REVISIÓN FISCAL Y REVISIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. ESTOS RECURSOS SON IMPROCEDENTES CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO IMPUGNADO POR LA FALTA DE VIGENCIA DE UNA NORMA OFICIAL MEXICANA, AL TRATARSE DE UN VICIO FORMAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 53/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA NOVENA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN ZACATECAS, ZACATECAS, Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, SEXTO Y DÉCIMO NOVENO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 31 DE OCTUBRE DE 2017. MAYORÍA DE CATORCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS: JOSÉ ÁNGEL MANDUJANO GORDILLO, OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ, MARCO ANTONIO BELLO SÁNCHEZ, FRANCISCO PANIAGUA AMÉZQUITA, RICARDO OLVERA GARCÍA, ROBERTO RODRÍGUEZ MALDONADO, SERGIO URZÚA HERNÁNDEZ, ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ, JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA, EMMA GASPAR SANTANA, IRMA LETICIA FLORES DÍAZ, ERNESTO MARTÍNEZ ANDREU, GERMÁN EDUARDO BALTAZAR ROBLES Y JUAN CARLOS CRUZ RAZO. AUSENTE: MARÍA ALEJANDRA DE LEÓN GONZÁLEZ. DISIDENTES: JOEL CARRANCO ZÚÑIGA, MARÍA ANTONIETA AZUELA GÜITRÓN, ARTURO CÉSAR MORALES RAMÍREZ, HUGO GUZMÁN LÓPEZ Y MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO. PONENTE: ROBERTO RODRÍGUEZ MALDONADO. SECRETARIOS: EDUARDO GARIBAY ALARCÓN Y CARLOS ALBERTO ARAUJO OSORIO.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión del treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Mediante oficio de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el tribunal en cita, al resolver el recurso de revisión fiscal ********** (expediente auxiliar **********), en auxilio del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el criterio sustentado por el Primer Tribunal en la misma materia y jurisdicción, en la tesis I.1o.A.90 A (10a.), visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Tomo III, febrero de 2015, página 2855, de rubro: "REVISIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. ES PROCEDENTE ESE MEDIO DE DEFENSA CUANDO LA NULIDAD DEL ACTO IMPUGNADO SE APOYÓ EN LA FALTA DE VIGENCIA DE LA NORMA POR CUYA INFRACCIÓN SE SANCIONÓ A UN SERVIDOR PÚBLICO, AL TRATARSE DE UN VICIO DE FONDO, NO FORMAL."
SEGUNDO.-En proveído de veinte de octubre de dos mil dieciséis, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito radicó la contradicción de tesis con el expediente PC01.I.A.53/2016.C, la admitió a trámite y solicitó a la presidencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, la remisión del archivo digital que contuviera la sentencia de la que derivó la tesis en estudio; y, por otro lado, toda vez que en el criterio emitido por el tribunal auxiliar contendiente, se hizo referencia a las ejecutorias dictadas por los Tribunales Colegiados de la materia y jurisdicción citadas Segundo, Sexto y Décimo Noveno, se solicitó lo relativo a la sentencias dictadas en las revisiones fiscales **********, **********, ********** y **********, respectivamente.
En ese mismo proveído, requirió a dichos órganos, rindieran informe en cuanto a la subsistencia de los criterios que sustentaron, en el que se debía indicar, con precisión, si se encontraban vigentes o, en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados; vigencia que se reiteró mediante informes de veinticuatro, veinticinco y veintisiete de octubre, así como tres de noviembre, todos de dos mil dieciséis.
TERCERO.-Mediante oficio **********, de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, el secretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo del conocimiento a la directora general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que durante los últimos seis meses, no se encontraba radicada en ese Alto Tribunal, contradicción de tesis alguna en la que el tema a dilucidar guardara relación con el diverso en estudio.
CUARTO.-Mediante oficio **********, de nueve de noviembre de dos mil dieciséis, la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó a la secretaria de Acuerdos del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, que durante los últimos seis meses, no se encontraba radicada en ese Alto Tribunal, contradicción de tesis alguna en la que el tema a dilucidar guardara relación con el diverso en estudio.
QUINTO.-Por acuerdo de uno de febrero de dos mil diecisiete, se turnó el expediente al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
SEXTO.-La contradicción de tesis en estudio fue listada para discutirse en sesión plenaria de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, en la que, por mayoría de trece votos, se estableció que sí existe contradicción de tesis y, por mayoría de dieciocho votos, se decidió que no quedó sin materia la contradicción de tesis, motivo por el que no fue aprobado el proyecto presentado y se determinó returnar el asunto.
SÉPTIMO.-Por acuerdo de tres de julio de dos mil diecisiete, se returnó el expediente a la Magistrada Clementina Flores Suárez, integrante del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
OCTAVO.-En virtud de la adscripción del Magistrado Roberto Rodríguez Maldonado al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien fue designado como representante de dicho órgano jurisdiccional ante este Pleno de Circuito, por acuerdo de cuatro de agosto de dos mil diecisiete, se le returnó el asunto de que se trata.
NOVENO.-Por oficio **********, de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, suscrito por el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, se prorrogó el término para la formulación del proyecto de contradicción a que este asunto se refiere.
DÉCIMO.-Por oficio **********, de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, suscrito por el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, se indicó que el término concedido para la entrega del proyecto, se recorrió con motivo del sismo acaecido el día diecinueve del mes y año en cita, en esta Ciudad de México, y toda vez que el Consejo de la Judicatura Federal determinó en los comunicados de diecinueve, veinte y veinticuatro de septiembre de dos mil diecisiete, que no correrían los términos de ley, los días diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós y veinticinco del mes y año citados.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 9 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios en materia administrativa, cuya especialidad corresponde a este Pleno de Circuito.
No es óbice a la anterior determinación, el hecho de que uno de los criterios contendientes haya sido emitido por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, pues lo hizo en auxilio del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, porque la competencia para conocer de las contradicciones de tesis se define en razón de que el órgano auxiliar resolvió en apoyo de un tribunal especializado integrante del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, por lo que asume la jurisdicción del tribunal al que auxilia y, por ende, la competencia se da en la medida en que la decisión del Tribunal Auxiliar surte efectos jurídicos dentro del ámbito territorial de este Pleno de Circuito.
Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 2a./J. 3/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Tomo II, febrero de 2015, página 1656, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AUXILIAR, EN APOYO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE AQUÉLLA EL PLENO DE ESE CIRCUITO Y, SI NO EXISTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares tienen jurisdicción en todo el territorio de la República Mexicana y, sin modificar su sede territorial, brindan apoyo a los Tribunales Colegiados de Circuito durante un determinado periodo, concluido el cual pueden auxiliar a otros, por lo que su competencia se modifica en razón del órgano jurisdiccional al que auxilie, así como de los expedientes y el lapso en el que brinden su apoyo. Ahora, aun cuando los Tribunales Auxiliares apoyan a órganos de distintos Circuitos y cuentan con una competencia restringida, limitada al dictado de la sentencia, al prestar su ayuda a determinado Tribunal Colegiado de Circuito asumen la jurisdicción de éste, lo que implica que el Auxiliar tenga que interpretar la normatividad estatal aplicable en dicho Circuito. En ese sentido, ya que el Constituyente, el legislador ordinario y el Consejo de la Judicatura Federal establecieron una regla de competencia para decidir las contradicciones de tesis en las que participen Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, se considera que éstos pertenecen al Circuito del Tribunal Colegiado auxiliado; por tanto, si los Tribunales Colegiados contendientes corresponden a un mismo Circuito y a una misma especialidad, el competente para conocer de las contradicciones de tesis que sustenten será el Pleno de Circuito de los Tribunales correspondientes, en el entendido de que si en el Circuito de que se trate no existe integrado Pleno, en términos del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, abrogado por el diverso Acuerdo General 11/2014 del propio órgano, quien debe conocer de la contradicción es esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues debe asumir la competencia para conocer de las contradicciones de tesis en que se actualice el supuesto de referencia, a fin de resolver la cuestión planteada, porque así se otorga certeza jurídica para resolver los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados únicos en un Circuito que fueron apoyados en el dictado de resoluciones por un Tribunal Colegiado Auxiliar que asumió su jurisdicción."
SEGUNDO.-La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, ya que la formuló el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, es decir, presidente de uno de los órganos jurisdiccionales cuyo criterio es presuntamente discrepante, de conformidad con el artículo 227, fracción III, en relación con el diverso 226, fracción III, ambos de la Ley de Amparo.
TERCERO.-En primer lugar, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, pues ello constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, en términos de lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, y 41 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que, a fin de decidir si existe contradicción de tesis, es necesario analizar si los tribunales contendientes, al resolver los asuntos que son materia de la denuncia, realmente sostuvieron criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho o sobre un problema jurídico central, independientemente de que las cuestiones fácticas que rodean los casos que generan esos criterios no sean iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes y pueden ser sólo adyacentes; ello, con la finalidad de proporcionar certidumbre en las decisiones judiciales y dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.
El citado criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, que establece:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
De la jurisprudencia preinserta se aprecia que, para que exista contradicción de tesis, es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, es decir, que exista discrepancia entre ellos, lo cual puede derivar de asuntos diferentes en sus cuestiones fácticas, aunque es necesario ponderar que esa variación o diferencia no incida o sea determinante para el problema jurídico resuelto; por lo que debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.
Asimismo, en términos de la citada jurisprudencia, para que exista contradicción de tesis, se requiere que los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos materia de la denuncia hayan:
1) Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
2) Llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.
Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo a su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que lo rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.
Ahora bien, con el propósito de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones en que se apoyaron las respectivas resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
********** (expediente auxiliar **********).
Sesión de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis.
Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, en auxilio del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
"CUARTO.-Improcedencia del recurso. Este Tribunal Colegiado considera que el presente recurso de revisión fiscal es improcedente y debe desecharse, atendiendo a las siguientes consideraciones. ... En el caso concreto, **********, parte actora en el juicio de nulidad, acudió a dicha instancia a cuestionar de nula la resolución contenida en el expediente administrativo **********, de veintisiete de octubre de dos mil quince, emitida por la directora de Procedimientos y Sanciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, mediante la cual, se multó a la empresa porque contravino la Ley Federal de Metrología y Normalización en relación con la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SCFI-2000.-El motivo de tal determinación, fue porque la persona moral de referencia, comercializaba un producto el que no cumplía con los requisitos generales establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM 003SCFI-2000, ya que el producto (**********) presentaba un serio riesgo para la seguridad de los consumidores (fojas 92 a 97).-En la sentencia que se recurre, dictada por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, declaró la nulidad de la resolución impugnada, en términos de la fracción IV del artículo 51, y fracción II del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en razón de que el procedimiento había caducado debido a que no emitió su resolución en el plazo de quince días contemplado en el artículo 123 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, puesto que la autoridad tenía la obligación de dictar su resolución definitiva en dicho término, por lo que si el veinte de julio de dos mil quince, se emplazó la actora, por lo que ésta en diez días debió haber manifestado lo que a su derecho conviniera, además de ofrecer las pruebas conducentes, término que feneció el cuatro de agosto de dos mil quince, por lo que los alegatos debieron haberse hecho entre los días cinco y seis de agosto de dicha anualidad, por lo que a partir del siete de agosto de dos mil quince, la demandada contaba con un plazo de quince días para emitir la resolución definitiva, esto es, hasta el veintisiete de agosto de dos mil quince, por lo que, a partir de ahí empezó a transcurrir el término de treinta días para la caducidad prevista en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.-Por lo que el término feneció el doce de octubre de dos mil quince, y si la demandada había emitido su resolución hasta el diecisiete de octubre de dos mil quince, era claro que el procedimiento había caducado, razón por la cual, la Sala determinó la nulidad.-Además, señaló la Sala, que la norma oficial había perdido vigencia, para sancionar a la actora por su conducta, pues la autoridad demandada [recurrente] consideró en su resolución que la demandante había transgredido lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-0003-SCFI-2000 ‘Productos eléctricos-especificaciones de seguridad’, parte NMX-J-521/1-ANCE-2012, ‘Apartados electrodomésticos y similares -seguridad-, Parte 1: Requisitos generales’; publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil uno, y que entró en vigor a los noventa días siguientes naturales a su publicación, en términos del artículo primero transitorio de dicha norma, esto es, el diez de abril de dos mil uno; y el término para su revisión y notificación al secretario técnico de la Comisión Nacional de Normalización de los resultados de esa revisión concluyó el diez de junio de dos mil seis, una vez que transcurrieron los cinco años y sesenta días naturales a que se refiere el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.-Por lo que si la multa se había impuesto con base en una visita de verificación realizada el diecisiete de julio de dos mil quince, la NOM-003-SCFI-2000 ‘Productos eléctricos-especificaciones de seguridad’, no se encontraba vigente al momento de la revisión, por lo que traía como consecuencia que la conducta de la actora se encontraba indebidamente fundada y, por ende, la multa resultaba ilegal.-Para evidenciar esto, se transcribe la parte conducente de la sentencia que dice: [se transcribe].-De la lectura que antecede, se advierte que la Sala del conocimiento no efectuó un pronunciamiento de fondo, pues la nulidad de la resolución impugnada obedeció a que la autoridad no emitió en tiempo su resolución por lo que caducó el procedimiento y, por otra parte, se basó en una norma que no se encontraba vigente al momento de realizar la revisión que motivó la imposición de la multa, aspectos que se refieren tan sólo a un vicio formal, sin apoyar la invalidez en el fondo de la cuestión sustantiva debatida, declarar un derecho para el particular, ni exigir el cumplimiento de una obligación.-En efecto, la Sala Fiscal declaró la nulidad de la resolución impugnada por considerar que había caducado el procedimiento, y porque la autoridad había basado su resolución en una norma que ya no tenía validez, al no estar vigente en la época de los hechos.-Por tanto, lo alegado por la recurrente no justifica la procedencia del recurso, dado que la inviabilidad se actualiza en virtud de que la nulidad del acto impugnado se declaró por vicios formales, puesto que en la sentencia cuya revisión se pretende no se decidió la cuestión de fondo planteada, ya que se declaró la nulidad del acto impugnado, en virtud de que caducó el procedimiento administrativo; es claro que el asunto no reviste la característica de excepcional, al no haberse entrado al fondo del asunto; sino que sólo se declaró la nulidad del acto administrativo por vicios formales.-En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y contenido es del tenor siguiente: Época: Décima Época. Registro «digital»: 2002195. Instancia: Segunda Sala. Tipo de tesis: jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, Tomo 2, noviembre de 2012, materia administrativa, tesis 2a./J. 118/2012 (10a.), página 1487. ‘REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR HABER OPERADO LA CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN.’ (se transcribe). Así, como el haberse fundado la resolución impugnada en una norma que no se encontraba vigente al momento de la vista que motivó la emisión de aquélla.-De ahí que el recurso de revisión fiscal sea improcedente, pues el asunto carece de la excepcionalidad ya que no existe un pronunciamiento trascendente en relación con los motivos de nulidad, dado que la declaración de nulidad se decretó por cuestiones formales cuyo análisis puede confiarse plenamente a las Salas Fiscales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.-En este contexto, si la Sala decidió sobre aspectos formales y no materiales de la resolución impugnada, de conformidad con las tesis jurisprudenciales 2a./J. 150/2010 y 2a./J. 88/2011 invocadas, este tribunal concluye que el recurso de revisión de que se trata es improcedente.-En virtud de lo anterior, en el presente estudio no se aborda el análisis respectivo a cada fracción del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues de cualquier forma se actualiza la improcedencia del recurso, ya que la sentencia recurrida, al declarar la nulidad de la resolución impugnada por vicios formales, impide que se actualicen los supuestos materiales previstos en el artículo en cita.-Conviene señalar que en similares términos se han pronunciado el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y Décimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver, el primero, las revisiones fiscales ********** y **********; el segundo, al fallar la revisión fiscal **********; y el último, al resolver la revisión fiscal **********, quienes determinaron que, cuando la Sala Fiscal declara la nulidad de la resolución impugnada por haberse sustentado en una norma oficial mexicana que había perdido su vigencia, ese motivo de nulidad, tiene el carácter de un vicio formal y no de fondo, por lo que procedía desechar el recurso de revisión que se intentó en contra de la sentencia anulatoria relativa ..."
**********.
Sesión de siete de abril de dos mil dieciséis.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
"SEGUNDO.-Por ser una cuestión de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del presente recurso, y al efecto debe decirse que ello se hará independientemente de los términos en que la autoridad recurrente expuso la procedencia del asunto.-Lo anterior es así, pues este tribunal advierte que el recurso es improcedente, por aplicación del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 88/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XXXIV, agosto de 2011, página 383, que señala: ‘REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR VICIOS FORMALES EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS MATERIALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 150/2010).’ (se transcribe).-Como podrá apreciarse, a través de dicha jurisprudencia, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, precisó el alcance de la diversa jurisprudencia 2a./J. 150/2010, de rubro: ‘REVISIÓN FISCAL, ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.’, señalando que el recurso de revisión es improcedente en todos los casos, en que la sentencia recurrida no contenga un pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto, declarando un derecho o la inexigibilidad de una obligación, dado que las violaciones meramente formales deben confiarse al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sin necesidad de una revisión posterior.-Pues bien, como ya se dijo, resulta aplicable el criterio jurisprudencial en cuestión, en virtud de que la Sala no se pronunció respecto de las pretensiones de fondo de las partes, sino que resolvió que a la fecha de notificación de la orden de visita, antecedente de la resolución impugnada, la norma oficial mexicana invocada en la orden de verificación no se encontraba vigente, es decir, la Norma Oficial Mexicana NOM-011/1-SEDG-1999, ya había perdido su vigencia en el momento de ser utilizada para fundamentar la orden de verificación de trece de octubre de dos mil trece, como se puede corroborar con la siguiente transcripción: (se transcribe resolución). ... La transcripción que antecede revela que la Sala juzgadora no se pronunció respecto del fondo del asunto, en tanto que nunca decidió sobre la existencia o inexistencia de las irregularidades y omisiones por las cuales fue multada la parte actora, ni determinó si éstas, conforme a la normatividad aplicable, justificaban dicha sanción; sino que más bien se limitó a destacar una violación procedimental, pues determinó que la orden de verificación, antecedente de la resolución impugnada, se fundó de manera indebida en una norma oficial mexicana que ya no se encontraba vigente.-Lo antes expuesto pone en evidencia y corrobora que la Sala anuló la resolución indicada por la existencia de violaciones formales, puesto que no emitió una declaración en cuanto a la existencia de un derecho en favor de la contribuyente ni la inexigibilidad de una obligación en perju
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27657-7c0a8b8f/revision-fiscal-y-revision-contencioso-administrativa-estos-recursos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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