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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. IMPROCEDENCIA DE LA PLANTEADA POR UNA MAYORÍA LEGISLATIVA (SOBRESEIMIENTO DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTENTADA POR LA LIX LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO SE SURTE CUANDO EN SU DEMANDA ADUZCAN UNA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CUANDO HAYA SIDO MOTIVO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO SIEMPRE Y CUANDO PUEDA PRODUCIR EFECTOS EN EL FUTURO. IV. USO DE LA FUERZA PÚBLICA POR PARTE DE LOS CUERPOS POLICÍACOS. SUS LÍMITES CONSTITUCIONALES [ARTÍCULOS 3, FRACCIONES II, III Y XII, 12, FRACCIONES II, INCISO B), III, INCISOS A) Y B), 14, 15, 16, 19, FRACCIÓN VII, 24, 25, 26, 33, FRACCIÓN II, 34, FRACCIONES II Y IV, 39 Y 40 DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA EN EL ESTADO DE MÉXICO]. V. USO DE LA FUERZA PÚBLICA Y ARMAS DE FUEGO. LA PORCIÓN NORMATIVA "AGRESIÓN REAL" NO RESULTA CONTRARIA A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA AL INTERPRETARSE SISTEMÁTICAMENTE (ARTÍCULO 3, FRACCIÓN III, DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA EN EL ESTADO DE MÉXICO). VI. USO DE LA FUERZA PÚBLICA. IMPUGNACIÓN DE LA PORCIÓN NORMATIVA "AGRESIÓN INMINENTE" POR VIOLAR EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN II, DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA EN EL ESTADO DE MÉXICO). VII. USO DE LA FUERZA PÚBLICA. IMPUGNACIÓN DE LA PORCIÓN NORMATIVA "BIENES JURÍDICOS" POR VIOLAR EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN XII, DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA EN EL ESTADO DE MÉXICO). VIII. USO DE LA FUERZA PÚBLICA. IMPUGNACIÓN DE LA PORCIÓN NORMATIVA "ARMAS INTERMEDIAS E INCAPACITANTES" POR VIOLAR EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA [DESESTIMACIÓN RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN II, INCISO B), 19, FRACCIÓN VII, Y 34, FRACCIONES II Y IV, DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA EN EL ESTADO DE MÉXICO]. IX. USO DE LA FUERZA PÚBLICA. IMPUGNACIÓN DE LA PORCIÓN NORMATIVA "OTROS MATERIALES O INSTRUMENTOS" POR VIOLAR EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 33, FRACCIÓN II, DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA EN EL ESTADO DE MÉXICO). X. USO DE LA FUERZA PÚBLICA. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE QUE AQUÉLLA PODRÁ USARSE COMO PRIMERA OPCIÓN, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS SUPUESTOS Y CONDICIONES QUE ESTABLECEN LA LEY DE LA MATERIA Y DEMÁS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE ABSOLUTA NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA EN EL ESTADO DE MÉXICO EN LA PARTE NORMATIVA QUE SEÑALA: "SIN EMBARGO, PODRÁ USARSE COMO PRIMERA OPCIÓN, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS SUPUESTOS Y CONDICIONES QUE ESTABLECEN ESTA LEY Y DEMÁS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES"). XI. USO DE LA FUERZA PÚBLICA. OMISIÓN DE ESTABLECER SUS NIVELES ANTE MANIFESTACIONES ILÍCITAS DE MULTITUDES Y DISTURBIOS PÚBLICOS (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA EN EL ESTADO DE MÉXICO). XII. USO DE LA FUERZA PÚBLICA. OMISIÓN DE ESTABLECER LOS NIVELES DE SU APLICACIÓN ANTE MANIFESTACIONES (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA EN EL ESTADO DE MÉXICO). XIII. USO DE LA FUERZA PÚBLICA. NO EXISTE AMBIGÜEDAD EN LOS CONCEPTOS, MANIFESTACIONES O REUNIONES "VIOLENTAS O ILEGALES", NI LOS NIVELES DEL USO DE LA FUERZA PARA ESOS CASOS Y EL TIPO DE ARMAS PARA TALES EFECTOS AL INTERPRETARSE SISTEMÁTICAMENTE (ARTÍCULO 16 DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA EN EL ESTADO DE MÉXICO. XIV. USO DE LA FUERZA PÚBLICA. LAS NORMAS O PAUTAS MÍNIMAS QUE REGULAN LO RELATIVO AL USO DE FUERZA Y ARMAS DE FUEGO EN EL CONTEXTO DE MANIFESTACIONES O REUNIONES, NO RESULTAN VIOLATORIAS DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD (ARTÍCULO 39 DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA EN EL ESTADO DE MÉXICO). XV. TORTURA Y TRATOS CRUELES E INHUMANOS. SU TRATAMIENTO NORMATIVO A NIVEL INTERNACIONAL Y NACIONAL. XVI. TORTURA Y TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA REGULAR LOS TIPOS PENALES RELATIVOS Y LAS SANCIONES POR LA COMISIÓN DE ESAS CONDUCTAS [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 12, FRACCIÓN III, INCISOS A) Y B), DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA EN EL ESTADO DE MÉXICO]. XVII. TRATAMIENTO DIGNO A ADOLESCENTES Y A PERSONAS MAYORES DE EDAD EN CENTROS PREVENTIVOS E INSTITUCIONES DE REINTEGRACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL. CONDICIONES QUE IMPONEN LOS ÁMBITOS INTERNACIONAL Y NACIONAL (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 24, 25 Y 26 DE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA EN EL ESTADO DE MÉXICO). XVIII. TRATAMIENTO DIGNO A ADOLESCENTES Y A PERSONAS MAYORES DE EDAD EN

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 25/2016 Y SUS ACUMULADAS 27/2016 Y 28/2016. · Registro digital (IUS): 28303
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-01-25
Promovente: DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LIX LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, Pág. 13.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 25/2016 Y SUS ACUMULADAS 27/2016 Y 28/2016. DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LIX LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 27 DE MARZO DE 2017. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIOS: MARÍA DEL CARMEN ALEJANDRA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ E ISIDRO MUÑOZ ACEVEDO.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintisiete de marzo de dos mil diecisiete.

VISTOS, para resolver el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad identificada al rubro; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Normas impugnadas, autoridades emisoras y promulgadoras. Mediante oficio presentado el ocho de abril de dos mil dieciséis ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, diversos diputados de la LIX Legislatura del Estado de México –pertenecientes a los grupos parlamentarios de los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Encuentro Social, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y de la Revolución Democrática– promovieron acción de inconstitucionalidad contra la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, publicada por decreto en el Periódico Oficial del Estado de México el dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, señalando como autoridades emisora y promulgadora de las mencionadas normas, al Congreso y gobernador de la entidad federativa en comento.

Asimismo, por oficios presentados el dieciocho de abril de dos mil dieciséis ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y Baruch Florente Delgado Carbajal, en su carácter de presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, promovieron, respectivamente, acción de inconstitucionalidad contra la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, publicada por decreto en el Periódico Oficial del Estado de México el dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, señalando como autoridades emisora y promulgadora de las mencionadas normas, a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la entidad federativa en comento.

Los diputados integrantes de la LIX Legislatura del Estado de México solicitaron la invalidez de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, en términos generales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó la invalidez de los artículos 3, fracciones II, III y XII, 12, fracciones II, inciso b), III, incisos a) y b), 14, 15, 16, 19, fracción VII, 24, 25, 26, 33, fracción II, 34, fracciones II y IV, 39 y 40 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, en tanto que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México impugnó la validez de los artículos 14, 15, 16, 24, 25 y 40 del referido ordenamiento legal.

Las normas concretamente combatidas establecen lo siguiente:

"Artículo 3. Para efectos de la presente ley se entenderá por:

"...

"II. Agresión inminente. A los signos externos del agresor que muestren la decisión de llevarla a cabo de inmediato.

"III. Agresión real. A la conducta de la persona que despliega físicamente en acciones que ponen en peligro los bienes jurídicos.

"XII. Legítima defensa. A la acción que ejecuta el elemento de las instituciones de seguridad pública para repeler una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en protección de la vida, bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa y se observe la racionalidad de los medios empleados y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del elemento o de la persona a quien se defiende."

"Artículo 12. Son obligaciones de los elementos de las instituciones de seguridad pública, durante el uso de la fuerza, las siguientes:

"...

"II. Cumplir las órdenes lícitas giradas por autoridades competentes, prevenir la comisión de delitos e infracciones, proteger o defender bienes jurídicos y con el propósito de neutralizar la resistencia o agresión de una persona que esté infringiendo o acabe de infringir alguna disposición jurídica deberá, en primera instancia, dar órdenes verbales directas y en caso de no haber sido obedecida deberá hacer uso de la fuerza de la siguiente manera:

"...

"b) Utilizar armas intermedias, tales como el equipo autoprotector e instrumentos incapacitantes autorizados para neutralizar la resistencia activa o agresiva de una persona con excepción de las armas de fuego.

"...

"III. No infligir directa o indirectamente los derechos humanos instigando o tolerando actos de tortura o penas crueles, inhumanos o degradantes ni invocar la orden de un mando superior o circunstancias especiales, como estado o amenaza de guerra a la seguridad nacional, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes:

"a) Se considerará como trato cruel, inhumano o degradante, entre otros, cuando la persona detenida se encuentra controlada o asegurada y se continúe golpeando o intimidando, se use la fuerza pública con intención de castigo, así como la exigencia de simular o llevar a cabo actos sexuales.

"b) Se considerará como tortura, entre otros, a todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona daños físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica."

"Artículo 14. Los elementos podrán emplear la fuerza en el control de multitudes y disturbios públicos, para restablecer el orden y la paz social, con el fin de evitar actos de violencia, daños a terceros, propiedades y la integridad física de las personas. Asimismo, respetarán el ejercicio del derecho de asociación y reunión de las personas siempre que éste se efectué en los términos previstos por el artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

"Artículo 15. Cuando en una asamblea o reunión, las personas se encuentren armadas o la petición o protesta ante la autoridad se exprese con amenazas para intimidar u obligar a resolver en un sentido determinado, se considerará que dicha asamblea o reunión es ilegal y se procederá de conformidad con lo dispuesto en esta ley."

"Artículo 16. La determinación de hacer uso de la fuerza, en el caso de asambleas, manifestaciones o reuniones violentas e ilegales será tomada por el mando responsable del operativo, bajo su más estricta responsabilidad, debiendo informar de inmediato a su mando superior sobre tal determinación para los efectos conducentes."

"Artículo 19. Al momento de la detención de una persona, los elementos deberán analizar las circunstancias para lograr la aplicación de la presente ley, el código de ética, los principios del uso de la fuerza y además:

"...

"VII. Si las técnicas de sometimiento no funcionan, se utilizarán armas intermedias ante armas de fuego procurando ocasionar el menor daño posible a la persona susceptible de la detención, así como a terceros observando en todo momento el respeto a sus derechos humanos."

"Artículo 24. La fuerza se empleará en los centros preventivos y de reinserción social e instituciones de reintegración social de adolescentes, cuando sea estrictamente necesario para mantener la seguridad y el orden de las personas detenidas o bajo custodia. Por lo que las decisiones respecto del uso de la misma, no se verán influidas por el hecho que los internos se encuentren dentro de los mismos, aun en caso que estén armados, situación en la que deberá privilegiar un sistema de prevención frente a uno de reacción como último recurso se emplearán las armas de fuego.

"Lo anterior, con apego en lo establecido en la presente ley y demás disposiciones jurídicas aplicables en la entidad."

"Artículo 25. En los centros preventivos y de reinserción social e instituciones de reintegración social de adolescentes, no se aplicará como medio de sanción a los internos, candados de mano y/o esposas de sujeción de muñecas o tobillos, cadenas o camisas de fuerza, excepto cuando la persona de la que se trate represente un alto peligro."

"Artículo 26. El modelo y los métodos de sujeción utilizados por los elementos serán determinados por los centros preventivos y de reinserción social e instituciones de reintegración social de adolescentes y su aplicación deberá ser por el tiempo estrictamente necesario."

"Artículo 33. Son equipos de apoyo:

"...

"II. Otros materiales o instrumentos para controlar a una persona que represente un grave peligro para sí misma o para terceros."

"Artículo 34. Se consideran armas incapacitantes los instrumentos y equipo autoprotector que sirven para controlar a un individuo, dejarlo inmovilizado o repeler una agresión, destacando las siguientes:

"...

"II. Dispositivos que generan descargas eléctricas.

"IV. Sustancias irritantes en aerosol."

"Artículo 39. Los planes, estrategias y programas para actuar frente a asambleas, manifestaciones o reuniones que se realizan en lugares públicos deberán determinarse conforme al reglamento."

"Artículo 40. El uso de la fuerza es el último recurso, sin embargo, podrá usarse como primera opción, siempre que se cumplan los supuestos y condiciones que establecen esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables."

SEGUNDO.—Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados y conceptos de invalidez. Los diputados integrantes de la LIX Legislatura del Estado de México estimaron que podrían ser violados los artículos 4o., 6o., 9o., 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, 9, 13, 15, 16 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, e hicieron valer los argumentos de invalidez que se sintetizan a continuación:

1o. Violación a los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica.

A partir de la publicación de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, ciertos sectores de la sociedad han señalado en distintos medios de comunicación, que la regulación del uso de la fuerza pública, como sistema articulado, podría ser violatorio de los principios de legalidad y de seguridad jurídica en la materia, incluso con el derecho a la integridad personal del detenido.

Bajo esta vertiente, se considera que es necesario que este Alto Tribunal se pronuncie si en la especie, la normatividad, como sistema regulador del uso de la fuerza pública, es acorde con lo mandatado o no en la Constitución General, a fin de generar la seguridad jurídica en su aplicación.

2o. Invasión a la esfera de facultades del Congreso de la Unión.

Diversos sectores se han pronunciado en el sentido de que la Legislatura del Estado de México podría carecer de competencia para legislar en materia del uso de la fuerza pública. Por estas razones es que se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se pronuncie con relación a la competencia de la Legislatura Estatal para legislar en materia de uso de la fuerza pública.

3o. Violación a los derechos humanos de libertad de expresión y reunión.

Los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, podrían ser contrarios a los preceptos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Ello, en tanto que podrían interpretarse en el sentido de que fijan supuestos genéricos del ejercicio del uso de la fuerza pública con base en hipótesis normativas amplias, como lo son el cumplimiento de un deber, legítima defensa o estado de necesidad, el mantenimiento del orden y la paz pública, entre otros; porque no establecen claramente los casos concretos en los que se podrá determinar cuándo se estará en presencia de dichas circunstancias generales.

Lo anterior implica que los gobernados podrían no conocer con antelación en qué momento los elementos de seguridad pública podrán determinar el uso de la fuerza pública, de manera que puedan regular o limitar su conducta en un disturbio público, asamblea, reunión, manifestación, en centros preventivos y de reinserción social e instituciones de reintegración social de adolescentes, o fenómenos naturales perturbadores antropogénicos.

Que las normas podrían adolecer de la claridad necesaria para que los gobernados puedan comprender el contenido de la legislación y eviten, en la medida de lo posible, ser sujetos del uso de la fuerza pública por parte de los elementos de seguridad pública.

Por tanto, este Alto Tribunal deberá determinar si las disposiciones de la ley, que se combate, transgreden o no los principios de legalidad y de seguridad jurídica.

4o. Violación a los principios de legalidad y seguridad jurídica respecto al uso de las armas letales.

Los artículos 3, fracción VI y 8 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, podrían transgredir los preceptos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que no se establecen con claridad, y de manera limitativa, las armas letales que podrían ser empleadas por los elementos de seguridad pública para proteger la vida de las personas y la del propio elemento.

Ello podría colocar en una situación de inseguridad jurídica a los gobernados, ya que impide que puedan conocer con anticipación qué tipo de armas letales, se encuentran permitidas y, por ende, son legítimas en el uso de la fuerza pública. Derivado de lo anterior, este Alto Tribunal deberá pronunciarse si los artículos 3, fracción VI y 8 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, transgreden o no el principio de seguridad jurídica.

5o. Violación a los derechos humanos de libertad de expresión y reunión.

Que los artículos 14, 15, 16 y 17 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, no establecen con claridad los supuestos concretos en que se podría utilizar la fuerza pública. De este modo, si la facultad del uso de la fuerza pública está regulada de manera deficiente y poco clara, se estima que su aplicación concreta en reuniones, asambleas y manifestaciones podría constituir una limitación excesiva a la libertad de expresión y el derecho de asociación.

6o. Violación al principio de seguridad jurídica respecto al uso de las armas de fuego.

Diversos sectores de la sociedad se han pronunciado en el sentido de que el artículo 9, fracción II, de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, podría ser violatorio del principio de seguridad jurídica.

Lo anterior, ya que la norma impugnada presupone que los elementos de seguridad pública puedan ser sometidos a un procedimiento disciplinario y, en su caso, ser sancionados, en todos los casos en que se vean obligados a utilizar armas de fuego, con independencia de si se utilizó en el marco que establece la propia ley impugnada. Por lo que, ante un caso en que se presente esta situación y el elemento policiaco se vea en la imperiosa necesidad de utilizar armas de fuego, podría verse sometido a un procedimiento disciplinario, lo cual lo coloca en una situación de incertidumbre, máxime que su función principal es el mantenimiento del orden y la paz públicos.

7o. Violación al derecho humano a la salud.

Diversos sectores de la sociedad se han pronunciado en el sentido de que el artículo 44 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México podría transgredir el derecho de salud de los elementos, puesto que la atención médica y psicológica sólo será proporcionada cuando hagan uso de la fuerza en el ejercicio de sus funciones.

Ello, ya que la norma, en comento, podría interpretarse en el sentido de que sólo, cuando el elemento haga uso de la fuerza en el ejercicio de sus funciones el Estado, se le proporcionará atención médica, dejando de lado la prestación de los servicios de salud en todos los demás casos. Por lo tanto, se pone a consideración de este Alto Tribunal, el determinar si dicha disposición es contraria o no al derecho a la salud del elemento y, en consecuencia, a su garantía de seguridad social.

8o. Violación al principio de seguridad jurídica respecto a la capacitación de los miembros de seguridad pública.

Los artículos 30 y 31 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, podrían transgredir el principio de seguridad jurídica, puesto que, por un lado establece el artículo 30 que el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia del Estado de México será quien proporcionará capacitación; y por otro, el numeral 31 prevé, sobre la captación y adiestramiento, que serán las instituciones de seguridad pública las que determinarán los diferentes métodos, técnicas, equipos, armas y municiones que podrán emplear sus elementos, de acuerdo con las funciones de éstos.

Lo anterior, se pone en consideración de este Alto Tribunal, con el objeto de que determine si existiría una violación al principio de seguridad jurídica, puesto que podría interpretarse en el sentido de que no existe determinación clara en cuanto a quién será la institución que proporcionará la capacitación y adiestramiento correspondiente.

9o. Violación al derecho humano a la integridad personal.

Diversos sectores de la sociedad se han pronunciado en el sentido de que los artículos 18, 19 y 20 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, podría violentar el derecho a la integridad personal del detenido.

Bajo este escenario, los diputados integrantes de la LIX Legislatura del Estado de México piden que esta superioridad determine si los artículos 18, 19 y 20 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México se ajustan o no al derecho a la integridad personal del detenido.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos estimó violados los artículos 1o., 6o., 7o., 9o., 14, 16, 18, 19, 21, 22 y 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, 5, 7, 13, 15 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6, 9, 19, 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; e hizo valer los argumentos de invalidez que se sintetizan a continuación:

1o. Violación al derecho humano de legalidad.

Los artículos 3, fracciones II, III y XII; 12, fracción II, inciso b); 19, fracción VII, 33, fracción II y 34, fracciones II y IV, de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, no cuentan con aspectos objetivos que den certeza sobre los diversos momentos en que podrá desplegarse la fuerza pública ante la indefinición de los vocablos y expresiones "agresión real", "agresión inminente", "armas intermedias", "otros materiales o instrumentos", "armas incapacitantes", y por ende, transgreden el principio de legalidad y seguridad jurídica, ya que dotan de un amplio margen a la autoridad para utilizar la fuerza pública.

2o. Invasión a la esfera de facultades del Congreso de la Unión.

El artículo 12, fracción III, incisos a) y b), de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, transgrede el principio de legalidad e invasión de competencias exclusivas de la Federación, ya que pretende definir y legislar materias relativas a la "tortura" y los "tratos crueles e inhumanos", lo cual es una facultad conferida expresamente al Congreso de la Unión, conforme lo prevé el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución General de la República.

3o. Violación a los derechos humanos de libertad de expresión y reunión.

Los artículos 14, 15, 16 y 39 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, al: (I) facultar a los elementos de instituciones de seguridad pública para emplear la fuerza en el control de multitudes y disturbios; (II) calificar como ilegal una asamblea o reunión cuando "las personas se encuentren armadas o la petición o protesta ante la autoridad se exprese con amenazas para intimidar u obligar a resolver en un sentido determinado"; (III) prever que la determinación del uso de la fuerza en caso de asambleas ilegales será tomada por el mando responsable del operativo; y (IV) permitir que las estrategias programas de actuación del empleo de la fuerza pública contra las asambleas, se regule mediante reglamento; resultan contrarios a los derechos humanos de libertad de expresión y asociación, ya que no establecen parámetros objetivos para el empleo de la fuerza, irrumpen con la presunción de que todas las formas de expresión se encuentran protegidas constitucionalmente, deja a criterio de la autoridad determinar la "ilegalidad" de las manifestaciones, constituyen un mecanismo indirecto de inhibición de manifestaciones o expresiones públicas y transgreden el principio de reserva de ley.

4o. Violación a los principios constitucionales en materia de reinserción social y justicia para adolescentes.

Los artículos 24, 25 y 26 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, autorizan el uso de la fuerza en centros preventivos y de reinserción social sin hacer una diferenciación específica entre centros de adultos y adolescentes, esto es, sin atender a las necesidades y especificaciones que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha establecido para los menores de edad que se encuentren privados de su libertad, siendo que al establecerse como medio de sanción el uso de candados de mano, esposas de sujeción de muñecas, tobillos, cadenas o camisas de fuerza, se contravienen los principios constitucionales y convencionales de tratamiento digno a los adolescentes que se encuentren confinados en los referidos centros.

5o. Violación al principio constitucional de última razón en el empleo de la fuerza pública.

El artículo 40 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, señala que el uso de la fuerza "podrá usarse como primera opción, siempre que se cumplan los supuestos y condiciones que establecen esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables"; lo que contraviene los principios de necesidad absoluta, empleo gradual de la fuerza y de última razón, ya que la primera opción siempre debe ser el empleo de medios no violentos y únicamente si éstos resultan ineficaces o inocuos para lograr su objetivo, es que se justifica recurrir a la fuerza y al uso de las armas de fuego.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, consideró que se transgreden los artículos 1o., 9o., 14, 16, 17, 18, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 5, 8, 9, 10, 11, 19 y 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; I, XXI, XXV, XXVI, XVII y XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 6, 7, 9, 10, 14 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5, 7, 8, 11, 13 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, 6, 25, 37, 39 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 5 y 19 de la Convención Interamericana para Prevenir la Tortura; 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15 y 16 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Cumplir la Ley; 1 a 18, 36 y 37 del Conjunto de Principios de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, así como 31 y 33 de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos; e hizo valer los argumentos de invalidez que se sintetizan a continuación:

1o. Violación al derecho humano de legalidad [uso de la fuerza].

Los artículos 14, 15, 16, 24, 25 y 40 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, dejan al arbitrio del elemento de seguridad pública el empleo de tal fuerza, sin hacer referencia a la forma en que deben emplearse, pues carecen de parámetros objetivos que permitan determinar cuándo podrá desplegarse la fuerza pública y los límites o niveles graduales en que puede ser utilizada.

2o. Violación al derecho humano de legalidad [uso de armas letales].

El uso de la fuerza y el empleo de armas por parte de los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, se encuentran íntimamente ligados, por lo que es menester que los artículos 14, 15, 16, 24, 25 y 40 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, establezcan claramente los niveles del uso de la fuerza, especificando que la última opción es el empleo de armas incapacitantes no letales, aunado a que el empleo de armas letales debe reservarse, de manera exclusiva, para casos de peligro inminente de muerte o lesiones graves contra los miembros de seguridad estatales, o bien, con el propósito de proteger la vida de terceros; de ahí que al no especificar los preceptos impugnados tales cuestiones, generen incertidumbre jurídica respecto al uso de armas por los elementos de la fuerza pública.

3o. Violación a los derechos humanos de libertad de expresión y reunión.

Los artículos 14, 15 y 16 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, al: (I) dejar al libre arbitrio de los miembros de seguridad el uso de la fuerza, sin establecer límites o niveles graduales en que puede ser utilizada; (II) no establecer adecuadamente cuándo o bajo qué circunstancias se ve alterado el orden social; (III) calificar como ilegal una asamblea o reunión cuando "las personas se encuentren armadas o la petición o protesta ante la autoridad se exprese con amenazas para intimidar u obligar a resolver en un sentido determinado"; (IV) ser omisos en considerar directrices o protocolos legales de actuación para el control de multitudes; y (V) no prohibir la utilización de armas letales; transgreden los derechos humanos de expresión y asociación.

4o. Violación a los principios constitucionales en materia de reinserción social y justicia para adolescentes.

El artículo 25 de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México autoriza el uso de la fuerza en centros preventivos y de reinserción social sin hacer una diferenciación específica entre centros de adultos y adolescentes, esto es, sin atender a las necesidades y especificaciones que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha establecido para los menores de edad que se encuentren privados de su libertad, siendo que al establecerse como medio de sanción el uso de candados de mano, esposas de sujeción de muñecas, tobillos, cadenas o camisas de fuerza, se contravienen los principios constitucionales y convencionales de tratamiento digno a los adolescentes que se encuentren confinados en los referidos centros.

5o. Ausencia de sanciones por abuso o uso excesivo de la fuerza.

La Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, no contempla sanciones que deban de ser aplicadas a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que en ejercicio de sus funciones, vulneren los derechos de las personas al momento de aplicar la fuerza pública, lo cual resulta contrario al artículo 7 de los llamados Principios de La Habana.

6o. Ausencia de capacitación de los miembros de seguridad pública.

Si bien la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México contempla aspectos relacionados con la capacitación de los miembros de seguridad pública, lo cierto es que debió de haber previsto que antes de iniciar su vigencia, todos los elementos de seguridad pública fueran capacitados, adiestrados y certificados para el uso de la fuerza y de las armas, a fin de cumplir con el principio de legalidad consagrado en la Constitución Federal.

TERCERO.—Admisión de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveídos de ocho y diecinueve de abril de dos mil dieciséis, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó, respectivamente, formar y registrar los expedientes relativos a las presentes acciones de inconstitucionalidad, a las que les correspondieron los números 25/2016 –diputados integrantes de la LIX Legislatura del Estado de México– 27/2016 –Comisión Nacional de los Derechos Humanos– y 28/2016 –Comisión de Derechos Humanos del Estado de México–, y decretó su acumulación atento a que existe identidad respecto del decreto legislativo impugnado y designó al Ministro Alberto Pérez Dayán para que actuara como instructor en el procedimiento.

Por auto de veinte de abril de dos mil dieciséis, el Ministro instructor admitió las acciones referidas, ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma y al Ejecutivo que la promulgó para que rindieran sus respectivos informes.

CUARTO.—Informes de las autoridades. Las autoridades emisora y promulgadora de la norma general impugnada rindieron sus informes respectivos, los cuales, en síntesis, consisten en lo siguiente:

La Cámara de Diputados del Estado de México, representada por la presidenta de la Diputación Permanente de la LIX Legislatura del Estado de México, con relación a la acción presentada por diversos diputados integrantes de esa Legislatura, señaló:

1. Lo sostenido en el primer concepto de invalidez es infundado, ya que, contrario a lo argumentado por los accionantes, la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México no contraviene los Derechos Fundamentales que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que establece los mecanismos y la forma de actuar de los cuerpos policíacos, salvaguardando los derechos y la integridad de la sociedad, tomando en consideración otras normatividades aplic

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28303-d9445f34/i-accion-de-inconstitucionalidad-improcedencia-de-la-planteada · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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