EMBARGO DE CRÉDITOS. LA INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA DEL ARTÍCULO 449 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, QUE ESTABLECE LA SANCIÓN EN CASO DE DESOBEDIENCIA PARA QUIEN TENÍA LA OBLIGACIÓN DE ASEGURAR EL CRÉDITO Y ÉSTE LO PAGA AL DEUDOR, CONSISTE EN VOLVER A PAGAR LA CANTIDAD QUE SE EMBARGÓ O INDEBIDAMENTE PAGÓ, O QUE SE DEBIÓ EMBARGAR Y NO EL DOBLE PAGO DE LO CONDENADO. EMBARGO DE CRÉDITOS. REQUISITOS PARA QUE SE ACTUALICE LA HIPÓTESIS CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 449 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. TERCERO COADYUVANTE DEL SISTEMA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. CUANDO LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN QUE LE FUE REQUERIDA LA PROPORCIONA EXTEMPORÁNEAMENTE Y ES REMITIDA POR CONDUCTO DEL JUEZ RESPONSABLE EN ALCANCE A SU INFORME JUSTIFICADO, DEBERÁ CONSIDERARSE EN EL JUICIO DE AMPARO.
EMBARGO DE CRÉDITOS. LA INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA DEL ARTÍCULO 449 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, QUE ESTABLECE LA SANCIÓN EN CASO DE DESOBEDIENCIA PARA QUIEN TENÍA LA OBLIGACIÓN DE ASEGURAR EL CRÉDITO Y ÉSTE LO PAGA AL DEUDOR, CONSISTE EN VOLVER A PAGAR LA CANTIDAD QUE SE EMBARGÓ O INDEBIDAMENTE PAGÓ, O QUE SE DEBIÓ EMBARGAR Y NO EL DOBLE PAGO DE LO CONDENADO.
EMBARGO DE CRÉDITOS. REQUISITOS PARA QUE SE ACTUALICE LA HIPÓTESIS CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 449 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.
TERCERO COADYUVANTE DEL SISTEMA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. CUANDO LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN QUE LE FUE REQUERIDA LA PROPORCIONA EXTEMPORÁNEAMENTE Y ES REMITIDA POR CONDUCTO DEL JUEZ RESPONSABLE EN ALCANCE A SU INFORME JUSTIFICADO, DEBERÁ CONSIDERARSE EN EL JUICIO DE AMPARO.
AMPARO EN REVISIÓN 406/2017. 4 DE ABRIL DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO. SECRETARIA: CINTHIA MONSERRAT ORTEGA MONDRAGÓN.
CONSIDERANDO:
CUARTO.—Análisis de los agravios.
Del análisis del recurso de revisión, se desprende que la quejosa, ahora recurrente, hace valer argumentos relativos a los siguientes temas:
A. La sentencia recurrida carece de congruencia y exhaustividad.
B. Indebida interpretación del artículo 449 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
C. Indebida apreciación de las constancias que dieron origen a la sanción de doble pago.
D. La quejosa no tiene la carga de la prueba en virtud de que son hechos negativos.
E. La quejosa, ahora recurrente, tiene la obligación de velar por el derecho al secreto bancario y fiduciario respecto de todas las partes que intervienen en los fideicomisos.
F. Indebida aplicación de la tesis I.3o.C.212 C (10a.), que invocó el Juez de Distrito en la sentencia recurrida.
G. La información fue requerida a distinta entidad jurídica que la quejosa.
H. La cuenta única o concentradora de la institución bancaria es inembargable.
I. Indebida aplicación de los artículos 74 y 76 de la Ley de Amparo.
En ese sentido, a continuación se dará contestación a los motivos de inconformidad con un orden y agrupación distintos a los de su exposición, atendiendo a la prelación lógica y a las relaciones temáticas que guardan entre sí, con fundamento en los artículos 76 y 189 de la Ley de Amparo.
Por tanto, en primer lugar, se analizarán los argumentos relativos a la obligación de la quejosa de rendir la información que el Juez de origen le requirió y, posteriormente, se analizará si hubo o no desacato por parte de la institución bancaria a un mandato judicial.
En ese orden de ideas, se procede al estudio de los argumentos de la quejosa relativos al tema siguiente:
I. ¿La información fue requerida a distinta entidad jurídica que la quejosa?
La quejosa ahora recurrente sostiene que contrario a lo que se consideró en la sentencia recurrida, no existe un solo oficio girado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que hubiera sido dirigido a **********, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero **********, División Fiduciaria a través de cualquiera de sus delegados fiduciarios, por la sencilla razón de que no existe como tal, sino que se trata de **********, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero **********, la cual, en los contratos de fideicomiso en que interviene actúa como entidad fiduciaria.
Reitera que se pretende sancionar a **********, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero **********, como si éste fuera responsable de la casa de bolsa que fue requerida en autos del juicio natural, soslayando la quejosa que rindió oportunamente informe respecto a ello.
Esos argumentos deben calificarse como inoperantes, en virtud de que la recurrente no controvierte de manera frontal las consideraciones del Juez de Distrito.
En efecto, la recurrente ahora quejosa se limita a reiterar, sustancialmente, lo que sostuvo en sus conceptos de violación, lo cual ya fue desestimado por el Juez de Distrito en el sentido de que eran infundados sus argumentos, porque del informe que rindió el director general adjunto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se advierte que mediante oficio ********** de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, el Juez responsable requirió por conducto de esa comisión a **********, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero **********, División Fiduciaria, a través de cualquiera de sus delegados fiduciarios; **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero **********; y al mismo tiempo a **********, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero **********, para que remitiera diversa información relacionada con el fideicomiso **********, contrato de inversión **********; fideicomiso **********, con el contrato de inversión **********; fideicomiso **********, con el contrato de inversión **********; y del fideicomiso **********, así como la consignación de la cantidad de $188,515,211.39 (ciento ochenta y ocho millones quinientos quince mil doscientos once pesos 39/100 M.N.). Y, de igual manera, en el diverso oficio ********** de veinte de octubre de dos mil dieciséis, por lo que era evidente que el Juez natural ordenó requerir a la institución quejosa en su división fiduciaria y a través de cualquiera de sus delegados fiduciarios y también de manera directa, con el fin de que exhibiera los contratos de fideicomiso, sin que de constancias se apreciara que hubiese dado cumplimiento a lo ordenado.
Asimismo, el Juez de Distrito estimó que a través de las misivas de quince de noviembre, uno y cinco de diciembre todos de dos mil dieciséis, la quejosa pretendió dar contestación a los múltiples requerimientos realizados por el Juez primigenio, sin que del contenido de tales documentos se apreciara, de forma alguna, aclaración de su parte en el sentido de que la división fiduciaria tal como la señaló el Juez responsable no existía y, por ello, se encontraba impedida para cumplimentar el requerimiento formulado.
En ese sentido, la quejosa, ahora recurrente, sólo se limita a reiterar lo que expuso en sus conceptos de violación, sin que proporcione dato o motivo concreto con el que controvierta las consideraciones del Juez de Distrito, motivo por el que se estiman inoperantes sus agravios hechos valer.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 28 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 24 del Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes:
"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ESTAR EN RELACIÓN DIRECTA CON LOS FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA.—Los agravios deben estar en relación directa e inmediata con los fundamentos contenidos en la sentencia que se recurre, y forzosamente deben contener, no sólo la cita de las disposiciones legales que se estimen infringidas y su concepto, sino también la concordancia entre aquéllas, éste y las consideraciones que fundamenten esa propia sentencia, pues de adoptar lo contrario, resultaría la introducción de nuevas cuestiones en la revisión, que no constituyen su materia, toda vez que ésta se limita al estudio integral del fallo que se combate, con vista de los motivos de inconformidad que plantean los recurrentes."
De igual manera, resulta aplicable la jurisprudencia 3a. 30, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, página 277, que establece:
"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS.—Si en la sentencia recurrida el Juez de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados de las distintas autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus agravios resultan inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de los supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos, que prevé el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, habría que suplir esa deficiencia, pasando por alto la inoperancia referida."
Una vez desestimados los argumentos precedentes, se procede al análisis del agravio relativo al siguiente tema:
II. ¿La quejosa tiene la carga de la prueba en virtud de que se le imputan hechos negativos?
La quejosa, ahora recurrente, soslaya que el Juez Federal erróneamente consideró que era necesario exhibir los documentos requeridos, basándose en una supuesta contradicción en las manifestaciones de la quejosa, asignándole una carga probatoria ilegal, pues determinó que la gerente de auditoría se contradijo al decir en un primer momento que el codemandado no tenía el carácter de fideicomisario o de beneficiario, para posteriormente referir que esa persona física era fiduciaria, por lo que tenía la carga de acreditar los extremos de los fideicomisos o, en su defecto, que esa contradicción se trataba de un error intrascendente.
Refiere que la licenciada **********, gerente de auditoría general, en ningún momento manifestó que el señor **********, es fiduciario como se dijo en la sentencia recurrida, sino que se señaló que se actuaba en todo momento por instrucción del delegado fiduciario de ********** y que el cliente es el fiduciario, refiriéndose precisamente al delegado fiduciario y no como equívocamente lo entendió y sostuvo el Juez Federal que se hiciera referencia al señor **********, máxime que es de explorado derecho que una persona física no puede ser fiduciario en términos de la Ley de Instituciones de Crédito.
Estima que la manifestación "nuestro cliente es el fiduciario quien en su caso es el que identifica al fideicomitente y fideicomisario", configura una expresión ambigua que no trasciende a la sentencia, pues la persona física codemandada no tiene el carácter de fiduciaria en los fideicomisos, por lo que es una negativa lisa y llana que no es objeto de prueba conforme a los artículos 1195 y 1196 del Código de Comercio.
Esos argumentos son infundados.
Lo infundado de sus agravios radica en que, contrario a lo que estima la recurrente, sí tiene la carga de probar sus afirmaciones relativas a que el ejecutado no es parte en los fideicomisos que le fueron requeridos, primero, porque la institución bancaria tiene mayor facilidad para probar; y segundo, porque se actualiza una situación extraordinaria que debe ser probada.
En efecto, atendiendo a las reglas previstas en los artículos 1194, 1195 y 1196 del Código de Comercio,(53) la dinámica de la carga probatoria se impone a la demostración de los hechos controvertidos a la parte que tenga mayor facilidad para aportar los medios conducentes y no a la que se pueda ver en mayores dificultades para hacerlo o, inclusive, en la imposibilidad.
Así, el artículo 1194 citado, toma en cuenta que quien afirma tiene dos clases de prueba para demostrar su afirmación: las directas y las indirectas, en tanto que la parte que niega de manera absoluta y sustancial, sólo tiene pruebas indirectas para acreditar su negativa.
En el segundo precepto 1195, se prevé la carga de la prueba en orden a la distinción entre verdaderas negaciones (sustanciales) y aquellas cuyo contenido inmediato es la afirmación de un hecho positivo, por lo que sólo tienen de negativo la simple forma, en realidad no son negaciones.
Por lo que respecta al tercer artículo 1196, el legislador parte de la base de la existencia de una presunción a favor de uno de los litigantes, esta presunción tiene su origen en el principio ontológico del desarrollo natural de las cosas, conforme al cual, los hechos que suceden en un mayor número de casos, por probabilidad deben tenerse, por lo que generalmente sucede, y no por lo que extraordinariamente puede acontecer, esto es, lo ordinario se presume y lo extraordinario debe probarse, por lo que si el legislador ha previsto una presunción (basada en lo que es ordinario) a favor de una de las partes, corresponde a su contraria la carga probatoria.
De tal manera que, en el presente caso, si la recurrente aduce que el ejecutado **********, no es parte en los fideicomisos requeridos, pero en oficios de fechas diez y quince de noviembre de dos mil dieciséis, manifestó con un juego de palabras que: "nuestro cliente(54) es el fiduciario quien, en su caso, es el que identifica al fideicomitente y fideicomisario"; ello actualiza una situación extraordinaria que debe ser probada en virtud de que ha sido la propia recurrente quien se ha contradicho al primero sostener que el señor **********, no es parte integrante de los fideicomisos y después refiere que sí es fiduciario.
De ahí que la quejosa, ahora recurrente, tiene la carga de probar que el señor **********, no es parte en los fideicomisos que le fueron requeridos, lo cual será a través de la exhibición de los referidos fideicomisos que acredite su dicho, pues atendiendo a los principios de facilidad y proximidad probatoria, la institución bancaria tiene la posibilidad de acreditar sus afirmaciones, razonar lo contrario sería imponer una carga probatoria imposible para la ejecutante en tanto que ésta no tiene acceso a tales documentos.
Además, cabe destacar que la propia actora coadyuvando con el juzgador, ha hecho el máximo posible, dentro de lo muy limitada que tiene la información sobre el deudor y condenado con sentencia firme, para determinar a partir de ésta, en dónde están o estaban los recursos económicos de los enjuiciados, como ejemplo, la fe de hechos levantada en el acta **********, de fecha catorce de octubre de dos mil dieciséis, ante el corredor público número ********** de la Ciudad de México, licenciado **********, donde se desprende que de la búsqueda en las páginas de Internet que ahí se citaron, se descargó información en relación con diversos fideicomisos con clave de cotización ********** y como fiduciaria **********, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero **********.
Conducta anterior que denota un ánimo para obtener la información a efecto de integrarla al juicio de origen para que de esta manera se haga cumplir la sentencia que tiene a su favor desde hace diez años y que no se ha podido ejecutar.
Este ánimo de la parte actora de obtener información para ejecutar la cosa juzgada, no es admisible desatender por parte de los órganos jurisdiccionales, porque éstos son los primeros obligados en hacer cumplir las ejecutorias que han causado estado, pudiendo coadyuvarse de terceros como la institución bancaria quien, contrario a lo que manifiesta, tiene la carga de probar sus afirmaciones o desvirtuar los indicios que aportó la actora y no sólo negar la información en el sentido de que el señor **********, no tiene el carácter de fideicomisario ni beneficiario directo ni indirecto.
Por otro lado, tampoco le asiste razón a la recurrente cuando sostiene que la expresión "nuestro cliente es el fiduciario quien, en su caso, es el que identifica al fideicomitente y fideicomisario", configura una expresión ambigua y que debe interpretarse "el cliente" como al delegado fiduciario, toda vez que esa manifestación fue reiterada en sus contestaciones emitidas en escritos de fechas diez y quince de noviembre de dos mil dieciséis, incluso, dichas contestaciones fueron ratificadas en contenido y firmas que calzan por la gerente de auditoría legal **********, el cinco de diciembre de dos mil dieciséis, cuando compareció al juzgado de origen. (foja 937 del tomo XIII)
Por tanto, la contestación que emitió la quejosa no puede considerarse como ambigüedad pues, se reitera, fue ratificada por la gerente de referencia sin que al respecto señalara o aclarara dicha situación; de ahí que no puede tener el alcance que ahora aduce la recurrente.
Ahora bien, una vez desvirtuado el tema de la obligación de probar las afirmaciones de la quejosa, ahora recurrente, se procede al análisis de los argumentos relativos al tema siguiente:
III. ¿La quejosa, ahora recurrente, tiene obligación de velar por el derecho al secreto bancario y fiduciario respecto de todas las partes que intervienen en los fideicomisos?
La quejosa, ahora recurrente, sostiene en sus agravios que la exigencia de exhibir las copias certificadas de los fideicomisos es ilegal, puesto que se está desconociendo la obligación de las instituciones de crédito de velar por el derecho al secreto bancario y fiduciario respecto de todas las partes que intervienen en los fideicomisos, en términos de los artículos 1o. y 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 13, 14 y 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, mismos que prevén el derecho fundamental a la protección de datos personales.
Estima que el segundo párrafo del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito dispone una excepción al secreto bancario y fiduciario que no da la facultad indiscriminada de revelar datos de los clientes de las instituciones de crédito, por lo que, para que pueda revelarse el secreto fiduciario en un procedimiento jurisdiccional, se requiere que quien entable el juicio en cuestión sea el fideicomitente o fideicomisario, comitente o mandante, siendo que la actora no tiene ninguna de esas calidades.
Soslaya que manifestó que el señor **********, no era beneficiario ni fideicomisario directo o indirecto de los referidos fideicomisos, por lo que no estaba obligada a exhibir el texto de los fideicomisos pues, de hacerlo, transgrede el secreto fiduciario, así como la confidencialidad a que se encuentra obligada, vulnerando la protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios, en términos del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Invoca la tesis aislada I.14o.C.18 C, emitida por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "FIDEICOMISO. PARA QUE SE PRODUZCA LA REVELACIÓN DEL SECRETO FIDUCIARIO ANTE TRIBUNALES O AUTORIDADES EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES, SE REQUIERE NECESARIAMENTE QUE ÉSTOS SEAN ENTABLADOS POR EL FIDEICOMITENTE O FIDEICOMISARIO, COMITENTE O MANDANTE, CONTRA LA INSTITUCIÓN FIDUCIARIA O VICEVERSA."(55)
Alega que la consideración del Juez de Distrito relativa a que no ofreció pruebas para demostrar un hecho negativo, esto es, que el tercero interesado **********, no tiene el carácter de fideicomitente, fideicomisario, ni beneficiario, en los contratos de fideicomiso **********; es ilegal, porque se habría configurado la violación al secreto bancario que establece el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, ya que el simple hecho de exhibir información y/o documentación respecto de contratos de fideicomiso en los cuales los respectivos titulares, fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, no tienen en el juicio de origen el carácter de parte o acusado, per se configuraría la violación a este último precepto.
Los argumentos antes sintetizados son infundados.
En efecto, la quejosa, ahora recurrente, no puede soslayar su imposibilidad de exhibir la información requerida en cumplimiento al secreto fiduciario, toda vez que dicho derecho no es ilimitado ni irrestricto, sino que está acotado en el artículo 142 la Ley de Instituciones de Crédito,(56) que prevé una excepción a la regla del secreto bancario y fiduciario, al señalar que las instituciones de crédito estarán obligadas a dar las noticias o información cuando lo solicite la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular o, en su caso, el fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario sea parte, como acontece en el presente asunto, en el que se ordena la inmovilización sobre cuentas de los codemandados físicos, quienes ya fueron oídos, vencidos y condenados al pago desde enero de dos mil ocho.
En ese mismo sentido, los artículos 192, 221 y 295 de la Ley del Mercado de Valores,(57) respectivamente, señalan que las casas de bolsa y las instituciones para el depósito de valores no podrán dar noticias o información de las operaciones que realicen o servicios que proporcionen, y mucho menos información de los depósitos y demás operaciones o servicios que realicen o en las que intervengan, pero lo fundamental es que dichos ordenamientos prevén como excepción el caso en el que tales instituciones sí están obligadas a dar noticia o información sobre las operaciones o servicios que proporcionan, como lo es el supuesto en que la autoridad judicial lo solicite en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular sea parte, como en la especie acontece, al tratarse de medidas que tienden a lograr el cumplimiento forzoso de lo sentenciado.
Como puede advertirse, el secreto bancario y fiduciario que alega la inconforme está regulado por las disposiciones invocadas sin que, en el caso, pueda considerarse como un argumento válido el que hace valer la quejosa pues, se insiste, la inmovilización de numerarios que debe cumplir la institución bancaria es únicamente sobre los fideicomisos o valores de uno de los demandados al que, incluso, se aportó los números de contratos de fideicomisos ********** y **********, lo que es consecuencia de las medidas adoptadas para obtener el cumplimiento forzoso de la sentencia.
Se cita en apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis I.2o.C.39 C, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, agosto de 2009, página 1723, misma que se comparte y que es del sumario siguiente:
"SECRETO BANCARIO. LA INFORMACIÓN QUE SOLICITE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO ESTÁ SUJETA A LAS LIMITACIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO.—El artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito establece que las instituciones de crédito no podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios de sus clientes o usuarios, sino al depositante, titular, beneficiario, a sus representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer o intervenir en la cuenta; sin embargo dicho precepto establece como excepción a dicha prohibición, cuando la solicitud sea formulada por las autoridades administrativas precisadas en las fracciones I a IX, en estos casos, la solicitud deberá cumplir con los siguientes requisitos: que esté fundada, motivada, se especifique la denominación de la institución, número de cuenta, nombre del cuentahabiente o usuario y demás datos y elementos que permitan su identificación plena. Asimismo, de conformidad con el segundo párrafo del precepto antes señalado, las instituciones de crédito también estarán obligadas a dar las noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios, de sus clientes o usuarios, cuando lo solicite la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular o beneficiario sea parte o acusado. Por consiguiente, es claro que esos requisitos que el citado artículo 117 establece en relación con las citadas autoridades administrativas, no son aplicables cuando la información solicitada a la institución de crédito la efectúe la autoridad judicial porque, en este caso, el segundo párrafo del citado artículo no establece limitación alguna."
En esas condiciones, se estima que los agravios de la recurrente son infundados, pues el secreto bancario y fiduciario no son absolutos, en virtud de que la misma legislación reconoce que éstos no deben constituirse en obstáculos para la procuración e impartición de justicia.
Además, cabe señalar que tampoco se transgreden dichos secretos toda vez que el Juez de origen, bajo su más estricta responsabilidad, puede permitir o restringir el acceso de las partes a dicha información financiera pudiendo, únicamente, permitir el acceso a tal información a las partes cuya defensa se finque, esencialmente, en tales datos; por lo que, el juzgador según su prudente arbitrio debe establecer los mecanismos de seguridad para el acceso a esa información.
Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, Tomo I, septiembre de 2015, página 28 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de septiembre de 2015 a las 11:00 horas», de título, subtítulo y texto siguientes:
"INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo."
En ese sentido, se concluye que la institución de crédito no puede seguir justificando su omisión de exhibir la información que le fue requerida con el pretexto de salvaguardar el secreto bancario o fiduciario pues, como ya se dijo, ese argumento ha sido desvanecido en virtud de que el juzgador está plenamente facultado, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y de la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes referida.
Enseguida se analizan los argumentos relativos al siguiente tema:
IV. ¿Se aplicó indebidamente la tesis I.3o.C.212 C (10a.), que invocó el Juez de Distrito en la sentencia recurrida?
La quejosa, ahora recurrente, sostiene que es inaplicable el criterio que refiere el Juez de Distrito, de rubro: "EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS. EL AUTO QUE NIEGA LA EMISIÓN DE LA SOLICITUD A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO O A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA RECABAR LA INFORMACIÓN RELATIVA IMPIDE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE CONSTITUYE COSA JUZGADA, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.",(58) puesto que el mismo se refiere a una diversa hipótesis que es respecto a que la autoridad judicial podrá solicitar a la institución de crédito o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la información de las cuentas en las que el ejecutado sea el titular, lo que es distinto porque, en el caso, se pide el texto de fideicomisos en los que no aparece el ejecutado como fideicomisario o beneficiario, por lo que no resulta aplicable en la especie.
Esos argumentos son infundados.
En efecto, el Juez de Distrito invocó el criterio contenido en la tesis número I.3o.C.212 C (10a.), emitido por este Tribunal Colegiado, bajo la consideración de que la autoridad que está solicitando tal información, es un ente jurisdiccional que tiene la facultad legal para requerir tal información, atento a lo establecido en los numerales 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y el diverso 192 de la Ley del Mercado de Valores, que son los que expresamente dotan al juzgador para requerir toda la información y documentación a las instituciones bancarias y financieras, para ejecutar sus determinaciones al impartir justicia, lo cual no es conculcatorio de los derechos elementales de la quejosa, ahora recurrente, pues lo que se ha buscado es hacer cumplir todas y cada una de las determinaciones del juzgador, por lo que, en lo que interesa y, por identidad de razón, aplicó la tesis emitida por este Tribunal Colegiado, de título y subtítulo: "EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS. EL AUTO QUE NIEGA LA EMISIÓN DE LA SOLICITUD A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO O A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA RECABAR LA INFORMACIÓN RELATIVA, IMPIDE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE CONSTITUYE COSA JUZGADA, POR LO QUE, EN SU CONTRA, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO."
Luego, del crite
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27996-ccee487d/embargo-de-creditos-la-interpretacion-teleologica-del-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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