Corpus
Modo: Corpus Pro

I. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA. FASES QUE LO COMPONEN. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL EN MATERIA ELECTORAL. LOS ARGUMENTOS TENDENTES A DEMOSTRAR LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL CUAL DERIVARON LAS NORMAS IMPUGNADAS DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER UN EFECTO DE INVALIDACIÓN TOTAL DE AQUÉLLAS, QUE HAGA INNECESARIO SU ESTUDIO. III. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA. EN EL RAMO DE JUSTICIA, LA PRESENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO PERMITE CUMPLIR CON EL FIN DEL ARTÍCULO 45 DE LA CONSTITUCIÓN DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, QUE FACULTA A ESE TRIBUNAL PARA NOMBRAR A UN REPRESENTANTE PARA QUE ASISTA A LAS SESIONES RESPECTIVAS (VICIO EN EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE REFORMA AL ARTÍCULO 24, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA, CONSISTENTE EN LA OMISIÓN DE CITAR AL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE ESA ENTIDAD PARA PRESENTAR OBSERVACIONES). IV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE COLIMA. LA OMISIÓN DE CITAR AL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA ENTIDAD A LA SESIÓN DEL CONGRESO LOCAL DONDE SE DISCUTIÓ LA REFORMA LEGAL IMPUGNADA Y LA CONSECUENTE AUSENCIA DE SUS REPRESENTANTES, CONSTITUYEN UN VICIO PROCEDIMENTAL SIN POTENCIAL INVALIDATORIO (VICIO EN EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE REFORMA AL ARTÍCULO 24, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA, CONSISTENTE EN LA OMISIÓN DE CITAR AL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE ESA ENTIDAD PARA PRESENTAR OBSERVACIONES). V. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA. LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE HACER PÚBLICAS, VIDEOGRABAR Y TRANSMITIR EN VIVO LAS SESIONES DE DELIBERACIÓN, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS EN QUE SE VENTILE INFORMACIÓN Y ASUNTOS CUYA PUBLICIDAD ESTÁ PROHIBIDA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 24, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY ORGÁNICA QUE LO REGULA, RECAE EN AQUEL ÓRGANO DEL ESTADO (ARTÍCULOS 24, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA, Y SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 57, PUBLICADO EL PRIMERO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS). VI. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA. LA OMISIÓN DEL LEGISLADOR DE PREVER EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA IMPLEMENTAR LA OBLIGACIÓN DE HACER PÚBLICAS, VIDEOGRABAR Y TRANSMITIR EN VIVO LAS SESIONES DE DELIBERACIÓN, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS EN QUE SE VENTILE INFORMACIÓN Y ASUNTOS CUYA PUBLICIDAD ESTÁ PROHIBIDA, NO ES INCONSTITUCIONAL, YA QUE PUEDEN APROBARSE EROGACIONES ADICIONALES A LAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN VIGOR (ARTÍCULOS 24, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA, Y SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 57, PUBLICADO EL PRIMERO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS). VII. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA. LA OBLIGACIÓN DE HACER PÚBLICAS, VIDEOGRABAR Y TRANSMITIR EN VIVO LAS SESIONES DEL PLENO Y LAS SALAS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA NO TRANSGREDE SU AUTONOMÍA NI LA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL (ARTÍCULOS 24, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA, Y SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 57, PUBLICADO EL PRIMERO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS). VIII. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. PRINCIPIOS QUE LO RIGEN (ARTÍCULOS 24, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA, Y SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 57, PUBLICADO EL PRIMERO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS). IX. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA. LA PUBLICIDAD, VIDEOGRABACIÓN Y TRANSMISIÓN EN VIVO DE LAS SESIONES ES COMPATIBLE CON LA NO PUBLICIDAD DE LA INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL, DE LOS DOCUMENTOS QUE CONSTAN EN EL EXPEDIENTE Y DE LAS SENTENCIAS HASTA QUE SEAN DEFINITIVAS (ARTÍCULOS 24, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA, Y SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 57, PUBLICADO EL PRIMERO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 35/2016. · Registro digital (IUS): 27773
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2018-04-27
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, Pág. 265.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 35/2016. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA. 31 DE AGOSTO DE 2017. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: ROBERTO NIEMBRO ORTEGA.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Presentación de la demanda, autoridades demandadas y acto impugnado. Por escrito presentado el veintinueve de marzo de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, por conducto de Rafael García Rincón, José Alfredo Jiménez Carrillo, Ma. Concepción Cano Ventura, Juan Carlos Montes y Montes, María Luisa Ruiz Corona, Jorge Magaña Tejeda, Miguel García de la Mora, Rocío López Llerenas Zamora, Bernardo Alfredo Salazar Santana y María del Rocío Valdovinos Anguiano, promovió controversia constitucional, en la que señaló como autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Colima, y solicitó la invalidez del artículo 24, tercer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, reformado mediante Decreto 57, publicado el primero de marzo de dos mil dieciséis.

De la lectura de los conceptos de invalidez, también se advierte que combate el artículo segundo transitorio de dicho decreto.

SEGUNDO.-Antecedentes. En el escrito de demanda, se narraron, en síntesis, los siguientes antecedentes:

1. Mediante los oficios 2875/2014, de veintiséis de agosto de dos mil catorce, y 433/015, de diecinueve de agosto de dos mil quince, se turnaron a la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes dos iniciativas con exposiciones de motivos y proyectos de decreto, una de ellas, la de la diputada Gina Araceli Rocha. Realiza una transcripción de la iniciativa de la diputada citada.

2. La comisión dictaminadora conoció de la referida iniciativa y la declaró fundada y motivada. Realiza una transcripción de los argumentos de la comisión dictaminadora que conoció de la iniciativa.

3. El Congreso del Estado de Colima expidió el Decreto 57, mediante el cual reformó el párrafo tercero del artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima. Realiza una transcripción de dicho decreto.

4. Dicho decreto fue publicado y circulado por el gobernador del Estado de Colima el primero de marzo del dos mil dieciséis en el Periódico Oficial del Estado de Colima.

TERCERO.-Conceptos de invalidez. El Poder actor esgrimió conceptos de invalidez aduciendo violaciones de forma y de fondo, consideró que la norma impugnada transgrede los artículos 16, primer párrafo, 17 y 116 de la Constitución General, en relación con los artículos 20, primer y tercer párrafos, 67 y 74, fracción V, de la Constitución Política del Estado de Colima, y 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima. Argumentó, en síntesis, lo siguiente:

1. Violaciones de forma.

La creación de la norma impugnada no cumplió con el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, violando también los artículos 16, primer párrafo, y 116 de la Constitución General. Ello, en virtud de que la materia de la reforma se refiere al ramo judicial, pues se trata de un ordenamiento jurídico que rige la estructura, atribuciones y deberes de los integrantes del Poder Judicial Local. Por lo anterior, señala que, de acuerdo con el artículo 45, se debió dar aviso al Poder Judicial del día de la discusión de la iniciativa respectiva, entregarse copia del proyecto a sesionar y darle la oportunidad para formular las observaciones respectivas si las tuviere.

Señala que únicamente el cinco de febrero de dos mil dieciséis, se tuvo una reunión de trabajo con las licenciadas Wendy Lizbeth García Nava, representante del Poder Judicial y Rosa Esther Pucheta Guzmán, coordinadora general de Administración del Sistema Penal Acusatorio del Poder Judicial, de acuerdo con el artículo 159 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima.

Aduce que el Poder Judicial únicamente tuvo oportunidad de asistir a una reunión de trabajo, pero no de realizar observaciones. Que el Poder Legislativo omitió darle aviso de la discusión de la iniciativa con lo cual violó su autonomía e independencia.

Que la comisión dictaminadora adicionó a la iniciativa la obligatoriedad de que las sesiones del Pleno y de las Salas sean transmitidas en vivo por medios de comunicación como televisión o Internet sin realizar un estudio previo que justifique dicha adición. Esto transgrede el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y, por ende, la subsecuente aprobación está viciada de origen.

2. Violaciones de fondo.

El actor estima violada su autonomía e independencia con la expedición del artículo impugnado. Cita los artículos 20, primer párrafo, 67 y 74, fracción V, de la Constitución Local y 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, en cuanto al funcionamiento de dicho Poder y los principios de autonomía e independencia que lo rigen. Señala que el artículo segundo transitorio del Decreto 57 prevé que el Poder Judicial del Estado debía cumplir con la reforma al artículo 24 de la ley orgánica de dicho Poder.

Posteriormente, cita el diverso Decreto 405, de ocho de noviembre de dos mil catorce, mediante el cual se expidió la referida ley, específicamente el artículo 24 que establecía la videograbación de las sesiones; además citó los transitorios segundo, séptimo, octavo, noveno y vigésimo primero, los cuales regulan aspectos presupuestales para la implementación de la reforma impugnada. Precisó que las grabaciones de las sesiones estaban suspendidas, pues en los presupuestos de egresos no se habían aprobado los recursos para efectuarlas.

Argumenta que con la norma impugnada no se garantiza la autonomía e independencia judicial, en virtud de que no se le hizo saber al Poder Judicial Local la forma en la que se implementó la reforma y que existe regresividad, al no asignar presupuesto necesario para acatar dicha reforma. Estima que ello lo subordina a los demás Poderes.

Precisa que la norma impugnada viola su autonomía e independencia económica, porque impone una carga obligatoria sin la previa asignación de recursos para cumplirla. Por lo cual, estima transgredido el artículo 116, fracción III, de la Constitución General.

Asimismo, hizo referencia a los artículos 11, 13, 25, 26 y 30 del Decreto 67, publicado el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, mediante el cual se expidió el Presupuesto de Egresos, que prevé el presupuesto del Poder Judicial. Expuso que este decreto no asignó presupuesto para el cumplimiento del Decreto 57. Menciona que ello se corrobora con el oficio 018/2016 de la Contraloría Interna del tribunal, mediante el cual, se informó, al Pleno sobre el cierre del ejercicio contable presupuestal del ejercicio fiscal dos mil quince. Transcribe cantidades y conceptos(1) y menciona diversas cantidades relativas al ejercicio fiscal dos mil quince y transferencias adicionales a las aprobadas en favor del tribunal para cumplir con sus funciones.

El actor reitera que está subordinado al estar obligado a acatar la reforma en el término de treinta días sin contar con las bases que para ello lo llevaría al detrimento de la administración de justicia y sus principios de expeditez y gratuidad previstos en el artículo 17 de la Constitución General.

Por otra parte, aduce que las actividades jurisdiccionales y administrativas del tribunal contienen información reservada y confidencial, así como datos sensibles y personales, la cual no puede ser pública ni transmitirse en vivo, de acuerdo con el artículo 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Al respecto, cita los artículos 6o. de la Constitución General; 1o., fracciones III y IV, y 1 Bis de la Constitución Local; y 3, fracciones IV, V, VI y IX, 11, 34, 37, 38, 39, fracciones II, III y IV, 40, 44, 46 y 47 de la Ley de Transparencia «y Acceso a la Información Pública Gubernamental» del Estado de Colima.

Concreta su argumento y explica que el artículo impugnado viola el principio de autonomía de deliberar sin presión ni entorpecimientos los asuntos de su conocimiento, tanto en materia administrativa como jurisdiccional en las sesiones llevadas ante el Pleno del Tribunal y de las Salas, protegiendo la información confidencial y reservada relativa a los datos sensibles y personales que pueda contener. También estima que viola el derecho humano a acceso a la información pública, respecto a los datos personales, sensibles, documentos, información confidencial y reservada, hasta en tanto causen estado los procedimientos relativos.

CUARTO.-Artículos constitucionales que el actor aduce violados. Los preceptos que se indicaron como vulnerados son los artículos 16, primer párrafo, 17 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO.-Radicación y turno. Mediante acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, el Ministro presidente Luis María Aguilar Morales formó y registró el asunto como controversia constitucional 35/2016, y lo turnó al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como instructor del procedimiento.

SEXTO.-Acuerdo de admisión. Por acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, el Ministro instructor admitió a trámite la controversia constitucional 35/2016, tuvo al Poder Judicial designando delegados, ofreciendo pruebas y le requirió señalar domicilio en la Ciudad de México. Tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Colima y les requirió dar contestación a la demanda y señalar domicilio para oír y recibir notificaciones. Además, ordenó dar vista a la entonces procuradora general de la República a fin de que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SÉPTIMO.-Certificación. El veintiuno de abril de dos mil dieciséis el secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad certificó que el plazo de treinta días hábiles concedido a las autoridades demandadas para dar contestación a la demanda transcurrió del martes diecinueve de abril al martes treinta y uno de mayo del dos mil dieciséis.

OCTAVO.-Contestaciones a la demanda. Por escrito presentado el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis en la Oficina de Correos del Estado de Colima y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte el ocho de junio del mismo año, el Poder Ejecutivo de Colima dio contestación a la demanda. Por escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil dieciséis en la Oficina de Correos del Estado de Colima y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte el ocho de junio del mismo año, el Poder Legislativo de Colima dio contestación a la demanda. En síntesis, contestaron lo siguiente:

1. Poder Ejecutivo.

Señaló que es cierto el acto identificado en el punto cuatro de la demanda; sin embargo, dijo que se emitió conforme a los artículos 58, fracciones II y XVI, de la Constitución Local, y 2, 3 y 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. Argumentó que el actor no controvirtió la actuación del Poder Ejecutivo por vicios propios.

Respecto de los argumentos sobre las violaciones formales adujo que el proceso de creación de normas implica una colaboración entre Poderes. De acuerdo con los artículos 44 y 45 de la Constitución Local, los Poderes Ejecutivo y Judicial tienen derecho de nombrar a un representante para que sin voto asista a las sesiones del Congreso; por otra parte, el artículo 159 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado reglamenta el derecho de participación y opinión en la discusión legislativa.

Argumentó que aun en el supuesto de que resultaran fundados los conceptos de invalidez, éstos serían inoperantes pues nada práctico sería declarar la invalidez de la norma impugnada dado que el Decreto 57 fue aprobado por unanimidad de veinticuatro diputados en la sesión de diez de febrero de dos mil dieciséis.

En cuanto a las supuestas violaciones de fondo, mencionó que la norma impugnada no contraviene los principios del artículo 116, fracción III, constitucional, pues si bien establece nuevas cargas administrativas al actor, lo cierto es que pueden ser atendidas mediante ampliaciones y transferencias con las partidas presupuestales que le fueron asignadas para el presente ejercicio fiscal. Lo cual es reconocido por el actor a foja 33 de su demanda.

Señala que en el artículo 11 del Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2016, publicado mediante Decreto 67, se aprobó para el Poder Judicial la cantidad de $185'878,250.00 (ciento ochenta y cinco millones, ochocientos setenta y ocho mil doscientos cincuenta pesos 00/100, moneda nacional) a nivel de capítulo de gasto, por lo que -estima- cuenta con recursos para dar cumplimiento a la norma impugnada.

Refiere que el monto presupuestal asignado al Poder Judicial Local para el año 2015, es superior al que se le asignó originalmente y bajo la ampliación para el ejercicio fiscal inmediato anterior. De ello presume que se trata de un monto suficiente para que realice sus funciones.

2. Poder Legislativo.

Respecto a las supuestas violaciones de forma, el Poder Legislativo narró que el primero de diciembre de dos mil quince solicitó, por conducto del director jurídico del Congreso que se informara al Magistrado presidente del tribunal los motivos procesales de la propuesta de reformar el artículo 217 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima.

Que el dos de diciembre de dos mil quince, para dar cumplimiento al artículo 159 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el diputado Luis Humberto Ladino Ochoa informó al Magistrado presidente del tribunal que en la sesión programada para el ocho de diciembre de dos mil quince, a las once horas, se enlistó en la orden del día el dictamen relativo a las reformas de diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Que el cuatro de febrero de dos mil dieciséis, el mismo diputado, mediante oficio citó al Magistrado presidente a la reunión de trabajo que se celebraría a las doce horas del día cinco de febrero del año en curso.

Por último, señaló que en lugar de que acudiera el presidente del tribunal, designó como representantes del Poder Judicial a las licenciadas Wendy Lizbeth García Nava y Rosa Esther Pucheta Guzmán. Señaló que no fue objetada la iniciativa de ley por el tribunal actor y que fue aprobada por veintitrés votos a favor.

En cuanto a las supuestas violaciones de fondo argumentó que el que sean públicas las sesiones del Tribunal de Justicia no viola el principio de autonomía e independencia judicial, ya que el que tenga acceso la ciudadanía a las mismas tanto físicamente como mediante videograbaciones o transmisión en vivo, también es un derecho inviolable. Considera que lo que busca el tribunal es ocultar a la ciudadanía su actuar y que el Internet permite transmitir sin costo las sesiones, las cuales se pueden videograbar con cualquier dispositivo, además de que las Salas de juicio oral cuentan con equipos de video.

NOVENO.-Fijación de la fecha de audiencia. Mediante el acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, el Ministro instructor fijó como fecha de audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos las nueve horas con treinta minutos del jueves seis de octubre de dos mil dieciséis.

DÉCIMO.-Cierre de la instrucción. Agotado el trámite respectivo, el seis de octubre de dos mil dieciséis, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General, y se señaló que se procedería a la elaboración del proyecto de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, emitido el trece de mayo de dos mil trece, por tratarse de una controversia constitucional entre los Poderes del Estado de Colima, en la que se combaten normas de carácter general.

SEGUNDO.-Fijación de los actos impugnados y determinación de su existencia. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) se procede a la fijación de los actos objeto de la controversia y a la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados.

El Poder Judicial del Estado de Colima solicitó la invalidez del artículo 24, tercer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, reformado mediante Decreto 57, publicado el primero de marzo de dos mil dieciséis. De la lectura de los conceptos de invalidez, también se advierte que combate el artículo segundo transitorio de dicho decreto.

Dicho decreto fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Colima el primero de marzo de dos mil dieciséis, por lo que se tiene por demostrada su existencia.

Por otra parte, si bien en el acuerdo de admisión de demanda de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, se tuvo como acto impugnado el Decreto 67, que contiene el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2016, lo que en realidad impugna la parte actora es el artículo segundo transitorio del decreto impugnado.

TERCERO.-Oportunidad. El artículo 21, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia(3) señala que tratándose de normas generales, el plazo para la promoción de la demanda será de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.

En el caso, se impugna el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, reformado mediante Decreto 57, el cual se publicó el primero de marzo de dos mil dieciséis en el Periódico Oficial del Estado de Colima, por lo que el plazo de treinta días para promover la controversia constitucional transcurrió del miércoles dos de marzo al martes diecinueve de abril de dos mil dieciséis, debiéndose descontar los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis, veintisiete de marzo, así como los días dos, tres, nueve, diez, dieciséis y diecisiete de abril por corresponder a sábados y domingos; de igual forma se descuentan de los días veintiuno a veinticinco de marzo por tratarse de días inhábiles. De ahí que al haberse presentado el veintinueve de marzo de dos mil dieciséis,(4) la demanda resulta oportuna.

Lo anterior con fundamento en los artículos 2o. de la ley reglamentaria de la materia,(5) 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(6) y el punto primero, incisos a), b), c) -en relación con la fracción III del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo-,(7) f) y n) -en relación con el acuerdo adoptado por el Tribunal Pleno en sesión privada de dos de febrero de dos mil dieciséis-, del Acuerdo General Número 18/2013.(8)

CUARTO.-Legitimación activa. La presente controversia constitucional fue promovida por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, en quien está depositado el Poder Judicial Local de acuerdo con el artículo 67 de la Constitución Local.(9) Luego entonces, conforme al artículo 105, fracción I, inciso h), de la Constitución General,(10) dicho órgano está legitimado para promover el presente medio de control constitucional.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia,(11) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.

En el caso, la demanda de controversia constitucional fue suscrita por Rafael García Rincón, José Alfredo Jiménez Carrillo, Ma. Concepción Cano Ventura, Juan Carlos Montes y Montes, María Luisa Ruiz Corona, Jorge Magaña Tejeda, Miguel García de la Mora, Rocío López Llerenas Zamora, Bernardo Alfredo Salazar Santana y María del Rocío Valdovinos Anguiano como integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, quienes acreditaron su carácter de Magistrados propietarios mediante copia certificada de sus nombramientos.(12) En términos del segundo párrafo del artículo 68 de la Constitución Local,(13) el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia tiene a su cargo la representación jurídica del Poder Judicial.

Cabe hacer mención que el Pleno del Tribunal se integra por lo menos de diez Magistrados propietarios, de los cuales uno fungirá como presidente, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima.(14)

Consecuentemente, los diez Magistrados propietarios que promovieron el presente medio de control constitucional tienen la representación jurídica del Poder Judicial, el cual está integrado, entre otros órganos, por el tribunal actor, por lo que, en términos de los artículos 21 y 23, fracción II,(15) de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima y 68, párrafo segundo, de la Constitución Estatal, tienen la representación del mismo.

QUINTO.-Legitimación pasiva. El Poder Ejecutivo del Estado de Colima compareció por conducto de Andrés Gerardo García Noriega, quien se ostentó como consejero jurídico del Gobierno del Estado de Colima, quien acreditó su personalidad mediante copia certificada de su nombramiento, por lo que, mediante acuerdo de diez de junio de dos mil dieciséis se le tuvo por presentado.

El Poder Ejecutivo tiene legitimación pasiva, pues al habérsele atribuido la promulgación de las normas impugnadas, se le tuvo como autoridad demandada en la presente controversia constitucional, conforme al artículo 105, fracción I, inciso h), de la Constitución General.(16) Ahora bien, el consejero jurídico tiene la representación de dicho Poder, en términos de los artículos 65 de la Constitución Local(17) y 38, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima.(18)

El Poder Legislativo del Estado de Colima, también tiene legitimación pasiva, pues al habérsele atribuido la expedición de las normas impugnadas, se tuvo como autoridad demandada en la presente controversia constitucional conforme al artículo 105, fracción I, inciso h), de la Constitución General.(19)

Por otra parte, compareció por conducto de Crispín Guerra Cárdenas, diputado integrante de la LVIII Legislatura del Estado de Colima, quien demostró su calidad de diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso con la copia certificada del acta de sesión pública ordinaria número 05 (cinco) de veintiséis de enero de dos mil dieciséis.(20)

El presidente de la mesa directiva tiene la representación del Congreso Local en el presente asunto, ello con fundamento en el artículo 42, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima.(21)

SEXTO.-Causas de improcedencia. Las autoridades demandadas no hicieron valer causas de improcedencia, tampoco se advierte alguna de un estudio oficioso, por lo que a continuación, se estudiarán los conceptos de invalidez formulados por el tribunal actor.

SÉPTIMO.-Antecedentes legislativos. Dicho lo anterior, se procede a relatar los antecedentes del procedimiento legislativo que dieron origen al Decreto 57, mediante el cual se reformaron diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima:

I. Iniciativa de reforma presentada por la diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, presentada el veintiséis de agosto de dos mil catorce, relativa a los artículos 6, 17, fracciones IV, XXV y XXVI, y 22, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la cual se le dio lectura en la sesión de la Legislatura celebrada ese mismo día.(22) El tema abordado es la publicidad y divulgación de información relativa a las funciones desempeñadas por el Poder Judicial, de su desempeño y sus resultados, con el fin de transparentar su gestión, rendir cuentas y garantizar el acceso a la información. En esencia, pretende implementar la publicidad, videograbación y difusión de las sesiones del Pleno y las Salas del Supremo Tribunal, y que las resoluciones definitivas que impongan sanciones a servidores públicos sean de acceso general.

II. Iniciativa de reforma al artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, presentada por la diputada Gina Aracely Rocha Ramírez, el veintiocho de agosto de dos mil catorce, la cual contiene una exposición de motivos y proyecto de decreto.(23)

III. Iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, presentada por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y recibida en el Congreso Local el dieciocho de agosto de dos mil quince. Dicha iniciativa contiene la exposición de motivos y un proyecto de decreto. En ella se propone reformar el primer párrafo y la fracción III del artículo 41; adicionar una fracción en el apartado A para recorrer la actual fracción VII, reformar las fracciones I y VII, derogar las fracciones III, IV y IV (sic), y adicionar un último párrafo en el apartado C del artículo 42; adicionar dos fracciones, recorriendo la actual fracción XXIV del artículo 131; derogar las fracciones IV y V del artículo 133; reformar la fracción VIII del artículo 135; reformar la fracción II del artículo 143; derogar la fracción X del artículo 149; reformar la fracción V del artículo 155 y reformar el primer párrafo del artículo 217 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Cabe resaltar que no propuso reformar el artículo 24 ahora impugnado.(24)

IV. Oficio número 4332/015, de fecha de diecinueve de agosto de dos mil quince, firmado por los diputados Francis Anel Bueno Sánchez y José Donaldo Ricardo Zúñiga, dirigido a diputados integrantes de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes.(25) En dicho oficio se hace referencia al diverso oficio número PSTJ/50/2015, de fecha cinco de agosto del mismo año, firmado por los Magistrados integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, a través del cual remiten una iniciativa de reforma de diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima.

V. Correo electrónico de Juana Hernández Horta, dirigido a los diputados integrantes de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, de fecha veinte de agosto de dos mil quince. El correo señala que remite el oficio número PSTJ/50/2015, de fecha cinco de agosto del mismo año firmado por los Magistrados integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, a través del cual remiten una iniciativa de reforma de diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima.(26)

VI. Oficio número 2944/014, dirigido a los diputados integrantes de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, y firmado por los diputados Óscar A. Valdovinos Anguiano y Gabriela Benavides Cobos. En dicho oficio se señala que con fundamento en los artículos 45, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 48 de su reglamento, se turna por correo electrónico la iniciativa de reforma al artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, presentada por la diputada Gina Araceli Rocha Ramírez.(27)

VII. Correo electrónico enviado por Juana Hernández Horta a los diputados integrantes de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes el veintinueve de agosto de dos mil catorce. En dicho correo les remite la iniciativa de la diputada Gina Araceli Rocha Ramírez que propone reformar el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de fecha veintiocho de agosto de dos mil catorce.(28)

VIII. Oficio número 3084/2015, de dieciocho de noviembre de dos mil quince, firmado por el Magistrado presidente del tribunal y dirigido a los diputados secretarios integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura.(29) Se refiere a la iniciativa de ley presentada por dicho Poder, la cual fue sometida a consideración de los integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura, mediante oficio número PSTJ/50/2015, de cinco de agosto de dos mil quince. Por lo anterior, hace de su conocimiento el interés de los Magistrados para que se apruebe dicha iniciativa de reforma.

IX. Oficio número 410/015, dirigido a los diputados integrantes de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, firmado por los diputados Crispín Guerra Cárdenas y Leticia Zepeda Mesina, con fecha de veintisiete de noviembre de dos mil quince.(30) En dicho oficio hacen referencia a una sesión pública ordinaria celebrada en la misma fecha en la que se acordó turnarles por electrónico el oficio 3084/2015, de dieciocho de noviembre del mismo año, suscrito por el Magistrado presidente del tribunal, mediante el cual solicita que sea sometida a discusión la iniciativa presentada por dicho Poder, el cinco de agosto del mismo año.

X. Correo electrónico enviado por la Dirección de Procesos Legislativos dirigido a diversos diputados el treinta de noviembre de dos mil quince, en el que señala que adjunta el oficio y documento correspondiente al turno de la solicitud del Poder Judicial referente a la iniciativa para reformar la Ley Orgánica de dicho Poder.(31)

XI. Escrito del director jurídico Hugo Ramírez García Sánchez del Poder Legislativo dirigido al Magistrado presidente del tribunal, de fecha primero de diciembre de dos mil quince, en el cual se refirió a la iniciativa turnada mediante oficio 4332/015, y le solicitó que i

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27773-6bb83254/i-procedimiento-legislativo-del-estado-de-colima-fases · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.