I. MAGISTRADOS DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. EL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTÁ CONSTITUCIONALMENTE HABILITADO PARA INCREMENTAR SUS PERIODOS DE ESCALONAMIENTO A TRAVÉS DE UN ACTO LEGISLATIVO ("DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DEL "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1o. DE JULIO DE 2008", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS). II. MAGISTRADOS DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. LA DETERMINACIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN DE INCREMENTAR SUS PERIODOS DE ESCALONAMIENTO NO IMPLICA UNA INVASIÓN A LA DECISIÓN SOBERANA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DE DISTRIBUIR SU TIEMPO DE ESTANCIA EN EL CARGO ("DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DEL "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1o. DE JULIO DE 2008", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS). III. MAGISTRADOS DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. LA DETERMINACIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN DE INCREMENTAR SUS PERIODOS DE ESCALONAMIENTO NO IMPLICA UNA INVASIÓN A LA COMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA SELECCIONAR LAS TERNAS DE CANDIDATOS A ESE CARGO ("DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DEL "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1o. DE JULIO DE 2008", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS). IV. MAGISTRADOS DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. LA DETERMINACIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN DE INCREMENTAR LOS PERIODOS DE ESCALONAMIENTO ES VÁLIDA, EN TANTO NO LOS REDUZCA, LOS DEJE SIN EFECTOS O EXCEDA SU LÍMITE MÁXIMO, ALTERE LAS CONDICIONES DE SU DESEMPEÑO Y/O PROVOQUE DISTORSIONES RESPECTO DE LOS DEMÁS MIEMBROS DEL TRIBUNAL ("DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DEL "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1o. DE JULIO DE 2008", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS). V. MAGISTRADOS DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. LA DETERMINACIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN DE INCREMENTAR SUS PERIODOS DE ESCALONAMIENTO NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA JURISDICCIONAL ("DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DEL "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1o. DE JULIO DE 2008", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS). VI. MAGISTRADOS DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. NO EXISTE DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL EXPRESA EN EL SENTIDO DE QUE EL INCREMENTO DE SUS PERIODOS DE ESCALONAMIENTO POR PARTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN DEBA PROGRAMARSE TRIANUALMENTE PARA GUARDAR SIMETRÍA TANTO CON LOS PROCESOS ELECTORALES FEDERALES COMO CON LA RENOVACIÓN PERIÓDICA DE LOS CONSEJEROS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL ("DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DEL "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1o. DE JULIO DE 2008", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE L
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 99/2016 Y SU ACUMULADA 104/2016. MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 27 DE JUNIO DE 2017. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: ALFREDO VILLEDA AYALA.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al veintisiete de junio de dos mil diecisiete emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 99/2016 y su acumulada 104/2016, promovidas por los partidos políticos Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y de la Revolución Democrática en contra de un decreto que reformó un precepto transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
I. Antecedentes y trámite de la demanda
1. Presentación de la demanda. El cinco de noviembre y el dos de diciembre de dos mil dieciséis, por escritos presentados, respectivamente, en el domicilio del autorizado para recibir promociones fuera del horario de labores y en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y María Alejandra Barrales Magdaleno, presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática, promovieron acciones de inconstitucionalidad en contra de la aprobación, promulgación y publicación de un decreto impreso en el Diario Oficial de la Federación, el tres de noviembre de dos mil dieciséis bajo la siguiente denominación:
"Decreto por el que se reforma el artículo cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del ‘Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de julio de 2008."
2. Como su designación lo dice, este decreto impugnado tuvo como objeto reformar la cuarta disposición transitoria de la referida Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la cual establecía el procedimiento de designación y renovación escalonada de los Magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ocuparían el cargo a partir del cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, así como la duración del encargo de manera alternada: dos magistraturas se desempeñarían hasta el treinta y uno de octubre del dos mil diecinueve; dos más hasta el treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, y tres hasta la misma fecha pero del año dos mil veinticinco.
3. La modificación de este transitorio, que es lo que ahora se cuestiona, consistió en incorporar un párrafo e incisos a ese precepto transitorio para señalar que las magistraturas de la Sala Superior que iniciaban su mandato el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y cuyos titulares habían sido designados el veinte de octubre de dos mil dieciséis, desempeñarían su cargo más bien de la manera que sigue: los dos Magistrados que fueron elegidos para el periodo que finalizaría en el año dos mil diecinueve, durarían en su encargo hasta el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés; los otros dos Magistrados elegidos para el periodo que concluiría en el año dos mil veintidós, su designación se extendería hasta el treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro; mientras que los tres Magistrados restantes ejercerían su encargo en los mismos términos de la elección realizada previamente por la Cámara de Senadores; es decir, del cuatro de noviembre de dos mil dieciséis al treinta y uno de octubre de dos mil veinticinco. En el propio decreto se sostuvo que los primeros cuatro Magistrados serían convocados nuevamente para rendir la protesta constitucional y se emitiría la declaración correspondiente.
4. Antecedentes. Como hechos notorios, los partidos políticos destacaron en sus demandas que, el trece de noviembre de dos mil siete, se publicó una reforma a la Constitución Federal, entre ellos, a su artículo 99, en la que se determinó, entre otras cuestiones, que los Magistrados de las Salas Superior y Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los integrantes del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral se elegirían de manera escalonada y periódica, en términos de lo que dispusieran las leyes. En concordancia, el primero de julio de dos mil ocho, se publicó un decreto de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en el que se previó en su disposición cuarta transitoria la detallada renovación escalonada y los periodos de nombramiento de los Magistrados.
5. En atención a lo anterior, años más tarde, el veinte de octubre de dos mil dieciséis, fueron elegidos por el Senado de la República los siete Magistrados y Magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ocuparían el cargo desde el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis (a los que se les tomó su protesta), conforme a las reglas vigentes desde el dos mil ocho; sin embargo, refieren los partidos políticos, que el veinticinco de octubre de ese año, un grupo de senadores y senadoras presentaron ante el Pleno de su Cámara una iniciativa de reforma a la citada disposición cuarto transitoria de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ese mismo día, la Mesa Directiva turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, las cuales emitieron su dictamen el veintiséis de octubre siguiente, el cual fue sometido a discusión y aprobación por el Pleno del Senado el día posterior.
6. Hecho lo anterior, una vez que se envió la minuta a la colegisladora, tras su trámite, el tres de noviembre, el Pleno de la Cámara de Diputados discutió y aprobó el dictamen emitido por la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se modificaba el artículo cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ese día, en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación, el Poder Ejecutivo Federal publicó el decreto de reformas correspondiente.
7. En consecuencia, aluden los partidos políticos, los cuatro Magistrados que vieron modificado su periodo en el encargo, rindieron protesta nuevamente el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis ante el presidente del Senado de la República. Ese día, también se emitió la declaratoria de los periodos de designación de los Magistrados correspondiente, la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el quince de noviembre de dos mil dieciséis.
8. Preceptos violados. En su demanda, Morena señaló como preceptos violados los artículos 1o., 13, primera parte; 14, primer y segundo párrafos; 16, primer párrafo; 17, segundo párrafo; 35, fracción VI; 41, segundo párrafo; 49; 94; 99, párrafos décimo primero a décimo cuarto, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (de ahora en adelante la Constitución Federal), y quinto transitorio del decreto de la reforma constitucional de trece de noviembre de dos mil siete; así como los artículos 1, numerales 1 y 2; 23 numeral 1, inciso c); 24; 25 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
9. Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática sostuvo que las normas transgredidas fueron los artículos 1o., 4o., 13, primera parte; 14, primer y segundo párrafos; 16, primer párrafo; 17, segundo párrafo; 35, fracción VI; 41, segundo párrafo; 49; 99, párrafos décimo primero, en relación con el décimo segundo, y 133 de la Constitución Federal, así como los artículos 1, numerales 1 y 2; 8; 23 numeral 1, inciso c); 24; 25, y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2, 3 y 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
10. Conceptos de invalidez. En contra de este decreto modificatorio, los partidos políticos expusieron los conceptos de invalidez que se detallan a continuación.
11. Por un lado, Morena presentó sus argumentos de inconstitucionalidad, a través de una serie de razonamientos que se engloban en cuatro temáticas de conceptos de invalidez:
a) Primero (Violación al principio de periodicidad y de la elección escalonada de los Magistrados). El artículo único reclamado del aludido decreto transgrede los artículos 99, párrafos décimo primero y décimo segundo, de la Constitución Federal, en relación con el quinto transitorio del decreto de reforma constitucional, de trece de noviembre de dos mil siete, pues se confronta con el principio de periodicidad de las elecciones y el mandato relativo a la elección escalonada de los Magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
b) En palabras del partido político, al modificarse en forma caprichosa e infundada los encargos de cuatro de los siete Magistrados de la Sala Superior que ya habían rendido protesta por una temporalidad menor, se altera el principio de periodicidad de la elección escalonada que debe ser cada tres años, según una interpretación auténtica, funcional y teleológica de las normas constitucionales citadas. La elección sólo es escalonada si a la vez es periódica, y sólo es periódica en razón de la periodicidad de los procesos federales y la renovación escalonada de otros funcionarios con competencia electoral, tales como los comisionados del entonces Instituto Federal Electoral.
c) Se explica que, por virtud de la referida reforma constitucional de trece de noviembre de dos mil siete, el Poder Constituyente estableció en el artículo 99 que la duración de los Magistrados de la Sala Superior sería de nueve años improrrogables. Para ello, siguió cierta lógica: primero, que ese periodo no es un máximo, sino el periodo ordinario de duración del encargo una vez superada la etapa de transición y, segundo, que la delimitación de ese periodo de nueve años, junto con la obligación de escalonamiento, no era arbitraria, sino que tenía como finalidad armonizar el procedimiento y temporalidad de la elección escalonada de Magistrados electorales (cada tres años) con la periodicidad de los procesos electorales (que son cada tres años) y con la renovación escalonada de los consejeros electorales del ahora Instituto Nacional Electoral.
d) Siguiendo esa tónica, se afirma que el primero de julio de dos mil ocho, el propio Congreso de la Unión reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para en su artículo cuarto transitorio (objeto de la reforma ahora impugnada) prever que la renovación de los Magistrados electorales que iniciarían sus funciones el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis se hiciera de manera escalonada y periódica cada tres años.
e) A partir de esas premisas, argumenta que la alteración de los nombramientos de los Magistrados que se hace con la reforma impugnada a un periodo de siete, ocho y nueve años, respectivamente, trastoca por completo los fines de la modificación constitucional de dos mil siete y la armonía que se buscaba con dicha designación escalonada para los procesos electorales.
f) Se insiste que, por elección escalonada o periódica de Magistrados electorales, debe entenderse el proceso de nombramiento y desempeño de dichos cargos públicos, de trecho en trecho, con un mismo espacio o distancia entre sí y con la nota distintiva de que no se eligen todos al mismo tiempo, sino que tal renovación se va dando en intervalos (que atendiendo a la interpretación planteada debe ser cada tres años).
g) El partido político fundamenta esta postura transcribiendo, en principio, el dictamen con proyecto de decreto de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, que formó parte del procedimiento de reforma constitucional de trece de noviembre de dos mil siete, en el que, por un lado, se señala que la renovación escalonada de los Magistrados electorales se hace a fin de conseguir armonía con la elección y renovación de los consejeros electorales, por lo que se establecía un periodo de duración del cargo de nueve años para facilitar la renovación escalonada atendiendo a la periodicidad de los procesos electorales y, por otro lado, se aprueba el lineamiento consistente en que ante una vacante definitiva de cualquiera de los Magistrados, la elección del nuevo integrante se haría hasta el periodo para el que fue electo el ausente, con el objeto de no distorsionar la renovación escalonada de los órganos.
h) Posteriormente, también transcribe el dictamen con proyecto de decreto de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación de la Cámara de Diputados, destacando la parte en la que se afirma que las comisiones dictaminadoras comparten las razones y argumentos vertidos por la colegisladora para justificar la reforma constitucional.
i) Así, el partido político recalca que la norma general impugnada es contraria a la interpretación auténtica, funcional y teleológica de los párrafos décimo primero y décimo segundo del artículo 99 constitucional, alterando el principio de periodicidad de las elecciones en la renovación escalonada de Magistrados federales, tal como lo pretendió el Poder Constituyente (cada tres años) y tal como había sido cumplimentado en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación antes del decreto reclamado.
j) Segundo (Infracción al principio de no emisión de ley privativa y cumplimiento del objeto del artículo cuarto transitorio cuestionado). El artículo único impugnado del decreto legislativo, se (sic) trata de una ley privativa prohibida por el artículo 13 de la Constitución Federal, que además soslaya la condición de no reformabilidad del contenido del artículo cuarto transitorio del decreto de modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de primero de julio de dos mil ocho, violentando los artículos 1o., 13, primera parte, 14, primer y segundo párrafos, 16, primer párrafo, 17, segundo párrafo, 35, fracción IV, 41, segundo párrafo, 99, párrafos décimo primero y décimo segundo, constitucionales. A juicio del partido, ese precepto legal ya había cumplido su objeto de manera idónea con el acto de elección de Magistrados, efectuado por el Senado de la República el veinte de octubre de dos mil dieciséis, según la referida interpretación auténtica, funcional y teleológica de lo dispuesto por el artículo 99, párrafos décimo primero y décimo segundo, de la Constitución Federal y el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional de trece de noviembre de dos mil siete.
k) Respecto al primer argumento, el partido señaló que el artículo único del decreto constituye una ley privativa, en tanto infringe el principio de que toda ley debe ser impersonal, general y abstracta. Desde su punto de vista, a partir de la reforma cuestionada, es posible personalizar y determinar nominalmente a los destinatarios concretos de la aplicación de sus respectivos encargos como Magistrados, al haberse especificado que los dos Magistrados electos para un periodo de tres años, pasarían a uno de siete, y los otros dos Magistrados designados para un encargo de seis años, se extendería a ocho años.
l) En ese sentido, la asociación política agrega que la reforma impugnada carece de la más elemental fundamentación y motivación legislativa y que los Magistrados indebidamente beneficiados con la aplicación de la ley privativa que hayan rendido protesta para el desempeño del cargo con su nueva duración, deberían ser declarados impedidos o inhabilitados por falta de probidad y profesionalismo para el ejercicio del cargo (sin que pueda surtir efectos la segunda protesta).
m) Además, se aduce que la designación de los Magistrados por un periodo extendido, involucra privilegios o ventajas irrazonables, lo que ocasiona una vulneración a los artículos 1, numerales 1 y 2, 8, 23, numeral 1, inciso c), 24, 25 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 35, fracción VI, de la Constitución Federal. Se citan varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en los Casos López Lone y otros Vs. Honduras y Reverón Trujillo Vs. Venezuela), en las que se sostuvo que todo proceso de nombramiento debe tener como función no sólo elegir según los méritos y calidades del aspirante, sino el aseguramiento de la igualdad de oportunidades en el acceso al Poder Judicial, mediante mecanismos objetivos de selección y permanencia que tengan en cuenta la singularidad y especificidad de las funciones que se van a desempeñar.
n) Consecuentemente, el partido alega que con la extensión del periodo de nombramientos para beneficiar a cuatro personas, se otorgan ventajas y privilegios indebidos, pues ahora otras personas tendrán que esperar siete años para volver a intentar su acceso a ese órgano jurisdiccional.
o) Tercero (Violación a los principios que rigen la materia electoral y a la legalidad y seguridad jurídica). El artículo único del decreto conlleva una invasión de competencias y una violación a los principios de certeza y legalidad electorales, así como a las garantías de legalidad, seguridad jurídica y competencias plasmadas en los artículos 14, segundo párrafo; 16, primer párrafo; 49, 94, 99, párrafos décimo primero a décimo cuarto y 133 de la Constitución Federal, en relación con los artículos 2 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
p) En primer lugar, se argumenta que el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo Federal carecen de competencias para modificar los nombramientos de Magistrados inicialmente aprobados, lo cual incide sobre el principio de división de poderes. En el caso, no sólo se actualiza una intromisión entre un poder y otro, sino que la norma impugnada del decreto conlleva que exista un contexto de dependencia a la luz de la tesis P./J. 80/2004 de rubro: "DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS."
q) En ese tenor, el partido arguye que uno de los Poderes (Legislativo), se inmiscuye o interfiere en una cuestión propia de otro (judicial), como es la exclusión de la Suprema Corte, en el ejercicio de atribuciones desplegadas para ampliar los periodos de duración de los nombramientos de Magistrados de la Sala Superior que ya habían sido designados.
r) Es decir, al modificar los nombramientos de los Magistrados con una simple declaración, el Congreso de la Unión impide, de forma antijurídica, participar en el procedimiento al Poder, llamado a atender todas las cuestiones relativas a integrar y proponer ternas (Suprema Corte) en forma periódica cada tres años, subordinándolo a sus actuaciones. Con ello, se violentan los artículos 49, 94 y 99 de la Constitución Federal, por lo que la Suprema Corte y el Tribunal Electoral deberán regir sus actuaciones conforme a las normas constitucionales y legales que les aplican y no a las reformas legales emitidas injustificadamente y sin competencia por el Poder Legislativo.
s) Ahora, en relación con la no reformabilidad, se explicó que una vez que el Senado de la República designó a los Magistrados de la Sala Superior el veinte de octubre de dos mil dieciséis, el Congreso de la Unión ya no tenía competencias para emitir normas generales como la objetada. El contenido del artículo cuarto transitorio reformado era claro en cuanto al mecanismo de selección de los Magistrados de la Sala Superior y al periodo de transición establecido para su renovación escalonada cada tres años; así, al haberse efectuado la elección y designación de los Magistrados conforme a los periodos previamente detallados (tres, seis y nueve años), se agotó el objeto de la norma, y cualquier modificación que incidiera en sus efectos conllevaría una infracción a las garantías de legalidad y seguridad jurídica.
t) Además, se sostuvo que reformar un precepto transitorio legal que cumple puntualmente con el mandato de la reforma a la Constitución Federal, según la interpretación auténtica, funcional y teleológica de los artículos antes detallados, en cierta forma equivale a pretender modificar el Texto Constitucional. Ello, sin que sea obstáculo que en el dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, se haya justificado la reforma con el argumento consistente en que la renovación de los Magistrados se lleve a cabo de manera progresiva. A decir del partido, si bien lo progresivo puede equipararse a lo escalonado, gradual o paulatino, en realidad ese tipo de progresividad altera y destruye el mandato del Constituyente Permanente, consistente en que el escalonamiento sea acorde a la temporalidad de los procesos electorales.
u) Por lo tanto, se aduce que debe declararse la inconstitucionalidad de la norma reclamada y que, en consecuencia, queden sin efectos las ampliaciones a la duración de los mandatos de cuatro de los Magistrados; la toma de protesta por la nueva duración del encargo, y la declaración del Senado, una vez que fuere publicada, para la aplicación de la propia reforma.
v) Cuarto (Violación al principio de no retroactividad). Por último, se dice que el artículo único impugnado del decreto transgrede el principio de irretroactividad de la ley, ya que la ampliación de los periodos de los Magistrados, una vez que habían sido elegidos, conlleva una interferencia con los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas nacidas con anterioridad; dicho de otra manera, para el partido político, el transitorio que se modificó había surtido sus efectos legales y, con los respectivos nombramientos, se habían generado derechos o condiciones jurídicas adquiridas que no podían ser alteradas con posterioridad.
12. Demanda del Partido de la Revolución Democrática. Tras explicar los antecedentes de la ley reclamada, primero, se incluyó un apartado denominado "cuestiones previas", en el que se expusieron argumentos para desestimar posibles causales de improcedencia y, posteriormente, se presentaron seis apartados de conceptos de invalidez:
a) Cuestiones previas. En primer lugar, el partido político señala que la norma impugnada debe considerarse formal y materialmente legislativa para efectos de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad. A su juicio, es producto de un proceso legislativo acabado en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, y tuvo como objeto reformar, precisamente, otra disposición de naturaleza legislativa. Así, no puede considerarse como un decreto con efectos particularizados (como se ha resuelto en otros asuntos, tales como la acción de inconstitucionalidad 4/98, en la que se declaró improcedente la vía para reclamar el presupuesto de egresos del Distrito Federal). Adicionalmente, el análisis sobre si la norma controvertida constituye una ley privativa amerita un pronunciamiento de fondo, bajo pena que de actuar diferente y declarar la acción como improcedente, conllevaría la existencia de una petición de principio (argumento circular), pues el estudio de la naturaleza de la norma es justo una cuestión medular de la acción de inconstitucionalidad. Para apoyar estos razonamientos, citó la tesis de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA EN CONTRA DE LA LEY O DECRETO, NO BASTA CON ATENDER A LA DESIGNACIÓN QUE SE LE HAYA DADO AL MOMENTO DE SU CREACIÓN, SINO A SU CONTENIDO MATERIAL QUE LO DEFINA COMO NORMA DE CARÁCTER GENERAL."
b) Por otro lado, aduce que la norma reclamada debe considerarse como electoral para efectos de la procedencia, ya que, consistentemente, la Suprema Corte ha resuelto que en las acciones de inconstitucionalidad rige una definición amplia de la materia electoral. Cita la acción de inconstitucionalidad 51/2014 y sus acumuladas, en las que se tuvieron como normas materialmente electorales a aquellas que regulan lo relacionado con la integración de los órganos públicos que inciden en la materia y la tesis de jurisprudencia de rubro: "MATERIA ELECTORAL. DEFINICIÓN DE ÉSTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL."
c) Consecuentemente, se afirma que la norma que se impugna es electoral porque se enmarca en el cumplimiento de la reforma en materia electoral de dos mil ocho y debido a que regula el mecanismo para el nombramiento e integración de un órgano de naturaleza electoral, lo cual forma parte de la materia electoral indirecta a la que aluden los precedentes y tesis referidas.
d) Adicionalmente, se sostiene que tampoco puede afirmarse que el contenido de esa norma reclamada ha cesado en sus efectos. En principio, toda vez que el análisis de si ese decreto modificó una norma que, a su vez, ya había agotado su contenido, es un aspecto que debe ser analizado en el fondo del asunto. Segundo, se aduce que no resulta entonces aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 8/2008, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CUANDO SE PROMUEVE CONTRA UN PRECEPTO TRANSITORIO QUE YA CUMPLIÓ EL OBJETO PARA EL CUAL SE EMITIÓ, DEBE SOBRESEERSE AL SURTIRSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN V, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."
e) Ello, pues la norma reclamada es precisamente la disposición que modifica los mandatos de cuatro Magistrados de la Sala Superior, lo cual sigue surtiendo sus efectos al día de hoy (es la norma que establece los nuevos periodos) y, porque, de desecharse la acción, se llegaría al absurdo de aceptar que este tipo de normas transitorias escapen al control abstracto de constitucionalidad; además de que, se recalca, todo ese análisis debe efectuarse en el estudio de fondo del asunto.
f) Primero (Violación al principio de renovación escalonada). Terminada la exposición de las cuestiones previas, el partido político inició sus conceptos de invalidez afirmando que la norma cuestionada provoca una violación directa a la lógica y sentido de la renovación escalonada de los integrantes de los órganos electorales; en específico, a lo previsto en el artículo 99 constitucional y en los artículos tercero y quinto transitorios del decreto de reformas a la Constitución Federal de trece de noviembre de dos mil siete.
g) El partido inicia su argumentación haciendo alusión a los dictámenes de la citada reforma constitucional de dos mil siete de las Cámaras de Diputados y Senadores, en los que se dice que la renovación escalonada de los consejeros del Instituto Electoral y los Magistrados de las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, debe hacerse de manera escalonada, en armonía con la periodicidad de los comicios federales y dentro de un periodo de transición de nueve años para el caso de las magistraturas.
h) Así las cosas, se destaca que es evidente que los procesos electorales federales se tienen programados para cada tres años (2018, 2021 y 2024), por lo que las anteriores normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecían la renovación precisamente acorde a dichos periodos, lo cual era coincidente con la intención del Poder Reformador.
i) Bajo esa tónica, se dice que los nuevos periodos de siete y ocho años para la renovación de dos, y dos Magistrados hace inoperable ese principio de renovación escalonada, según la periodicidad de los procesos electorales, conllevando a que la renovación sea consecutiva, con diferencia tan sólo de un año, lo que trastoca los dos propósitos de la reforma constitucional consistentes en la renovación y experiencia en la integración del máximo órgano electoral de manera paulatina y atendiendo, precisamente, a los periodos de los procesos electorales.
j) Se insiste en que es clara la interpretación originalista de la Constitución en cuanto a la renovación escalonada de los Magistrados, a la luz de los diferentes dictámenes de las comisiones legislativas que participaron en la modificación al Texto Constitucional en dos mil siete (destaca que esta clase de interpretación fue utilizada al resolver la contradicción de tesis 293/2011).
k) Ante ese razonamiento, se recalca que justo del análisis del proceso legislativo de esa reforma constitucional de dos mil siete (iniciativa y dictámenes), se advierten las siguientes pautas: i) la elección escalonada de los Magistrados debe ser consistente con la periodicidad de los procesos electorales con intervalos de cada tres años; ii) el escalonamiento de los Magistrados es congruente con el escalonamiento en la renovación de los consejeros de la autoridad electoral administrativa; iii) a fin de asegurar un escalonamiento cada tres años, se previeron medidas adicionales tales como que las vacantes que en su caso se generaran fueran cubiertas sólo por el tiempo restante de la designación original; iv) el objeto principal es hacer posible la combinación de renovación y experiencia (con los nombramientos por periodos de siete, ocho y nueve años se tiene un periodo de acumulación de experiencia sin renovación y un periodo de rápida renovación con acelerada pérdida de experiencia); y, v) las reglas de operación escalonada operan a partir de la conclusión del mandato de los Magistrados que se verificó el tres de noviembre de dos mil dieciséis; es decir, un año posterior a la conclusión de un proceso electoral federal, lo que conforme a los propósitos de escalonamiento y experiencia, permite la integración de la Sala en años sin proceso electoral.
l) Segundo (Violación a los principios de certeza, seguridad jurídica y definitividad). Con anterioridad a la reforma constitucional de trece de noviembre de dos mil siete, la Sala Superior se renovaba cada diez años. Por ende, la modificación al artículo 99 de la Constitución Federal impuso como mandato que la designación de los Magistrado
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28012-839ebcb6/i-magistrados-de-la-sala-superior-del-tribunal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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