CONCEPTO DE IMPUGNACIÓN EN SEDE CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA FEDERAL. EL QUE SE APOYA EN LA NEGATIVA LISA Y LLANA DE LA EXISTENCIA DE TRABAJADORES DURANTE EL TIEMPO POR EL QUE SE DETERMINÓ UN CRÉDITO FISCAL, ES DE ESTUDIO PREFERENTE CON RELACIÓN AL OTRO, CONSISTENTE EN LA FALTA DE MOTIVACIÓN DEL ACTO IMPUGNADO POR NO PRECISAR EL NOMBRE DE LOS TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA ACTORA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 23 DE ABRIL DE 2018. UNANIMIDAD DE SIETE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARIO ALBERTO DOMÍNGUEZ TREJO, RENÉ OLVERA GAMBOA, ENRIQUE RODRÍGUEZ OLMEDO, HUGO GÓMEZ ÁVILA, LUCILA CASTELÁN RUEDA, JORGE HÉCTOR CORTÉS ORTIZ Y MOISÉS MUÑOZ PADILLA. PONENTE: HUGO GÓMEZ ÁVILA. SECRETARIO: JOSÉ LUIS VÁZQUEZ LÓPEZ.
Zapopan, Jalisco, acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, correspondiente al día veintitrés de abril de dos mil dieciocho.
VISTOS, para resolver el expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis identificada al rubro; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante escrito presentado el seis de junio de dos mil diecisiete en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, **********, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por conducto de su representante legal **********,(1) quejosa en el juicio de amparo directo 352/2016, del índice del referido tribunal; asimismo, por escrito presentado el seis de junio de dos mil diecisiete en la oficialía de partes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por **********, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, a través de su representante legal **********,(2) quejosa en el juicio de amparo 422/2016, tramitado ante ese tribunal, denunciaron la posible contradicción de criterios entre los mencionados Tribunales Colegiados, al resolver respectivamente los juicios de amparo directo en mención 352/2016 y 422/2016. En autos de seis de junio de dos mil diecisiete y siete de junio de dos mil diecisiete, respectivamente, los Magistrados presidentes ordenaron remitir los escritos de denuncia señalados al Pleno en Materia Administrativa de este Tercer Circuito.
SEGUNDO.—Trámite del asunto. En auto de doce de junio de dos mil diecisiete el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, admitió a trámite la denuncia y, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente denuncia de contradicción de tesis con el número 18/2017. Como posible punto de contradicción se indicó:(3)
"... determinar si la violación detectada por las Salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, consistente en que la autoridad fiscal no justificó debidamente que la sociedad cooperativa actora se encontraba obligada al pago de aportaciones al instituto del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores, constituye una violación de forma que amerita una declaratoria de nulidad para efectos, o bien, si se trata de una cuestión que la Sala debe abordar en términos del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por tratarse de la litis efectivamente planteada."
En dicho auto se tuvo por recibida la copia certificada de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo 352/2016, por el Primer Tribunal Colegiado contendiente y solicitó a la presidencia del Quinto Tribunal Colegiado que remitiera copia certificada de la sentencia dictada en el amparo directo 422/2016. A los dos órganos disidentes se les requirió para que informaran si estaba vigente el criterio que sustentaron, si el criterio estaba superado o abandonado y, de ser así, indicaran la causa, así como que señalaran si estaba pendiente de causar ejecutoria sus resoluciones materia de este asunto.
Por acuerdo de presidencia del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito de catorce de junio de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido el oficio ochocientos cuatro (804) signado por la secretaria de Acuerdos del disidente Quinto Tribunal Colegiado, mediante el cual remitía copia certificada de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo 422/2016, de su índice. Asimismo, se tuvo a ese órgano de amparo y al Primer Tribunal Colegiado haciendo del conocimiento del Pleno que el criterio sustentado en ese asunto se encontraba vigente y había causado ejecutoria.
Por auto de tres de julio de dos mil diecisiete, el presidente de este Pleno tuvo por recibido el oficio de la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informaba que en los últimos seis meses no se advertía la existencia de alguna contradicción de tesis radicada en el Alto Tribunal que guardara relación con la temática planteada.
En proveído de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, se ordenó turnar los autos de esta contradicción de tesis al Magistrado Elías H. Banda Aguilar, adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución.
Mediante acuerdo de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, se ordenó returnar este expediente al Magistrado Hugo Gómez Ávila, adscrito al Tercer Tribunal Colegiado mencionado, para la elaboración del proyecto de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. El Pleno en Materia Administrativa es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios sustentados por dos Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que la formularon las partes quejosas en los juicios de amparo que motivaron las ejecutorias disidentes.
TERCERO.—Criterios contendientes. El contenido de las ejecutorias que participan en la contradicción de tesis, en lo que interesa, es el siguiente:
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por unanimidad de votos, al resolver –en sesión de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete– el juicio de amparo directo 422/2016, consideró:
"OCTAVO.—Antecedentes. Previo a realizar el estudio de los argumentos formulados por la parte quejosa en sus conceptos de violación, es preciso tener en cuenta la siguiente secuencia de hechos:
"- Mediante folio 061145A4824242101, de uno de diciembre de dos mil catorce, la gerente de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional Colima del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, determinó un crédito fiscal a **********, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en cantidad de **********, por concepto de omitir las aportaciones y amortizaciones de sus trabajadores inscritos en dicho instituto, por el periodo 2014-05;
"- Inconforme con tal determinación, **********, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable por conducto de su representante legal, mediante escrito presentado el trece de marzo de dos mil quince, ante la Oficialía de Partes del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa promovió juicio contencioso administrativo, en la que formuló, en resumen, los siguientes conceptos de impugnación;
"1. La resolución impugnada es ilegal porque no ostenta firma autógrafa del funcionario que la emitió;
"2. La resolución impugnada es ilegal debido a que previo a su emisión no se le dieron a conocer el inicio de las facultades de comprobación;
"3. La resolución transgrede el artículo (sic) 16 constitucional y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, debido a que no está fundada ni motivada, esto por ser una sociedad cooperativa y no tener trabajadores a su cargo;
"4. Procede que la autoridad se allane, ya que su resolución contraviene el criterio jurídico 46, emitido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el cual prevé que las sociedades cooperativas no se encuentran obligadas al pago de las cuotas a dicho instituto;
"5. El oficio que se combate es violatorio de los artículos 14 y 16 constitucionales, porque la autoridad no precisa claramente cuáles son los elementos que le sirvieron de base para fincar el crédito fiscal;
"6. El acto impugnado es ilegal, porque la cita del artículo 3, fracción XIV, del Reglamento Interior del Infonavit, es insuficiente para fundar la relación laboral con base en la información proporcionada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que se debió citar el convenio de colaboración;
"7. La resolución impugnada es ilegal debido a que se realizó una indebida fundamentación y ausencia de motivación en la determinación de crédito fiscal;
"8. La resolución combatida no está debidamente fundada ni motivada en la parte en que se determina la base de las cotizaciones;
"9. La resolución controvertida es ilegal, porque la autoridad demandada no acompañó copia certificada para sustentar su resolución, del sistema único de autodeterminación, o de la cédula de determinación de cuotas, aportaciones y amortizaciones;
"10. La resolución reclamada está indebidamente fundada y motivada, ya que negó que se le hubiera notificado algún documento en el cual se hubiera hecho constar que determinado trabajador tiene algún adeudo con el instituto;
"11. La resolución combatida es ilegal, porque no está debidamente fundada ni motivada su liquidación al aplicarse artículos que crean inseguridad jurídica;
"12.La resolución reclamada está indebidamente fundada y motivada en cuanto a las multas;
"13.La resolución combatida es ilegal, porque no está debidamente fundada ni motivada, ya que se le está sancionado sin haberle dado oportunidad de aportar la documentación correspondiente;
"14. La resolución reclamada está indebidamente fundada y motivada en cuanto a la integración de los honorarios de notificación del crédito fiscal notificado;
"15. Procede se declare la nulidad de la resolución impugnada, porque se sustenta un listado de números de seguridad social que no se encuentra firmado por funcionario competente.
"- El Magistrado instructor de la Primera Sala Regional de Occidente, mediante sentencia de veinticinco de agosto de dos mil catorce, determinó que la parte actora acreditó su acción y declaró la nulidad de la resolución impugnada, con base en las consideraciones que a continuación se sintetizan:
"1) Del contenido de la resolución combatida se advierte que la autoridad demandada no cumplió con el requisito de fundamentación y motivación que prevé el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, toda vez que omitió hacer del conocimiento de la actora los datos precisos de los trabajadores por los que se determinó las omisiones observadas, a efecto de permitirle la identificación de los elementos específicos que se aplicaron para la liquidación del quántum del adeudo, así como el procedimiento efectuado para la cuantificación de los conceptos señalados.
"- Inconforme con dicha sentencia, **********, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por conducto de su representante legal, promovió el presente juicio de amparo, en el cual expresó como conceptos de violación en síntesis los siguientes:
"1) El fallo de la Sala resolutora viola los principios de exhaustividad y congruencia, en contravención a los artículos 16 y 17 constitucionales, en relación con el diverso 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que la autoridad responsable tenía la obligación de realizar el estudio de los conceptos de impugnación relativos al fondo del asunto, en concreto el tercero y cuarto, que de haber sido declarados fundados se habría otorgado un mayor beneficio, pues la autoridad hacendaria se encontraría impedida legalmente para volver a ejercer sus atribuciones de verificación en ejercicio de sus facultades discrecionales respecto del periodo, contribución y hechos revisados;
"2) La sentencia reclamada transgrede los principios de exhaustividad y congruencia, toda vez que señala que la autoridad se encuentra en posibilidad de ejercer nuevamente sus atribuciones de verificación respecto del mismo periodo y contribuciones revisadas, no obstante de que la nulidad de la resolución impugnada fue concedida de forma lisa y llana, lo que implicó un estudio de fondo.
"- De esa demanda conoció este Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, y mediante sesión de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional resolvió conceder el amparo y protección de la Justicia de Unión, para el efecto de que la autoridad responsable dejara sin efecto la sentencia recurrida, y emitiera otra en la que realizara el estudio correspondiente a los conceptos de impugnación ‘tercero’ y ‘cuarto’ de la demanda de nulidad, por ser susceptibles de otorgar una nulidad de mayor alcance.
"- En razón de lo anterior, el aludido Magistrado instructor de la Primera Sala Regional de Occidente, el cuatro de abril de dos mil dieciséis, emitió sentencia en la cual cumplimentó los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, estudió los conceptos de impugnación señalados y reiteró la declaración de la nulidad de la resolución impugnada.
"- Inconforme con dicha sentencia, **********, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por conducto de su representante legal, nuevamente promovió juicio de amparo, en el cual expresó como conceptos de violación en síntesis lo siguiente:
"1. En su primer concepto de violación, la quejosa alega que el fallo de la autoridad responsable viola los principios de fundamentación, motivación, exhaustividad y congruencia, en contravención a los artículos 16 y 17 constitucionales, en relación con el diverso 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que realizó un estudio incorrecto de la causa de pedir que se desprendía de los conceptos de impugnación tercero y cuarto relativos al fondo del asunto.
"En tales conceptos la aquí quejosa refirió que es una sociedad cooperativa, la cual no tiene trabajadores a su cargo, y negó lisa y llanamente haberlos tenido dentro del periodo fiscal aludido en la determinante del crédito fiscal, tal negativa no fue debidamente desvirtuada por la autoridad demandada. Por ende, al no contar con trabajadores no resulta ser causante de las aportaciones de seguridad social, origen del crédito fiscal de conformidad con el criterio jurídico 46 emitido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
"Aunado a lo anterior, en virtud de que el Magistrado instructor consideró parcialmente fundados tales argumentos, también lo es que fueron insuficientes para declarar la nulidad peticionada, pero ello implica un reconocimiento de la ilegalidad de la resolución impugnada, que de haber sido declarados provocaría una nulidad de mayor alcance, pues la autoridad hacendaria se encontraría impedida legalmente para volver a ejercer sus atribuciones de verificación en ejercicio de sus facultades discrecionales respecto del mismo periodo, contribución y hechos revisados.
"En su segundo concepto de violación, medularmente señala que, la autoridad responsable indebidamente señaló en su fallo que la autoridad fiscal podrá ejercer nuevamente sus facultades de verificación y liquidación, no obstante que la nulidad de la resolución fue de forma lisa y llana, lo que implicó un estudio de fondo.
"NOVENO.—Estudio. El primero de los conceptos de violación es fundado y suficiente para conceder la protección de la Justicia de la Unión.
"En este apartado se estudiará el concepto de violación identificado como primer, mismo que fue descrito en líneas precedentes.
"Tal concepto de violación es fundado, ya que el Magistrado instructor al resolver la demanda de juicio contencioso administrativo promovida por la parte actora, no realizó un estudio suficiente que le permitiera resolver de una forma congruente la litis planteada.
"Ello, en virtud de que en efecto tal y como lo manifestó la quejosa en su concepto de violación, ésta negó contar con trabajadores y haberlos tenido dentro del periodo fiscal por el que fue impuesto el crédito aludido, consecuentemente la carga de la prueba para desvirtuar tal negativa es de la autoridad fiscal, situación que no aconteció al momento de dar contestación de demanda, bajo tal premisa, si la autoridad fiscal no probó debidamente que la contribuyente, en efecto estaba obligada al pago de las contribuciones de seguridad social, es inconcuso considerar como fundados y suficientes los argumentos planteados en la litis del juicio, ya que tal y como se advierte, la autoridad responsable, si bien los consideró fundados, también lo es que estimó que eran insuficientes para declarar la nulidad lisa y llana peticionada por la contribuyente.
"Primeramente, conviene destacar el contenido del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que preceptúa:
"‘Artículo 50. Las sentencias del tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios.
"‘Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia de la Sala deberá examinar primero aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana. En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, o por vicios de procedimiento, la misma deberá señalar en que forma afectaron las defensas del particular y trascendieron al sentido de la resolución.
"‘Las Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación.
"‘Tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la resolución dictada en un recurso administrativo, si se cuenta con elementos suficientes para ello, el tribunal se pronunciará sobre la legalidad de la resolución recurrida, en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante. No se podrán anular o modificar los actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera expresa en la demanda.
"‘En el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la restitución de un derecho subjetivo violado o a la devolución de una cantidad, el tribunal deberá previamente constatar el derecho que tiene el particular, además de la ilegalidad de la resolución impugnada.’
"La correcta intelección del precepto legal acabado de transcribir, permite arribar a la firme convicción de que al pronunciar una sentencia, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa estará obligado a fundarla en derecho, a examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos, así como la totalidad del acto o actos materia de la impugnación, pudiendo analizar en su conjunto los agravios y demás razonamientos de las partes para poder resolver la cuestión que se les plantea, sin alterar los hechos expuestos en el libelo, en su ampliación, si la hubo, y en las contestaciones respectivas.
"Queda de manifiesto pues, que la mencionada autoridad jurisdiccional, al momento de resolver, se encuentra obligada a estudiar la totalidad de las pretensiones de las partes, pues de no hacerlo, ello hace incongruente el fallo respectivo, por violación al principio de exhaustividad (textual). Asimismo, el estudio practicado, y lo considerado en él, será congruente con la litis planteada entre las partes.
"Además, en los artículos 219 y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se establece lo siguiente:
"‘Artículo 219. En los casos en que no haya prevención especial de la ley, las resoluciones judiciales sólo expresarán el tribunal que las dicte, el lugar, la fecha y sus fundamentos legales, con la mayor brevedad, y la determinación judicial, y se firmarán por el Juez, Magistrados o Ministros que las pronuncien, siendo autorizadas, en todo caso, por el secretario.’
"‘Artículo 222. Las sentencias contendrán, además de los requisitos comunes a toda resolución judicial, una relación sucinta de las cuestiones planteadas y de las pruebas rendidas, así como las consideraciones jurídicas aplicables, tanto legales como doctrinarias, comprendiendo, en ellas, los motivos para hacer o no condenación en costas, y terminarán resolviendo, con toda precisión, los puntos sujetos a la consideración del tribunal, y fijando, en su caso, el plazo dentro del cual deben cumplirse.’
"De acuerdo con estos últimos preceptos legales, las sentencias deben terminar resolviendo con toda precisión los puntos sujetos a consideración del tribunal.
"Consecuentemente, resulta válido colegir que el ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa cumplirá con la exigencia legal prevista en el invocado artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, siempre que resuelva la totalidad de las pretensiones hechas valer por los contendientes, y acatará los preceptos reproducidos del Código Federal de Procedimientos Civiles cuando aborde, con toda precisión, todos los puntos sujetos a consideración del tribunal, haciendo la debida separación de cada uno de ellos.
"Ahora bien, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo 397/2016 (textual)(4) pronunciada por este Tribunal Colegiado, se concedió el amparo para efecto de que la autoridad responsable en atención al principio de exhaustividad, estudiaría en lo pertinente, los conceptos de impugnación tercero y cuarto del escrito de demanda, de los cuales se desprende en lo que interesa, lo siguiente (fojas 10 a 12, y 17 del juicio de origen):
"‘TERCERO.—Se debe declarar la nulidad de la resolución que hoy se combate, porque es ilegal y violatoria del artículo 16 constitucional, en relación con el diverso 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, debido a que no se encuentra fundada ni motivada, ya que mi representada es una sociedad cooperativa y no tiene trabajadores a su cargo.
"‘En efecto, tal y como se desprende del texto de la resolución que se combate, se hace constar que se determinan omisiones en el pago de prestaciones (aportaciones) y/o amortizaciones porque se señala que mi representada tiene trabajadores, tal como se menciona en el oficio combatido, sin embargo mi poderdante nunca empleó a esos supuestos trabajadores y mucho menos en los periodos señalados en dicho oficio ahora impugnado y, por ello los hechos en que se apoya la autoridad no sucedieron, y así se debe declarar la nulidad que solicito.
"‘Así también, niego que mi representada haya empleado a los supuestos trabajadores, es por ello, que si no se les empleó resultan inaplicables los artículos 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución General de la República, en relación con los diversos 136 de la Ley Federal del Trabajo y, por ende, no está obligada a realizar aportaciones patronales, ni mucho menos a efectuar retenciones para pagar amortizaciones; y en tal virtud, la resolución que hoy se combate no está fundada ni motivada, por ello se viola en perjuicio de mi mandante el artículo 16 constitucional, debiéndose declarar su nulidad.
"‘Niego lisa y llanamente que mi representada tenga o haya tenido trabajadores a su servicio.
"‘Asimismo niego que mi representada hubiera tenido actividades en materia de trabajo en el año 2014, por tanto, no empleó a trabajador alguno.
"‘...
"‘Ciertamente en la liquidación que se combate, la autoridad demandada fue omisa en acreditar fehacientemente la relación de trabajo como hecho generador de la obligación y de los créditos que fincó a la accionante, por concepto de pago de aportaciones y/o amortizaciones omitidas ante el propio instituto reclamante. Esto es así, supuestamente porque no obstante que los actos administrativos gozan de la presunción de validez, en términos de lo dispuesto por el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación y 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso, también dispone que ante la negativa que efectúe el afectado por los actos de autoridad, la carga de la prueba se revierte, lo cual tiene concordancia con lo previsto en el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles.’
"‘CUARTO.—Procede que esta autoridad demandada se allane, ya que su resolución contraviene el contenido del criterio jurídico número 46, M (textual) emitido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el cual prevé que las sociedades cooperativas no se encuentran sujetas al pago de las cuotas a dicho instituto.’ (lo subrayado es del Tribunal Colegiado).
"Sintetizadamente se aprecia que la contribuyente aduce no tener trabajadores a su cargo ni que haya tenido actividades laborales dentro del ejercicio fiscal 2014, asimismo, al ser una sociedad cooperativista, de conformidad con el criterio jurídico 46 del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no se encuentra sujeta al pago de las aportaciones a dicho instituto.
"Ahora bien, por oficio ********** de cuatro de mayo de dos mil quince, la autoridad demandada contestó la demanda, en la que en lo que interesa, adujo lo siguiente (fojas 103 a 110 del juicio de origen):
"‘Por otro lado, es de precisarse que, contrario a las manifestaciones de la actora, este instituto sí señaló las cantidades que se determinaron por cada trabajador, tan es así que dicha información, se puede corroborar en las hojas que se anexan a la resolución impugnada, las cuales se ofrecen como prueba, y en las que obra la lista de los trabajadores, respecto de los cuales se determinaron las cantidades que resultan por omisiones de pago respecto de las aportaciones patronales y/o amortizaciones, donde además se detallan los días laborados y el salario diario de cada uno de los trabajadores.
"‘...
"‘Luego entonces, el hecho de que la hoy actora manifieste estar constituida como sociedad cooperativa, resulta insuficiente para acreditar su acción y sus afirmaciones, en virtud de que omite acreditar que las personas por virtud de las cuales se emitieron créditos ahora controvertidos, no sean trabajadores como ello lo afirma.
"‘...
"‘A mayor abundamiento, si la actora afirma que las personas por virtud de las cuales se emitió el crédito fiscal ahora impugnado, son socios cooperativistas y no trabajadores, pero de la propia resolución impugnada se advierte la precisión de esta autoridad fiscal de que la liquidación que nos ocupa corresponde a los trabajadores relacionados en hojas subsecuentes que para todos los efectos legales forma parte integrante de dicha resolución, y en la misma se identifica en cada caso el nombre del trabajador, número de seguridad social, registro federal de contribuyentes, días laborados, salario diario integrado y clave, descripción y fecha de movimiento afiliatorio, así como todos y cada uno de los elementos que otorgan certeza jurídica al particular, es inconcuso que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y su correlativo 68 del Código Fiscal de la Federación, deben prevalecer los actos y razonamientos de esta autoridad fiscal, sobre aquellas manifestaciones carentes de sustento y consistencia jurídica que formula la accionante, puesto que la impetrante en ningún momento ofrece ni exhibe prueba alguna con la que acredite el hecho que las personas de referencia son socios cooperativistas y no trabajadores.’ (lo subrayado es del Tribunal Colegiado).
"Transcripción de la cual se advierte, la refutación a las pretensiones de la contribuyente, y la manifestación de pruebas relativas a la existencia de trabajadores a su cargo.
"Ahora bien, en el caso concreto el Magistrado instructor en su sentencia, pronunció lo siguiente (fojas 16 a 19 del juicio de origen):
"‘En acatamiento a la ejecutoria que se cumplimenta, se procede al análisis de la tercera y cuarta causales de anulación, en las que la promovente aduce que la resolución impugnada es ilegal, ya que, «... es una sociedad cooperativa y no tiene trabajadores a su cargo, por lo que ... contraviene el criterio jurídico 46, emitido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el cual prevé que las sociedades cooperativas no se encuentran obligadas al pago de las cuotas a dicho instituto ...», así como que ... no está obligada a pagar las aportaciones y amortizaciones de sus trabajadores inscritos en dicho instituto, por el periodo 2014-05 ... porque no cuenta con trabajadores, sino con sólo socios ...’
"Esta instrucción considera que los reseñados argumentos son parcialmente fundados pero insuficientes para declarar la nulidad de la resolución combatida, toda vez que de lo que disponen los artículos 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 57, de la Ley General de Sociedades Cooperativas y 12 de la Ley del Seguro Social, relativos a la obligación para toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquiera otra clase de trabajo, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, mediante aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda; que el Fondo de Previsión Social de las Sociedades Cooperativas, deberá destinarse a cubrir los riesgos y enfe
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27941-56bb3643/concepto-de-impugnacion-en-sede-contenciosa-administrativa-federal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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