COSTAS. CUANDO SE TIENE A LA ACTORA POR DESISTIDA DE LA INSTANCIA O DE LA ACCIÓN CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO, Y EN LA RESOLUCIÓN QUE DA POR TERMINADO EL JUICIO NO SE HACE PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CONDENA EN AQUÉLLAS Y LA DEMANDADA OMITE RECURRIRLA, ÉSTA QUEDA FIRME. DESISTIMIENTO DE LA INSTANCIA O DE LA ACCIÓN POSTERIOR AL EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DA POR TERMINADO EL JUICIO POR ESE MOTIVO DEBE CONTENER NECESARIAMENTE LA CONDENA AL PAGO DE COSTAS A CARGO DEL ACCIONANTE.
COSTAS. CUANDO SE TIENE A LA ACTORA POR DESISTIDA DE LA INSTANCIA O DE LA ACCIÓN CON POSTERIORIDAD AL EMPLAZAMIENTO, Y EN LA RESOLUCIÓN QUE DA POR TERMINADO EL JUICIO NO SE HACE PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CONDENA EN AQUÉLLAS Y LA DEMANDADA OMITE RECURRIRLA, ÉSTA QUEDA FIRME.
DESISTIMIENTO DE LA INSTANCIA O DE LA ACCIÓN POSTERIOR AL EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DA POR TERMINADO EL JUICIO POR ESE MOTIVO DEBE CONTENER NECESARIAMENTE LA CONDENA AL PAGO DE COSTAS A CARGO DEL ACCIONANTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 19/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO, SÉPTIMO, OCTAVO, DÉCIMO SEGUNDO Y DÉCIMO TERCERO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 6 DE FEBRERO DE 2018. MAYORÍA DE ONCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ RIGOBERTO DUEÑAS CALDERÓN, LUZ DELFINA ABITIA GUTIÉRREZ, FRANCISCO JAVIER SANDOVAL LÓPEZ, EDITH E. ALARCÓN MEIXUEIRO, CARLOS MANUEL PADILLA PÉREZ VERTTI, JOSÉ JUAN BRACAMONTES CUEVAS, ANA MARÍA SERRANO OSEGUERA, J. JESÚS PÉREZ GRIMALDI, J. REFUGIO ORTEGA MARÍN, MARÍA CONCEPCIÓN ALONSO FLORES Y CARLOS ARELLANO HOBELSBERGER, EN CUANTO A LA EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS, ENTRE EL CRITERIO EMITIDO POR EL CUARTO TRIBUNAL Y EL DIVERSO EMITIDO POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y DÉCIMO SEGUNDO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. DISIDENTES: MAURO MIGUEL REYES ZAPATA, ELISA MACRINA ÁLVAREZ CASTRO Y NEÓFITO LÓPEZ RAMOS. MAYORÍA DE ONCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ RIGOBERTO DUEÑAS CALDERÓN, QUIEN PRECISÓ ESTAR DE ACUERDO CON EL SENTIDO MAS NO CON LAS CONSIDERACIONES, LUZ DELFINA ABITIA GUTIÉRREZ, FRANCISCO JAVIER SANDOVAL LÓPEZ, EDITH E. ALARCÓN MEIXUEIRO, CARLOS MANUEL PADILLA PÉREZ VERTTI, JOSÉ JUAN BRACAMONTES CUEVAS, ANA MARÍA SERRANO OSEGUERA, J. JESÚS PÉREZ GRIMALDI, J. REFUGIO ORTEGA MARÍN, MARÍA CONCEPCIÓN ALONSO FLORES Y CARLOS ARELLANO HOBELSBERGER, EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. DISIDENTES: MAURO MIGUEL REYES ZAPATA, ELISA MACRINA ÁLVAREZ CASTRO Y NEÓFITO LÓPEZ RAMOS, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: WALTER ARELLANO HOBELSBERGER, HIZO SUYO EL ASUNTO EDITH E. ALARCÓN MEIXUEIRO. SECRETARIA: CARMINA CORTÉS PINEDA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer de las contradicciones de tesis denunciadas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que se trata de denuncias de contradicción de tesis suscitadas entre criterios de Tribunales Colegiados pertenecientes a este Circuito, en un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de especialidad de este Pleno de Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el apoderado de la persona moral **********, recurrente en el amparo en revisión 124/2017, del índice del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
TERCERO.-Posturas de los Tribunales Colegiados Contendientes.
1. Criterio sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 637/2009, promovido por **********, por sí y en representación de sus ********** y **********.
"QUINTO. El argumento fundamental del concepto de violación consiste en que el actor desistió de la acción en el juicio natural, sin su consentimiento, del demandado, por lo que la Sala no solamente debe condenar en costas, sino también al pago de daños y perjuicios, en términos del artículo 34 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
"La alegación es infundada.
"El artículo 34 del Código de Procedimientos, en su parte relativa, determina inicialmente la responsabilidad del actor que desista de la demanda después de practicado el emplazamiento o de la acción, por ministerio de ley y sin necesidad de declaración expresa del juzgador, de pagar a la contraparte las costas que hubiere erogado y los daños y perjuicios que hubiere sufrido por causa del mismo.
"Ciertamente, a diferencia del artículo 140 del ordenamiento señalado, en el cual se enfatiza que la obligación de pagar costas debe surgir de la condena que haga el Juez, en la hipótesis prevista por el artículo 34 se determina expresamente una relación directa entre causa y consecuencia, donde la causa, es el desistimiento y la consecuencia es la obligación del pago de costas, daños y perjuicios, de manera que esa relación se produce por ministerio de ley, sin necesidad de la voluntad del Juez.
"No obstante lo anterior, resulta conveniente establecer una distinción entre las dos obligaciones fijadas por el precepto legal.
"Tocante a las costas, en atención a la existencia de una conciencia generalizada y de fuerte arraigo en el medio judicial, comprendiendo a juzgadores y postulantes, en el sentido de que la obligación de pago de costas judiciales debe provenir de una condena establecida por el juzgador en la resolución judicial correspondiente, por ser esta la regla general como ya se mencionó, si en los casos de desistimiento los Jueces omiten incluir lo relativo como una condena, mediante la correcta aplicación de su preceptiva, podría propiciar confusiones y dilaciones innecesarias. Lo primero, si el Juez que conozca de la ejecución fuera persona diferente del que dictó la decisión, si éste tuviera el criterio de la necesidad de la condena judicial expresa; y lo segundo, porque el silencio del Juez podría dar lugar a la oposición de excepciones susceptibles de prolongar el procedimiento innecesariamente; de modo que por una razón práctica y de claridad, se considera necesario que se manifieste la obligación de pago de las costas, como condena en la resolución que apruebe el desistimiento, ya que con esto no se produce ningún perjuicio a nadie, al haber plena concordancia entre el efecto obligacional surgido por ministerio de ley y el de la declaración judicial, porque lo más seguro es que, el momento que se presente el desistimiento, la parte demandada habrá hecho algunos gastos para atender el juicio, que deberán liquidarse en ejecución y ser pagados por el actor.
"No pasa lo mismo con los daños y perjuicios, que definidos en términos de los artículos 2108 y 2109 del Código Civil para el Distrito Federal, constituyen mermas en el patrimonio de una persona o privación de una ganancia lícita, respectivamente, pues éstos no se han de causar o se habrían causado al demandado al momento del desistimiento, y tal causación es un elemento sine qua non para que el Juez quede en aptitud de hacer la condena correspondiente.
"La obligación de pagar los daños y perjuicios, para el caso de desistimiento, solamente se puede actualizar si existen precisamente esos daños y perjuicios.
"Al momento del desistimiento no hay certeza de que la demandada haya sufrido daños y perjuicios, situación que imposibilita a hacer una condena directa y específica por tales conceptos al aprobar el desistimiento.
"Sin embargo, como la ley establece la obligación del actor desistente de pagar los daños y perjuicios que hubiere causado, esta situación conduce a la necesidad de que el demandado promueva dentro del expediente, en su caso, un incidente con la pretensión de que se le paguen los daños y perjuicios, en cuya demanda debe precisar cuáles fueron los sufridos, así como los hechos necesarios para acreditar la relación causa-efecto entre el juicio que fue objeto del desistimiento y la merma en el patrimonio o privación de una ganancia, hechos que se deben demostrar para que en la interlocutoria que se emita, se aplique el artículo 34 señalado y se obtenga la condena específica del pago de lo demostrado.
"Bajo esa premisa, procede negar el amparo y extender esa negativa a los actos de ejecución, al no haber reclamado la inconstitucionalidad de éstos por vicios propios, acorde con la tesis aislada de la Tercera Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Primera Parte-1, enero a junio de 1988, página 357, que dice:
"‘AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS.’" (se transcribe)
De la ejecutoria de mérito, derivó la tesis I.4o.C. 230 C, publicada en la página 2826, Tomo XXXI, febrero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de los siguientes rubro y texto:
"DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN SIN CONSENTIMIENTO DEL DEMANDADO. PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS (Interpretación del artículo 34 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal).-El artículo 34 del Código de Procedimientos Civiles, en su parte relativa, determina inicialmente la responsabilidad del actor que desista de la demanda después de practicado el emplazamiento o de la acción, por ministerio de ley y sin necesidad de declaración expresa del juzgador, de pagar a la contraparte las costas que hubiere erogado y los daños y perjuicios que hubiere sufrido por causa del mismo, a diferencia del artículo 140 del ordenamiento señalado, en el cual se enfatiza que la obligación de pagar costas debe surgir de la condena que haga el Juez, no obstante lo anterior, resulta conveniente establecer una distinción entre las dos obligaciones fijadas por el precepto legal. Tocante a las costas, se considera conveniente que el Juez defina expresamente la condena en la resolución en que sanciona el desistimiento, en atención a la existencia de una conciencia generalizada y de fuerte arraigo en el medio judicial, comprendiendo a juzgadores y postulantes, en el sentido de que la obligación de pago de costas judiciales debe provenir de una condena establecida por el juzgador en la resolución judicial correspondiente, por ser ésta la regla general como ya se mencionó, pues si los Jueces lo omiten podrían propiciar confusiones y dilaciones innecesarias. Lo primero, si el Juez que conozca de la ejecución fuera persona diferente del que dictó la decisión, y tuviera el criterio de la necesidad de la condena judicial expresa; y lo segundo, porque el silencio del Juez podría dar lugar a la oposición de excepciones susceptibles de prolongar el procedimiento innecesariamente; de modo que por una razón práctica y de claridad, se considera necesario que se manifieste la obligación de pago de las costas, como condena en la resolución que apruebe el desistimiento, ya que con esto no se produce ningún perjuicio a nadie, al haber plena concordancia entre el efecto obligacional surgido por ministerio de ley y el de la declaración judicial, porque lo más seguro es que, al momento que se presente el desistimiento, la parte demandada habrá hecho algunos gastos para atender el juicio, que deberán liquidarse en ejecución y ser pagados por el actor. Sin embargo, no pasa lo mismo con los daños y perjuicios. Éstos son definidos en los artículos 2108 y 2109 del Código Civil para el Distrito Federal, como mermas en el patrimonio de una persona o privación de una ganancia lícita, respectivamente; éstos no necesariamente se han de causar o se habrían causado al demandado al momento del desistimiento; tal causación es un elemento sine qua non para que el Juez quede en aptitud de imponer su pago, sin embargo, al momento del desistimiento no hay certeza de que la demandada haya sufrido daños y perjuicios, lo que imposibilita a hacer una condena directa y específica por tales conceptos al aprobar el desistimiento, por tanto, el derecho debe quedar en un solo ámbito de la ley, y el demandado quedará en aptitud de promover un incidente con la pretensión de que se le paguen los daños y perjuicios, en cuya demanda debe precisar cuáles fueron los sufridos, así como los hechos necesarios para acreditar la relación causa-efecto entre el juicio que fue objeto del desistimiento y la merma en el patrimonio o privación de una ganancia, y tales hechos se deben demostrar para que en la interlocutoria que se emita, se aplique el artículo 34 señalado y se obtenga la condena específica del pago de lo demostrado."
2. Criterio sostenido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 281/2012, interpuesto por la entonces tercero perjudicada **********.
"CUARTO. Es infundado el único agravio expresado por la recurrente.
"Es infundado, lo relativo a que en la audiencia celebrada en el juicio de origen el once de mayo de dos mil once, la actora desistió de la acción ejercida en contra de los codemandados ********** y **********, todos de apellidos ********** y **********, desistimiento que el Juez de primera instancia acordó favorablemente; asimismo, en la propia audiencia las partes llegaron a un convenio, a través del cual, la quejosa obtuvo un beneficio y en la cláusula décimo sexta desistieron de los recursos de apelación interpuestos en el juicio de origen, convenio que el juzgador aprobó en sus términos y lo elevó a la categoría de cosa juzgada; en consecuencia, también se tuvieron por no interpuestos los recursos de apelación de la quejosa **********, por haber desistido la actora de la acción ejercida en su contra.
"Que si bien la peticionaria de garantías interpuso nuevamente recurso de apelación en contra del acuerdo dictado en la audiencia de once de mayo de dos mil once, también lo es que el Juez de primer grado lo tuvo por no interpuesto en diverso proveído de diecinueve del propio mes y año; por tanto, si no existe una condena expresa en costas con motivo del desistimiento de la acción y esa determinación se encuentra firme, es inconcuso que el incidente de gastos y costas no tiene sustento jurídico y, por ese motivo, es inexacto que la Sala responsable haya violado derechos humanos en perjuicio de la quejosa; argumento que la inconforme apoya en las tesis «I.8o.C.236 C, I.5o.C.349 C y 676» de rubros: ‘COSTAS. CUANDO EN LA RESOLUCIÓN QUE TUVO AL ACTOR POR DESISTIDO DE LA ACCIÓN, DESPUÉS DE PRATICADO EL EMPLAZAMIENTO, SE HACE LA CONDENA RESPECTIVA, PARA QUE EL DEMANDADO PUEDA EXIGIRLAS ES NECESARIO QUE IMPUGNE EN TIEMPO Y FORMA DICHA DETERMINACIÓN (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL).", "COSTAS, CONDENA AL PAGO DE. LA FALTA DE SUSTANCIACIÓN DEL INCIDENTE RESPECTIVO NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.’ y ‘COSTAS.’
"Para evidenciar lo anterior, conviene señalar los siguientes antecedentes de la resolución reclamada en el juicio de amparo.
"* El once de octubre de dos mil diez, **********, en la vía ordinaria civil, demandó a ********** (su sucesión), **********, **********, ********** y **********, todos de apellidos **********, diversas prestaciones.
"* El veinticinco de noviembre de dos mil diez, la quejosa ********** contestó la demanda instaurada en su contra y en cuanto a los hechos manifestó lo que a su interés convino, oponiendo como excepciones y defensas las que estimó conducentes.
"* El once de mayo de dos mil once, se celebró la audiencia de ley en el juicio de origen, a la que comparecieron la partes, en la que la actora desistió de la acción intentada en contra de **********, ********** y ********** todos de apellidos ********** y ********** **********, desistimiento que el Juez de primera instancia acordó favorablemente; asimismo, en la propia audiencia la actora y el albacea de la sucesión de **********, celebraron un convenio y en la cláusula décimo sexta desistieron de los recursos de apelación interpuestos en el juicio de origen, convenio que el juzgador aprobó en sus términos y lo elevó a la categoría de cosa juzgada, y finalmente se acordó tener por no interpuestos los recursos de apelación de la quejosa **********, por haber desistido la actora de la acción ejercida en su contra.
"* Por escrito de dieciséis de mayo de dos mil once, el autorizado de la quejosa, apeló preventivamente el auto referido y, mediante diverso proveído de diecinueve de mayo del propio, el Juez de primera instancia se desechó el recurso de apelación, porque la actora desistió de la acción ejercida en contra de ********** y celebró un convenio que se aprobó y elevó a la categoría de cosa juzgada.
"* Por escrito de nueve de junio de dos mil once, la quejosa ********** promovió incidente de pago de gastos y costas en contra de **********, reclamando diversas cantidades originadas por la tramitación del juicio de origen.
"* Seguido el incidente por sus diversas etapas procesales, el Juez Septuagésimo Segundo de lo Civil del Distrito Federal dictó sentencia interlocutoria el doce de julio de dos mil once, en la que declaró improcedente el incidente; en consecuencia, absolvió a ********** de las cantidades que le fueron reclamaron por concepto de gastos y costas, y daños y perjuicios.
"* Inconforme con ese fallo, la actora incidentista interpuso recurso de apelación y la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que conoció del asunto en el toca **********, dictó sentencia el diecinueve de septiembre de dos mil once, en la que confirmó la resolución recurrida; atento a las consideraciones siguientes:
"a) Que al haber desistido la actora de la acción en contra de la quejosa, se ubicó en la hipótesis prevista en el artículo 34 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que prevé la obligación de la primera de pagar costas, daños y perjuicios a su contraparte; sin embargo, para ello era necesario que se contara con una condena expresa por parte del juzgador, a fin de evitar confusiones y dilaciones innecesarias, toda vez que si bien el precepto establece una causa forzosa de condena en costas a quien desiste de la acción en el proceso común, se debe establecer la fuente de la obligación de pagar costas, que es el nexo entre costas y proceso; es decir, no puede haber costas sino cuando hay un proceso, pues toda responsabilidad humana debe tener una fuente jurídica.
"b) Que si en un caso se elimina la responsabilidad contractual, quedan como únicas fuentes la extraordinaria o legal, por lo que, en caso de desistimiento de la acción en el proceso común, la resolución que acuerde ese desistimiento debía contener una condena en costas por parte del Juez, no tan sólo a petición de parte, sino de oficio por disposición expresa de la ley.
"c) Que si en el caso no hubo un pronunciamiento del Juez natural respecto a la condena en costas, la recurrente debió impugnar en tiempo y forma esa decisión para poder exigir su cobro, pues en todos los casos se requiere la declaración del Juez de condena en costas, para que se pueda ejercer ese derecho en el incidente respectivo y, en caso de no hacerse así, se debe impugnar en tiempo la resolución emitida por el juzgador que omitió condenar en costas, lo que en la especie no acontecía, porque si bien la recurrente apeló el acuerdo dictado en la audiencia de once de mayo de dos mil once, lo cierto es que dicho recurso no fue admitido y, dado que ese acuerdo no fue combatido, se estaba en presencia de un auto firme, razón por la que, al no existir la declaración relativa a la condena en costas por el Juez de origen, era improcedente el incidente de mérito.
"En el caso concreto, contrario a lo manifestado por la recurrente, es correcto que el Juez federal concediera a la quejosa el amparo solicitado, porque la sentencia reclamada viola en su perjuicio los artículos 1o. y 17 constitucionales, 1.1, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque impone condiciones o reglas excesivas y contrarias a la ley, derivadas de tecnicismos jurídicos innecesarios que la dejaron en estado de indefensión, por contravenir los derechos fundamentales y humanos de tutela judicial efectiva.
"En efecto, el artículo 1o., tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:
"‘Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
"‘Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
"‘Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley."
"Conforme a ese precepto constitucional, todas las autoridades del País, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a garantizar el respeto y protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
"Asimismo, se prevé que la interpretación de las normas en las que se establezcan derechos humanos tendrá que hacerse con apego a lo que la propia Constitución Federal y los tratados internacionales disponen al respecto y, que dicha interpretación deberá hacerse en el sentido de favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
"Es decir, por virtud de la reforma al artículo 1o. constitucional, se rediseña la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad, pues el mismo ya no es limitativo de los órganos del Poder Judicial de la Federación, a través de los medios legalmente establecidos, sino que ahora, todas las autoridades del país, incluidas las de carácter jurisdiccional, están facultadas y obligadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a observar los derechos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales.
"Ahora bien, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución emitida en el expediente varios **********, -cumplimiento de la sentencia del caso ********** contra el Estado Mexicano-, fallado en sesión plenaria de catorce de julio de dos mil once, estableció con relación al control de convencionalidad lo siguiente:
"* Es un hecho inobjetable que por virtud de la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, los Estados Unidos Mexicanos se someten a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisdicción ha sido aceptada por el Estado Mexicano.
"* Por tanto, las resoluciones pronunciadas por aquella instancia internacional (Corte Interamericana de Derechos Humanos), son obligatorias para todos los órganos del Estado Mexicano en sus respectivas competencias al haber figurado como Estado parte en un litigio.
"* Para el Poder Judicial son vinculantes no sólo los puntos de resolución concretos de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino la totalidad de los criterios contenidos en la sentencia, mediante la cual se resuelve ese litigio.
"* La jurisprudencia de la Corte Interamericana que deriva de las sentencias en donde el Estado mexicano no figura como parte, tendrá el carácter de criterio orientador de todas las decisiones de los Jueces mexicanos, pero siempre en aquello que le sea más favorable a la persona, de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Federal.
"* Al resolver los asuntos sometidos a su competencia, los Jueces nacionales deben inicialmente observar los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación al interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la Corte Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más favorable y procure alguna protección más amplia del derecho que se pretende proteger. Sin perjuicio de que sean los criterios internos aquellos que cumplan de mejor manera con lo establecido por la Constitución en términos de su artículo 1o.
"* Todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, sino también por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como principio pro persona.
"* Los mandatos contenidos en el reformado artículo 1o. constitucional, deben leerse junto con lo establecido por el diverso artículo 133 de la Constitución Federal, para determinar el marco dentro del que debe realizarse este control de convencionalidad, lo cual claramente será distinto al control concentrado que tradicionalmente operaba en nuestro sistema jurídico.
"* Conforme a la última parte del artículo 133, en relación con el artículo 1o., los Jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior.
"* Si bien los Jueces ordinarios no pueden hacer una declaración sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar estas normas inferiores dando preferencia a los contenidos en la Constitución y en los tratados en esta materia.
* El mecanismo para el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos debe ser acorde con el modelo general de control establecido constitucionalmente por los artículos 1o. y 133.
"De lo expuesto en la resolución referida, se extrajo como conclusión que todos los Jueces del país ya no deben ceñir su actuación jurisdiccional al control de constitucionalidad que se venía dando, puesto que ahora no sólo podrán realizar dicho control, sino que ahora deberán observar el control de convencionalidad cuya sujeción por parte del Estado Mexicano derivó de la mencionada reforma al artículo 1o. constitucional.
"Así, el control de constitucionalidad que ahora se ve complementado con el control de convencionalidad, se puede ejercer por todos los Jueces del País, y según el criterio anteriormente citado del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben observar:
"* Todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en los artículos 1o. y 133), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación.
"* Todos los derechos humanos contenidos en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.
"* Criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecidos en las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido parte, y criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado Mexicano no haya sido parte.
"A partir de lo anterior, la resolución en comento sugiere que la interpretación por parte de los Jueces presupone realizar tres pasos:
"1) Interpretación conforme al sentido amplio. Ello significa que los Jueces del País, al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
"2) Interpretación conforme al sentido estricto. Ello significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los Jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquellas que hace a la ley acorde a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos.
"3) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Ello no afecta o rompe con la lógica del principio de división de poderes y del federalismo, sino que fortalece el papel de los Jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte.
"Lo anteriormente expuesto, hace concluir que actualmente existen dos grandes vertientes dentro del modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano, que son acordes con el modelo de control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, siendo éstos:
"a) El control concentrado que deben ejercer los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas de control: acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicio de amparo directo e indirecto.
"b) El control que deben ejercer el resto de los Jueces del País en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son competentes, esto, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda separada.
"Finalmente, se establece que este nuevo sistema de control constitucional permite que sean los criterios e interpretaciones constitucionales, ya sea por declaración de inconstitucionalidad o por inaplicación, los que finalmente fluyan hacia la Suprema Corte para que sea ésta la que determine cuál es l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27728-cdf2b93e/costas-cuando-se-tiene-a-la-actora-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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