INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMAS DEL RECURSO DE REVISIÓN DERIVADO DE UN AMPARO INDIRECTO. PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO, HASTA ANTES DE QUE EL ASUNTO SE LISTE.
AMPARO EN REVISIÓN 34/2017. 18 DE ENERO DE 2018. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ROBERTO RODRÍGUEZ SOTO. PONENTE: ARCELIA DE LA CRUZ LUGO. SECRETARIO: GUSTAVO BOGAR CAMARILLO ARREOLA.
RESULTANDO:
OCTAVO.-A efecto de estar en condiciones de establecer si el incidente de falsedad de firmas promovido por la parte quejosa fue interpuesto en tiempo, conviene tener presente lo siguiente.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia P./J. 91/2006, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, julio de 2006, página 7, que a la letra dice:
"INCIDENTE DE FALSEDAD DE LAS FIRMAS DE LA DEMANDA O RECURSO EN AMPARO DIRECTO. ES ADMISIBLE EN CUALQUIER MOMENTO DEL PROCEDIMIENTO HASTA ANTES DE QUE EL ASUNTO SE LISTE Y DEBE RESOLVERSE CONJUNTAMENTE CON EL DICTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA.-Conforme al sistema previsto en los párrafos primero y tercero del artículo 35 de la Ley de Amparo que establece reglas comunes al juicio de garantías en sus dos vías, en el amparo directo es admisible cualquier clase de incidencia y deberá resolverse: 1) Mediante tramitación especial si la ley lo establece; 2) De plano y sin forma de sustanciación, si por su naturaleza hiciera imposible la decisión de fondo, o 3) Conjuntamente con la sentencia definitiva, si su resolución previa no impidiera el dictado de ésta. Ahora bien, el incidente de falsedad de las firmas de la demanda o de un escrito de agravios durante la tramitación del amparo directo no encuadra en los dos primeros supuestos, porque además de que la ley de la materia no lo prevé, el referido incidente no tiene la naturaleza intrínseca de ser de previo pronunciamiento, porque si bien su resolución anticipada condiciona la emisión de la sentencia de fondo, no hay razón para estimar que para resolverla deba suspenderse el curso del juicio, pues una incidencia así puede resolverse conjuntamente con el dictado de la sentencia con la que culmine el juicio, y ser declarada fundada o infundada en su parte considerativa. En ese tenor, se concluye que el aludido incidente de falsedad de firmas es admisible en cualquier momento del procedimiento hasta antes de que el asunto se liste para sesión, y será resuelto conjuntamente con la sentencia principal, esto es, la de amparo en un caso y la que resuelva el recurso en el otro, aplicando las reglas previstas en los artículos 360 y del 145 al 149 del Código Federal de Procedimientos Civiles; cosa contraria sucede en materia de suspensión, en la que, dada la celeridad que caracteriza su trámite, se debe resolver primero el recurso de queja que se hubiere interpuesto en términos de lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 95 de la Ley de Amparo, y posteriormente el incidente de falsedad; y en el supuesto de que éste resulte fundado, la falsificación constituye un hecho superveniente."
Conforme a dicha jurisprudencia, tratándose del amparo directo, el incidente de falsedad de firmas de la demanda o recurso, es admisible en cualquier momento del procedimiento, hasta antes de que el asunto se liste.
En la ejecutoria de la que derivó esa jurisprudencia, se explicó que dicho periodo da margen a que tanto el incidentista como el quejoso o el recurrente a quienes se atribuye la falsedad, puedan ser oídos y puedan ofrecer los medios de prueba correspondientes; todo dentro de la brevedad procedimental del curso del juicio de garantías o del medio impugnativo, según sea el caso.
Ahora, por lo que hace al juicio de amparo indirecto, el artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que la objeción de falsedad de documentos, incluyendo la demanda, podrán promoverse incluso en la audiencia constitucional; momento en que ésta se suspenderá para continuar en diez días siguientes para que en su reanudación se presenten las pruebas relativas a la autenticidad del documento.
Como se ve, existe un elemento común tanto en la promoción de la objeción de documentos prevista para el juicio de amparo indirecto, como para la admisión del incidente de falsedad de firmas de la demanda o recurso en amparo directo, esto es, que se otorga un margen de tiempo considerable para la promoción del incidente de falsedad.
Es decir, se otorga a los interesados un periodo procesal para que puedan proponer la objeción y un plazo para ofrecer los medios de prueba que consideren pertinentes para demostrar la falsedad planteada, y para la defensa de aquel a quien se atribuye la falsedad.
En efecto, no se otorga un plazo para promover la objeción o el incidente de falsedad respectivo, pues sólo se prevé que el periodo con que cuentan los promoventes vence, tratándose de amparo directo o su revisión, hasta antes de que el asunto se liste y, en el indirecto, hasta antes de que concluya la celebración de la audiencia constitucional, cuyos periodos varían por factores ajenos a la voluntad de las partes, pues se rigen conforme a las cargas de trabajo de cada órgano jurisdiccional.
Lo anterior pone de manifiesto que la intención que subyace es la protección del derecho de hacer valer la falsedad de documentos, tanto como de la correspondiente defensa, pues la única condición que al efecto se impone es que, concluido el periodo para promoverse -antes de que se liste el asunto y antes de que concluya la celebración de la audiencia constitucional-, se tramite en los plazos establecidos al efecto.
Esto es, la promoción del incidente se rige por periodos que no tienen fecha cierta, pues se va definiendo conforme a la agenda del órgano jurisdiccional; mientras que en la tramitación del incidente o de la objeción de falsedad correspondiente, se aplican plazos, entendidos como términos procesales legalmente establecidos.
Este tratamiento se justifica, dada la importancia y el impacto que pudiera tener la falsedad de firmas o de documentos, pues una vez analizados o valorados por el órgano resolutor, sin que se objetara y descartara su ilegalidad, podría considerarse que fue convalidado su contenido.
De ahí que, el margen de tiempo para promover la incidencia o la objeción de falsedad, es una cuestión de gran relevancia que debe quedar dilucidada antes de que el órgano jurisdiccional emita el pronunciamiento de fondo, por ser un presupuesto lógico de éste.
Lo hasta aquí expuesto permite concluir a la mayoría de los integrantes de este Tribunal Colegiado de Circuito, que si en el amparo indirecto, amparo directo y su revisión, el incidente y la objeción de falsedad se pueden promover en un periodo considerable, dicha oportunidad debe prevalecer tratándose del incidente de falsedad de firmas del recurso de revisión del amparo indirecto, en virtud de que privan las mismas razones, además de que no existe disposición normativa que lo regule, ni criterio jurisprudencial al respecto.
En opinión de la mayoría, la posibilidad de que el recurso de revisión en el amparo indirecto, pudiera haber sido suscrito por alguien diverso al legitimado para hacerlo, origina que se le dé el tratamiento previsto para el amparo directo o su recurso.
Lo anterior debido a que, de resultar fundado el incidente de falsedad de firmas del recurso de revisión, no existiría voluntad de quien instó el mecanismo judicial y, por ende, el órgano jurisdiccional no podría resolver los planteamientos propuestos en un escrito signado por quien no tiene legitimación.
Consecuentemente, dada la importancia y el impacto que generaría la falsedad de las firmas del recurso de revisión, para la mayoría de este tribunal, es indudable que debe otorgarse oportunidad a los interesados para promover el incidente, hasta antes de que el asunto se liste y que puedan ser oídos y sean ofrecidos los medios de prueba correspondientes.
En el caso, de las constancias de autos se advierte que el apoderado de la parte quejosa interpuso incidente de falsedad de firmas el catorce de marzo del dos mil diecisiete, según se advierte del sello de recepción de la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, mientras que el asunto se listó por primera vez el cinco de enero de dos mil dieciocho, según la certificación realizada por la secretaria de Acuerdos de este Tribunal Colegiado de Circuito. (fojas 35 y 289)
Como el incidente de falsedad de firmas planteado data de fecha anterior a la primera vez que fue listado este asunto para verse en sesión de once de enero del año en curso, se concluye que su promoción es oportuna y, por ende, debe resolverse de manera preferente al fondo del asunto.
Por otra parte, resulta oportuno destacar que la mayoría de este Tribunal Colegiado de Circuito, no desconoce la existencia de la diversa jurisprudencia P./J. 23/2016 (10a.), de título y subtítulo: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LA SIGUIENTE ACTUACIÓN EN QUE SE COMPAREZCA A PRESENTAR EL INCIDENTE RESPECTIVO, DEBE LLEVARLA A CABO EL INTERESADO DENTRO DEL TÉRMINO DE 3 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 297, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, CONTADO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE TUVO CONOCIMIENTO O SE OSTENTÓ SABEDOR DE LA ACTUACIÓN QUE TILDA DE IRREGULAR.", en donde se sostuvo por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el plazo para interponer un incidente de nulidad de notificaciones, es de tres días a partir de que el interesado tuvo conocimiento o se hizo sabedor de la diligencia impugnada.
Sin embargo, las consideraciones y el criterio adoptado en la referida jurisprudencia, versan sobre el incidente de nulidad de notificación, supuesto distinto al del incidente de falsedad de firmas, pues en la primera de las incidencias referidas, el artículo 68 de la Ley de Amparo establece que la oportunidad para promoverla es "en la siguiente actuación en que comparezca".
De ahí que el citado criterio se refiere a una hipótesis que sólo interpreta una disposición que expresamente regula la institución jurídica del incidente de nulidad de notificaciones; por tanto, es inaplicable para establecer la oportunidad del incidente en el que se pretende evidenciar la ausencia de voluntad del gobernado que interpone un recurso de revisión.
Finalmente, la mayoría de este Tribunal Colegiado de Circuito considera que no es aplicable en forma supletoria el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, que prevé que cuando la ley no señala término para la práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de un derecho, hay que estar al de tres días, como se indicó en la jurisprudencia P./J. 23/2016 (10a.), antes citada.
Lo anterior, en virtud de que la nulidad de notificación sólo tiene como objetivo anular la actuación practicada por el órgano jurisdiccional, que se considera contraria a lo establecido en la ley, dentro del plazo previsto para su ejercicio, en términos de lo establecido en el numeral 68 de la Ley de Amparo; mientras que, como se explicó previamente, el incidente de falsedad de firmas persigue demostrar la ausencia de voluntad, con la trascendente consecuencia que ello conlleva, respecto de la que no existe un término expresamente previsto por la ley de la materia.
NOVENO.-Este Tribunal Colegiado de Circuito considera innecesario transcribir las consideraciones que rigen la sentencia impugnada, y los agravios que hacen valer los recurrentes, en virtud de que previo al análisis del dictado de la sentencia de fondo, debe resolverse el incidente de falsedad de firmas, por lo que, atendiendo al sentido de la resolución, es innecesaria la transcripción de los segmentos antes mencionados.
DÉCIMO.-Seguidos los trámites procesales correspondientes al incidente de falsedad de firmas, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos a que se refiere el artículo 67 de la Ley de Amparo, y con apoyo en el numeral 92 del citado ordenamiento legal, se devolvieron los autos a la ponencia de la Magistrada Arcelia de la Cruz Lugo, a fin de que se resolviera el incidente planteado, en forma conjunta con el dictado de la sentencia.
DÉCIMO PRIMERO.-El expediente relativo al asunto que nos ocupa, no se encuentra en los supuestos de información reservada o confidencial a que se refieren los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, que entró en vigor al día siguiente de su publicación; en relación con el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en ese mismo medio de difusión el dos de abril de dos mil cuatro; y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, reformado y adicionado mediante Acuerdo General del Pleno de ese Consejo, publicado el cinco de diciembre del mismo año, en el mismo Diario Oficial; estos últimos dos ordenamientos, conforme a lo dispuesto por el artículo segundo transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
DÉCIMO SEGUNDO.-Este asunto se listó por primera vez el cinco de enero de dos mil dieciocho, para verse en sesión plenaria del once siguiente, en la cual se retiró.
Finalmente, este asunto se listó por segunda vez el doce de enero de dos mil dieciocho, para verse en la sesión del dieciocho de ese mismo mes y año; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Este Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, es competente para conocer y resolver del recurso, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 91 de la Ley de Amparo y 37, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y los límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, de veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero siguiente, reformado mediante Acuerdo General 42/2016 del mismo Pleno, de trece de julio de dos mil dieciséis, publicado en ese medio de difusión el doce de agosto siguiente; y Acuerdo General 45/2013, emitido por el Pleno de ese Consejo, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funcionamiento del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, y al cambio de denominación del Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo en el mismo Circuito y residencia, de trece de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de noviembre siguiente; en virtud de que se trata de un recurso de revisión interpuesto en contra de una sentencia dictada por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en auxilio del Juez Cuarto de Distrito en la Laguna, con residencia en esta ciudad, donde este Tribunal Colegiado de Circuito ejerce jurisdicción.
SEGUNDO.-Inconformes con la sentencia aludida, los terceros interesados, aquí recurrentes, interpusieron en su contra el recurso de revisión, cuyo conocimiento por materia y turno, correspondió a este Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, quien ordenó admitir tal medio de impugnación en acuerdo de presidencia de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, en razón de que el recurso de revisión se presentó en tiempo.
Lo anterior es así, porque la resolución que se combate se notificó el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, según foja quinientos noventa del juicio de amparo indirecto ********** y surtió sus efectos el uno de diciembre siguiente, lo anterior en términos del artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo.
El lapso de diez días para la interposición del recurso, transcurrió del dos al quince de diciembre del citado año; considerando como inhábiles los días que mediaron entre ambas fechas, el tres, cuatro, diez y once de diciembre de dos mil dieciséis, por corresponder a sábados y domingos.
Luego, si el recurso se presentó el siete de diciembre de dos mil dieciséis, foja cuatro del expediente en que se actúa, es obvio que se presentó en tiempo; esto es, dentro del plazo que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo.
TERCERO.-Por razón de técnica jurídica, procede resolver el incidente de falsedad de firmas **********, promovido por el quejoso **********, por conducto de su representante legal **********, derivado del amparo en revisión laboral **********, el cual se admitió a trámite mediante proveído de presidencia de este Tribunal Colegiado de Circuito de quince de marzo de dos mil diecisiete.
A consideración de este Tribunal Colegiado de Circuito, el citado incidente de falsedad de firmas resulta fundado, por las razones que a continuación se exponen.
En efecto, el artículo 143 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable de manera supletoria, en términos de lo señalado en el artículo 2o. de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente:
"Artículo 143. La prueba pericial tendrá lugar en las cuestiones de un negocio relativas a alguna ciencia o arte, y en los casos en que expresamente lo prevenga la ley."
Por su parte, el numeral 197 del citado código estatuye:
"Artículo 197. El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo."
A su vez, el artículo 211 de dicha legislación federal establece:
"Artículo 211. El valor de la prueba pericial quedará a la prudente apreciación del tribunal."
De los preceptos legales transcritos, se obtiene que la prueba pericial tendrá lugar en las cuestiones de un negocio, relativas a alguna ciencia o arte; que el tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; y, que el valor de la prueba pericial quedará a la prudente apreciación del tribunal.
De lo que se sigue, que los peritos son simples auxiliares de la autoridad jurisdiccional en la función de administrar justicia, pues la esencia de su intervención radica en la apreciación de las circunstancias de los hechos mismos y de ninguna manera en la decisión jurídica del caso de que se trata, ya que ésta es de la exclusiva competencia del juzgador; o sea, que el órgano judicial puede auxiliarse con los dictámenes periciales, pero en ningún momento puede quedar sujeto a los mismos para sentenciar.
Por tanto, para que un dictamen pericial pueda ser estimado por el juzgador, debe ser auténticamente ilustrativo, pues lo que en éste se indique ha de ser accesible o entendible para el órgano jurisdiccional del conocimiento, de manera que eficazmente constituya un auxilio para resolver; además, para que produzca efectos legales, debe cumplir con los requisitos que la ley le imponga, pues de no cumplirlos, será una prueba imperfecta.
De igual forma, resulta conveniente precisar que la eficacia probatoria de los dictámenes depende de que estén debidamente fundados; esto es, que sean claros en la exposición, método e instrumentos utilizados, que exista coherencia en el desarrollo y congruencia con las conclusiones; en resumen, que todo ello genere convicción en el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, exponiendo los fundamentos de su valoración y decisión.
En ese contexto, para determinar en un procedimiento judicial si la firma impugnada de falsa es o no original de una persona (autógrafa), no basta la simple comparación que realice el juzgador de esa firma con otra atribuida a la misma mano, sino que es necesario llevar a cabo la verificación de su falsedad o autenticidad, mediante prueba pericial grafoscópica que se aporte al sumario, ya que aunque la diferencia en la firma pudiera resaltarse con una mera observación superficial, mediante la prueba señalada se puede determinar si fue estampada por la persona a quien se considera autora, o bien, por otra distinta.
Así, la prueba pericial es una actividad procesal desarrollada por personas ajenas al sumario, especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos o científicos, mediante la cual se suministran al juzgador argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos, cuya percepción o entendimiento escapa a las aptitudes del común de la gente; lo anterior, en virtud de que el juzgador es un técnico en derecho, pero carece generalmente de conocimientos sobre otras ciencias y sobre otras artes o actividades que requieren de un estudio especializado o larga experiencia; de ahí que se vea en la necesidad de recurrir al auxilio de expertos (peritos), para verificar hechos o determinar condiciones especiales, al rendir el dictamen correspondiente.
Ahora bien, en el caso que nos ocupa, de los dictámenes periciales emitidos por los peritos propuestos por las partes y el oficial designado por este Tribunal Colegiado de Circuito, se aprecia de sus conclusiones, que las firmas que aparecen en el escrito relativo al recurso de revisión que nos ocupa, no fueron puestas por el puño y letra de los terceros interesados, hoy recurrentes.
Para una mayor claridad del asunto, se analizarán por separado las consideraciones de los peritos en lo que atañe a cada uno de los demandados incidentales.
A continuación se examinan las consideraciones vertidas por los especialistas, respecto del demandado incidental **********.
1. El perito **********, propuesto por el quejoso, aquí actor incidental, señaló lo siguiente:
"I. Al proceder con el análisis directo de la firma dubitable que se atribuye al C. ********** que aparece plasmada en el escrito de interposición del recurso de revisión cuestionado, nos encontramos ante una firma de las llamadas semi-legible, ya que sólo es posible leer algunos de sus elementos literales que la componen, la cual, de acuerdo con algunos tratadistas, la clasifican como del tipo ‘inacabada o incompleta’ que es cuando los trazos son incompletos en virtud de que las trayectorias no están terminadas y finalizan en trazos imperfectos e ilegibles, la cual se describe de la siguiente manera: Su primer movimiento se hace consistir al iniciar con una figura desligada que representa la letra inicial del nombre de pila ‘F’ **********, que se hace consistir en la letra ‘F’ mayúscula con letra tipo de molde o imprenta, éste se trata de un modelo inglés caligráfico caracterizado por la tendencia a realizar los formatos de las letra (sic) con los modelos precisamente tendientes a imitar los tipos o letras de imprenta, las cuales generalmente se presentan desligados y yuxtapuestos, la cual tiene como característica personalísima de que la realiza en tres tiempos mediante igual número de líneas rectas posicionadas, la primera en diagonal descendente cargada hacia la izquierda, la segunda en diagonal ascendente cargada hacia la derecha y posicionada en forma centrada sobre la cima del movimiento inicial o de ataque y la tercera y última también en diagonal ascendente cargada hacia la derecha pero en este caso posicionada en la parte central de la trayectoria inicial provocando un entrecruzamiento, el cual remata en forma prolongada hacia la extrema derecha en donde suspende su trayectoria al llegar a las líneas correspondientes del segundo movimiento, el cual consiste en la elaboración de las trayectorias que corresponden a la letra ‘B’ mayúscula con letra tipo de molde o imprenta, realizada en tres movimientos consistentes en la elaboración de una línea descendente en diagonal cargada hacia la izquierda que remarca en forma ascendente, toda vez que se aprecia un levantamiento de bolígrafo y posteriormente plasmar uniendo las clásicas trayectorias con las características del número ‘3’ que al enlazarla o unirla con la línea de inicio, nos arroja el resultado del efecto de la formación de dicha consonante, la cual también se caracteriza por el hecho de que el ejecutor prolonga su remate (visible en la parte inferior) hacia la extrema izquierda, el cual culmina con una figurilla en forma de gancho, haciendo notar que dicho elemento gráfico se encuentra afectado de una serie de remarcaciones que aparecen en forma discreta al lado derecho de la trayectoria de ataque y en la parte inferior de la línea de remate.-Posteriormente procede al estampamiento de la letra ‘C’ mayúscula de tipo imprenta, la cual realiza en un solo tiempo y se caracteriza por el hecho de que utiliza mucho menos dimensiones a las que venía utilizando en los elementos gráficos que le anteceden y que su posicionamiento aparece flotando, toda vez que se desprende totalmente del alineamiento básico inferior y que además la abertura de sus trazos inicial y final aparece casi convirtiéndolo en una figura circular a punto de cerrar su inicio con la línea de remate la cual en su interior se encuentra invadido por la línea horizontal que forma parte del elemento gráfico subsecuente.-Continuando con el presente análisis, el ejecutor procede al estampamiento del elemento gráfico ‘H’ el cual se realiza en tres tiempos y se caracteriza por el hecho de que el ejecutor utiliza menores dimensiones en la línea vertical diagonal de ataque visible en su extrema izquierda a diferencia de la clásica línea paralela que aparece en la extrema derecha y que además su tercer movimiento que realiza en forma horizontal y posiciona en la parte central de dichas paralelas, resulta que lo inicia prácticamente en el interior de la letra que le antecede para posteriormente realizar el cruce de las líneas paralelas con las que se provoca la formación del elemento gráfico que nos ocupa, siendo que también en el caso aparece una remarcación en la parte izquierda de la línea paralela posicionada en la extrema derecha y enseguida realiza el estampamiento de lo que pudiera interpretarse como la letra (i) pero elaborada con letra mayúscula, esto es, mediante una simple línea descendiente la cual en se (sic) presenta con ondulaciones y remarcada en forma por demás visible, agregándosele dos pequeñas líneas transversales que aparece (sic) posicionadas en la cima en la parte inferior.-Finalmente, se procede al estampamiento de una figura en convexa y que es lo que supone obedecer al elemento gráfico ‘O’ la cual también aparece plasmada utilizando menores dimensiones a las de las figuras iniciales y también se caracteriza porque su posicionamiento aparece sin respetar el alineamiento superior, toda vez que aparece en un nivel más bajo que el resto de los elementos gráficos que le antecedieron, para finalmente plasmar un agregado consistente en una simple trayectoria en línea recta colocada en la parte inferior de los movimientos antes descritos que inicia en la extrema izquierda del cajón y que recorre toda la parte del alineamiento inferior hasta sobrepasar la alineación del último elemento gráfico posicionado en su extrema derecha.-Ahora bien, al realizar un estudio de la firma cuestionada, se observa que ésta presenta rasgos de inseguridad, los cuales son tremoces, acumulaciones de tinta, falta de presión muscular, retenciones, levantamientos de instrumento escribiente (bolígrafo), etc., (observar gráficas), mismas que son atribuibles a las características de la escritura de un ejecutor falsario y que éste, además, carece de habilidad para imitar la escritura, en virtud de las dificultades que presenta al intentar realizar en forma conservadora las trayectorias imitadas y además de que no aparecen plasmadas de manera fluida, natural y espontánea, precisamente por su falta de habilidad y seguridad, lo anterior en virtud de que la firma dubitable, en lo que se refiere a los elementos que tienen el carácter de automatismos, no tienen ninguna relación morfológica con los grafismos de cotejo."
Además, el citado profesionista destacó las diferencias existentes entre la firma impugnada y las auténticas en los cuadros comparativos que a continuación se reproducen:
Ver cuadros comparativos 1
También, el citado perito anexó a su dictamen diversas fotografías, en las que destacó los ángulos y las diferencias morfológicas antes señaladas.
Para mayor claridad, a continuación se digitaliza parte del material fotográfico anexado al dictamen, en el que se señalan las diferencias a que se hace alusión en la opinión técnica del citado perito.
Ver digitalización de parte del material fotográfico 1
2. El perito **********, designado por este Tribunal Colegiado de Circuito, en representación de los intereses del demandado incidental, señaló lo siguiente:
"Peritaje en grafoscopia para **********: En primer lugar hay que resaltar que el ángulo de abertura de las primeras tres firmas es muy semejante, esto como se indica en el anexo 1, ese ángulo es muy amplio y guarda una proporción muy semejante, lo anterior a pesar de provenir o haber sido estampadas, ‘al parecer’ por distintas personas, así las cosas... En el anexo 2 tenemos a manera ilustrativa las 10 firmas indubitables estampadas por el C. **********, y en la parte alta y al centro la firma dubitada que se atribuye a esta persona, sin embargo a simple vista se observa la diferencia de abertura de los ángulos que componen la firma dubitada y los ángulos que componen las 10 firmas indubitables, asimismo se señalan con indicativos en color rojo, los idiotismos gráficos, únicos en cada persona, y que en este caso difieren considerablemente entre los de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27758-7baca8d0/incidente-de-falsedad-de-firmas-del-recurso-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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