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Modo: Corpus Pro

PENSIÓN POR INVALIDEZ A CARGO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SI EL TRABAJADOR SE ENCUENTRA EN ACTIVO SÓLO PODRÁ RECIBIR SU PAGO HASTA QUE SEA DADO DE BAJA DE DICHO RÉGIMEN, AUN CUANDO AQUÉLLA YA LE HUBIERA SIDO CONCEDIDA MEDIANTE LAUDO EJECUTORIADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2018. · Registro digital (IUS): 28169
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-11-09
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo II, Pág. 1531.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO. 2 DE JULIO DE 2018. UNANIMIDAD DE SEIS DE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS LIVIA LIZBETH LARUMBE RADILLA, FRANCISCO ESTEBAN GONZÁLEZ CHÁVEZ, SAMUEL ALVARADO ECHAVARRÍA, MIGUEL MENDOZA MONTES, GLORIA GARCÍA REYES Y JOSÉ YBRAÍN HERNÁNDEZ LIMA. PONENTE: FRANCISCO ESTEBAN GONZÁLEZ CHÁVEZ. SECRETARIA: DIVINA OSIRIS GONZÁLEZ PINEDA.

Puebla, Puebla. Acuerdo del Pleno en Materia de Trabajo del Sexto Circuito de sesión ordinaria de dos de julio de dos mil dieciocho.

VISTOS los autos, para resolver el expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis identificada al rubro; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante escrito presentado el catorce de febrero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, en donde radica el presidente del Pleno de Circuito en la materia, los Magistrados integrantes de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de Puebla, denunciaron la posible contradicción de criterios, sustentados entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Circuito, al resolver los amparos directos 246/2017, 420/2017 y 526/2017, en sesiones de seis de julio y cinco de octubre de dos mil diecisiete, así como dieciocho de enero de dos mil dieciocho, y el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y Circuito al fallar los amparos directos 309/2017 y 512/2017, en sesiones de seis de julio y siete de diciembre de dos mil diecisiete, respectivamente.

SEGUNDO.—Trámite del asunto. En acuerdo de diecinueve de febrero del año en curso, la presidenta del Pleno en Materia de Trabajo del Sexto Circuito admitió a trámite la denuncia y solicitó a los presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que remitieran copia certificada de las ejecutorias que resolvieron los juicios de amparo directo 246/2017, 420/2017, 526/2017, 309/2017 y 512/2017, de sus respectivos índices, y que también informaran si los criterios sustentados en los juicios constitucionales se encontraban vigentes o en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados.

Asimismo, ordenó informar a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis del Máximo Tribunal del País sobre la radicación y admisión de la presente contradicción, para efectos de lo dispuesto en el numeral 27, apartado F, del Acuerdo General Número 20/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (fojas 7 a 9).

Mediante proveído de uno de marzo de dos mil dieciocho se tuvo a los presidentes de los tribunales contendientes dando cumplimiento a lo antes ordenado (foja 237).

El doce de marzo de dos mil dieciocho, se recibió oficio de la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el cual informó que no se encuentra radicada contradicción de tesis alguna en el Máximo Tribunal en la que el tema a dilucidar guarde relación con el punto de contradicción a tratar en la presente resolución (foja 242).

TERCERO.—Turno. En proveído de quince de marzo de dos mil dieciocho, se turnaron los autos al Magistrado Francisco Esteban González Chávez para el estudio y elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CUARTO.—Solicitud de ampliación del plazo. El Magistrado ponente mediante oficio 171/2018-C, de diez de abril de dos mil dieciocho (foja 247), con apoyo en lo dispuesto en el numeral 28 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, solicitó prórroga de hasta quince días para la presentación del proyecto de resolución dada la complejidad del asunto y para realizar un mejor estudio; sobre tal oficio recayó el acuerdo de once de abril de dos mil dieciocho en el que la Magistrada presidenta de este Pleno de Circuito acordó otorgar la referida prórroga por el término solicitado (foja 248).

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. El Pleno en Materia de Trabajo del Sexto Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, y 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el Acuerdo General 8/2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de febrero de dos mil quince, vigente a partir del uno de marzo siguiente, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, cuenta habida que el tema a estudio atañe a la aparente discrepancia entre criterios de Tribunales Colegiados de este Circuito Judicial, que por su naturaleza laboral corresponde a la materia de especialidad de este Pleno de Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por los integrantes de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de Puebla, autoridad responsable en los cinco juicios de amparo directo participantes en la contradicción.

TERCERO.—Criterios participantes. Para estar en aptitud de establecer si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, es preciso tener en cuenta los principales antecedentes de los asuntos de donde emanan y las consideraciones esenciales que los sustentan, lo cual, a continuación se relatará:

I. Amparo directo 246/2017, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito.

1. ********** demandó ante la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, del Instituto Mexicano del Seguro Social, las prestaciones que a continuación se indican:

a) El otorgamiento de pensión de invalidez derivada de enfermedades del orden general que le imposibilitan procurarse, mediante un trabajo, una remuneración superior al cincuenta por ciento de la que percibía durante su último año de trabajo; y

b) El pago de ayuda asistencial.

Fundó su pretensión en lo dispuesto por los artículos 128 de la Ley del Seguro Social derogada y 119, 120 y 121 de la misma legislación vigente.

En el capítulo de hechos, la actora precisó que ingresó a laborar en el año de mil novecientos ochenta y cuatro para la empresa **********, cotizando al Instituto Mexicano del Seguro Social, ocupando el puesto de ********** o **********, con actividades consistentes en ********** percibiendo como último salario $********** pesos semanales.

También señaló que era portadora de diversas enfermedades del orden general como son **********, que la limitaban para realizar trabajo que requiera esfuerzo físico; y que ha solicitado al instituto demandado en diversas ocasiones el otorgamiento de pensión, pero que le ha sido negada.

El quince de marzo de dos mil diecisiete, la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, dictó laudo en el juicio laboral **********, en el que impuso al Instituto Mexicano del Seguro Social las obligaciones siguientes: a) Reconocer y otorgar una pensión a la actora por estado de invalidez de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129, fracción I, de la Ley del Seguro Social derogada, asistencia médica y aguinaldos; b) abrir incidente de liquidación para obtener el número total de semanas cotizadas, salario promedio de las últimas doscientas cincuenta; y determinó que la pensión debía pagarse a partir de la fecha de baja del régimen de seguridad social, al considerar que conforme a la hoja de certificación de vigencia de derechos que obraba en autos, se advertía, que a la presentación de la demanda, la actora seguía laborando y no existía dato que determinara si sigue realizando actividad alguna o en qué fecha fue dada de baja, ya que sólo hasta esa fecha puede cuantificarse debidamente el monto de la condena y los incrementos respectivos; y c) otorgar ayuda asistencial por soledad.

2. Inconforme con esa determinación, la actora promovió juicio de amparo directo 246/2017, en el que el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento, resolvió negar el amparo bajo las consideraciones siguientes:

"SÉPTIMO.—Determinación de este tribunal. Los conceptos de violación, que expresa la impetrante de garantías son infundados, sin que se advierta queja deficiente que suplir a su favor en términos de lo previsto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo.

"En ellos, aduce esencialmente que en el considerando sexto del laudo reclamado la responsable condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social al otorgamiento de una pensión de invalidez y prestaciones accesorias a ésta, cuyo pago deberá empezar a realizarse a partir de que la actora cause baja del régimen obligatorio de seguridad social, es decir, supone que el nacimiento de ese derecho se da por baja de la actora y no como consecuencia de los padecimientos que le originan el estado de invalidez.

"Sin embargo, afirma que la determinación anterior es incorrecta, toda vez que la actora solicitó que el pago correspondiente se efectuara desde la fecha de interposición de la demanda laboral, pues a esa data ya padecía de las enfermedades por las que le fue concedida la pensión de invalidez; además de que el artículo 128 de la Ley del Seguro Social abrogada, no condiciona al solicitante a que deba encontrarse privado de cualquier actividad remunerativa y, por otro lado, asevera que encuadra en el artículo 64 de la Ley del Seguro Social, de tal forma que se vería en la necesidad de seguir laborando.

"De igual manera, señala que la propia fuente de trabajo reconoce que la actora no está en condiciones para desempeñar las actividades para las que fue contratada, por lo que aduce que el encontrase activa no provoca la improcedencia de la acción, ya que los padecimientos que presenta, le provocan una imposibilidad para desarrollar sus labores.

"En apoyo a sus pretensiones, cita en su favor la jurisprudencia 2a./J. 58/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de 2005, con número de registro digital: 178428, Novena Época, página 480, que literalmente dispone:

"‘INVALIDEZ. EL DERECHO A LA PENSIÓN COMENZARÁ DESDE EL DÍA EN QUE SE PRODUZCA EL SINIESTRO, Y SI NO PUEDE FIJARSE, DESDE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL O, EN SU CASO, A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA CUANDO SE ACUDE DIRECTAMENTE ANTE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.’ (la transcribe)

"Son infundados los argumentos de la quejosa.

"Ello es así, habida cuenta que, de la lectura que se realiza al laudo reclamado, se advierte que la responsable estableció que el pago de la pensión de invalidez deberá empezar a efectuarse hasta la fecha en que la actora cause baja del régimen obligatorio de seguridad social, consideración que resulta acertada toda vez que no puede darse de manera simultánea la percepción de un salario y de una pensión, pues un elemento de los nombrados excluye al otro, como a continuación se pasa a demostrar.

"En principio, debe decirse que para la procedencia del otorgamiento de una pensión de invalidez, no es requisito indispensable que el trabajador se encuentre sin trabajo remunerativo, ya que tal requisito no lo establece el artículo 128 de la Ley del Seguro Social, vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y ocho; pues el citado numeral sólo exige que el asegurado se halle imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo, una remuneración superior al cincuenta por ciento de la percibida durante el último año de trabajo y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales.

"El hecho que un trabajador siga activo a pesar de la gravedad de sus padecimientos, obedece a un esfuerzo extraordinario de éste, que se justifica por la necesidad de allegarse de un salario que le permita sufragar las necesidades elementales de él y su familia, sin que ello desvirtúe en forma alguna el reconocimiento de su estado invalidante.

"Lo anterior así fue observado por la Junta responsable al otorgar la pensión de invalidez a la actora aquí quejosa; sin embargo, el hecho que se haya acreditado el estado invalidante, no implica la posibilidad de reclamar en forma retroactiva el pago de la pensión a partir de la fecha en que fue presentada la demanda laboral, ya que no puede coexistir de manera simultánea el pago de un salario y de una pensión para un mismo trabajador.

"Ello así se considera, habida cuenta que el artículo 123 de la Ley del Seguro Social, dispone que el pago de las pensiones de invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, se suspenderá durante el tiempo en que el pensionado desempeñe un trabajo comprendido en el régimen del Seguro Social, con la salvedad para el caso de invalidez, en donde no habrá suspensión en el pago de la pensión cuando el trabajador ocupe, con diverso salario, un puesto distinto a aquel que desempeñaba al declararse ésta.

"Del citado numeral se advierte que el legislador estableció como limitante para el pago de una pensión que el trabajador se encuentre privado de un trabajo remunerativo, pues, aun cuando aquella se haya otorgado y se le estuviesen realizando los pagos correspondientes cesará para el caso de que el pensionado se reintegre a laborar en el régimen de seguridad social.

"Lo anterior implica a su vez que mientras el trabajador se encuentre activo, no podrá percibir el pago de la aludida pensión, aun cuando ésta ya le haya sido concedida mediante laudo ejecutoriado, como ocurre en la especie, pues la citada pensión sólo podrá empezar a pagarse hasta el momento en que la operaria sea dada de baja del régimen de seguridad social.

"En cuanto a la excepción que contempla el referido precepto legal relativa a que será factible el pago de una pensión cuando el trabajador ocupe al mismo tiempo un puesto distinto con diverso salario a aquel que desempeñaba al declararse la invalidez, debe precisarse que la actora fue omisa en demostrar que se ubica en dicha hipótesis, ya que ninguna de las probanzas que ofreció se encuentra encaminada a demostrar ese extremo y, contrario a ello, confesó en su demanda laboral que desde el año de mil novecientos ochenta y cuatro, fecha en que fue dada de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, hasta la data de presentación de la demanda, siempre ha ocupado el puesto de "********** o ********** con un salario semanal de ********** (********** pesos), ya que al respecto precisó:

"‘2. El patrón que la ha dado de alta ante el lMSS y por los cuales ha realizado cotizaciones ante dicho instituto desde 1984, es: **********, ocupando el puesto de ********** o **********, realizando las actividades inherentes a éste y que consisten entre otras cosas en ********** y que por los padecimientos que cursa le son imposibles realizar, que inclusive la patronal, por medio de servicio médico de ********** no la considera en condiciones para desempeñar las actividades para las que está contratada, constituyendo además riesgo de complicaciones de sus padecimientos, percibiendo un salario semanal de **********, teniendo reconocidas más las 250 semanas cotizadas necesarias para el otorgamiento de la pensión solicitada.

"‘3. La actora es portadora de padecimientos del orden general, que serán determinados por los exámenes experticiales ... y que le provocan estado de invalidez, que por la gravedad de los mismos y su carácter evolutivo, le imposibilitan procurarse, mediante un trabajo proporcionado a su capacidad, formación profesional y ocupación anterior, una remuneración superior al cincuenta por ciento de la remuneración habitual que en la misma región reciba un trabajador sano de semejante capacidad, categoría y formación profesional, tomando en cuenta su último salario semanal fue de ********** realizando las actividades de ********** o **********, efectuando las actividades inherentes a éste ...’ (foja 2 del expediente laboral).

"Lo anterior a su vez no se contrapone a lo establecido en el artículo 134 de la mencionada ley, precepto legal, el cual señala que la pensión de invalidez iniciará desde el día en que se produzca el siniestro y, si no puede fijarse el día, desde la fecha de la presentación de la solicitud para obtenerla; pues como se ha indicado, el hecho de que a partir de determinada fecha sea procedente el otorgamiento de una pensión, no implica necesariamente que en esa propia temporalidad tenga que pagarse aquélla, ya que esto último está sujeto a lo que prevé el artículo 123 antes referido, es decir, a que la operaria cause baja del régimen de seguridad social.

"Por las razones antes comentadas, no aplica en la especie la jurisprudencia 2a./J. 58/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que invoca la quejosa, toda vez que el citado criterio reitera prácticamente lo establecido en el artículo 134 de la Ley del Seguro Social, y aclara que la presentación de la solicitud puede hacerse ante el instituto asegurador o la Junta de Conciliación y Arbitraje, pero no supera la limitante que prevé el diverso numeral 123 de la aludida legislación en el sentido de que un trabajador no puede percibir de manera simultánea el pago de una pensión y el de un salario igual al que obtenía antes de que aquella le fuese concedida.

"Bajo esta tesitura, fue correcta la determinación adoptada por la responsable al ordenar que el pago de la pensión se realice hasta en tanto la actora deje de pertenecer al régimen de seguridad social.

"Apoya lo anterior, la tesis que este órgano colegiado comparte, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Tomo II, diciembre de 2016, Décima Época, con número de registro digital: 2013339, página 1798 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 9 de diciembre de 2016 a las 10:21 horas», cuyos título, subtítulo y texto establecen:

"‘PENSIÓN POR INVALIDEZ. EL HECHO DE QUE EL SOLICITANTE SE ENCUENTRE LABORANDO, NO IMPLICA LA INEXISTENCIA DEL ESTADO INVALIDANTE PARA PROCURARSE UNA REMUNERACIÓN SUPERIOR AL 50% DE LA HABITUAL PERCIBIDA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO DE TRABAJO. De conformidad con el artículo 128 de la Ley del Seguro Social derogada, para acceder a una pensión por invalidez por causa de enfermedad o accidente no profesionales, debe existir imposibilidad de procurarse mediante un trabajo igual, una remuneración superior al 50% de la habitual percibida durante el último año de trabajo, pero dicho precepto no condiciona al solicitante a que deba encontrarse privado de cualquier actividad remunerativa. Por ello, el hecho de que la persona que pide tal beneficio se encuentre «activa» en el sistema de seguridad social, per se, no desvirtúa la existencia del estado invalidante, pues las razones por las que continúa laborando pueden deberse a un esfuerzo adicional, incluso, con y a pesar del padecimiento diagnosticado, y que tiene su origen en la necesidad de procurarse un ingreso para su subsistencia y cubrir sus necesidades. Por lo contrario, el artículo 123 de dicha ley revela que la pensión por invalidez debe suspenderse cuando el trabajador desempeñe un empleo comprendido en el régimen del seguro social, salvo que ocupe un puesto distinto a aquel que desempeñaba al declararse el estado invalidante, con diverso salario, lo que refleja, por un lado, que al otorgarse, es posible que la persona se encuentre ocupando un determinado empleo y recibiendo un numerario, es decir, no necesariamente debe existir una separación previa al momento de realizar la petición de la pensión, aún más, aquel precepto establece la suspensión de la pensión de invalidez -no de la determinación de invalidez- mientras el beneficiario se encuentre laborando en un cargo sujeto al régimen del seguro social igual o similar (puesto e ingreso) al que se tenía cuando se decretó aquél, pero permite su coexistencia en uno diverso, pero con sueldo distinto. Al respecto, debe considerarse que el objetivo del seguro de invalidez es que quienes se encuentran en esta condición de salud dejen de laborar y obtengan un medio de subsistencia análogo. Así, de conformidad con el numeral 123 citado, el pago de la pensión debe condicionarse al momento en que la persona que la solicitó se separe del puesto de trabajo ocupado, pues de no hacerlo, se actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo de dicho precepto, es decir, debe suspenderse su pago, salvo que, posteriormente, se ocupe uno con un sueldo diverso.’ (lo subrayado no es de origen)

"En las narradas condiciones lo procedente es negar el amparo solicitado. ..."

II. Amparo directo 420/2017, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito.

1. ********** demandó ante la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, al Instituto Mexicano del Seguro Social, las prestaciones que a continuación se indican:

a) El otorgamiento de pensión de invalidez derivada de enfermedades del orden general que le imposibilitan procurarse, mediante un trabajo, una remuneración superior al cincuenta por ciento de la que percibía durante su último año de trabajo;

b) El otorgamiento de prestaciones comprendidas en el artículo 63 de la Ley del Seguro Social; y

c) Incrementos anuales

Precisó que la acción intentada es bajo el amparo de la Ley del Seguro Social de 1973.

En el capítulo de hechos, la actora señalo que ingresó al régimen de seguridad social el uno de enero de mil novecientos setenta y siete y a partir del año dos mil a laborar para la empresa **********, que se dedica a comercialización de alimentos empaquetados para lo cual tiene distintos puntos de venta dentro de las instalaciones de la misma **********, y que sus actividades consistían en **********; que en el año dos mil uno fue atropellada por un carrito surtidor de materiales de los que transitan en la planta, por lo que fue intervenida quirúrgicamente el veintiséis de octubre de dos mil tres, al ser dada de alta regresó a sus labores, pero empezó a presentar dolores, pérdida de fuerza muscular y motriz en ambas piernas, asimismo perdió capacidad para doblar rodillas, que al acudir a la clínica que le corresponde en el área de ortopedia, fue diagnosticada con: ********** por lo que debido a las limitaciones que presenta (no cargar peso, no flexionar espalda, no realizar actividades de impacto, no permanecer por tiempo prolongado de pie, usar bastón), se vio en la necesidad de demandar el otorgamiento de pensión por invalidez, teniendo como salario diario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización el de $********** pesos y su último salario diario es de $**********.

El seis de junio de dos mil diecisiete, la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla dictó laudo en el juicio laboral **********, en el que impuso al Instituto Mexicano del Seguro Social las obligaciones siguientes: a) Reconocer y otorgar una pensión a la actora por invalidez definitiva de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129, fracción I, de la Ley del Seguro Social derogada, asistencia médica y aguinaldos; b) abrir incidente de liquidación para obtener el número total de semanas cotizadas, salario promedio de las últimas doscientas cincuenta, y determinó que la pensión debía pagarse a partir de la fecha de baja del régimen de seguridad social, al considerar que, a la presentación de la demanda, seguía laborando y no existía dato que determinara si sigue realizando actividad alguna o en qué fecha fue dada de baja, ya que sólo hasta esa fecha puede cuantificarse debidamente el monto de la condena y los incrementos respectivos.

En contra de esa determinación, la actora promovió el juicio de amparo directo 420/2017, en el que el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento resolvió negar el amparo bajo las consideraciones siguientes:

"VII. Estudio de los conceptos de violación.

"Los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa resultan infundados, sin que haya queja de la deficiencia que suplir, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo.

"En el primer concepto de violación, aduce que el acto reclamado viola en su perjuicio lo establecido en el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo.

"Es infundado lo esgrimido, toda vez que la autoridad responsable apreció y valoró las pruebas periciales médicas ofrecidas por las partes y perito tercero en discordia, en términos de lo dispuesto en el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, fundando y motivando sus consideraciones con respecto al valor demostrativo que confirió al dictamen sustentado por el perito tercero en discordia y las causas por las que no otorgó eficacia probatoria al rendido por los peritos de la parte actora y parte demandada, y que, sustancialmente, atañen a los siguientes aspectos:

"a) Consideró inverosímil el dictamen de la parte actora, ya que si bien la declara inválida, también lo es que al emitir su diagnóstico nosológico determinó que cursa con ********** y que dicha enfermedad tiene un origen postquirúrgico, sin que en el mismo haya determinado como es que llegó a esta conclusión.

"b) A las preguntas formuladas en el cuestionario de la parte actora, la perito otorga grados de disminución a los padecimientos diagnosticados como si se tratara de una incapacidad parcial, cuando en realidad debió valorar sí las enfermedades diagnosticadas en su conjunto le imposibilitan para obtener una remuneración superior al 50% de lo obtenido durante el último año de trabajo.

"c) Por lo que respecta al dictamen emitido por la parte demandada, el resultado es contradictorio, porque al dar respuesta al cuestionario formulado por el apoderado de la actora, se encuentra impedida para desempeñar su último puesto de trabajo, así como de cargar objetos y permanecer de pie por periodos prolongados, requiere de deambulación y manejo de sus dos manos una de las cuales ocupa para el uso del bastón; es decir, la parte actora se encuentra inválida, sin embargo, en sus conclusiones dice que no es inválida.

"Por lo que restó valor probatorio a los dictámenes médicos de la parte actora y demandada y tomó como base para comprobar el dictamen emitido por el perito tercero en discordia del que determinó se demuestra que la actora no tiene capacidad para el trabajo al presentar los padecimientos relacionados en el dictamen, mismos que le impiden desempeñar actividades en donde se requiera de cargar objetos pesados, deambular o permanecer de pie durante periodos prolongados, ya que se exacerba sus padecimientos y pone en riesgo su inseguridad física, por lo que a juicio de la responsable el dictamen pericial emitido por el perito tercero en discordia merece credibilidad, al tener un estudio acucioso, el cual ha sido elaborado a través de una entrevista con la actora en su valoración física, así como práctica de estudios complementarios.

"Por otro lado, no se advierte que la responsable haya incurrido en defectos de lógica en el raciocinio cuando llevó a cabo dicha valoración para así determinar la existencia de la violación a las garantías individuales de la parte quejosa, como infundadamente se arguye.

"Por ello, la Junta del conocimiento en observancia a lo ordenado por el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo y previo el análisis de todos y cada uno de los dictámenes médicos aportados por los peritos de las partes y el correspondiente al perito tercero en discordia, otorgó eficacia demostrativa a este último, considerándolo claro y preciso, dada la facultad que para ello le confiere el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, lo que no es violatorio de las garantías individuales del quejoso, habida cuenta que de las consideraciones del facultativo y de su apreciación, no se observa imprecisión y vaguedad, y en cuanto a la Junta del conocimiento, la falta de fundamentación y motivación para determinar el valor probatorio de dicho dictamen o bien, el defecto de lógica en el raciocinio que llevara a estimar la razón del quejoso en su impugnación; por tanto, como se anticipó resultan infundados los anteriores argumentos.

"En otros conceptos de violación, mismos que se analizan en forma conjunta dada su íntima relación, la quejosa aduce:

"Que la responsable hace un deficiente análisis de la totalidad de la litis planteada, por ende emite una resolución deficiente alejada de todo proceder porque no observó los hechos en conciencia, lo anterior porque omitió establecer la fecha a partir de la cual debe pagarse la pensión a la que condenó a la tercera interesada, lo cual es nugatorio de justicia, puesto que la actora estableció la fecha del inicio de sus padecimientos y, al respecto, la tercera interesada no generó controversia.

"Que la responsable al momento de emitir su resolución, omitió pronunciarse sobre la fecha a partir de la cual debe pagarse la pensión a que fue condenada la tercera interesada, limitándose tan sólo a abrir incidente de liquidación de laudo, sin establecer los parámetros objetivos sobre los que dicho incidente debe resolverse, muy especialmente la fecha a partir de la cual debe pagarse la pensión de invalidez a que fue condenada la tercera interesada.

"Son infundados los anteriores motivos de disenso, pues en el penúltimo párrafo del considerando séptimo del laudo impugnado, la Junta responsable, al condenar a la pa

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28169-f0f596fe/pension-por-invalidez-a-cargo-del-instituto-mexicano · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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