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Modo: Corpus Pro

CARTA INVITACIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMA LA SOLICITUD ACLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SU SITUACIÓN FISCAL DERIVADA DE AQUÉLLA, NO ES IMPUGNABLE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 32/2017. · Registro digital (IUS): 28262
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2019-01-11
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo II, Pág. 666.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 32/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN MORELIA, MICHOACÁN, Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. 27 DE AGOSTO DE 2018. UNANIMIDAD DE SIETE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JAIME C. RAMOS CARREÓN, ENRIQUE RODRÍGUEZ OLMEDO, HUGO GÓMEZ ÁVILA, LUCILA CASTELÁN RUEDA, JORGE HÉCTOR CORTÉS ORTIZ, MARIO ALBERTO DOMÍNGUEZ TREJO Y MOISÉS MUÑOZ PADILLA. PONENTE: ENRIQUE RODRÍGUEZ OLMEDO. SECRETARIO: CARLOS ABRAHAM DOMÍNGUEZ MONTERO.

Zapopan, Jalisco, acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, del veintisiete de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS, para resolver los autos del expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis número 32/2017; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante oficio **********, suscrito por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, denunciaron la posible contradicción de tesis, entre la sustentada por el mismo Primer Tribunal Colegiado, al resolver el amparo directo 178/2017, y los aprobados por el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, al fallar el amparo directo 452/2016, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (expediente interno 637/2016), así como por el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar, con residencia en Morelia, Michoacán, al decidir el amparo directo 419/2016, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (expediente auxiliar 824/2016).

SEGUNDO.—Trámite del asunto. Por acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete,(1) el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis, registrada con el número de expediente 32/2017, en términos de lo previsto en los artículos 94 y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 13, fracción VI, del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

En el mismo acuerdo se solicitó al Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, que remitiera copia certificada de la ejecutoria que dictó al resolver el amparo directo 452/2016, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (expediente interno 637/2016); y al Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán, se le solicitó copia certificada de la ejecutoria que dictó al fallar el amparo directo 419/2016, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (expediente auxiliar 824/2016). Asimismo, se les solicitó que informaran si tales criterios aún continuaban vigentes.

Además, se ordenó girar oficio a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que informara a este Pleno de Circuito sobre la existencia o no de algún asunto radicado ante el Alto Tribunal del País que guardara relación con la temática planteada en la presente contradicción de tesis.

Mediante proveído de trece de diciembre de dos mil diecisiete(2) y diverso de ocho de febrero de dos mil dieciocho,(3) se tuvo a los Tribunales Colegiados de Circuito auxiliares señalados en el párrafo anterior, remitiendo copia certificada de las ejecutorias que les fueran solicitadas e informando que los criterios ahí sustentados se encuentran vigentes.(4)

Por auto de cinco de enero del año en curso, el presidente de este Pleno de Circuito tuvo por recibido el oficio de la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(5) mediante el cual, informó que de la consulta realizada por la Secretaría General de Acuerdos del Alto Tribunal en el sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver, así como de los acuerdos de admisión de las denuncias de contradicción de tesis dictados por el Ministro presidente, durante los últimos seis meses no se advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionada con el tema a tratar en este asunto.

Por último, el trece de abril de dos mil dieciocho,(6) se turnaron los autos de la presente contradicción de tesis, al Magistrado Enrique Rodríguez Olmedo, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 9 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de mayo de dos mil catorce, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis sostenida por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Tercer Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, puesto que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

TERCERO.—Criterios contendientes. Para estar en aptitud de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, es preciso tener en cuenta los antecedentes de los asuntos de donde emanan dichas tesis y las consideraciones que, respectivamente, sustentaron las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

• Primera postura: Resolución dictada en el amparo directo 178/2017, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

Contexto:

I. El Servicio de Administración Tributaria, mediante folio **********, invitó a **********, para que aclarara su situación fiscal, respecto de la obtención de ingresos acumulables por la cantidad de **********, durante el ejercicio fiscal de 2014, por estimar que podría estar obligada al pago del impuesto sobre la renta y a presentar las declaraciones correspondientes.

II. Esta persona presentó escrito libre ante la Administración Desconcentrada de Recaudación Jalisco "2", del Sistema de Administración Tributaria, a fin de aclarar su situación fiscal, con relación a aquella invitación. Así, la propia autoridad hacendaria dio contestación, en el sentido de que no era posible tener por aclarada la carta invitación, pues a su juicio, no se acreditaba fehacientemente el origen de sus depósitos en efectivo detectados y, asimismo, precisó "que la respuesta, no era un acto susceptible de impugnarse, ya que se encuentra vinculada a una carta invitación".

En ese contexto, **********, por su propio derecho, promovió juicio contencioso administrativo contra la resolución de la Administración Desconcentrada de Recaudación Jalisco "2", del Sistema de Administración Tributaria, contenida en el oficio **********, a través de la cual, la administración tuvo por no aclarado el origen de los depósitos en efectivo en la señalada carta invitación, dentro del ejercicio fiscal de dos mil catorce.

La Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que por razón de turno conoció de la demanda, la admitió a trámite y formó el expediente **********; y seguido el juicio por sus cauces, el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, se dictó la sentencia relativa, que concluyó con los siguientes puntos resolutivos:

"I. Son fundadas las causales de improcedencia y sobreseimiento analizadas; en consecuencia.—II. Es de sobreseer y se sobresee en el presente juicio. ..."

Lo anterior, por considerar que se actualizaba la hipótesis de improcedencia planteada por la autoridad demandada, esto es, la prevista en el artículo 8o., fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que "de la resolución impugnada, así como de la sujeta a aclaración en la instancia administrativa se advierte, que no tiene la calidad de actos definitivos susceptibles de ser impugnados a través del juicio de nulidad, ya que no se contiene la determinación de un crédito, ni se impone una multa, menos aún se determina una situación jurídica precisa, sino que solamente hacen las aclaraciones conducentes sobre lo pretendido por la aquí actora, y se le exhorta para que, si decide hacerlo, se acoja a los beneficios ..."

Inconforme con esa decisión, la actora promovió amparo directo que, por razón de turno, conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el número de expediente 178/2017, resuelto mediante ejecutoria de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, en la que negó la protección constitucional a la parte quejosa.

Para resolver en ese sentido, el propio Tribunal Colegiado de Circuito se apoyó en las siguientes consideraciones medulares:

1. Precisó que el acto impugnado en el juicio contencioso administrativo de origen, no define la situación jurídica de la quejosa de manera tal que le afecte, porque como lo sostuvo la Sala responsable, "en el mismo no se determinó alguna obligación fiscal en cantidad líquida, no se le puso multa alguna por infracción a las normas administrativas federales; además de que no se le negó la devolución de ingresos indebidamente percibidos por el Estado o cuya devolución proceda conforme a las leyes fiscales".

2. Consideración que sustentó –por las razones que la informan–, en la jurisprudencia 2a./J. 62/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "CARTA INVITACIÓN AL CONTRIBUYENTE PARA QUE REGULARICE EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE SUS INGRESOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO. NO ES IMPUGNABLE EN SEDE CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA."(7)

3. Además, estableció que la resolución reclamada y la impugnada en la instancia administrativa, sólo contienen aclaraciones conducentes sobre lo pretendido por la actora-quejosa, y la exhortación para que si decide hacerlo, se acoja a los beneficios que contempla la regla 2.8.3.1, de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince.

4. También determinó que, cuando el legislador establece la procedencia del juicio contencioso administrativo contra actos "que causen un agravio en materia fiscal, distinto al que se refieren las fracciones anteriores", está aludiendo a una afectación relacionada con el cumplimiento de las leyes fiscales, en la que la autoridad hacendaria determina que la contribuyente incumplió las leyes fiscales, así como los casos distintos a aquellos que ocasionan una afectación en la relación jurídico tributaria existente entre el contribuyente y el fisco, por la determinación de una obligación fiscal en cantidad líquida, por la negativa de la devolución de los ingresos indebidamente percibidos por el Estado o cuya devolución proceda conforme a las leyes fiscales; o por la imposición de multas por infracción a las normas administrativas federales, situación que no se actualiza en el caso concreto.

5. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 21/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO PARA DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS. AL SER LA SUSPENSIÓN DE SU REGISTRO UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE LE CAUSA AGRAVIO EN MATERIA FISCAL, ES IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 11 DE SU LEY ORGÁNICA."(8)

• Segunda postura: Resolución dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, al resolver el amparo directo 452/2016, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (expediente interno 637/2016).

Contexto:

I. Mediante folio **********, el Servicio de Administración Tributaria invitó a **********, para que aclarara su situación fiscal, por haber detectado que no había presentado la declaración anual del ejercicio fiscal de 2012, pese a que tuvo depósitos en efectivo durante ese ejercicio fiscal, por la cantidad de **********; y que para tal efecto, al reverso de la carta invitación, se contenía el formulario para el pago de contribuciones a su nombre.

II. La contribuyente-actora elaboró escrito dirigido al administrador local de Servicios al Contribuyente de Guadalajara Sur, para aclarar los depósitos en efectivo recibidos en su cuenta bancaria, solicitando que se tuviera por aclarada su situación fiscal, por no estar obligada a efectuar regularización fiscal alguna, derivada de la invitación enviada y, por ende, a no efectuar el pago propuesto por concepto del impuesto sobre la renta. Sin embargo, la autoridad hacendaria estimó que los documentos aportados al escrito de referencia, resultaban insuficientes para tener por aclarado el origen de los depósitos en efectivo de referencia y, por tanto, no era posible tenerla por aclarada.

En ese contexto, la propia contribuyente ********** promovió juicio contencioso administrativo contra esa última resolución, a través de la cual, se tuvo por no aclarada la carta invitación.

La Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que por razón de turno conoció de la demanda, la admitió a trámite bajo el número de expediente **********, ordenándose correr traslado a la autoridad demandada, quien interpuso recurso de reclamación en contra de dicho auto admisorio; medio de impugnación que se admitió a trámite, y fue resuelto mediante interlocutoria de ocho de enero de dos mil dieciséis, que concluyó con los siguientes puntos resolutivos:

"I. Ha resultado procedente y fundado el recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada contra el acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil quince.—II. Es de sobreseer y se sobresee en el presente juicio contencioso administrativo federal. ..."

Lo anterior, bajo la consideración toral de que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 8o., fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque "la resolución impugnada, así como de la sujeta a aclaración en la instancia administrativa se advierte, que no tiene la calidad de actos definitivos susceptibles de ser impugnados a través del juicio de nulidad, ya que no se contiene la determinación de un crédito, ni se impone una multa, menos aún determinar una situación jurídica precisa, sino que solamente hacen las aclaraciones conducentes sobre lo pretendido por la aquí actora, y se le exhorta para que, si decide hacerlo, se acoja a los beneficios. ..."

Inconforme con esa decisión, la actora promovió amparo directo que, por razón de turno, conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el número de expediente 452/2016, admitiéndola parcialmente.(9) Luego, por auto de presidencia de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, en cumplimiento a la comunicación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se remitieron los autos de dicho expediente de amparo al Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, en donde, por auto de uno de julio de dos mil dieciséis, se radicó con el número de expediente auxiliar 637/2016, resuelto mediante ejecutoria de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, en la que se otorgó la protección constitucional, para el efecto de que la Sala responsable:

"1. Deje insubsistente la resolución de ocho de enero de dos mil dieciséis, recaída al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada, contra el auto de veinticuatro de junio de dos mil quince, en que se admitió la demanda de nulidad que dio origen al juicio contencioso administrativo **********.—2. En su lugar, dicte otra en la que, siguiendo los lineamientos fijados en esta ejecutoria, declare procedente pero infundado el recurso de reclamación mencionado, y confirme en sus términos el auto de admisión recurrido; y, 3. Seguido que sea el juicio por sus etapas legales, en su oportunidad, con plenitud de jurisdicción, resuelva la controversia planteada conforme a derecho proceda, sin dejar de observar lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo."

Para concluir de esa manera, el Tribunal Colegiado de Circuito se apoyó en las siguientes consideraciones torales:

1. En primer lugar, tras analizar las particularidades de la carta invitación, su escrito aclaratorio, así como la resolución de la autoridad hacendaria que la tuvo por no aclarada, consideró que, tal como lo cuestionó la parte disconforme "el acto impugnado en el juicio contencioso administrativo de origen ... sí define la situación jurídica, previo al ejercicio de las facultades de fiscalización de la autoridad, en caso de realizarlas; ya que, como se vio, se concluye que incumplió disposiciones fiscales y, por ende, con ello se ocasionó una afectación en la relación jurídico tributaria existente entre dicha quejosa y el fisco, ante la determinación de una obligación, precisamente de naturaleza tributaria."

2. Que, por esa razón, el asunto se ubicaba en la hipótesis de procedencia prevista en el artículo 14, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa "conforme a la cual debe conocer de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores (I a III)."

3. Ese pronunciamiento lo fundó en la jurisprudencia 2a./J. 21/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que acotó:

3.1. Que con la locución "materia fiscal", debe entenderse "todo lo relacionado con la recaudación de impuestos, con multas, o bien, con las sanciones impuestas por infracciones a las leyes tributarias"; y,

3.2. Que la expresión: "que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores", empleada en la fracción IV del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se refiere a "una afectación relacionada con el cumplimiento de las leyes fiscales, así como a los casos distintos a aquellos en los que se ocasiona una afectación en la relación jurídico tributaria existente entre el contribuyente y el fisco, como acontece en el caso de origen, por la determinación de una obligación fiscal; por la negativa de la devolución de ingresos indebidamente percibidos por el Estado o cuya devolución procede conforme a las leyes fiscales; o por la imposición de multas por infracción a las normas administrativas federales."

4. Añadió que, conforme a las particularidades del caso en estudio, se advierte una afectación relacionada con el cumplimiento de las leyes fiscales, puesto que "la autoridad demandada, después de analizar las pruebas aportadas para sustentar la solicitud de aclaración de la carta invitación aludida, determinó no tenerla por aclarada y, por consecuencia, que la contribuyente debía presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta de dos mil doce, como lo señaló en la citada carta, en virtud de que los depósitos en efectivo se realizaron a la cuenta bancaria a su nombre, y no de la **********, **********, por lo que, al obtener ingresos como persona física, se sitúo en el supuesto previsto en el artículo 107 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se encontraba obligada, además de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, a presentar la declaración de dicho ejercicio, conforme a lo establecido en el arábigo 170 de la ley en cita."

5. Razonó que la autoridad demandada decidió una situación jurídica concreta, previa, en su caso, al ejercicio de sus facultades de comprobación "derivada de la petición real y específica que le formuló la contribuyente, hoy quejosa, en torno a que: se tuviera por aclarada su situación fiscal; por no obligada a efectuar regularización fiscal alguna, derivado de la invitación enviada, por ende, a no efectuar el pago propuesto; y, por no obligada a presentar declaración del ejercicio fiscal dos mil doce"; y que, por tanto, aun cuando en el oficio impugnado se precisó que no se trata de un acto susceptible de impugnación en términos de las disposiciones fiscales, lo real es que, a partir de un acto preparatorio que instó la propia contribuyente, "se establecieron situaciones reales, concretas y presentes, que, una vez definidas, a la postre ya no podrán ser revocadas ni modificadas, acorde al principio de presunción de legalidad".

6. Así, concluyó que se trata de un acto administrativo definitivo que se caracteriza por ser autónomo a un procedimiento de comprobación, respecto del cual asiste interés a la quejosa para promover el juicio contencioso administrativo.

7. En apoyo a lo anterior, citó el similar criterio contenido en la tesis II.1o.A.18 A (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, de título y subtítulo: "CARTA INVITACIÓN. LA RESPUESTA A SU SOLICITUD DE ACLARACIÓN CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE VÍA JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, CUANDO DEFINE LA OBLIGACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RESPECTO DEL PAGO DE UN TRIBUTO."(10)

• En similares términos se pronunció el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán, al resolver el amparo directo 419/2016, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (expediente auxiliar 824/2016).

CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis.

En principio, resulta oportuno puntualizar que el objetivo de resolución de una contradicción de tesis consiste en unificar los criterios contendientes, atendiendo al principio de seguridad jurídica.(11)

Así, para determinar si, en la especie, existe o no esa contradicción, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen–, con el propósito objeto de identificar si en alguna parte de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos–.

Al efecto, para la existencia de la contradicción de tesis, se requiere la concurrencia de los requisitos que a continuación se precisan:

a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico; ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Sobre el tópico se atiende a la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido íntegro dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.—Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."(12)

Conforme a las directrices apuntadas, se estima que en el presente asunto sí se materializan los requisitos para considerar la existencia de la contradicción de tesis denunciada, como a continuación se verá:

I. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial.

Este supuesto cobra vigencia porque, en sus respectivas ejecutorias, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron sobre una cuestión litigiosa de similar naturaleza, esto es, decidieron sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de sentencias emitidas en sendos juicios contenciosos administrativos federales, en donde en forma idéntica se demandó la nulidad de la resolución que en respuesta a la solicitud de aclaración generada por la carta invitación enviada a un contribuyente, la autoridad demandada desestimó esa petición y le determinó una obligación tributaria; y, en esa medida, los órganos jurisdiccionales se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, al resolver en el sentido en que lo hicieron.

II. Segundo requisito: punto de toque o diferendo de criterios interpretativos.

Este requisito también se materializa si se considera que en los ejercicios interpretativos realizados por los tribunales contendientes, existe algún punto con relación a los criterios que respectivamente adoptaron, vinculados con un mismo tema jurídico, como es la procedencia o no del juicio contencioso administrativo contra la resolución que en respuesta a la solicitud de aclaración de la situación fiscal de un contribuyente, motivada por la carta invitación que le fuera enviada por la autoridad hacendaria, tiene por no aclarada dicha situación y determina una obligación tributaria a su cargo, arribando a conclusiones diferentes.

Así es, mientras que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito resolvió que el juicio contencioso administrativo era improcedente contra una resolución de la naturaleza apuntada, el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, al resolver el amparo directo 452/2016 (cuaderno auxiliar 637/2016), del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, determinó que la resolución que responde a la solicitud de aclaración de una carta invitación, definiendo obligaciones fiscales a cargo del contribuyente, sí es susceptible de impugnarse en sede contenciosa administrativa, advirtiéndose que en similar sentido se pronunció el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán, al resolver el amparo directo 419/2016 (cuaderno auxiliar 824/2016), del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

En ese contexto, sí existe un contrapunto en los respectivos ejercicios interpretativos, con respecto a la decisión de un mismo tipo de problema; y de ahí que si los contendientes arribaron a conclusiones opuestas, es indudable que se actualiza la hipótesis correspondiente.

No obsta a lo anterior que, a propósito del análisis realizado por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, tocante a la procedencia o no del juicio contencioso administrativo, hubiesen analizado normas distintas, esto es, mientras los Tribunales Colegiados Auxiliares analizaron el artículo 14 de la abrogada Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito analizó el artículo 3o. de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues son de idéntico contenido.

Se cita para tal efecto la jurisprudencia 2a./J. 87/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del siguiente tenor:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE, AUNQUE DIMANE DE LA INTERPRETACIÓN DE PRECEPTOS LEGALES DEROGADOS, SI SU CONTENIDO SE REPITIÓ EN LOS VIGENTES.—A pesar de que los criterios divergentes deriven del examen de disposiciones legales o reglamentarias que ya no se encuentren en vigor, por haber sido derogados o abrogados los ordenamientos a que pertenecen, es necesar

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28262-2a49776d/carta-invitacion-la-resolucion-que-desestima-la-solicitud · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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