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Modo: Corpus Pro

ACUERDO QUE ESTABLECE EL ARANCEL PARA LOS PERITOS OFICIALES EN MATERIAS DE VALUACIÓN Y DICTAMINACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN GENERAL PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 8 DE JUNIO DE 2016. EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONAL Y LEGALMENTE PARA EMITIRLO DE MANERA IMPLÍCITA. ACUERDO QUE ESTABLECE EL ARANCEL PARA LOS PERITOS OFICIALES EN MATERIAS DE VALUACIÓN Y DICTAMINACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN GENERAL PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 8 DE JUNIO DE 2016. ES DE NATURALEZA AUTOPLICATIVA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 82/2017. · Registro digital (IUS): 27880
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2018-06-15
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, Pág. 2841.

ACUERDO QUE ESTABLECE EL ARANCEL PARA LOS PERITOS OFICIALES EN MATERIAS DE VALUACIÓN Y DICTAMINACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN GENERAL PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 8 DE JUNIO DE 2016. EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONAL Y LEGALMENTE PARA EMITIRLO DE MANERA IMPLÍCITA.

ACUERDO QUE ESTABLECE EL ARANCEL PARA LOS PERITOS OFICIALES EN MATERIAS DE VALUACIÓN Y DICTAMINACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN GENERAL PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 8 DE JUNIO DE 2016. ES DE NATURALEZA AUTOPLICATIVA.

AMPARO EN REVISIÓN 82/2017. 18 DE ENERO DE 2018. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: RAMONA MANUELA CAMPOS SAUCEDA. PONENTE: GABRIEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ. SECRETARIA: GUADALUPE TIRADO MOTTA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 y 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e) y 84 de la Ley de Amparo; 37, fracción IV, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, estos últimos en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 19/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por interponerse en contra de una resolución dictada en la audiencia constitucional por el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, residente en esta ciudad de Mazatlán, en la cual este Tribunal Colegiado ejerce jurisdicción.

SEGUNDO.—Oportunidad. Es oportuno el recurso de revisión, toda vez que se interpuso dentro del término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo.

En efecto, la sentencia que por esta vía se impugna se notificó a la quejosa por conducto de su autorizado el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis (foja 127 ídem), notificación que surtió efectos al día hábil siguiente, esto es, el veintiocho, de conformidad con el artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que el plazo transcurrió del veintinueve de noviembre al doce de diciembre del citado año, sin incluirse los días veintiséis y veintisiete de noviembre, tres, cuatro, diez y once de diciembre, por ser sábados y domingos, por ende, inhábiles de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, si el escrito de agravios se presentó el doce del propio diciembre, es claro que se hizo dentro del término legal.

TERCERO.—Legitimación. El recurso de revisión se interpuso por parte legítima, dado que lo presentó la quejosa **********, por conducto de su autorizado **********, personalidad que le fue reconocida por el Juez de Distrito en acuerdo de cuatro de julio de dos mil dieciséis. (foja 17 ibídem)

CUARTO.—Fallo recurrido. La sentencia recurrida en su parte considerativa, establece:

"SEGUNDO.—Fijación de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo vigente,(1) de la lectura integral de la demanda, ocursos aclaratorios y de la totalidad de las constancias integrantes del presente sumario constitucional, se advierte que los actos reclamados por la quejosa consisten en:

"• Acuerdo que establece el arancel para los peritos oficiales en materias de valuación y dictaminación de bienes muebles e inmuebles en general para el Poder Judicial del Estado de Sinaloa, determinado en sesión de trece de mayo de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", el ocho de junio del año en curso; así como su aplicación.

"TERCERO.—Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil,(2) con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó categóricamente la existencia del acto que le fue atribuido, es decir, la aplicación del referido acuerdo reclamado; sin que la parte quejosa hubiera aportado medios de convicción para desvirtuar tal negativa.

"En virtud de lo anterior y, ante la inexistencia del acto reclamado o de prueba que lo acredite, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio respecto de la referida autoridad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo.

"Tiene aplicación la jurisprudencia siguiente:

"‘Sexta Época

"‘Registro: 1002350

"‘Instancia: Pleno

"‘Tipo de tesis: jurisprudencia

"‘Fuente: Apéndice 1917-Septiembre de 2011

"‘Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común

Primera Parte–SCJN Segunda Sección–Improcedencia y sobreseimiento

"‘Materia: común

"‘Tesis: 284

"‘Página: 305

"‘INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.’ (se transcribe texto)

"Similar consideración debe tenerse respecto del acto reclamado a los Jueces Segundo, Tercero y Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil y Primero y Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar,(3) con residencia en esta ciudad, pues si bien, al rendir su correspondiente informe justificado, admitieron la existencia del acto reclamado atinente al Acuerdo que establece el arancel para los peritos oficiales en materias de valuación y dictaminación de bienes muebles e inmuebles en general para el Poder Judicial del Estado de Sinaloa; sin embargo, en relación con el acto de aplicación del mismo, fueron omisos en establecer su existencia.

"No obstante lo anterior, la presunción de certeza, respecto del acto de aplicación, está desvirtuada con las constancias que informan el presente sumario.

"Esto es así, porque del caudal probatorio se advierte que dichas autoridades no han aplicado, en perjuicio de la parte quejosa, el acuerdo reclamado.

"Máxime que al rendir sus respectivos informes justificados tampoco aluden a un acto concreto de aplicación de la misma, incluso, la parte quejosa no demostró o manifestó la existencia de algún acto concreto de aplicación.

"Por tanto, como se adelantó, al no haberse allegado al presente sumario ninguna prueba con la cual se acredite el referido acto de aplicación imputable a las autoridades de referencia, lo que procede es sobreseer en el juicio respecto a éstas y por el acto que se les reclama en términos del citado precepto legal.

"CUARTO.—Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán,(4) al rendir su informe justificado, admitió la certeza del acto reclamado.

"Además, cabe señalar que la certeza del acto atribuido a la referida autoridad, es implícita, atendiendo al principio de derecho que establece que las leyes (en este caso un acuerdo general) no son objeto de prueba, reconocido por los artículos 86 (aplicado stricto sensu) y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

"Orienta a lo anterior la tesis siguiente:

"‘Séptima Época

"‘Registro: 233090

"‘Instancia: Pleno

"‘Tipo de tesis: aislada

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"‘Volumen 65, Primera Parte

"‘Materia: común

"‘Página: 15

"‘LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA.’ (se transcriben texto y precedente)

"QUINTO.—Causa de sobreseimiento. Analizado el presente sumario constitucional, se advierte que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción V del artículo 63, en relación con la fracción XII del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, como se verá.

"En el caso, la autoridad responsable Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, Sinaloa, aduce la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado no afecta el interés jurídico de la quejosa en forma real, actual y directa.

"Asiste razón a la mencionada autoridad, atento a las consideraciones que se exponen a continuación:

"En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que a la letra dispone:

"‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

"‘...

"‘XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.’

"De la lectura del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales que por su sola vigencia no causen un perjuicio al quejoso, sino que es necesario que exista un acto posterior de aplicación para originar tal perjuicio; a contrario sensu para legitimar el ejercicio de la acción constitucional es necesario que el promovente de amparo demuestre, por un lado, que se encuentra en los supuestos de la norma reclamada y, por otro, que la disposición combatida lesione sus derechos fundamentales desde ese momento, esto es, sin que se requiera de un acto concreto de aplicación.

"En ese contexto, cuando se tilda de inconstitucional una ley, en principio debe esclarecerse su naturaleza, es decir, si por su sola entrada en vigor es susceptible de ocasionar un perjuicio (autoaplicativa) o si la misma requiere, para su actualización, de un acto diverso que condicione su aplicación a las personas (heteroaplicativa), pues dependiendo de ambos supuestos es que podrá considerarse que la norma causa perjuicio a las personas que la somete al ejercicio de control constitucional.

"Así pues, con base en el concepto de individualización incondicionada, se logra advertir cuál es la diferencia entre unas y otras normas, pues sirve de referencia para determinar la procedencia de la acción constitucional, ya que permite conocer, en cada caso, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada, es decir, si se trata de una norma que por su sola entrada en vigor causa un perjuicio (autoaplicativa), o bien, si requiere de un acto de autoridad o de alguna actuación equiparable que concrete la aplicación a los particulares de la disposición jurídica reclamada (heteroaplicativa).

"Las normas autoaplicativas vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho; de ahí que por su sola expedición y entrada en vigor causan perjuicio al particular; en cambio, en el supuesto de una ley heteroaplicativa se requiere la realización de un acto concreto de aplicación para que se actualice ese perjuicio.

"Luego, al acudir a esta instancia, deben evidenciarse de forma concreta y material, los supuestos de individualización de la norma en la esfera jurídica del particular, sea con motivo de su sola entrada en vigor o cuando se reclame como heteroaplicativa mediante la existencia de un acto concreto que imponga sus efectos.

"Orienta a lo anterior la jurisprudencia siguiente:

"‘Novena Época

"‘Registro: 198200

"‘Instancia: Pleno

"‘Tipo de tesis: jurisprudencia

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"‘Tomo VI, julio de 1997

"‘Materias: constitucional y común

"‘Tesis: P./J. 55/97

"‘Página: 5

"‘LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.’ (se transcribe texto)

"Ahora, para que proceda el juicio de amparo en que se somete a control constitucional una disposición de carácter general heteroaplicativa, como ocurre en el presente caso, no basta que quien solicite la protección de la Justicia Federal afirme estar dentro de los supuestos de la norma o haber sido afectado con la misma pues, incluso, siendo sujeto destinatario de aquélla, si ésta requiere para su aplicación del previo cumplimiento de ciertas condiciones fácticas o de derecho para incidir materialmente en su esfera jurídica, el juicio de amparo se tornará improcedente por falta de un acto concreto de aplicación.

"Como se adelantó, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, regula la improcedencia del juicio de amparo en relación con dos tipos de actos de autoridad como lo son:

"a) Aquellos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la misma ley; y,

"b) Normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.

"Luego, en el presente asunto, trasciende el mandato legislativo previsto en la segunda hipótesis atinente a normas generales, por las siguientes consideraciones jurídicas:

"Primeramente, debe precisarse que la aplicación de la norma transcrita no debe derivar de una interpretación literal de la misma, ya que ello llevaría al absurdo de considerar improcedente el juicio de amparo contra normas que requieren un acto de aplicación para individualizar su perjuicio, las cuales son denominadas jurisprudencialmente como heteroaplicativas.

"Esto es, la interpretación literal del precepto llevaría a concluir que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia, supuesto en el que, incluso, de acreditarse ese primer acto de aplicación, por tratarse de normas heteroaplicativas, debiera considerarse improcedente el juicio biinstancial.

"Por el contrario, la interpretación que debe prevalecer en relación con el precepto en estudio, es la sistemática que deriva de su estudio concatenado con el diverso artículo 107, fracción I, de la misma Ley de Amparo, que establece:

"‘Artículo 107. El amparo indirecto procede:

"‘I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso.’

"Por tanto, la segunda hipótesis de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que hace referencia a la improcedencia del juicio contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia, debe ser entendida como el mandato legislativo que impone considerar improcedente el juicio constitucional contra normas que se hayan reclamado por su sola entrada en vigor y no causen un perjuicio a la parte quejosa, ya que requieren de un acto de autoridad posterior para ser individualizadas en su esfera jurídica.

"En razón de lo anterior, es importante destacar que en el presente juicio de amparo **********, pretende deducir la acción constitucional contra la sola entrada en vigor de la norma reclamada, al considerar de manera equívoca que se trata de una norma autoaplicativa.

"Luego, para mejor comprensión de la determinación que aquí se asume, resulta indispensable clarificar la naturaleza jurídica de la norma reclamada, ya que ello constituye la premisa que permitirá el análisis de la afectación que pudiera causar en la esfera jurídica de la quejosa.

"Al respecto, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente:

"‘Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"‘I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.’

"Conforme a lo dispuesto en el precepto recién transcrito, la afectación a la esfera jurídica del gobernado puede vincularse tanto a su interés jurídico, como legítimo, pero invariablemente se requerirá esa afectación, siendo el momento en que ésta se genera, el que determina si la norma debe considerarse autoaplicativa o heteroaplicativa.

"Sobre el particular, los artículos 17, fracción I, 61, fracciones XII y XIV y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, previenen la procedencia del juicio de amparo indirecto contra normas de carácter general y, para distinguir, de acuerdo con los términos en que se encuentra establecida la que es impugnada –su naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa–, debe atenderse al momento en que ocasiona al gobernado un perjuicio cierto en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, en términos de lo dispuesto en la fracción I del numeral 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo que conlleva también a determinar cuándo y de qué término dispone el agraviado para ejercer la acción constitucional.

"Los citados preceptos de la Ley de Amparo, a la letra disponen:

"‘Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:

"‘I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días.’

"‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

"‘...

"‘XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;

"‘...

"‘XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.

"‘No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso.

"‘Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquel al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.

"‘Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento.’

"‘Artículo 107. El amparo indirecto procede:

"‘I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso.

"‘Para los efectos de esta ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes:

"‘a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos;

"‘b) Las leyes federales;

"‘c) Las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;

"‘d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal;

"‘e) Los reglamentos federales;

"‘f) Los reglamentos locales; y

"‘g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general.’

"Del contenido de los preceptos legales transcritos se obtiene que las normas de carácter general pueden ser impugnadas mediante juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma, es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio, o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la norma en cuestión.

"El primer caso, concierne a las denominadas leyes autoaplicativas, que son las que producen efectos jurídicos frente a sus destinatarios por sí mismas, sin requerir un acto de aplicación, toda vez que al iniciar su vigencia vinculan a los gobernados a los deberes jurídicos en ellas contenidas.

"Luego, si los supuestos contenidos en la hipótesis normativa se actualizan automáticamente sin que sea necesario el acto de aplicación, procederá en su contra el juicio de amparo, si se intenta en el plazo que para tal efecto previene la ley.

"Así, basta con que el particular se encuentre ubicado en las hipótesis que se establecen en un determinado ordenamiento legal que afecte su interés jurídico o legítimo que, por su sola expedición, le obliguen a hacer, dejar de hacer o dar, provocando la afectación de su esfera jurídica sin ningún acto, para que esté en aptitud de deducir la acción de amparo dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor de la disposición de que se trate, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo en vigor.

"Pero, si transcurre ese término y no se promueve el juicio de amparo, por regla general, el gobernado debe esperar un primer acto de aplicación en su perjuicio, que no necesariamente debe provenir de una autoridad, sino de cualquier persona, un tercero o la propia quejosa, que introduce esa aplicación; entonces, a partir de ese primer acto de aplicación el afectado puede promover el juicio de amparo en el plazo de quince días, como ya se vio anteriormente, de conformidad con el numeral 61, fracción XIV, segundo párrafo, de la ley de la materia.

"Por el contrario, tratándose de leyes heteroaplicativas, como ocurre en el presente asunto, que son aquellas normas que por sí solas no afectan la esfera de los gobernados, sino que es necesaria la aplicación de la norma jurídica mediante un acto de subsunción posterior al inicio de su vigencia, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo es de quince días, según la regla general prevista en el primer párrafo del precepto 17 del ordenamiento legal en cita.

"Así, hay una secuencia o desarrollo específico respecto de esta diferencia entre leyes autoaplicativas o heteroaplicativas, porque tratándose de las segundas (heteroaplicativas), no se puede promover el amparo sino hasta que se genera el primer acto de aplicación, ya sea que provenga de una autoridad, de un tercero o del propio solicitante de amparo, porque así lo exige o establece la ley.

"Luego, para distinguir entre ambos tipos de normas, se reitera que debe atenderse a la forma o momento en que se individualizan en la esfera jurídica de los destinatarios, pues cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice alguna condición, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada.

"Así, de la jurisprudencia antes transcrita, se advierte que el rector (sic) de individualización incondicionada es relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas –autoaplicativas o heteroaplicativas–, pues sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico o interés legítimo, dicho criterio clasificador no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su sola entrada en vigor o si se requiere de un acto de aplicación.

"Cobra aplicación la tesis siguiente:

"‘Décima Época

"‘Registro digital: 2006963

"‘Instancia: Primera Sala

"‘Tipo de tesis: aislada

"‘Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"‘Libro 8, julio de 2014, Tomo I

"‘Materia: común

"‘Tesis: 1a. CCLXXXI/2014 (10a.)

"‘Página: 148

"‘INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO.’ (se transcriben texto y precedente)

"Así de la tesis antes señalada se advierte que los Jueces de amparo deben aplicar el criterio clasificador de individualización incondicionada para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando hayan precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico.

"Además, los criterios transcritos permiten determinar la forma de abordar la comprobación del interés requerido para impugnar una norma en sede constitucional, pues al respecto se establecen los siguientes lineamientos:

"a) Interés legítimo: es suficiente constatar una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo y, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso.

"b) Interés jurídico: requiere la afectación a un derecho subjetivo. Así, cuando la afectación causada por la norma agravie a sus destinatarios en sus derechos subjetivos en forma directa, el estándar de análisis debe centrarse en el interés jurídico y, por el contrario, cuando sea suficiente advertir una afectación indirecta pero vinculada a un derecho objetivo, el estudio de la naturaleza de la norma, se vinculará al interés legítimo.

"Orienta a lo anterior la tesis siguiente:

"‘Décima Época

"‘Registro digital: 2006964

"‘Instancia: Primera Sala

"‘Tipo de tesis: aislada

"‘Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"‘Libro 8, julio de 2014, Tomo I

"‘Materia: común

"‘Tesis: 1a. CCLXXXII/2014 (10a.)

"‘Página: 149

"‘LEYES AUTOAPLICATIVAS. NORMAS QUE ACTUALIZAN ESTA CALIFICATORIA SOBRE LA BASE DEL INTERÉS LEGÍTIMO.’ (se transcriben texto y precedente)

"Por tanto, en cada caso debe establecerse el tipo de agravio que causa la norma reclamada, pues de ello dependerá el estándar del interés jurídico o legítimo, que permitirá concluir si se individualiza incondicionadamente o, por el contrario, requiere de un acto concreto de aplicación.

"Al respecto, se considera que tratándose de normas como la aquí reclamada, el grado de afectación a las personas debe demostrarse bajo el estándar del interés jurídico, ya que del análisis de la aquí impugnada, a saber, el Acuerdo que establece el arancel para los peritos oficiales en materias de valuación y dictaminación de bienes muebles e inmuebles en general para el Poder Judicial del Estado de Sinaloa, se infiere que no causa una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, tutelada por el derecho objetivo y, respecto de la cual, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para la quejosa.

"Lo que lleva a concluir que en tratándose de ese tipo de normas, por regla general, el estudio de afectación en la esfera jurídica del gobernado debe hacerse atendiendo a su interés jurídico el cual, como ya se precisó, se vincula al derecho subjetivo y el agravio personal y directo provocado por la norma.

"Por consiguiente, se procede a determinar si la norma reclamada se individualiza en perjuicio de la quejosa afectando algún derecho subjetivo perteneciente a su esfera jurídica –lo que se vincula exclusivamente al interés jurídico–, desde su entrada en vigor o requiere un acto de aplicación.

"Para lo cual, resulta indispensable traer a glosa su contenido, que es el siguiente:

"‘El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, en sesión ordinaria celebrada el día trece de mayo de dos mil dieciséis, en uso de la atribución que le confiere el artículo 19, fracciones III y XXIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa; y,

"‘Considerando:

"‘Primero.—Que es el de la administración de justicia, un orden necesario dentro de toda sociedad, como uno de los servicios fundamentales que el Estado está obligado a prestar bajo las premisas de eficacia, prontitud e imparcialidad.

"‘Segundo.—Que del propender a una más recta, plena y eficaz administración de justicia deriva la facultad del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia establecida en el artículo 19, fracciones III y XXIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, para dictar las medidas convenientes a efecto de que la justicia sea honesta, pronta, completa e imparcial.

"‘Tercero.—Que con fecha doce de febrero de dos mil dieciséis se creó la Comisión para la Mejora de la Justicia Civil–Mercantil, con el objeto de analizar, mediante reuniones de trabajo y el diálogo entre sus miembros, y proponer al Pleno las medidas necesarias para la mejora de la impartición de justicia en las materias de su competencia.

"‘Cuarto.—Que en sesión extraordinaria de fecha veinticuatro de octubre de dos mil ocho, el Pleno emitió el Reglamento de peritos oficiales en materia civil y familiar del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, estableciendo y regulando la figura de estos auxiliares para la administración de justicia.

"‘Quinto.—Que el artículo 10 del reglamento en mención categoriza los tipos de peritos oficiales que integrarán la lista del Poder Judicial, diferenciando, para los efectos de este acuerdo, entre peritos valuadores y peritos dictaminadores, en sus fracciones I y II, respectivamente.

"‘Sexto.—Que el reglamento citado, en sus artículos 23 y 25, fracción III, hace referencia a que los peritos recibirán sus honorarios conforme el arancel correspondiente.

"‘Séptimo.—Que el artículo 3 del mismo reglamento otorga al Pleno la facultad originaria de aplicar e interpretar ese ordenamiento, además de resolver toda circunstancia no prevista por el mismo.

"‘Octavo.—Que los artículos 343 del Código de Procedimientos Ci

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27880-c259b2f5/acuerdo-que-establece-el-arancel-para-los-peritos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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