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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS CON MOTIVO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 139; 156, FRACCIÓN III; 189; 201, PÁRRAFO PRIMERO; 225, FRACCIÓN V; 244, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIONES V Y VI; 247, QUINTO PÁRRAFO; Y LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS PRIMERO, QUINTO Y DÉCIMO, TODOS DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INEXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO CUANDO LA MODIFICACIÓN IMPUGNADA NO IMPLICA UN CAMBIO SUSTANCIAL (ARTÍCULO 241, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO). III. ASENTAMIENTOS HUMANOS. BASES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS. IV. HACIENDA MUNICIPAL. NO SE VULNERA CON LAS ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO LOCAL EN MATERIA DE UTILIZACIÓN, AUTORIZACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE USO DE SUELO, NI CON LAS DEL PODER LEGISLATIVO LOCAL PARA IMPONER CONTRIBUCIONES RESPECTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS (ARTÍCULOS 324, PÁRRAFO SEGUNDO, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1, FRACCIÓN II; 90 PÁRRAFO PRIMERO; 108, PÁRRAFO PRIMERO, Y FRACCIÓN IV; 188; 246; 323, 324, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO; 326, PÁRRAFO PRIMERO; 327 Y 328, PÁRRAFO PRIMERO DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO). V. HACIENDA MUNICIPAL. NO SE VULNERA CON EL COBRO QUE REALICE LA AUTORIDAD ESTATAL POR CONCEPTO DE LA AUTORIZACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE FRACCIONAMIENTOS Y CONDOMINIOS, YA QUE ELLO DERIVA DE UN CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL PODER EJECUTIVO ESTATAL Y LA AUTORIDAD MUNICIPAL (ARTÍCULO 1, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO). VI. ASENTAMIENTOS HUMANOS. LA CONSTITUCIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES, ASÍ COMO SU REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA, ES UNA COMPETENCIA CONCURRENTE ENTRE EL PODER EJECUTIVO LOCAL Y LA AUTORIDAD MUNICIPAL (ARTÍCULOS 90 PÁRRAFO PRIMERO Y 108, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO). VII. HACIENDA MUNICIPAL. NO SE VULNERA CON LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR LAS AUTORIZACIONES DE USO DE SUELO EJECUTADAS POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL, AL NO SER EXCLUSIVAS DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL POR SER UNA COMPETENCIA CONCURRENTE DERIVADA DE PLANES Y PROGRAMAS CONVENIDOS ENTRE AMBOS ÓRDENES DE GOBIERNO (ARTÍCULOS 188; 246; 323; 324; 326, PRIMER PÁRRAFO; 327 Y 328, PRIMER PÁRRAFO DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO). VIII. HACIENDA MUNICIPAL. NO SE VULNERA CON LAS ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO LOCAL EN MATERIA DE UTILIZACIÓN, AUTORIZACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE USO DE SUELO, ASÍ COMO LA REGULACIÓN DE CONTRIBUCIONES RESPECTO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS SIEMPRE Y CUANDO ELLO DERIVE DE UN CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL PODER EJECUTIVO ESTATAL Y LA AUTORIDAD MUNICIPAL (ARTÍCULOS 1, FRACCIÓN II; 90, PÁRRAFO PRIMERO; 108, PÁRRAFO PRIMERO Y FRACCIÓN IV; 188; 246; 323, 324, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO; 326, PÁRRAFO PRIMERO; 327 Y 328, PÁRRAFO PRIMERO, TODOS DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. IMPOSIBILIDAD DE ANALIZAR CONCEPTOS DE INVALIDEZ SOBRE LA INVASIÓN DE LA ESFERA FEDERAL PLANTEADOS POR UN MUNICIPIO (ARTÍCULOS 9, FRACCIÓN IV, 78, 79, PÁRRAFO PRIMERO Y FRACCIÓN IV Y 83, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO). X. ASENTAMIENTOS HUMANOS. FACULTADES CONCURRENTES EN MATERIA DE ACCIONES PARA EVITAR LA ESPECULACIÓN DE INMUEBLES APTOS PARA EL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (ARTÍCULOS 9, FRACCIÓN IV, 78, 79, PÁRRAFO PRIMERO Y FRACCIÓN IV Y 83, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO). XI. ASENTAMIENTOS HUMANOS. LA REGULACIÓN DE LA DENUNCIA POPULAR EN MATERIA ECOLÓGICA Y MEDIOAMBIENTAL ES CLARA Y NO AFECTA EL ÁMBITO MUNICIPAL [ARTÍCULO 123, PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO (SIC) DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO]. XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. IMPOSIBILIDAD DE ANALIZAR CONCEPTOS DE INVALIDEZ SOBRE LA INVASIÓN DE LA ESFERA FEDERAL PLANTEADOS POR UN MUNICIPIO (ARTÍCULOS 264 Y 265, PRIMER PÁRRAFO DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO). XIII. ASENTAMIENTOS HUMANOS. COMPETENCIA DEL LEGISLADOR LOCAL PARA ESTABLECER LOS ELEMENTOS MÍNIMOS DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE DESARROLLO URBANO QUE TRASCIENDEN A LA FACULTAD DE ZONIFICACIÓN RESERVADA AL ÁMBITO MUNICIPAL (ARTÍCULO 41, FRACCIÓN V DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO). XIV. ASENTAMIENTOS HUMANOS. REGULACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE DEBEN CONTENER LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN Y LOS DIVERSOS PARCIALES (ARTÍCULO 42, FRACCIÓN VII DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO). XV. ASENTAMIENTOS HUMANOS. REGULACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE DEBEN CONTENER LOS PROGRAMAS SUBREGIONALES DE DESARROLLO URBANO, DE ORDENACIÓN DE ZONAS METROPOLITANAS O ZONAS CONURBADAS (ARTÍCULO 58, FRACCIONES IV Y V DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO). XVI. ASENTAMIENTOS HUMANOS. COMPETENCIA DEL LEGISLADOR LOCAL PARA DETERMINAR LOS FINES DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO URBANO (ARTÍCULOS 79 Y 80 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO). XVII. ASENTAMIENTOS HUMANOS. ATRIBUCIÓN DISCRECIONAL PARA LA CLASI

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 60/2012. · Registro digital (IUS): 28141
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2018-10-19
Promovente: MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, ESTADO DE QUERÉTARO.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, Pág. 426.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 60/2012. MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, ESTADO DE QUERÉTARO. 6 DE JUNIO DE 2016. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA, LOURDES MARGARITA GARCÍA GALICIA Y CLAUDIA MENDOZA POLANCO.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día seis de junio de dos mil dieciséis en el que emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la que se resuelve la presente controversia constitucional 60/2012, promovida por el Municipio de El Marqués del Estado del mismo nombre (sic), por conducto del síndico municipal del citado Municipio, María Guadalupe González Ramírez,(1) en la que demandó la invalidez de diversos artículos del Código Urbano del Estado de Querétaro, publicado en el Periódico Oficial Estatal de treinta y uno de mayo de dos mil doce, señalando como autoridades demandadas:

a) Poder Legislativo, b) Poder Ejecutivo y c) secretario de Gobierno, todas autoridades del Estado de Querétaro.

I. Antecedentes

1. Los antecedentes narrados en la demanda, en síntesis, consisten en señalar que el motivo primordial de la emisión de la norma impugnada fue adecuarla al anterior Código Urbano para el Estado de Querétaro, publicado en el Periódico Local el seis de agosto de mil novecientos noventa y dos.

2. Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que hace valer el Municipio actor, en síntesis, son los siguientes:

3. Primer concepto. Violación a los artículos 31, fracción IV; 40; 41; 115, párrafo primero, fracciones I, II, IV, párrafos primero y último, inciso a), y V, inciso d), así como el 133 y 134, primer párrafo, de la Constitución Federal.

4. Impugnación del segundo párrafo del artículo 324, en relación con los artículos 1, fracción II; 90, primer párrafo; 108, párrafo primero, y fracción IV, 188, 246, 323, 324, primer y segundo párrafos; 326, primer párrafo; 327 y 328, primer párrafo, del Código Urbano del Estado de Querétaro, porque transgreden los principios de hacienda municipal, autonomía financiero-hacendaria municipal, ejercicio directo de los recursos públicos y de integridad de estos últimos, así como los diversos principios de integridad, suficiencia y eficacia del gasto público municipal.

5. Esencialmente, le agravia el sistema conforme al cual se confiere al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro las atribuciones en materia de utilización, autorización, control y vigilancia del uso de suelo, para realizar las siguientes actividades, en el territorio del Municipio actor.

a) Determinar los usos de áreas y predios (suelos), considerando los rangos de densidad de población, la temporalidad y los coeficientes de ocupación y utilización del suelo.

b) Formular esquemas específicos de utilización del suelo apto para el desarrollo urbano, para barrios, colonias, fraccionamientos o nuevos desarrollos habitacionales, para una parte o la totalidad de las zonas de reserva para el crecimiento urbano que consigne el Programa Municipal de Desarrollo Urbano.

c) Promover la participación de los sectores social y privado, en la instrumentación de los programas y acciones de suelo, promoviendo la mezcla con servicios y comercio básico.

d) Emitir dictámenes de uso de suelo para la construcción de fraccionamientos, así como para la construcción de condominios.

e) Autorizar la modificación del uso de suelo de un predio o de una edificación, así como para emitir el previo dictamen técnico concerniente a dicha autorización.

f) Autorizar el cambio de uso de suelo, en construcciones ya ejecutadas, para que el propietario del inmueble efectúe las modificaciones conducentes a cumplir con las disposiciones normativas correspondientes.

g) Instaurar y resolver procedimientos administrativos de inspección para determinar si un inmueble se utiliza o no total o parcialmente para algún uso de suelo diferente al autorizado, sin haber obtenido previamente la modificación relativa, así como para ordenar: 1) la restitución inmediata al uso aprobado, 2) la ejecución de obras, adaptaciones, instalaciones y otros trabajos que sean necesarios para adecuar el correcto funcionamiento del inmueble y la restitución al uso aprobado, dentro del plazo que para ello se señale en la resolución respectiva y, en su caso, 3) ejecutar las medidas de seguridad que establece el Código Urbano de la entidad.

6. Asimismo, que el artículo 324, segundo párrafo, del código impugnado, en relación con los artículos impugnados, también facultan al Poder Legislativo de la entidad para gravar y/o imponer contribuciones o derechos, respecto de los actos administrativos concernientes al uso de suelo, vía la Ley de Hacienda del Estado, por lo que, en consecuencia, se faculta al Poder Ejecutivo Local para percibir, administrar, ejercer, recaudar y cobrar los respectivos ingresos públicos derivados de tales atribuciones.

7. Lo que debilita la autonomía y autosuficiencia económica del Municipio actor, dado que provienen de contribuciones impuestas sobre propiedad inmobiliaria, porque derivan de autorizaciones emitidas respecto del uso del suelo. Y, además, se priva al Municipio de decidir sobre el ejercicio o destino que debe darse a tales recursos públicos, ordenando a una autoridad ajena al Ayuntamiento que decida lo relativo a los ingresos públicos municipales, siendo esto contrario al artículo 115, fracciones I, II y IV, apartado a) y último párrafo, de la Constitución Federal.

8. Las normas impugnadas tampoco se ajustan a los principios de integridad, suficiencia y eficacia del gasto público municipal, porque los habitantes o transeúntes del Municipio actor que sean causantes de algún derecho o tributo generado por algún acto administrativo que tenga relación con el uso de suelo, ya no contribuirán a los gastos públicos que en subsecuentes ejercicios fiscales deba erogar el Municipio actor, lo que merma la capacidad, integridad y suficiencia financiera y económica del Municipio actor, para satisfacer con eficacia y cabalidad las necesidades colectivas y sociales que le conciernen cumplir.

9. En esta línea solicita la declaración de invalidez de los "actos legislativos reclamados" y que se le restituya en el disfrute de sus competencias y de los recursos públicos que le han sido arrebatados por los poderes locales demandados. Restitución de los intereses y demás accesorios financieros generados y que se generen en lo futuro, recepcionados por el Poder Ejecutivo Local, por concepto de uso de suelo que las normas impugnadas le facultan realizar.

10. Segundo concepto. Violación a los artículos 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo, en relación con los diversos artículos 27, tercer párrafo, 40, 41, 73, fracciones XXIX-G y XXIX-C; 115, párrafo primero, fracciones I y V, inciso d), y 133 de la Constitución Federal.

11. Impugna los artículos 1, fracción II; 90, primer párrafo; 108, párrafo primero, y fracción IV, 188, 246, 323, 324, primer y segundo párrafos; 326, primer párrafo; 327 y 328, primer párrafo, del Código Urbano del Estado de Querétaro, porque transgreden los principios de motivación legal de los actos legislativos (leyes en sentido formal y material) y de autonomía gubernamental municipal, división de poderes y de no subordinación.

12. Insiste en que le agravia el sistema conforme al cual se confiere al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro las atribuciones en materia de utilización, autorización, control y vigilancia del uso de suelo, para realizar la serie de actos administrativos señalados en el primer concepto de invalidez, también en cuanto a que se faculta al Poder Legislativo de la entidad para gravar y/o imponer contribuciones o derechos, en la expedición de los dictámenes de uso de suelo, vía la Ley de Hacienda del Estado, por lo que, en consecuencia, se faculta al Poder Ejecutivo Local para percibir, administrar, ejercer, recaudar y cobrar los respectivos ingresos públicos derivados de tales atribuciones, lo que es contrario a la voluntad de reservar en exclusiva al Municipio Libre, las atribuciones y competencia relativas en materia de utilización, autorización, control y vigilancia del uso de suelo, tal como lo ordena el artículo 115, párrafo primero, fracciones I y V, inciso d), de la Constitución Federal.

13. La naturaleza constitucional concurrente de las materias de asentamientos humanos, desarrollo urbano, ecología y medio ambiente, la sujeción y coherencia que se debe guardar con la planeación federal y estatal (planes, programas y acciones), ni la homogeneidad material que el artículo 27, tercer párrafo, constitucional ordena observar en dichas materias, ni los nexos jurídicos que el Municipio guarda con los poderes locales son directrices o imperativos constitucionales que ordenen, faculten o atribuyan competencia al legislador local a conferir al Poder Ejecutivo atribuciones en materia de utilización, autorización, control y vigilancia del uso de suelo, primordialmente en lo relativo a los dictámenes de uso de suelo que se disponen en los artículos impugnados. Asimismo, tampoco atribuyen al legislador local imponer contribuciones o derechos, respecto de lo concerniente a las resoluciones y actos administrativos derivados de la expedición de los dictámenes de uso de suelo.

14. Por lo que debe respetarse la autonomía del Municipio como nivel de gobierno dotado de atribuciones de decisión que le faculta a gozar de una intervención real y efectiva en los citados campos de actuación pública y no como un simple apéndice o ejecutor, pues ésta fue la voluntad de las reformas constitucionales destinadas a reforzar la autonomía municipal de mil novecientos ochenta y tres y mil novecientos noventa y nueve, primordialmente las inherentes a la utilización, autorización, control y vigilancia del uso de suelo del artículo 115, párrafo primero, fracciones I y V, inciso d), de la Constitución Federal.

15. Los artículos impugnados resultan inconstitucionales, porque carecen de motivación constitucional como actos legislativos, en la medida que se apartan, deshonran y contravienen los principios o valores ius filosóficos, políticos y sociales que la nación mexicana y el pueblo de México trazó y reclamó fueran jurídicamente reguladas y que fueron recogidos y puntualizados por el Poder Constituyente en mil novecientos ochenta y tres en el inciso d) de la fracción V del artículo 115 constitucional para atribuir en exclusiva al Municipio las atribuciones y competencia relativas en materia de utilización, autorización, control y vigilancia del uso de suelo.

16. Asimismo, las normas impugnadas violentan el principio de autonomía gubernamental competencial municipal, porque el cúmulo de atribuciones mencionadas que el Constituyente reservó en exclusiva al Municipio son una proyección de dicho principio constitucional y como tal quedan comprendidas dentro de la competencia que la Constitución Federal otorga al Gobierno Municipal para que se ejerza por el Ayuntamiento de manera exclusiva. Al sustraer estas atribuciones del Municipio y conferirlas al Poder Ejecutivo del Estado se lesiona el poder de decisión gubernamental en esta asignatura pública que no le corresponde a dicho poder local, sino al Municipio.

17. Las normas impugnadas también desconocen la dimensión moral o personalista del federalismo, porque tanto a los poderes centrales como a los poderes locales, les resulta aplicable la noción kantiana de persona, aunque no sean seres humanos, en la medida de que son los sujetos o entes responsables de operar el sistema federal, como representantes y ejecutores de la voluntad popular (seres humanos) que cada uno de dichos poderes le fue depositado en lo conducente, por lo que dichos poderes son entes dotados de voluntad, capaces de alcanzar los fines que les fueron propuestos por la Constitución. De tal suerte que la dignidad, capacidad o facultad real de tomar decisiones, que constitucionalmente corresponde a cada nivel de gobierno, central, estatal, distrital o municipal, en su esfera de competencia, debe respetarse y garantizarse por cada uno de dichos poderes.

18. El nuevo federalismo cooperativo no faculta a los poderes a arrogarse facultades que corresponden a otro poder, en detrimento del Municipio con las normas impugnadas, sino solamente aquellas que la propia Constitución les asigna.

19. Las normas impugnadas transgreden los principios de división de poderes y de no subordinación, porque privan de manera absoluta al Ayuntamiento de Querétaro (sic) para tomar decisiones relativas a la utilización, autorización, control y vigilancia del uso de suelo que dichos preceptos confieren y transfieren al Poder Ejecutivo del Estado, pues erigen a este poder como subordinante y al Municipio como subordinado, toda vez que, además, no le permiten al Municipio tomar un curso de acción distinto al que le prescriben tales normas.

20. Tercer concepto. Violación a los artículos 40 y 41, en relación con los artículos 25, primer y segundo párrafos; 28, párrafos segundo y tercero; 73, fracciones X, XXIX-C y XXIX-E; 89, fracción XX; 90 y 133 de la Constitución Federal, así como los artículos 1o., párrafos primero a tercero, fracción IX; 2o., fracciones II, III y IV, 19, 20, 64, 65, 73 y el capítulo VIII, denominado "De las operaciones con inmuebles" de la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como el artículo 40, fracción II, de la Ley General de Asentamientos Humanos.

21. Impugna los artículos 9, fracción IV, 78, 79, primer párrafo y fracción IV, y 83, fracción VI, del Código Urbano del Estado de Querétaro.

22. La argumentación radica en que los artículos impugnados contravienen la competencia exclusiva de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Federación en el control administrativo y regulatorio tutelar de los consumidores y de la sociedad mexicana en los mercados inmobiliarios, con relación a los actos realizados por proveedores que sean fraccionadores, constructores, promotores y demás personas que intervengan en la asesoría y venta al público de viviendas destinadas a casa habitación, inclusive, cuando otorguen al consumidor el derecho de usar inmuebles mediante el sistema de tiempo compartido. En efecto, pues las normas impugnadas confieren facultades a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Querétaro, así como al Municipio actor para regular el mercado de suelo, dictar e implementar medidas para evitar la especulación de terrenos e inmuebles aptos para el desarrollo urbano y la vivienda, principalmente la de carácter social y popular, incluyendo dentro de tales medidas, entre otras, mecanismos financieros regulados por la legislación en la materia.

23. El ámbito material de validez que corresponde a los artículos impugnados en lo relativo a las medidas necesarias que establecen para regular el mercado del suelo para el desarrollo urbano y el de la vivienda de interés social y popular, y evitar en él la especulación de terrenos e inmuebles no es un numerus clausus, sino un numerus apertus, ya que dicho ámbito competencial regulatorio combatido no se limita a la sección quinta del Código Urbano ni se constriñe a esa propia codificación, sino que reenvía y/o remite a un universo indeterminado de leyes y de normas generales de inferior jerarquía a la ley, y no sólo a una ley. Dicho ámbito material de validez atribuido por el legislador demandado a las autoridades estatales y municipales es amplio, vasto y creciente, al ser abierto, y no cerrado, ni taxativo, e incluso, excede al propio Código Urbano impugnado.

24. Medidas gubernamentales regulatorias entre las que podrían comprenderse ejemplificativamente las de: a) aseguramiento de inmuebles y/o bienes; b) suspensión de comercialización de los mismos; c) ordenar la suspensión de información o publicidad; d) colocación de sellos e información de advertencia; e) medidas para controlar, afectar y/o congelar valores, estimaciones, precios y/o comercialización de inmuebles, o sustraer directa o indirectamente de las leyes económicas de oferta y demanda y libre comercio, bajo las cuales operan; f) medidas de inquilinato, etcétera.

25. Las normas impugnadas, al versar sobre cuestiones comerciales, mercantiles y de protección del consumidor, incluidas las operaciones inmobiliarias y su control administrativo y regulación social y jurídica, invaden el campo competencial de legislar en exclusiva al Congreso de la Unión, quien tiene facultad para emitir leyes para proteger a los consumidores y propiciar su organización para el mejor cuidado de sus intereses; para la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios.

26. Leyes federales entre las que destacan la Ley Federal de Protección al Consumidor –artículos 19 y 20–, en la que el Congreso de la Unión ha distribuido la regulación y control jurídico de los mercados inmobiliarios como uno de los negocios del orden administrativo, que corresponde ejercer en exclusiva a la Federación, a través de órganos y entidades de la administración pública centralizada y descentralizada del Poder Ejecutivo Federal y, concretamente, a través de la Secretaría de Economía y de la Procuraduría Federal del Consumidor.

27. Intervención de la Secretaría de Economía y de la Procuraduría Federal del Consumidor en la regulación y control de los mercados inmobiliarios que ha sido declarado constitucional por el Alto Tribunal, de acuerdo a las tesis de jurisprudencia números:

28. P./J. 97/2005, P./J. 99/2005, P./J. 101/2005, P./J. 102/2005, P./J. 108/2005, P./J. 103/2005, P./J. 100/2005 y P./J. 105/2005, de rubros: "PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. EL CONGRESO DE LA UNIÓN, EN USO DE LAS FACULTADES PARA LEGISLAR EN ESA MATERIA, QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 73, FRACCIONES X Y XXIX-E, 25 Y 28 CONSTITUCIONALES, CREÓ LA PROCURADURÍA RELATIVA Y EMITIÓ DISPOSICIONES EN DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES.", "PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. LOS ARTÍCULOS 73, 73 BIS, 73 TER, 75, 86, PÁRRAFO TERCERO, Y 87 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO VIOLAN LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE COMERCIO NI LA DE IGUALDAD EN EL EJERCICIO DE ÉSTA.", "PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. LOS ARTÍCULOS 73, 73 BIS, 73 TER, 75, 86, PÁRRAFO TERCERO, Y 87 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO VIOLAN LOS ARTÍCULOS 25 Y 28 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", "PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. LOS ARTÍCULOS 73, 73 BIS, 73 TER Y 75 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO LIMITAN LA LIBRE DISPOSICIÓN DE LA PROPIEDAD REGIDA POR EL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." y "PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. LOS ARTÍCULOS 73, PÁRRAFO SEGUNDO, 86 Y 87 DE LA LEY RELATIVA, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

29. Asimismo, "PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. LA OBLIGACIÓN DE REGISTRAR ANTE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR LOS CONTRATOS DE ADHESIÓN, SE ORIGINA EN DOS DIVERSOS TIPOS DE DISPOSICIONES LEGALES.", "PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. LOS ARTÍCULOS 73, 73 BIS, 73 TER, 75, 86, PÁRRAFO TERCERO, Y 87 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO VIOLAN EL ARTÍCULO 13 CONSTITUCIONAL." y "PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO PUGNA CON LA FACULTAD EXCLUSIVA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR EN MATERIA CONTRACTUAL CIVIL Y DE BIENES INMUEBLES."

30. El control administrativo y regulatorio tutelar de los consumidores y de la sociedad mexicana en los mercados inmobiliarios, con relación a los contratos, convenios, actos o cualquier tipo de información, publicidad, estrategias o prácticas abusivas, coercitivas, desleales o indebidas o impropios por parte de los proveedores en la comercialización de tales bienes inmuebles, lo que incluye la regulación de los mercados inmobiliarios y medidas para evitar la especulación de terrenos e inmuebles para vivienda y habitación, queden comprendidos dentro de los actos relacionados con inmuebles realizados por los proveedores que tengan el carácter de fraccionadores, constructores, promotores y demás personas que intervengan en la asesoría y venta al público de viviendas destinadas a casa habitación o cuando otorguen al consumidor el derecho de usar inmuebles mediante el sistema de tiempo compartido, lo que es competencia de la Procuraduría Federal del Consumidor o, en última instancia, de la Secretaría de Economía, autoridades de la Federación (artículos 19 y 73 de la Ley Federal de Protección al Consumidor) y no autoridades locales (estatales y/o municipales), como inconstitucionalmente pretenden las normas generales impugnadas.

31. Por lo que las normas impugnadas carecen de fundamento, en la medida que el Poder Legislativo del Estado carece de competencia constitucional para normar las mencionadas asignaturas del quehacer político federal. Cita en apoyo a su argumentación la tesis de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA."

32. Asimismo, las normas son inconstitucionales, dado que el legislador local facultó a las autoridades administrativas estatales y municipales del Estado a dictar, ordenar, implementar las multicitadas medidas regulatorias inmobiliarias, como autoridades principales, excluyentes y aisladas que pueden actuar fáctica y normativamente desligadas de la intervención e injerencia que constitucionalmente corresponde en tales asuntos a la Federación, y no como auxiliares de esta última, toda vez que ninguna norma de las locales que regulan las atribuciones regulatorias inmobiliarias previstas en el Código Urbano ordena o dispone que las autoridades administrativas estatales y municipales del Estado deban coordinarse con la Federación para ejercer las atribuciones regulatorias impugnadas, violando lo dispuesto por los artículos 73, fracción XXIX-C, de la Constitución Federal y 40, fracción II, de la Ley General de Asentamientos Humanos, que ordenan que los tres niveles de gobierno deben concurrir dentro de sus competencias en materia de desarrollo urbano y asentamientos humanos, y primordial y expresamente en tratándose de las acciones coordinadas que la Federación, las entidades federativas y los Municipios deban llevar a cabo para evitar la especulación de inmuebles aptos para el desarrollo urbano y la vivienda.

33. En consecuencia, debe declararse la invalidez de las normas impugnadas, porque las facultades concurrentes implican que las entidades federativas, los Municipios y la Federación puedan actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión quien determine la forma y los términos de la participación de dichos entes, a través de una ley general.

34. Sin que sea obstáculo el hecho de que diversos artículos impugnados y otros de la sección quinta referida del Código Urbano local establezcan la expresión "podrán". Dado que el verbo "poder" en el campo de la técnica legislativa no necesariamente tiene el significado de discrecionalidad, sino que en ocasiones se utiliza en el sentido de "obligatoriedad", pues en tal hipótesis se entiende como un deber. Sin que sea pertinente dilucidar en la especie cuál de las dos acepciones deber o poder concierne casuísticamente a las atribuciones en materia de regulación de los mercados de suelo e inmobiliarios, porque resulta intrascendente despejar tal variable normativa, cuando ello no conduciría a subsanar la inconstitucional usurpación de atribuciones federales que las normas combatidas efectúan.

35. Cuarto concepto. Violación a los artículos 14, segundo párrafo; 16, primer párrafo; 40, 41; en relación con el artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Federal, así como de los artículos 1, primer párrafo y fracción VIII, 4o., 7o., fracción XV, 10, 189, primer párrafo, 192, último párrafo, 195, 198, 199, fracciones II y VIII, y 200 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

36. Impugna el artículo 123, primero, segundo y tercer párrafos, del Código Urbano para el Estado de Querétaro.

37. El artículo impugnado, al conferir diversas facultades al Poder Ejecutivo Local dentro del procedimiento administrativo de denuncia popular para: 1) remitir información recabada en investigación a las autoridades competentes, 2) iniciar los procedimientos de sanción, 3) solicitar a la autoridad competente tomar las medidas urgentes necesarias para evitar que se pongan en peligro la salud pública y la seguridad social, 4) dictar las medidas preventivas y de seguridad que sean necesarias para mitigar o evitar el daño ambiental y 5) imponer sanciones a infractores, se contravienen las bases constitucionales y legales de concurrencia que establecen dispositivos constitucionales, en lo relativo a la institución jurídica de la denuncia popular en materia ecológica y medioambiental, como un mecanismo de derecho no coercitivo o soft law, porque las medidas sancionatorias, preventivas y de seguridad que proponen implementar, riñen con la naturaleza no vinculante de ombudsman ecológico y de recomendación que corresponde a la naturaleza del procedimiento administrativo federal de denuncia popular.

38. Se pasa por alto que la denuncia popular ecológica-ambiental regulada en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (artículos 176 a 179, capítulo V "Recurso de revisión") no es un recurso en sede administrativa con naturaleza recursiva, contenciosa, sancionatorio, de inspección o vigilancia y que la citada denuncia popular tampoco es un medio impugnativo, ya administrativo o contencioso judicial, porque estos mecanismos de impugnación se regulan en el artículo 180 de la citada ley marco.

39. De los artículos 192, último párrafo y 199, fracción VII, de la citada ley, la denuncia popular si es una vía en la cual la autoridad administrativa ecológica puede, a su vez, iniciar los procedimientos de inspección y vigilancia que fueran procedentes, los cuales, una vez resueltos, dejan sin materia al diverso de denuncia popular. Sin embargo, tal combinación o sustanciación conjunta o paralela de los mencionados procedimientos administrativos (de inspección y vigilancia por un lado y de denuncia popular por el otro) no significa que sean un solo procedimiento jurídico o que deban de fusionarse en un nuevo o subsistente en cualquiera de los dos, como inconstitucionalmente pretenden las normas locales combatidas.

40. En el hipotético supuesto de que no existieran las bases concurrentes federales, de tolerar o autorizar, aplicar y/o tramitar la denuncia popular, de acuerdo al diseño normativo que establece el Código Urbano del Estado, en particular el artículo 123, párrafos primero, segundo y tercero, conduciría a generar un estado de incertidumbre, inseguridad y desconocimiento jurídico y de indefensión, en las personas privadas o morales sometidas a tal denuncia popular, al no saber ni tener conocimiento adecuado, completo y exacto del tipo de procedimiento administrativo al que harían frente: si un procedimiento sancionatorio o un procedimiento de inspección y vigilancia, o un procedimiento impugnativo administrativo o judicial, un procedimiento de medidas de seguridad y emergencia. Lo que constituye la primera formalidad del procedimiento, el conocimiento adecuado y completo del acto de autoridad y del procedimiento en el que se suscita que enfrenta un determinado destinatario, lo que no cumplen las normas impugnadas, de acuerdo con los artículos 14 y 16 constitucionales.

41. El hecho de que la denuncia popular local deba ajustarse a un procedimiento administrativo de naturaleza no coercitiva no es contrario al derecho fundamental a un medio ambiente adecuado, y a las garantías de seguridad jurídica y tutela judicial efectiva que protege la Constitución en sus artículos 4o. y 73, fracción XXIX-G, tal como lo decidió el Alto Tribunal, al resolver en sesión de treinta y uno de mayo de dos mil doce la acción de inconstitucionalidad 36/2009, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra el artículo 124 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Nuevo León, al omitir proveer dicho precepto, mecanismos judiciales para hacer exigible y eficaz la tutela efectiva de los derechos ambientales objeto de la denuncia popular, a instar ante la corporación establecida en dicha normatividad local de Nuevo León.

42. En este precedente la acción fue declarada infundada, porque en el curso de su tramitación se adicionó el artículo 17 constitucional para establecer las acciones colectivas o difusas e instaurar la plena tutela judicial de los derechos fundamentales del medio ambiente. Con lo que quedaron satisfechas las pretensiones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

43. Quinto concepto. Violación a los artículos 40, 41, en relación con los diversos numerales 25, primer y segundo párrafos, 28, párrafos segundo y tercero, 73, fracciones X, XXIX-C y XXIX-E, 89, fracción XX, 90 y 133 de la Constitución Federal, así como los artículos 1o., párrafos primero a tercero, fracción IX, 2o., fracciones II, III y IV, 19, 20, 64, 65 y 73 y el capítulo VIII denominado "De las operaciones con inmuebles" de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

44. Impugna los artículos 201, primer párrafo, 264 y 265, primer párrafo, del Código Urbano del Estado de Querétaro.

45. Se invalide la competencia exclusiva de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Federación en el control administrativo y regulatorio tutelar de los consumidores y de la sociedad mexicana en los mercados inmobiliarios, con relación a los actos realizados por proveedores que sean fraccionadores, constructores, promotores y demás personas que intervengan en la asesoría y venta al público de viviendas destinadas a casa habitación, inclusive cuando otorguen al consumidor el derecho de usar inmuebles mediante el sistema de tiempo compartido.

46. Lo anterior, en tanto que en los artículos impugnados se ordena la regulación de todo tipo de publicidad o promoción de venta efectuada por los desarrolladores inmobiliarios en el Municipio y

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28141-2314925e/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-cesacion-de-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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