Corpus
Modo: Corpus Pro

EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 83/2018. · Registro digital (IUS): 28044
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2018-09-07
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, Pág. 939.

EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 83/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 27 DE JUNIO DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: IRMA GÓMEZ RODRÍGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados entre Tribunales Colegiados de diferente Circuito, en un tema que corresponde a la materia administrativa, que es de la especialidad de este órgano colegiado.

SEGUNDO.—Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que la denunció un Magistrado integrante del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito.

TERCERO.—Criterios contendientes. Para determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, es necesario conocer las consideraciones que expusieron los Tribunales Colegiados contendientes en sus respectivas ejecutorias.

1. Del recurso de queja **********, del índice del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, se desprende que el acto impugnado lo constituyó el acuerdo a través del cual el Juez de Distrito desechó la demanda de amparo en la que se reclamaron las notificaciones relativas a la sentencia y el auto a través del cual se declaró ejecutoriada, emitidos en el juicio agrario en el que los ahora quejosos tienen el carácter de demandados; pues consideró actualizada la hipótesis prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al inobservar el principio de definitividad, dado que no agotaron el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria.

Para establecer las razones por las cuales el Tribunal Colegiado de Circuito calificó de infundados los agravios hechos valer en el recurso de queja, señaló:

"En efecto, la causal de improcedencia considerada por el Juez revisado, es la prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la legislación de proceder, que establece:

"‘Artículo 61.’ (se transcribe)

"De la interpretación sistemática de la citada fracción, se advierte que establece el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, como juicio excepcional, que sólo es procedente contra aquellas resoluciones que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas determinaciones que provengan de autoridades judiciales, administrativas o del trabajo que puedan ser susceptibles de ser cambiadas jurídicamente en cualquiera de los sentidos antes apuntados, a través de tales recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de garantías, sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios.

"La causal de improcedencia contenida en el precepto legal trascrito, prevé que el gobernado que estime haber sido agraviado por un acto de un tribunal judicial, administrativo o de trabajo, pueda acudir solicitando el amparo solamente hasta después de que haya agotado todas las instancias, recursos o medios de defensa ordinarios que se regulen en la ley correspondiente, que tiendan a revocar, modificar o nulificar la resolución o acto que lo lesiona.

"En ese orden de ideas, el principio de definitividad deriva de la intención del legislador, de que el juicio de garantías proceda únicamente respecto de actos definitivos, que no sean susceptibles de modificación o invalidación por recurso ordinario alguno.

"En lo relativo al principio de definitividad que se consagra, en forma específica, en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, opera para los actos o resoluciones que emanan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales proceda algún recurso o medio ordinario de defensa, susceptible de modificarlos, revocarlos o anularlos. Con ello se da oportunidad al gobernado, para que antes de acudir a la instancia extraordinaria de análisis constitucional, se agoten los recursos ordinarios que puedan hacer cesar, con un estudio de legalidad, la violación que se estime le causa el acto de autoridad.

"Tiene aplicación, por las razones que informa y por su sentido jurídico, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448 del Tomo X, octubre de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes:

"‘RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO).’ (se transcribe)

"Así las cosas, el precepto trascrito alberga uno de los principios que constituye la piedra angular sobre la que se erige la naturaleza del juicio de garantías como un medio extraordinario de defensa, al indicar que es improcedente el juicio constitucional contra actos que hayan sido consentidos en el procedimiento natural, al no haber sido combatido mediante el recurso o medio de defensa ordinario procedente, a través del cual sea susceptible de ser revocado, modificado o anulado; el cual, se le conoce como principio de definitividad.

"Por eso, debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio establecido por la ley, ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa un consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz.

"...

"Ahora, en la propia porción normativa se prevén dos supuestos que excluyen la observancia del principio de definitividad que rige el juicio de amparo, a saber:

"a) Cuando en el caso específico, la procedencia del medio ordinario de impugnación se encuentre sujeta a una interpretación adicional.

"b) Cuando su fundamento resulte insuficiente para determinarla.

"En ambas circunstancias, se permite al gobernado acudir al recurso o directamente al juicio.

"Ahora bien, la primera de las hipótesis contempladas en ese precepto legal, se refiere a los casos en que, dada la naturaleza del recurso, a fin de determinar su procedencia, se haga necesaria una exégesis profunda; figura que se actualiza cuando el significado de la norma no queda claro en el contexto específico en que se ha de aplicar y el intérprete se encuentra frente a dos o más soluciones posibles, de suerte que ha de enfrentarlas y decidir cuál de ellas es la que encuentra mayor apoyo, justificando de manera adicional el por qué se opta por esa interpretación, dando así origen a lo que en la doctrina jurídica se denomina ‘interpretación adicional’.

"Ahora, en cuanto al segundo supuesto, como ciertamente refieren los recurrentes en su escrito de recurso, la insuficiencia implica a las lagunas legales que pudieren existir en la ley, lo cual revela que no se está frente a un problema de interpretación, sino más bien de integración jurídica.

"Por ello, en el marco regulatorio de la norma, la función de ese concepto es excluir a la integración normativa; por ejemplo, la analógica, como técnica para establecer la procedencia de un medio ordinario de defensa contra una resolución; de suerte que, conforme a ello, se obligue al gobernado a agotarlo antes de promover el juicio de amparo. Así, habrá ‘fundamento legal insuficiente’, cuando por la sola interpretación del texto legal, no sea posible establecer que en él se prevé la procedencia de un recurso concreto contra determinada resolución.

"Así, de ser ése el caso ‘cualquiera de las dos hipótesis’, no se surte la carga procesal de agotar el medio ordinario de defensa en lugar de incoar el juicio de amparo.

"Orienta a lo resuelto, la tesis XVI.2o.C.T.1 K (10a.), que sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, visible a foja 3142, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, Tomo IV, enero de dos mil catorce, materia común, con registro en la red: 2005388, que se lee:

"‘PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO (INTERPRETACIÓN ADICIONAL).’ (se transcribe)

"Ahora bien, en el caso concreto, tal como lo alegan los amparistas (hoy recurrentes), la Ley Agraria no establece en ningún apartado la procedencia de algún recurso o medio ordinario de defensa, que tenga por efecto modificar, revocar o anular una notificación irregular, dentro de la etapa de ejecución de la sentencia definitiva; o bien, una vez dictada ésta.

"Sin embargo, el Máximo Tribunal Constitucional consideró que en los artículos 170 a 177 de la Ley Agraria, se regula la figura jurídica de ‘las notificaciones’, aunque no en todos los aspectos, ya que sólo contiene una serie de disposiciones atinentes a las formalidades que deben cumplirse para efectuar, entre otras, las notificaciones personales, los emplazamientos, la primera cita al procedimiento y las citaciones a los peritos, testigos y terceros, y con relación a los aspectos no regulados permite, en su artículo 167, la aplicación del Código Federal de Procedimientos Civiles para normar las notificaciones que no deben ser personales, el momento en que deben hacerse las notificaciones, citaciones y emplazamientos, de aquel en que deben surtir efectos tales notificaciones, etcétera, de manera que la aplicación de dicho código adjetivo, además de regular diversos aspectos que no se establecen en la Ley Agraria en cuanto a la materia de notificaciones, es indispensable para complementar sus disposiciones.

"En esa talante, si en los aspectos no consignados expresamente en la ley últimamente citada, debe recurrirse al invocado código procesal, el Alto Tribunal consideró inconcuso que de igual manera puede aplicarse lo relativo a la posibilidad de impugnar tales notificaciones a través del incidente previsto en su artículo 319, máxime si se considera que las cuestiones incidentales no son ajenas a los procedimientos agrarios, pues en términos de lo dispuesto en el artículo 192 de la ley que los regula, es posible que surjan ese tipo de cuestiones, las que únicamente se encuentran constreñidas a resolverse en los términos en que este propio dispositivo señala, es decir, deben decidirse de plano, conjuntamente con el negocio principal, a menos que por su naturaleza sea forzoso resolverlas antes o que se refieran a la ejecución de la sentencia y sin sustanciar artículo de previo y especial pronunciamiento.

"Brinda apoyo a lo considerado, la jurisprudencia 2a./J. 28/2001 (registro 189290), autoría de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 467, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, julio de dos mil uno, materia administrativa, de título y contenido siguientes:

"‘NOTIFICACIONES EN JUICIOS AGRARIOS. ES PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN MEDIANTE EL INCIDENTE ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 319 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY AGRARIA, PERO ACATANDO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 192 DE ESTA LEY.’ (se transcribe)

"Razón para considerar que, pese a que expresamente no se prevé un recurso o medio de defensa ordinario tendente a modificar, revocar o anular la práctica de una notificación anómala, efectuada una vez concluido el juicio; empero, como objetivamente sostuvo el Juez Federal, la propia Ley Agraria establece la posibilidad de la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, que prevé una suerte de medio ordinario de defensa que tiende a ese objeto.

"Al respecto, el artículo 319 de la ley adjetiva anteriormente mencionada dispone:

"‘Artículo 319.’ (se transcribe)

"Como se observa, en la propia porción normativa, se previó el incidente de nulidad de las diligencias actuariales, con el objeto de anular o revocar las incorrectas prácticas judiciales; y así, observarse el derecho fundamental que descansa en el numeral 14 de la Constitución General, tendiente al debido proceso.

"Por ende, este Tribunal Colegiado estima que, contrario a lo afirmado por los disconformes, esa remisión de la Ley Agraria al Código Federal de Procedimientos Civiles, no resulta ni deriva de una ‘interpretación adicional’ o de un ‘fundamento legal insuficiente’; pues, la propia ley que rige al acto, autoriza la supletoriedad de la misma, cuando no se contemple abundantemente una figura jurídica, o existe oscuridad en la norma; empero, la tiende a subsanar la segunda de ellas, al establecerla formalmente, o bien, en forma completa.

"Y, si en el caso, el código procesal civil contempla una especie de remedio legal contra la incorrecta práctica de la diligencia de notificación; entonces, debe ceñirse a lo ahí establecido, al ser ordenado directa y expresamente por la ley que rige al acto.

"Sobre ese tema, el artículo (sic) 2o. y 167 de la Ley Agraria establecen:

"‘Artículo 2o.’ (se transcribe)

"‘Artículo 167.’ (se transcribe)

"Como se observa, los artículos trascritos prevén la posibilidad de que el Código Federal de Procedimientos Civiles, supla procesalmente a la Ley Agraria, cuando no exista disposición expresa al respecto, siempre y cuando no se oponga directa o indirectamente a la última.

"Con ello, se colman los cuatro puntos fundamentales para establecer la supletoriedad de la norma, en tanto que:

"i) La Ley Agraria establece esa posibilidad, indicando que procesalmente podrá ser suplida por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

"ii) La ley a suplir no contempla la cuestión jurídica que en la legislación supletoria sí la desarrolla y en forma suficiente.

"iii) Ese ‘vacío legal’ hace necesaria la aplicación supletoria de la ley procesal civil federal, para solucionar el punto de controversia aquí sometido.

"iv) Lo establecido en la ley adjetiva civil federal, no contraría la Ley Agraria, al menos en este tópico.

"Justifica a tal postura, la jurisprudencia 2a./J. 34/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 1065, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 2, marzo de dos mil trece, materia constitucional, con folio en la red: 2003161, de rubro y texto:

"‘SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE.’ (se transcribe)

"Amén de que, opuesto a lo alegado por los recurrentes, y como certeramente razonó el Juez Federal, las excepciones señaladas en la norma de amparo no operan, al existir jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con respecto a la procedencia del medio ordinario de impugnación, puesto que en esas circunstancias no le es dable al Tribunal Colegiado de Circuito realizar interpretación alguna, ya que, en todo caso, tal ejercicio lo estableció el Alto Tribunal, y lo dejó claramente establecido en el criterio vinculante, acorde a lo dispuesto por el numeral 217 de la ley de la materia.

"Dicho de otra forma, por una parte, este Tribunal Federal no puede rebatir el criterio adoptado por el Máximo Tribunal Constitucional; pues, en el supuesto sin conceder de que se declarara fundado el recurso, se traduciría, por consecuencia, en la inobservancia de la jurisprudencia 2a./J. 28/2001 (registro: 189290), que es de aplicación obligatoria; y por otra, al establecerse jurisprudencialmente el recurso o medio ordinario de defensa que procede en contra de los actos reclamados, ya se le brindó certeza jurídica a las partes de cuál remedio legal procede en contra de los mismos; razón por la cual, no se da mayor pauta a realizar alguna ‘interpretación adicional’, aun cuando –en el supuesto no consentido–, la norma fuera carente de fundamentos suficientes; pues, caería en lo mismo de que, con lo resuelto por el Tribunal Más Alto del País, se diera frontal contestación a la duda del gobernado respecto al recurso o medio ordinario de defensa que tiene que agotar, previo a la instancia constitucional; por ende, no encuadraría en las excepciones marcadas por la ley, al menos en este aspecto.

"Se cita por identidad de criterio, la tesis II.1o.2 K (10a.), que emitió el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, localizable en la foja 2422, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, Tomo III, diciembre de dos mil catorce, materia común, con registro en el IUS: 2007430, que indica:

"‘EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO. LO DISPUESTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO COBRA VIGENCIA SI EXISTE JURISPRUDENCIA QUE ESTABLEZCA EL RECURSO PROCEDENTE.’ (se transcribe)

"Corolario de lo anterior, contra lo rebatido por los inconformes, en el caso, sí son aplicables los criterios invocados por el Juez de Distrito, de rubros: ‘INTERPRETACIÓN ADICIONAL, NO SE ACTUALIZA ESTA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA EXACTAMENTE APLICABLE EN LA QUE SE HA ESTABLECIDO LA PROCEDENCIA DE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA DETERMINADA RESOLUCIÓN.’, ‘SENTENCIAS DEFINITIVAS. CONTRA SU FALTA DE NOTIFICACIÓN, DEBE IMPONERSE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES, PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO.’ y ‘NULIDAD DE NOTIFICACIONES. ES PROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO, INCLUSO SI YA FUE DICTADO EL AUTO QUE DECLARÓ EJECUTORIADA LA SENTENCIA.’

"Se estima de esa forma, porque, independientemente de que el primero de los criterios hubiere sido emitido y publicado con anterioridad al invocado por la parte recurrente, de título: ‘JUICIO AGRARIO. ES INNECESARIO AGOTAR, PREVIO AL AMPARO, EL INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES, AL ACTUALIZARSE LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE LA MATERIA.’; empero, este Tribunal Colegiado es del criterio que debe subsistir lo resuelto en esta ejecutoria, en el sentido de que, al haber jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que define el punto concreto, los órganos colegiados deben ceñirse a lo establecido en ella, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, y al no existir posibilidad jurídica ni material de cuestionar lo decidido; entonces, debe aplicarse el precedente en sus términos; primordialmente, como se dijo con antelación, se da frontal contestación al gobernado de cuál remedio debe agotar, previamente a acudir al amparo, sin necesidad de realizar mayor interpretación, aun bajo el pretexto de que la norma que rige el acto, tiene ‘insuficiente fundamentación legal’.

"Aunado a que, por ‘especialización’, que se traduce en la materia de la cual versa el precedente, es aplicable al caso concreto el invocado por el Juez de Distrito, al ser del ramo común, por emanar de la interpretación del numeral 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.

"Por su parte, si bien el último de los precedentes es en el ramo civil; empero, también se parte de que, el órgano colegiado emisor interpretó la ley procedimental de esa materia; la cual sí es aplicable al presente, porque es el ordenamiento supletorio de la Ley Agraria; máxime que, para el pronunciamiento de dicha tesis, se tomó en cuenta la jurisprudencia 195, que sostuvo la Tercera Sala del Máximo Tribunal Constitucional, visible en el Apéndice de 1985, Quinta Época, Parte IV, con registro en la red: 820124, que dispone:

"‘NULIDAD DE ACTUACIONES PRACTICADAS CONCLUIDO EL JUICIO.’ (se transcribe)

"Criterio el cual es aplicable y de observancia imperativa, de conformidad al numeral 217 de la Ley de Amparo; habida cuenta que, si bien no aborda el tópico central, empero, define a mayor abundamiento, los alcances que tiene el incidente de nulidad formulado con motivo de la errónea práctica de la notificación de un fallo definitivo; que por su naturaleza, únicamente tiende a cuestionar la actuación actuarial y no las premisas inmersas en la sentencia definitiva.

"Jurisprudencia cuya aplicabilidad al caso concreto, y para el tópico abordado por el Juez de Distrito, se estima objetivamente correcta su aplicación.

"Por lo que, con independencia de la cronología en la emisión y publicación de los criterios en mención, sobre todo del que cuya aplicabilidad en este recurso se cuestiona, antes bien, este órgano de Circuito sostiene la postura de aquel Tribunal Colegiado, y hace propio (sic) las premisas sostenidas para la resolución del presente asunto.

"Por otra parte, y contrario a lo redargüido por los disconformes, tanto el criterio anterior, como el diverso de título: ‘SENTENCIAS DEFINITIVAS. CONTRA SU FALTA DE NOTIFICACIÓN, DEBE INTERPONERSE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES, PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO.’; si bien no abordan el tópico central a que se alude en el escrito de recurso –interposición del incidente de nulidad de notificación, de una practicada después de emitida la sentencia, en un juicio agrario–; sin embargo, en un contexto amplio y general, sí son aplicables al caso concreto, pues, por analogía, se establece que, contra todo acto de autoridad (notificaciones o emplazamientos practicados por los actuarios, en contravención de las leyes aplicables; o en su defecto, la omisión de realizarlo; acuerdos, resoluciones interlocutorias o finales) que tenga como remedio legal, algún recurso o medio de defensa que tienda a modificar, revocar o anular esa actuación, debe interponerse para combatir las cuestiones de legalidad, antes de acudir a esta instancia extraordinaria.

"En cambio, ocurre lo opuesto con la tesis aislada citada por el disconforme, que en su rubro se lee: ‘JUICIO AGRARIO, ES INNECESARIO AGOTAR, PREVIO AL AMPARO, EL INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES, AL ACTUALIZARSE LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE LA MATERIA.’, misma que se estima inaplicable al caso concreto.

"Pues, además de subsistir los razonamientos vertidos anteriormente, la tesis en comento no adquiere la fuerza vinculatoria a que se contrae el artículo 217 de la Ley de Amparo, al no haber sido emitida por el Pleno del Décimo Circuito ‘al que pertenece este órgano judicial’, ni por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas; antes bien, resulta de la interpretación que emitieron los Magistrados de un órgano colegiado de la misma categoría que éste, cuya aplicabilidad queda a criterio de los integrantes del Tribunal Colegiado resolutor; lo que como se vio, no se comparte.

"Como apoyo de lo anterior, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 130/2008, soportada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 262 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de dos mil ocho, materia común, con folio: 168754, que dice:

"‘TESIS AISLADA O DE JURISPRUDENCIA INVOCADA EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE EN TORNO A SU APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA QUEJOSA ESGRIMA O NO ALGÚN RAZONAMIENTO AL RESPECTO.’ (se transcribe)

"Máxime que, como se dijo anteriormente, el Alto Tribunal ya emitió el diverso (sic) 2a./J. 28/2001, en el que se adopta centralmente ese tópico ‘formulación del incidente de nulidad de notificación, contra la practicada en un juicio agrario, conforme al artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la primera, antes de ocurrir a la instancia extraordinaria (observancia del principio de definitividad)’.

"Robustece a ese punto, la jurisprudencia 328, emanada de la extinta Tercera Sala del Máximo Tribunal Constitucional, localizable en el Apéndice de 1995, Octava Época, a foja 220 del Tomo VI, parte SCJN, materia común, con registro en el IUS: 394284, de la voz:

"‘JURISPRUDENCIA. CUANDO EXISTA SOBRE EL CASO ESPECÍFICO, ÉSTA DEBE APLICARSE Y NO OTRA GENÉRICA SUSTENTADA EN SUPUESTOS DIVERSOS.’ (se transcribe)

"Desde esa perspectiva, y con lo resuelto con anterioridad, es desacertado lo afirmado por los recurrentes, en cuanto a la supuesta antinomia existente entre la Ley Agraria y el Código Federal de Procedimientos Civiles; ya que en la primera no se prevé expresamente el medio de defensa antes aludido, para combatir legalmente la diligencia actuarial, antes bien, la segunda legislación, suple procesalmente tal omisión legislativa ‘como ya se indicó’ y por las razones anteriormente vertidas, este cuerpo colegiado estima que no se actualizan las excepciones previstas en el último párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo." (fojas 39 a 77)

2. Por otra parte, en el amparo en revisión **********, del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, se cuestionó el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito en el juicio, en el cual se reclamó el ilegal emplazamiento al juicio agrario, y el ad quem declaró fundados los agravios a partir de las razones siguientes:

"Ahora bien, el Juez de Distrito, al decretar el sobreseimiento, en lo que interesa, consideró:

"‘Por tanto, si bien es posible que pueda promoverse en un juicio agrario el incidente de nulidad de notificaciones a que se refiere el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por ser en este aspecto supletorio de la Ley Agraria, su resolución no debe ajustarse a lo que se establece en el propio código adjetivo para la sustanciación y resolución de dicho incidente, sino a lo establecido en el artículo 192 de la Ley Agraria, pues al disponerse en este dispositivo una forma especial de sustanciar y resolver una cuestión incidental suscitada ante los tribunales agrarios, no puede acudirse en ese punto a la aplicación supletoria que señala el Código Federal de Procedimientos Civiles.

"‘Argumentos recogidos en la jurisprudencia emitida 2a./J. 28/2001, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XIV, julio de 2001, de la página 467, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:

"‘«NOTIFICACIONES EN JUICIOS AGRARIOS. ES PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN MEDIANTE EL INCIDENTE ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 319 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY AGRARIA, PERO ACATANDO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 192 DE ESTA LEY.»

"‘En conclusión, conforme al artículo 167 de la Ley Agraria, el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria tratándose del incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 319 de dicha ley adjetiva; por tanto, debe promoverse éste antes de acudir al juicio de amparo, siempre que todavía no se haya dictado sentencia.’

"Esto es, el Juez quo (sic) determinó que, en términos del artículo 167 de la Ley Agraria, es supletorio a la materia agraria, el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles en su artículo 319, mismo que refiere debió agotarse de manera previa al juicio de amparo.

"Como se adelantó, es fundado el agravio de la recurrente en el que señala que la procedencia del juicio de amparo indirecto se contiene en la excepción al principio de definitividad a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues dicha norma establece que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo, lo que se actualiza en el caso.

"Así, como el propio juzgador de distrito consideró, el medio ordinario de defensa que debió agotar previamente la quejosa es el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles en su artículo 319, de aplicación supletoria a la Ley Agraria, en términos de su artículo 167, pues en dicha legislación de manera expresa no se contiene tal incidencia de nulidad.

"Por tanto, es claro que la procedencia del recurso o medio de defensa (incidente de nulidad de notificaciones) se sujeta a interpretación adicional, consistente en esa aplicación supletoria que se actualiza con fundamento en el artículo 167 de la Ley Agraria; en cuyo caso, sin género de dudas es evidente que la quejosa queda en libertad de interponer dicho recurso (incidente de nulidad), o acudir al juicio de amparo.

"De ello que, si la quejosa ahora recurrente, como lo alega en sus agravios, eligió acudir al juicio de amparo i

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28044-4aed3140/excepcion-al-principio-de-definitividad-los-supuestos-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.