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Modo: Corpus Pro

CADUCIDAD EN MATERIA FISCAL. EL PLAZO DE 5 AÑOS PREVISTO EN EL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL –ACTUALMENTE CIUDAD DE MÉXICO– VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ES APLICABLE A LAS SOLICITUDES DE SU DECLARACIÓN PRESENTADAS CON POSTERIORIDAD A ESA FECHA, RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES GENERADAS Y OMITIDAS DURANTE SU VIGENCIA. CADUCIDAD EN MATERIA FISCAL. SU ANÁLISIS A PARTIR DE LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA, A EFECTO DE DETERMINAR LA IRRETROACTIVIDAD DE LAS MODIFICACIONES DEL PLAZO PARA SU CONFIGURACIÓN. CADUCIDAD EN MATERIA FISCAL. SU ANÁLISIS A PARTIR DE LA TEORÍA DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS, A EFECTO DE DETERMINAR LA IRRETROACTIVIDAD DE LAS MODIFICACIONES DEL PLAZO PARA SU CONFIGURACIÓN. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN SU MODALIDAD DE NO REGRESIVIDAD. RESULTA DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA EL APLICADOR DE LA NORMA AL DEFINIR EL CONFLICTO DE LEYES PARA EL DISTRITO FEDERAL –AHORA CIUDAD DE MÉXICO– QUE PREVÉN DISTINTOS PLAZOS PARA LA DECLARACIÓN DE CADUCIDAD EN MATERIA FISCAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2018. · Registro digital (IUS): 28124
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-10-19
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL VIGÉSIMO TRIBUNAL COLEGIADO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo II, Pág. 1156.

CADUCIDAD EN MATERIA FISCAL. EL PLAZO DE 5 AÑOS PREVISTO EN EL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL –ACTUALMENTE CIUDAD DE MÉXICO– VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ES APLICABLE A LAS SOLICITUDES DE SU DECLARACIÓN PRESENTADAS CON POSTERIORIDAD A ESA FECHA, RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES GENERADAS Y OMITIDAS DURANTE SU VIGENCIA.

CADUCIDAD EN MATERIA FISCAL. SU ANÁLISIS A PARTIR DE LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA, A EFECTO DE DETERMINAR LA IRRETROACTIVIDAD DE LAS MODIFICACIONES DEL PLAZO PARA SU CONFIGURACIÓN.

CADUCIDAD EN MATERIA FISCAL. SU ANÁLISIS A PARTIR DE LA TEORÍA DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS, A EFECTO DE DETERMINAR LA IRRETROACTIVIDAD DE LAS MODIFICACIONES DEL PLAZO PARA SU CONFIGURACIÓN.

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN SU MODALIDAD DE NO REGRESIVIDAD. RESULTA DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA EL APLICADOR DE LA NORMA AL DEFINIR EL CONFLICTO DE LEYES PARA EL DISTRITO FEDERAL –AHORA CIUDAD DE MÉXICO– QUE PREVÉN DISTINTOS PLAZOS PARA LA DECLARACIÓN DE CADUCIDAD EN MATERIA FISCAL.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL VIGÉSIMO TRIBUNAL COLEGIADO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 19 DE JUNIO DE 2018. MAYORÍA DE ONCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MIGUEL DE JESÚS ALVARADO ESQUIVEL, GUILLERMO ARTURO MEDEL GARCÍA, MARCO ANTONIO BELLO SÁNCHEZ, SALVADOR GONZÁLEZ BALTIERRA, FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL, MARÍA SIMONA RAMOS RUVALCABA, JORGE ARTURO CAMERO OCAMPO, URBANO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, GASPAR PAULÍN CARMONA, CARLOS ALFREDO SOTO Y VILLASEÑOR Y JOSÉ EDUARDO ALVARADO RAMÍREZ. DISIDENTES: CARLOS RONZON SEVILLA, ROLANDO GONZÁLEZ LICONA, MARÍA GUADALUPE SAUCEDO ZAVALA, MARCO ANTONIO CEPEDA ANAYA, MARÍA GUADALUPE MOLINA COVARRUBIAS, GERMÁN EDUARDO BALTAZAR ROBLES, ARMANDO CRUZ ESPINOSA, GUADALUPE RAMÍREZ CHÁVEZ, GUILLERMINA COUTIÑO MATA Y JOSÉ ANTONIO GARCÍA GUILLÉN. PONENTE: JORGE ARTURO CAMERO OCAMPO. SECRETARIO: ÁNGEL GARCÍA COTONIETO.

Ciudad de México. Sentencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión del día diecinueve de junio de dos mil dieciocho.

VISTOS;

Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Por oficio de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, el Pleno del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por dicho órgano jurisdiccional(1) y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.(2)

SEGUNDO.—El ocurso fue recibido por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo presidente ordenó formar los expedientes impreso y electrónico correspondientes a la contradicción de tesis PC01.I.A.05/2018.C.

En el mismo proveído, el presidente de este Pleno de Circuito admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios; solicitó a los presidentes del Primer Tribunal Colegiado y del Vigésimo Tribunal Colegiado, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, que remitieran los archivos digitales de las resoluciones relativas a los amparos directos DA. 361/2017 y DA. 1/2017, respectivamente; y requirió a las presidencias de los tribunales contendientes que informaran si los criterios en contradicción seguían vigentes o no.

CUARTO.—Una vez integrada la presente contradicción, con los informes de los Magistrados presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, en el sentido de que los criterios materia de la contradicción se encontraban vigentes; el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, turnó el expediente virtual al Magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo, representante del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución.

QUINTO.—Mediante comunicación electrónica recibida el veinte de abril de dos mil dieciocho en la dirección oficial del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo, solicitó una prórroga de cinco días hábiles para elaborar y presentar el proyecto de resolución correspondiente.

SEXTO.—El presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, por acuerdo de veintitrés de abril de dos mil dieciocho concedió la prórroga solicitada por el Magistrado ponente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal;(3) así como en la jurisprudencia 2a./J. 3/2015 (10a.).(4)

El asunto que nos ocupa se halla en los supuestos de hecho previstos en los preceptos y la jurisprudencia detallados en el párrafo precedente, toda vez que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por el Vigésimo Tribunal Colegiado y el Primer Tribunal Colegiado, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, de manera que las determinaciones en pugna tienen efectividad dentro de la demarcación territorial y respecto de la especialidad sobre las que este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito ejerce jurisdicción para homogeneizar criterios.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por el Pleno del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, órgano que sustentó uno de los criterios aquí contendientes.

TERCERO.—Criterios contendientes. Es conveniente resaltar los argumentos que constituyen los criterios contendientes para, a partir de ellos, estar en aptitud de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada.

Por una parte, al conocer de los juicios de amparo directos DA. 361/2017, DA. 309/2017, el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en sesión de siete de noviembre de dos mil diecisiete, resolvió:

DA. 361/2017

"... En este orden de ideas, considerando que el tema a dilucidar se relaciona con la vigencia de las leyes en el tiempo, especialmente en resolver si la aplicación de una norma jurídica transgrede el principio de irretroactividad de la ley en perjuicio del gobernado, reconocido en el primer párrafo del artículo 14 constitucional, y que satisface uno de los fines primordiales del derecho fundamental a la seguridad jurídica, es oportuno acudir a la Teoría de los Derechos Adquiridos y a la Teoría de los Componentes de la Norma.—En términos generales, conforme a los enunciados de ambas teorías, la aplicación de una norma transgrede el principio de irretroactividad de la ley cuando modifica o altera derechos adquiridos o supuestos jurídicos y consecuencias de éstos que nacieron bajo la vigencia de una ley anterior; lo que no sucede cuando se está en presencia de meras expectativas de derecho o de situaciones que aún no se han realizado, o consecuencias no derivadas de los supuestos regulados en la ley anterior, pues en estos casos sí se permite que la nueva ley las regule.—Según la primera doctrina, es necesario precisar si el gobernado tenía ya dentro de su haber jurídico, los derechos y prestaciones a los que alude o se trataba sólo de una expectativa de derecho; de modo que esta última corresponde al futuro al no haberse cubierto los requisitos que en su momento previó la ley y, en cambio, el derecho adquirido será definible, cuando el acto realizado introduzca el bien, facultad o aprovechamiento al patrimonio de la persona, en términos de la tesis aislada 2a. LXXXVIII/2001 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, junio de 2001, página 306, de rubro y texto siguientes: ‘IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS.’ (se transcribe).—Por otro lado, la Teoría de los Componentes de la Norma parte del hecho de que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, los cuales no siempre se generan de modo inmediato, por lo que distingue diversas hipótesis que pueden llegar a generarse a través del tiempo, mismas que se exponen en la jurisprudencia P./J. 123/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, octubre de 2001, página 6, del tenor siguiente: ‘RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA.’ (se transcribe).—Asimismo, sobre dicho tópico cabe destacar que no puede existir retroactividad mientras no se prive de alguna facultad con que ya se contaba, por lo que si antes de que se actualice una etapa del procedimiento el legislador amplía un término, no existe retroactividad de la ley, ya que al no haberse actualizado las facultades, no se ven afectadas.—Ahora bien, en el caso sujeto a análisis, tratándose de las facultades determinantes de las autoridades fiscales de la Ciudad de México, los plazos de caducidad se encontraban inicialmente previstos en el artículo 89 del Código Financiero del Distrito Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, el cual en su redacción original establecía: ‘Artículo 89.’ (se transcribe).—El precepto legal transcrito preveía un único plazo de cinco años para que operara la caducidad, pudiendo los contribuyentes solicitar se declarara la misma, bajo los siguientes cuatro supuestos que a continuación se destacan: a) los cinco años que comienzan a partir del día siguiente a aquel en que se presentó la declaración del ejercicio, cuando se tenga obligación de hacerlo (extinguiéndose por ejercicios completos); b) los cinco años computados a partir del día siguiente al en que se presentó o debió presentarse la declaración que corresponda a una contribución que no se haya calculado por ejercicios, o bien, a partir de que se causaron las contribuciones cuando no exista la obligación de pagarlos mediante declaración; c) los cinco años iniciados a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera cometido la infracción a las disposiciones fiscales, o hubiere cesado su consumación o realizado la última conducta de hecho; y, d) los cinco años computados a partir de que se hubiere cometido la conducta que causa daño a la hacienda pública local o al patrimonial de las entidades.—Luego, mediante ‘Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal’ publicado el veintiséis de diciembre de dos mil tres en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal, el contenido del precepto antes mencionado fue reubicado en el numeral 121, en vigor desde el uno de enero de dos mil cuatro hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, que establecía: ‘Artículo 121.’ (se transcribe).—De la transcripción anterior se advierte que el plazo para que caducaran las facultades de las autoridades para determinar créditos fiscales derivados de contribuciones omitidas y sus accesorios; para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones de este código, así como determinar responsabilidades resarcitorias era de cinco años, contado a partir, entre otros supuestos, desde el momento en que haya concluido el término dentro del cual el particular debió presentar sus declaraciones.—Ahora bien, mediante decreto publicado el veintinueve de diciembre de dos mil nueve, el legislador abrogó el Código Financiero del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y expidió el Código Fiscal de la misma ciudad, en el cual específicamente, en su artículo 99, estableció lo siguiente: ‘Artículo 99.’ (se transcribe).—De la lectura del artículo transcrito se advierte que el plazo para que se extinguieran las facultades de las autoridades para determinar créditos fiscales derivados de contribuciones omitidas y sus accesorios; para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones de este código, así como determinar responsabilidades resarcitorias, era de cinco años y que los contribuyentes, una vez transcurridos los plazos, podrá solicitar se declare que se han extinguido las facultades de las autoridades fiscales.—De lo anterior, cabe destacar que el plazo de cinco años para que caducaran las facultades de la autoridad fiscal, previsto en el artículo 121 del Código Financiero que se abrogó, en realidad no perdió vigencia con la promulgación del Código Fiscal Local, pues en su artículo 99, se reiteró tal cuestión.—De entre estos supuestos, cobra especial relevancia para la resolución del asunto la norma enunciada en los artículos 89, fracción II, y 121, fracción II, del Código Financiero local abrogado y el numeral 99, fracción II, del Código Fiscal de esta ciudad, que desde la perspectiva de la teoría de los componentes de la norma, constituye una norma jurídica que contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos y una consecuencia.—En efecto, de su lectura se pueden distinguir los dos componentes de la norma de la siguiente manera:

Ver manera de distinguir los dos componentes de la norma 1

"Esta norma jurídica pudiera enunciarse en la siguiente forma: ‘si se cumplen cinco años a partir del día siguiente al en que el contribuyente presentó o debió haber presentado la declaración de contribuciones que no se calculan por ejercicios, o a partir de que se causaron las contribuciones que no deben pagarse mediante declaración; entonces quedan extintas las referidas facultades de las autoridad fiscal para determinar créditos fiscales.’.—La actualización de las dos hipótesis previstas en esta norma jurídica, a saber: 1) La presentación u omisión de presentar la declaración de contribuciones y 2) El transcurso de cinco años sin que se ejercieran facultades de comprobación, produce que el causante adquiera el derecho a ser liberado de la obligación de pago de tales contribuciones que no se calculan por ejercicios, al haberse extinguido por el transcurso del tiempo las facultades correlativas de la autoridad para hacer exigible esa obligación.—Lo anterior implica que aun sin existir la declaratoria correspondiente, la autoridad fiscalizadora se encontraría impedida para ejercer sus facultades de comprobación en forma posterior al término que la ley preveía para ello –cinco años–, puesto que la extinción de facultades de la autoridad se da por el simple transcurso del tiempo y, por ende, la resolución que la reconozca tendrán efectos meramente declarativos, no constitutivos, en razón de que la caducidad opera de pleno derecho por el solo transcurso del tiempo y a partir de que surtieron los supuestos establecidos en la ley; tan es así que la propia norma establece que el particular puede acudir a que se declare que se han extinguido tales facultades.—Por ende, en ese caso, al operar la caducidad por el transcurso del tiempo, se excluye la posibilidad de que una norma posterior que amplíe el plazo para la caducidad pueda aplicarse, puesto que para entonces ya se trataría de un derecho adquirido conforme a la legislación vigente al actualizarse los dos supuestos de la norma, cuya naturaleza y finalidad era precisamente determinar el plazo para se extingan las facultades; es decir, ya habrá ingresado la extinción de las facultades de la autoridad al derecho de la persona.—Dicho en otras palabras, si los dos supuestos enunciados y su consecuencia inmediata se verifican durante la vigencia de la norma que los prevé, entonces una norma posterior no podrá modificar esas hipótesis sin violar el derecho fundamental de irretroactividad de la norma.—En cambio, pudiera ser que el segundo componente del supuesto jurídico, cuyas hipótesis se difieren en el tiempo, esto es, el transcurso del plazo de cinco años, no se realice durante la vigencia de la norma que lo previó, por lo que, en este caso, una norma posterior sí pudiera válidamente modificarlo, sin que se considere retroactiva, en tanto que los supuestos habrán ya de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir la caducidad de las facultades de la autoridad.—En efecto, en caso de no haberse verificado todos los componentes de la norma durante su vigencia, sólo se estaría hablando de una expectativa de derecho y, por ende, en caso de ampliarse el término a través de una norma posterior será ésta el que resulta aplicable para determinar la caducidad de facultades de la autoridad.—En este orden de ideas, cabe precisar que mediante decreto publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil trece, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, ahora Ciudad de México y que entraría en vigor el uno de enero de dos mil catorce, el legislador adicionaron diversos párrafos, al artículo 99 del Código Fiscal Local antes mencionado, los que, en lo que interesa destacar, se estableció lo siguiente: ‘Artículo 99.’ (se transcribe).—De lo anterior se advierte que a partir del uno de enero de dos mil catorce, el legislador estableció, además del plazo de cinco años para que caducaran las facultades de fiscalización de la autoridad, uno nuevo de diez años, los cuales se aplicarían dependiendo de la actualización de los supuestos ahí establecidos.—Conforme hasta lo ahora expuesto, en el caso que nos ocupa, respecto de todos los bimestres por los que se solicitó la caducidad, a saber 3o. de dos mil siete a 4o. de dos mil diez, el cómputo de la caducidad de las facultades de la autoridad para determinar el impuesto y efectuar el cobro del mismo inició a partir del momento en que concluyó el término en el cual la quejosa haya presentado o debió presentar sus declaraciones de pago; sin embargo, a fin de establecer la ley que resulta aplicable para efectos de la declaratoria de caducidad, es necesario verificar en qué momento se surtió la segunda hipótesis, esto es, que haya trascurrido en su totalidad el término establecido en la ley para la caducidad de facultades, sin que para ello deba tomarse en consideración la legislación que estuviera en vigor al momento en que el contribuyente solicite la extinción de éstas, porque como se adelantó, la caducidad opera por el solo transcurso del tiempo y a partir de que surtieron los supuestos establecidos en la ley; además de que la solicitud que se presenta sólo es para que se declare que existe un derecho por haber transcurrido el plazo correspondiente.—Lo anterior, tomando en consideración que la caducidad es una institución jurídica que pertenece al derecho adjetivo o procesal y que el artículo 28 del Código Fiscal de esta ciudad prevé que a las obligaciones fiscales le son aplicables las normas procedimentales que se expidan con posterioridad; empero, aquella institución no autoriza a dejar de aplicar la norma que, por de haberse actualizado todos los supuestos establecido en ésta, haya generado un derecho adquirido en beneficio del quejoso.—En ese orden de ideas, este Tribunal Colegiado estima que a efecto de determinar si ha operado la caducidad de facultades de la autoridad fiscalizadora respecto de los bimestres solicitados, a saber, del 3o. de dos mil siete a 4o. de dos mil diez, era necesario que la Sala responsable: a) Identificará la fecha de presentación o el momento en que se debieron haber presentado las declaraciones del impuesto, por cada bimestre; puesto que a partir de éste se iniciará el cómputo del término de la caducidad.—b) Verificará si al concluir el término de cinco años aún se encontraban vigentes los artículos 89, fracción II, y 121, fracción II, del Código Financiero local abrogado y el numeral 99, fracción II, del Código Fiscal de esta ciudad: • En caso de ser afirmativo, al ser un derecho adquirido, debía aplicar dichos dispositivos.—• En caso de ser negativo y ya se encontrara vigente la adición realizada al artículo 99, fracción II, del Código Fiscal publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil trece, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, ahora Ciudad de México y que entraría en vigor el uno de enero de dos mil catorce, debía aplicarse dicha legislación, ya que el quejoso sólo tenía una expectativa de derecho, al no haberse actualizado los supuestos de la norma anterior y, establecer si el entonces actor se encontraba en el supuesto de cinco o diez años para que operara la caducidad, a saber si había presentado o no las declaraciones correspondientes.—c) Establecido lo anterior, realizar el cómputo aplicando la legislación que en cada caso correspondiera y determinar si operaba o no la caducidad de facultades de la autoridad respecto de cada bimestre solicitado.—d) De considerar que no se actualizaba la caducidad de facultades, debió realizar pronunciamiento alguno en relación a si, en el caso, operaba la figura de la prescripción.—Cabe precisar que, a consideración de este Tribunal Colegiado, el momento en que se presentó la solicitud para que se declare que se extinguieron las facultades de las autoridades fiscales no puede constituir un parámetro idóneo para determinar qué ley es la que rige tal cuestión, ya que ello generaría incertidumbre jurídica tanto en el gobernado, como en la autoridad; máxime que la caducidad es una consecuencia legal que no depende de ello, sino de que se actualicen los supuestos normativos correspondientes, puesto que como se estableció anteriormente el pronunciamiento que se haga respecto de la actualización de ésta, es meramente declarativo y no constitutivo. ..."

DA. 309/2017

"... En este orden de ideas, considerando que el tema a dilucidar se relaciona con la vigencia de las leyes en el tiempo, especialmente en resolver si la aplicación de una norma jurídica transgrede el principio de irretroactividad de la ley en perjuicio del gobernado, reconocido en el primer párrafo del artículo 14 constitucional, y que satisface uno de los fines primordiales del derecho fundamental a la seguridad jurídica, es oportuno acudir a la Teoría de los Derechos Adquiridos y a la Teoría de los Componentes de la Norma.—En términos generales, conforme a los enunciados de ambas teorías, la aplicación de una norma transgrede el principio de irretroactividad de la ley cuando modifica o altera derechos adquiridos o supuestos jurídicos y consecuencias de éstos que nacieron bajo la vigencia de una ley anterior; lo que no sucede cuando se está en presencia de meras expectativas de derecho o de situaciones que aún no se han realizado, o consecuencias no derivadas de los supuestos regulados en la ley anterior, pues en estos casos sí se permite que la nueva ley las regule.—Según la primera doctrina, es necesario precisar si el gobernado tenía ya dentro de su haber jurídico, los derechos y prestaciones a los que alude o se trataba sólo de una expectativa de derecho; de modo que esta última corresponde al futuro al no haberse cubierto los requisitos que en su momento previó la ley y, en cambio, el derecho adquirido será definible, cuando el acto realizado introduzca el bien, facultad o aprovechamiento al patrimonio de la persona, en términos de la tesis aislada 2a. LXXXVIII/2001 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, junio de 2001, página 306, de rubro y texto siguientes: ‘IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS.’ (se transcribe).—Por otro lado, la Teoría de los Componentes de la Norma parte del hecho de que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, los cuales no siempre se generan de modo inmediato, por lo que distingue diversas hipótesis que pueden llegar a generarse a través del tiempo, mismas que se exponen en la jurisprudencia P./J. 123/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, octubre de 2001, página 6, del tenor siguiente: ‘RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA.’ (se transcribe).—Asimismo, sobre dicho tópico cabe destacar que no puede existir retroactividad mientras no se prive de alguna facultad con que ya se contaba, por lo que si antes de que se actualice una etapa del procedimiento el legislador amplía un término, no existe retroactividad de la ley, ya que al no haberse actualizado las facultades, no se ven afectadas.—Ahora bien, en el caso sujeto a análisis, tratándose de las facultades determinantes de las autoridades fiscales de la Ciudad de México, los plazos de caducidad se encontraban inicialmente previstos en el artículo 89 del Código Financiero del Distrito Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, el cual en su redacción original establecía: ‘Artículo 89.’ (se transcribe).—El precepto legal transcrito preveía un único plazo de cinco años para que operara la caducidad, pudiendo los contribuyentes solicitar se declarara la misma, bajo los siguientes cuatro supuestos que a continuación se destacan: a) los cinco años que comienzan a partir del día siguiente a aquel en que se presentó la declaración del ejercicio, cuando se tenga obligación de hacerlo (extinguiéndose por ejercicios completos); b) los cinco años computados a partir del día siguiente al en que se presentó o debió presentarse la declaración que corresponda a una contribución que no se haya calculado por ejercicios, o bien, a partir de que se causaron las contribuciones cuando no exista la obligación de pagarlos mediante declaración; c) los cinco años iniciados a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera cometido la infracción a las disposiciones fiscales, o hubiere cesado su consumación o realizado la última conducta de hecho; y, d) los cinco años computados a partir de que se hubiere cometido la conducta que causa daño a la hacienda pública local o al patrimonial de las entidades.—Luego, mediante ‘Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal’ publicado el veintiséis de diciembre de dos mil tres en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal, el contenido del precepto antes mencionado fue reubicado en el numeral 121, en vigor desde el uno de enero de dos mil cuatro hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, que establecía: ‘Artículo 121.’ (se transcribe).—De la transcripción anterior se advierte que el plazo para que caducaran las facultades de las autoridades para determinar créditos fiscales derivados de contribuciones omitidas y sus accesorios; para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones de este código, así como determinar responsabilidades resarcitorias era de cinco años, contado a partir, entre otros supuestos, desde el momento en que haya concluido el término dentro del cual el particular debió presentar sus declaraciones.—Ahora bien, mediante decreto publicado el veintinueve de diciembre de dos mil nueve, el legislador abrogó el Código Financiero del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y expidió el Código Fiscal de la misma ciudad, en el cual específicamente, en su artículo 99, estableció lo siguiente: ‘Artículo 99.’ (se transcribe).—De la lectura del artículo transcrito se advierte que el plazo para que se extinguieran las facultades de las autoridades para determinar créditos fiscales derivados de contribuciones omitidas y sus accesorios; para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones de este código, así como determinar responsabilidades resarcitorias, era de cinco años y que los contribuyentes, una vez transcurridos los plazos, podrá solicitar se declare que se han extinguido las facultades de las autoridades fiscales.—De lo anterior, cabe destacar que el plazo de cinco años para que caducaran las facultades de la autoridad fiscal, previsto en el artículo 121 del Código Financiero que se abrogó, en realidad no perdió vigencia con la promulgación del Código Fiscal Local, pues en su artículo 99, se reiteró tal cuestión.—De entre estos supuestos, cobra especial relevancia para la resolución del asunto la norma enunciada en los artículos 89, fracción II, y 121, fracción II, del Código Financiero local abrogado y el numeral 99, fracción II, del Código Fiscal de esta ciudad, que desde la perspectiva de la teoría de los componentes de la norma, constituye una norma jurídica que contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos y una consecuencia.—En efecto, de su lectura se pueden distinguir los dos componentes de la norma de la siguiente manera:

Ver manera de distinguir los dos componentes de la norma 2

"Esta norma jurídica pudiera enunciarse en la siguiente forma: ‘si se cumplen cinco años a partir del día siguiente al en que el contribuyente presentó o debió haber presentado la declaración de contribuciones que no se calculan por ejercicios, o a partir de que se causaron las contribuciones que no deben pagarse mediante declaración; entonces quedan extintas las referidas facultades de las autoridad fiscal para determinar créditos fiscales.’.—La actualización de las dos hipótesis previstas en esta norma jurídica, a saber: 1) La presentación u omisión de presentar la declaración de contribuciones y 2) El transcurso de cinco años sin que se ejercieran facultades de comprobación, produce que el causante adquiera el derecho a ser liberado de la obligación d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28124-7ba008d4/caducidad-en-materia-fiscal-el-plazo-de-5 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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