidad de que los diputados, dentro del proceso legislativo, modifiquen la propuesta planteada en la iniciativa.

Las comisiones de dictamen del Congreso Local como la asamblea en Pleno tienen facultades legales para expedir las leyes y decretos de su competencia en forma distinta a la propuesta en las iniciativas correspondientes, sin necesidad de contar con una nueva iniciativa planteada en los términos exactos en que son aprobados los textos contenidos en sus actos legislativos, ya que las modificaciones no están condicionadas a que se respete la voluntad de quien presentó la iniciativa.

La Legislatura Local en coordinación con el Municipio, tienen la responsabilidad de adoptar las medidas conducentes, a fin de que los valores unitarios de suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a los valores del mercado de la propiedad y, proceder en su caso, a realizar las adecuaciones correspondientes a las tasas aplicables para el cobro de las mencionadas contribuciones.

Al existir una discrepancia entre lo presentado por el Municipio y la opinión de la Junta Municipal Catastral, se estimó aprobarla en los términos que lo realizó la citada Junta Municipal, y es importante señalar que ésta goza de la presunción de haber realizado todos los procedimientos y evaluación necesarios para llegar a una determinación, tomando en cuenta elementos indicativos, señalados en el Reglamento de la Ley del Catastro, en sus artículos 17 y 18.

El Decreto 189 no viola el artículo 31, fracción IV, constitucional, ya que es de observancia general que se refleja en la capacidad económica de las personas y cuyo destino es financiar el gasto público, mediante la creación de un hecho imponible y su estructura queda al total arbitrio del legislador. El decreto impugnado, respeta los principios de equidad y proporcionalidad

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27623-9811339c/i-hacienda-municipal-la-facultad-prevista-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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