I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS ARGUMENTOS TENDIENTES A DEMOSTRAR LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A LAS NORMAS IMPUGNADAS DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER COMO EFECTO LA INVALIDEZ TOTAL DE AQUÉLLAS, QUE HAGA INNECESARIO SU ESTUDIO (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL DECRETO NÚMERO 286, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE). II. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN AQUÉL (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL DECRETO NÚMERO 286, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE). III. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. CONTEXTO NORMATIVO QUE LO RIGE (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL DECRETO NÚMERO 286, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL 10 DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE). IV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. ASPECTOS RELEVANTES DEL QUE DIO LUGAR AL DECRETO IMPUGNADO (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL DECRETO NÚMERO 286, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE). V. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. AUSENCIA DE POTENCIAL INVALIDANTE DE LA NO APROBACIÓN DE TODAS LAS INICIATIVAS PRESENTADAS, DE LA SUPUESTA FALTA DE NOTIFICACIÓN ADECUADA PARA EL INICIO DE LAS SESIONES, DE LA FALTA DE ENTREGA DEL DICTAMEN CORRESPONDIENTE CON VEINTICUATRO HORAS DE ANTELACIÓN A SU DISCUSIÓN Y DE LA SUPUESTA ADICIÓN DE TEMAS NOVEDOSOS A LA SEGUNDA DISCUSIÓN DEL DICTAMEN (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL DECRETO NÚMERO 286, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE). VI. LEGISLACIÓN LOCAL. LOS CONGRESOS LOCALES TIENEN LIBERTAD PARA ESTABLECER EL INICIO DE SU VIGENCIA, SIEMPRE Y CUANDO SEA A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL CORRESPONDIENTE, NO ANTES DEL DÍA DE SU PUBLICACIÓN, PUESTO QUE LAS NORMAS DEBEN SER CONOCIDAS POR LOS SUJETOS A QUIENES VA DIRIGIDA PARA SU OBLIGATORIEDAD Y CUMPLIMIENTO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO NÚMERO 286, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MODIFICACIONES LEGALES FUNDAMENTALES", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, PÁRRAFO PENÚLTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA EFECTOS DE LA VEDA ELECTORAL –NOVENTA DÍAS ANTES DEL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL EN QUE VAYAN A APLICARSE– (ARTÍCULO TRANSITORIO QUINTO DEL DECRETO NÚMERO 286, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE). VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. EL CÓMPUTO DE LA VEDA ELECTORAL –NOVENTA DÍAS ANTES DEL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL EN QUE VAYAN A APLICARSE– PREVISTO EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, PÁRRAFO PENÚLTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEBE ATENDER A LA FECHA DE INICIO DEL PROCESO ELECTORAL RESPECTIVO, ESTABLECIDA POR EL LEGISLADOR LOCAL, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE HAYA FIJADO EN EL ACTO LEGISLATIVO IMPUGNADO (ARTÍCULO TRANSITORIO QUINTO DEL DECRETO NÚMERO 286, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. MODIFICACIONES LEGALES FUNDAMENTALES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, PÁRRAFO PENÚLTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE NO VIOLAN EL PERIODO DE VEDA ELECTORAL –NOVENTA DÍAS ANTES DE QUE INICIE EL PROCESO ELECTORAL EN QUE VAYAN A APLICARSE– (ARTÍCULO TRANSITORIO QUINTO DEL DECRETO NÚMERO 286, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE). X. PARIDAD DE GÉNERO. ES COMPETENCIA Y OB
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 83/2017 Y SUS ACUMULADAS 88/2017, 89/2017, 91/2017, 92/2017, 96/2017 y 98/2017. PARTIDOS POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MOVIMIENTO CIUDADANO, ACCIÓN NACIONAL, DEL TRABAJO, MORENA, ASÍ COMO LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, AMBAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 26 DE OCTUBRE DE 2017. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIOS: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES Y RICARDO ANTONIO SILVA DÍAZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiséis de octubre de dos mil diecisiete.
VISTOS; para resolver los autos relativos a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los Partidos Políticos Revolucionario Institucional (83/2017), Movimiento Ciudadano (88/2017), Acción Nacional (89/2017), del Trabajo (91/2017), Morena (92/2017), así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (96/2017) y la Procuraduría General de Justicia (98/2017), ambas del Estado de Nuevo León, en contra de diversas normas generales de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de los escritos, autoridades (emisoras y promulgadoras) y normas impugnadas. Las presentes acciones de inconstitucionalidad se presentaron de la siguiente manera:
Ver manera en que se presentaron las acciones de inconstitucionalidad
Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales que se impugnan: Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Nuevo León.
Normas generales cuya invalidez se reclaman. En las acciones de inconstitucionalidad se impugnaron las siguientes normas generales:
Ver normas generales impugnadas
SEGUNDO.—Conceptos de invalidez. Los promoventes, en sus conceptos de invalidez, manifestaron, en síntesis, que:
I. Partido Revolucionario Institucional (acción 83/2017). El partido político Revolucionario Institucional hizo valer los siguientes conceptos de invalidez:
Paridad de género. El artículo 10, último párrafo, en relación con el 146 de la ley impugnada viola el principio de paridad de género en su vertiente horizontal.
Si bien el Congreso Local no fue omiso en regular el principio de paridad de género, no lo hizo de manera expresa en cuanto a la paridad horizontal.
Para una correcta implementación de los derechos de participación política de las mujeres, se requiere la adopción de medidas positivas tendientes a garantizar su pleno goce y ejercicio, así como de medidas especiales temporales cuando sea necesario para obtener la igualdad de hecho.
El principio de paridad de género debe enfocarse en generar políticas públicas encaminadas a una participación igualitaria de la mujer en todos los ámbitos y a todos los niveles, y como condición necesaria para hacer realidad la igualdad sustantiva y fortalecer la democracia.
Hace una narrativa de diversos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la materia, y concluye que, si bien la Corte estableció categóricamente que la Constitución Federal únicamente permite la paridad vertical en la integración de las planillas de los Ayuntamientos, lo cierto es que se debe avanzar a un concepto más amplio de la paridad, ya que no sólo se debe extender a las planillas que se presentan para la integración de Ayuntamientos (paridad vertical), sino también transversalmente para todos los Ayuntamientos (paridad horizontal).
De esta línea argumentativa concluye que no puede alegarse que resulta imposible aplicar el principio de paridad de género horizontal respecto de uno de los cargos que integran el órgano, tal como la presidencia municipal, puesto que el principio constitucional de paridad de género lo que pretende es que se tengan las mismas oportunidades de acceso para la integración del órgano representativo, aunque se trate del acceso a un cargo específico.
En el caso la legislación estatal contempla en su artículo 146 un modelo que, en principio, si bien garantiza la paridad de género conforme a lo mandatado por la Constitución Federal y a los criterios de la Suprema Corte, ya que establece reglas que aseguran que el cincuenta por ciento de las candidaturas de cada una de las planillas y de la lista corresponda a mujeres en un esquema de alternancia, lo cierto es que el legislador dejó de lado la paridad horizontal, ya que en el artículo 10 estimó la desvinculación entre cada elección de Ayuntamientos.
En este sentido, se debe exigir la paridad de género específica respecto de presidencias municipales, aunque no integran un órgano de representación superior al Ayuntamiento del Municipio, pues los Ayuntamientos se integran por diversos cargos que cuentan con competencias diferenciadas.
Así, la paridad de género debe extenderse a la posibilidad de integrar cargos en específico, no sólo en relación con el acceso paritario a las candidaturas que permitan la integración de órganos representativos legislativos o municipales.
El hecho de que los legisladores estatales deban regular el principio de paridad de género en los términos expresados por la Constitución Federal, no les impide regular favorablemente la paridad horizontal para la elección de Ayuntamientos, ya que ello no desconocería el derecho de los partidos políticos a su autodeterminación ni generaría rompimiento de otros principios democráticos fundamentales, como la libertad de postulación, y el respeto al sufragio público.
Candidaturas comunes. El artículo 81 Bis impugnado viola los artículos 1o., 9o., 35, fracción III, 41, párrafos primero y segundo, bases I y II, 116, fracción IV, y 133 de la Constitución Federal, porque limita la participación en candidatura común a los partidos políticos de nuevo registro, lo que se traduce en un obstáculo que no prevé la Constitución Federal, restringiendo el pleno goce de los derechos de asociación y participación política.
La disposición impugnada limita el derecho del ciudadano en su vertiente de acceso a cualquier cargo público, sumada a la violación al derecho de libre asociación y participación política, ya que se refiere a tres tipos de alianzas: los frentes, las coaliciones y las candidaturas comunes, de las cuales, la última es la mejor y más amplia opción de participación de los ciudadanos que han sido seleccionados como candidatos de un partido con nuevo registro, pues permite maximizar su derecho a ser votado en su vertiente de acceso al poder, y a pesar de ello, la norma impugnada les niega la posibilidad de participar como candidatos de partidos políticos constituidos con anterioridad junto con un partido político de nuevo registro.
De una interpretación armónica y sistemática de lo dispuesto por los artículos 9o., 35, fracción II, y 41, fracción I, de la Constitución Federal, se concluye que, si bien, la libertad de asociación tratándose de partidos políticos no es absoluta, sino que está afectada por una característica de rango constitucional, conforme a la cual su participación en los procesos electorales queda sujeta a lo que disponga la ley ordinaria –federal o local–, y compete al legislador prever en la ley la forma en que se organizarán los ciudadanos en materia política, ello siempre debe hacerlo conforme a criterios de razonabilidad, y de manera tal que no hagan nugatorio el ejercicio de este derecho en materia política, impidiendo la consecución de los fines que persiguen los partidos políticos.
La norma impugnada viola los principios de certeza y equidad en materia electoral, porque prevé una prohibición arbitraria, innecesaria y desproporcionada, pues no atiende a criterios de razonabilidad, ya que no guarda congruencia con la finalidad de los partidos políticos, consistente en promover la participación del pueblo en la vida democrática del país, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público.
Finalmente, indica que el Congreso Local carece de competencia para legislar en materia de coaliciones y candidaturas comunes o cualquier otra forma de participación política para las elecciones estatales, que no esté expresamente prevista en la Constitución Federal o en las leyes generales en la materia, por lo que solicita la invalidez de la totalidad del artículo 81 Bis, incluyendo los Bis 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
II. Movimiento Ciudadano (acción 88/2017). Este partido político indicó que se violan los artículos 1o., 4o., 14, 35, fracción II, 36, 40, 41, primer párrafo, 49, 116, fracción II, y 133 de la Constitución Federal; 1 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2 y 3 de la Carta Democrática Interamericana; y 1o., 41, 42 y 46 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León.
Primer concepto de invalidez. Violaciones al procedimiento legislativo. El partido político aduce que existieron diversas violaciones al procedimiento legislativo que redundan en la violación a las garantías de debido proceso y legalidad, así como una falta de fundamentación y motivación, por las siguientes razones:
A) No se tomó en cuenta a los partidos minoritarios en la deliberación. Las iniciativas de las fuerzas minoritarias fueron rechazadas en su mayoría, ya que de un total de treinta y cinco, sólo se admitieron los artículos propuestos por las bancadas del PRI y PAN, y se dejó fuera también la propuesta presentada desde octubre de dos mil dieciséis, por el consejero presidente y el secretario ejecutivo de la Comisión Estatal Electoral; no se realizaron las notificaciones adecuadas para el inicio de las sesiones; a la convocatoria para la aprobación del dictamen en primera vuelta no se acompañó el dictamen correspondiente en su oportunidad sino, posteriormente y de manera electrónica, con tan sólo veinte horas de anticipación a la sesión convocada para su discusión, y sin justificar la urgencia. Esta premura generó que los legisladores no tuvieran el tiempo de conocer y estudiar debidamente el dictamen en cuestión, por lo que no se tuvo la posibilidad de generar un debate íntegro.
B) No se llevó a cabo una motivación reforzada. Se incorporaron temas al dictamen de segunda vuelta que no se discutieron en la primera, y también se quitaron temas que se habían discutido en la primera vuelta. Se incluyó en el segundo dictamen el tema del sistema de representación proporcional por listas, sin que para ello le antecediera iniciativa alguna. Esto viola el artículo 16 de la Constitución Federal, que establece que todo acto de autoridad debe estar debidamente motivado, y el artículo 149 de la Constitución Local que busca el debate adecuado de disposiciones delicadas como son las electorales. Además, la publicidad en el caso del procedimiento legislativo consiste en que exista un debate en la primera ronda, se divulgue el contenido de la deliberación y de nueva cuenta se vuelva a debatir, lo cual no se cumplió a cabalidad.
C) No se cumplió con el procedimiento legislativo previsto en la Constitución Local. Insiste en que la adición de nuevos temas en la segunda ronda de discusiones, los que además no tenían iniciativa previa, constituyen violación al procedimiento legislativo, ya que para la aprobación de estas normas se debieron seguir las mismas reglas que para una reforma constitucional, tal como lo indica el artículo 151 de la Constitución Local, al cual le resulta aplicable el artículo 107 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Local, que establece que ninguna ley ni reglamento podrá tener reformas sin previa iniciativa turnada a las comisiones, de acuerdo al artículo 73 de la Constitución Local. En el mismo sentido, el artículo 60 de la Constitución Local señala que en un proceso legislativo de dos rondas, el contenido de la primera debe ser debatido en la segunda, lo que significa que aunque puedan depurarse elementos, no se pueden agregar cosas nuevas a lo ya debatido.
D) Inconstitucionalidad del procedimiento parlamentario, al incluir en periodo extraordinario un asunto para el que no se convocó. Por su parte, de conformidad con el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, el dictamen debió contener las razones y fundamentos para la procedencia, modificación a la solicitud original o el rechazo de los expedientes para los que se convocó en materia electoral, según el Acuerdo 793. Sin embargo, de la lectura de las iniciativas no se desprende ningún proyecto de decreto que pretenda reformar los artículos 145 y 263 para implementar el sistema de listas plurinominales, incumpliendo el artículo 60 de la Constitución Local, ya que en el dictamen de primera vuelta de las reformas electorales no se incluyó la figura de los plurinominales, inclusive en dicho dictamen de segunda vuelta en su página ochenta, quedó constancia del posicionamiento del coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional durante la asamblea del Pleno de la sesión ordinaria de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, en la cual se votó la primera vuelta de las reformas electorales, y por el cual, hace del conocimiento al resto de la Legislatura que los ciudadanos simpatizantes de su partido le refieren que "no quieren diputados plurinominales". De este modo, no existió motivación para reformar los artículos 145 y 263, toda vez que no existió iniciativa alguna al respecto (listas plurinominales).
Segundo concepto de invalidez. Inconstitucionalidad de los artículos 1o. y 5o. transitorios del Decreto 286. El artículo primero transitorio del decreto impugnado, al disponer que el decreto entrará en vigor el día de su aprobación, vulnera los artículos 75 y 78 de la Constitución Local, que disponen que aprobada la ley o decreto se enviará al gobernador para su publicación, y que toda ley obliga desde el día de su publicación –si la misma no dispone otra cosa–. El artículo primero impugnado implica que la norma entrará en vigor sin haberse publicado, lo que significa que será obligatoria para los ciudadanos de Nuevo León, invadiendo competencias del Poder Ejecutivo e incidiendo en una indebida fundamentación al no respetar la ley.
El artículo primero transitorio viola también el principio de publicidad de la ley, que tiene un correlativo con el derecho de acceso a la información al amparo del artículo 6o. de la Constitución Federal.
Cuando el artículo 78 de la Constitución Local señala que toda ley obliga desde el día de su publicación, si es que la propia ley no dispone otra cosa, se entiende que puede disponer algo diverso en los artículos transitorios para su entrada en vigor, pero siempre se deberá referir a una fecha posterior a su publicación, pues no se puede disponer que una ley obligue a los gobernados sin antes haberse publicado. Así lo establece el artículo 4o. del Código Civil para el Estado de Nuevo León. Asimismo, el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Local señala que los decretos, leyes y acuerdos invariablemente se publicarán en el Periódico Oficial del Estado para que surtan sus efectos legales. También el artículo 105 de la Constitución Federal establece que las leyes electorales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse.
El artículo primero transitorio que ordena la vigencia del Decreto 286 a partir de su aprobación, es motivo y fundamento para invalidar el artículo quinto transitorio del mismo decreto, que establece: "Para los efectos del proceso electoral 2017-2018 en los que se renueven el Congreso del Estado y Ayuntamientos, la etapa de preparación de la elección iniciará con la primera sesión de la Comisión Estatal Electoral en los primeros siete días del mes de noviembre del año anterior al de las elecciones."
Lo anterior, porque los artículos 91, 92, fracciones I y II, de la Ley Electoral para el Estado establecían antes de la reforma que el proceso electoral iniciaría la primera semana del mes de octubre del año anterior al de las elecciones ordinarias y concluiría al iniciarse la jornada electoral. Sin embargo, el artículo quinto transitorio impugnado establece que en el dos mil diecisiete la etapa de preparación del proceso electoral iniciará los primeros siete días de noviembre, lo que provoca inseguridad y falta de certeza durante el proceso electoral.
No debe perderse de vista que a nivel nacional el Instituto Nacional Electoral dará inicio al proceso electoral en la primera semana del mes de septiembre, conforme al artículo transitorio de la Constitución Federal, y los lineamientos, reglamentos y convenios con los organismos públicos locales electorales empezaran a generarse a partir de esa fecha. Esta medida complica todo el proceso electoral, ya que recorta injustificadamente el periodo de preparación previo a la elección que deberá tener Movimiento Ciudadano en el Estado de Nuevo León, y perjudica la integración e instalación de las Comisiones Municipales Electorales; los convenios celebrados con el Instituto Nacional Electoral para la capacitación conjunta en los plazos específicos, que se desfasarán; y los topes de campaña, pues no se modificaron los artículos que prevén el financiamiento público y la disposición que establece que los topes de campaña deberán fijarse en octubre, lo que haría que tuvieran que establecerse antes del inicio del proceso. Ello, en menoscabo de los artículos 97, 138 y 177 de la Ley Electoral para el Estado que se refieren al mes de octubre.
De este modo, el artículo quinto transitorio contraviene el principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 16 de la Constitución Federal, toda vez que en el año dos mil diecisiete la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León estaría fijando los topes de campaña y los proyectos de presupuesto a los partidos políticos, antes de empezar la etapa de preparación de la elección, lo que podría volver inimpugnables sus decisiones.
Cita en apoyo a sus consideraciones, la tesis «P./J. 64/2001», de rubro: "PROCESO ELECTORAL. PARA DETERMINAR JURÍDICAMENTE SU INICIO DEBE ATENDERSE A LA FECHA QUE ESTABLEZCA LA LEGISLACIÓN ELECTORAL ANTERIOR A LA REFORMA Y NO A AQUELLA CUYA CONSTITUCIONALIDAD SE CONTROVIERTE O A SITUACIONES FÁCTICAS."
Solicita que en caso de que se decrete la validez del decreto impugnado por los conceptos de invalidez vertidos, se resuelva que el efecto de la sentencia sea que toda vez que el decreto impugnado fue publicado posterior al ocho de julio, fecha límite para que entrara en vigor de conformidad con la Ley Electoral Local, no podrá surtir efecto alguno ni regir en la contienda electoral del año dos mil dieciocho, sino hasta el dos mil veintiuno.
Tercer concepto de invalidez. Los síndicos y regidores no requieren renunciar a su puesto para hacer campaña.
En este concepto, este partido político elabora tres tipos de argumentación:
A) Violación al principio de igualdad. Los artículos 10 y 10 Bis, que establecen que los síndicos y regidores no requieren renunciar a su puesto para poder hacer campaña, ni prescindir de los beneficios que conlleva el mismo, como el personal, vehículos y equipo de seguridad, son inconstitucionales porque violan los principios de igualdad relacionado con el derecho a ser votado y el principio de equidad en la contienda.
Esas disposiciones violan el principio de equidad en la contienda, previsto en el artículo 41, base II, de la Constitución Federal, toda vez que se establece una ventaja indebida a un candidato con cargo de servidor público por sobre los demás contendientes que no ostentan dicha calidad. Esto se debe, en primer lugar, a que tener la calidad de titular como servidor público, implica tener influencia en la Administración Pública y, con ello, estar en posibilidad de influir en los ciudadanos, además de que se tiene mejor información que el candidato promedio. Ventaja que puede resultar decisoria en el resultado final de toda elección. Asimismo, la información, contactos e influencia de los cuales se pueda hacer uso en virtud del cargo, constituyen recursos públicos, pues dimanan del ejercicio de su función.
Cita en apoyo a sus argumentaciones, la tesis de jurisprudencia P./J. 28/2010, de rubro: "RECURSOS PÚBLICOS Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 188 K DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE YUCATÁN, TRANSGREDE LO PREVISTO EN LOS PÁRRAFOS SÉPTIMO Y NOVENO DEL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL QUE OBLIGAN AL LEGISLADOR A GARANTIZAR LA APLICACIÓN IMPARCIAL DE AQUÉLLOS."
También se viola el principio de igualdad, previsto en el artículo 1o. constitucional, cuando existen diversos candidatos a un cargo público, y uno de ellos se ostenta como servidor público, existe una diferenciación que menoscaba el derecho que tienen los demás a ser votados, conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Constitución Federal. Ello, porque uno tiene una calidad pública que los otros no tienen, frente al hecho de que sean candidatos partidarios o independientes. Es decir, la discriminación se da hacia los otros candidatos, que se encuentran en desigualdad, en virtud de tal hecho.
B) Uso indebido del gasto público. El artículo 10 Bis que establece que no se viola el artículo 134 de la Constitución Federal, sí lo es, porque en el párrafo séptimo de dicho numeral se establece que los servidores públicos "tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos". Cuando un funcionario tiene acceso a estos recursos públicos durante la contienda electoral, recae en un uso indebido de los mismos, pues su ejercicio implica correlativamente que no utilizará recursos privados o del partido que lo respalda.
Ejemplifica que un regidor que durante campaña haga uso de un vehículo de seguridad para transporte, en vez de emplear uno personal o perteneciente al partido que lo postula, está haciendo un uso indebido de recursos públicos que incide en el principio de equidad en la contienda, tal como lo señala el artículo 134, e indirectamente el artículo 41, base II, de la Constitución Federal, pero además se viola la igualdad correlacionada con el derecho a ser votado, pues uno de los candidatos posee no sólo una calidad pública que los otros no, sino también disponen recursos.
Se insiste en que los artículos 10 y 10 Bis violan el artículo 134 de la Constitución Federal, porque permiten un uso indebido del gasto público. El artículo 10 es una condición para el artículo 10 Bis, en razón de que si un titular de un cargo no pide licencia, puede hacer uso de recursos públicos de seguridad, lo que no acontece con un ciudadano común.
Permitir el uso de recursos públicos de seguridad en beneficio de un servidor público que busca un cargo de elección popular, no constituye un gasto honesto ni económico. Cita en apoyo la tesis de la Primera Sala 1a. CXLV/2009, de rubro: "GASTO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ELEVA A RANGO CONSTITUCIONAL LOS PRNCIPIOS DE LEGALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ EN ESTA MATERIA."
C) Delimitación del régimen municipal. Finalmente, indica que el artículo 10 impugnado resulta contrario al artículo 115 de la Constitución Federal, porque delimita, de manera indebida, el régimen constitucional del Municipio. El Municipio, a diferencia de las entidades federativas –las cuales son libres y soberanas–, es solamente libre, es decir, no tiene un grado de autodeterminación total. Esto significa que dicha organización político-administrativa tiene límites que no pueden ir más allá de los Estados, entonces, si se habla de la desvinculación de las elecciones de Ayuntamientos, se tiene que se le está dando una autonomía de facto en la esfera electoral. En este sentido, los Municipios son una serie de territorios interconectados dentro de una entidad federativa; mientras que los Ayuntamientos son los órganos de Gobierno de los primeros. Las elecciones de los Ayuntamientos que se dan dentro de los territorios interconectados, no pueden considerarse de forma aislada, aun cuando los gobiernos de los territorios no sean codependientes. Hacer independientes dichas elecciones es modificar la Constitución de forma extraoficial, es decir, hacer una mutación constitucional.
Cuarto concepto de invalidez. Reinstauración de diputaciones de representación proporcional.
Los artículos 145 y 263 violan derechos adquiridos, al reinstituir las diputaciones por el principio de representación proporcional. La Ley Electoral establecía un sistema de representación proporcional basado en la "meritocracia", en el que los candidatos que no hubieran obtenido el triunfo de su distrito, pero si hubieran obtenido el mayor número de votos en el mismo, les sería asignada una diputación, lo que se conoce como "sistema de mejores perdedores" (conforme al artículo 263).
El sistema actualmente previsto en los artículos impugnados difiere del que se establece a nivel federal, en el cual los partidos políticos presentan ante la autoridad electoral una lista que contiene los nombres de quienes serán sus candidatos para acceder a las diputaciones por el principio de representación proporcional. Sin embargo, esto no implica que sea violatorio de la Constitución Federal, toda vez que el artículo 116 de ésta concede autonomía a los Estados, para determinar sus sistemas de representación proporcional en la conformación de sus Congresos Locales.
La reforma del artículo 263 de la Ley Electoral prevé un sistema de representación proporcional reminiscente al que se implementa a nivel federal y que se plasma en su fracción segunda, el cual, si bien pareciera que resulta conforme con las bases estatuidas del artículo 116 constitucional, impide que el sistema se implemente, sin que se violenten derechos políticos. Ello, en razón de que el sistema "meritocrático" estableció un derecho político adquirido hacia los contendientes, pues maximiza su derecho a ser votado y garantiza un acceso a la función pública en condiciones de igualdad, asimismo, dicho mecanismo lleva a su máxima expresión el derecho al sufragio estatuido en favor de todos los ciudadanos, toda vez que aquellos electores que optaron por un candidato que no obtuvo el triunfo en su distrito, pueden ver reflejada la manifestación de su voluntad en la realidad, en vez de tener a un candidato que, posteriormente, será diputado por el principio de representación proporcional, por el cual no votaron.
Estos derechos se encuentran en los artículos 35, fracciones I y II, de la Constitución Federal y 23, párrafo primero, incisos b) y c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En el momento en que las reformas legislativas dejaron como situación jurídica concreta el cambio de paradigma de la representación proporcional por "meritocracia", ampliando los derechos político-electorales de quienes deseen ser candidatos a diputados en dicha entidad federativa y de quienes ejercen su derecho a votar, se crearon derechos adquiridos, que no fueron respetados en el momento de implementar el cambio en la legislación electoral.
Si bien el sistema de representación proporcional por listas no resulta en sí inconstitucional, y en su momento se implementó para limitar las injusticias existentes en el sistema político mexicano, entonces dominado por el PRI, las fuerzas mayoritarias en el Congreso del Estado buscan usarlo como arma para coartar los derechos de los candidatos minoritarios que buscan contiendas limpias, representativas y justas.
La factibilidad de los derechos políticos adquiridos queda fortalecida por la existencia del principio de progresividad contenida en el artículo 1o. constitucional, que establece que la efectividad de los derechos humanos no puede disminuir a futuro. Así entonces, se debe garantizar la progresividad de los derechos políticos de los candidatos partidistas y no se deben emitir reformas que resulten regresivas ni lesivas de derechos. Con la implementación del sistema de representación proporcional por listas, se disminuyen derechos políticos adquiridos en pro de darles a los partidos políticos la garantía institucional de designar candidatos, y no necesariamente se concede un derecho político a quienes figuran en sus listas. Por estas razones, el sistema de representación proporcional de listas que se busca implementar debe ser declarado inconstitucional.
Quinto concepto de invalidez. Candidaturas independientes.
En este tema, el partido político hace valer tres tipos de argumentos:
A) Sistema de planillas del Ayuntamiento. El sistema de planillas fue adicionado con aspectos como la candidatura común, en los artículos 81 Bis 1 y 2, paridad de género, en el artículo 146 y su correlación con el 199, lográndose un progreso con la disminución del porcentaje necesario de firmas que debe contener la cédula de respaldo que debe presentar el candidato independiente y la planilla que le acompañe. Sin embargo, dichas modificaciones se dan sobre un sistema inconstitucional, toda vez que quien logre ganar una presidencia municipal llegará con una mayoría de regidores, en lugar de que los mismos sean electos de forma directa.
Dicho sistema nulifica las candidaturas independientes, porque no se permite que un aspirante recabe apoyo ciudadano y contienda al puesto de regidor de forma directa. La elección por mayoría relativa, en este caso, nulifica el propósito de las candidaturas independientes, destruyendo de paso el derecho a ser votado de cualquier aspirante, que se encuentra consagrado en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal.
El sistema de planillas destruye el derecho a ser votado, al no permitir la contienda directa; sin embargo, en el caso de que un aspirante decida negociar y alinear su agenda política con la de un candidato independiente con tal de acceder al cargo, se menoscaba su derecho de acceder a la función
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28206-e0e9e65b/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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