INMEDIACIÓN. LA SENTENCIA QUE TOMA EN CUENTA PRUEBAS PERSONALES DESAHOGADAS POR UN JUEZ DISTINTO EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL VIOLA AQUEL PRINCIPIO, SIN EMBARGO, ESA VIOLACIÓN NO TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO Y, POR TANTO, ES INNECESARIO ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
INMEDIACIÓN. LA SENTENCIA QUE TOMA EN CUENTA PRUEBAS PERSONALES DESAHOGADAS POR UN JUEZ DISTINTO EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL VIOLA AQUEL PRINCIPIO, SIN EMBARGO, ESA VIOLACIÓN NO TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO Y, POR TANTO, ES INNECESARIO ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y PRIMERO, AMBOS DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO. 8 DE MAYO DE 2018. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JORGE ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ, JOSÉ MANUEL TORRES ÁNGEL Y JULIO CÉSAR GUTIÉRREZ GUADARRAMA. AUSENTES: VICTORINO HERNÁNDEZ INFANTE Y MIGUEL ÁNGEL ZELONKA VELA. DISIDENTE, PONENTE Y ENCARGADO DEL ENGROSE: FROYLÁN BORGES ARANDA. SECRETARIA: BERENICE DE LA ROSA ALMONTE.
Nezahualcóyotl, Estado de México. Acuerdo del Pleno sin Especialización del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el ocho de mayo de dos mil dieciocho.
Vistos los autos, para resolver, la contradicción de tesis 1/2018, denunciada por el Magistrado Froylán Borges Aranda integrante del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, respecto la posible existencia de contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de este Circuito en los juicios de amparo DP. 130/2016 y DP. 694/2016, y el diverso que fijó el Segundo Tribunal Colegiado del mismo Circuito, al resolver el amparo directo DP. 467/2017; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de la denuncia de contradicción de criterios.
1. Mediante oficio sin número, de nueve de enero de dos mil dieciocho, el Magistrado Froylán Borges Aranda, integrante del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, denunció la posible existencia de contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de este Circuito en los juicios de amparo DP. 130/2016 y DP. 694/2016, y el diverso que fijó el Segundo Tribunal Colegiado del mismo Circuito, al resolver el amparo directo DP. 467/2016.
SEGUNDO.—Trámite de la contradicción de tesis.
2. Por auto dictado el diez de enero de dos mil dieciocho, el entonces presidente del Pleno sin Especialización del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, recibió la denuncia de que se trata, ordenó la formación de la contradicción de tesis 1/2018 y la admitió.
TERCERO.—Turno de autos.
3. Por acuerdo de presidencia de quince de febrero de dos mil dieciocho, al estar debidamente integrado, se turnó el expediente al Magistrado Froylán Borges Aranda para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia.
4. Este Pleno del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Integración y Funcionamiento de los Plenos de Circuito; en virtud de que se trata de una denuncia de posible contradicción de criterios sustentados por dos Tribunales Colegiados del mismo Segundo Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación.
5. El Magistrado Froylán Borges Aranda, integrante del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, cuenta con legitimación para denunciar la posible contradicción de tesis, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO.—Consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito.
6. Con el fin de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciada, es menester señalar los antecedentes del tenor siguiente:
Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México
DP. 130/2016
"SEXTO.—Estudio del asunto.
"I. Estudio oficioso.
"Previo a analizar el fondo del presente asunto, de manera oficiosa, este tribunal advierte una circunstancia que en apariencia daría lugar a la actualización de una violación, cuyos efectos pudieran traducirse en la reposición total del juicio oral, dado que este órgano de control constitucional advierte que dentro del mismo intervinieron tres distintos funcionarios judiciales; sin embargo, en la especie ese hecho no impedirá que este órgano de control constitucional se avoque al estudio de los aspectos de fondo del fallo reclamado, lo que no implica soslayar esa irregularidad, de acuerdo con lo que enseguida se expone:
"En ese orden, la sustitución del juzgador durante la secuela del juicio oral puede dar lugar a que se registre una violación al principio de inmediación y con ello se vulnere el debido proceso; sin embargo, no necesariamente esa circunstancia debe dar lugar a nulificar todo el juicio y ordenar su repetición ante un diverso juzgador que íntegramente presencie el desahogo de pruebas, pues en casos excepcionales, como el presente, esa situación no amerita esa determinación, que en algunos casos pudiera resultar de mayor perjuicio para la adecuada defensa.
"Por ello, es menester analizar en cada caso la conveniencia de ordenar esa reposición de juicio, o bien, construir una excepción al principio de inmediación que permita cumplir con el postulado de justicia pronta y expedita a que, por imperativo del artículo 17 constitucional, se encuentra constreñido todo órgano jurisdiccional, incluido este tribunal colegiado, sin que ello justifique la falta de previsión por parte del Consejo de la Judicatura del Estado de México, antes de autorizar el cambio de adscripción de los juzgadores del nuevo sistema de justicia penal.
"En ese contexto, en casos como el presente, nulificar el juicio y ordenar su reposición a partir del auto de apertura redundaría en un injustificado retraso en el dictado de la sentencia, en detrimento del derecho humano de los ahora quejosos a una justicia pronta, dado que las pruebas desahogadas resultan contundentes para tener por demostrada la existencia del delito y la responsabilidad penal que les corresponde, sin que les asista alguna excluyente, y tampoco se observe vulneración de derechos en el tema de individualización e imposición de las penas.
"Ahora bien, resulta necesario realizar algunas consideraciones sobre el principio de inmediación que rige en el nuevo sistema de justicia penal a raíz de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, en que se estableció como un elemento del debido proceso, contemplado en el proemio del artículo 20 y apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(1)
"La inclusión de ese principio en el Texto Constitucional obedeció a una dura crítica de la sociedad, que fue llevada al debate legislativo, en relación a las prácticas que se realizaban (y se realizan aún) en los juzgados de corte tradicional (cuya orientación era hacia un sistema mixto, es decir inquisitivo-acusatorio), por diversos motivos, entre éstos la excesiva carga de asuntos concentrados en esos órganos jurisdiccionales y las diferentes labores que como titular de éstos debe realizar el Juez de manera paralela a su actividad de juzgador, pues su atención no se dirige únicamente a las sentencias que dicta, sino a múltiples tareas para la administración del juzgado.
"Entre esas circunstancias está la dinámica de las audiencias, en las cuales resultó práctica común que fueran formalmente presididas por el juzgador, pues era quien firmaba el acta que al final se levantaba, aunque de facto eran los secretarios del juzgado quienes realmente se hacían cargo de las diligencias, por lo que eran éstos quienes se percataban directamente del desahogo de las pruebas (cuya valoración era además bajo un sistema tasado de ponderación), para luego dar cuenta al titular del órgano judicial en los proyectos de sentencia, y era hasta ese momento, a través de la revisión del expediente, que el Juez podía conocer el resultado de la actividad probatoria verificada durante la instrucción del proceso, y con base en ello convalidar o modificar la propuesta de su secretario.
"Ello dio lugar a que en el debate legislativo se resaltara que en la mayoría de los casos las sentencias se dictaban sin que el Juez conociera el rostro del acusado, lo cual justificó, entre otros factores, la transición hacia un sistema penal acusatorio, que de suyo es el que más ajusta a un Estado de Derecho que aspira a ser democrático.
"En esa virtud, como uno de los principios que sustentan el sistema penal acusatorio se estableció la inmediación, cuyo fin es el de erradicar esas prácticas que cotidianamente se verifican en los juzgados de corte tradicional.
"Dicho principio consiste en que toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del Juez, así como de las partes que deban de intervenir en la misma, sin que dicho funcionario pueda delegar en persona alguna la admisión, desahogo o valoración de las pruebas, ni la emisión y explicación de las resoluciones respectivas.
"Lo anterior, implica que en las audiencias nadie interfiere entre quien ofrece la información (sujetos procesales y partes) y quien la recibe (Juez), esto es, el conocimiento del desarrollo del proceso llega de manera directa al juzgador que emite sentencia.
"Así, el principio de inmediación exige, como regla general, la presencia ininterrumpida de quienes participan en el proceso, pues del contenido del artículo 20 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en su proemio y apartado A, fracción II, y de su configuración por el Constituyente, se obtiene que al juzgador expresamente se le exige su presencia permanente en el desarrollo de las audiencias, con la prohibición de delegar sus funciones.
"Esto es así porque respetar el principio de inmediación en la audiencia de juicio oral (también en la fase de investigación) permite dar confiabilidad a los argumentos que el juzgador de la causa brinda en sus resoluciones respecto a la información que las partes introducen al proceso penal (en concordancia con los diversos principios de publicidad, concentración, continuidad y contradicción).
"Lo anterior no es otra cosa que la producción de elementos de convicción se realice bajo el examen y control directo e inmediato del Juez ante quien se desahogan y, que finalmente, será quien debe ponderarlos al emitir la resolución correspondiente.
"Por tanto, el principio de inmediación implica que el juzgador que dicta la resolución, debe presidir las audiencias, observar por sí la recepción de la prueba (o datos de prueba, según la etapa procesal), el debate generado con la intervención de las partes respecto a ella o incluso lo que, aun sin esa específica denominación, consta en el proceso (hechos o argumentos que finalmente también son y generan datos de prueba o prueba), para extraer directamente de la fuente su convicción respecto a lo que consta en el proceso y ha de sustentar su conclusión respecto a lo que debe considerar probado ante él.
"Dicho principio cobra plena vigencia conforme a la fracción III del apartado A del invocado artículo 20 constitucional,(2) pues sólo las pruebas desahogadas en la audiencia de juicio podrán sustentar una sentencia, lo que se enlaza con el principio de valoración libre y lógica que dispone la fracción II de dicho apartado, pues bajo el principio de inmediación el juzgador recibe la información que le aportan los distintos órganos de prueba que ante él desfilan durante la audiencia de debate, lo que le permite emitir una resolución con base en esos medios de convicción, sin que pueda delegar en otra persona esa función.
"Entonces, en un plano ideal, se puede concluir que el Juez que dicte la sentencia debe haber asistido a la práctica de las pruebas, pues sólo así puede apreciar directamente su resultado, siempre bajo el control horizontal de las partes que priva en el nuevo sistema de justicia penal.
"Sobre el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis aislada, de rubro: ‘PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. EN ÉSTE SÓLO PUEDEN REPUTARSE COMO PRUEBAS LAS DESAHOGADAS PÚBLICAMENTE ANTE EL TRIBUNAL RESPECTIVO, EN PRESENCIA DE LAS PARTES.’(3)
"En ese orden, el principio de inmediación parte de la premisa de que el Juez que presencie el desahogo de todas las pruebas sea el mismo el que dicte la sentencia, pues para valorar esos medios de convicción realiza una operación intelectual derivada de su presencia en el desahogo de éstos, lo que permite obtener un dato psicológico de las mismas, esto es, puede evaluar la conducta humana de los intervinientes (testigos, víctimas, policías, peritos, etcétera).
"Es decir, el juzgador, al presenciar directamente el desahogo de las pruebas, obtiene información a través de su percepción sensorial, pues advierte de primera mano las reacciones inmediatas de cada uno de los testigos y peritos ante los interrogatorios, así como el comportamiento de las partes y su interacción con los órganos de prueba, por lo que la presencia del juzgador en la recepción de esos medios de convicción genera en él la llamada "presunción humana", indispensable en el sistema de libre y lógica valoración bajo el cual opera el nuevo sistema de justicia penal.
"Lo hasta aquí apuntado, como se dijo, se encuentra en un plano ideal de cómo debe operar dicho sistema, de acuerdo a su construcción constitucional; sin embargo, dada la reciente manufactura de estos nuevos paradigmas de administración de justicia en materia penal, existen supuestos aún no contemplados por la legislación o la jurisprudencia.
"Uno de tales supuestos acontece cuando por determinación del Consejo de la Judicatura, en este caso del Estado de México, un Juez oral que conoce de un juicio y con ese motivo ha presenciado el desahogo de algunos o todos los medios de convicción ofrecidos en el debate, deja de ocupar ese cargo, por distintas razones, tales como el cambio de adscripción, ascenso al cargo de Magistrado, suspensión, destitución, enfermedad o incluso fallecimiento del funcionario, y con ese motivo es designado uno diverso que habrá de dictar la sentencia, con base en la observación de los discos que contienen las videograbaciones de las audiencias en que se registró el desahogo probatorio.
"Ante ese supuesto, es necesario establecer si esa sustitución es contraria o no al referido principio de inmediación, para lo cual es necesario recordar que el Texto Constitucional (artículo 20, apartado A, fracción II) impone al juzgador una obligación y a su vez establece una prohibición categórica. Dicha prohibición consistente en que ‘Toda audiencia se desarrollará en presencia del Juez ...’, es decir, bajo ninguna circunstancia el juzgador puede ausentarse del desarrollo de la audiencia, lo cual implica que si le es preciso ausentarse de la misma temporalmente, debe decretar un receso y continuar luego con la diligencia, lo mismo ocurre cuando en una misma sesión deban desahogarse múltiples medios de convicción.
"En este último caso, igualmente se protege el principio de inmediación, pues por razón natural, luego de transcurridas muchas horas ininterrumpidas en una misma audiencia, la fatiga impide que el juzgador tenga una percepción óptima de la información que proporcionan los órganos de prueba, por lo que es mejor, bajo los principios de concentración y continuidad, programar en varias sesiones el desahogo de las probanzas que habrán de recibirse, sin afectar desde luego la indivisibilidad de las mismas.
"Ahora bien, la prohibición que surge del Texto Constitucional radica en que además de estar presente en todo momento dentro de la audiencia, el Juez no puede ‘... delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas ...’, es decir, bajo ninguna circunstancia podrá abandonar la diligencia y dejar en su lugar a otra persona que lo sustituya, ni siquiera momentáneamente. Cabe mencionar que ello obedece, como se dijo, a la necesidad de erradicar esa práctica tan común en los juzgados tradicionales, lo que incluso se traduce en que el nuevo sistema de justicia penal no contempla ya la figura del secretario, por lo que amén de la prohibición constitucional, materialmente no es posible que el Juez delegue su función en un subalterno.
"En mérito de lo anterior, vale la pena discernir sobre el término ‘delegar’, que incluye la proscripción constitucional, pues conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, su significado es: ‘Dicho de una persona: Dar la jurisdicción que tiene por su dignidad u oficio a otra, para que haga sus veces o para conferirle su representación.’
"En ese orden, debe destacarse que se trata de un término que tiene su origen en el vocablo latino delegare, que puede traducirse como ‘mandar a alguien de manera legal’; es fruto de la suma de varias partes claramente delimitadas: el prefijo ‘de’-, que significa de ‘arriba abajo’; el verbo ‘lex’, que es sinónimo de ‘ley’, y el sufijo –‘ar’.
"Entonces, para delegar, el sujeto debe contar con cierta autoridad o poder para estar en condiciones de dejar sus asuntos en manos de otra persona. Sin esa autoridad, el otro individuo estaría en posibilidades de negarse a cumplir con el requerimiento; por tanto, es necesario que esa potestad de hacer descansar en otro las obligaciones propias, deba estar justificada en la ley.
"En ese contexto, la acepción ‘delegar’ a que alude la norma constitucional, se refiere a que el Juez a cargo del juicio oral no puede encomendar a otro funcionario de menor rango la labor de presenciar el desahogo de las pruebas, menos aún su valoración o la explicación de las razones del fallo que emita, pues de hacerlo vulneraría flagrantemente el principio de inmediación, sin posibilidad alguna de que el juicio pudiera salvarse, es decir, ante una sustitución de esa naturaleza, indefectiblemente el juicio sería nulo y debería reponerse desde su apertura, dado que en una parte del debate el Juez habría sido sustituido por otra persona no facultada por la ley para esas funciones jurisdiccionales.
"Pero ¿qué ocurre en casos como el presente? en que la sustitución del Juez no obedece a que éste haya ‘delegado’ sus funciones de juzgador en otra persona (subalterno) no facultada para ello, sino que se debe a la decisión de un órgano administrativo con imperio sobre los Jueces de Control y de juicio oral, como es el Consejo de la Judicatura del Estado de México, entre cuyas facultades se encuentra la de realizar la designación, adscripción, remoción, destitución, ascenso, cambio de adscripción, etcétera, de los juzgadores de primera y segunda (Magistrados) instancia en el sistema de justicia penal.
"Es indudable que en ese supuesto puede verse comprometida la inmediación, pues el juzgador que emite la sentencia no habría presenciado el desahogo de las pruebas o lo habría hecho parcialmente, pero a diferencia del supuesto hipotético de que el Juez delegara en un subordinado la función jurisdiccional (en que invariablemente tendría que declararse la nulidad del juicio), en el caso que nos ocupa, quien dicta el fallo es también un Juez investido de facultades legales para pronunciar sentencia.
"En ese caso, se presentan varios escenarios, los cuales dependen, por un lado, de la razón por la que el Juez que en un principio conoció del juicio es sustituido, pues en esa medida pudieran existir diferentes formas de solucionar esa cuestión y, por otro, el momento en que deja de presenciar las audiencias y es otro funcionario quien lo hace.
"Así, entre otros supuestos, puede acontecer que:
"a) La sustitución del juzgador obedezca simplemente a un cambio de adscripción autorizado por el Consejo de la Judicatura del Estado de México, es decir, que el Juez de juicio oral conserve esa calidad, pero sea asignado para ejercerla en otro distrito judicial de esta entidad federativa.
"b) El Juez de juicio oral cumpla los requisitos necesarios y obtenga un ascenso a la categoría de Magistrado de apelación, en ese caso, su retiro del juicio oral se debería a una nueva adscripción, pero por razón de grado, esto es, no conservaría ya la categoría de Juez de juicio oral, pues pasaría a ser juzgador de la autoridad de alzada.
"c) El Juez sea removido de su cargo por responsabilidad administrativa, es decir, en el supuesto que sea destituido o suspendido en su cargo, ya sea de manera definitiva, como sanción, o bien, de forma temporal para efectos de la investigación sobre su responsabilidad.
"d) Pudiera darse el caso que el Juez abandone el conocimiento del juicio por razones de salud que le impidan continuar con su labor, o bien, en un extremo de mayor gravedad, por fallecimiento del funcionario.
"En lo que toca a los momentos en que la sustitución acontece, puede suceder que sea un Juez quien presencie el total de las pruebas desahogadas y el que es designado para sustituirlo únicamente dicte la sentencia; de igual modo, que el primer juzgador presencie una parte de las pruebas y el o los sustitutos las restantes (como ocurre en la especie), hipótesis dentro de la cual puede suceder también que las pruebas más relevantes fueran desahogadas ante la presencia de un Juez y las de menor trascendencia ante el otro u otros que intervinieron.
"Establecida la problemática, este tribunal advierte que el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México (ley que rige el acto reclamado) no aporta una respuesta, así como tampoco la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por ello, es necesario que a partir del entendimiento del principio de inmediación y su transcendencia e importancia en el sistema penal acusatorio mexicano, así como su relevancia probatoria en el juicio oral, sea construida una respuesta a esa inquietud, pues los caminos pueden bifurcarse en dos posturas.
"La primera de ellas, ante el hecho de que en las hipótesis anunciadas se trastoque el principio de inmediación que rige el sistema, invariablemente se declare nulo todo lo actuado y se ordene la repetición del juicio desde su auto de apertura, pues con ello se garantiza que el Juez que habrá de dictar la sentencia sea el mismo que a través de su percepción sensorial presenció el desahogo de las pruebas en la audiencia de debate, y la segunda, que se construyan excepciones que permitan salvar el contenido del juicio y evitar su innecesaria repetición.
"La primera solución es recogida por el Código Nacional de Procedimientos Penales, según se desprende de la interpretación sistemática de sus artículos 351, 352 y 400,(4) en los cuales se contempla sustancialmente que cuando el Juez del juicio oral ante el cual ya se hubiesen desahogado las pruebas no pudiera continuar o dictar sentencia, debe declararse nulo todo lo actuado y realizarse nuevamente el juicio.
"Sin embargo, la legislación local no contempla esa circunstancia, por lo que surgen otras posibilidades, de acuerdo con cada caso en particular, pues de las hipótesis enunciadas en párrafos precedentes puede distinguirse que son varios los supuestos en que ocurre tal sustitución.
"El primero consistente en que, con el mismo rango, el juzgador que presenció el desahogo de la totalidad de los medios de prueba y únicamente fue sustituido al momento de emitirse la sentencia, sea cambiado de adscripción a un juzgado diverso dentro del territorio mexiquense, lo que pudiera encontrar solución si se otorga el amparo para que se deje sin efecto la sentencia reclamada y la autoridad de alzada ordene reponer el procedimiento, únicamente hasta antes de dictarse el fallo de primera instancia, y se instruya al Consejo de la Judicatura Local para que reasigne a ese Juez, al menos de manera temporal, al juzgado oral en el que desahogó totalmente las pruebas del juicio, para que emita la sentencia correspondiente, con lo que el principio de inmediación quedaría salvado, sin necesidad de una reposición total del juicio.
"Ahora bien, cuando la sustitución del Juez se debe a su ascenso, destitución, suspensión, enfermedad o fallecimiento, se hace imposible jurídica y materialmente la solución propuesta en el párrafo precedente, pues no es factible ya la reasignación del juzgador que presenció el desahogo de las pruebas para que dicte la sentencia que corresponda, con base en el resultado de éstas.
"En esos casos es necesario preguntarse si se salva el principio de inmediación, pues el Juez que toma conocimiento del asunto para dictar la sentencia, lo hace con base en la observación de las videograbaciones de las audiencias de desahogo de pruebas, es decir, la ponderación de los medios de convicción no depende de su percepción directa de la información que proporcionan los órganos de prueba (testigos y peritos principalmente), sino del contenido de esos videos.
"Lo que adquiere mayor complejidad en el supuesto que además el desahogo de pruebas presenciado por cada uno de los juzgadores haya sido parcial, esto es, que el primero presida las audiencias en que se recibió cierto material probatorio, y el sustituto o sustitutos (como en la especie) reciba el resto de la información que proporcionen los órganos de prueba, con lo que habrá de dictar el fallo.
"En esos supuestos, como ya se adelantó, se vislumbran dos salidas: la primera, conceder el amparo para que la sala de apelación declare la nulidad del juicio y ordene su reposición a partir del auto de apertura a juicio oral y se repitan ante un mismo juzgador todos los medios de convicción originalmente desahogados, para que sea éste quien, luego de apreciar de manera íntegra la información que proporcionen los órganos de prueba, dicte la sentencia que corresponda.
"La otra posibilidad que surge es ponderar, caso por caso, la conveniencia de esa reposición tajante del juicio y la repetición de las pruebas ante un nuevo juzgador, o bien, la construcción de excepciones al principio de inmediación, por resultar más gravoso para el justiciable el retraso en la obtención de una sentencia que dirima la controversia, o incuso ponga en peligro su derecho a una adecuada defensa.
"En ese sentido, es necesario discernir, en casos como el presente, sobre las consecuencias que la repetición del juicio puede acarrear, dado que ello implica una nueva comparecencia de todos los órganos de prueba que intervinieron en la audiencia de debate, con el riesgo latente de que no acudan en esa segunda ocasión, incluidos los testigos u otros órganos de prueba de descargo, lo que lejos de favorecer a los intereses del justiciable resolvería en su perjuicio, en detrimento de su derecho de adecuada defensa, o bien, puede suceder, entre otros supuestos, que en un interrogatorio su defensor fue exitoso en demeritar la credibilidad de un testigo de cargo, pero en la segunda oportunidad derivada de la reposición, esa técnica de litigación no sea igual de eficiente para el acusado.
"Tales ejemplos ponen en tela de juicio la conveniencia de decretar, en todos los casos, la nulidad de un juicio y ordenar su repetición integral.
"En otros casos, puede suceder que el material probatorio desahogado, aun cuando no se recibió en su totalidad por el mismo juzgador que dictó la sentencia de primer grado, es contundente para demostrar la existencia del hecho delictuoso y la responsabilidad penal del justiciable, por lo que la reposición del juicio únicamente redundaría en un retraso innecesario en el dictado de la sentencia que resuelva en definitiva la situación jurídica del justiciable, en detrimento del derecho humano a una justicia pronta, tutelado por el artículo 17 constitucional.
"En ese tenor, es necesario disertar sobre la cuál de esos principios habrá de prevalecer, según el caso concreto.
"Así, la violación al principio de inmediación que rige en el proceso penal acusatorio, por regla general, tiene como consecuencia la nulidad del juicio oral a efecto de que se realice nuevamente el desahogo de pruebas por un mismo juzgador y sea éste el que dicte sentencia, lo que evidentemente genera un retraso en la decisión definitiva.
"Existe entonces un conflicto de principios constitucionales que parecería una antinomia jurídica. En este sentido, para poder hablar de un genuino conflicto de derechos (principios), es necesario que para una misma situación jurídica, dos derechos (principios) prevean, al menos prima facie, soluciones contrarias.(5)
"Asimismo, los principios constitucionales tienen una estructura normativa que no es la propia de las reglas (que son normas jurídicas con condiciones de aplicación razonablemente detalladas y determinadas, y que se aplican mediante razonamientos subsuntivos), sino la que caracteriza a los principios, que son imperativos jurídicos con condiciones de aplicación definidas de modo muy abierto, lo cual los destina naturalmente a entrar en interacción, en los casos concretos, con otras normas con contenidos jurídicos que apuntan en direcciones diferentes.
"Es por eso que suele decirse que los derechos (principios) operan en el razonamiento jurídico como mandatos de optimización, porque su protección y reconocimiento en los textos constitucionales presuponen naturalmente que sus exigencias normativas entrarán en conflicto con otras en los casos concretos, hipótesis en la que será necesario desarrollar un ejercicio de ponderación para articular el resultado de su aplicación conjunta en esos casos.
"Así, para la solución de conflictos entre este tipo de normas (principios) que gozan de igual jerarquía constitucional, no resultan aplicables los criterios tradicionales de solución de ant
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28000-09358dae/inmediacion-la-sentencia-que-toma-en-cuenta-pruebas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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