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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL OFICIO POR EL CUAL EL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO NIEGA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS AL BENEFICIARIO DE UN PENSIONADO, CUANDO AQUÉL NO LA HAYA PROPORCIONADO ANTERIORMENTE Y SE ESTÉ RECIBIENDO POR PARTE DE OTRA INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2018. · Registro digital (IUS): 28279
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2019-01-18
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo III, Pág. 1864.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ENRIQUE RODRÍGUEZ OLMEDO, HUGO GÓMEZ ÁVILA, MARCOS GARCÍA JOSÉ, JORGE HÉCTOR CORTÉS ORTIZ Y MOISÉS MUÑOZ PADILLA. AUSENTE: JAIME C. RAMOS CARREÓN. DISIDENTE: MARIO ALBERTO DOMÍNGUEZ TREJO. PONENTE: MOISÉS MUÑOZ PADILLA. SECRETARIO: RAFAEL ALEJANDRO TAPIA SÁNCHEZ.

Zapopan, Jalisco. El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, después de haber deliberado en la sesión pública del día veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve la contradicción de tesis número 10/2018; para lo cual deben tomarse en consideración los siguientes:

PRIMERO.—Hechos. Circunstancias del caso. Denuncia de la contradicción de criterios. **********, por escrito presentado en la Oficialía de Partes del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito (radicada en el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito), el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, denunció la posible contradicción de criterios entre el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la queja 133/2016 y la revisión incidental 94/2017, así como el que sostuvo el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al fallar la queja 89/2018.

SEGUNDO.—Procedimiento. Trámite del asunto ante el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito. El tres de mayo de dos mil dieciocho, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito ordenó formar y registrar el expediente relativo a la contradicción de tesis 10/2018; asimismo, requirió a dos Juzgados de Distrito, a fin de que informaran si el denunciante contaba con el carácter que ostentó en la denuncia relativa (foja 15 del expediente); posteriormente, en auto de diez de mayo de dos mil dieciocho, se tuvo por cumplimentado dicho requerimiento y se reconoció al denunciante el carácter relativo, por lo que se admitió a trámite la denuncia de la posible contradicción de tesis referida; se ordenó solicitar a los tribunales contendientes, copia certificada de las ejecutorias de los asuntos en los que sustentaron los criterios en contradicción; además, que informaran si su criterio se encontraba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado; asimismo, se pidió a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informara si existía alguna contradicción de tesis radicada ante el Alto Tribunal que guardara relación con la temática aquí planteada (fojas 31 a 33 del expediente).

El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó sobre las gestiones realizadas para remitir la información solicitada (foja 100 del expediente), lo cual se proveyó el dieciocho siguiente (foja 103 ídem).

El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que no existía alguna contradicción de tesis radicada en ese Alto Tribunal que guardara relación con el tema aquí tratado (foja 140 del expediente), lo que se acordó el veintinueve siguiente (foja 144 ídem).

Una vez que los Tribunales Colegiados contendientes dieron cumplimiento a lo solicitado, por acuerdos de dieciocho y veintinueve de mayo, ambas datas del año en curso, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito tuvo por desahogado el requerimiento formulado a dichos órganos jurisdiccionales (fojas 103 y 144 del expediente).

El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, al encontrarse integrado el presente asunto, fue turnado al Magistrado Moisés Muñoz Padilla, para la formulación del proyecto de resolución respectivo.

TERCERO.—Aspectos procesales. Competencia. El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito tiene competencia legal para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios emitidos por dos Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Tercer Circuito.

CUARTO.—Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por **********, como autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte impetrante (juicio de amparo 845/2018, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco) y como representante común de los quejosos (juicio de amparo 1034/2016, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco), en los juicios constitucionales que originaron los recursos de los cuales derivan los criterios contendientes (fojas 23 y 28 del expediente).

Por lo que ve a la primera representación como autorizado, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 152/2008,(1) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA.—El autorizado está legitimado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, no precisa tal facultad, también lo es que la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa pues, entre otras, prevé la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Además, aunque la denuncia referida no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la ley citada se advierte que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas fueron sustentadas, es indudable que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado precepto, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros."

QUINTO.—Criterios contendientes. Antes de describir los criterios que han dado origen a la presente contradicción de tesis, es pertinente destacar que no es necesaria la existencia de una tesis aislada o jurisprudencial para la denuncia de una contradicción de tesis, pues basta para ello que los criterios contendientes estén plasmados en una ejecutoria.(2) No obstante, cuando sí existe una tesis, para la resolución de una contradicción de tesis no se requiere tener a la vista la ejecutoria de la que derivó, siempre y cuando su texto resulte claro.(3) Por consiguiente, sólo será necesario atender a la ejecutoria cuando la tesis redactada: (i) contenga elementos jurídicos no abordados en la ejecutoria que le dio origen;(4) o (ii) sea confusa o esté incompleta.(5)

Pese a lo anterior, tomando en consideración el sentido de la presente contradicción de tesis, será necesario precisar, según se desprenda de las ejecutorias contendientes, tanto el marco fáctico de los asuntos de los que derivaron los criterios contendientes, como los preceptos legales aplicados en cada caso y los razonamientos dados por los órganos colegiados para sustentar su determinación, pues esos elementos son fundamentales para acotar la construcción del criterio de este Pleno de Circuito.

1. Primer criterio sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (queja 133/2016)

A) Antecedentes fácticos

I. ********** y **********, por su propio derecho, mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, promovieron juicio de amparo indirecto contra las autoridades y los actos siguientes:

"III. Autoridades responsables.

"a) H. Congreso del Estado de Jalisco.

"b) C. Gobernador constitucional del Estado de Jalisco.

"c) C. Secretario general de Gobierno del Estado de Jalisco.

"d) C. Director del Periódico Oficial del Estado de Jalisco.

"e) H. Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado «de Jalisco».

"f) El C. Director general del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.

"g) C. Director jurídico del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.

"h) Director de los Servicios Médicos del Instituto de Pensiones del Estado «de Jalisco».

"IV. Actos reclamados.

"A las autoridades señaladas en los incisos del a) al c), H. Congreso del Estado de Jalisco, C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco y C. Secretario general de Gobierno del Estado de Jalisco, les reclamamos la aprobación, al primero; la orden de promulgación, divulgación, publicación y ejecución, al segundo; y el refrendo al tercero, en su carácter de ordenadoras, por ser inconstitucional, el Decreto Número 22862/LVIII/09, en su artículo 112, fracción II, de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, en la parte que determina que son incompatibles los servicios médicos, respecto de los beneficiarios, en este caso, respecto de la segunda de los firmantes, como esposa y beneficiaria del primero, como pensionado por jubilación por edad avanzada, ya que dispone al efecto:

"(se transcribe)

"De igual forma se les reclama, bajo los mismos conceptos, la aprobación, promulgación y refrendo, por la inconstitucionalidad del artículo tercero transitorio, del Decreto Número 22862/LVIII/09, en la parte que dice:

"(se transcribe)

"Dado que se está aplicando en perjuicio de la segunda de quienes suscribimos, el ‘Reglamento General de Prestaciones, Derechos y Obligaciones de Afiliados y Pensionados de la Dirección de Pensiones del Estado’, cuyas fechas de emisión, publicación y vigencia se habrán de precisar enseguida, que como iremos estableciendo, esa normatividad, que dice reglamentar la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco, contenida en el Decreto Número 12697, en vigor el 1 de enero de 1987, rebasa los límites de la ley que dice reglar, pues va más allá de lo establecido en ella, y por otra parte, dado lo ordenado en este artículo tercero transitorio, se le están dando efectos retroactivos en perjuicio de los aquí quejosos, en los términos y por los conceptos a los que nos referiremos en líneas posteriores, ya que es bien sabido que un reglamento, por naturaleza, siempre debe estar subordinado a la ley y, en el caso, la rebasa y establece condiciones y exclusiones para el otorgamiento de los servicios médicos, que no se encuentran previstas en el ordenamiento principal por ello, al ir más allá de lo que ésta delimita y establece, y dado que su aplicación perjudica a la segunda de los nombrados, puesto que con base en él, se me está negando el servicio médico a que tengo derecho como beneficiaria del pensionado **********.

"El decreto y el artículo tercero transitorio, cuya inconstitucionalidad se impugna en las partes que quedarán precisadas, fue aprobado por el H. Congreso del Estado de Jalisco, con fecha 12 de noviembre del 2009, cuyo mandato de impresión, publicación y divulgación, suscrita y ordenada por el Ejecutivo del Estado y su respectivo refrendo, por el C. Secretario general de Gobierno, fue el 19 de noviembre de 2009, mismo día de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, por lo cual surtió efectos el 20 de noviembre del 2009.

"A la autoridad que se menciona en el punto d), C. Director del Periódico Oficial en el Estado de Jalisco, le reclamamos, la publicación en dicho medio de difusión del ‘Reglamento General de Prestaciones, Derechos y Obligaciones de Afiliados y Pensionados de la Dirección de Pensiones del Estado’, con fecha 6 de octubre del 2005, sección II, con vigencia el día 7 de octubre del 2005; así como la publicación de ‘la Ley del Instituto de Pensiones del Estado’, el día 19 de noviembre del 2009, con vigencia a partir del día 20 de noviembre del 2009.

"De la autoridad a que nos referimos en el punto e); H. Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado, se le reclama, la ilegal e inconstitucional emisión, orden de publicación, aplicación y orden de ejecución del ‘Reglamento General de Prestaciones, Derechos y Obligaciones de Afiliados Pensionados de la Dirección de Pensiones del Estado’, en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, aprobado el día 30 de agosto de 2005, publicado el 06 de octubre del 2005, sección II, en el Periódico Oficial del Estado, y con vigencia el día 7 de octubre del 2005, en las partes que establece la normativa de los servicios médicos, donde rebasando los alcances de la ley por la cual se emitió, también donde precisa la obligatoriedad del citado reglamento y la prohibición de otorgar servicios médicos a la segunda de los que comparecemos, por tener servicio médico de otra institución de seguridad social, por razón de parentesco o dependencia económica, en todos aquellos preceptos que se me niega derecho a obtenerlos, y especialmente los que en seguida se mencionan:

"(se transcribe)

"De las autoridades a que nos referimos en los incisos f), g) y h), C. Director general; C. Director jurídico y C. Director de los servicios médicos, todos del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, como ordenadoras y ejecutoras, se les reclama la ilegal, inconstitucional e inexacta aplicación, incorrecta fundamentación y motivación, en perjuicio de la segunda de los firmantes, de los preceptos del reglamento a que nos referimos en el punto precedente, que se intitula como Reglamento General de Prestaciones, Derechos y Obligaciones de Afiliados Pensionados de la Dirección de Pensiones del Estado, emitido y aprobado por el entonces Consejo Directivo de Pensiones del Estado, en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 30 de agosto de 2005, publicado el 6 de octubre del 2005, sección II, en el Periódico Oficial del Estado, y con vigencia el día 7 de octubre del 2005, en el cual, primero se hace una inexacta aplicación; en virtud de que la suscrita no tiene por derecho propio la posibilidad de gozar de los servicios médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, puesto que lo tengo como beneficiaria, que es en donde nace la inexacta e ilegal aplicación del mismo, y en cuanto a las razones de su inconstitucionalidad y transgresión en perjuicio de la suscrita a diversos derechos humanos, sobre lo que se hará énfasis en los conceptos de violación, de igual manera, porque la determinación que se contiene en el oficio número ********** emitido por el C. Director jurídico del Instituto de Pensiones del Estado, en representación del C. Director general del citado instituto, en razón de que los motivos y fundamentos que invoca no se ajustan a lo que dispone la ley de pensiones del Estado en tal razón, quebranta el principio de legalidad consagrado por el artículo 14 de nuestra Carta Magna, por la ilegal e indebida aplicación del reglamento en perjuicio de la suscrita, para fundar su negativa a otorgar en mi carácter de beneficiaria del pensionado los servicios médicos a que tengo derecho.

"De igual forma, se les reclama la defectuosa, indebida e incorrecta fundamentación y motivación, que se arguyó en el oficio número **********, para sustentar la negativa de la prestación de los servicios médicos en favor de la suscrita **********, al decir: que si bien, no se nos debe aplicar de manera retroactiva lo establecido en la Ley del Instituto de Pensiones del Estado «de Jalisco», porque la pensión se otorgó bajo las normas de la ley de pensiones del Estado.

"Por otro lado dice, que aun aplicando el principio pro-homine a favor de la suscrita, no se contrapone con la legislación aplicable, o sea con la ley de pensiones del Estado, vigente a partir del 1 de enero de 1987; argumentando que la ley actual, al reglamentar y disponer en su fracción II del artículo 112 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, la incompatibilidad de los servicios médicos, cuando se tenga derecho al acceso de ese servicio por otra institución de seguridad social, no riñe y como consecuencia la negativa a prestar el servicio médico, dado que ambos ordenamientos coinciden en su aplicación y exclusión del servicio médico en favor de la segunda de los firmantes.

"De igual manera se les reclama la falta de equidad, porque no soy tratada de la misma manera respecto de otra esposa de pensionado o jubilado que no cuente con ese servicio, asimismo se les demanda, la falta de aplicación en nuestro perjuicio de lo que dispone el artículo cuarto transitorio, de la ley últimamente citada, ya que no respeta los derechos adquiridos, por quienes ya nos encontrábamos cotizando en calidad de afiliados y, por ende, con los derechos a salvo, para que se nos aplique la ley de pensiones del Estado, con efectos de vigencias, a partir del primero de enero de 1987, exactamente, en los términos en que fue concebida.

"Asimismo, se está violentando nuestro derecho humano a la no retroactividad de la ley, previsto por el artículo 14 de nuestra Carta Magna, ya que según se advierte de la respuesta al oficio número **********, emitido por el C. Director jurídico del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, en representación del director general de dicho instituto, también se invoca ese precepto, queriendo aparentar que no perjudica los intereses de los suscritos, cuando claramente se ve un acto de discriminación, de trato desigual hacia la segunda de los suscritos, y de atentado contra la dignidad humana de la segunda de los firmantes, al referir que de concederme el servicio médico, sería un gasto costoso e infructuoso, como si la suscrita hubiera acudido a una institución de beneficencia, cuando lo solicitado, es una prestación a que por ley me corresponde como beneficiaria de un pensionado, y a pesar de ello, se impide a la segunda acceder a los mejores servicios de salud física y mental a que tengo derecho, de acuerdo con el Protocolo de El Salvador, por lo cual, no puede privárseme de ese servicio por decisiones violatorias de los derechos humanos, que resultan discriminatorias, inequitativas y unilaterales.

"El primer acto de aplicación, se dio por parte de las responsables C. Director general, C. Director jurídico y C. Director de los Servicios Médicos, todos del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, de las normativas reclamadas como inconstitucionales y violatorias de nuestros derechos humanos, consistentes en la negativa a conceder e incorporar con todos sus derechos como beneficiaria del primero que aquí firma, al servicio médico a que tiene derecho la segunda de los aquí quejosos, según respuesta dada mediante oficio número **********, que le fue notificado al primero de los firmantes, el día 14 de marzo de 2016, emitido por el C. Director jurídico del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, en representación del director general y haciendo uso de las facultades que le confieren los preceptos en que se apoya, en torno a la petición, que el primero de los firmantes, les hice mediante ocurso presentado con fecha 24 de febrero del 2016, al propio C. Director general y al C. Director jurídico, ambos del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, donde les solicité la incorporación como beneficiaria derechohabiente a los servicios médicos que presta dicho instituto, a mi cónyuge y ahora también quejosa **********, donde les hice ver la necesidad y urgencia de autorizarlo a la brevedad, debido a los antecedentes médicos que tiene y que fueron referidos sucintamente en la petición, respecto de los cuales abundaré en la presente demanda.

"Se les reclaman como actos futuros de ejecución inminente, los derivados por su negativa a conceder los servicios médicos que motivan la presente demanda de garantías, por la ejecución de las leyes y reglamento que se tildan de inconstitucionales, puesto que al persistir la denegación a otorgar los servicios médicos a la segunda de los firmantes, considerando los antecedentes e historial de salud de la suscrita, esa negativa pone en riesgo mi salud y el derecho a gozar del servicio médico que me corresponde, por la deficiente, e insuficiente atención que se presta por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual pone en riesgo mi vida, puesto que se me impide el derecho humano a accesar al mejor servicio de salud física y mental a que tengo derecho y al de elegir el que mejor me convenga, lo que nos obligará a pagar servicios médicos particulares que, en su caso, cuyos gastos, deberán ser restituidos por el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, como una consecuencia lógica y natural de su proceder inconstitucional y violatorio de mis derechos humanos dado esa ilegal negativa."

II. El Juez Octavo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en acuerdo de once de abril de dos mil dieciséis, dio trámite al incidente de suspensión en el juicio de amparo 1034/2016; de la misma forma, negó la suspensión provisional solicitada.

III. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de queja, del cual por razón de turno correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el toca 133/2016.

IV. Finalmente, en sesión correspondiente al día veinte de abril de dos mil dieciséis, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito resolvió por mayoría de votos el medio de impugnación, con los siguientes resolutivos:

"PRIMERO.—Es fundado el recurso de queja.

SEGUNDO.—Se revoca el acuerdo recurrido y se concede la suspensión provisional en términos de la presente ejecutoria."

B) Normatividad aplicada

Al analizar el tema sobre el que versa la presente contradicción, el Tribunal Colegiado hizo referencia a la siguiente normatividad:

Legislación federal:

• Artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo.

C) Consideraciones que al caso interesan

"En principio, es importante poner de manifiesto que según se desprende de las manifestaciones de la quejosa, y, a su vez, de la resolución recurrida, le reviste el carácter de beneficiaria en relación con **********, sobre los derechos que este último adquirió en su calidad de pensionado del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y, a su vez, también se beneficia de los servicios prestados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, es por ello que las autoridades responsables le niegan el otorgamiento de los servicios de salud del primero de estos institutos, precisamente por contar con los diversos del segundo, con base en lo estatuido en el artículo 112, fracción II, de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.

"Con base en ello, se estima inexacta la decisión del Juez al negar la suspensión solicitada, bajo la premisa fundamental que ‘de concederla se estaría constituyendo un derecho en favor de la parte quejosa, el recibir la prestación de salud a cargo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, el cual, a la fecha de presentación de la demanda de garantías no se advierte sea beneficiaria del mismo’, ya que según se estableció, su derecho se encuentra constituido, al ser cónyuge de ********** y, por ende, tiene acceso a los que que (sic) este último adquirió en su calidad de pensionado del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco; siendo el ejercicio de tal derecho el que no permite la norma reclamada.

"Tampoco se coincide con el Juez, en el sentido de que la quejosa no pretende que se efectivicen las necesidades básicas de salud, sino estrictamente que el instituto de pensiones responsable cubra cualquier erogación para tal fin; ello, pues basta la simple lectura de la demanda de amparo, para advertir que la solicitud de la suspensión provisional se elevó para el efecto de que le sean otorgados los servicios médicos por parte del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, en las mismas condiciones que a cualquier esposa de pensionado, es decir, sin que le sea aplicada la restricción a que aluden los preceptos tildados de inconstitucionales, de ahí que tal determinación sea ineficaz para negarla.

"Orienta lo considerado, la jurisprudencia 2a./J. 111/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, diciembre de dos mil tres, página noventa y ocho, que dice:

"‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS.’ (se transcribe)

"Ahora bien, para precisar si la petición de la quejosa cumple o no con lo estatuido en el artículo 128 de la Ley de Amparo, es conveniente trascribir una parte de la ejecutoria emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 31/2007:

"(se transcribe)

"Y, al efecto emitió la jurisprudencia 2a./J. 204/09, visible en la página trescientos quince del Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"‘SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO.’ (se transcribe)

"Asimismo, conviene tener presente el siguiente criterio jurisprudencial, en aras de lograr una mejor comprensión de los aspectos relevantes que deben considerarse al resolver sobre la suspensión.

"‘ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CUANDO ES EVIDENTE Y MANIFIESTA SU AFECTACIÓN, NO SE REQUIERE PRUEBA SOBRE SU EXISTENCIA O INEXISTENCIA.’ (se transcribe)

"Precisado lo anterior, cabe reiterar que, tal como lo señaló la quejosa y, se desprende de las pruebas exhibidas, es beneficiaria de los servicios médicos por parte del instituto responsable.

"Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 5/93, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doce del tomo 68, agosto de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor:

"‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO.’ (se transcribe)

"Así, cabe indicar que los diversos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, disponen:

"(se transcriben)

"De las disposiciones constitucional y legal transcritas, cabe establecer que la propia Constitución General de la República establece la base normativa fundamental para permitir que los actos reclamados puedan ser objeto de suspensión ‘en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria’, con lo que se hace una remisión expresa al legislador, para lo cual se tomarán en cuenta los siguientes factores:

"A) La naturaleza de la violación alegada;

"B) La apariencia del buen derecho; y,

"C) El interés social.

"En ese mismo sentido, en relación con el estudio de la apariencia del buen derecho, el juzgador está obligado a tomar en consideración simultáneamente los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 107, fracción X, de la Constitucional General, así como en observancia de la jurisprudencia bajo el rubro: ‘SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO.’, antes reproducida.

"De ahí que, como se dijo, este Tribunal Colegiado reasume jurisdicción para decidir sobre la medida cautelar solicitada, procediendo analizar la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, simultáneamente con el perjuicio al interés social o al orden público.

"Primeramente, debe mencionarse, que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia a que se hace alusión P./J. 15/96, de rubro: ‘SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124, DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.’, sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124, de la Ley de Amparo (hoy 128), bastaba la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, pero debería sopesarse con el perjuicio que pudiera ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso; pues tal supuesto se halla establecido en la fracción II, del

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28279-e0d9631d/suspension-es-improcedente-concederla-en-el-amparo-promovido · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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